Un fuerte cruce de declaraciones se registró entre el alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, y el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, por la responsabilidad y entrega del tramo del tercer carril entre el puente Puerta del Sol y el puente de Provenza, cuyo sistema de alumbrado público permanece parcialmente apagado y representa un riesgo para los conductores.El alcalde Portilla aseguró que el tramo no era responsabilidad del municipio, sino del departamento, sustentado en el contrato 2738 de 2014, suscrito hace cerca de 11 años con la Gobernación de Santander, cuyo objeto era la ampliación del corredor vial primario Bucaramanga–Floridablanca por un valor aproximado de $146 millones.“Ese tramo estaba bajo custodia del departamento hasta hoy, por eso ya solicité formalmente que nos lo entreguen para poder hacer las reparaciones correspondientes”, afirmó el mandatario local.Según explicó, desde hace seis meses se venía solicitando la entrega del corredor, pero solo tras la presión ejercida por su administración en los primeros 10 días de gobierno se logró que la Gobernación elaborara el acta de entrega del tercer carril.Portilla advirtió que el apagón del corredor representa un riesgo inminente para la seguridad vial.“No podemos seguir generando ese riesgo. Una motocicleta se puede accidentar y luego el municipio termina respondiendo por los daños”.El alcalde aseguró que, si la Secretaría de Infraestructura departamental firma hoy el acta, el municipio podría restablecer completamente el alumbrado a más tardar el 31 de diciembre, en “tiempo récord”.Ante los señalamientos del alcalde, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, sostuvo que la Gobernación ha intentado desde hace más de dos años formalizar la entrega del tercer carril a la administración municipal, pero aseguró que estos asuntos deben resolverse dentro de los canales institucionales y no a través de confrontaciones públicas.“Nosotros estamos entregando; ellos deben recibir. Estos temas se deben tratar en consejos conjuntos con el alcalde, porque generar este tipo de debates innecesarios le hace daño a la institucionalidad”, afirmó.Díaz recordó el episodio de la vacancia absoluta ocurrido en la anterior administración municipal, cuando el entonces alcalde perdió su investidura y el propio gobernador designó como alcalde encargado a Eduard Sánchez, destacando que durante ese periodo no se emitió ninguna alerta sobre el estado del tercer carril.“Cuando se presentó la vacancia absoluta, el gobernador respondió nombrando un alcalde encargado. En ese momento designé a Eduard Sánchez, y durante su gestión no hubo una sola observación ni alerta sobre este tema. Fue un alcalde responsable, que hizo la tarea, ya responden después son los partidos y su terna”, puntualizó el mandatario departamental.
Los trabajadores de la Electrificadora de Santander (ESSA), empresa propiedad del Grupo EPM (Empresas Públicas de Medellín), se declararon en asamblea permanente, luego de varias semanas de negociaciones fallidas entre la directiva de la compañía y los representantes sindicales.Según el sindicato, la empresa no ha mostrado voluntad para llegar a acuerdos que garanticen mejores condiciones laborales a cerca de 3.500 trabajadores, muchos de los cuales prestan sus servicios a la electrificadora pero se encuentran tercerizados. Entre las principales exigencias se destaca la vinculación laboral directa, el respeto a los derechos convencionales y el fin del uso excesivo de empresas contratistas.Carlos Roncancio, asesor legal de los trabajadores del sector eléctrico, explicó que el proceso de negociación colectiva se encuentra estancado.“La filial de EPM se encuentra en negociación colectiva. Son 10 sesiones y vamos en la número 8. Durante estas reuniones, la compañía se ha abstenido de negociar las propuestas presentadas en el pliego de peticiones, lo que constituye una negativa encubierta a negociar”, afirmó. Roncancio señaló que esta situación ha llevado a los trabajadores a recurrir a la asamblea permanente y a contemplar la huelga como un mecanismo legítimo de diálogo.“La empresa hace un uso desmedido de compañías contratistas para desarrollar actividades propias de la electrificadora. Estas personas deberían ser contratadas directamente por la empresa, con contratos a término indefinido. Esta intermediación excesiva debilita la convención colectiva y genera condiciones laborales precarias, afectando el salario y la estabilidad de cientos de trabajadores”, agregó.Los trabajadores reiteraron que su principal petición es que la Electrificadora de Santander cumpla con la contratación directa de este personal y respete los acuerdos colectivos, garantizando condiciones laborales dignas para quienes sostienen la operación del servicio de energía en el departamento.Por ahora, el proceso de diálogo continúa sin avances significativos, mientras la asamblea permanente se mantiene como medida de presión en defensa de los derechos laborales.El asesor legal hizo un llamado a retomar el diálogo, avanzar hacia acuerdos de manera respetuosa y asumir la negociación con seriedad y compromiso.
El desplazamiento forzado en la región del Catatumbo continúa en aumento y mantiene en máxima alerta a Cúcuta. Así lo advirtió Leandro Ugarte, secretario de Víctimas del municipio, al asegurar que la magnitud de la emergencia humanitaria registrada en 2025 no tiene antecedentes en el país.En declaraciones a Mañanas Blu de Blu Radio, Ugarte explicó que el flujo de personas desplazadas ha sido constante desde mediados de enero. “Desde el 17 de enero a la fecha, este desplazamiento ha sido continuo. Del 22 al 29 de diciembre hemos recibido 230 núcleos en Cúcuta. Esto da un total de 580 personas”, precisó el funcionario.El secretario alertó que el incremento sostenido de llegadas ha generado una fuerte presión sobre las finanzas del municipio. Según indicó, Cúcuta ya enfrenta insuficiencia presupuestal para continuar atendiendo a la población desplazada y ha tenido que solicitar apoyo al Gobierno nacional.“Tenemos insuficiencia presupuestal para seguir atendiendo; estamos acudiendo a la Unidad para las Víctimas para iniciar subsidios y que nos apoyen con entregas. El presupuesto es finito y el desplazamiento no ha parado”, señaló Ugarte, al recalcar la gravedad del escenario.Actualmente, la ciudad no ha habilitado albergues temporales para esta población. De acuerdo con el funcionario, todas las familias desplazadas se encuentran en condición de autoalbergue, mientras la administración municipal ha entregado kits de alimentación y aseo como atención inicial.“Las personas que están arribando son básicamente cabeza de núcleo y cuando llegan buscan autoalbergue. El desplazamiento que hemos vivido este año es sin precedentes, el más grande en la historia de Colombia. Pedimos que se convoque una alerta nacional”, concluyó el secretario de Víctimas de Cúcuta.
