En zona rural de Tuluá, fue hallado el cuerpo sin vida de un hombre que se encontraba desaparecido desde diciembre de 2025. La familia de la víctima había denunciado su desaparición ante las autoridades, quienes desde un inicio manejaron la hipótesis de un posible secuestro atribuido a grupos armados al margen de la ley que operan en la región.De acuerdo con el reporte preliminar, el cuerpo presentaba múltiples heridas causadas por arma de fuego. Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer los responsables de este crimen y esclarecer las circunstancias en las que se produjo el homicidio."Su familia había denunciado su desaparición desde diciembre , el Gaula tomo el caso pero desafortunadamente el cuerpo de la victima fue encontrado sin vida en zona rural con impactos de arma de fuego, estamos investigando quienes están detrás de estos hechos" dijo la general Sandra Liliana Rodríguez, comandante Policía Valle. Una de las primeras líneas de investigación apunta a la posible participación del frente 57, estructura armada que delinque en esta zona del centro del Valle del Cauca.La víctima era un comerciante con varios años de trayectoria en el sector agrícola. Según las indagaciones preliminares, habría sido objeto de extorsiones, una hipótesis que también es materia de análisis por parte de las autoridades judiciales.
Los habitantes de diferentes municipios del Valle del Cauca como Buenaventura, y del departamento de Córdoba, golpeados por las fuertes lluvias, necesitan de la ayuda de todos. Por eso, la Gobernación del Valle del Cauca y el Banco de Alimentos se unen en un llamado a la solidaridad con la recolección de ayudas.“En estos momentos difíciles que viven los habitantes del Departamento de Córdoba y del municipio de Buenaventura a causa de las fuertes lluvias, quiero llamar a la ciudadanía, a las empresas, a las organizaciones sociales, a las instituciones para que nos unamos en un gesto de apoyo y generosidad con estas personas. Estamos solicitando ayudas que las puedan llevar y entregar en Telepacífico y el Banco de Alimentos”, indicó la gobernadora Dilian Francisca Toro.Las donaciones se pueden realizar hasta el domingo 15 de febrero en la plazoleta de Telepacífico y en el Banco de Alimentos de Cali, ubicado en la Calle 24 #6-103, en el barrio San Nicolás, en el horario de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.La recolección de alimentos no perecederos será de gran ayuda para las familias afectadas.“A las familias afectadas nuestra solidaridad, quiero decirles: ¡no están solas!, vamos a estar desde el Valle del Cauca, siempre acompañándolos, trabajando duro para superar esta emergencia con solidaridad y compromiso”, concluyó la mandataria.
El Centro de Gestión de Emergencias y Seguridad (CGES), que hoy vigila en tiempo real 29 municipios del Valle del Cauca, recibirá cerca de $120.000 millones para ampliar su cobertura a los 42 municipios del departamento. La gobernadora Dilian Francisca Toro informó que $50.000 millones se invertirán en mejorar las comunicaciones y $69.000 millones en más cámaras inteligentes y arcos de seguridad en puntos clave.“Cambiar toda la red de comunicaciones, tanto de Cali como del departamento del Valle del Cauca, para que de esa manera también seamos mucho más efectivos, la Policía sea mucho más efectiva en todo su trabajo, nos cuesta $50.000 millones. Además, son $69.000 millones que vamos a invertir en todo lo que es videovigilancia, cámaras de seguridad inteligentes, 29 arcos de seguridad que vamos a tener en todas las entradas a los municipios, sobre todo Cali, Buenaventura, el corredor de Buenaventura, Jamundí, y en todos los corredores seguros que tenemos en el Valle del Cauca”, indicó la gobernadora Dilian Francisca Toro.Así como el CGES, las ‘Megatomas’ realizadas por la Fuerza Pública con apoyo del Gobierno departamental en Buenaventura, Palmira y Tuluá, y las que se llevarán a cabo en Buga, Cartago y Roldanillo, también son posibles gracias a la tasa de seguridad, a través de la cual también se harán inversiones por 120.000 millones de pesos para cambiar la red de comunicaciones de la Policía y fortalecer la videovigilancia en el Valle.Los sistemas antidrones con los que ya cuenta el Ejército, Policía y próximamente la Armada, así como un geolocalizador con el que será dotado el Gaula del Ejército para combatir delitos como el secuestro y la extorsión, también son obtenidos con recursos de la tasa de seguridad pagada por los vallecaucanos y que el Gobierno departamental administra para fortalecer las capacidades de la fuerza pública y garantizar la tranquilidad de la población.
