Recientemente se conoció que Andrés Vásquez, candidato al Senado de la República por el Partido Conservador, se encuentra desaparecido en el municipio de Pelaya, al sur del Cesar.Según lo revelado hasta ahora, el aspirante político, procedente de Bucaramanga, estaba en el municipio de Pelaya visitando a su padre. Sobre las seis de la mañana del miércoles 25 de febrero, cuando se disponía a viajar a Aguachica para una reunión, sus familiares notaron que el vehículo seguía estacionado y, al verificar la situación, hallaron las pertenencias del candidato y las puertas del vehículo abiertas.Así mismo, el secretario de Gobierno departamental, Eduardo Esquivel, señaló que la situación es analizada en conjunto con la Policía Nacional y el Ejército Nacional en la zona, para establecer si tendría relación con un posible secuestro.De hecho, el medio El Heraldo informó que el Gaula de la Policía Nacional indicó que no hay testigos de la presunta desaparición o rapto, pues nadie vio al candidato salir de su vivienda.Esta desaparición se reporta apenas una semana después del secuestro del reconocido ganadero Elí Plutarco Santamaría, también en el Cesar, donde la Gobernación y la Alcaldía de La Jagua de Ibirico han ofrecido una recompensa de hasta 40 millones de pesos para dar con el paradero de este último.Ante esta situación, el Partido Conservador manifestó su rechazo frente a la desaparición del candidato.Partido Conservador rechaza desaparición de Andrés VásquezFrente al presunto rapto del candidato al Senado Andrés Vásquez, el Partido Conservador, colectividad a la que pertenece, publicó en su cuenta de X un mensaje de rechazo por lo ocurrido."Rechazamos y condenamos la desaparición de nuestro candidato al Senado Andrés Vásquez, quien, de acuerdo con información oficial, se encontraba en Pelaya y desapareció luego de salir hacia Aguachica para una reunión".Además, solicitaron a las autoridades activar todos los protocolos y medidas necesarias para dar con su paradero: "Su vehículo fue hallado junto a las pertenencias del candidato. Pedimos a las autoridades activar todos los protocolos para su ubicación, al tiempo que reclamamos del Gobierno Nacional protección y seguridad para los candidatos".De momento, las autoridades no han entregado más información sobre el caso. Tanto el Partido Conservador como sus familiares esperan que se logre establecer el paradero de Andrés Vásquez lo más pronto posible, en un hecho que ocurre a pocos días de las elecciones legislativas en Colombia.
A 13 se elevó la cifra de mujeres asesinadas este año en el Atlántico, tras los recientes ataques a bala de los que fueron víctimas dos jóvenes en el área metropolitana de Barranquilla.Por un lado, en el municipio de Soledad, asesinaron a Glenis Patricia Rodríguez Ariza, una joven de 18 años a la que recientemente habían declarado objetivo militar por parte de la estructura delincuencial de ‘Los Costeños’.La madre de la víctima confirmó a la Policía que su familia había sido amenazada por la mencionada banda, por lo que todo apunta a que este crimen, ocurrido en el barrio Villa Paraíso, habría sido el cumplimiento de la advertencia.El reporte preliminar de las autoridades también indica que, según los testimonios de habitantes del sector, la víctima y su familia harían parte de la banda delincuencial ‘Los Pepes’, enemigos de ‘Los Costeños’.Así las cosas, la guerra entre estas organizaciones criminales también tiene bajo sangre y fuego a las mujeres, sin que haya un plan de acción de las autoridades que las proteja y aleje de estos entornos, como lo manifiesta la psicóloga Ruth Pareja, miembro del Movimiento Amplio de Mujeres."Las mujeres cada vez están siendo objeto de estas bandas delincuenciales, pero ningún gobierno ha venido trabajando de una manera estructural para intervenir estos casos, porque cada caso tiene una historia de vida, cómo llegan a esto, ya sea por involucrarse con una pareja que esté en la delincuencia o por esa falta de oportunidades", expresó Pareja.Horas después de la muerte de Glenis, se reportó el crimen de Luzdaris Maickell Guerrero Corro, una adolescente de 17 años a la que ultimaron a tiros en el sector de Bajo Carrizal, en el sur de Barranquilla.Testigos contaron a la policía que hombres armados llegaron a su vivienda, golpearon la puerta y al entrar le dispararon directo a la menor hasta dejarla sin vida.Los móviles son motivo de investigación, pero se ha podido determinar que hace cinco días, la adolescente habría sostenido una riña con un habitante del sector, conocido con el alias de ‘Javi’.
Desde la Alcaldía de Barranquilla expresaron su preocupación por la falta de respuesta formal por parte de la Aeronáutica Civil frente a la solicitud enviada hace dos meses para asumir la operación del Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz, infraestructura que, según el Distrito, no está a la altura del crecimiento turístico y empresarial.La gerente de ciudad, Ana María Eljure, aseguró que el aeropuerto “no está a la altura de la transformación y la dinámica que lleva Barranquilla”, y señaló que esta situación requiere acciones inmediatas para que no se siga afectando la competitividad de la capital del Atlántico."Cada día hemos venido trabajando por atraer más turismo, porque llegue mucha más gente a la ciudad y lo que estamos viendo es que desafortunadamente los viajeros prefieren llegar por Cartagena o por Santa Marta, porque no encuentran aquí en nuestra ciudad un aeropuerto que tenga las amenidades básicas y mínimas que se requiere para una experiencia del turista", expresó la funcionaria.Aljure confirmó que, hasta el momento, la Alcaldía no ha recibido comunicación formal por parte de la Aerocivil respecto a la solicitud presentada por el alcalde para que el Distrito asuma la operación de la terminal aérea. Ante esto, la funcionaria agregó que en una visita recientemente realizada verificaron que las obras actuales tendrían apenas un avance del 6 %, pese a tratarse de un contrato cercano a los 34.000 millones de pesos."Pero acá hay una situación y es que ya llevamos cuatro directores de la Aeronáutica. Entonces, no hay una estabilidad jurídica o laboral que a nosotros nos permita tener una tranquilidad de que efectivamente las obras sí se van a cumplir", dijo, advirtiendo así sobre posibles riesgos financieros en la ejecución contractual.
