El hecho que se presentó en la vereda Alto Semisa del municipio de Puente Nacional, Santander, fue controlado sin afectar el poliducto, tras un incidente en la infraestructura de Cenit que provocó un incendio de diésel y la propagación del fuego hacia una zona forestal.De acuerdo con Ecopetrol, la explosión fue ocasionada por recipientes ilegales usados para el almacenamiento de hidrocarburo hurtado, “la compañía rechaza las acciones ilícitas que ponen en riesgo la integridad de las comunidades, que generan graves consecuencias al medioambiente y afectan el desarrollo económico del país”, comunicó la empresa colombiana de Petróleo.Con el objetivo de mitigar los impactos generados por el combustible y garantizar la seguridad en el área intervenida, la empresa Cenit desplegó cuadrillas especializadas para las labores de limpieza, control del derrame y evaluación de afectaciones ambientales.Dentro de las acciones tomadas por las autoridades en el Plan de Emergencia y Contingencia (PEC), se aseguró la zona por parte del Ejército Nacional, también se desplegó un equipo multidisciplinario para desmantelar la válvula ilícita instalada por terceros desconocidos en el ducto y por la cual se hurtaba el combustible almacenado.Además, se dispuso de manera preventiva un punto de control en la Quebrada la Honda en la vereda Alto Semisa. Los bomberos de Barbosa en colaboración con los de Tunja y Tocancipá controlaron el incendio que no afectó el poliducto.La recomendación por parte de Cenit a la comunidad es a que no se acerquen al lugar de los hechos hasta tanto culminen las labores de atención y reparación.
La situación de orden público en Norte de Santander cerró 2025 con un balance alarmante. En pleno fin de año, mientras gran parte del país celebraba, en el Catatumbo se intensificaron los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las FARC, dejando miles de víctimas atrapadas en el fuego cruzado. El recrudecimiento de la violencia volvió a poner en duda la efectividad de la política de paz del Gobierno nacional.En entrevista con Blu Radio este 31 de diciembre, el alto consejero para la Paz y la Reconciliación en Norte de Santander, Luis Fernando Niño, describió un panorama crítico y lanzó una de las frases más contundentes del diálogo: con el ELN, aseguró, “ya no existe ninguna negociación”, una afirmación que reavivó el debate sobre la estrategia del presidente Gustavo Petro frente a los grupos armados ilegales.Crisis de seguridad en el CatatumboNiño detalló que desde el 16 de enero se desató una confrontación directa entre el Frente 33 de las disidencias de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional. Las cifras son dramáticas: “A hoy, 84.000 desplazados, más de 23.000 personas confinadas y aproximadamente 300 personas asesinadas”, explicó al aire.Según el consejero, la disputa territorial se libra en medio de la población civil. “Los grupos queman las casas del contrario o las casas de los civiles que creen cercanos a los contrarios”, relató, al tiempo que confirmó casos de reclutamiento forzado y ataques con drones. Municipios como El Tarra y Filogringo siguen siendo los más golpeados por los combates.Luis Fernando Niño asegura que ya no existe negociación con el ELNUno de los puntos más sensibles de la entrevista fue la situación del diálogo con el ELN. Niño fue categórico: “En este momento con el Ejército de Liberación Nacional ya no existe ninguna negociación, solo preavisos de parte del Gobierno y del ELN”.Aunque reconoció que con el Frente 33 aún hay una mesa abierta, advirtió que sin un cese real de hostilidades cualquier intento de negociación pierde sentido. “Lo que pedimos de inmediato es que haya un cese de hostilidades”, subrayó, dejando entrever críticas a lo que considera una actitud permisiva frente al accionar armado.Norte de Santander atrapada en el fuego cruzadoEl consejero también defendió el rol de la fuerza pública, aunque admitió sus limitaciones. “Los combates se están dando en medio de la población civil, al lado de las escuelas y de las casas”, afirmó, señalando que el Ejército y la Policía actúan con cautela para no violar el derecho internacional humanitario.Para Niño, la prioridad sigue siendo proteger a las comunidades, pero insistió en que la falta de resultados con el ELN evidencia una política que, según él, ha sido condescendiente. Mientras tanto, el Catatumbo continúa pagando el costo más alto de una guerra que no da tregua.
Un incremento significativo en la movilización de pasajeros se registró en las últimas horas en la Terminal de Transportes de Bucaramanga, de acuerdo con el balance entregado por su gerente, Jaime Pérez, quien destacó que la cifra superó las proyecciones iniciales para esta temporada.Según informó el directivo, durante el martes 30 diciembre salieron de la terminal un total de 14.407 pasajeros, que se movilizaron en 874 vehículos, una cifra superior a la registrada para la misma fecha del año anterior, cuando se reportaron aproximadamente 13.200 viajeros. El aumento, señaló Pérez, refleja una mayor confianza de los ciudadanos en el uso del transporte legal y formal.“El flujo de pasajeros fue mayor al esperado y permitió que todas las rutas programadas se despacharan sin contratiempos. Las empresas de transporte cumplieron sus expectativas operativas”, indicó el gerente de la terminal.Entre los destinos con mayor demanda se encuentran Bogotá, Medellín, la Costa Atlántica y Cúcuta, así como las rutas internas del departamento de Santander. Dentro de estas últimas, las provincias de García Rovira, Guanentá y Vélez fueron las más visitadas por los viajeros.La Terminal de Transportes de Bucaramanga opera con normalidad, aunque con un flujo de pasajeros menor este 31 de diciembre. Algunas empresas realizarán despachos hasta las 4:00 p.m. o 5:00 p.m.; sin embargo, la administración reiteró que la terminal mantiene una operación constante, teniendo en cuenta que presta servicio de manera continua y no cierra sus puertas al público.Entre las medidas implementadas para garantizar la seguridad de pasajeros se destacan la presencia permanente de un CAI de la Policía Nacional, planes operativos de control, revisión técnica de los vehículos y pruebas de alcoholemia a todos los conductores antes de iniciar cada recorrido.Finalmente, el gerente hizo un llamado a los usuarios para que adquieran sus tiquetes directamente en las taquillas autorizadas, utilicen únicamente transporte legal y cumplan con las recomendaciones establecidas por el Gobierno Nacional. En especial, reiteró la importancia de portar la documentación requerida para el desplazamiento de menores de edad, atender las recomendaciones de salud para viajes largos y cumplir con los requisitos exigidos para el transporte de mascotas, con el fin de garantizar un viaje seguro y sin contratiempos.
