Toda una polémica se ha desatado en el Atlántico luego de la decisión en segunda instancia de un juez del Circuito de Soledad, quien otorgó la libertad por vencimiento de términos a Edgar Jair Aguilar Soto, hombres que estaba siendo investigado por el feminicidio de Clara Milena Álvarez Díaz, en hecho ocurrido en abril del año anterior en el barrio El Sinaí, suroccidente de Barranquilla.Aunque la Fiscalía afirmó que el procesado habría atacado a la mujer con un martillo dentro de la vivienda, el fallo sostuvo que el escrito de acusación fue presentado hace más de 100 días y no, aún no hay una fecha establecida para el inicio del juicio oral.Por tanto, la directora del movimiento amplio de mujeres, Ruth Pareja, rechazó la decisión y dice que desde las autoridades ya deben colocarle la lupa a los funcionarios que generan impunidad.“Con una enorme preocupación hemos recibido la noticia de la libertad del señor Edgar Aguilar, el presunto feminicida de Clara Milena Álvarez, el año pasado, en el mes de abril del año anterior. Elevamos una voz enérgica para que se abran procesos disciplinarios a los funcionarios públicos.Creo que llegó el momento de acciones disciplinarias a la Alta Judicatura, la Procuraduría debe poner la lupa a esto que se viene dando. Los vencimientos de término demuestran una vez más la ineficacia de funcionarios que no atienden. No es competencia de los familiares si ellos tienen o no muchísimo trabajo, porque internamente es una problemática que tendrán que resolver. ”, dijo inicialmente.“A la familia de la víctima lo que interesa es que haya una reparación, que haya justicia y que su caso no quede indudablemente en la impunidad. Hoy la dignidad humana está por encima de vencimientos de término. Rechazamos de manera contundente estas acciones de violencia que se ejercen sobre las víctimas”, agregó.Recordemos que Edgar Jair se entregó a las autoridades en abril del año anterior, aunque en audiencias posteriores rechazó los cargos de la Fiscalía por feminicidio agravado.Hechos violentosBajo alerta están los uniformados de la Policía en Atlántico debido a tres nuevos atentados criminales que se registraron en esta jurisdicción, acabando con la vida del mismo número de personas y dejando a otro más herido.El caso más relevante ocurrió anoche en el municipio de Sabanagrande, donde murió Adrián Enrique Barrio, conocido según las autoridades como alias 'El chino o Mecánico', hombre de 28 años que registra 34 anotaciones por delitos como fuga de preso y porte ilegal de armas.El hoy occiso estaba en plena calle, al parecer violando su detención domiciliaria, cuando sicarios llegaron a dispararle. Allí otro joven de 21 resultó herido.Por otro lado, en Barranquilla, hubo dos homicidios en los barrios La Sierrita y Ciudad Modesto, cuyas víctimas fueron identificadas como Edwin Junior Morales Mercado y Alex Ariza Romero.Del primero se dice que era un presunto integrante de una pandilla llamada "Los Z”, mientras que del segundo se analiza una discusión que tuvo con un aparente miembro de la banda Los Pepes.
Carnaval de Barranquilla tendrá nuevo gerente para el próximo año, pues se espera que en las próximas horas sea anunciada oficialmente la salida de Juan José Jaramillo, quien hasta este fin de semana estuvo en el cargo que pasará a las manos de Juan Carlos Ospino, actual Secretario Distrital de Cultura.Hasta el momento no se sabe si la llegada de Ospino a la dirección de la fiesta más importante de la región Caribe es permanente o mientras se define a una nueva persona. Sin embargo, se conoció que la salida de Jaramillo se tomó en medio del balance que desde las autoridades hacen de los Carnavales.Al parecer las invasiones y desorden del público que se registraron en los desfiles de la vía 40, especialmente en la Batalla de Flores, siendo este una de las citas más importantes de las carnestolendas, fueron fundamentales para definir el final de su gestión.Así las cosas, poco más de un año estuvo Juan José Jaramillo en la gerencia de Carnaval S.A., pues recordemos que llegó a ese cargo en enero de 2025, en reemplazo de Sandra Gómez, quien permanecía allí desde 2021.¿Quién es Juan José Jaramillo?Juan José Jaramillo llegó hasta Carnaval S.A. con el compromiso de robustecer el legado patrimonial reconocido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, según dató la Alcaldía de Barranquilla en su tiempo.El alcalde Alejandro Char le dio la bienvenida por las redes sociales: ““Quiero darle la bienvenida a Juan José Jaramillo, nuevo gerente de @Carnaval_SA. Estoy convencido de que, con su experiencia y amor por nuestras tradiciones, llevará el Carnaval de Barranquilla a otro nivel, manteniendo viva la esencia que nos llena de orgullo. Agradecemos a Sandra Gómez por su compromiso al frente de @Carnaval_SA”.En ese orden, Jaramillo cuenta con una gran trayectoria en los sectores público y privado. Lideró la formalización de artistas, la consolidación de la bolsa de estímulos y la creación de proyectos innovadores como Baila la Calle y el Museo del Carnaval. Su experiencia institucional incluye la dirección de la Corporación Luis Eduardo Nieto Arteta (CLENA).Es psicólogo de la Universidad del Norte, con especialización en Alta Gerencia de la Universidad de los Andes y estudios en políticas públicas. Jaramillo, además, tiene un fuerte vínculo con el Carnaval como cumbiambero en distintos grupos folclóricos como la Cipote Vaina, Cumbiamba del Carajo, y miembro de la comparsa Los Gorilas.