En medio del recrudecimiento de la violencia y los homicidios en este inicio del 2026, sobre todo luego del fin de la tregua entre Pepes y Costeños el pasado mes de enero, para este viernes 27 de febrero, desde las 8:30 de la mañana, fue agendada una reunión por parte del Gobierno Nacional en pro de escuchar a las víctimas de estas bandas criminales y establecer una hoja de ruta que permita avanzar hacia el proceso de paz urbana que han querido instalar.La cita será liderada por el facilitador de este proceso, Camilo Pineda, quien declaró que la mano del Gobierno sigue extendida y que la intención es que los próximos pasos dentro de la mesa representen el deseo de la comunidad.“Lo que se busca es liberar un espacio de articulación con la comunidad, con los líderes políticos, con las autoridades cívicas, militares, de manera que podamos conocer su voz o quizás saber en boca de ellos directamente cuáles son sus expectativas con relación a un proceso de paz, que ha tenido sus altos y sus bajos, pero que sigue abierto”, dijo inicialmente a Blu Radio.Mientras se determina qué acciones concretas deben realizar las bandas para su desescalamiento, en las localidades suroccidente y suroriente de la capital del Atlántico habrá activaciones de paz en el mes de marzo junto con el padre Cirilo Swinne, con el fin dice Pineda de involucrar más a los que han sido golpeados por la violencia.Al mismo tiempo, la tarea pendiente es definir lo que pasará con los traslados de cabecillas de Pepes y Costeños hacia Barranquilla, en este caso Digno Palomino y Jorge Eliecer Díaz Collazos, alias 'Castor'. Indicó el facilitador que es una tarea de la que ya se apropió el Comisionado de Paz, Otty Patiño, junto con la Fiscalía con el fin de reestructurar la estrategia jurídica a utilizarse.“El Comisionado de Paz (Otty Patiño) viene adelantando algunas conversaciones con la Fiscalía General de la Nación para definir cuál va a ser la estrategia jurídica en el marco de este, digamos, primer intento que se realizó durante el mes de de enero, para la instalación del espacio de diálogo de servicios jurídicos”, agregó.Por ahora, la idea del Gobierno solo es ajustarse a las intenciones de paz entre Pepes y Costeños. De lograr un buen resultado, no se descarta que una eventual mesa se extienda hacia más grupos criminales del Atlántico.
El piloto de un caza F-16 de las Fuerzas Aéreas turcas murió esta madrugada al estrellarse el aparato poco después de despegar para una misión rutinaria, informó este miércoles el Ministerio de Defensa."Se ha determinado que nuestra aeronave se ha estrellado y se ha llegado hasta los restos. Nuestro piloto ha muerto", indicó el ministerio en un comunicado.El F-16 despegó de una base militar en el oeste de Turquía y se estrelló poco después del despegue, alrededor de las 00.50 hora local (21.50 GMT).El aparato cayó cerca de un tramo de la autopista Estambul-Esmirna, próximo al distrito de Karesi.Los restos quedaron esparcidos por una amplia zona y, tras el accidente, la autopista fue cerrada al tráfico y en la mañana del miércoles los equipos continuaban trabajando en el lugar, indicaron las autoridades.El Ministerio de Defensa añadió que se perdió el contacto por radio y el seguimiento por radar a partir de las 00.56 hora local, y que las causas del siniestro las investiga un equipo de evaluación de accidentes.
La ferretería que terminó vendiéndole los famosos carrotanques de La Guajira a la Unidad de Gestión del Riesgo tendrá que pagar casi 1.300 millones de pesos en multas y no podrá contratar con el Estado.Estamos hablando de Impoamericana Roger S.A.S., una compañía que nació como ferretería y terminó vendiendo 40 carrotanques a la Unidad de Gestión del Riesgo, en un contrato que terminó convertido en el mayor escándalo de corrupción del Gobierno. Al punto que hoy están prófugos de la justicia exdirectivos del Gobierno Petro como Carlos Ramón González y César Manrique.Esa compañía tendrá que pagar a la Superintendencia de Sociedades 1.298 millones de pesos y, además, queda inhabilitada de por vida para contratar con el Estado. La compañía tampoco podrá recibir subsidios públicos durante los próximos 10 años y sus administradores serán inmediatamente removidos.La multa es apenas una fracción de los 46.800 millones de pesos que le pagaron por los 40 carrotanques y puede ser apelada por la firma.“La entidad reitera su compromiso con el fortalecimiento del tejido empresarial y, de manera especial, con la promoción de la ética corporativa y la lucha contra la corrupción, como pilares para consolidar una cultura de legalidad e integridad en el ámbito empresarial", dijo el superintendente Billy Escobar.