En un giro inesperado dentro del panorama administrativo de Santander, la junta directiva de Neomundo designó formalmente a Julián Díaz Zambrano como su nuevo gerente general. El nombramiento se produce apenas una semana después de la renuncia irrevocable de Tomás León, quien permaneció en el cargo solo 54 días.Díaz Zambrano, quien hasta hace poco lideraba la Oficina de Asuntos Internacionales de la Alcaldía de Bucaramanga, llega al centro de convenciones más importante del nororiente colombiano en un contexto de recomposición de fuerzas políticas entre la administración municipal y la Gobernación de Santander.La salida de su predecesor, Tomás León, estuvo rodeada de controversia. León, cercano a la administración del gobernador Juvenal Díaz Mateus, dimitió argumentando presiones políticas derivadas de la reciente victoria de Cristian Fernando Portilla en las elecciones atípicas de la ciudad. Según León, la nueva mayoría en la junta directiva, alineada con la Alcaldía, buscaba estructurar su salida tras evaluar su corta gestión.Con este cambio, la Alcaldía de Bucaramanga recupera el control de la entidad de economía mixta, posicionando a Julián Díaz, una figura de confianza del sector administrativo local y cercano a la exgestora social Paula Ramírez.Tras su posesión, Julián Díaz enfatizó que su prioridad será consolidar a Neomundo como el epicentro del turismo MICE (reuniones, incentivos, congresos y exposiciones) en el país."Uno de los principales retos es convertirnos en el centro de convenciones del nororiente colombiano que reciba la mayor cantidad de eventos y apoye la promoción de la cultura y el turismo", afirmó el nuevo gerente.Entre los principales retos para el próximo año está la gestión para lograr la capitalización necesaria para la fase dos del centro de convenciones; aprovechar la reciente ampliación del Gran Salón (capacidad para 2.520 personas) para atraer congresos internacionales; y articular esfuerzos con hoteles, agencias de viajes y transporte para fortalecer a Bucaramanga como ciudad destino.
Recibiendo atención médica bajo custodia policial se encuentra uno de los hombres que intentaron robar un camión de valores de la empresa Prosegur, momentos en los que se movilizaban por la vía Troncal del Caribe, jurisdicción del corregimiento de Camarones, en zona rural de Riohacha, La Guajira.Con conos y diferentes implementos, al parecer, los criminales simularon una emergencia en la vía y, una vez que el vehículo detuvo su marcha, intimidaron con armas de fuego a los escoltas y comenzaron a amordazarlos.Sin embargo, por allí pasaban funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) en medio de la remisión de un recluso, por lo que tras una fuerte balacera frustraron el asalto y propiciaron la retirada de la mayoría de los buscados.“De acuerdo con la información conocida, varios sujetos intentaron cometer el hurto a un vehículo de la empresa de valores Prosegur, el cual realizaba un traslado de dinero por este importante eje vial. La situación fue alertada por funcionarios del Inpec que se movilizaban por la zona en una remisión y que, al percatarse de lo ocurrido, sostuvieron un intercambio de disparos con los delincuentes”, se puede leer en el comunicado de las autoridades.De hecho, en videos de conductores que pasaron por la zona se puede apreciar como los escoltas salían amarrados de sus manos justo antes de que el sitio fuera acordonado por el CTI de la Fiscalía. “Aquí lo que hubo es balín”, se le escucha a uno de ellos.Los delincuentes solo lograron llevarse dos escopetas y un revólver, según el reporte de las autoridades competentes, mientras que el venezolano de 39 años que resultó herido será puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación mientras avanzan las investigaciones para establecer la plena responsabilidad de los demás implicados.A esta persona se le fue incautado un teléfono celular, el cual estaría siendo utilizado para comunicarse con las personas que adelantaban el hurto.“La Policía Nacional reafirma su compromiso con la seguridad en las vías del departamento e invita a la ciudadanía a informar de manera oportuna cualquier situación sospechosa que permita prevenir hechos delictivos y proteger la vida y los bienes de la comunidad”, finaliza la comunicación.
El Ministerio de Salud dio a conocer la Resolución 2764, mediante la cual se oficializa el aumento de los recursos destinados a financiar la atención en salud de los afiliados al sistema durante 2026. Estos recursos corresponden a la Unidad de Pago por Capitación (UPC), es decir, el dinero que el Estado reconoce por cada persona afiliada para cubrir sus servicios de salud.De acuerdo con la entidad, y siguiendo la recomendación de la Comisión Asesora, el incremento será diferenciado, según el régimen. Para el régimen contributivo, el aumento será del 9,03 %, mientras que, para el régimen subsidiado, el ajuste alcanzará el 16,49 %. Le puede interesar: MinSalud descarta reajustes de la UPC de 2024 y años anteriores pese a orden de la CorteHay que recordar que Acemi y la Andi pedían un incremento para el régimen contributivo un aumento por encima del 15%.Así las cosas, Con este ajuste, el total de recursos destinados al aseguramiento en salud en 2026 aumentará en 11,6 billones de pesos. De esta manera, el presupuesto pasará de 89,8 billones de pesos en 2025 a más de 101,3 billones de pesos el próximo año, lo que representa un incremento global del 12,94 % en la UPC.