A la espera de una cita con directivos de la Superintendencia Nacional de Salud están las madres de 36 niños en condición de discapacidad en el departamento del Atlántico, debido a que desde octubre del año anterior están suspendidos sus tratamientos por la falta de medicamentos, especialmente anticonvulsivantes.Por tal motivo, manifiesta la presidenta de la Asociación de Padres de Niños Especiales Unidos por Colombia en este departamento, Rosalba Amaranto, que de no recibir respuesta harán un plantón indefinido a las afueras de esta entidad, pues ya ni prestándose los medicamentos logran estabilizar a sus hijos.“Realmente la Nueva EPS le está colocando la lápida a cada paciente. Tengo toda una carga emocional de ver tantas mamás que me llaman preocupadas, llorando, desesperadas. Entre nosotras mismas hemos tenido que sortear la situación, resolverla, prestar medicamentos para evitar que los niños convulsionen. Sin embargo, cada día se agota ese recurso”, declaró a Blu Radio.Amaranto mira con preocupación que ni las tutelas han sido suficientes para solucionar la problemática, por lo que considera que los jueces deben endurecer sus sanciones hacia los gerentes e interventores de estas EPS.“Hay pacientes que tengo que desde el mes de octubre no le entregan anticonvulsivantes y eso es grave. Eso es gravísimo. Sabe muy bien que los pacientes que convulsionan donde no tomen los medicamentos y comiencen esos episodios continuos, pueden llevar al paciente a un estatus cerebral y quizás llegar a un paro respiratorio, por Dios. Esto no puede seguir sucediendo ni en Barranquilla ni en ninguna ciudad de Colombia. Todos los niños que tienen estas condiciones necesitan sus medicamentos”, agregó.La Asociación de Padres de Niños Especiales Unidos por Colombia le ha tendido la mano a más de 400 niños en condición de discapacidad, trabajan por la defensa de sus derechos fundamentales y motivan a sus padres a sacarlos adelante. No solo tienen sede en el Atlántico, sino en varias partes del país.
Luego de un recorrido por las obras, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, anunció este fin de semana que julio fue el mes escogido para la entrega de la Gran Vía, un corredor que abarca gran parte de la zona universitaria y residencial de Villa Campestre, en Puerto Colombia, y cuyos trabajos estaban programados para 18 meses y ya llevan 3 años.El anuncio se da en medio de la indagación preliminar que fue abierta por la Contraloría en este proyecto, del que dicen que propició quiebra en negocios, embotellamiento de la movilidad y desmejora de la calidad de vida de la comunidad.No obstante, el ingeniero de la Gobernación, Juan Pablo Deik, asoció los retrasos a la complejidad en la reubicación de redes hidráulicas y eléctricas, así como a los ajustes derivados del crecimiento urbanístico del sector.“En materia hidráulica, la capacidad se cuadruplicará al pasar de tuberías de 12 a 24 pulgadas, mientras que se instalarán más de 40 ductos para fibra óptica en ambos costados, lo que consolida una infraestructura que integra movilidad, drenaje y conectividad digital”, apuntó.El gobernador reconoció las afectaciones que ha generado la construcción en el sector residencial y educativo del corredor.“Este es el conector principal de la 51B y el que va a manejar todo lo relacionado con las vertientes hidráulicas. Hemos estado aquí dialogando con la comunidad y con el equipo técnico para tomar decisiones conjuntas y garantizar que la obra cumpla con todas las características técnicas. Si todo sigue normal, a mitad de julio debe estar funcionando con tráfico por la parte superior e inferior”, afirmó el mandatario.“Sabemos que una obra de esta magnitud no se hace sin impactar la tranquilidad y la movilidad de quienes viven aquí. Les pedimos excusas por las incomodidades, pero estamos convencidos de que, cuando terminemos, los beneficios serán evidentes para todos”, expresó.Representantes de la comunidad manifestaron expectativa frente a la fecha anunciada. Así lo expresó Camilo Manotas, vecino del sector. “Estamos viendo movimiento y esperamos que efectivamente se termine en julio. La primera unidad funcional ya demuestra el cambio y el progreso; cuando esta segunda fase esté lista, seguramente todo será gozo”, declaró.Desde el componente técnico se explicó que la intervención incrementará en 50 % la capacidad vehicular y duplicará la capacidad peatonal. Además, incorporará cicloruta y renovación total de redes eléctricas bajo normativa vigente.Para terminar esta también llamada Unidad Funcional 2, dice la Gobernación, se requieren obras complementarias como el puente entre la Universidad Libre y la Universidad San Martín y la glorieta hacia la Vía de la Prosperidad, lo que representa inversiones adicionales estimadas entre 13.000 y 15.000 millones de pesos.
Atlético Nacional goleó 3-0 a Alianza Valledupar en el estadio Atanasio Girardot de Medellín y se metió de lleno en la pelea por los primeros puestos, en una octava jornada que ha dejado movimientos importantes en la tabla de la liga colombiana.El conjunto verdolaga encarriló el triunfo desde temprano con el tanto de Cristian ‘Chicho’ Arango a los 9 minutos, tras capitalizar un rebote en el área. Luego, Alfredo Morelos amplió la ventaja a los 33 y selló la goleada a los 56, firmando un doblete que confirmó la contundencia del equipo antioqueño en casa.Con este resultado, Nacional suma nueve puntos en cuatro partidos disputados y, con encuentros pendientes, queda bien perfilado para escalar posiciones en la clasificación.La jornada también dejó el triunfo de Once Caldas, que superó 4-2 a Fortaleza y se mantiene en la parte alta, mientras que Bucaramanga y Deportivo Cali igualaron 0-0 en un compromiso marcado por las expulsiones.El viernes, Llaneros e Independiente Medellín empataron 2-2 con goles en los minutos finales, y Deportivo Pereira igualó 2-2 con Pasto, resultado que le permitió al conjunto nariñense conservar el liderato con 15 puntos.La jornada de este sábado se cierra con el juego entre Internacional de Bogotá y Millonarios, donde primero suma 14 puntos, luego de empatar 1-1 con Pasto en la fecha anterior, y buscará sostener la cima ante un Millonarios que viene en alza.En tanto, el club embajador, suma ocho unidades y, en una tabla apretada en la zona media, podría escalar varias posiciones si logra imponerse esta noche. No obstante, el equipo azul llega con dudas en ataque, ya que el argentino Rodrigo Contreras y Radamel Falcao García están en evaluación por molestias físicas.El domingo concentrará la mayor tensión con el duelo entre Santa Fe y Junior, el equipo barranquillero, cuarto con 12 puntos, llega fortalecido tras su victoria 2-1 sobre América, mientras que el conjunto bogotano, decimoquinto con siete unidades, necesita reaccionar luego de la derrota 3-1 ante Jaguares para no rezagarse en la lucha por la clasificación.También se disputarán los encuentros Boyacá Chicó-Águilas Doradas y América-Jaguares, en compromisos clave para el reacomodo de la zona media. La octava fecha se cerrará el lunes con Cúcuta-Tolima, un partido que puede terminar de mover la parte alta y ajustar la pelea por un lugar en el grupo de los ocho.