Por una serie de obras que adelantará la empresa EPM en Bello inició un cierre de un año en uno de los carriles de la avenida Regional, en sentido sur-norte, a la altura del Polideportivo Tulio Ospina.Aunque se trata de un proyecto de expansión y modernización del sistema de acueducto en el municipio de Bello, que responde al crecimiento urbano de este municipio, habrá el cierre de un año del carril derecho de la calzada oriental de la avenida Regional, en sentido sur-norte.Este cierre será hasta el año 2027 será de 7:00 de la mañana a 5:00 de la tarde por 10 horas que, sin duda, generará un gigantesco trancón para quienes van no sólo a Bello, si no el resto de municipios del norte del Valle de Aburrá y la conexión a la Costa Caribe y los Santanderes. Como vías alternas estarán La Seca que pasa de 4 carriles a uno en la UVA y la autopista norte.“Esa inversión que comprende en su mayoría la construcción de tanques y tuberías de gran diámetro permitirá mejorar las condiciones de transporte de agua potable de EPM. Para la ejecución de esas obras de manera segura, es muy importante realizar cierres parciales sobre las vías”, dijo Alvin Quintero, Jefe encargado planta infraestructura primaria de EPM.Aunque ante las dudas de los ciudadanos, EPM señaló a Blu Radio que los trabajos no se hacen de día por su alta complejidad y con el fin de garantizar la seguridad de quienes transitan por la vía y los trabajadores.“Estas obras requieren maquinaria de gran tamaño, un monitoreo constante del personal y seguimiento permanente de las condiciones del río Aburrá-Medellín. Además, por su cercanía al cauce, son actividades de alto riesgo, por lo que ejecutarlas en jornada diurna nos permite tener mayor control, prevenir incidentes y avanzar de forma segura. Estos trabajos buscan garantizar el servicio de acueducto para el futuro de Bello y el norte del Valle de Aburrá”, afirmó la respuesta.Por otro lado, la Alcaldía de Bello afirmó que sí se planteó la opción de realizar los trabajos en horario diurno, pero, siendo una vía concesionada, la aprobación la hizo el Invías. Sin embargo, insistieron que se acordó que se hará monitoreo permanente a la movilidad y, en dado caso y con evidencia, se evidencié una afectación, se solicitará cambio o ajuste del horario en el permiso por parte de Invías.La apuesta de EPM en Bello se traduce en la construcción e instalación de 21.19 kilómetros de nuevas redes primarias o principales, conocidas también como conducciones; 2.96 kilómetros de redes de distribución o secundarias, que es la tubería que llega hasta los inmuebles y la construcción de tres tanques de almacenamiento de agua potable, dos ya construidos y en operación, de 5.000 metros cúbicos y 1.400 metros cúbicos, y un tercero que está en ejecución de 2.500 metros cúbicos de capacidad.Obras en alcantarilladoLas inversiones de EPM en el municipio de Bello también abarcan el servicio de alcantarillado, para el cual se contempla la modernización de 26.12 kilómetros de redes primarias y 0.73 de redes secundarias, con el propósito de recoger las aguas residuales del sistema público y llevarlas hasta la Planta de Tratamiento de Aguas Claras, ubicada también en el municipio.Las cifrasDurante 2025, EPM invirtió en Bello más de 102.000 millones de pesos.En 2026, la cifra de inversión se estima en $78.000 millones.Bello, después de Medellín, es la segunda localidad con mayor inversión en infraestructura de servicios públicos.
El pasado 20 de febrero, cuatro hombres fueron citados en zona rural del municipio de Tuchín, Córdoba. Desde ese momento, sus familias perdieron contacto con ellos y comenzaron a reportarlos como desaparecidos.La madrugada del domingo 22 de febrero se conoció el primer hallazgo de un cuerpo. En Sincelejo, Sucre, sobre las 6:10 de la mañana, fue encontrado sin vida Camilo Villegas, con heridas por arma cortopunzante.Horas más tarde, ese mismo día, en una vía de San Antonio de Palmito, en Sucre, fue localizado el cuerpo de Cristian Bohórquez.Un día después, el lunes 23 de febrero, en zona rural de San Andrés de Sotavento, Córdoba, fue hallado el tercer cuerpo, con heridas de arma de fuego. Se trataba de Jhonatan Villegas Ramírez.Los tres hombres hacían parte de un grupo de cobradiarios en la zona. Mientras tanto, persiste la incertidumbre por el paradero de David Anaya, el cuarto hombre que salió con el grupo y que hasta ahora no ha sido localizado.Indepaz recordó que estos municipios están incluidos en alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo por la presencia de grupos armados ilegales que disputan control territorial e imponen normas en varias zonas rurales. Según la organización, en el área operan el Clan del Golfo y bandas de carácter local, lo que mantiene en riesgo a la población civil.
Sigue la violencia en Antioquia. Tres personas fueron masacradas en una vía rural que conduce al casco urbano del municipio de Titiribí, en el suroeste del departamento.Según pudo establecer Blu Radio, por una llamada de alerta de la comunidad las autoridades fueron alertadas de tres personas que fueron asesinadas, que tenían impactos de bala y se encontraban al lado de un carro en una vía destapada de Titiribí.Los hechos ocurrieron exactamente en la Vereda Zabaleta, donde, según información que hasta el momento reciben las autoridades, los tres hombres habrían sido sacados de una finca y masacrados en la vía.La Policía Antioquia, con apoyo del Ejército Nacional, se trasladan al sitio para adelantar las pesquisas del caso e identificar a los tres muertos.En esta zona hace presencia el Clan del Golfo y un grupo criminal local conocido como La Miel.