Una agradable noticia llegó para los hinchas de Millonarios para lo que será le preparación del primer semestre del 2026. Se confirmó que el conjunto dirigido por Hernán Torres tendrá una importante prueba al jugar un amistoso contra el argentino River Plate.Sin duda, este amistoso será clave para medir a los refuerzos del equipo capitalino que, por ahora, ha confirmado al lateral Sebastián Valencia, el volante Mateo García, al atacante Carlos Darwin Quintero y al extremo Julián Angulo.Fecha, hora y estadio de Millonarios vs. RiverRiver Plate se enfrentará a Peñarol y a Millonarios en dos partidos amistosos de pretemporada que se jugarán en el estadio Domingo Burgueño Miguel, ubicado cerca de la ciudad uruguaya de Punta del Este.En la Serie Río de la Plata, el conjunto de la banda cruzada hará su estreno el domingo 11 de enero a las 9:00 de la noche, hora local, enfrentándose a Millonarios.Mientras tanto, el sábado 17 de enero River se pondrá cara a cara con Peñarol en un juego que comenzará a las 10:00 de la noche, hora local.De esta forma, el técnico riverplatense, Marcelo Gallardo, tendrá dos encuentros para preparar a un equipo que en 2026 buscará consagrarse en el plano local tras no poder hacerlo en 2025 y que intentará conquistar la Copa Sudamericana.Para ello, River Plate ya confirmó el fichaje de dos futbolistas provenientes del Campeonato Brasileño que juegan como centrocampistas: Fausto Vera y Aníbal Moreno.El primero de ellos se sumó desde Atlético Mineiro y fue oficializado el pasado 19 de diciembre, día en que cumplió con la revisión médica y selló su vínculo."Estoy feliz de llegar al club más grande de la Argentina", dijo Vera en una declaración que acompañó al comunicado publicado por River Plate en redes sociales.Dos días después, el Millonario sumó a Moreno, quien llegó tras jugar 117 partidos en Palmeiras y luego de haber sumado minutos en la selección argentina.En 2025, el equipo del 'Muñeco' Gallardo no encontró su mejor desempeño: fue eliminado de la Copa Libertadores en cuartos de final, no superó la fase de grupos del Mundial de Clubes y estuvo lejos de alzar alguno de los tres títulos locales en juego. También fue derrotado por Boca Juniors en el último superclásico.Luego de finalizada la temporada se despidieron del club los jugadores Enzo Pérez, Ignacio Fernández, Gonzalo Martínez, Milton Casco y Miguel Ángel Borja.
Millones de personas se preparan para celebrar el Fin de Año en Bogotá, pese que miles saldrán de la ciudad entre este martes y miércoles para compartir este día al lado de sus familias y se van de viaje durante estas fechas.Sin embargo, otros miles deberán seguir con sus jornadas laborales con normalidad y, por lo tanto, se movilizarán como habitualmente en la ciudad. Por eso, la medida de pico y placa de este miércoles, 31 de diciembre de 2025, funcionará con normalidad, según dio a conocer la Alcaldía de Bogotá, tanto para vehículos particulares como para taxis.Así funcionará el pico y placa en Bogotá este 31 de diciembreVehículos particulares: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.Taxis: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0.Horarios de la medida para vehículos particulares será de 6:00 de la mañana a 9:00 de la noche y para taxis de 5:30 de la mañana a 9:00 de la noche.¿Cómo funcionará el pico y placa este inicio de 2026?Para viajeros funcionará el pico y placa regional con normalidad, pero para los ciudadanos no habrá medida hasta el lunes, 5 de enero, pues el Distrito levantó esta para el viernes 2 para que las personas se puedan movilizar con tranquilidad en estas fechas."Revisadas las fechas que vienen, tomamos la decisión de levantar el pico y placa dos días. Va a ser el 26 de diciembre, viernes y el 2 de enero, un viernes también. Esos dos viernes no va a haber pico y placa en Bogotá y eso va a garantizar que la gente se pueda mover durante esos dos fines de semana, el de Navidad y el de año nuevo", aseguró el alcalde Mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán.
El abogado y activista David Cote advirtió que el incremento del salario mínimo decretado por el presidente Gustavo Petro, superior al 23 %, lejos de fortalecer el bienestar social, está profundizando una crisis estructural que amenaza el futuro demográfico y económico del país.Según Cote, Colombia atraviesa simultáneamente dos fenómenos críticos: el desplome histórico de la natalidad y un mercado laboral cada vez más hostil para los jóvenes, especialmente aquellos que buscan su primer empleo formal.Datos recientes del DANE confirman que en 2024 los nacimientos en Colombia cayeron un 12 %, la cifra más baja registrada en la historia reciente, con una tendencia negativa que se mantiene durante 2025.“Una sociedad que deja de tener hijos es una sociedad que compromete su sostenibilidad. Sin nuevos trabajadores no hay sistema pensional que resista, ni crecimiento económico posible”, afirmó Cote.El abogado advirtió que la reducción acelerada de nacimientos, sumada al envejecimiento poblacional, está debilitando la base de cotizantes del sistema pensional, poniendo en riesgo la promesa de una vejez digna para millones de colombianos.Cote aclaró que el problema no es el legítimo deseo de mejorar los ingresos de los trabajadores, sino la forma en que se fija el salario mínimo. “Estamos ante una decisión política inconsciente y populista. El aumento por encima del 23 % puede sonar bien en titulares, pero en la práctica está cerrando la puerta del empleo formal a la juventud”.Estudios de Fedesarrollo y la OCDE muestran que en Colombia el salario mínimo equivale a cerca del 90 % del salario mediano, mientras que en países desarrollados ronda el 50 %, convirtiéndose en una de las barreras de entrada más altas al mercado laboral formal.Investigaciones del Banco de la República (Arango, Flórez y otros autores) evidencian que cuando el salario mínimo se aleja de la productividad real, aumenta la informalidad y el desempleo juvenil.“Estamos creando una generación de ‘ninis’ por decreto. Al encarecer artificialmente el primer empleo, el Estado empuja a los jóvenes a la informalidad, a la inestabilidad y, finalmente, a postergar o renunciar a la idea de formar familia”, señaló Cote.Para el analista, esta combinación de precariedad laboral e incertidumbre económica es uno de los factores centrales que explican la caída en la tasa de natalidad.Cote hizo un llamado a replantear la política salarial desde criterios técnicos y de largo plazo: “La verdadera justicia social no está en decretos populares, sino en políticas responsables que permitan a los jóvenes trabajar legalmente, estabilizarse y construir familia. Si seguimos por este camino, Colombia se quedará sin jóvenes, sin pensiones y sin futuro”.