Hay conmoción en Brasil por la muerte de Bianca Dias, una reocnocida influencer de 27 años, quien perdió la vida semanas después de someterse a una cirugía estética. La joven se encontraba en proceso de recuperación en la vivienda de sus padres cuando presentó un deterioro repentino en su estado de salud, según confirmaron algunos medios locales. Según versiones entregadas por sus familiares y reportes preliminares, la causa del fallecimiento habría sido una embolia pulmonar, una complicación grave asociada a la obstrucción de una arteria en los pulmones, que puede presentarse tras intervenciones quirúrgicas. Aunque en días anteriores había mostrado señales de evolución favorable, sufrió un mal súbito con convulsiones y dificultad respiratoria. Posteriormente, fue trasladada de urgencia a un centro asistencial, sin embargo llegó sin signos vitales."Tuvo un coágulo pulmonar, dos convulsiones y, cuando llegó al hospital, ya no estaba viva", contó una de las amigas de Bianca a un medio de comunicación local. Dias contaba con más de 60.000 seguidores en redes sociales, donde compartía contenidos relacionados con su estilo de vida, viajes y trabajos de modelaje. La noticia de su fallecimiento generó una ola de mensajes de condolencia por parte de seguidores y colegas del entorno digital.La influencer era madre de dos niñas, Beatriz y Lavínia, quienes ahora quedan bajo el cuidado de familiares en la ciudad de Mauá. El caso ha reavivado la discusión en Brasil sobre los riesgos postoperatorios en procedimientos estéticos y la importancia de un control médico estricto durante el proceso de recuperación.
Las lluvias algunas veces se convierten en el peor enemigo de las personas que habitan zonas rurales o lugares donde no hay servicio de alcantarillado, pues el agua llega a causar estragos tras su paso.Cada tormenta despierta el mismo temor, calles inundadas, hogares con filtraciones y familias que, una vez más, deben enfrentar pérdidas y daños. Frente a esto, un municipio de Cundinamarca dentro de poco verá esta problemática como cosa del pasado, por lo que una obra muy valiosa le cambiará la vida a sus habitantes.Valiosa obra en municipio de Cundinamarca acabará con inundacionesChocontá ha luchado por décadas contra una problemática estructural en su casco urbano. la ausencia de un plan maestro de alcantarillado que permita separar adecuadamente las aguas lluvias de las aguas sanitarias.Esta falencia ha generado "inundaciones recurrentes, afectaciones directas a viviendas y ha frenado, durante años, el mejoramiento de las vías urbanas".El gobernador Jorge Emilio Rey manifestó que “en momentos de lluvias intensas, las aguas se devuelven e inundan barrios enteros, impactando a cerca de 4.000 personas”. Frente a esto surgió una solución que integra al municipio y la Gobernación de Cundinamarca, liderada junto al alcalde Javier Garzón.La obra, que permitirá separar adecuadamente las aguas, contempla una inversión de $15.800 millones y ya cuenta con viabilidad técnica y recursos asegurados. El proyecto será contratado en marzo e incluye:La construcción de 5 kilómetros de redes para la separación de aguas lluvias y sanitarias. La instalación de un sistema de bombeo que conducirá las aguas hacia la planta de tratamiento.La construcción de pozos de inspección, sumideros y nuevos interceptores que duplican el diámetro actual, pasando de 8 a 16 pulgadas.De acuerdo con la Gobernación, con esta intervención se alcanzará una cobertura cercana al 35 %, mitigando de manera significativa las inundaciones en este sector y saldando una deuda histórica con la comunidad.
El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) emitió una alerta por la posibilidad de nuevas inundaciones en la cuenca del río Sinú, debido al incremento de las lluvias previstas en la región Caribe entre el 22 y el 24 de febrero.“Se prevé que el litoral caribeño presente incidencia indirecta del frente frío lo que propiciaría las condiciones de vientos fuertes, oleaje y activación de lluvias en los diferentes sectores de la región Caribe”, se lee en el comunicado.El Ideam explicó que se espera una tendencia al ascenso en los niveles del río a partir del 23 de febrero, con fluctuaciones durante los días posteriores. Aunque los volúmenes previstos no serían similares a los registrados a inicios del mes, el riesgo de inundaciones persiste, por lo que se recomienda mantener medidas de prevención y monitoreo constante.Entre los sectores con mayor riesgo se encuentran Montería, Canalete, Cereté, Chimá, Ciénaga de Oro, Cotorra, Lorica, Los Córdobas, Momil, Puerto Escondido, Purísima, San Antero, San Bernardo del Viento, San Carlos, San Pelayo, Tierralta y Valencia, en el departamento de Córdoba. En Antioquia, la alerta incluye a Arboletes, San Juan de Urabá y San Pedro de Urabá.El pronóstico meteorológico indica que el 22 de febrero se registrarán lluvias moderadas o altas en el centro y sur de Córdoba, con acumulados entre 20 y 40 milímetros. Para el 23 de febrero se esperan las precipitaciones más intensas, con acumulados que podrían alcanzar entre 40 y 60 milímetros. El 24 de febrero, las lluvias disminuirían, pero persistirán en niveles moderados, con mayor nubosidad y condiciones convectivas asociadas al frente frío.El Ideam mantiene un monitoreo permanente del comportamiento hidrológico del río Sinú y reiteró que, aunque en algunos sectores como Montería se ha observado un descenso en los niveles del agua, no se descartan nuevos aumentos en función de las lluvias previstas.Finalmente, el instituto señaló la importancia de vigilar los rompederos y puntos de desborde, mantener activos los planes de prevención por parte de las autoridades locales y consultar los comunicados del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. También se pidió a pescadores y usuarios de pequeñas embarcaciones verificar las restricciones de navegación debido a los niveles elevados del río y las condiciones de viento y oleaje en el litoral Caribe.