A los cordobeses este martes les llovió tanto que la resignación les volvió a mojar los pies. Fueron al menos diez horas de un aguacero que afectó a Montería y a unos nueve municipios, donde las quebradas volvieron a desbordarse con corrientes de agua que venían a buscar los pocos animales que quedaron vivos, mientras en el embalse de Urrá luchaban por controlar a un imbatible que en menos de 12 horas triplicó su cauce. Al menos la contención ayudó a que las inundaciones fueran menores ante los 113.7 milímetros de lluvia que cayeron, siendo esta la descarga más intensa de todo el mes.Pero la vuelta del agua también arrastró la ilusión de los habitantes de la vereda Nueva Colombia donde más de 200 hombres fueron voluntarios durante los últimos 13 días para construir un dique artesanal con ‘ingeniería ancestral’, para contener al río Sinú, porque con las inundaciones se rompió un boquete que alcanzó los 650 metros, a tal punto que la corriente se unió con la Ciénaga de Bañó, toda el área se convirtió en agua y no quedó ni un solo acceso para trasladar maquinaria vía terrestre.De allí la necesidad de la gente de resolver con sus propias manos la crisis en la que los tiene sumergidos el río, según cuenta el alcalde de Lorica Carlos Mario Manzur.Pero anoche, cuando al fin cerraron la estructura de madera, llegó una creciente que mostró que había pilares que aún estaban débiles. El alcalde motivó a la comunidad para ir a dormir con la tranquilidad de que hoy reforzarían la estructura, pero lo que encontraron esta mañana fue un nuevo boquete en su dique de casi 25 metros.A pesar de la desolación, los hombres volvieron con sus martillos y con sacos de tierra al hombro a completar los 25 mil que deben ser colocados para cerrar el boquete. El trabajo sigue, como un reinicio que no puede frenarse, pues el agua no puede llevarse también la esperanza.
Santa Marta completa más de 20 días con una de sus principales conexiones rurales cerrada. El colapso del puente sobre el río Mendihuaca dejó incomunicada a buena parte de la zona rural y afectó el tránsito hacia La Guajira, en un corredor clave para el turismo y el comercio local.Lo que comenzó como una emergencia vial hoy es también una crisis económica para comunidades como Guachaca, Puerto Nuevo y Palomino, donde muchas familias dependen de la venta de víveres a viajeros y de la dinámica turística.Jimmy Díaz, habitante de Puerto Nuevo Guachaca, resume el impacto en pocas palabras:“Desde que el puente colapsó, la economía colapsó también”, dijo.Cuenta que apenas se conoció la caída de la estructura, el turismo disminuyó de manera drástica. "La gente tiene miedo de cruzar y en redes dijeron que el puente se iba a caer del todo. Eso hizo que muchos dejaran de venir”, explicó.Mientras tanto, algunos vendedores se han trasladado hasta inmediaciones del puente para intentar sostener sus ingresos. Es el caso de Betty Castro, comerciante de la zona, quien asegura que el cierre los obligó a desplazarse para poder vender algo.“Esto es un desplazamiento laboral de nosotros. Nos movemos para buscar el dinerito, pero no hemos visto que el Gobierno se haga presente para ayudarnos”, señaló. También advierte que los transbordos y el aumento en los costos de transporte están reduciendo aún más las ganancias.A la dificultad económica se suma ahora el clima. Las lluvias de los últimos días afectaron el paso alterno en el que trabajaba la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, lo que prolonga la solución definitiva a la emergencia vial.Por ahora, la comunidad espera que tanto el Gobierno nacional como el local aceleren las obras y contemplen ayudas para quienes hoy sienten que, además del puente, también se vino abajo su sustento.
En Santa Marta fue lanzado el programa Eleva 500+, una iniciativa de la Alcaldía municipal, la Fundación Con.Ciencia y Cenit, filial del Grupo Ecopetrol, con la que se busca beneficiar a más de 4.000 personas de 3.000 emprendimientos, con capacitación, acompañamiento y apoyo en innovación para fortalecer sus negocios.Para este objetivo fue firmado un Memorando de Entendimiento entre Cenit y la Alcaldía de Santa Marta en el segundo semestre del 2024 y estará vigente hasta noviembre de 2027.“Eleva 500+ se configura como un ejemplo tangible de generación de valor para las comunidades de Santa Marta, al demostrar la importancia de los convenios interinstitucionales con objetivos comunes para el desarrollo de los territorios en donde la compañía tiene presencia”, indicó Alexander Cadena, presidente de Cenit.Carlos Pinedo Cuello, Alcalde de Santa Marta, dijo que “la ciudad tomó la decisión de fortalecer su base productiva con hechos y no solamente con palabras. Eleva 500+ significa acompañamiento serio, acceso a mercados y fortalecimiento empresarial”.Del mismo modo, en Eleva 500+ se desarrollarán proyectos de inversión socioambiental, cooperación y fortalecimiento institucional “para contribuir al desarrollo sostenible, económico y social de los territorios”.Entre la iniciativa se esperan mejorar las condiciones de los emprendimientos tradicionales y la economía popular, desplegar una estrategia comercial a través de mercados, vitrinas y capitalización; e incentivar la internacionalización para movilizar la economía local, entre muchas otras.“Cenit y la Alcaldía Distrital de Santa Marta avanzan en el fortalecimiento del desarrollo sostenible de las comunidades en la ciudad, mediante la promoción de un equilibrio entre la continuidad operativa y el fortalecimiento de los territorios”, concluyeron en un comunicado.
