Floridablanca y Girón se unen a la suspensión del pico y placa metropolitano entre el 1 y el 12 de enero de 2026, la medida se da tras el incremento de desplazamientos que se presenta en la temporada de inicio de año y para facilitar la movilidad de los residentes y visitantes.“Vamos a intensificar las acciones para prevenir el mal parqueo, verificar que los documentos estén al día y fortalecer las campañas de cultura ciudadana, con el objetivo de garantizar la seguridad vial”, afirmó Jahir Castellanos, secretario de Tránsito de Floridablanca.La nueva rotación del pico y placa en el área metropolitana iniciará el 13 de enero de 2026, aplicándose de lunes a viernes de 6:00 a.m. a 8:00 p.m. y los sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m., bajo un esquema de rotación trimestral de dígitos.El lunes tendrán pico y placa los automotores que terminan en 1 y 2, el martes las placas terminadas en 3 y 4, los miércoles las que finalizan en 5 y 6, los jueves los que acaban en 7 y 8; y los viernes las placas que terminan en 9 y 0.El cronograma para los fines de semana del primer trimestre del año 2026 será:· 17 de enero: placas terminadas en 3 y 4· 24 de enero: placas terminadas en 5 y 6· 31 de enero: placas terminadas en 7 y 8· 7 de febrero: placas terminadas en 9 y 0· 14 de febrero: placas terminadas en 1 y 2· 28 de febrero: placas terminadas en 5 y 6· 7 de marzo: placas terminadas en 7 y 8· 14 de marzo: placas terminadas en 9 y 0· 21 y 28 de marzo: placas terminadas en 3 y 4· 4 de abril: placas terminadas en 5 y 6De acuerdo con Dirección de Tránsito de Bucaramanga, entre el 7 y el 13 de enero se realizará la socialización de la nueva rotación del pico y placa para que todos los conductores del área metropolitana conozcan los cambios.
El hecho que se presentó en la vereda Alto Semisa del municipio de Puente Nacional, Santander, fue controlado sin afectar el poliducto, tras un incidente en la infraestructura de Cenit que provocó un incendio de diésel y la propagación del fuego hacia una zona forestal.De acuerdo con Ecopetrol, la explosión fue ocasionada por recipientes ilegales usados para el almacenamiento de hidrocarburo hurtado, “la compañía rechaza las acciones ilícitas que ponen en riesgo la integridad de las comunidades, que generan graves consecuencias al medioambiente y afectan el desarrollo económico del país”, comunicó la empresa colombiana de Petróleo.Con el objetivo de mitigar los impactos generados por el combustible y garantizar la seguridad en el área intervenida, la empresa Cenit desplegó cuadrillas especializadas para las labores de limpieza, control del derrame y evaluación de afectaciones ambientales.Dentro de las acciones tomadas por las autoridades en el Plan de Emergencia y Contingencia (PEC), se aseguró la zona por parte del Ejército Nacional, también se desplegó un equipo multidisciplinario para desmantelar la válvula ilícita instalada por terceros desconocidos en el ducto y por la cual se hurtaba el combustible almacenado.Además, se dispuso de manera preventiva un punto de control en la Quebrada la Honda en la vereda Alto Semisa. Los bomberos de Barbosa en colaboración con los de Tunja y Tocancipá controlaron el incendio que no afectó el poliducto.La recomendación por parte de Cenit a la comunidad es a que no se acerquen al lugar de los hechos hasta tanto culminen las labores de atención y reparación.
La situación de orden público en Norte de Santander cerró 2025 con un balance alarmante. En pleno fin de año, mientras gran parte del país celebraba, en el Catatumbo se intensificaron los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las FARC, dejando miles de víctimas atrapadas en el fuego cruzado. El recrudecimiento de la violencia volvió a poner en duda la efectividad de la política de paz del Gobierno nacional.En entrevista con Blu Radio este 31 de diciembre, el alto consejero para la Paz y la Reconciliación en Norte de Santander, Luis Fernando Niño, describió un panorama crítico y lanzó una de las frases más contundentes del diálogo: con el ELN, aseguró, “ya no existe ninguna negociación”, una afirmación que reavivó el debate sobre la estrategia del presidente Gustavo Petro frente a los grupos armados ilegales.Crisis de seguridad en el CatatumboNiño detalló que desde el 16 de enero se desató una confrontación directa entre el Frente 33 de las disidencias de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional. Las cifras son dramáticas: “A hoy, 84.000 desplazados, más de 23.000 personas confinadas y aproximadamente 300 personas asesinadas”, explicó al aire.Según el consejero, la disputa territorial se libra en medio de la población civil. “Los grupos queman las casas del contrario o las casas de los civiles que creen cercanos a los contrarios”, relató, al tiempo que confirmó casos de reclutamiento forzado y ataques con drones. Municipios como El Tarra y Filogringo siguen siendo los más golpeados por los combates.Luis Fernando Niño asegura que ya no existe negociación con el ELNUno de los puntos más sensibles de la entrevista fue la situación del diálogo con el ELN. Niño fue categórico: “En este momento con el Ejército de Liberación Nacional ya no existe ninguna negociación, solo preavisos de parte del Gobierno y del ELN”.Aunque reconoció que con el Frente 33 aún hay una mesa abierta, advirtió que sin un cese real de hostilidades cualquier intento de negociación pierde sentido. “Lo que pedimos de inmediato es que haya un cese de hostilidades”, subrayó, dejando entrever críticas a lo que considera una actitud permisiva frente al accionar armado.Norte de Santander atrapada en el fuego cruzadoEl consejero también defendió el rol de la fuerza pública, aunque admitió sus limitaciones. “Los combates se están dando en medio de la población civil, al lado de las escuelas y de las casas”, afirmó, señalando que el Ejército y la Policía actúan con cautela para no violar el derecho internacional humanitario.Para Niño, la prioridad sigue siendo proteger a las comunidades, pero insistió en que la falta de resultados con el ELN evidencia una política que, según él, ha sido condescendiente. Mientras tanto, el Catatumbo continúa pagando el costo más alto de una guerra que no da tregua.