La Procuraduría Regional de Instrucción de Santander reveló presuntas fallas contractuales y operativas en el peaje La Punta, ubicado en la Mesa de Los Santos, tras la terminación del contrato de concesión con la firma Construvicol S. A., que finalizó en enero de 2025.De acuerdo con el ente de control, luego de un seguimiento institucional a la Gobernación de Santander y al Instituto Financiero para el Desarrollo de Santander (Idesan), se identificaron al menos 14 presuntas irregularidades relacionadas con la administración, operación y recaudo del peaje, las cuales habrían surgido tras asumir la Gobernación la operación directa del punto de cobro.La actuación preventiva de la Procuraduría inició a raíz de quejas presentadas por una veeduría ciudadana, que alertó sobre la suscripción de contratos directos y la presunta deficiencia en los servicios prestados desde enero de este año.Durante más de tres meses, la Procuraduría realizó visitas de inspección, solicitó información contractual y adelantó mesas técnicas con las entidades involucradas, en las que se advirtieron riesgos jurídicos y administrativos. Según el informe, algunos de los contratos y convenios podrían desconocer el marco normativo vigente en materia de contratación pública.Entre los hallazgos se encuentran posibles elusiones a los procesos de selección objetiva, deficiencias en la publicación de la información contractual en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP), omisiones en la prestación de servicios esenciales y presuntas irregularidades en la tercerización de funciones.Asimismo, el ente de control evidenció la falta de conceptos ministeriales, posibles usurpaciones de funciones y otras situaciones que motivaron la activación de la función disciplinaria, con el fin de establecer eventuales responsabilidades de los funcionarios involucrados.La Procuraduría indicó que continuará con el seguimiento al caso para garantizar la protección de los derechos colectivos, la transparencia en el manejo de los recursos públicos y el correcto funcionamiento del peaje La Punta, mientras avanzan las investigaciones disciplinarias correspondientes.Cabe anotar que habitantes de la Mesa de Los Santos han protagonizado protestas y mantenido durante semanas las talanqueras del peaje La Punta levantadas en reclamo por la falta de inversión en las vías.
La empresa Cenit adelanta una investigación para determinar las causas de un incendio registrado en una línea de transporte de hidrocarburos, en el sector Alto Semisa, zona rural del municipio de Puente Nacional, Santander.La emergencia se presentó tras un incidente en la infraestructura que transporta diésel, lo que generó inicialmente un incendio de hidrocarburos y, posteriormente, un incendio forestal que encendió las alarmas entre la comunidad y las autoridades locales.De inmediato se activaron los protocolos de atención y al lugar se desplazaron unidades del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres (CMGRD), personal técnico de Cenit y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barbosa, quienes lograron controlar la situación y evitar que las llamas se propagaran hacia zonas habitadas y áreas de mayor cobertura vegetal.David Márquez, comandante de Bomberos de Barbosa, explicó que la emergencia fue reportada hacia las 5:47 p.m. de este 30 de diciembre y que, tras la llegada de las unidades, se evidenció que el fuego se originó en una de las tuberías que atraviesa el sector.Según indicó, por razones técnicas y para evitar un mayor derrame de hidrocarburos, se tomó la decisión de permitir que el combustible se consumiera de manera controlada durante varias horas.Hacia las 11:00 p.m., el incendio forestal ya se encontraba completamente liquidado y personal de Cenit asumió el control del tramo afectado, realizando el respectivo acordonamiento de la zona. Asimismo, el Ejército Nacional mantiene presencia en el lugar para garantizar la seguridad y restringir el acceso mientras avanzan las labores técnicas.Aunque en el sector hay viviendas cercanas, las autoridades confirmaron que no se registraron personas lesionadas ni afectaciones directas a las casas. Sin embargo, el incendio sí causó daños en algunos cultivos aledaños.Cenit informó que su personal especializado será el encargado de establecer las causas exactas del incidente, mientras continúan las labores de limpieza, evaluación ambiental y monitoreo del área afectada, la cual permanece acordonada como medida preventiva.
A pesar de los balances entregados por la Policía Metropolitana de Bucaramanga y las cifras que muestran reducciones porcentuales en diversos crímenes, lo cierto es que la comunidad de la capital santandereana se mantiene con incertidumbre debido a los casos de muertes violentas en el área metropolitana.En las últimas horas, la capital de Santander fue escenario de un cruento homicidio bajo la modalidad de sicariato en el barrio La Joya y un doble atentado con arma de fuego en el barrio Girardot, este último acompañado del hallazgo de panfletos extorsivos.En el primer caso la tranquilidad del barrio La Joya, en el occidente de la ciudad, se rompió por una ráfaga de disparos. Luis Carlos Lucena, de 43 años y conocido en el sector como ‘Lucho Simpson’, salía de un micromercado cuando fue atacado.Según el reporte de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, Lucena se disponía a encender su motocicleta cuando fue interceptado por dos sujetos en un vehículo similar. Sin mediar palabra, el parrillero descargó su arma de manera letal.El informe forense reveló que la víctima recibió un total de 11 impactos: cuatro en la cabeza, tres en el brazo izquierdo y cuatro más en la espalda. La sevicia del ataque no dio margen de auxilio; Lucena falleció de forma instantánea sobre el asfalto.La víctima acumulaba un extenso historial en el sistema penal oral acusatorio por los delitos de homicidio, tráfico de estupefacientes, porte ilegal de armas, fuga de presos y violencia intrafamiliar. Los investigadores manejan como principal móvil un ajuste de cuentas.Posteriormente, en la carrera 13 con calle 24 del barrio Girardot, dos hombres, identificados como José Murillo Sandoval (50 años) y Mario León (62 años), fueron atacados mientras se encontraban en la vía pública. Los agresores, al igual que en el caso de La Joya, operaron desde una motocicleta. El parrillero abrió fuego indiscriminadamente, hiriendo a Murillo en el abdomen y brazo, y a León en su pierna derecha.El detalle que preocupa es que en medio de la escena fueron hallados dos panfletos con contenido extorsivo dirigidos, al parecer, a los comerciantes de la zona.Las autoridades investigan ahora si las víctimas eran el blanco directo de una retaliación por el no pago de “vacunas” o si el ataque buscaba sembrar terror para presionar el recaudo ilegal en el sector. Ambos heridos permanecen bajo observación médica en el Hospital Universitario de Santander (HUS).Hasta el momento las autoridades no se han pronunciado respecto a estos panfletos, pero extraoficialmente se conoció que se abrió una investigación para dar con el paradero de los responsables.