La Registraduría Nacional del Estado Civil informó que está preparada para las elecciones del próximo 8 de marzo, luego de culminar el segundo simulacro nacional de preconteo de votos, un ejercicio clave para verificar la transmisión y consolidación de resultados.El registrador nacional, Hernán Penagos, señaló que la entidad trabaja de manera permanente para garantizar transparencia y tranquilidad a la ciudadanía durante la jornada electoral.”La registraduría está preparada para estas próximas elecciones y por eso trabajamos permanentemente para garantizar tranquilidad a toda la ciudadanía”, señaló el registrador.En la prueba participaron cerca de 35.000 personas en todo el territorio nacional y en consulados de diferentes países, quienes simularon la transmisión y recepción de resultados desde regiones como Vichada, Nariño, La Guajira y Chocó.El ejercicio contó con el acompañamiento de organismos de control como la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía, además de organizaciones políticas y observadores internacionales, entre ellos la Unión Europea.Según la Registraduría, el simulacro se desarrolló de manera eficiente y el procesamiento de los datos fue “impecable”, lo que permite avanzar en el alistamiento final para los comicios.“Venimos trabajando en un simulacro que transcurrió de manera eficiente y los resultados y el procesamiento fue impecable”, agregó.Penagos anunció que en las próximas semanas se realizarán nuevos simulacros enfocados en la transmisión de los formularios E-14, así como exposiciones del código fuente de los softwares electorales y auditorías a los sistemas de información.Estas actividades buscan reforzar la seguridad tecnológica y brindar mayores garantías de integridad electoral.Finalmente, la Registraduría reiteró que continuará afinando todos los detalles logísticos y tecnológicos de cara a las elecciones del 8 de marzo, e hizo un llamado a los ciudadanos para que tengan confianza en el proceso y participen activamente en la jornada democrática.
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) expidió, el 18 de febrero, la resolución que autoriza la operación aduanera internacional en el Aeropuerto Los Garzones de Montería, un requisito indispensable para habilitar vuelos desde y hacia el exterior.Con esta decisión, la capital de Córdoba entra en una nueva etapa para concretar la apertura de rutas internacionales, en el marco de la estrategia del Gobierno Nacional para fortalecer la conectividad aérea regional y ampliar las oportunidades económicas en el Caribe colombiano.A partir de esta decisión, el proceso para internacionalizar Los Garzones se enfocará en la asignación de trayectos y en los ajustes técnicos necesarios para cumplir con los estándares exigidos para vuelos internacionales.La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, aseguró que se trata de un paso clave para la región: “Montería da hoy un paso firme hacia su conexión internacional. La autorización aduanera era un requisito clave y lo estamos cumpliendo con hechos. Seguimos avanzando para que Córdoba tenga rutas internacionales que impulsen el turismo, el comercio y la generación de empleo en toda la región”.En paralelo, la Aeronáutica Civil continúa el trabajo técnico para la asignación de rutas internacionales y el acompañamiento a las aerolíneas interesadas. También se adelantan adecuaciones operativas dentro del aeropuerto, entre ellas la habilitación de espacios para Migración Colombia, la implementación de circuitos diferenciados para pasajeros nacionales e internacionales y ajustes en protocolos y equipamiento.Este avance se suma a la reciente modernización del aeropuerto, que tuvo una inversión cercana a $4.350 millones en infraestructura y equipos necesarios para cumplir con los requisitos de internacionalización.Con la resolución aduanera ya expedida y, de concretarse las rutas, Montería se sumaría al grupo de ciudades intermedias con operación internacional directa del país.
Cinco personas muertas y otras dos heridas fue el resultado de los ataques criminales que se registraron en las últimas horas en el área metropolitana de Barranquilla, por lo que las autoridades ya iniciaron las respectivas investigaciones para encontrar a los responsables de cada episodio.En el primero de esos casos fue baleado Luis Fermín Padilla Alfaro, de 25 años, momentos en los que departía junto con Josué David Martínez Altamar e Iván Antonio Hernández, de 36 y 39 años respectivamente, resultando ambos también heridos en el suceso.Tanto el fallecido como los dos heridos cuentan según la Policía Metropolitana con anotaciones judiciales, mientras que el sitio en el que ocurrió el atentado tiene injerencia de Los Costeños.Luis Padilla registra anotación judicial por el delito de estafa; Josué David Martínez Altamar por porte ilegal de armas de fuego, hurto, amenazas, homicidio y hurto calificado e Iván Antonio Hernández Ortega por acto sexual con menor de 14 años.Por otro lado, en la tercera etapa del barrio Nueva Esperanza de Soledad fue ultimado Andrés Felipe Coronado Caballero, a manos de sicarios en moto. Informaron las autoridades que tenía una anotación judicial por el delito de aprovechamiento ilícito de recursos. En ese sector también hay injerencia de la banda Los Costeños.La violencia llegó hasta el barrio Las Nieves de Barranquilla, donde Alberto Mario Rosillo Pestaña, de 56 años fue víctima de un atentado criminal en el que le propinaron cinco impactos de bala, uno de ellos en su cabeza.Las autoridades hablan de que esta persona sería presunto integrante de Los Costeños y que justamente era familiar de Michael Yordan Márquez Rosillo, quien perdió la vida en otro ataque ocurrido en ese mismo sector.Las balas se extendieron hacia los barrios Ciudadela 20 de Julio y San Luis, donde fueron asesinados Óscar Wilson Pérez Pedraza, de 51 años, y Auber Fernando Lora Cárdenas, de 45.Pérez Pedraza estaba haciendo sus labores de vigilante informal cuando lo sorprendieron unos criminales en una moto. Registraba dos anotaciones judiciales por los delitos de porte ilegal de armas de fuego y violencia intrafamiliar.Asimismo, en la calle 92 con carrera 2C, fue interceptado cuando se bajaba de una motocicleta Lora Cárdenas. Tenía cinco anotaciones judiciales, entre las que destacan delitos como rebelión, hurto, porte ilegal de armas de fuego, tráfico de estupefacientes y uso de documento falso.
“El campo colombiano no puede seguir siendo víctima de la violencia”, fueron las palabras con las que la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) rechazó a través de sus redes sociales el secuestro del ganadero Eli Plutarco Santamaría en zona rural de La Jagua de Ibirico, Cesar.Desde la Federación exigieron acciones inmediatas para su regreso sano y salvo, mientras que las autoridades competentes están verificando las posibles rutas de escape que tomaron sus captores.“Se trata del reconocido productor Eli Plutarco Santamaría , quien fue sacado por la fuerza de su finca ubicada en zona rural del municipio de la Jagua de Ibirico. Rechazamos y repudiamos de manera contundente este tipo de delitos que siguen golpeando al campo colombiano. No perdemos la esperanza de que la seguridad regrese a las zonas rurales y de que no tengamos que seguir informando hechos tan dolorosos para una familia y para el país. Lo necesitamos libre ya”, citaron en un comunicado.Por su parte, el secretario de Gobierno del Cesar, Eduardo Esquivel, volvió a hablar sobre lo ocurrido:“Están desplegadas todas las tropas en lo que tiene que ver con La Jagua de Ibirico, Curumaní, Chiriguaná, y cercanías a Santa Isabel. Al parecer el vehículo en el cual se llevaron a este ganadero fue abandonado entre Curumaní y Chiriguaná. Fue abandonado zona rural obviamente”, declaró a medios de comunicación.Recordemos que cuatro hombres armados ingresaron a su finca y lo sacaron de allí dentro de su propio vehículo, aunque este fue abandonado en esa misma jurisdicción. El primero en hablar al respecto fue el alcalde Leonardo Hernández Cataño, a través de sus redes sociales.“Rechazo el secuestro del señor Plutarco Santamaría Guarín. Pedimos a los captores respetar la vida de un ciudadano de bien y devolverlo a su familia. Solicito al Gaula y al Ejército una acción inmediata frente a este hecho de inseguridad”, fueron sus palabras en la plataforma de X.