Un incremento significativo en la movilización de pasajeros se registró en las últimas horas en la Terminal de Transportes de Bucaramanga, de acuerdo con el balance entregado por su gerente, Jaime Pérez, quien destacó que la cifra superó las proyecciones iniciales para esta temporada.Según informó el directivo, durante el martes 30 diciembre salieron de la terminal un total de 14.407 pasajeros, que se movilizaron en 874 vehículos, una cifra superior a la registrada para la misma fecha del año anterior, cuando se reportaron aproximadamente 13.200 viajeros. El aumento, señaló Pérez, refleja una mayor confianza de los ciudadanos en el uso del transporte legal y formal.“El flujo de pasajeros fue mayor al esperado y permitió que todas las rutas programadas se despacharan sin contratiempos. Las empresas de transporte cumplieron sus expectativas operativas”, indicó el gerente de la terminal.Entre los destinos con mayor demanda se encuentran Bogotá, Medellín, la Costa Atlántica y Cúcuta, así como las rutas internas del departamento de Santander. Dentro de estas últimas, las provincias de García Rovira, Guanentá y Vélez fueron las más visitadas por los viajeros.La Terminal de Transportes de Bucaramanga opera con normalidad, aunque con un flujo de pasajeros menor este 31 de diciembre. Algunas empresas realizarán despachos hasta las 4:00 p.m. o 5:00 p.m.; sin embargo, la administración reiteró que la terminal mantiene una operación constante, teniendo en cuenta que presta servicio de manera continua y no cierra sus puertas al público.Entre las medidas implementadas para garantizar la seguridad de pasajeros se destacan la presencia permanente de un CAI de la Policía Nacional, planes operativos de control, revisión técnica de los vehículos y pruebas de alcoholemia a todos los conductores antes de iniciar cada recorrido.Finalmente, el gerente hizo un llamado a los usuarios para que adquieran sus tiquetes directamente en las taquillas autorizadas, utilicen únicamente transporte legal y cumplan con las recomendaciones establecidas por el Gobierno Nacional. En especial, reiteró la importancia de portar la documentación requerida para el desplazamiento de menores de edad, atender las recomendaciones de salud para viajes largos y cumplir con los requisitos exigidos para el transporte de mascotas, con el fin de garantizar un viaje seguro y sin contratiempos.
Colombia sigue revelando territorios que, durante años, permanecieron al margen del radar turístico. Uno de ellos es Caquetá, un departamento que hoy busca mostrarse al país como un destino seguro y lleno de biodiversidad. Así lo afirmó el gobernador Luis Francisco Ruiz en Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, donde destacó el potencial natural y cultural de la región.El mandatario explicó que Caquetá no es solo sinónimo del Parque Nacional Natural Chiribiquete, considerado el más grande del país, sino que cuenta con “cinco parques nacionales naturales y un parque municipal”, además de una amplia oferta distribuida en sus 16 municipios. “Hemos estructurado rutas turísticas: la del centro, la del norte, la del sur y la ruta ancestral, para visibilizar los atractivos de todo el departamento”, señaló.Ruiz reconoció que históricamente el Caquetá ha sido asociado con problemas de orden público, pero aseguró que esa percepción no refleja la realidad actual. “Hoy Caquetá es el cuarto departamento más seguro del país y Florencia es la segunda capital con menos homicidios”, afirmó, resaltando que las zonas turísticas y cabeceras municipales son aptas para recibir visitantes.El gobernador también destacó la hospitalidad de los habitantes como el principal activo del territorio. “El 99,9 % de lo más valioso que tenemos es nuestra gente: honesta, trabajadora y resiliente”, aseguró, al tiempo que indicó que el turismo se ha convertido en un renglón clave de la economía local.Sobre cómo llegar, explicó que Florencia cuenta con el aeropuerto Gustavo Artunduaga Paredes, con cuatro vuelos diarios desde Bogotá, y que también hay vuelos directos a San Vicente del Caguán dos veces por semana. Para quienes prefieren viajar por carretera, indicó que la vía está completamente pavimentada y el trayecto desde Bogotá puede tomar entre ocho y diez horas.En cuanto a los imperdibles, mencionó experiencias como el rafting en el río Pato, el Salto del Tigre en Puerto Rico, la cascada del Anayacito en El Doncello, el senderismo y avistamiento de aves cerca de Florencia, y los Portales del Fragua, en el sur del departamento. “Tenemos de todo: cascadas, ríos cristalinos, montañas y paisajes únicos”, enfatizó.
Después de casi 4 días de las afectaciones en la vía que comunica la ciudad de Medellín con el Urabá Antioqueño, y de cara al Plan Éxodo por fin de año, se intensifican las labores para permitir el paso por ambos carriles para miles de viajeros que tienen como destino esta zona del país.Las labores de despeje en la vía Medellín – Urabá, avanzan de manera satisfactoria priorizando la atención de los derrumbes de mayor complejidad. Como consecuencia, se registra flujo vehicular moderado y paso controlado a un solo carril en varios puntos del corredor.En la variante de Fuemia, Unidad Funcional 2, jurisdicción del municipio de Dabeiba, se mantiene un cierre preventivo entre las 7:00 de la noche y las 5:00 de la mañana, con pasos nocturnos temporales habilitados desde las 9:00 hasta las 10:00 de la noche y desde 2:00 hasta las 3:00 de la madrugada.En este mismo sector, pero en la zona urbana de Dabeiba, persiste una afectación por socavación, razón por la cual las autoridades insisten a los viajeros en acatar de manera puntual las indicaciones de los controladores viales.Por otra parte, la Unidad Funcional 01, que trabaja en el sector túnel falso de Uramita, el tránsito para los vehículos que transitan por esta zona, continúa con paso controlado a un solo carril, bajo supervisión del personal vial. Adicionalmente, entre el sector Guineales y el sector La Llorona se adelantan controles viales y cierres periódicos, debido a la remoción de múltiples derrumbes.Luis Fernando Begué, gobernador encargado de Antioquia, aseguró que se mantienen 16 frentes con maquinaria amarilla en todo el departamento atendiendo emergencias. Sin embargo, hay garantía para la transitabilidad total."Los corredores viales con mayor afluencia de vehículos se encuentran completamente habilitados. Invitamos a todos los conductores de nuestro departamento a hacerlo con prudencia y a celebrar con moderación."Las autoridades reiteran el llamado a los conductores para transitar con precaución, respetar la señalización y atender los controles de tráfico, con el fin de garantizar la seguridad de todos los usuarios de la vía.