En el sector Alto Semisa, zona rural del municipio de Puente Nacional, Santander, se registró una emergencia ambiental y operativa luego de un incidente en las líneas de hidrocarburos de la empresa CENIT, el cual provocó un incendio de diésel y posteriormente un incendio forestal que generó alarma entre la comunidad y las autoridades locales.Tras conocerse la situación, se activaron de inmediato los protocolos de atención de emergencias. Al lugar se desplazaron unidades del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres (CMGRD), personal técnico de CENIT y los Bomberos Voluntarios de Barbosa, quienes lograron controlar las llamas y evitar que el fuego se propagara hacia áreas habitadas y zonas de mayor cobertura vegetal.De manera paralela, la empresa CENIT desplegó cuadrillas especializadas para las labores de limpieza, control del derrame y evaluación de afectaciones ambientales, con el objetivo de mitigar los impactos generados por el combustible y garantizar la seguridad en el área intervenida.Las autoridades informaron que, aunque la situación se encuentra bajo control, se mantiene la vigilancia permanente en el sector para descartar posibles reactivaciones del fuego y prevenir nuevos riesgos para la población.Por ahora, las causas del incidente son materia de investigación, mientras los organismos competentes avanzan en la recolección de información técnica que permita establecer el origen de la emergencia y las responsabilidades correspondientes.
Un fuerte cruce de declaraciones se registró entre el alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, y el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, por la responsabilidad y entrega del tramo del tercer carril entre el puente Puerta del Sol y el puente de Provenza, cuyo sistema de alumbrado público permanece parcialmente apagado y representa un riesgo para los conductores.El alcalde Portilla aseguró que el tramo no era responsabilidad del municipio, sino del departamento, sustentado en el contrato 2738 de 2014, suscrito hace cerca de 11 años con la Gobernación de Santander, cuyo objeto era la ampliación del corredor vial primario Bucaramanga–Floridablanca por un valor aproximado de $146 millones.“Ese tramo estaba bajo custodia del departamento hasta hoy, por eso ya solicité formalmente que nos lo entreguen para poder hacer las reparaciones correspondientes”, afirmó el mandatario local.Según explicó, desde hace seis meses se venía solicitando la entrega del corredor, pero solo tras la presión ejercida por su administración en los primeros 10 días de gobierno se logró que la Gobernación elaborara el acta de entrega del tercer carril.Portilla advirtió que el apagón del corredor representa un riesgo inminente para la seguridad vial.“No podemos seguir generando ese riesgo. Una motocicleta se puede accidentar y luego el municipio termina respondiendo por los daños”.El alcalde aseguró que, si la Secretaría de Infraestructura departamental firma hoy el acta, el municipio podría restablecer completamente el alumbrado a más tardar el 31 de diciembre, en “tiempo récord”.Ante los señalamientos del alcalde, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, sostuvo que la Gobernación ha intentado desde hace más de dos años formalizar la entrega del tercer carril a la administración municipal, pero aseguró que estos asuntos deben resolverse dentro de los canales institucionales y no a través de confrontaciones públicas.“Nosotros estamos entregando; ellos deben recibir. Estos temas se deben tratar en consejos conjuntos con el alcalde, porque generar este tipo de debates innecesarios le hace daño a la institucionalidad”, afirmó.Díaz recordó el episodio de la vacancia absoluta ocurrido en la anterior administración municipal, cuando el entonces alcalde perdió su investidura y el propio gobernador designó como alcalde encargado a Eduard Sánchez, destacando que durante ese periodo no se emitió ninguna alerta sobre el estado del tercer carril.“Cuando se presentó la vacancia absoluta, el gobernador respondió nombrando un alcalde encargado. En ese momento designé a Eduard Sánchez, y durante su gestión no hubo una sola observación ni alerta sobre este tema. Fue un alcalde responsable, que hizo la tarea, ya responden después son los partidos y su terna”, puntualizó el mandatario departamental.
En hechos ocurridos en el barrio Nueva Colombia, sector El Edén, del municipio de Piedecuesta, fue asesinado con arma de fuego Harold Fernando Gómez Suárez, de 36 años, mientras que una mujer resultó herida.De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades de Piedecuesta, la víctima se encontraba conversando con una vendedora informal de empanadas, identificada como Katiuska Nieves Sánchez, de 43 años, cuando dos hombres llegaron en motocicleta. El parrillero descendió, sacó un arma de fuego y disparó en repetidas ocasiones contra Gómez Suárez, quien falleció en el lugar pese a la atención inmediata de la patrulla policial del cuadrante.La mujer, que estaba cerca del occiso, recibió un impacto en el antebrazo izquierdo, pero sobrevivió y fue trasladada a un centro asistencial.Las autoridades confirmaron que Harold Fernando Gómez Suárez presentaba una anotaciones judiciales en calidad de indiciado por tráfico, fabricación y porte de armas de fuego y municiones, registrada este mismo año. Según relató una familiar, trabajaba en construcción y también se dedicaba a la venta de rifas, actividad que estaba realizando al momento del ataque.En el lugar fueron recolectados un proyectil y el cuerpo de la víctima, además de material probatorio de cámaras de seguridad cercanas. La investigación está en curso bajo la hipótesis de un ajuste de cuentas mediante modalidad de sicariato.El caso fue asumido por el CTI de la Fiscalía, que adelantó la inspección técnica al cadáver, la fijación fotográfica y labores de vecindario. Por ahora no se reportan capturas.En lo que va de este año en el área metropolitana de Bucaramanga han sido asesinadas más de150 personas en diferentes hechos, la mayoría por temas de microtráfico y venganzas personales.