Hasta en un 13 % se están incrementando los precios de los productos que desde Córdoba son enviados a la Gran Central de Abastos del Caribe, Granabastos, donde reportan con preocupación que el inusual frente frío que golpeó el Caribe durante el mes de febrero está teniendo un impacto directo en la calidad de los cargamentos que llegan hasta sus instalaciones por estos días.Comenta la gerente general de Granabastos, Esther Fabiola Elías, que las dificultades no solo son de recolección, sino también de transporte y distribución, por lo que, junto con los comerciantes, están haciendo un gran esfuerzo para mitigar el impacto al consumidor.“Hemos notado que los productos procedentes de Montería y de Córdoba han tenido unas afectaciones, como el plátano, la yuca y la mazorca, que, a pesar de la calidad que traían, se han disminuido también. Esto se nota por esa ola invernal que está padeciendo, lamentablemente, nuestro departamento de Córdoba”, dijo a Blu Radio la gerente.“Las condiciones derivadas de esta situación han impactado la oferta, generando ajustes en el mercado mayorista. No obstante, los comerciantes continúan realizando esfuerzos para garantizar el abastecimiento y mitigar el impacto en el consumidor final, manteniendo la dinámica comercial propia de la temporada”, agregó la entidad en un comunicado.Los productos provenientes de Córdoba no son los únicos afectados, pues la remolacha, el repollo, el pepino cohombro y la habichuela también tienen incrementos en sus precios por el clima que afectó en estos días a los Santanderes.La Gran Central de Abastos del Caribe cerró 2025 con un incremento del 17 % en su abastecimiento, por lo que logró articular gestiones para el envío de ayudas humanitarias a los campesinos en Córdoba.La gerente general de Granabastos, Esther Fabiola Elías, sostuvo que los incrementos en los precios no solo se deben a las consecuencias del clima en las diferentes regiones, sino también a la temporada de cosecha que terminó para varios de estos productos. Los ingresos de carga, mencionó, están funcionando de manera normal, pues para este fin de semana se reportó la llegada de aproximadamente 990 toneladas de alimentos y otros productos agroalimentarios.
La tarde de este viernes en una clínica Reina Catalina del municipio de Baranoa falleció Leisy Solvera Manotas, la mujer de 39 años que permanecía herida tras el ataque a bala cometido por hombres armados que ingresaron a una vivienda en el municipio de Ponedera el pasado miércoles de ceniza.Con esta muerte ya son tres las víctimas de este ataque criminal en el que también perdieron la vida un niño de solo dos años y otra mujer que respondía al nombre de Constanza Isabel Rivera Salas.El general Willia Rincón, director de la Policía Nacional, lamentó lo ocurrido e informó que fueron tres los delincuentes que ingresaron al inmueble y cometieron este múltiple homicidio. El oficial enfatizó que un equipo especial de la institución está designado para esclarecer este hecho."Allí se trató de tres sujetos que llegaron en una motocicleta, una casa, una vivienda con un fin criminal de asesinar a una persona. Cuando esta persona abre la puerta de su casa, le disparan, hacen varios disparos, uno de ellos termina herida, otra persona termina muerta y de igual manera el niño de 2 años también termina asesinado. Por supuesto, hemos dispuesto todas nuestras capacidades de inteligencia, policía judicial con nuestra Fiscalía General de la Nación, no solamente para identificar estos sujetos, sino también para judicializarlos y, por supuesto, llevarlos a buen recaudo de las autoridades", precisó el alto oficial. Del mismo modo, el ministro de defensa, Pedro Sánchez expresó su rechazo sus condolencias por este hecho y afirmó que detrás estarían carteles de narcotráfico."Es un dolor muy profundo, que muestra también una realidad de unas personas que ya tienen una degradación demasiado alta, son carteles de narcotráfico, que no les interesa la vida, no les importa la vida", indicó el ministro.Entre tanto, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, reiteró la recompensa de hasta 30 millones de pesos a quién dé información que permita capturar a los responsables.
En el barrio Santa María, sur de Barranquilla, hay conmoción por el asesinato de una mujer de 40 años a la que sicarios balearon cuando esta se encontraba en su casa.El atentado ocurrió a las 9 de la noche del lunes festivo. De acuerdo con el reporte de las autoridades, la víctima identificada como Dilis Elena Sampayo Amador, de 40 años, se encontraba al interior de su casa, ubicada en la Carrera 3 Sur #81-33, cuando fue sorprendida por dos sujetos que llegaron en una motocicleta negra.El parrillero del vehículo, vestido con camisa blanca, descendió de la moto, sacó un arma de fuego y disparó a la cabeza de la mujer. Los agresores huyeron de inmediato del lugar, mientras Delis Elena fue trasladada por sus familiares al Paso Santa María, donde ingresó sin signos vitales.Autoridades investigan si este crimen está relacionado con una discusión que días antes la mujer sostuvo con unos vecinos, a los que les pidió que no consumieran drogas cerca de su casa.“Esta confrontación es una de las hipótesis que se están analizando en la investigación cómo posible móvil del crimen”, dijo una fuente cercana al caso.La Policía confirmó que la víctima no tenía antecedentes judiciales, y era una ama de casa que se dedicaba al cuidado de su hogar.El CTI de la Fiscalía se encargó de practicar el levantamiento del cadáver mientras las autoridades continúan recopilando información para establecer los móviles del crimen y dar con los responsables.