Los Simpson, una de las producciones animadas más influyentes de la televisión, cumple en 2025 36 años desde su estreno, ocurrido el 17 de diciembre de 1989 con el episodio titulado El Especial de Navidad.A lo largo de su extensa trayectoria en la pantalla chica, Los Simpson ha contado con la participación de numerosos actores de doblaje que marcaron a generaciones enteras. En Latinoamérica, varias voces mexicanas dieron identidad a la familia amarilla, entre ellas Nancy McKenzie, quien interpretó a Marge Simpson durante las primeras 15 temporadas; Patricia Acevedo, voz original de Lisa Simpson en las primeras 15 temporadas y quien retomó el personaje a partir de la temporada 32; y Humberto Vélez, el icónico actor que dio voz a Homero Simpson en los inicios de la serie y que actualmente regresó para volver a interpretar al protagonista.Además de interpretar a Homero, Vélez ha dado vida a algunos personajes secundarios en la versión original en inglés, aumentando su reconocimiento a nivel internacional.Histórica aparición de un actor de doblaje en Los Simpson con su propio personajeLa icónica serie Los Simpson presentó recientemente un nuevo episodio de su temporada 37, titulado The Fall Guy-Yi-Yi, y volvió a sorprender a su audiencia con un guiño especial que no pasó desapercibido: la inesperada aparición de Humberto Vélez, quien fue incluido con su propio personaje animado dentro de la historia.Durante el capítulo, el actor presta su voz al Hombre Abejorro, un personaje secundario que trabaja como comediante en el famoso Canal 8 de la serie. Sin embargo, su participación va más allá del doblaje, ya que Vélez también aparece representado físicamente en una escena clave del episodio.La secuencia ocurre cuando Homero Simpson y el Hombre Abejorro caen desde la Pirámide del Sol, ubicada en Teotihuacán, México. En ese momento, la cámara cambia de ángulo y muestra a Vélez caricaturizado al estilo de la serie, quien pronuncia la frase: “El dolor de este hombre me quita mis propias penas”.Actualmente, el episodio solo está disponible en Estados Unidos; no obstante, la participación de Vélez fue realizada en español y subtitulada al inglés para su versión original. Este detalle ha sido destacado por numerosos fanáticos como un hito histórico para el doblaje mexicano y latinoamericano.La aparición fue celebrada tanto por seguidores de la serie como por especialistas, quienes la interpretan como un homenaje al legado de uno de los actores de doblaje más antiguos y queridos de Los Simpson. Además, críticos de televisión coinciden en que se trata de un reconocimiento histórico y ampliamente merecido para Humberto Vélez.
La juez 79 de control de garantías negó la solicitud de libertad por vencimiento de términos y la sustitución de la medida de aseguramiento, solicitadas por la defensa de Sandra Liliana Ortiz Nova, exconsejera presidencial para las regiones, quien continúa privada de la libertad en el marco del proceso penal que investiga el entramado de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).Durante la audiencia, el despacho abordó el problema jurídico central relacionado con el cómputo de los términos para acceder a la libertad, específicamente frente al delito de lavado de activos. La juez explicó que, conforme al artículo 317 del Código de Procedimiento Penal, en este tipo de delitos deben transcurrir 240 días desde la presentación del escrito de acusación sin que se haya iniciado el juicio oral para que proceda la libertad por vencimiento de términos.Aunque en el caso concreto han transcurrido 342 días desde el 24 de enero, fecha en la que se presentó la acusación contra Ortiz Nova, la juez precisó que del total de ese tiempo deben descontarse 170 días atribuibles a actuaciones de la defensa. En consecuencia, el término legal exigido no se cumple, razón por la cual la solicitud fue negada.Según lo expuesto en la diligencia, dentro de esos 170 días se encuentran aplazamientos solicitados por la defensa y el periodo en el que se tramitó una nulidad promovida por el abogado de la exfuncionaria. Para la judicatura, esos tiempos no pueden ser contabilizados dentro del vencimiento de términos, pues fueron generados por decisiones procesales de la propia defensa.“La ley es clara en señalar que se le atribuye el término a la parte o al sujeto procesal que lo haya propiciado”, sostuvo la juez 79, al señalar que uno de los aplazamientos obedeció a la decisión del entonces apoderado de Ortiz de dar prioridad a otra diligencia judicial, pese a que se conocía que su defendida se encontraba privada de la libertad. En ese sentido, recalcó que lo procedente es permitir que el proceso continúe su curso normal.La juez también fue enfática en señalar que los términos derivados de la resolución de nulidades no pueden ser atribuidos a la judicatura. “No puede ser atribuible a la judicatura, sino a quien postula la nulidad. Porque nulidades contra esos actos de parte, imputación, acusación, pues no son procedentes”, explicó, al indicar que, aunque dichas actuaciones no necesariamente se hayan realizado de mala fe, sí impactan directamente el conteo de los términos.Tras conocerse la decisión, el abogado Mauricio Camacho, defensor de Sandra Ortiz, interpuso recurso de apelación, por lo que la solicitud será revisada en segunda instancia.Ortiz Nova, exconsejera del Gobierno del presidente Gustavo Petro, enfrenta un proceso penal por su presunta participación en el direccionamiento de recursos públicos de la UNGRD. De acuerdo con la acusación de la Fiscalía, habría gestionado y entregado 3.000 millones de pesos al entonces presidente del Senado, Iván Name, con pleno conocimiento de que los dineros estaban destinados al pago de sobornos para el direccionamiento de una orden de proveeduría relacionada con la compra de 40 carrotanques para el suministro de agua potable en La Guajira.