Con la presencia de Juvenal Díaz Mateus, gobernador de Santander, y los altos mandos de la Policía Nacional, se presentó este martes 30 de diciembre los nuevos elementos humanos y físicos con los que contará la institución para reforzar sus capacidades operativas.“Presentamos un importante fortalecimiento institucional que evidencia el compromiso indeclinable de nuestra Policía con la vida, la tranquilidad y el bienestar de todos los habitantes del territorio. Nos honra presentar a 46 nuevos uniformados, entre ellos dos oficiales en el grado de subteniente, quienes se integran a esta unidad con la firme vocación de servir. Ellos representan una fuerza renovada, formada y comprometida con la protección de la ciudadanía. Su presencia en el territorio potenciará nuestras capacidades preventivas y operativas”, expresó el coronel Néstor Arévalo, comandante del Departamento de Policía de Santander.De acuerdo con las autoridades, el fortalecimiento institucional contó con el apoyo de la Dirección General de la Policía y tuvo una inversión de $2.700 millones. Además de los nuevos uniformados, la institución recibió 9 camionetas y 13 motocicletas de alto cilindraje destinadas a fortalecer las capacidades de las unidades de investigación criminal, inteligencia policial y el trabajo del Gaula.“Estos vehículos se convertirán en herramientas dentro de los procesos de recolección de información y ejecución de operaciones contra estructuras criminales”, acotó el coronel Arévalo.Por su parte, el Gobernador de Santander destacó que “es un día muy importante para la seguridad de la región"."Nosotros tenemos tres ejes importantes: la seguridad multidimensional, la prosperidad y la sostenibilidad. Este año invertimos más de 62 millones de pesos para dotación de la fuerza pública, instalaciones y bienestar para nuestros hombres de la Policía y el Ejército Nacional, y la idea es seguir fortaleciendo las instituciones”.Por último, el comandante del Departamento de Policía de Santander confirmó que durante el presente año la Gobernación y los entes territoriales entregaron 29 vehículos adicionales y 11 motocicletas, con lo cual el parque automotor policial fue reforzado con más de 62 medios de transporte en 2025, los cuales fueron puestos al servicio de la seguridad ciudadana.
Desde la Escuela José Maria Córdova, el presidente Gustavo Petro se refirió al balance de las Fuerzas Militares durante este año. El mandatario aseguró que la guerra se ha modificado y ahora los ataques vienen desde herramientas tecnológicas como el uso de drones, reconoció que la fuerza pública no ha tenido la capacidad para responder.“Ahora ha cambiado la guerra, es una guerra de drones y antidrones. Llevo tres años pidiendo antidrones. Un muerto y diez heridos de la Armada, 36 de la Policía, aquí ajustando, casi 300 heridos y 58 muertos por fuego de drones. Aquí estamos ante la ventaja que tenía el Ejército y las fuerzas militares, que era aérea, ahora es al revés, la tiene el narcotráfico que puede comprar eso en efectivo y por miles y nuestro aparato administrativo no lo hace”, dijo.En respuesta el general Hugo López, comandante de las FFMM, aseguró que este año se destinaron 800.000 millones para adquirir antidrones. “Tenemos más o menos 1.500 equipos por todo el territorio nacional. De acuerdo a la instrucción del presidente, asignó 800.000 al Ejército para este año para que cada pelotón y unidad táctica tenga la capacidad de protegerse. Para el año 2026 hay asignado 1 billón para fortalecer la inteligencia, dron y antidrones”.Cabe mencionar que las finanzas del sector de Defensa se verá afectadas por el aumento del salario mínimo pues el Gobierno prometió pagar este monto a uniformados por lo que los cálculos con los que se hizo el presupuesto para el 2026 no son correctos. El presidente Gustavo Petro pidió una reunión de los ministros de Hacienda y Defensa para evaluar modificaciones y mencionó que utilizaría la emergencia económica para hacer los ajuste
Este lunes, 29 de diciembre de 2025, el sorteo número 457 de MiLoto se llevó a cabo el sorteo del premio mayor, el cual ascendía a una suma de $250 millones de pesos.El resultado oficial, según la información verificada por el operador del juego, confirmó que no hubo ningún jugador que acertara los cinco números, por lo que no hay ganador. Los números ganadores de MiLoto de este lunes fueron: 30 - 34 - 24 - 12 - 08.Cómo se juega MiLotoMiLoto es uno de los juegos de suerte y azar que se ha posicionado en el mercado colombiano, compartiendo espacio con otros juegos tradicionales como Baloto y las loterías regionales.Este tipo de sorteos, autorizados y vigilados por la Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar (Coljuegos), contribuyen significativamente a la financiación del sistema de salud en el país, conforme a la legislación vigente que rige el monopolio rentístico.Con 5 aciertos ganará el premio mayor que iniciará en $120 millones. Si no hay un ganador, el acumulado irá aumentando en cada sorteo.Si no hay ganador del acumulado, las categorías de 4 y 3 aciertos recibirán un porcentaje adicional a su premio.Si tiene 2 aciertos, podrá ganarse $4000 pesos,con el cual podrá hacer una nueva apuesta.
El sorteo 2.598 de Baloto y Revancha, realizado el lunes 29 de diciembre de 2025, no tuvo ganadores del gran acumulado, lo que incrementa la expectativa para el próximo juego del sábado.Resultados del Baloto hoy, lunes 29 de diciembre de 2025: Sorteo 2598Para la modalidad tradicional del Baloto, el acumulado en juego ascendía a $13.800 millones de pesos. Las balotas que rodaron por el sistema arrojaron la siguiente combinación ganadora:Balotas: 21 - 17 - 08 - 36 - 39.Súper Balota: 15.Resultados del Revancha hoy, lunes 29 de diciembre de 2025: Sorteo 2598En la modalidad Revancha, el atractivo era aún mayor, con un acumulado de $11.500 millones de pesos. Los números ganadores fueron:Balotas: 15 - 11 - 42 - 36 - 23.Súper Balota: 08.¿Cuándo es el próximo sorteo del Baloto?El sorteo 2599 de Baloto y Baloto Revancha se llevará a cabo el próximo miércoles, 31 de diciembre.Las autoridades de Baloto invitaron a los participantes a verificar sus tiquetes en los puntos de venta autorizados o en la página oficial para reclamar sus premios a tiempo.