Las intensas lluvias de las últimas horas han ocasionado emergencias en diferentes municipios del Valle del Cauca, especialmente en Caicedonia, Tuluá, San Pedro y El Cerrito.Juan Felipe Jiménez, director seccional de la Defensa Civil en el Valle, aseguró que equipos de los organismos de socorro adelantan las atenciones debido a inundaciones en vías y viviendas.“En este momento, la Defensa Civil Colombiana, a través de la Seccional Valle, se encuentra atendiendo varios incidentes a lo largo del departamento, producto de las intensas lluvias que se presentaron en el día de hoy. Desde la Defensa Civil ratificamos nuestro compromiso con el Valle del Cauca y el alistamiento total de nuestros voluntarios, de todas las juntas del departamento, para que estén pendientes de la comunidad y podamos brindar tranquilidad”, dijo Jiménez.Sin embargo, las autoridades reiteraron el llamado para que la comunidad esté atenta a los cambios que puedan presentar algunos afluentes, ya que las lluvias continuarán durante todo el fin de semana.“Nuestros voluntarios se encuentran atendiendo estos requerimientos de la mano del Sistema Departamental de Gestión del Riesgo. El Ideam nos ha notificado sobre la posibilidad de alertas importantes por lluvias fuertes a lo largo del día, e incluso para mañana se esperan condiciones similares”, señaló el funcionario.Las precipitaciones registradas en los últimos días en el departamento han ocasionado la muerte de 11 personas, que en la mayoría de los casos habrían sido arrastradas por crecientes de ríos, además de afectar a miles de familias, especialmente en zonas rurales como Buenaventura.
Las fuertes lluvias que no dan tregua en Santander mantienen en alerta máxima a las autoridades y comunidades; inundaciones, tormentas eléctricas, deslizamientos y el desbordamiento de ríos han provocado emergencias en distintas zonas del departamento, dejando hasta el momento más de 500 personas damnificadas.Ante la magnitud de las afectaciones, 18 municipios declararon la calamidad pública para agilizar la atención humanitaria, habilitar albergues temporales y gestionar recursos para la recuperación de las zonas impactadas.Entre los territorios más golpeados se encuentran Lebrija, Sabana de Torres, Rionegro, El Playón, Confines, Cimitarra, Charalá, Carcasí, Coromoro, Molagavita, Puerto Parra y San Joaquín, donde se reportan viviendas anegadas, cultivos perdidos y vías bloqueadas por caída de rocas y derrumbes.Las emergencias también han dejado incomunicadas varias veredas y corregimientos debido al colapso de carreteras secundarias y terciarias, lo que dificulta el ingreso de ayudas.Desde la Oficina de Gestión del Riesgo departamental, su director, Eduard Sánchez, advirtió que las precipitaciones continuarán en los próximos días y reiteró el llamado a las comunidades ribereñas a evitar actividades cerca de los ríos ante el riesgo de crecientes súbitas.“Nos mantenemos acompañando a las comunidades. Las lluvias persisten y las inundaciones representan un peligro constante para las familias. Hay monitoreo del afluente en los principales ríos, sobre todo del río Lebrija, que es el que ha dejado un sinnúmero de afectaciones en el municipio que lleva su mismo nombre y en otros aledaños”, señaló el funcionario.De igual manera, hizo un llamado a la solidaridad para donar elementos no perecederos, colchonetas, frazadas y demás kits de aseo para poder suplir las necesidades de las familias damnificadas.Mientras tanto, decenas de personas permanecen en albergues temporales a la espera de ayudas humanitarias, en medio de una temporada invernal que ya es considerada una de las más fuertes de los últimos años en el departamento.