Roberto Carlos, exjugador de la selección brasileña y el Real Madrid, confirmó este miércoles que pasó por un procedimiento "preventivo" en el corazón, pero aclaró que no sufrió un infarto y que se encuentra "bien" mientras se recupera en un hospital de São Paulo."Pasé por un procedimiento médico preventivo, previamente planeado con mi equipo médico. El procedimiento fue un éxito y estoy bien. No tuve un infarto cardíaco", expresó el exlateral izquierdo en un mensaje publicado en inglés y portugués en sus redes sociales.La leyenda del conjunto blanco, de 52 años, dijo que está "confiado", "recuperándose bien" y "ansioso" por recuperar la forma física para reanudar sus compromisos profesionales y personales "en breve"."Agradezco de corazón todos los mensajes de apoyo, cariño y preocupación. Quiero tranquilizar a todos de que no hay motivo para alarmarse. Muchas gracias a todo el equipo médico que cuidó de mí", añadió en su publicación, que acompañó con una foto suya tumbado en una cama de hospital.Roberto Carlos está ingresado en un centro sanitario de São Paulo, donde se encontraba de vacaciones, tras ser intervenido por un problema cardiaco, confirmaron a EFE fuentes del Real Madrid.El exlateral zurdo, que militó en el club merengue durante once años, entre 1996 y 2007, se sometió a una prueba en una pierna en la que padecía un trombo y se le detectó un problema en el funcionamiento del corazón, lo que motivó la intervención.Roberto Carlos, actualmente embajador del Real Madrid, está fuera de peligro, pero como es preceptivo en estos casos, seguirá en observación al menos durante las próximas 48 horas para comprobar que su evolución es positiva.Considerado uno de los mejores laterales izquierdos de la historia, fue campeón mundial con la selección brasileña en 2002, logró dos Copas América y una Copa Confederaciones, así como tres Ligas de Campeones, cuatro ligas españolas y dos copas intercontinentales con el Real Madrid.
En un giro inesperado dentro del panorama administrativo de Santander, la junta directiva de Neomundo designó formalmente a Julián Díaz Zambrano como su nuevo gerente general. El nombramiento se produce apenas una semana después de la renuncia irrevocable de Tomás León, quien permaneció en el cargo solo 54 días.Díaz Zambrano, quien hasta hace poco lideraba la Oficina de Asuntos Internacionales de la Alcaldía de Bucaramanga, llega al centro de convenciones más importante del nororiente colombiano en un contexto de recomposición de fuerzas políticas entre la administración municipal y la Gobernación de Santander.La salida de su predecesor, Tomás León, estuvo rodeada de controversia. León, cercano a la administración del gobernador Juvenal Díaz Mateus, dimitió argumentando presiones políticas derivadas de la reciente victoria de Cristian Fernando Portilla en las elecciones atípicas de la ciudad. Según León, la nueva mayoría en la junta directiva, alineada con la Alcaldía, buscaba estructurar su salida tras evaluar su corta gestión.Con este cambio, la Alcaldía de Bucaramanga recupera el control de la entidad de economía mixta, posicionando a Julián Díaz, una figura de confianza del sector administrativo local y cercano a la exgestora social Paula Ramírez.Tras su posesión, Julián Díaz enfatizó que su prioridad será consolidar a Neomundo como el epicentro del turismo MICE (reuniones, incentivos, congresos y exposiciones) en el país."Uno de los principales retos es convertirnos en el centro de convenciones del nororiente colombiano que reciba la mayor cantidad de eventos y apoye la promoción de la cultura y el turismo", afirmó el nuevo gerente.Entre los principales retos para el próximo año está la gestión para lograr la capitalización necesaria para la fase dos del centro de convenciones; aprovechar la reciente ampliación del Gran Salón (capacidad para 2.520 personas) para atraer congresos internacionales; y articular esfuerzos con hoteles, agencias de viajes y transporte para fortalecer a Bucaramanga como ciudad destino.
La Procuraduría Regional de Instrucción de Santander reveló presuntas fallas contractuales y operativas en el peaje La Punta, ubicado en la Mesa de Los Santos, tras la terminación del contrato de concesión con la firma Construvicol S. A., que finalizó en enero de 2025.De acuerdo con el ente de control, luego de un seguimiento institucional a la Gobernación de Santander y al Instituto Financiero para el Desarrollo de Santander (Idesan), se identificaron al menos 14 presuntas irregularidades relacionadas con la administración, operación y recaudo del peaje, las cuales habrían surgido tras asumir la Gobernación la operación directa del punto de cobro.La actuación preventiva de la Procuraduría inició a raíz de quejas presentadas por una veeduría ciudadana, que alertó sobre la suscripción de contratos directos y la presunta deficiencia en los servicios prestados desde enero de este año.Durante más de tres meses, la Procuraduría realizó visitas de inspección, solicitó información contractual y adelantó mesas técnicas con las entidades involucradas, en las que se advirtieron riesgos jurídicos y administrativos. Según el informe, algunos de los contratos y convenios podrían desconocer el marco normativo vigente en materia de contratación pública.Entre los hallazgos se encuentran posibles elusiones a los procesos de selección objetiva, deficiencias en la publicación de la información contractual en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP), omisiones en la prestación de servicios esenciales y presuntas irregularidades en la tercerización de funciones.Asimismo, el ente de control evidenció la falta de conceptos ministeriales, posibles usurpaciones de funciones y otras situaciones que motivaron la activación de la función disciplinaria, con el fin de establecer eventuales responsabilidades de los funcionarios involucrados.La Procuraduría indicó que continuará con el seguimiento al caso para garantizar la protección de los derechos colectivos, la transparencia en el manejo de los recursos públicos y el correcto funcionamiento del peaje La Punta, mientras avanzan las investigaciones disciplinarias correspondientes.Cabe anotar que habitantes de la Mesa de Los Santos han protagonizado protestas y mantenido durante semanas las talanqueras del peaje La Punta levantadas en reclamo por la falta de inversión en las vías.