La Lotería del Tolima volvió a convertirse en uno de los sorteos más consultados del país durante la noche del lunes 29 de diciembre de 2025, fecha en la que se realizó el sorteo número 4150, seguido de cerca por miles de apostadores en distintas regiones de Colombia.Este tradicional juego de azar continúa fortaleciendo su posicionamiento gracias a su trayectoria, la confianza que ha construido a lo largo de los años y un atractivo plan de premios que cada semana despierta nuevas expectativas entre los jugadores.Premio Mayor del sorteo 4150El principal ganador de la jornada fue el número 5151 de la serie 183, que se quedó con el Premio Mayor de $3.000 millones, convirtiendo a un nuevo colombiano en millonario y reafirmando la emoción que caracteriza a este histórico sorteo.Premios secos del sorteo 4150Además del premio principal, la Lotería del Tolima entregó una amplia variedad de premios secos, distribuidos en diferentes categorías, lo que incrementa las posibilidades de ganar para los participantes.PREMIO MAYOR – $3.500 MILLONESNúmero: 5151Serie: 183CASA PARA SIEMPRE – $270 MILLONESNúmero: 1069Serie: 159CERO KILÓMETROS – $240 MILLONESNúmero: 9727Serie: 075DULIMA DORADA – $150 MILLONESNúmero: 4828 – Serie: 178Número: 8769 – Serie: 109EL TOP DE LA SUERTE – $60 MILLONESNúmero: 2531 – Serie: 256Número: 6998 – Serie: 076Número: 2475 – Serie: 036EL TREN DE LA FORTUNA – $45 MILLONESNúmero: 7185 – Serie: 024Número: 5652 – Serie: 076Número: 4539 – Serie: 113Número: 1915 – Serie: 221LLUVIA DE ORO – $21 MILLONESNúmero: 0772 – Serie: 208Número: 4028 – Serie: 036Número: 6680 – Serie: 222Número: 8884 – Serie: 058Número: 9457 – Serie: 140Número: 3838 – Serie: 069Número: 1571 – Serie: 275Número: 0142 – Serie: 136Número: 2402 – Serie: 050LA RÁFAGA MILLONARIA – $15 MILLONESNúmero: 7560 – Serie: 262Número: 5126 – Serie: 101Número: 4526 – Serie: 097Número: 1594 – Serie: 000Número: 8828 – Serie: 231Número: 5974 – Serie: 059Número: 3535 – Serie: 141Número: 8921 – Serie: 048Número: 5786 – Serie: 227Número: 3809 – Serie: 174Número: 7158 – Serie: 035Número: 2716 – Serie: 048EL TRAVIESO DEL TOLIMAValor: $1.084.337Número: 9476Serie: 000Cómo cobrar la Lotería del TolimaEl proceso de cobro es seguro y depende del monto obtenido:Premios menores a $5 millonesFirmar el reverso del billete.Presentar copia de la cédula.Premios mayores a $5 millonesPresentar el billete original.Entregar copia de la cédula, RUT, certificación bancaria y el formato de identificación de datos.El pago se realiza exclusivamente mediante transferencia electrónica. Los premios menores o aproximaciones pueden cobrarse directamente con el lotero o en la agencia donde se adquirió el billete, tanto para billetes físicos como digitales, en puntos y oficinas autorizadas.Horario y transmisión del sorteoEl sorteo de la Lotería del Tolima se realiza todos los lunes a las 10:30 p. m. En caso de que el lunes sea festivo, la transmisión se traslada al martes en el mismo horario.Los jugadores pueden seguir el sorteo en vivo a través del canal P&C de Ibagué o por la página oficial de Facebook, donde cada semana miles de personas consultan los resultados oficiales.
La Lotería de Cundinamarca volvió a posicionarse entre los juegos de azar más seguidos del país durante la noche del lunes 29 de diciembre de 2025, jornada en la que se realizó el sorteo número 4782. Como ocurre cada semana, miles de jugadores estuvieron atentos a la publicación de los resultados oficiales, impulsados por un atractivo plan de premios que distribuyó ganancias en diferentes regiones de Colombia.La constancia de sus sorteos y la variedad de categorías premiadas han convertido a este juego en uno de los más consultados, especialmente en las noches de lunes, cuando se renueva la expectativa por conocer los números ganadores.Premio mayor de la Lotería de CundinamarcaEl número ganador del premio mayor de la Lotería de Cundinamarca de este lunes, 29 de diciembre de 2025 es el 4483 de la serie 178. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $6.000 millones!Premios secos – Resultados completosAdemás del premio principal, el sorteo incluyó una amplia lista de premios secos, una de las secciones más esperadas por la cantidad de oportunidades de ganar.Premio MayorPremio Mayor – $6.000 millonesNúmero: 4483Serie: 178Premios EspecialesTunjo de Oro – $300 millonesNúmero: 6254Serie: 086Guaca Secreta – $100 millonesNúmero: 3078Serie: 18832 Tesoros de $6 millones5053 – Serie: 0462358 – Serie: 1523512 – Serie: 2229017 – Serie: 1322540 – Serie: 0631431 – Serie: 0770284 – Serie: 0113349 – Serie: 2770021 – Serie: 1997201 – Serie: 0483575 – Serie: 0208230 – Serie: 2190843 – Serie: 2329196 – Serie: 1153327 – Serie: 2647486 – Serie: 2761744 – Serie: 2493864 – Serie: 0809590 – Serie: 2389892 – Serie: 2451060 – Serie: 2091805 – Serie: 2329411 – Serie: 0458167 – Serie: 0642197 – Serie: 0810501 – Serie: 2629875 – Serie: 2200221 – Serie: 0615253 – Serie: 1520991 – Serie: 1784151 – Serie: 1302577 – Serie: 04715 Tesoros de $10 millones3775 – Serie: 0376983 – Serie: 2524249 – Serie: 1930805 – Serie: 1511662 – Serie: 2250443 – Serie: 0007453 – Serie: 1567585 – Serie: 0588729 – Serie: 1733910 – Serie: 2006667 – Serie: 0927253 – Serie: 0249946 – Serie: 0641551 – Serie: 1158713 – Serie: 1105 Tesoros de $20 millones7577 – Serie: 2230096 – Serie: 0255543 – Serie: 0869202 – Serie: 2340061 – Serie: 180¿A qué hora juega la Lotería de Cundinamarca?El sorteo se realiza todos los lunes a las 10:30 p. m. En caso de que la fecha coincida con un día festivo, el juego se traslada al martes, conservando el mismo horario. La transmisión oficial puede verse a través de la fan page de Facebook de la entidad.¿Dónde comprar la Lotería de Cundinamarca?Los billetes pueden adquirirse de manera segura en canales autorizados, entre ellos:Página oficial de la Lotería de CundinamarcaLottiredLotiColombiaPaga Todo (plataforma digital y puntos físicos)