El Gobierno colombiano informó que, por ahora, no está técnicamente justificada la emisión de un llamamiento internacional por la emergencia derivada de las inundaciones y el frente frío que afectan varias regiones del país.La Cancillería explicó que este mecanismo no es político ni declarativo, sino un instrumento técnico que solo se activa cuando las capacidades nacionales han sido materialmente superadas.“El llamamiento internacional es un instrumento técnico, subsidiario y excepcional que procede únicamente cuando las capacidades nacionales han sido superadas”, señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores.El Ministerio también indicó que mantiene coordinación permanente con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y con la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA), con disposición para activar mecanismos internacionales si la situación se agrava y existe recomendación técnica formal.En paralelo, el Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo recomendó la declaratoria de emergencia económica, social y ecológica, medida adoptada por el presidente de la República por 30 días, para agilizar recursos y fortalecer la respuesta institucional frente a los impactos sociales, económicos y ambientales.Desde la UNGRD reiteraron que el Estado mantiene capacidad operativa suficiente para atender la emergencia en sus fases actuales. “No se evidencia que la emergencia haya superado las capacidades operativas y funcionales del Estado para la fase de respuesta inmediata”, indicó la entidad.El Gobierno reiteró que mantiene seguimiento permanente a la evolución de la situación y que, de presentarse un desbordamiento de capacidades, se activarán los mecanismos de cooperación internacional previstos en la normativa vigente.
El reciente asesinato de dos policías en pleno casco urbano del municipio de Anorí nuevamente encendió las alarmas sobre la situación de seguridad en esta localidad que sigue sin solucionarse pese a los diagnósticos y medidas anunciadas incluso por el mismo ministro de Defensa.Uno de los asuntos que genera mayor preocupación tiene que ver con lo que el secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Eduardo Martínez, ha denominado como un contexto de “anarquía” donde los grupos armados, especialmente el frente 36 de de las disidencias de las Farc, tiene un gran poder de injerencia en casi todas las dinámicas de la población."Allá no se puede llamar la atención a nadie porque parqueó una moto mal, porque parqueó un vehículo mal. Allá no se puede imponer un comparendo, porque ahí mismo están amenazando con integrantes del Frente 36", aseguró Martínez.El funcionario detalló que menores de edad estarían siendo cooptados por el grupo armado para alertar sobre movimientos de la Fuerza Pública. Armas y dinero estarían siendo las ofertas con las que los ilegales seducen a este segmento de la población."Por eso hablo de anarquía en el las familias, muchas familias, sin estigmatizar de este municipio, tienen hijos, sobrinos, nietos y integrantes del Frente 36", manifestó el secretario.Al tiempo que se espera un refuerzo en la presencia de la Fuerza Pública en esta localidad del Nordeste del departamento, avanzan estrategias con un equipo especial para contrarrestar el reclutamiento de menores de edad, sobre el cual también las autoridades advierten sobre un alto subregistro.