La Gobernación de Santander anunció medidas drásticas para recuperar una cartera morosa por no pagar impuesto vehicular que ya asciende a más de $735.000 millones correspondientes a un total de 261.704 vehículos en mora.La medida consiste en la intensificación de los procesos de cobro coactivo, captura e inmovilización de vehículos en mora.La secretaria de Hacienda de Santander, Diana María Durán Villar, aunque prioriza la regularización voluntaria por parte de los ciudadanos, fue enfática en la necesidad de avanzar con las acciones legales."Avanzar en medidas como el cobro coactivo y la inmovilización de vehículos, como lo indica la ley, es un paso necesario para recuperar la cartera morosa, pero la prioridad del Gobierno Departamental es que los ciudadanos regularicen su situación de manera voluntaria", manifestó la secretaria Durán.El director de Cobro Coactivo de la Gobernación, Nicolás Saab Ortega, detalló las consecuencias iniciales para los deudores."La primera medida que se adopta es el embargo de las cuentas bancarias. Si la deuda persiste, los contribuyentes en mora son reportados en las centrales de riesgo y clasificados como deudores del Estado. Esta situación conlleva que estas personas no puedan acceder a créditos bancarios ni sacar inmuebles en arriendo a su nombre", advirtió Saab Ortega.Además, la dirección avanza en la firma de convenios administrativos con las secretarías y direcciones de tránsito municipales para poder ejecutar las órdenes de captura e inmovilización de vehículos con obligaciones pendientes.La Gobernación hizo un llamado a los propietarios de vehículos a consultar su estado de deuda y ponerse al día, habilitando canales de pago ágiles."Reiteramos el llamado respetuoso y cercano a los contribuyentes para que revisen si tienen obligaciones pendientes con el departamento y aprovechen los canales de pago virtuales o presenciales habilitados para ponerse al día de manera ágil, segura y desde cualquier lugar", instó la secretaria Diana Durán.
Un trágico accidente se registró este domingo 28 de septiembre en el balneario Las Gachas, en el municipio de Guadalupe, Santander, donde perdió la vida Yeiner Alexander Ochoa Vesga, de 27 años y natural de Piedecuesta.De acuerdo con el relato de sus acompañantes, el joven ingresó a una de las cavidades naturales y no volvió a salir. La emergencia fue atendida por la Defensa Civil de Guadalupe, la Policía Nacional, personal de la ESE Hospital Nuestra Señora de Guadalupe y posteriormente el Cuerpo de Bomberos de Oiba, con apoyo de varios ciudadanos y guías turísticos, quienes finalmente hallaron el cuerpo sin signos vitales.La situación causó conmoción entre visitantes y pobladores de la zona. La Alcaldía de Guadalupe lamentó lo sucedido y expresó solidaridad con la familia de la víctima.“Con profunda tristeza recibimos la noticia del suceso ocurrido en un atractivo de nuestro municipio. (…) Desde la Alcaldía de Guadalupe, expresamos nuestra sincera solidaridad con la familia del joven fallecido y los acompañamos en este momento de dolor”, indicó el pronunciamiento oficial.El comunicado también reiteró la importancia de acatar las recomendaciones de guías y autoridades, pues algunas zonas del balneario no son aptas para actividades recreativas.Entretanto, el pasado sábado se presentó otro hecho lamentable en el sector conocido como La Represa, en la ciénaga San Silvestre de Barrancabermeja, donde falleció por inmersión Aura Johana Puertas González.El cuerpo de la joven fue recuperado por organismos de socorro y entregado a sus familiares. La noticia generó tristeza en la comunidad local.Las autoridades recordaron que, aunque estos escenarios naturales son grandes atractivos turísticos, también representan riesgos. Por ello, insisten en la necesidad de respetar las zonas seguras y atender las recomendaciones oficiales para prevenir tragedias como las ocurridas este fin de semana.
Ni siquiera el Cuerpo de Bomberos de Bucaramanga se salvó de la delincuencia. En la madrugada de este domingo, mientras atendían un derrame de aceite en la carrera 15 entre calles 9 y 10, vía al norte de la ciudad, delincuentes robaron unas tijeras hidráulicas, conocidas como “quijadas de la vida”, equipo indispensable para rescates en accidentes de tránsito.El comandante de la institución, Diego Rodríguez, explicó que la pérdida de esta herramienta afecta directamente la capacidad de respuesta de la unidad de rescate. “Es una herramienta para salvar vidas. Con este robo, la máquina que fue víctima del hurto queda sin esta herramienta vital de apertura de puertas”, señaló.Las tijeras hidráulicas representan la diferencia entre la vida y la muerte para las víctimas atrapadas en accidentes de tránsito. “Cada segunda cuenta cuando debemos liberar a personas en riesgo, y sin esta herramienta se limita nuestra acción en momentos críticos”, agregó la institución.El Cuerpo de Bomberos hizo un llamado a los responsables para que comprendan la magnitud del daño causado y devuelvan el equipo. “No se trata de un objeto cualquiera, es una herramienta que representa esperanza y vida para quienes sufren un accidente”, concluyó.Las autoridades verifican las cámaras de vigilancia del sector en busca de los responsables de este robo que genera indignación en la ciudad.