Tras el anuncio del presidente de la República, Gustavo Petro, acerca del aumento de un 23,7% en el salario mínimo en Colombia para 2026, hay ciudadanos que temen que sus trabajos estén en riesgo debido a que este incremento podría desestabilizar la sostenibilidad de las empresas. En un sondeo realizado a los bumangueses, son varios las inquietudes y cuestionamientos que se dieron a conocer. “Por ejemplo, mi esposo: él trabaja en una empresa y él gana un poquito más del mínimo, pero ahora se igualó el mínimo con lo que él gana, y el problema es que los empleados lo van a recortar, porque ya eso es demasiado el precio del mínimo”, afirmó Nancy Amorocho.“Como empleado obvio que la persona va a salir, el rico más rico y el pobre más pobre, y como jefe de empleados si tengo 10 empleados me tocaría echar 3, y va a haber más desempleo, ya no va a haber horas extras, ni toda esa joda”, dijo Alfonso Rueda.“Obviamente no sirve de nada si van a aumentar el salario mínimo un 20% si al fin y al cabo la canasta familiar va a aumentar en esa misma proporción, si hay un aumento en el salario, pues que realmente se vea que los colombianos tienen más adquisición monetaria para comprar o disfrutar de su día a día”, expreso Josué Duarte.Los bumangueses hacen un llamado al Gobierno nacional a que analice mejor la situación económica de los colombianos, ya que puede traer aspectos negativos en los costos de la canasta familiar por una posible alza de precios.También se pronunció el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, quien indicó que revisará la situación para poder solventar este aumento que no se tenía previsto."Yo creo que hay que ir, como los gringos, aprendiendo a hacer el aseo y muchas tareas en la casa porque realmente se hace bastante difícil pagar. Nosotros desde la Gobernación de Santander vamos a mirar de donde sacamos los recursos para poder solventar ese 23% más que no teníamos previsto”.
En Norte de Santander se conoció un hecho que ha generado indignación y preocupación en la región del Catatumbo. En el corregimiento de San Pablo, municipio de Teorema, se realizó un sepelio masivo en homenaje a un cabecilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), en medio de la comunidad local. El acto contó con la presencia de guerrilleros uniformados y armados, música y disparos al aire, un espectáculo que se viralizó por la visibilidad pública de la guerrilla en pleno territorio civil.Las imágenes del cortejo fúnebre muestran a decenas de hombres fuertemente armados y varios vehículos escoltando el féretro por las calles del corregimiento. Durante el recorrido se observaron globos de colores y la asistencia de población civil, incluidos adultos mayores y menores de edad. Este tipo de ceremonias, organizadas de manera abierta entre la comunidad y grupos armados, no solo visibiliza la presencia del ELN en Teorama, sino también la ausencia de la fuerza pública.San Pablo y sus alrededores hacen parte de una región históricamente afectada por la presencia de grupos armados ilegales que se disputan el control territorial y económico. Estas dinámicas están ligadas, en gran medida, a rutas del narcotráfico y otras economías ilícitas. El Catatumbo ha sido señalado en múltiples informes como uno de los focos más críticos del conflicto armado en el país, con enfrentamientos entre el ELN, disidencias de las FARC y otros actores, así como un alto número de víctimas y desplazados.La falta de una presencia sostenida de la fuerza pública en el corregimiento ha facilitado que grupos como el ELN realicen actividades públicas sin una oposición visible de las autoridades. Sectores sociales y políticos han cuestionado que estos eventos se desarrollen “a plena luz del día” sin una reacción contundente de la Policía o el Ejército. Según denuncias, esto evidencia un vacío de control estatal que permite a la organización guerrillera movilizarse con relativa normalidad en zonas rurales del Catatumbo.Las críticas también apuntan al silencio de las autoridades, que hasta ahora no han emitido pronunciamientos claros sobre este sepelio ni sobre las implicaciones de permitir que un grupo armado exhiba su fuerza y simbología en un espacio público. Para analistas y habitantes de la región, estos hechos no solo representarían una vulneración a los acuerdos de cese al fuego y al orden público, sino también una señal de que el control territorial del Estado sigue siendo insuficiente en lugares como San Pablo, donde la población queda expuesta a la influencia de actores armados ilegales.