Las pérdidas de enseres en las viviendas, cultivos y vías siguen generando preocupación en el Urabá antioqueño durante la crisis causada por las lluvias, emergencia que ya completa dos semanas y en el que las autoridades del orden departamental han ido adelantando acciones, tras la declaratoria de calamidad pública.Mientras que se avanza en la solución vial para los municipios de San Juan de Urabá y Arboletes, incomunicados por el colapso parcial de dos puentes en el que Antioquia pondrá los cimientos mientras que la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo envía los elementos por Montería, el gobernador Andrés Julián Rendón aseguró que se requiere una buena cantidad de recursos para habilitar de nuevo esta vía principal, así como vías secundarias y terciarias que también se vieron afectadas por las precipitaciones."Secretaría de Infraestructura nos mostró un plan de cómo poder hacer transitable de manera inmediata las vías, no solamente esta, primaria, que tienen comunicado a San Juan y Arboletes desde Medellín y también desde Montería, sino también las vías secundarias y las vías terciarias demandan una inversión por más de 22.000 millones de pesos", indicó Rendón.El mandatario destacó que ahora la atención se centra en otros aspectos, tras la entrega de más de 16 mil ayudas humanitarias en 10 municipios del Urabá (86,8% de ellas), además del Bajo Cauca y Suroeste; y de que miles de cultivos resultaran afectados."Una vez se protegió a la gente, una vez se le llegó con las ayudas en el tiempo requerido, ya lo que sigue es trabajar en la reconstrucción, la mitigación, que también debe tomar lugar en el tema económico. Hay más de, tal vez, 12.000 hectáreas de distintos cultivos concentrados puntualmente en el plátano que se perdieron, y hacia esos productores también tendremos que llegar", aseguró el gobernador.Otro foco de atención es la salud, destacan las autoridades, pues con la disminución en los niveles de aguas y la falta de medidas de salubridad, los riesgos por brotes de diferentes enfermedades aumentan y en medio de la llegada de miles de vacunas y toldillos, se siguen reportando casos.Según la Secretaría de Salud de Antioquia, ya son 19 los casos de dengue identificados sólo en el municipio de Necoclí. Las zonas inundadas favorecen el brote de dengue porque el agua acumulada genera condiciones ideales para la proliferación de vectores de esta enfermedad. Además, el aumento de la humedad y las temperaturas cálidas prolongan la vida del mosquito transmisor y aceleran su ciclo reproductivo.
En medio de la emergencia por las inundaciones que golpean a varias regiones del país, el Ministerio de Minas y Energía anunció un paquete de medidas excepcionales para aliviar a los usuarios y evitar fallas en el suministro eléctrico en los departamentos incluidos en la declaratoria de emergencia económica, social y ecológica.La primera medida apunta directamente a los hogares más vulnerables: se implementarán tarifas diferenciales de energía para las familias de estratos bajos y zonas especialmente afectadas, con el fin de facilitar el restablecimiento del servicio y reducir el impacto económico de la crisis climática.El ministro Edwin Palma aseguró que el Gobierno busca movilizar recursos de manera urgente para enfrentar la situación. “Esta región caribeña sufre una tragedia y hemos tenido que declarar nuevamente una emergencia para adoptar medidas excepcionales y proteger a tantos damnificados”, señaló.En segundo lugar, el Ministerio exigirá a las empresas de energía reponer rápidamente la infraestructura dañada por las inundaciones, a través de esquemas especiales de inversión para la recuperación de redes eléctricas, con estándares de mayor resiliencia frente a eventos climáticos extremos.Además, se pondrá en marcha un esquema de viabilidad financiera para aliviar las cargas económicas de las compañías del sector, con el objetivo de evitar interrupciones en el servicio en medio de la caída de la actividad económica regional.Las medidas tienen el objetivo de mitigar los impactos y las afectaciones por las lluvias en Córdoba, departamento más afectado por la ola invernal, y en siete regiones más. El Ministerio de Minas resaltó el nuevo decreto de emergencia económica, al que se suman estas nuevas medidas.