Luz Ana Camacho habla con la voz apretada de quien ya aprendió a vivir con miedo, pero sin darse el permiso de parar. Dice que está sola, que no tiene un esquema de seguridad y que cada vez que sale de su casa lo hace dejando a alguien pendiente de sus hijos, mientras ella —“encomendándose a Dios”— vuelve a recorrer veredas y municipios donde están las víctimas que espera representar en el Congreso.La líder social, hoy candidata a una curul de paz por la CITREP 12, denuncia que fue amenazada nuevamente y que, con este episodio, ya no se trata de una advertencia aislada: asegura que es una cadena que viene desde el año pasado. “Vengo siendo amenazada desde 2024, por el tema de que siempre estoy denunciando, siempre he venido acompañando a las comunidades”, relató en diálogo con Blu Radio.Según su testimonio, la situación más reciente ocurrió el sábado pasado, cuando recibió una llamada en la que, asegura, le pidieron un “aporte” y se identificaron como “paramilitares”. Ella se negó, colgó y bloqueó el número. Pero —dice— la presión continuó. “Me siguieron escribiendo por WhatsApp… que si no les hacía caso, entonces se meterían con un ser querido”, contó.Camacho afirma que después vinieron más llamadas desde números desconocidos. Y en una de esas llamadas, asegura, el mensaje fue directo: debía retirarse de la contienda o habría consecuencias contra su familia. “Me decían que si no me retiraba… se iban a meter con mi hija. Ya saben que solo tengo una hija”, afirmó.La candidata sostiene que ha presentado denuncias y que ha enviado comunicaciones a distintas entidades, incluso internacionales, pero que sigue sin respaldo efectivo. “He estado escribiendo a la ONU, a todas las entidades, y hasta el momento no he recibido apoyo como debe ser ni de la UNP ni de ningún ente al que le corresponda la seguridad”, señaló.En su llamado, Camacho pide que el Estado no normalice este tipo de intimidaciones, especialmente contra quienes buscan representar a las víctimas en las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz. “Nosotros… nos encontramos en completo abandono. Estamos en nuestros territorios haciendo nuestra campaña sin apoyo, sin acompañamiento de seguridad. No nos han tenido en cuenta para nada”, dijo.Y remató con una frase que, en su caso, no suena a discurso: suena a urgencia. “Estoy temiendo por mi vida y por la de mi familia… Tengo que salir de mi casa porque no puedo dejar el proceso tirado”, expresó.Hasta el momento, ninguna autoridad se ha pronunciado oficialmente sobre esta denuncia. Mientras tanto, la candidata insiste en que seguirá caminando el territorio, pero pide garantías antes de que el país tenga que lamentar otra tragedia anunciada.
La Dirección General Marítima (DIMAR), a través del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe (CIOH), informó que el oleaje y la intensidad del viento en el sector insular del archipiélago de San Andrés, Providencia, Santa Catalina e Islas Cayos del Norte, han aumentado considerablemente, debido a la incidencia de un frente frío que se aproxima desde el Golfo de México.Autoridades reportan que los vientos han alcanzado velocidades entre 16 y 24 nudos, es decir, entre 30 a 44 kilómetros por hora, mientras que las olas han superado los 3 metros. Aunque este panorama se presenta desde el martes, se espera que hacia la tarde de este miércoles 25 de febrero empiecen a mejorar las condiciones de forma gradual.“Debido a la influencia del frente frío sobre el Caribe, se presentan condiciones meteorológicas adversas con aumento del oleaje y variaciones importantes en la intensidad y dirección del viento. Frente a estas condiciones se han impuesto restricciones temporales para las actividades marítimas negativas y la operación de embarcaciones menores en zonas expuestas como medida preventiva para proteger la vida humana en el mar”, puntualizó el teniente de Navío, Jorge Arteaga Cabrera, Jefe de Marina Mercante de la Capitanía de Puerto de San Andrés.Las autoridades recomiendan seguir las directrices oficiales y consultar la actualización de las condiciones meteomarinas a través del sitio web oficial de Dimar.
Desde Barranquilla, líderes del partido Centro Democrático se reunieron en las oficinas del senador Carlos Meisel donde siguieron de cerca la lectura del fallo de la jueza Sandra Heredia, quien confirmó que quedó acreditado que el expresidente Álvaro Uribe cometió el delito de soborno en actuación penal, al igual que el delito de fraude procesal, mientras que fue absuelto por el delito de soborno simple.Frete a lo dicho por la juez, el senador Meisel indicó que están plenamente convencidos de la inocencia del expresidente Álvaro Uribe y que esta no es la última palabra, pues acudirán a todas las instancias legales para revertir la decisión.“Apelaremos y su defensa lo hará haciendo uso de los instrumentos legales y lo haremos frente al Tribunal Superior de Bogotá y si se necesita frente a la sala de casación de la Corte Suprema de Justicia”, expresó.Insistió en que están convencidos en que se cometieron varias irregularidades en el proceso que hoy llevan a estas condenas.“Estamos convencidos que aquí se cometieron varias irregularidades, interceptaciones más de 20.000 por parte de la corte, cuando se dieron cuenta que no era Uribe, insistieron”, dijo el senador.