Las protestas de comunidades en Santander continúan sin acuerdos definitivos con el Instituto Nacional de Vías (Invías), manteniendo levantadas las talanqueras de cuatro peajes ubicados en la llamada Ruta de los Comuneros.La situación, que se presenta desde el 7 de octubre de 2025, ha generado una pérdida cercana a los 24.000 millones de pesos, según el balance entregado por la entidad.Los peajes afectados son Oiba, Los Curos, Curití y Río Blanco, ubicados en el corredor vial que comunica Zipaquirá con San Alberto, una de las rutas más importantes del país para la movilidad y el transporte de carga.De acuerdo con Jhon Jairo González, director encargado de Invías, estos recursos son fundamentales para el mantenimiento y la atención de emergencias en este eje vial.Pese al cese en el recaudo, Invías aseguró que durante 2025 ha invertido cerca de 62.000 millones de pesos en este corredor. De ese total, más de 25.000 millones se destinaron a mantenimiento rutinario y periódico, atención de puntos críticos, emergencias y señalización vial, mientras que otros 37.000 millones de pesos se ejecutaron en labores de mantenimiento adicional. Asimismo, la entidad señaló que se han garantizado servicios de atención al usuario, como grúa, carro taller y ambulancia.El Instituto indicó que ha sido garante del derecho a la protesta pacífica y que ha participado en cinco mesas de diálogo presenciales y varias reuniones virtuales con comunidades, transportadores y líderes de la manifestación, espacios en los que también han estado presentes autoridades locales, departamentales y organismos de control.En estos encuentros se han analizado propuestas orientadas a mejorar la infraestructura vial y, al mismo tiempo, se ha insistido en la necesidad de reactivar el cobro de los peajes como fuente clave de financiación.Como parte de una solución a largo plazo, Invías informó que avanza en una propuesta estructural que contempla una posible alianza con Findeter, con el objetivo de financiar la rehabilitación de los tramos más críticos de esta vía.Entre los acuerdos, se estableció que durante la primera semana de diciembre Findeter presentaría la propuesta para administrar esta vía; sin embargo, hasta el momento no se ha informado nada al respecto.Hace unos meses, Juvenal Díaz Mateus, gobernador de Santander, lanzó duros señalamientos al Gobierno nacional por la falta de inversiones en vías clave del departamento. “No se invierte en el departamento y la comunidad está exigiendo que la plata de los peajes se invierta bien en esta vía”, afirmó.
Mediante el Decreto 0244, la alcaldesa encargada de Girón, Dayana Milena Tavera Ruiz, suspendió la medida del pico y placa en el municipio, luego de una mesa de trabajo con las demás autoridades del Área Metropolitana.“Se busca facilitar el transporte de todas aquellas personas, turistas y visitantes que llegan a conocer todo nuestro centro histórico y las diferentes dependencias que tiene nuestro municipio en cuanto al tema turístico”, afirmó José Reinoso, secretario de Tránsito y Transporte de Girón.A partir del 18 de enero de 2026 volverá a regir el pico y placa en el municipio. La medida estará sujeta a las directrices establecidas desde Bucaramanga.La decisión de levantar la restricción durante estas fechas de fin de año se mantiene en el anillo vial, en el tramo que comprende el retorno del Hotel San Juan y donde están ubicadas las instalaciones de Tránsito de Girón.“Hemos logrado mitigar el tema de la sinistralidad mientras se ha implementado. El trabajo realizado durante todo el año nos ha garantizado que el control vial se mantenga estable”, expresó José Reinoso.Se espera que todas las personas que han arribado y las que llegarán al municipio para planes turísticos y gastronómicos tengan la libertad de vivir la experiencia en el pueblo patrimonio de Colombia, sin congestión vehicular.En los primeros días de enero de 2026 se establecerá una mesa de trabajo para determinar las condiciones del pico y placa en el Área Metropolitana.
Sin resultados positivos avanzan las labores de búsqueda de Brahian Alexis Molina Segura, un joven de 21 años que desapareció el pasado 27 de diciembre en aguas del río Carare, en zona rural del municipio de Cimitarra, Santander.El joven, residente en Bucaramanga, había llegado días antes al sector para pasar la temporada de Navidad y Año Nuevo junto a su familia. De acuerdo con los reportes entregados por la comunidad y sus familiares, la desaparición ocurrió hacia la 1:00 de la tarde, cuando Brahian Alexis intentaba cruzar el afluente en compañía de un primo. Aunque su familiar logró llegar a la otra orilla, el joven fue vencido por la fuerza de la corriente a pocos metros de culminar el cruce y terminó siendo arrastrado por el río.Ante la emergencia, organismos de socorro activaron un operativo de búsqueda que se mantiene hasta la fecha. Clemente Jaimes, integrante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Floridablanca, explicó que fueron solicitados como apoyo especializado, especialmente con su grupo de buceo.“Nos pidieron el apoyo del grupo de buceo que tenemos en el Cuerpo de Bomberos de Floridablanca. Salieron cinco unidades bomberiles, trabajaron todo el día, regresaron para recargar y hacer mantenimiento a los equipos, pero ha sido imposible la localización del cuerpo del joven”, señaló.Jaimes indicó que las labores se desarrollaron de manera articulada con lancheros y habitantes del sector, quienes conocen el comportamiento del río. Durante la jornada se inspeccionaron entre uno y dos kilómetros aguas abajo, sin obtener resultados.Por su parte, el cabo Andrey Rojas, del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cimitarra, confirmó que la búsqueda se retomó con varios equipos de rescate, aunque sin resultados hasta el momento.“El grupo de búsqueda, conformado por los bomberos de Floridablanca y Cimitarra, con el apoyo activo de pescadores de la comunidad que conocen muy bien el río y las zonas más peligrosas, no obtuvo luz verde; es decir, no se encontró al joven”, explicó.Las autoridades informaron que las labores de búsqueda se mantienen activas, aunque los equipos deben realizar pausas operativas para el descanso del personal y el mantenimiento del equipo especializado, con el fin de garantizar condiciones seguras para continuar el rastreo.Mientras tanto, familiares y comunidad mantienen la esperanza de encontrar a Brahian Alexis, al tiempo que hacen un llamado a la precaución al momento de ingresar a ríos y quebradas, especialmente durante la temporada de fin de año, cuando el caudal suele aumentar.