Fue presentado el nuevo sistema de vigilancia y seguridad que, de ahora en adelante, se usará en varios de los municipios del departamento del Valle para reducir los índices de criminalidad, especialmente hurtos y homicidios.Se trata de un sistema aéreo remotamente tripulado, conformado por cuatro drones que les permitirá a las autoridades, en tiempo real, conocer cuándo se esté cometiendo un delito. Los drones serán operados por pilotos certificados por la Aerocivil, garantizando seguridad, precisión y capacidad de respuesta.“Estamos iniciando nuestro trabajo desde hoy con una Red Aérea de Protección Territorial (RAPTOR), es decir, que es un carro que consta de cuatro drones y que cumple con las siguientes condiciones: la primera, poder tener control territorial, prevenir y disuadir, y una de las más importantes es poder identificar a las personas cuando estén cometiendo un delito”, dijo Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle.Por otro lado, Guillermo Londoño, secretario de Seguridad y Convivencia del Valle, señaló que estos drones cuentan con la última tecnología, con visión infrarroja para operaciones nocturnas y detección de calor, además de localizar personas y objetos que intenten ser ocultados. Los drones estarán conectados con el comando central de la Policía en el Valle.“Lo que transmitan estos drones va a llegar al Centro de Gestión de Emergencias y Seguridad (CGES), que está ubicado en el municipio de Buga, y desde ahí nosotros estamos reforzando todas las capacidades, no solamente operativas, sino civiles y de las diferentes entidades territoriales”, explicó Londoño.Estos drones podrán operar en condiciones climáticas adversas, desplazarse a más de ochenta kilómetros por hora y volar hasta 500 pies de altura.
Los hechos de violencia registrados en Cali, durante los últimos días, continúan generando preocupación entre la ciudadanía. Ocho personas fueron asesinadas en la capital vallecaucana de manera violenta, en diferentes hechos ocurridos en el oriente y centro de la ciudad.Entre las víctimas hay mujeresLos casos que más llaman la atención son aquellos donde las víctimas son mujeres, de 39 y 33 años, quienes fueron asesinadas en sus viviendas, en los barrios Omar Torrijos y Belisario Caicedo. En uno de los casos, uno de los agresores habría sido capturado, según las autoridades."La Policía Judicial se encuentra atendiendo los actos urgentes con la Fiscalía seccional de Cali. Esperamos determinar pronto los motivos asociados a estos homicidios y por supuesto, la máxima prioridad para identificar a los responsables. Recuerden que para esclarecer hechos de homicidios, hay una recompensa hasta de 50 millones de pesos", señaló el secretario de Seguridad de Cali, Jairo García.Le puede interesar: Más de 840 homicidios se han reportado en Cali en los primeros 10 meses del añoEn lo corrido del 2025, se han registrado 884 homicidios en la ciudad situación que sigue generando alerta de cara al mes de diciembre, por esta razón, las acciones preventivas se seguirán adelantando especialmente en el oriente de Cali, teniendo en cuenta que es la zona con mayores índices de violencia según el Observatorio de Seguridad."Tenemos tres acciones contundentes. La primera es desarticular las organizaciones criminales, segundo, todos los días estamos haciendo intervenciones integrales en las comunas con capacidades de Investigación Judicial, Inteligencia y Policía Comunitaria y tecero, intensificar los controles con Movilidad, pues un 60% de los delitos en Cali ocurren a través de la utilización de motocicletas", añadió García.
"Diosito, por favor ayúdanos, ya no más", fueron los gritos desgarradores que se escucharon de varios habitantes del municipio de El Peñol, en Nariño, luego de que integrantes de un grupo armado ilegal atacaran con ráfagas de fusil, granadas de fragmentación y tatucos la estación de Policía de este municipio del noroccidente del departamento.Habitantes de esta población nariñense dijeron a Blu Radio que el ataque comenzó pasadas las 9:30 a. m. de este martes 11 de noviembre, cuando la comunidad escuchó las primeras detonaciones.“Estamos escondidos en las oficinas y otros más en sus casas”, relató uno de los habitantes, mientras al fondo se escuchaban ráfagas de fusil y explosiones de los tatucos lanzados por los subversivos contra la estación de Policía.En su relato, los habitantes aseguran que la confrontación armada se prolongó por más de 30 minutos en pleno casco urbano de este municipio nariñense.“No sabemos si hubo o no personas civiles o agentes de Policía heridos, porque se escucharon varias ráfagas de fusil”, dijo una ama de casa, tras advertir que este es el segundo ataque contra la estación de Policía que se registra en lo corrido del año.En esta misma población, hace unos meses, fue atacado un pelotón del Batallón de Ingenieros que trabajaba en la pavimentación de la vía entre El Peñol y El Tambo, comentó otro habitante de la región.Hasta el momento, las autoridades no han entregado un reporte oficial de lo ocurrido en esta población.