La empresa Cenit adelanta una investigación para determinar las causas de un incendio registrado en una línea de transporte de hidrocarburos, en el sector Alto Semisa, zona rural del municipio de Puente Nacional, Santander.La emergencia se presentó tras un incidente en la infraestructura que transporta diésel, lo que generó inicialmente un incendio de hidrocarburos y, posteriormente, un incendio forestal que encendió las alarmas entre la comunidad y las autoridades locales.De inmediato se activaron los protocolos de atención y al lugar se desplazaron unidades del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres (CMGRD), personal técnico de Cenit y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barbosa, quienes lograron controlar la situación y evitar que las llamas se propagaran hacia zonas habitadas y áreas de mayor cobertura vegetal.David Márquez, comandante de Bomberos de Barbosa, explicó que la emergencia fue reportada hacia las 5:47 p.m. de este 30 de diciembre y que, tras la llegada de las unidades, se evidenció que el fuego se originó en una de las tuberías que atraviesa el sector.Según indicó, por razones técnicas y para evitar un mayor derrame de hidrocarburos, se tomó la decisión de permitir que el combustible se consumiera de manera controlada durante varias horas.Hacia las 11:00 p.m., el incendio forestal ya se encontraba completamente liquidado y personal de Cenit asumió el control del tramo afectado, realizando el respectivo acordonamiento de la zona. Asimismo, el Ejército Nacional mantiene presencia en el lugar para garantizar la seguridad y restringir el acceso mientras avanzan las labores técnicas.Aunque en el sector hay viviendas cercanas, las autoridades confirmaron que no se registraron personas lesionadas ni afectaciones directas a las casas. Sin embargo, el incendio sí causó daños en algunos cultivos aledaños.Cenit informó que su personal especializado será el encargado de establecer las causas exactas del incidente, mientras continúan las labores de limpieza, evaluación ambiental y monitoreo del área afectada, la cual permanece acordonada como medida preventiva.
A pesar de los balances entregados por la Policía Metropolitana de Bucaramanga y las cifras que muestran reducciones porcentuales en diversos crímenes, lo cierto es que la comunidad de la capital santandereana se mantiene con incertidumbre debido a los casos de muertes violentas en el área metropolitana.En las últimas horas, la capital de Santander fue escenario de un cruento homicidio bajo la modalidad de sicariato en el barrio La Joya y un doble atentado con arma de fuego en el barrio Girardot, este último acompañado del hallazgo de panfletos extorsivos.En el primer caso la tranquilidad del barrio La Joya, en el occidente de la ciudad, se rompió por una ráfaga de disparos. Luis Carlos Lucena, de 43 años y conocido en el sector como ‘Lucho Simpson’, salía de un micromercado cuando fue atacado.Según el reporte de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, Lucena se disponía a encender su motocicleta cuando fue interceptado por dos sujetos en un vehículo similar. Sin mediar palabra, el parrillero descargó su arma de manera letal.El informe forense reveló que la víctima recibió un total de 11 impactos: cuatro en la cabeza, tres en el brazo izquierdo y cuatro más en la espalda. La sevicia del ataque no dio margen de auxilio; Lucena falleció de forma instantánea sobre el asfalto.La víctima acumulaba un extenso historial en el sistema penal oral acusatorio por los delitos de homicidio, tráfico de estupefacientes, porte ilegal de armas, fuga de presos y violencia intrafamiliar. Los investigadores manejan como principal móvil un ajuste de cuentas.Posteriormente, en la carrera 13 con calle 24 del barrio Girardot, dos hombres, identificados como José Murillo Sandoval (50 años) y Mario León (62 años), fueron atacados mientras se encontraban en la vía pública. Los agresores, al igual que en el caso de La Joya, operaron desde una motocicleta. El parrillero abrió fuego indiscriminadamente, hiriendo a Murillo en el abdomen y brazo, y a León en su pierna derecha.El detalle que preocupa es que en medio de la escena fueron hallados dos panfletos con contenido extorsivo dirigidos, al parecer, a los comerciantes de la zona.Las autoridades investigan ahora si las víctimas eran el blanco directo de una retaliación por el no pago de “vacunas” o si el ataque buscaba sembrar terror para presionar el recaudo ilegal en el sector. Ambos heridos permanecen bajo observación médica en el Hospital Universitario de Santander (HUS).Hasta el momento las autoridades no se han pronunciado respecto a estos panfletos, pero extraoficialmente se conoció que se abrió una investigación para dar con el paradero de los responsables.
En el sector Alto Semisa, zona rural del municipio de Puente Nacional, Santander, se registró una emergencia ambiental y operativa luego de un incidente en las líneas de hidrocarburos de la empresa CENIT, el cual provocó un incendio de diésel y posteriormente un incendio forestal que generó alarma entre la comunidad y las autoridades locales.Tras conocerse la situación, se activaron de inmediato los protocolos de atención de emergencias. Al lugar se desplazaron unidades del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres (CMGRD), personal técnico de CENIT y los Bomberos Voluntarios de Barbosa, quienes lograron controlar las llamas y evitar que el fuego se propagara hacia áreas habitadas y zonas de mayor cobertura vegetal.De manera paralela, la empresa CENIT desplegó cuadrillas especializadas para las labores de limpieza, control del derrame y evaluación de afectaciones ambientales, con el objetivo de mitigar los impactos generados por el combustible y garantizar la seguridad en el área intervenida.Las autoridades informaron que, aunque la situación se encuentra bajo control, se mantiene la vigilancia permanente en el sector para descartar posibles reactivaciones del fuego y prevenir nuevos riesgos para la población.Por ahora, las causas del incidente son materia de investigación, mientras los organismos competentes avanzan en la recolección de información técnica que permita establecer el origen de la emergencia y las responsabilidades correspondientes.
Un fuerte temblor sacudió la tarde de este miércoles a varias regiones del oriente colombiano, especialmente en las ciudades de Bucaramanga y Cúcuta, tras un sismo registrado en territorio venezolano, cuyo epicentro se ubicó en las cercanías de Mene Grande, estado Zulia.De acuerdo con el Boletín Actualizado 1 del Servicio Geológico, el evento sísmico ocurrió a las 17:21 (hora local) y tuvo una magnitud de 6.1, con una profundidad superficial, lo que explica la intensidad con la que se sintió en amplias zonas fronterizas de Colombia.Minutos después, a las 17:33, se registró una réplica de magnitud 4.3, también en territorio venezolano, según un reporte preliminar.En Cúcuta, capital de Norte de Santander, varios ciudadanos evacuaron edificios residenciales, oficinas y centros comerciales por precaución. Testigos reportaron haber sentido una fuerte sacudida que generó alarma, aunque hasta el momento no se reportan daños materiales ni personas heridas.En Bucaramanga y su área metropolitana, el movimiento telúrico también fue percibido con claridad, especialmente en edificios de varios pisos. Las autoridades locales activaron los protocolos de revisión y monitoreo de estructuras críticas, sin que hasta ahora se registren afectaciones significativas.