El representante a la Cámara por Santander, Cristian Avendaño, radicó ante el Consejo de Estado una demanda de nulidad con solicitud de medidas cautelares contra la licencia ambiental otorgada a la empresa Zurich International Trading para la explotación de carbón en el municipio de La Paz.El congresista dice que con la acción judicial busca frenar un proyecto que ha generado polémica en la región, no solo por el reciente intento de ingreso de la empresa acompañado por el Ejército Nacional, sino también por presuntas irregularidades de origen en el licenciamiento, otorgado en 2014 por la Corporación Autónoma de Santander (CAS).“El Estudio de Impacto Ambiental que sirvió de base para la licencia ambiental fue hecho con normas derogadas. Es un error garrafal: no tiene caracterización socioeconómica del área de influencia, no establece la zonificación ambiental que define dónde se puede y dónde no se puede hacer minería, y tampoco incluye una evaluación económica de los impactos. Sin esos tres elementos, la licencia es ilegal e inviable”, señaló Avendaño.El congresista también cuestionó a los protagonistas del proceso. Recordó que, “en el momento del licenciamiento, uno de los principales dueños del título minero era Ricardo Vanegas Sierra, condenado por minería ilegal y construcción en zona protegida en Bogotá, y que la autorización fue firmada por Flor María Rangel, entonces directora de la CAS, hoy condenada por corrupción”.La demanda también solicita que se decrete la suspensión inmediata de los efectos de la resolución que otorgó la licencia. Avendaño recordó que, en un proceso anterior, logró frenar el proyecto minero de la empresa COLCCO en Santander.“Estamos frente a un licenciamiento hecho a la medida de los intereses privados, no de la ley. Por eso pedimos medidas cautelares inmediatas: no se puede permitir que este proyecto avance ni un paso más mientras se decide de fondo la nulidad”, puntualizó.
Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra 19 presuntos integrantes de la banda de narcotráfico conocida como Discover, señalada de comercializar estupefacientes en San Gil, Santander.De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, las labores de investigación permitieron unificar seis noticias criminales relacionadas con expendio de drogas en distintos barrios del municipio.“Los hallazgos evidenciaron que la organización ilegal contaba con una estructura definida, en la que cada miembro tenía roles específicos para distribuir estupefacientes al menudeo en espacios públicos y entornos escolares, o mediante entregas a domicilio”, señala la Fiscalía en un comunicado.El operativo se adelantó en coordinación con la Policía Nacional y permitió la captura de los 19 procesados. Además, durante cinco diligencias de registro y allanamiento fueron incautados estupefacientes, dinero en efectivo, celulares, una motocicleta e implementos usados para la dosificación de la droga.La Fiscalía imputó a los investigados el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Ninguno de los procesados aceptó los cargos.
El Tribunal de Socorro (Santander) envió a la cárcel a dos hombres y una mujer señalados de participar en un grave caso de abuso sexual y proxenetismo contra una niña de 12 años en zona rural del municipio de El Palmar.De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, la mujer, quien es prima de la víctima, habría instrumentalizado a la menor para concertar encuentros sexuales con adultos a cambio de dinero. En el proceso investigativo se evidenció que, presuntamente, la procesada enviaba fotos y videos íntimos de la niña a los hombres con el fin de acordar las agresiones.“La investigación determinó que la víctima fue sometida en, al menos, cinco ocasiones durante el mes de abril”, señala la Fiscalía.Por estos hechos, la Fiscalía imputó a los tres capturados los delitos de acceso carnal violento, acceso carnal, proxenetismo y pornografía, todos en modalidad agravada.Las capturas se realizaron en un trabajo articulado entre la Fiscalía, la Policía y el Ejército Nacional. Un juez de control de garantías ordenó la medida de aseguramiento en centro carcelario contra los investigados, mientras avanza el proceso penal en su contra.El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) asumió el restablecimiento de derechos de la menor y el acompañamiento psicosocial para su protección integral.Cabe anotar que en Bucaramanga las autoridades investigan siete casos de menores entre los 10 y 14 años embarazadas, para determinar presuntos casos de abuso sexual. La cifra fue entregada por la Secretaría de Salud municipal en medio de la preocupación por la tasa de embarazos de menores en la ciudad y ante lo cual realizan campañas de concientización en instituciones educativas, al igual que escuela de padres para lograr la protección de los menores.
El Hospital Regional de San Gil confirmó que en los últimos días se presentaron dos emergencias relacionadas con el deterioro de su infraestructura, en particular con la caída de secciones del cielo raso durante la ejecución de obras de reposición de cubiertas.Según el comunicado emitido por la entidad, el primer incidente ocurrió el pasado 28 de septiembre, cuando una parte del cielo raso se desprendió sobre una zona de circulación interna, afectando a una funcionaria del área asistencial. La trabajadora fue atendida de inmediato por el servicio de Urgencias, que determinó que no presentaba lesiones de gravedad.El segundo caso se registró el 30 de septiembre, cuando, durante el desmonte de un alero en intervención, falló uno de los soportes, lo que provocó la caída de materiales sobre la sección de Farmacia, un área que no estaba contemplada dentro del plan de obra.La gerencia del hospital explicó que las cubiertas de la institución presentan una estructura compleja y con alto nivel de deterioro, lo que ha hecho necesaria su reposición gradual desde el año 2020. Actualmente, estas labores se adelantan mediante el contrato de obra No. 284-25, suscrito en septiembre de este año.El gerente, Horbes Branling Buitrago Mateus, recordó además que desde 2018 el hospital ha funcionado en una infraestructura alterna (antiguo Hospital San Juan de Dios), mientras avanza el proyecto de reposición de la sede principal, cuyo valor supera los $50.000 millones de pesos. Dicho plan está en revisión en el Ministerio de Salud, pero aún no ha recibido un pronunciamiento definitivo.El directivo insistió en que el hospital ha debido asumir altos costos operativos en arriendos y adecuaciones, que ya superan los $6.000 millones de pesos, recursos propios de la entidad.Durante la visita del presidente Gustavo Petro a Santander, a principios de 2024, la Gobernación de este departamento confirmó la asignación de recursos para el hospital de San Gil y para otros centros médicos.Según informó la Secretaría de Salud, se avanza en el proceso para asegurar $45.000 millones que serán destinados para la segunda fase del Hospital de San Gil. “Al ministro de Salud se le ha presentado la segunda fase del Hospital Regional de San Gil por un valor de $45.000 millones y ha dicho que van a dar esos recursos”, indicó Edwin Prada, secretario de Salud de Santander.En el año 2021, la Procuraduría General de la Nación solicitó a la Secretaría de Planeación de la Gobernación de Santander información detallada acerca del contrato para la reconstrucción del Hospital Regional de San Gil, obras que presentan un retraso de varios años.El Hospital Regional de San Gil deja de prestar servicios en su sede principal por deterioro estructural desde 2018. Se traslada a la infraestructura alterna del antiguo Hospital San Juan de Dios, bajo un plan de contingencia del departamento.Entre 2019 - 2020 es aprobado un proyecto de reposiciones progresivas de cubiertas y adecuaciones. Se estima un alto grado de deterioro en techos y estructuras, con necesidad de reposición gradual. En el 2022 avanzan obras parciales de infraestructura, pero se presentan paralizaciones por falta de recursos y ajustes en los contratos.La entidad empieza a acumular gastos en arriendos y adecuaciones para operar en sedes alternas. En el 2023 se insiste ante el Gobierno nacional en la necesidad de aprobar el proyecto de reposición total de la infraestructura, valorado en $50.191 millones de pesos. El hospital reporta gastos acumulados superiores a $6.000 millones en alquileres y adecuaciones, sufragados con recursos propios.El 15 de septiembre de 2025 se suscribe el Contrato de Obra No. 284-25 para la reposición de la cubierta del servicio de Hospitalización Médico-Quirúrgica, afectada por la antigüedad y dos semanas después comienzan a presentar las emergencias por caída del techo. La situación reaviva el debate sobre los retrasos en la culminación de las obras del Hospital Regional de San Gil, una de las principales necesidades en materia de salud en la provincia Guanentina, y plantea nuevamente el reto al Gobierno Nacional y la Gobernación de Santander de acelerar las soluciones definitivas para garantizar una infraestructura segura y moderna para pacientes y trabajadores.