Laura, quien "hoy es mujer. Hoy es lo que siempre fue una mujer", como dice su abogado, se encuentra en el centro de una controversia legal y médica que destapa fallas en el diagnóstico y la intervención de menores con dudas de género en Colombia. Pedro Daniel Contreras, abogado de Laura y su familia, reveló en Mañanas Blu cómo la joven fue transicionada con hormonas y sometida a una cirugía de masculinización, a pesar de las graves comorbilidades psicológicas subyacentes y la ausencia de consentimiento informado por parte de sus padres.Abuso y diagnóstico erróneoLa historia de Laura no comenzó con la disforia, sino con el abuso. Entre los 6 y 8 años, Laura fue abusada por la empleada de servicio de su casa. Ella guardó silencio sobre este trauma hasta los 15 años. Contreras explicó que este episodio se convirtió en el "motivador de la decisión de cambio de género". Laura desarrolló "miedo a convertirse en una mujer, con miedo a ver cómo se desarrollaba su cuerpo femenino".Esta ansiedad se manifestó en episodios de depresión, ansiedad, autolesiones, y problemas con la alimentación. También consumió contenidos en redes sociales, específicamente en YouTube, donde "activistas trans" le sugerían que su cuerpo era incorrecto y debía cambiárselo.Cuando los padres de Laura buscaron ayuda para el abuso y los síntomas, fueron remitidos a un equipo médico en la Clínica Valle de Lili. Este equipo, con el afán de establecer una futura clínica de género para niños, según denuncia el abogado, la diagnosticó con disforia en la primera consulta. El abogado critica que se ignoró el abuso, la depresión, la ansiedad y las autolesiones. Además, el diagnóstico fue apresurado, ya que los médicos deben confirmar que la inconformidad con el cuerpo es "permanente en el tiempo," algo que no se verificó. El equipo médico decidió que "Lo que ella necesita es que le cambien de sexo".Intervención prematura y falta de consentimiento informadoLa intervención fue catalogada como "irresponsable". Laura fue intervenida con testosterona antes de la edad permitida por protocolos médicos. En ese momento, la clínica de género no estaba aprobada, ni el equipo capacitado para transicionar niños.Una de las revelaciones más sorprendentes es la ausencia del consentimiento informado. El abogado Contreras insistió que los padres le aseguraron: "Nosotros nunca firmamos un consentimiento informado. No nos lo dieron". A pesar de la alta reputación de la clínica, la defensa de Laura solicitó el documento tres veces sin éxito. El abogado enfatiza que para un procedimiento tan serio y con efectos "irreversibles," se requiere un consentimiento cualificado, escrito, que detalle los riesgos y los efectos adversos.Consecuencias irreversibles Durante el proceso, la salud mental de Laura nunca mejoró. Si bien ella llegó a Valle de Lili a los 15 años, a los 16 ya mostraba dudas sobre el diagnóstico, manifestando: "yo quiero tener hijos, quiero poder amamantarlos". El equipo médico, ante estas dudas, incluso llegó a usar bloqueadores de pubertad de manera no recomendada.La cirugía de masculinización pectoral (extirpación de los senos) fue realizada cuando Laura ya era mayor de edad (18 años), por fuera de Valle de Lili, pero con una "orden de los médicos". La familia pagó por la cirugía.El arrepentimiento de Laura llegó "después de la cirugía" y nuevamente tuvieron que pagar la reconstrucción del mismo.La transición dejó daños irreversibles. La masculinización pectoral, aunque fue reconstruida estéticamente, no es funcional. Además, el uso de testosterona causó vello facial, requiriendo tratamiento láser, y cambios en la voz y la cara.Escuche aquí la entrevista:
El aeropuerto internacional Alfonso Bonilla Aragón de Palmira, Valle del Cauca, retomó sus operaciones con normalidad, tras un aterrizaje de emergencia registrado en la tarde de este lunes, cuando un avión llegó desde la ciudad de Popayán, tras sufrir un inconveniente en una de sus turbinas.Según información suministrada por la Aeronáutica Civil, el percance se registró en la aeronave HK 4982 de Avianca, la cual salió del aeropuerto Guillermo León Valencia, la cual tuvo que desviarse al Bonilla Aragón luego de impactar con un ave, situación que obligó el aterrizaje de emergencia. A través de las redes sociales, los pasajeros evidenciaron la situación, donde se veía cómo la turbina se incendiaba, por las ventanas del avión, también quedó grabado el aterrizaje por la comunidad vecina al aeropuerto de Palmira.Una vez superada la situación, se confirmó que no hubo afectaciones a los pasajeros ni a la tripulación, que tuvieron que hacer una escala para retomar sus itinerarios. Después de confirmar que no se corría ningún riesgo, las operaciones en el aerpuerto Bonilla Aragón retomaron su normalidad.