Sin acceso a combustibles ni alimentos, y sin poder movilizarse entre una población y otra, se encuentran los habitantes de cinco corregimientos de Santa Rosa del Sur, en el sur de Bolívar, en medio de una escalada violenta del ELN y las Clan del Golfo en esta zona.Desde hace más de diez días, estos dos grupos armados, que se disputan el control territorial en el sur de Bolívar, controlan dos de las vías de acceso a los corregimientos de Canelos, Villaflor, Buenavista, San Juan Río Grande y La Marizosa, impidiendo, por un lado, el transporte de combustible y, por el otro, el ingreso de alimentos y víveres a estas comunidades.El secretario de Seguridad de Bolívar, Manuel Berrío, alertó que son más de 5.000 personas confinadas en este momento y que podrían desencadenarse nuevos desplazamientos masivos en la zona.“En el sur de Bolívar tenemos tres focos de enfrentamiento: Montecristo, Arenal y Cantagallo. Pero la situación que está desbordando toda la atención departamental es la que vive el corregimiento de La Marizosa, al sur del departamento de Bolívar, en el municipio de Santa Rosa, donde llevan más de 12 días sin contar con abastecimiento de víveres, combustible ni nada. Las estructuras armadas, tanto el ELN como el Clan del Golfo, han dado la instrucción de que nada suba hacia La Marizosa y los pueblos vecinos”, explicó.A su vez, el funcionario señaló que una de las principales alertas es que la comunidad podría tomar acciones por su cuenta.“Esto podría generar un desplazamiento de aproximadamente 5.000 personas en los próximos días hacia la cabecera municipal de Santa Rosa del Sur. Lo difícil ahora es que estamos recibiendo información de que la comunidad tiene la intención de hacerle frente por sí misma a las estructuras armadas, lo que podría poner en riesgo la vida de estas personas que buscan defender sus derechos”, dijo.Líder social continúa secuestradoEntretanto, este lunes 28 de julio se completan seis días del secuestro del líder social y agrominero Luis Eduardo Bohórquez, quien fue sacado de su vivienda por un grupo de hombres armados.Bohórquez, quien es el presidente de la JAC de La Marizosa, estaría en poder del ELN: “Sigue en cautiverio. Lo último que sabemos, por información de inteligencia militar, es que le han comprado medicamentos. Está en poder del ELN y, al parecer, está siendo sometido a un juicio. Él sigue con vida, goza de salud porque le están suministrando medicamentos, pero no tenemos conocimiento de su paradero exacto”, detalló el secretario de Seguridad.En la ciudad de Cartagena se llevará a cabo en las próximas horas un consejo extraordinario de seguridad para revisar la situación de orden público en el sur de Bolívar.
Luego de que Barranquilla y los municipios del área metropolitana vivieran unos días de relativa calma al no registrar homicidios durante jueves, viernes y sábado, la violencia volvió a ser noticia este domingo al registrarse al menos siete ataques sicariales cometidos en menos de seis horas, lo que dejó seis muertos y tres heridos.La escalada de crímenes arrancó hacia las 3:00 de la tarde y terminó sobre las nueve de la noche. El primero de estos se produjo en el barrio San Roque, donde fue asesinado Cristian Armando Vásquez Torres, quien ocasionalmente solía dedicarse a reciclar en el sector. Entre otras de las víctimas se encuentra un domiciliario, quien recibió tres disparos en medio de un hurto. Entre las víctimas de sicariato se cuenta a un menor de 17 años, cuya muerte se registró en el barrio Bella Arena. Este tenía una anotación judicial por porte de estupefacientes y, al parecer, trabajaba para alias ‘El Hippie’, integrante de Los Costeños, lo anterior, según información que registra la Policía Metropolitana de Barranquilla.El cuarto atentado sicarial se presentó en el barrio Las Malvinas, donde Álvaro José de la Rosa, quien fue atacado por hombres que le dispararon tras movilizarse en una moto por el sector. Este registraba tres anotaciones judiciales y, al parecer, estaba en condición de calle.Otro ataque se registró en una cancha de futbol de Malambo, donde sujetos armados abrieron fuego contra varias personas que estaban compartiendo mientras jugaban dominó. Este hecho dejó como víctima fatal a Isaac Rivera Palacio. El último caso por reportar se presentó en Sabanalarga, donde un hombre fue víctima de un ataque sicarial mientras se encontraba departiendo con amistades en medio de una fiesta.
La racha de asesinatos que se dio en el Atlántico este domingo cobró la vida de seis personas en diferentes lugares del área metropolitana de Barranquilla y del municipio de Sabanalarga, donde de nuevo sonaron las balas después de varios días de aparente calma.Uno de los crímenes ocurridos tuvo lugar en el barrio San Felipe, del suroccidente de Barranquilla, donde a tiros acabaron con la vida del domiciliario José Alberto Escalona Erazo, a quien le tendieron una trampa con la intención de robarle la motocicleta en la que trabaja.Según la información que entregó la pareja de la víctima a las autoridades, y cuyo testimonio reposa en el informe preliminar de la Policía, Escalona fue contactado por medio de una plataforma digital para llevar un supuesto domicilio la tarde del pasado domingo, pero, al llegar al sitio donde lo citaron, dos hombres lo abordaron, le robaron sus pertenencias y, al parecer para arrebatarle también su motocicleta, le dieron varios disparos.Era contador públicoLa víctima, quien murió tras ser impactado en la cabeza y en uno de sus brazos, era contador público de profesión y recientemente había empezado a trabajar como domiciliario a través de aplicaciones móviles, como una forma de ganarse la vida tras quedar desempleado.Otro de los crímenes que se destaca recientemente es el asesinato de Savier Enrique Catalán Martínez, un adolescente de 17 años conocido como alias ‘El Mazorquita’, al que le dispararon en la cabeza y en el pecho durante un atentado ocurrido en el barrio Bella Arena, sur de Barranquilla.De esta víctima, la Policía informó que registraba una anotación por porte de estupefacientes y, al parecer, trabajaba para alias ‘El Jipi’, integrante de la organización delincuencial ‘Los Costeños’.