Los trabajadores de la Electrificadora de Santander (ESSA), empresa propiedad del Grupo EPM (Empresas Públicas de Medellín), se declararon en asamblea permanente, luego de varias semanas de negociaciones fallidas entre la directiva de la compañía y los representantes sindicales.Según el sindicato, la empresa no ha mostrado voluntad para llegar a acuerdos que garanticen mejores condiciones laborales a cerca de 3.500 trabajadores, muchos de los cuales prestan sus servicios a la electrificadora pero se encuentran tercerizados. Entre las principales exigencias se destaca la vinculación laboral directa, el respeto a los derechos convencionales y el fin del uso excesivo de empresas contratistas.Carlos Roncancio, asesor legal de los trabajadores del sector eléctrico, explicó que el proceso de negociación colectiva se encuentra estancado.“La filial de EPM se encuentra en negociación colectiva. Son 10 sesiones y vamos en la número 8. Durante estas reuniones, la compañía se ha abstenido de negociar las propuestas presentadas en el pliego de peticiones, lo que constituye una negativa encubierta a negociar”, afirmó. Roncancio señaló que esta situación ha llevado a los trabajadores a recurrir a la asamblea permanente y a contemplar la huelga como un mecanismo legítimo de diálogo.“La empresa hace un uso desmedido de compañías contratistas para desarrollar actividades propias de la electrificadora. Estas personas deberían ser contratadas directamente por la empresa, con contratos a término indefinido. Esta intermediación excesiva debilita la convención colectiva y genera condiciones laborales precarias, afectando el salario y la estabilidad de cientos de trabajadores”, agregó.Los trabajadores reiteraron que su principal petición es que la Electrificadora de Santander cumpla con la contratación directa de este personal y respete los acuerdos colectivos, garantizando condiciones laborales dignas para quienes sostienen la operación del servicio de energía en el departamento.Por ahora, el proceso de diálogo continúa sin avances significativos, mientras la asamblea permanente se mantiene como medida de presión en defensa de los derechos laborales.El asesor legal hizo un llamado a retomar el diálogo, avanzar hacia acuerdos de manera respetuosa y asumir la negociación con seriedad y compromiso.
El desplazamiento forzado en la región del Catatumbo continúa en aumento y mantiene en máxima alerta a Cúcuta. Así lo advirtió Leandro Ugarte, secretario de Víctimas del municipio, al asegurar que la magnitud de la emergencia humanitaria registrada en 2025 no tiene antecedentes en el país.En declaraciones a Mañanas Blu de Blu Radio, Ugarte explicó que el flujo de personas desplazadas ha sido constante desde mediados de enero. “Desde el 17 de enero a la fecha, este desplazamiento ha sido continuo. Del 22 al 29 de diciembre hemos recibido 230 núcleos en Cúcuta. Esto da un total de 580 personas”, precisó el funcionario.El secretario alertó que el incremento sostenido de llegadas ha generado una fuerte presión sobre las finanzas del municipio. Según indicó, Cúcuta ya enfrenta insuficiencia presupuestal para continuar atendiendo a la población desplazada y ha tenido que solicitar apoyo al Gobierno nacional.“Tenemos insuficiencia presupuestal para seguir atendiendo; estamos acudiendo a la Unidad para las Víctimas para iniciar subsidios y que nos apoyen con entregas. El presupuesto es finito y el desplazamiento no ha parado”, señaló Ugarte, al recalcar la gravedad del escenario.Actualmente, la ciudad no ha habilitado albergues temporales para esta población. De acuerdo con el funcionario, todas las familias desplazadas se encuentran en condición de autoalbergue, mientras la administración municipal ha entregado kits de alimentación y aseo como atención inicial.“Las personas que están arribando son básicamente cabeza de núcleo y cuando llegan buscan autoalbergue. El desplazamiento que hemos vivido este año es sin precedentes, el más grande en la historia de Colombia. Pedimos que se convoque una alerta nacional”, concluyó el secretario de Víctimas de Cúcuta.
Con la presencia de Juvenal Díaz Mateus, gobernador de Santander, y los altos mandos de la Policía Nacional, se presentó este martes 30 de diciembre los nuevos elementos humanos y físicos con los que contará la institución para reforzar sus capacidades operativas.“Presentamos un importante fortalecimiento institucional que evidencia el compromiso indeclinable de nuestra Policía con la vida, la tranquilidad y el bienestar de todos los habitantes del territorio. Nos honra presentar a 46 nuevos uniformados, entre ellos dos oficiales en el grado de subteniente, quienes se integran a esta unidad con la firme vocación de servir. Ellos representan una fuerza renovada, formada y comprometida con la protección de la ciudadanía. Su presencia en el territorio potenciará nuestras capacidades preventivas y operativas”, expresó el coronel Néstor Arévalo, comandante del Departamento de Policía de Santander.De acuerdo con las autoridades, el fortalecimiento institucional contó con el apoyo de la Dirección General de la Policía y tuvo una inversión de $2.700 millones. Además de los nuevos uniformados, la institución recibió 9 camionetas y 13 motocicletas de alto cilindraje destinadas a fortalecer las capacidades de las unidades de investigación criminal, inteligencia policial y el trabajo del Gaula.“Estos vehículos se convertirán en herramientas dentro de los procesos de recolección de información y ejecución de operaciones contra estructuras criminales”, acotó el coronel Arévalo.Por su parte, el Gobernador de Santander destacó que “es un día muy importante para la seguridad de la región"."Nosotros tenemos tres ejes importantes: la seguridad multidimensional, la prosperidad y la sostenibilidad. Este año invertimos más de 62 millones de pesos para dotación de la fuerza pública, instalaciones y bienestar para nuestros hombres de la Policía y el Ejército Nacional, y la idea es seguir fortaleciendo las instituciones”.Por último, el comandante del Departamento de Policía de Santander confirmó que durante el presente año la Gobernación y los entes territoriales entregaron 29 vehículos adicionales y 11 motocicletas, con lo cual el parque automotor policial fue reforzado con más de 62 medios de transporte en 2025, los cuales fueron puestos al servicio de la seguridad ciudadana.