El fútbol nuevamente se tiñó de violencia, en medio del desarrollo de una fecha de la Copa Betplay. La más reciente gresca se presentó en el estadio Metropolitano de Barranquilla, donde la caída en la plataforma digital que permite la verificación de boletas dio lugar a un desorden que facilitó la entrada de hinchas del equipo visitante, quienes se fueron a golpes con los aficionados de la barra contraria, es decir, la del Junior. Al parecer, en medio del ingreso de los aficionados por la tribuna occidental, antes del inicio del partido, se presentó un daño que no permitió el funcionamiento de la aplicación de boletería, por lo que se dio un ingreso sin control debido a que nadie acreditó contar con una entrada. Esto facilitó el paso de los miembros de la hinchada del Bucaramanga, quienes tenían prohibido el ingreso al estadio, pero aún así lo hicieron ante el descontrol que se presentó. Como consecuencia de esto, se dieron varias confrontaciones, inicialmente verbales y luego físicas, entre los hinchas del Bucaramanga con los del Junior, especialmente después del minuto 59, tras la anotación que hizo Sambueza a favor del equipo visitante. Estas peleas llevaron a que hacia el minuto 70' se suspendiera el desarrollo del partido, para que los miembros de la Policía Nacional pudieran intervenir para separar a los aficionados. Sin embargo, en medio de la tensión que se vivía en esta zona del estadio, justamente la única que permite el ingreso de menores, varios padres tuvieron que correr con sus hijos en brazos para evitar algún daño, pues la pelea se dio, incluso con armas blancas en mano y con el lanzamiento de objetos contundentes.A raíz de esto, siete hinchas y tres agentes de la Policía resultaron lesionados, mientras realizaban la intervención para retirar a los hinchas 'colados' del Metropolitano. Se trata del subintendente Miguel Ángel Oyola, de 34 años, quien resultó con dos heridas en el lado izquierdo de su cabeza; la auxiliar Valentina Epalza, de 20 años, quien recibió varios golpes en su pecho; y la auxiliar Anny Paola Jarava, de 22 años, quien fue lanzada por las escaleras de la tribuna occidental y cuyos golpes le afectaron la cadera. Por lo pronto, los agentes reciben atención médica en la clínica de la Policía de Barranquilla, mientras se espera si habrá algún tipo de sanción contra el escenario o los equipos por lo sucedido, pues incluso, también los jugadores, al final del partido, se agredieron a golpes en el campo de juego, en medio de los reclamos por tres penalti que fueron pitados a favor del Junior, lo que derivó en dos anotaciones para el equipo local.
Como una buena noticia fue catalogada por la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (ANDEG) la reciente renuncia de Yanod Márquez a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, del que catalogan como alguien que llegó para solucionar los problemas en la empresa Air-e, hoy Intervenida, pero que bajo su gestión por el contrario crecieron mucho más las deudas.En entrevista con Blu Radio, el director ejecutivo de Andeg, Alejandro Castañeda, dijo que es necesaria la llegada a este cargo de una persona que esté dispuesta a conseguir recursos con los ministerios de Hacienda o Minas y Energía, esto sin mencionar que “ponga la cara” ante los compromisos financieros que hoy se sostienen con las térmicas, ascendiendo estos a los 1.5 billones de pesos.“Se podría estar quedando sin energía el 35% de la región Caribe, que es la que depende esa generación térmica que actualmente está obviamente muy apretada desde el punto de vista financiero. Por eso, esperamos que el superintendente de servicios públicos entrante pueda conseguir los recursos para que la empresa honre las obligaciones”, dijo inicialmente.“El problema es que con el saliente superintendente (Yanod Márquez) no se gestionó nunca nada más allá de lo que la misma empresa Air-e produce. Tomó posesión de una compañía que representa el 13% del sector eléctrico en el país sin tener recursos ni una idea clara”, agregó .Desde Andeg genera algo de tranquilidad que ahora mismo hay agua en los embalses por la temporada de lluvia, lo que ayudará con la generación de energía, sin embargo miran de reojo hacia el verano del mes de diciembre en el que se asumirán gastos importantes.Asimismo, están a la expectativa de las decisiones del Gobierno Nacional sabiendo que no hay la energía suficiente para abastecer a todo el país desde el año 2028.
Con serias quemaduras hoy se encuentran en un centro asistencial María Alejandra Ortiz y Luis Fernando Bohórquez, debido a un incendio que se presentó en las últimas horas en la finca en la que se encontraban en la vereda El Progreso, ubicada en el municipio de Gamarra, Cesar, el cual fue perpetrado por la esposa de este mismo hombre mencionado.Según lo informó la Policía departamental, los hechos se produjeron en la finca La Esperanza a raíz de que esta mujer se encontró a su pareja Luis Fernando siéndole infiel con María Alejandra el día anterior (domingo), por lo que rápidamente se tejió una riña en la que ambas personas se abalanzaron contra ella.Así las cosas y siendo la madrugada de este lunes festivo, decidió prender fuego a este lugar al parecer en venganza, sin percatarse —dice ella— de que ambos aún estaban dentro.La intervención de un vecino del sector fue necesaria para que el episodio no pasara a mayores y trasladar a estas dos personas hasta la Clínica de Especialistas María Auxiliadora de Aguachica, Cesar, en donde luego se confirmó el traslado de María Alejandra hacia un centro asistencial de mayor nivel en Bucaramanga.Conoció Blu Radio que Ortiz, según reportes médicos, está bajo pronóstico reservado por presentar quemaduras de tercer grado en el 95% de su cuerpo. El hombre, por su parte, tiene quemaduras de segundo y tercer grado en el 45% de su cuerpo.La responsable, horas después, se presentó de forma voluntaria con su abogado en las instalaciones de la Seccional de Investigación Criminal en Aguachica, “con el fin de que se hagan los actos urgentes a que haya lugar”, informó la Policía.