El aumento del salario mínimo en Colombia en un 23,7 %, decretado por el Gobierno nacional, ha generado reacciones encontradas entre gremios empresariales y especialistas en economía, quienes coinciden en que, aunque representa un alivio para los trabajadores formales, también plantea riesgos para el empleo, la informalidad y la sostenibilidad de las empresas, especialmente las micro y pequeñas.Para Juan Pablo Remolina, director ejecutivo de ProSantander, la principal preocupación radica en el impacto que esta decisión puede tener sobre el empleo formal. Señaló que cerca del 95 % de las empresas en Colombia son micro y pequeñas, lo que limita su capacidad para asumir un incremento de esta magnitud. En su concepto, el aumento podría incentivar la reducción de personal o el paso a la informalidad, afectando especialmente a los desempleados y trabajadores informales, quienes ya enfrentan mayores barreras para acceder a un empleo formal.Desde el análisis académico, Isabel Cristina Rincón, doctora en Administración y Ciencias Económicas, indicó que el incremento ha suscitado un fuerte debate técnico al ubicarse muy por encima de la inflación y la productividad laboral. Aunque la medida busca mejorar los ingresos de los trabajadores más vulnerables y reducir brechas salariales, advirtió que entidades como Fedesarrollo y diferentes gremios han alertado sobre posibles presiones inflacionarias y efectos negativos en el mercado laboral.La experta recalcó la necesidad de un trabajo articulado entre empresarios, trabajadores y el Estado para evitar un retroceso en la formalización, en un país donde la informalidad supera el 50 %.Una visión más favorable fue expuesta por el economista Carlos Andrés Ortiz Navas, quien calificó el aumento como significativo y positivo para los trabajadores formales, al considerar que históricamente este tipo de incrementos se traduce en mayor consumo, circulación de dinero y bienestar general. Aunque reconoció el temor de algunos sectores empresariales por el impacto en sus costos, afirmó que la experiencia reciente en Colombia demuestra que los aumentos del salario mínimo no necesariamente han generado un incremento desmedido de la inflación ni una reducción significativa del empleo formal.Ortiz también se refirió a la realidad empresarial en Santander, donde predominan los micro y medianos empresarios, quienes enfrentan el reto de ajustar sus modelos de negocio para asumir el aumento salarial.
Un incendio registrado hacia la 1:00 a.m. de este martes 30 de diciembre, en el tercer piso del Comando de la Policía Metropolitana de Bucaramanga fue controlado de manera oportuna gracias a la activación de los protocolos de emergencia, sin que se reportaran personas lesionadas.De acuerdo con la información entregada por la institución, la situación obligó a una evacuación preventiva del personal, mientras organismos de socorro y unidades policiales atendían la emergencia. La rápida reacción permitió evitar que las llamas se propagaran a otras áreas del edificio.El teniente coronel Misael Quiroga Morales, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, aseguró que la preparación del personal y la correcta aplicación de los protocolos de seguridad fueron determinantes para controlar el incendio y garantizar la continuidad del servicio a la ciudadanía.En la atención del incidente participaron la Policía Nacional, las autoridades locales y el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bucaramanga, con el acompañamiento de la Secretaría de Seguridad del municipio.De manera preliminar, las autoridades señalaron que un cortocircuito habría sido la causa del incendio, aunque actualmente se adelantan verificaciones técnicas y periciales para establecer con exactitud el origen del hecho y evaluar las condiciones estructurales del inmueble.
La Procuraduría General de la Nación abrió una acción preventiva para verificar si la Alcaldía de Barbosa, Santander, cuenta con los permisos y autorizaciones legales necesarios para la realización de una corrida de toros prevista para el próximo 1 de enero de 2025 en el coliseo de ferias del municipio, una decisión que ha generado amplio debate en la región.La actuación fue ordenada por la Procuraduría Provincial de Instrucción de Vélez, mediante el Oficio 1943, fechado el 29 de diciembre de 2025, en respuesta a una petición elevada el pasado 23 de diciembre por el concejal de Bucaramanga Camilo Andrés Machado Ardila y el diputado de Santander Wilson Danovis Lozano Jaimes, quienes solicitaron la vigilancia preventiva para establecer si la administración municipal cumple con los requisitos legales para autorizar el evento.De acuerdo con el documento oficial, el Ministerio Público verificará especialmente el cumplimiento de lo establecido en la Ley 2385 de 2024, normativa que regula los espectáculos taurinos en Colombia y fija condiciones estrictas para su realización, así como el alcance de las competencias de la Alcaldía de Barbosa para otorgar los permisos correspondientes.El proceso quedó registrado bajo los radicados E-2025-673502 e IUC-P-2025-4227802, y hace parte de las funciones de control preventivo que ejerce la Procuraduría para evitar posibles irregularidades administrativas que puedan comprometer el interés general.Tras conocerse la decisión del ente de control, el diputado Wilson Danovis Lozano Jaimes celebró la apertura de la acción preventiva y manifestó su rechazo a este tipo de espectáculos. “Es algo inhumano y miserable; en esa corrida de toros se va a asesinar a unos animales. Son espectáculos de la muerte que contribuyen al maltrato y al deterioro de la sociedad”.En este contexto, la decisión de la Procuraduría no implica, por ahora, la suspensión del evento, pero sí abre la puerta a una evaluación jurídica que podría derivar en nuevas determinaciones por parte de las autoridades competentes.