Tras el anuncio del presidente de la República, Gustavo Petro, acerca del aumento de un 23,7% en el salario mínimo en Colombia para 2026, hay ciudadanos que temen que sus trabajos estén en riesgo debido a que este incremento podría desestabilizar la sostenibilidad de las empresas. En un sondeo realizado a los bumangueses, son varios las inquietudes y cuestionamientos que se dieron a conocer. “Por ejemplo, mi esposo: él trabaja en una empresa y él gana un poquito más del mínimo, pero ahora se igualó el mínimo con lo que él gana, y el problema es que los empleados lo van a recortar, porque ya eso es demasiado el precio del mínimo”, afirmó Nancy Amorocho.“Como empleado obvio que la persona va a salir, el rico más rico y el pobre más pobre, y como jefe de empleados si tengo 10 empleados me tocaría echar 3, y va a haber más desempleo, ya no va a haber horas extras, ni toda esa joda”, dijo Alfonso Rueda.“Obviamente no sirve de nada si van a aumentar el salario mínimo un 20% si al fin y al cabo la canasta familiar va a aumentar en esa misma proporción, si hay un aumento en el salario, pues que realmente se vea que los colombianos tienen más adquisición monetaria para comprar o disfrutar de su día a día”, expreso Josué Duarte.Los bumangueses hacen un llamado al Gobierno nacional a que analice mejor la situación económica de los colombianos, ya que puede traer aspectos negativos en los costos de la canasta familiar por una posible alza de precios.También se pronunció el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, quien indicó que revisará la situación para poder solventar este aumento que no se tenía previsto."Yo creo que hay que ir, como los gringos, aprendiendo a hacer el aseo y muchas tareas en la casa porque realmente se hace bastante difícil pagar. Nosotros desde la Gobernación de Santander vamos a mirar de donde sacamos los recursos para poder solventar ese 23% más que no teníamos previsto”.
En Norte de Santander se conoció un hecho que ha generado indignación y preocupación en la región del Catatumbo. En el corregimiento de San Pablo, municipio de Teorema, se realizó un sepelio masivo en homenaje a un cabecilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), en medio de la comunidad local. El acto contó con la presencia de guerrilleros uniformados y armados, música y disparos al aire, un espectáculo que se viralizó por la visibilidad pública de la guerrilla en pleno territorio civil.Las imágenes del cortejo fúnebre muestran a decenas de hombres fuertemente armados y varios vehículos escoltando el féretro por las calles del corregimiento. Durante el recorrido se observaron globos de colores y la asistencia de población civil, incluidos adultos mayores y menores de edad. Este tipo de ceremonias, organizadas de manera abierta entre la comunidad y grupos armados, no solo visibiliza la presencia del ELN en Teorama, sino también la ausencia de la fuerza pública.San Pablo y sus alrededores hacen parte de una región históricamente afectada por la presencia de grupos armados ilegales que se disputan el control territorial y económico. Estas dinámicas están ligadas, en gran medida, a rutas del narcotráfico y otras economías ilícitas. El Catatumbo ha sido señalado en múltiples informes como uno de los focos más críticos del conflicto armado en el país, con enfrentamientos entre el ELN, disidencias de las FARC y otros actores, así como un alto número de víctimas y desplazados.La falta de una presencia sostenida de la fuerza pública en el corregimiento ha facilitado que grupos como el ELN realicen actividades públicas sin una oposición visible de las autoridades. Sectores sociales y políticos han cuestionado que estos eventos se desarrollen “a plena luz del día” sin una reacción contundente de la Policía o el Ejército. Según denuncias, esto evidencia un vacío de control estatal que permite a la organización guerrillera movilizarse con relativa normalidad en zonas rurales del Catatumbo.Las críticas también apuntan al silencio de las autoridades, que hasta ahora no han emitido pronunciamientos claros sobre este sepelio ni sobre las implicaciones de permitir que un grupo armado exhiba su fuerza y simbología en un espacio público. Para analistas y habitantes de la región, estos hechos no solo representarían una vulneración a los acuerdos de cese al fuego y al orden público, sino también una señal de que el control territorial del Estado sigue siendo insuficiente en lugares como San Pablo, donde la población queda expuesta a la influencia de actores armados ilegales.
Las protestas de comunidades en Santander continúan sin acuerdos definitivos con el Instituto Nacional de Vías (Invías), manteniendo levantadas las talanqueras de cuatro peajes ubicados en la llamada Ruta de los Comuneros.La situación, que se presenta desde el 7 de octubre de 2025, ha generado una pérdida cercana a los 24.000 millones de pesos, según el balance entregado por la entidad.Los peajes afectados son Oiba, Los Curos, Curití y Río Blanco, ubicados en el corredor vial que comunica Zipaquirá con San Alberto, una de las rutas más importantes del país para la movilidad y el transporte de carga.De acuerdo con Jhon Jairo González, director encargado de Invías, estos recursos son fundamentales para el mantenimiento y la atención de emergencias en este eje vial.Pese al cese en el recaudo, Invías aseguró que durante 2025 ha invertido cerca de 62.000 millones de pesos en este corredor. De ese total, más de 25.000 millones se destinaron a mantenimiento rutinario y periódico, atención de puntos críticos, emergencias y señalización vial, mientras que otros 37.000 millones de pesos se ejecutaron en labores de mantenimiento adicional. Asimismo, la entidad señaló que se han garantizado servicios de atención al usuario, como grúa, carro taller y ambulancia.El Instituto indicó que ha sido garante del derecho a la protesta pacífica y que ha participado en cinco mesas de diálogo presenciales y varias reuniones virtuales con comunidades, transportadores y líderes de la manifestación, espacios en los que también han estado presentes autoridades locales, departamentales y organismos de control.En estos encuentros se han analizado propuestas orientadas a mejorar la infraestructura vial y, al mismo tiempo, se ha insistido en la necesidad de reactivar el cobro de los peajes como fuente clave de financiación.Como parte de una solución a largo plazo, Invías informó que avanza en una propuesta estructural que contempla una posible alianza con Findeter, con el objetivo de financiar la rehabilitación de los tramos más críticos de esta vía.Entre los acuerdos, se estableció que durante la primera semana de diciembre Findeter presentaría la propuesta para administrar esta vía; sin embargo, hasta el momento no se ha informado nada al respecto.Hace unos meses, Juvenal Díaz Mateus, gobernador de Santander, lanzó duros señalamientos al Gobierno nacional por la falta de inversiones en vías clave del departamento. “No se invierte en el departamento y la comunidad está exigiendo que la plata de los peajes se invierta bien en esta vía”, afirmó.