Tras un consejo de seguridad que se realizó en las instalaciones del Comando Aéreo de Combate No. 3, en Malambo, Atlántico, el ministro de Defensa Pedro Sánchez anunció que se intensificará la persecusión contra los cabecillas de las bandas criminales ‘Los Pepes’ y ‘Los Costeños’, quienes estarían dinamizando delitos como la extorsión, el homicidio y el tráfico de drogas en todo el departamento.El ministro indicó que si estos delincuentes no se desmovilizan caerá sobre ellos todo el paso del Estado que irá detrás de estos criminales por quienes están ofreciendo recompensas de entre 64 y 140 millones de pesos."Es evidente que iremos detrás de los cabecillas, de los principales criminales. Por alias 'Carlos Muleta', del GDO Los costeños, una recompensa de hasta 140 millones de pesos; por a alias 'Ricostilla', segundo cabecilla de GDO Los Costenos, hasta 64 millones de pesos; por alias 'Caín', cabecilla visible del GDO Los Pepes, hasta 140 millones de pesos; por alias 'Flubio', del GDO Los Pepes, hasta 64 millones de pesos. Si tiene información, llame al 157, el Estado colombiano, todo el Estado, todo lo que sea necesario, lo emplearemos para neutralizar estas amenazas. Atlántico no está solo, toda la fuerza pública está con ellos", puntualizó Sánchez. El ministro indicó que en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, implementaron el Plan Cazador, una estrategia dirigida a desarticular estructuras delictivas que están disparando algunos delitos en el Atlántico y de manera complementaria, se presentó el Plan Escudo Territorial por la Vida, enfocado en intervenir los municipios con incrementos en homicidios y hurtos.Así mismo señalaron que una parte significativa de la extorsión y otros delitos se origina desde centros de reclusión. Por ello, junto con el Ministerio de Justicia y el INPEC afirmó que se adelantan acciones para evitar que cárceles y centros de detención se conviertan en dinamizadores o “escuelas del crimen”.“Debe revisarse muy bien cómo está el hacinamiento en las cárceles, que ya se hizo un análisis para que se resocialice y los privados de la libertad no salgan peor de lo que ingresaron”, expresó.
El ministro de Defensa Pedro Sánchez se pronunció sobre la investigación que derivó en la destitución del general de la Policía Edwin Urrego, señalando que la seguridad del presidente Gustavo Petro es una prioridad nacional y que se están empleando todas las capacidades institucionales para garantizarla. En este sentido, el jefe de la cartera explicó que, en el marco del proceso investigativo, fue convocada una junta de inteligencia, cuyas conclusiones tienen carácter reservado y serán presentadas directamente al presidente Petro en un Consejo de Seguridad y Paz que se realizará próximamente.El ministro insistió en que las pesquisas están siendo adelantadas por la Fiscalía General de la Nación, al tiempo en que invitó a la comunidad a que cualquier información que tengan al respecto la den a conocer a las autoridades bajo absoluta reserva.“Las investigaciones las está adelantando la Fiscalía General de la Nación y aquí es importantísimo conocer qué pasó, quiénes están detrás de todo ello. Por ello los invito a todos los colombianos, a quienes lleguen a conocer absolutamente algo de eso, que no duden en informarme, que llamen al 157. Hay absoluta reserva, pero absoluta reserva es absoluta. Eso es un tema supremamente serio, delicado que necesitamos llegar a fondo”, enfatizó. Finalmente, subrayó que se trata de un asunto “sumamente serio y delicado” que exige llegar al fondo de lo ocurrido para proteger la seguridad institucional y la estabilidad del país.
Tras conocerse la decisión por parte del Gobierno nacional que ordenó el cierre indefinido del Parque Nacional Natural Tayrona al igual que la prohibición del ingreso de visitantes por condiciones de riesgo público, la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales le pide al Gobierno soluciones urgentes de reapertura pues la economía y el turismo local podría verse afectado.Por medio de un comunicado Asocapitales aseguró que esta medida tiene un fuerte impacto en la economía, el turismo y las comunidades de Santa Marta, pues solo en 2024 este parque recibió más de 500.000 visitantes y además es considerado como uno de los principales destinos naturales que tiene el país.Aunque la asociación reconoce que garantizar la seguridad es una prioridad, el cierre prolongado de este espacio afecta el empleo, el comercio y la confianza internacional en Colombia como destino turístico.Es por esto por lo que le pide al Gobierno nacional agilizar los mecanismos de concertación, garantizar las condiciones de seguridad y proteger la economía local, además, de manifestar su disposición para acompañar institucionalmente las acciones necesarias para recuperar la normalidad y salvaguardar este parque estratégico a nivel nacional.¿Cuáles son las situaciones que llevaron al cierre del parque?El cierre temporal del Parque Nacional Natural de Tayrona responde a una medida preventiva adoptada desde el gobierno para proteger la vida y la integridad de los visitantes, comunidades y funcionarios.Esto debido a varias situaciones recientes registradas en los accesos y sectores de esta área protegida. El pasado 11 de febrero, en el sector de Cañaveral, adelantaron una intervención orientada al cumplimiento de medidas preventivas frente a ocupaciones y construcciones no autorizadas dentro de la zona. Situación que desencadeno en una serie de amenazas por medio de redes sociales contra el personal del parque, así como algunos actos de intimidación en los accesos.Además, el lunes 16 de febrero, se registraron bloqueos en el ingreso de El Zaino y en los accesos como Neguanje.Por esta razón, para elGgobierno esta medida es indispensable para priorizar la protección de los derechos fundamentales de esta comunidad.
Unidades de la Décima Brigada del Ejército Nacional y el Gaula de la Policía están tras la pista en estos momentos de los responsables del secuestro de un conocido ganadero llamado Plutarco Santamaría, a quien sorprendieron en su propia finca ubicada en zona rural de La Jagua de Ibirico, en Cesar.Al parecer, cuatro hombres armados ingresaron a su finca y lo sacaron de allí dentro de su propio vehículo, aunque este fue abandonado en esa misma jurisdicción. El primero en hablar al respecto fue el alcalde Leonardo Hernández Cataño, a través de sus redes sociales.“Rechazo el secuestro del señor Plutarco Santamaría Guarín. Pedimos a los captores respetar la vida de un ciudadano de bien y devolverlo a su familia. Solicito al Gaula y al Ejército una acción inmediata frente a este hecho de inseguridad”, fueron sus palabras en la plataforma de X.La Gobernación del Cesar fue la siguiente en pronunciarse, exigiendo respeto por su integridad física: “A través de un Puesto de Mando Unificado permanente, en articulación con la fuerza pública y el alcalde de La Jagua de Ibirico, Leonardo Hernández, hacemos frente al secuestro del que resultó víctima Plutarco Santamaría. La gobernadora Elvia Milena Sanjuan rechaza este acto contra la libertad y exige el respeto por la integridad del ciudadano. Al mismo tiempo, se mantiene contacto con la familia del secuestrado”.Precisamente, el secretario de Gobierno del Cesar, Eduardo Esquivel, habló con medios de comunicación sobre este caso. Apuntó que, hasta el momento, no tienen indicios de cuál pudo ser el grupo criminal que adelantó su secuestro.“Tenemos que rechazar muy fuerte, de parte de la Gobernación del Cesar, un secuestro que se presentó anoche. Nos acabamos de enterar. Cuatro hombres fuertemente armados entran a la finca del ganadero y lo llevan en su propio vehículo. Posteriormente, se ha encontrado abandonado el vehículo en la misma jurisdicción de ese sector”, dijo inicialmente.“Estamos rodeando a todos los familiares del ganadero Plutarco Santamaría, su esposa está con el alcalde Leonardo Hernández. Coordinamos su búsqueda en la parte rural de todo ese sector.No sabemos qué grupo sea el que haya privado, coartado la libertad de la víctima. Nos encontramos en esta etapa pendiente de que ellos nos puedan dar más información”, concluyó.