Más de un centenar de extrabajadores de la desaparecida clínica La Merced de Bucaramanga -entre médicos, auxiliares de enfermería y personal administrativo- protagonizaron una protesta en la capital santandereana para exigir el pago de salarios, prestaciones sociales y liquidaciones que, aseguran, llevan ocho meses sin recibir.La institución de salud cerró sus puertas en 2024 y desde entonces los empleados han elevado denuncias ante el Ministerio del Trabajo contra los responsables de la liquidación, sin que hasta la fecha se haya concretado una respuesta efectiva. Según los manifestantes, la entidad nunca se presenta a las citaciones de la autoridad laboral.Durante la jornada de protesta, los extrabajadores expresaron su inconformidad con el liquidador Henry Zapata y la firma Serviclínicos Dromédica, a quienes acusan de limitarse a enviar correos electrónicos con justificaciones, sin dar soluciones reales.“Exigimos el pago de nuestro salario, que trabajamos con tanto esfuerzo. Tenemos ocho meses de espera. Muchos tuvimos que endeudarnos para sostener a nuestras familias. Nos envían mensajes, pero de palabras no se vive”, señaló uno de los voceros del grupo.Otros manifestaron que varios trabajadores de la salud, que incluso enfrentaron la pandemia en primera línea, hoy se encuentran sin empleo y sin los recursos que les corresponden por ley.“No estamos pidiendo favores, exigimos nuestros derechos. Es injusto que se burlen de nosotros después de años de servicio”, añadieron los extrabajadores, advirtiendo que mantendrán las acciones de protesta y seguirán insistiendo ante las autoridades hasta lograr que se cumpla el pago de los recursos que reclaman.
La Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo (Afidro) aseguró este martes que en Colombia no existe un desabastecimiento de medicamentos, pero sí un grave problema de desfinanciamiento en el sistema de salud que está poniendo en riesgo la atención de millones de pacientes.Desde Bucaramanga, el presidente ejecutivo de Afidro, Ignacio Gaitán, explicó que la crisis se origina en la falta de flujo de recursos, lo que genera retrasos en la entrega de tratamientos y en la prestación de los servicios. “Nos han querido hacer creer que estamos hablando de desabastecimiento de medicamentos. En realidad lo que tenemos es un sistema desfinanciado y, como en cualquier sector de la economía, cuando los recursos no fluyen la cadena se rompe”, afirmó.El dirigente gremial advirtió que la situación ya tiene consecuencias en la vida de los colombianos. “Estamos encontrando reportes de personas que han perdido la vida por la falta de acceso a los medicamentos. En la medida que no se entregan los tratamientos, los afectados son los pacientes”, dijo.Gaitán también señaló la urgencia de agilizar los trámites regulatorios en el Invima, pues los procesos de aprobación de nuevas terapias y medicamentos se están demorando, lo que afecta el acceso de los colombianos a la innovación. “Colombia siempre ha tenido acceso a los mejores medicamentos, pero hoy se está retrasando ese acceso. Esta es una industria que invierte más de 10 años en desarrollar una nueva molécula y necesitamos proteger esa innovación”, recalcó.Durante su intervención en Bucaramanga, el presidente de Afidro recordó que la Contraloría General ya había advertido sobre la crisis de la Nueva EPS, que tiene bajo su responsabilidad 11,8 millones de afiliados en todo el país. “Estamos hablando de que casi uno de cada cuatro colombianos depende de esta EPS y hoy está en riesgo la continuidad de sus servicios. Más que buscar culpables, es momento de actuar porque hay cerca de 12 millones de colombianos en riesgo”, sostuvo.Finalmente, Gaitán hizo un llamado al Gobierno para cumplir con los compromisos adquiridos en materia de producción de vacunas en Colombia y fortalecer los programas de inmunización. Según dijo, ya existen alertas por el resurgimiento de enfermedades que se consideraban controladas. “Tenemos una ley vigente que define parámetros para un proceso de vacunación más efectivo, pero no se han dado las condiciones. Es hora de que se tomen las riendas”, concluyó.
Este 27 y 28 de septiembre, Bucaramanga será sede de la feria de vivienda más importante de la región. En Neomundo se realizará ExpoVivienda Camacol Santander, un evento que reunirá a 17 constructoras y presentará más de 70 proyectos de vivienda, así como opciones para quienes buscan remodelar su hogar.El gerente de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) regional Santander, Javier Peñaranda, explicó que la feria es una oportunidad para que los ciudadanos encuentren en un solo lugar alternativas de vivienda y asesoría financiera.“Aquí podrán conocer desde proyectos nuevos hasta opciones de remodelación, con la ventaja de acceder a información de bancos, cajas de compensación y el Fondo Nacional del Ahorro, que orientarán a los asistentes sobre créditos y beneficios para comprar vivienda”, indicó.Pese a la preocupación del sector por la reducción de subsidios del Gobierno Nacional y la caída en las ventas de vivienda, que en los últimos tres años se han reducido en un 39%, Camacol asegura que las constructoras han mantenido su apuesta por la región.Durante el evento, los asistentes también podrán acceder a bonos de descuento ofrecidos por las constructoras, que oscilan entre 5 y 10 millones de pesos, y participar en sorteos de una moto eléctrica y scooters. Además, quienes compren vivienda durante la feria entrarán en rifas adicionales.La feria, organizada por Camacol, busca incentivar la compra de vivienda y ofrecer soluciones integrales para las familias santandereanas.