Son inquietantes las imágenes que se han hecho virales por las redes sociales en las que un avión de Satena, cuyas matrículas son HK-4806, tiene que luchar contra los fuertes vientos que azotan la isla de Providencia esta semana para poder aterrizar, en medio de un nuevo frente frío que llega hasta el Caribe. Los pilotos necesitaron tres intentos para poder descender con todas las medidas de seguridad hacia la pista de aterrizaje, aunque el miedo abordó a los varios pasajeros, quienes indicaron que lo que pronosticaban como un viaje de solo 17 minutos terminó siendo un susto que duró más de media hora. Blu Radio pudo conocer el testimonio de Jeimy De Ávila Watson, una de las pasajeras que estuvo en ese vuelo junto con su hijo de solo 11 años, describiendo ambos que es la primera vez que pasan por algo similar. “Unos no hablaban y otros estaban desesperados, pero afortunadamente aterrizamos bien. Gracias a Dios. Hay personas que les ha tocado devolverse a San Andrés, el avión le ha tocado devolverse con pasajeros. La verdad, el día está un poquito gris, espero que los de hoy no vivan esa experiencia porque no se la recomiendo a nadie Uno está allá arriba y no sabe qué va a pasar”, fueron sus primeras palabras. Recordó Jeimy que durante mucho tiempo ha escuchado las experiencias de otro, pero en esta ocasión le tocó vivirlas en carne propia.“Hace un mes se cayó un avión de Satena, hace como 15 días a otro le tocó volver a San Andrés por cuestiones vientos, son pensamientos negativos lo invaden a uno. Dan miedo, comienza entonces a pedirle a Dios que guíe a los pilotos, que lleguemos sanos y salvos. Él es grande y nos dio fortaleza. Después del tercer intento, aterrizamos”, dijo.“El piloto se comunicó desde cabina y dijo que era el último intento. Si no se lograba aterrizar, nos devolvemos para San Andrés. Gracias a Dios por la tripulación, la azafata fue muy amable. Nos tranquilizó y dijo que estaba atenta a cualquier cosa”, agregó.Al mismo tiempo, contó que su hijo vivió el momento con mucho más miedo, le palpitaba el corazón bastante fuerte, aunque pudo calmarlo conforme pasaban los minutos.Vea el video aquí:
Dos jóvenes con apariencia de ser menores de edad serían los autores del asesinado de un trabajador de la empresa Cootransoriente registrado la mañana de este miércoles. La víctima es Rafael Ángel Osorio Peralta.El hombre fue atacado cuando se encontraba en su puesto de trabajo en la carrera 38 con calle 38, barrio San Roque de Barranquilla, despachando los buses que cubren los municipios ubicados sobre la vía Oriental.Testigos afirman que el sicario y su cómplice se le acercó caminando al trabajador y le propinó un solo disparo que lo impactó en el cuello. Mal herido, Osorio fue subido a un bicitaxi y llevado de urgencias al Hospital Barranquilla, ubicado a solo unas cuadras, sin embargo poco después se produjo su deceso.El atentado perpetrado en una zona donde opera una terminal de buses que viajan hacia municipios del centro y sur del Atlántico, generó zozobra entre el gremio transportador, pues no se descarta que este hecho pueda estar relacionado con cobro de extorsiones a las empresas de buses.Aunque la Policía y la empresa Cootransoriente aún no han emitido ningún pronunciamiento sobre el reciente ataque, este hecho trae a la luz otro atentado cometido contra funcionarios de la empresa transportadora.En el año 2023 sicarios asesinaron de varios disparos al entonces gerente de la compañía Jorge Meriño Mercado. En el mismo atentado perpetrado a las afueras de la empresa Cootransoriente, en el municipio de Santo Tomás, resultó herido Omar Almanza Martínez, presidente de la junta directiva de la compañía.En su momento el comandante de la Policía del Atlántico informó que el gerente de Cootransoriente, una de las empresas de buses intermunicipales más grande del Atlántico, había denunciado extorsiones, pero por recomendación de los abogados, desistieron de la investigación.El alto oficial reveló que el transportador había recibido un panfleto amenazante en días pasados.
En video quedó registrada la fuerte molestia que se generó entre los asistentes que no lograron ingresar al evento de instalación de la II Conferencia Internacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural (ICARRD+20), que se realiza en el Centro de Convenciones de la ciudad de Cartagena.Entre gritos y discusiones, los asistentes a los que no les dieron acceso ni siquiera a los pasillos contiguos al auditorio Getsemaní reclamaron que no pudieron estar presente en el evento que era presidido por el presidente Gustavo Petro en compañía de sus ministros y delegaciones de más de 50 países.“Para qué nos invitaron sino nos dejan entrar”, se escuchaba a las afueras del auditorio, mientras integrantes de la organización del evento intentaban explicar que se trataban de determinaciones de la seguridad presidencial y el cumplimiento del aforo en el lugar.En las imágenes también se observa como algunos asistentes criticaron que no se dispusiera de un espacio con más capacidad.“Siempre van a decir que la culpa es de la Casa Militar. La culpa es del Ministerio de Agricultura , para qué registraron tanta gente, para qué registraron más gente de la que podían recibir”.Entretanto, Jaime Alberto Arias, integrante del Comité de Reforma Agraria del Valle del Cauca, cuestionó la logística del evento, que asegura, habría dejado por fuera, incluso a representantes de delegaciones internacionales.“Pues yo creo que en esta en esta logística tuvo que ver mucho la seguridad, y nos dejaron por fuera, pero no es justo porque están quedando no sólo representantes de los territorios de Colombia, de los corregimientos y municipios y departamentos, sino delegados internacionales, entonces me preocupa esa situación porque no tuvieron en cuenta delegados que estaban haciendo otro evento con nosotros muy importante”, dijo en declaraciones a medios de comunicación.A su vez, el representante de Valle del Cauca pidió que se tengan en cuenta todos estos aspectos para el desarrollo del evento internacional que apenas empieza.“La verdad vemos como una falta de logística, una falta de organización, porque nosotros tenemos la escalapera, o sea, estamos invitados, estamos contados dentro de todos los que íbamos a estar dentro del evento”, sostuvo.Colombia es desde este martes y hasta el 28 de febrero, anfitriona de la II Conferencia Internacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural ICARRD+20, un foro global que cuenta con el respaldo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la agricultura (FAO).