Luego de permanecer más de dos semanas luchando por su vida, falleció Víctor Rincón Yáñez, de 61 años, una de las personas que resultó con heridas más graves tras el devastador incendio ocurrido en el asentamiento humano 12 de Octubre, en el occidente de Bucaramanga.Rincón Yáñez se encontraba internado en la Unidad de Quemados del Hospital Internacional de Colombia (HIC), donde era atendido por un equipo médico especializado debido a las múltiples quemaduras que comprometían gran parte de su cuerpo. A pesar de los procedimientos clínicos y los esfuerzos del personal de salud, su estado se fue deteriorando hasta confirmarse su fallecimiento en las últimas horas.De acuerdo con testimonios de la comunidad, el adulto mayor habría sufrido las lesiones al intentar proteger a su mascota, Atila, durante la emergencia. En videos difundidos la noche del incendio se le observa caminando sin camiseta, con severas quemaduras en la espalda y en ambos brazos, imágenes que causaron conmoción entre los habitantes del sector.El cuerpo de la víctima permanece en la morgue del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Bucaramanga, mientras su familia y la comunidad enfrentan las consecuencias de una tragedia que dejó 58 viviendas destruidas y 163 personas damnificadas.El panorama en el barrio 12 de Octubre continúa siendo desolador. Entre escombros y cenizas, familias recorren lo que quedó de sus hogares tratando de rescatar algunos enseres o buscando a sus animales, muchos de los cuales murieron atrapados por las llamas. Niños lloran a sus mascotas y decenas de personas, con lo puesto, intentan reconstruir sus vidas sin un lugar donde dormir.Ante la magnitud de la emergencia, las autoridades declararon la calamidad pública, lo que permitirá habilitar recursos de manera inmediata, incluso en medio de la Ley de Garantías, para atender a los afectados y avanzar en la recuperación de la zona.
En rueda de prensa el alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, presentó un balance de los resultados del empalme con el gobierno saliente, en el que anunció 11 alertas que según él, son prioridad dentro de sus primeras acciones como el líder de los bumangueses.El mandatario habló del contrato de puntos críticos de limpieza en la ciudad y afirmó que el convenio interadministrativo entre la Emab , Alcaldía y Gobernanción, carecía de sustento técnico, jurídico y presupuestal al comprometer $16.000 millones del presupuesto 2026, que no están disponibles para esa destinación.Lo que más llamó la atención, fue la denuncia de Cristian Portilla por la contratación de prestación de servicios que se celebraron a lo largo de estos 2 meses, personal adscrito al Despacho del alcalde, OATIC y la Oficina de prensa.“Se han destinado cerca de $366 millones en cerca de 20 contratos. Por ejemplo, un periodista muy reconocido a nivel nacional de nombre Rafael Poveda, donde su objeto contractual es prestar servicios profesionales especializados como comunicador social en el área de comunicaciones y prensa con un plazo de 24 días”, expresó Portilla.El mandatario afirmó que estos contratos son materia de investigación sobre la idoneidad en la que se ejecutaron y confirmó la insubsistencia de 16 directivos de forma irregular, sin provisión oportuna de los cargos correspondientes, como es el caso de la Secretaría de Educación e INVISBU.También hizo una advertencia sobre el convenio de la Planta de Tratamiento de Lixiviados, PTLX, en El Carrasco donde confirmó que esta no inició a funcionar en el momento en que debía, sino hasta el 12 de diciembre. Además de eso, cuestionó el manejo de la Unidad de Bienestar Animal y de la Casa Buhó. Se espera que en los próximos días el alcalde de Bucaramanga de a conocer qué va a suceder con las obras de infraestructura inconclusas en la ciudad.
En Vélez, Santander, comunidades afectadas por el cierre total de la Transversal del Carare recaudaron recursos para habilitar el paso de vehículos por esta carretera que conecta a cuatro departamentos del país. De acuerdo con los agricultores de la zona, el Instituto Nacional de Vías (Invías) aún no ha entregado soluciones al gigantesco derrumbe que mantiene bloqueado el corredor vial.Han pasado dos meses desde que un desprendimiento de tierra de más de 300 hectáreas dejó intransitable la Transversal del Carare y, según las comunidades campesinas, las obras de reparación aún no comienzan, razón por la cual decidieron intervenir por cuenta propia.“La comunidad decidió tomar la iniciativa de reabrir la vía para conectar nuevamente la Transversal del Carare, ya que la situación estaba perjudicando a la zona del Carare Opón, porque la gente no se podía movilizar fácilmente hacia la capital de la provincia”, manifestó Marcos Fidel González, uno de los afectados por el derrumbe.El sector más crítico se ubica en el tramo entre Landázuri y Vélez, en la vereda Zarandas, donde, con apoyo de maquinaria amarilla, los habitantes habilitaron un paso por un trazado paralelo para conectar la calzada que no resultó afectada por el deslizamiento.“A través de colectas realizadas en varios municipios, con aportes de las comunidades, se logró reconectar la vía desde el sector conocido como La Marranería. Allí fue necesario volver a construir la carretera y unirla con algunos tramos de la vía antigua”, explicó Nieves Fontecha, otra de las personas afectadas.Por su parte, la Gobernación de Santander informó que en la región de Vélez hay maquinaria de las autoridades departamentales trabajando para garantizar la movilidad mediante vías alternas.“Estamos ayudando a que las vías alternas se mantengan en buen estado, porque son las que se están utilizando en este momento y no tenemos otra solución. El deslizamiento se llevó totalmente la vía y no se puede recuperar; esos 180 mil millones de pesos son para revisar un nuevo trazado”, indicó el gobernador de Santander, Juvenal Díaz.En el paso informal habilitado por las comunidades se mantiene la restricción para el tránsito de vehículos con un peso superior a las 10 toneladas.