Un fuerte cruce de declaraciones se registró entre el alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, y el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, por la responsabilidad y entrega del tramo del tercer carril entre el puente Puerta del Sol y el puente de Provenza, cuyo sistema de alumbrado público permanece parcialmente apagado y representa un riesgo para los conductores.El alcalde Portilla aseguró que el tramo no era responsabilidad del municipio, sino del departamento, sustentado en el contrato 2738 de 2014, suscrito hace cerca de 11 años con la Gobernación de Santander, cuyo objeto era la ampliación del corredor vial primario Bucaramanga–Floridablanca por un valor aproximado de $146 millones.“Ese tramo estaba bajo custodia del departamento hasta hoy, por eso ya solicité formalmente que nos lo entreguen para poder hacer las reparaciones correspondientes”, afirmó el mandatario local.Según explicó, desde hace seis meses se venía solicitando la entrega del corredor, pero solo tras la presión ejercida por su administración en los primeros 10 días de gobierno se logró que la Gobernación elaborara el acta de entrega del tercer carril.Portilla advirtió que el apagón del corredor representa un riesgo inminente para la seguridad vial.“No podemos seguir generando ese riesgo. Una motocicleta se puede accidentar y luego el municipio termina respondiendo por los daños”.El alcalde aseguró que, si la Secretaría de Infraestructura departamental firma hoy el acta, el municipio podría restablecer completamente el alumbrado a más tardar el 31 de diciembre, en “tiempo récord”.Ante los señalamientos del alcalde, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, sostuvo que la Gobernación ha intentado desde hace más de dos años formalizar la entrega del tercer carril a la administración municipal, pero aseguró que estos asuntos deben resolverse dentro de los canales institucionales y no a través de confrontaciones públicas.“Nosotros estamos entregando; ellos deben recibir. Estos temas se deben tratar en consejos conjuntos con el alcalde, porque generar este tipo de debates innecesarios le hace daño a la institucionalidad”, afirmó.Díaz recordó el episodio de la vacancia absoluta ocurrido en la anterior administración municipal, cuando el entonces alcalde perdió su investidura y el propio gobernador designó como alcalde encargado a Eduard Sánchez, destacando que durante ese periodo no se emitió ninguna alerta sobre el estado del tercer carril.“Cuando se presentó la vacancia absoluta, el gobernador respondió nombrando un alcalde encargado. En ese momento designé a Eduard Sánchez, y durante su gestión no hubo una sola observación ni alerta sobre este tema. Fue un alcalde responsable, que hizo la tarea, ya responden después son los partidos y su terna”, puntualizó el mandatario departamental.
Los trabajadores de la Electrificadora de Santander (ESSA), empresa propiedad del Grupo EPM (Empresas Públicas de Medellín), se declararon en asamblea permanente, luego de varias semanas de negociaciones fallidas entre la directiva de la compañía y los representantes sindicales.Según el sindicato, la empresa no ha mostrado voluntad para llegar a acuerdos que garanticen mejores condiciones laborales a cerca de 3.500 trabajadores, muchos de los cuales prestan sus servicios a la electrificadora pero se encuentran tercerizados. Entre las principales exigencias se destaca la vinculación laboral directa, el respeto a los derechos convencionales y el fin del uso excesivo de empresas contratistas.Carlos Roncancio, asesor legal de los trabajadores del sector eléctrico, explicó que el proceso de negociación colectiva se encuentra estancado.“La filial de EPM se encuentra en negociación colectiva. Son 10 sesiones y vamos en la número 8. Durante estas reuniones, la compañía se ha abstenido de negociar las propuestas presentadas en el pliego de peticiones, lo que constituye una negativa encubierta a negociar”, afirmó. Roncancio señaló que esta situación ha llevado a los trabajadores a recurrir a la asamblea permanente y a contemplar la huelga como un mecanismo legítimo de diálogo.“La empresa hace un uso desmedido de compañías contratistas para desarrollar actividades propias de la electrificadora. Estas personas deberían ser contratadas directamente por la empresa, con contratos a término indefinido. Esta intermediación excesiva debilita la convención colectiva y genera condiciones laborales precarias, afectando el salario y la estabilidad de cientos de trabajadores”, agregó.Los trabajadores reiteraron que su principal petición es que la Electrificadora de Santander cumpla con la contratación directa de este personal y respete los acuerdos colectivos, garantizando condiciones laborales dignas para quienes sostienen la operación del servicio de energía en el departamento.Por ahora, el proceso de diálogo continúa sin avances significativos, mientras la asamblea permanente se mantiene como medida de presión en defensa de los derechos laborales.El asesor legal hizo un llamado a retomar el diálogo, avanzar hacia acuerdos de manera respetuosa y asumir la negociación con seriedad y compromiso.
El desplazamiento forzado en la región del Catatumbo continúa en aumento y mantiene en máxima alerta a Cúcuta. Así lo advirtió Leandro Ugarte, secretario de Víctimas del municipio, al asegurar que la magnitud de la emergencia humanitaria registrada en 2025 no tiene antecedentes en el país.En declaraciones a Mañanas Blu de Blu Radio, Ugarte explicó que el flujo de personas desplazadas ha sido constante desde mediados de enero. “Desde el 17 de enero a la fecha, este desplazamiento ha sido continuo. Del 22 al 29 de diciembre hemos recibido 230 núcleos en Cúcuta. Esto da un total de 580 personas”, precisó el funcionario.El secretario alertó que el incremento sostenido de llegadas ha generado una fuerte presión sobre las finanzas del municipio. Según indicó, Cúcuta ya enfrenta insuficiencia presupuestal para continuar atendiendo a la población desplazada y ha tenido que solicitar apoyo al Gobierno nacional.“Tenemos insuficiencia presupuestal para seguir atendiendo; estamos acudiendo a la Unidad para las Víctimas para iniciar subsidios y que nos apoyen con entregas. El presupuesto es finito y el desplazamiento no ha parado”, señaló Ugarte, al recalcar la gravedad del escenario.Actualmente, la ciudad no ha habilitado albergues temporales para esta población. De acuerdo con el funcionario, todas las familias desplazadas se encuentran en condición de autoalbergue, mientras la administración municipal ha entregado kits de alimentación y aseo como atención inicial.“Las personas que están arribando son básicamente cabeza de núcleo y cuando llegan buscan autoalbergue. El desplazamiento que hemos vivido este año es sin precedentes, el más grande en la historia de Colombia. Pedimos que se convoque una alerta nacional”, concluyó el secretario de Víctimas de Cúcuta.