Los cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta –Kogui, Arhuaco, Wiwa y Kankuamo– encendieron las alarmas tras la decisión del Consejo de Estado de declarar la nulidad del Decreto 1500 de 2018, norma que había ampliado y precisado la llamada ‘Línea Negra’, el sistema de 348 sitios sagrados que delimitan su territorio ancestral alrededor de la Sierra.El alto tribunal tumbó el decreto al resolver una demanda de nulidad y considerar que la norma presentaba vicios en su expedición, entre ellos la falta de garantías suficientes de participación para otros actores del territorio y cuestionamientos sobre sus soportes técnicos y cartográficos. La decisión implica, en la práctica, la caída de la figura jurídica que reconocía esos espacios sagrados como un sistema integrado de protección espiritual y ambiental.Desde la Sierra, la lideresa indígena Margarita Villafañe dijo que la noticia fue recibida “con mucha preocupación”, porque –asegura– la nulidad del decreto “atenta contra nuestra cultura y nuestro territorio ancestral y espiritual, que es lo que le da vida en el tiempo”. Para ella, el fallo “es una manera de barrer históricamente a los cuatro pueblos descendientes de los tayrona” y supone un retroceso que los devuelve “a la época de la Colonia”.La Línea Negra es, para estos pueblos, mucho más que un límite en el mapa: es la delimitación espiritual que conecta la Sierra, los ríos, la franja costera y 348 puntos sagrados que, según su cosmovisión, unen el mundo material con el espiritual. En esos lugares se realizan pagamentos espirituales, rituales y prácticas que, explican, sostienen el equilibrio del territorio que ellos llaman el ‘Corazón del Mundo’.Los líderes indígenas no se oponen a que se revisen los procedimientos del decreto, pero piden que cualquier decisión tenga en cuenta su voz y sus derechos. Por eso, Villafañe hizo un llamado al Gobierno nacional y a las altas cortes para que se reabra la discusión con enfoque intercultural y de protección reforzada.“Lo mínimo es que se revise esta decisión y se nos escuche. La Línea Negra no es un capricho, es la base de nuestra existencia como pueblos”, insistió.Organizaciones indígenas y de derechos humanos han advertido que la nulidad del Decreto 1500 podría debilitar la protección de estos espacios frente a proyectos turísticos, extractivos o de infraestructura, y reclaman que el Estado garantice que, más allá de los debates jurídicos, se mantengan mecanismos claros para salvaguardar los lugares sagrados y la autonomía territorial de los pueblos de la Sierra Nevada.
En el marco del Espacio de Conversación Sociojurídico, el Gobierno nacional y la estructura armada definieron una hoja de ruta para disminuir homicidios, frenar el reclutamiento de menores y evitar que las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada interfieran en programas y proyectos oficiales. Sobre el papel, se trata de un paso clave hacia la desescalada del conflicto en la región Caribe. Pero en el territorio la lectura es más cautelosa.“Es importante que haya avances y mecanismos de pacificación; cualquier cosa que disminuya la violencia será bien recibida”, reconoce el defensor de derechos humanos Lerber Dimas. Sin embargo, asegura que el problema no está en lo que se firma, sino en lo que no se verifica. Recuerda que ya hubo anuncios previos de las ACSN, como el compromiso de crear entornos protectores para niños, niñas y adolescentes y la promesa de no reclutarlos, así como una declaratoria de tres meses sin cobro de extorsiones en Santa Marta y otros municipios.“Esos acuerdos nunca tuvieron un mecanismo serio de monitoreo. No hubo seguimiento ni evaluación, ni un documento técnico que dijera si se cumplieron total o parcialmente. Por eso hoy estamos firmando de nuevo cosas que ya se habían anunciado antes”, cuestiona Dimas, quien insiste en que cualquier nuevo pacto debe ir acompañado de indicadores claros, mediciones periódicas y participación de la sociedad civil en la veeduría.El defensor también pone sobre la mesa una lectura incómoda: la reducción de homicidios en Santa Marta, Ciénaga y Palomino no necesariamente significa paz, sino que, en su concepto, refleja la consolidación de un solo actor armado con control territorial. “Cuando no hay disputa entre grupos, bajan los homicidios, pero se disparan delitos como la extorsión. Eso también hay que medirlo y ponerlo dentro del análisis de estos acuerdos”, advierte.Desde otra orilla, pero en la misma línea de preocupación, el ambientalista y defensor de derechos humanos Luis Miguel Moisés celebra que se empiece a hablar de un “verdadero proceso de sometimiento” de las ACSN, pero lanza una exigencia directa: sin monitoreo en terreno y sin freno a la extorsión, no habrá cambios de fondo.“Celebro que se aterrice un proceso que permita a este grupo someterse a la ley, pero tiene que haber monitoreo de la sociedad civil. Aquí hay liderazgos y plataformas de derechos humanos que han estudiado el conflicto y deben ser parte del seguimiento”, señala. Y envía un mensaje frontal a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra: “Deben dejar de extorsionar. En los comunicados dicen que no lo hacen, pero todos en Santa Marta saben que cobran, desde el mototaxista y el vendedor de carretilla hasta los restaurantes y grandes negocios”.Para Moisés, cada peso que pasa “de la legalidad a la ilegalidad” alimenta el conflicto y vacía de contenido cualquier apuesta de paz. Por eso, tanto él como otros defensores piden que el Gobierno nacional, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y los acompañantes internacionales del proceso garanticen que habrá verificación independiente, participación comunitaria y consecuencias claras en caso de incumplimiento.