La cadena logística en Buenaventura vuelve a encender las alarmas. Aunque actualmente la congestión en las vías está controlada, el verdadero problema persiste dentro de los puertos.Las largas demoras en el cargue y descargue de contenedores que tienen a los transportadores esperando entre 120 y 150 horas en promedio, es decir, cinco o seis días detenidos sin operar.Según denuncian desde la Asociación de Transportadores de Carga (ATC), esta no es una situación reciente. Se trata de una problemática estructural que lleva cerca de tres décadas afectando a los puertos que manejan carga contenerizada de importación y exportación. El panorama es crítico. El camionero llega a Buenaventura, supera bloqueos y dificultades en carretera, pero al ingresar al puerto debe estacionarse a la espera de que le asignen turno para cargar o descargar. Durante ese tiempo no recibe compensación alguna.Las pérdidas son millonarias. Un solo caminero puede dejar de recibir hasta 23 millones de pesos en una semana de inactividad. Si se calcula sobre un promedio de 200 transportadores en la misma situación, las pérdidas semanales superarían los 5.000 millones de pesos.El problema radica en cómo funciona la cadena. Las empresas de transporte de carga contratan a propietarios de tractocamiones para movilizar contenedores por un valor fijo de flete. Sin embargo, cuando las citas no se cumplen o los contenedores no están disponibles, los tiempos de espera se extienden incluso hasta 10 o 15 días. En ese lapso, el conductor debe asumir parqueaderos, alimentación, hospedaje y otros gastos no contemplados inicialmente.“El camionero que está esperando, por la demora de las citas o cuando no reciben en el puerto los contenedores, tiene que pagar una serie de gastos y de costos que no tenían contemplado dentro del primer valor por el cual lo contrataron. ¿Quién responde por esos costos?”, señaló Anderson Quiceno, presidente de la ATC.El llamado al Gobierno es a intervenir de manera estructural, identificar responsables y garantizar el pago justo por los tiempos de espera. Los transportadores piden que el Ministerio de Transporte analice el problema en toda la cadena logística y no solo en navieras o sociedades portuarias. Advierten que mientras no haya una solución integral, los camineros seguirán asumiendo el costo de un sistema que los está afectando sustancialmente.