Con la presencia de Juvenal Díaz Mateus, gobernador de Santander, y los altos mandos de la Policía Nacional, se presentó este martes 30 de diciembre los nuevos elementos humanos y físicos con los que contará la institución para reforzar sus capacidades operativas.“Presentamos un importante fortalecimiento institucional que evidencia el compromiso indeclinable de nuestra Policía con la vida, la tranquilidad y el bienestar de todos los habitantes del territorio. Nos honra presentar a 46 nuevos uniformados, entre ellos dos oficiales en el grado de subteniente, quienes se integran a esta unidad con la firme vocación de servir. Ellos representan una fuerza renovada, formada y comprometida con la protección de la ciudadanía. Su presencia en el territorio potenciará nuestras capacidades preventivas y operativas”, expresó el coronel Néstor Arévalo, comandante del Departamento de Policía de Santander.De acuerdo con las autoridades, el fortalecimiento institucional contó con el apoyo de la Dirección General de la Policía y tuvo una inversión de $2.700 millones. Además de los nuevos uniformados, la institución recibió 9 camionetas y 13 motocicletas de alto cilindraje destinadas a fortalecer las capacidades de las unidades de investigación criminal, inteligencia policial y el trabajo del Gaula.“Estos vehículos se convertirán en herramientas dentro de los procesos de recolección de información y ejecución de operaciones contra estructuras criminales”, acotó el coronel Arévalo.Por su parte, el Gobernador de Santander destacó que “es un día muy importante para la seguridad de la región"."Nosotros tenemos tres ejes importantes: la seguridad multidimensional, la prosperidad y la sostenibilidad. Este año invertimos más de 62 millones de pesos para dotación de la fuerza pública, instalaciones y bienestar para nuestros hombres de la Policía y el Ejército Nacional, y la idea es seguir fortaleciendo las instituciones”.Por último, el comandante del Departamento de Policía de Santander confirmó que durante el presente año la Gobernación y los entes territoriales entregaron 29 vehículos adicionales y 11 motocicletas, con lo cual el parque automotor policial fue reforzado con más de 62 medios de transporte en 2025, los cuales fueron puestos al servicio de la seguridad ciudadana.
Tras el anuncio del presidente de la República, Gustavo Petro, acerca del aumento de un 23,7% en el salario mínimo en Colombia para 2026, hay ciudadanos que temen que sus trabajos estén en riesgo debido a que este incremento podría desestabilizar la sostenibilidad de las empresas. En un sondeo realizado a los bumangueses, son varios las inquietudes y cuestionamientos que se dieron a conocer. “Por ejemplo, mi esposo: él trabaja en una empresa y él gana un poquito más del mínimo, pero ahora se igualó el mínimo con lo que él gana, y el problema es que los empleados lo van a recortar, porque ya eso es demasiado el precio del mínimo”, afirmó Nancy Amorocho.“Como empleado obvio que la persona va a salir, el rico más rico y el pobre más pobre, y como jefe de empleados si tengo 10 empleados me tocaría echar 3, y va a haber más desempleo, ya no va a haber horas extras, ni toda esa joda”, dijo Alfonso Rueda.“Obviamente no sirve de nada si van a aumentar el salario mínimo un 20% si al fin y al cabo la canasta familiar va a aumentar en esa misma proporción, si hay un aumento en el salario, pues que realmente se vea que los colombianos tienen más adquisición monetaria para comprar o disfrutar de su día a día”, expreso Josué Duarte.Los bumangueses hacen un llamado al Gobierno nacional a que analice mejor la situación económica de los colombianos, ya que puede traer aspectos negativos en los costos de la canasta familiar por una posible alza de precios.También se pronunció el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, quien indicó que revisará la situación para poder solventar este aumento que no se tenía previsto."Yo creo que hay que ir, como los gringos, aprendiendo a hacer el aseo y muchas tareas en la casa porque realmente se hace bastante difícil pagar. Nosotros desde la Gobernación de Santander vamos a mirar de donde sacamos los recursos para poder solventar ese 23% más que no teníamos previsto”.
En Norte de Santander se conoció un hecho que ha generado indignación y preocupación en la región del Catatumbo. En el corregimiento de San Pablo, municipio de Teorema, se realizó un sepelio masivo en homenaje a un cabecilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), en medio de la comunidad local. El acto contó con la presencia de guerrilleros uniformados y armados, música y disparos al aire, un espectáculo que se viralizó por la visibilidad pública de la guerrilla en pleno territorio civil.Las imágenes del cortejo fúnebre muestran a decenas de hombres fuertemente armados y varios vehículos escoltando el féretro por las calles del corregimiento. Durante el recorrido se observaron globos de colores y la asistencia de población civil, incluidos adultos mayores y menores de edad. Este tipo de ceremonias, organizadas de manera abierta entre la comunidad y grupos armados, no solo visibiliza la presencia del ELN en Teorama, sino también la ausencia de la fuerza pública.San Pablo y sus alrededores hacen parte de una región históricamente afectada por la presencia de grupos armados ilegales que se disputan el control territorial y económico. Estas dinámicas están ligadas, en gran medida, a rutas del narcotráfico y otras economías ilícitas. El Catatumbo ha sido señalado en múltiples informes como uno de los focos más críticos del conflicto armado en el país, con enfrentamientos entre el ELN, disidencias de las FARC y otros actores, así como un alto número de víctimas y desplazados.La falta de una presencia sostenida de la fuerza pública en el corregimiento ha facilitado que grupos como el ELN realicen actividades públicas sin una oposición visible de las autoridades. Sectores sociales y políticos han cuestionado que estos eventos se desarrollen “a plena luz del día” sin una reacción contundente de la Policía o el Ejército. Según denuncias, esto evidencia un vacío de control estatal que permite a la organización guerrillera movilizarse con relativa normalidad en zonas rurales del Catatumbo.Las críticas también apuntan al silencio de las autoridades, que hasta ahora no han emitido pronunciamientos claros sobre este sepelio ni sobre las implicaciones de permitir que un grupo armado exhiba su fuerza y simbología en un espacio público. Para analistas y habitantes de la región, estos hechos no solo representarían una vulneración a los acuerdos de cese al fuego y al orden público, sino también una señal de que el control territorial del Estado sigue siendo insuficiente en lugares como San Pablo, donde la población queda expuesta a la influencia de actores armados ilegales.