Bajo alerta naranja emitida por el Ideam se encuentra todo el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, debido a la llegada de un nuevo frente frío que está provocando vientos de hasta 45 km/h y olas en el mar que alcanzan entre los 2.3 y 3 metros de altura.Dadas las condiciones climáticas, la Gobernación y la Armada Nacional están haciendo recorridos por todas las islas para advertir a bañistas y operadores turísticos sobre este fenómeno, prepararlos ante el azote de los fuertes vientos y el mar de leva, y actuar a tiempo frente a cualquier emergencia.Como parte de las estrategias para enfrentar estos embates del clima, las autoridades también están haciendo una evaluación de los refugios existentes en el archipiélago para constatar que sean seguros y estén en condiciones de habitabilidad para alojar a personas que así lo requieran.Así lo informó la ingeniera Luisa Acevedo, del Área de Reducción del Riesgo de San Andrés, quien explicó que la idea es prepararse de cara a la próxima temporada de huracanes."Estamos realizando la visita de inspección de los refugios oficiales departamentales que se encuentran en la isla de San Andrés, para ver cuál es su nivel, su condición en los aspectos estructurales y de servicios para la futura temporada huracanes que inicia a partir del mes de junio", manifestó.Por lo pronto, la autoridad marítima también hace campañas de prevención en los muelles de embarque a turistas y residentes para que estén alerta ante el frente frío.
Controles más estrictos, en los que inclusive prime la revisión de antecedentes judiciales, es lo que están exigiendo los taxistas en Barranquilla para aquellos conductores que deseen sumarse al gremio.Jorge Guerrero, presidente de Sinchotaxis, asegura que las autoridades deben ser más exigentes a la hora de otorgar permisos para conducir vehículos de servicio público, pues ello evitaría que delincuentes se valgan de dicho medio de transporte para atrapar víctimas, robarlas, drogarlas y someterlas a todo tipo de vejámenes.Insiste en que la licencia de conducción, aun cuando tenga la categoría correspondiente, no basta para obtener pase libre para conducir taxi."Debido a este caso ocurrido en Bogotá con la joven Diana Ospina y a muchas otras situaciones que han pasado, exigimos que cambien las reglas de juego para la contratación o expedición de tarjetón para un nuevo taxista, que los antecedentes se exijan y que el taxista no reciba el tarjetón inmediatamente, sino a los dos, tres o cuatro días, cuando se verifiquen los antecedentes de esta persona", sugirió Guerrero. "No es mentira, el gremio del taxismo está permeado por la delincuencia", sostuvo.Al respecto, Gustavo Santos, subdirector de transporte del Área Metropolitana de Barranquilla, aseguró que esta entidad “ejerce inspección, vigilancia y control para que estos vehículos porten los documentos que sustente la operación”. Agregó, no obstante, que las empresas también deben valorar los antecedentes de los conductores."Las empresas de transporte público individual también tienen sus propias competencias, como es la expedición de la tarjeta de control, lo que comúnmente conocemos como el tarjetón, y vincular a los vehículos, los propietarios y sus conductores para el ejercicio de esta actividad, debiendo verificar los antecedentes de cada uno de ellos", dijo.
Una condena de más de tres décadas y una orden de captura vigente, pero sin rastro de la mujer; esa es la denuncia que está haciendo Edwin Guerrero Sánchez, padre del bebé de 15 meses que murió en el mar en el sector de Buritaca, en Santa Marta, en un caso que estremeció al país en 2022.La enfermera Yenny Alexandra Higuera Casallas fue sentenciada a 36 años y 8 meses de prisión por homicidio agravado, luego de que un juez concluyera que la muerte del menor no correspondió a un accidente. Sin embargo, pese al fallo y a la orden para hacer efectiva la captura, la mujer hoy no está en la cárcel.“Voy a la Policía y no dicen nada… simplemente no se han molestado en buscarla. Es muy injusto”, aseguró el padre, quien insiste en que la condenada estaría con su familia y que no ve avances reales para que la sentencia se cumpla.De acuerdo con lo que se ha conocido del caso, Higuera había recuperado la libertad en junio de 2024 por vencimiento de términos, en medio de retrasos del proceso. Desde entonces, su paradero no es claro públicamente y el padre del menor afirma que no hay operativos visibles para ubicarla.Para Guerrero Sánchez, el fallo judicial terminó siendo una victoria incompleta: una sentencia contundente, pero sin consecuencias inmediatas. “No puedo pasar la página porque la persona que mató a mi hijo sigue viviendo normal”, afirmó.El padre también cuestiona lo que considera una respuesta institucional insuficiente para ejecutar la captura y sostiene que el dolor permanece abierto mientras no se materialice la condena. Hasta el momento, no se conoce un pronunciamiento oficial reciente de las autoridades sobre avances en la búsqueda o sobre operativos para dar con el paradero de Yenny Alexandra Higuera Casallas.