La crisis del sector salud continúa generando efectos en el Valle del Cauca. Esta vez, los afectados son los habitantes de Guadalajara de Buga y sus corregimientos, tras el anuncio del Hospital San José de Buga, que informó la suspensión temporal de servicios para los usuarios afiliados a EPS Emssanar.A través de un comunicado, la institución señaló que la medida entrará en vigencia a partir del 15 de febrero y obedece a la inviabilidad financiera en la prestación de servicios a dicha EPS. La secretaria de Salud del Valle del Cauca, María Cristina Lesmes, explicó que únicamente se mantendrá la atención en el área de urgencias, y solo en casos que comprometan la vida de los pacientes.“Sigue funcionando urgencias y lo derivado de la urgencia, pero lo ambulatorio que pueda postergarse sin poner en riesgo la vida de las personas se suspenderá. A los usuarios les pedimos paciencia, responsabilidad y un uso racional de los servicios”, señaló la funcionaria.Lesmes también indicó que se adelantan conversaciones con la EPS para buscar una solución que permita restablecer la normalidad en la prestación de los servicios médicos.“En el Valle del Cauca hemos tenido dos episodios graves con Emssanar. Uno de ellos involucra al Hospital San José de Buga. Estamos trabajando con la interventoría regional para encontrar una salida, donde todas las partes tendremos que ceder para evitar la interrupción en la atención a los pacientes”, dijo la secretaria.De acuerdo con las autoridades, la suspensión de servicios impactará a más de 32.000 usuarios de Emssanar en Buga y a más de 42.000 ciudadanos en su zona de influencia.
Momentos de tensión se registraron en la tarde de este viernes en el sector de La Berta, en el corregimiento de La Liberia, zona rural del municipio de Jamundí, Valle del Cauca, debido a una asonada contra tropas del Ejército Nacional. De acuerdo con información preliminar, la comunidad, presuntamente instrumentalizada por las disidencias de las Farc, estaría exigiendo la salida de los militares del territorio.Blu Radio pudo confirmar con la comunidad que, en medio de la situación, varios establecimientos comerciales fueron obligados a cerrar, mientras que a los habitantes que permanecían en el sector se les habría ordenado mantenerse resguardados en sus viviendas. La medida también se habría extendido a sectores aledaños como Villa Colombia, La Cabaña, El Descanso, San Antonio y El Pital.Durante esta semana, la fuerza pública ha venido adelantando operativos en la zona rural de Jamundí con el objetivo de recuperar el control territorial, tras la reciente aparición de vallas y banderas alusivas a las disidencias de las Farc, estructuras vinculadas a alias Iván Mordisco, en corregimientos como San Antonio y San Vicente, hechos que han generado temor entre habitantes y turistas.Cabe recordar que en julio del año pasado también se registró una asonada en los corregimientos de Ampudia y Villa Colombia, en la zona alta de Jamundí. En esa ocasión, cerca de 150 soldados permanecieron retenidos por más de cinco horas.Según reportaron las autoridades en su momento, en los hechos habrían participado aproximadamente 700 personas, presuntamente instrumentalizadas por integrantes del frente Jaime Martínez, quienes exigían a los militares poner fin a la denominada operación “Escudo del Norte”.
La Alcaldía de Cali puso en funcionamiento una nueva Unidad Móvil de Atención en Salud que empezará a operar en la zona de ladera, con el objetivo de acercar servicios médicos a comunidades de difícil acceso.El vehículo fue adquirido a través de un proyecto financiado por la Secretaría de Salud Distrital, con una inversión cercana a los 490 millones de pesos, de los cuales la Red de Salud de Ladera aportó 70 millones.La unidad está dotada con consultorio médico y odontológico, equipos para consulta general, atención dental y jornadas de vacunación. Además, cuenta con planta eléctrica, carpa y una rampa para garantizar el acceso de personas con movilidad reducida.“Con la llegada de esta nueva unidad móvil se fortalece nuestra flota para realizar procedimientos de atención en cualquier punto del territorio, asegurando condiciones adecuadas, calidad en la prestación de los servicios y mayor cobertura para las comunidades que más lo necesitan”, aseguró Diana Carolina Velásquez, gerente de la ESE Ladera.Entre tanto, la IPS Cascajal, en la zona rural de Cali, amplió su capacidad de atención tras un proceso de remodelación. Las obras incluyeron mejoras en infraestructura, dotación médica y adecuaciones complementarias.Con estas intervenciones, las autoridades de salud buscan fortalecer los servicios para cerca de 2.600 habitantes de sectores rurales.