En la noche de Año Nuevo, en el municipio de Floridablanca, se presentó un incendio de grandes proporciones en un taller mecánico ubicado en el barrio Prados del Sur, que generó importantes daños materiales.El hecho ocurrió alrededor de las 11:00 de la noche del jueves 31 de diciembre, tras la alerta de vecinos del sector, quienes informaron a los organismos de socorro sobre una densa columna de humo y llamas que rápidamente se extendieron por el establecimiento.Según el reporte oficial, el taller de latonería y pintura quedó completamente destruido por la acción de las llamas. Al interior del lugar se encontraban varios vehículos que también resultaron calcinados, así como cilindros de CO₂ y gas propano, lo que incrementó el riesgo durante las labores de control.Entre tanto, se evalúan las pérdidas materiales ocasionadas por el siniestro, que dejó daños en la infraestructura y en los bienes que se encontraban en el lugar. El origen de la conflagración es objeto de investigación por parte de las autoridades competentes, que adelantan las inspecciones técnicas para determinar qué provocó el incendio.A pesar de la intensidad de la emergencia, las autoridades confirmaron que no se reportaron personas lesionadas, gracias a la oportuna evacuación del área y a la rápida respuesta de los organismos de socorro.
La Policía Metropolitana de Bucaramanga, en desarrollo de los planes de control del escuadrón antipólvora durante el mes de diciembre, impuso 10 comparendos por comportamientos relacionados con el uso y la comercialización de artículos pirotécnicos en el área metropolitana.De acuerdo con el balance entregado por las autoridades, se incautaron más de 300 kilogramos de pólvora, lo que representa un aumento de 30 kilogramos frente a lo incautado en el año 2024. Los controles se realizaron en distintos puntos estratégicos de Bucaramanga y su área metropolitana, con el objetivo de prevenir accidentes y proteger la vida, especialmente la de niños, niñas y adolescentes.El coronel Diego Pinzón, comandante de la Policía Metropolitana, hizo un llamado a la ciudadanía a celebrar las festividades de manera responsable: “La Policía Nacional de los colombianos invita a continuar celebrando de manera responsable, especialmente de cara a la festividad de Reyes, adoptando comportamientos seguros, respetando las normas de tránsito, evitando el consumo excesivo de alcohol y denunciando oportunamente cualquier hecho que pueda afectar la seguridad y la tranquilidad ciudadana”, señaló.Por su parte, el Instituto Nacional de Salud reportó que durante diciembre de 2025 se presentaron ocho casos de menores lesionados por el uso de pólvora, lo que representa una disminución de cuatro casos frente al año 2024. Muchos de estos incidentes ocurrieron bajo la supervisión de adultos en estado de embriaguez, una situación que continúa generando preocupación entre las autoridades.La Policía reiteró que los controles continuarán en los primeros días del año, con especial énfasis en la celebración del Día de Reyes, e insistió en la importancia de la responsabilidad ciudadana para prevenir tragedias asociadas al uso indebido de pólvora.
Floridablanca y Girón se unen a la suspensión del pico y placa metropolitano entre el 1 y el 12 de enero de 2026, la medida se da tras el incremento de desplazamientos que se presenta en la temporada de inicio de año y para facilitar la movilidad de los residentes y visitantes.“Vamos a intensificar las acciones para prevenir el mal parqueo, verificar que los documentos estén al día y fortalecer las campañas de cultura ciudadana, con el objetivo de garantizar la seguridad vial”, afirmó Jahir Castellanos, secretario de Tránsito de Floridablanca.La nueva rotación del pico y placa en el área metropolitana iniciará el 13 de enero de 2026, aplicándose de lunes a viernes de 6:00 a.m. a 8:00 p.m. y los sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m., bajo un esquema de rotación trimestral de dígitos.El lunes tendrán pico y placa los automotores que terminan en 1 y 2, el martes las placas terminadas en 3 y 4, los miércoles las que finalizan en 5 y 6, los jueves los que acaban en 7 y 8; y los viernes las placas que terminan en 9 y 0.El cronograma para los fines de semana del primer trimestre del año 2026 será:· 17 de enero: placas terminadas en 3 y 4· 24 de enero: placas terminadas en 5 y 6· 31 de enero: placas terminadas en 7 y 8· 7 de febrero: placas terminadas en 9 y 0· 14 de febrero: placas terminadas en 1 y 2· 28 de febrero: placas terminadas en 5 y 6· 7 de marzo: placas terminadas en 7 y 8· 14 de marzo: placas terminadas en 9 y 0· 21 y 28 de marzo: placas terminadas en 3 y 4· 4 de abril: placas terminadas en 5 y 6De acuerdo con Dirección de Tránsito de Bucaramanga, entre el 7 y el 13 de enero se realizará la socialización de la nueva rotación del pico y placa para que todos los conductores del área metropolitana conozcan los cambios.
El hecho que se presentó en la vereda Alto Semisa del municipio de Puente Nacional, Santander, fue controlado sin afectar el poliducto, tras un incidente en la infraestructura de Cenit que provocó un incendio de diésel y la propagación del fuego hacia una zona forestal.De acuerdo con Ecopetrol, la explosión fue ocasionada por recipientes ilegales usados para el almacenamiento de hidrocarburo hurtado, “la compañía rechaza las acciones ilícitas que ponen en riesgo la integridad de las comunidades, que generan graves consecuencias al medioambiente y afectan el desarrollo económico del país”, comunicó la empresa colombiana de Petróleo.Con el objetivo de mitigar los impactos generados por el combustible y garantizar la seguridad en el área intervenida, la empresa Cenit desplegó cuadrillas especializadas para las labores de limpieza, control del derrame y evaluación de afectaciones ambientales.Dentro de las acciones tomadas por las autoridades en el Plan de Emergencia y Contingencia (PEC), se aseguró la zona por parte del Ejército Nacional, también se desplegó un equipo multidisciplinario para desmantelar la válvula ilícita instalada por terceros desconocidos en el ducto y por la cual se hurtaba el combustible almacenado.Además, se dispuso de manera preventiva un punto de control en la Quebrada la Honda en la vereda Alto Semisa. Los bomberos de Barbosa en colaboración con los de Tunja y Tocancipá controlaron el incendio que no afectó el poliducto.La recomendación por parte de Cenit a la comunidad es a que no se acerquen al lugar de los hechos hasta tanto culminen las labores de atención y reparación.
El aumento del salario mínimo genera reacciones divididas en el sector agrícola del país. Mientras algunos gremios advierten un fuerte impacto en sus costos de producción, otros aseguran que el alza es manejable y beneficiosa para la economía rural.Desde el sector arrocero, uno de ellos, Eudoro Álvarez, explicó que el impacto no se da tanto por la contratación directa, ya que el arroz es un cultivo semestral y la mayoría de labores se pagan a destajo o por hectárea trabajada, usualmente por encima del salario mínimo.Sin embargo, advirtió que la afectación llega por el aumento de los costos paralelos. Según Álvarez, con el alza del salario mínimo también suben el transporte, los combustibles, los peajes y las tasas de interés, lo que termina encareciendo toda la cadena productiva. A esto se suma, dijo, la falta de liquidez del sector y la presión por las importaciones de arroz subsidiado, que —según afirmó— ponen en riesgo la competitividad y la seguridad alimentaria del país.“La afectación es por el lado de la elevación de los costos que, paralelamente, se tienen que asumir. Entonces, muy seguramente, sube el transporte. Muy seguramente, el caso de la ACPM ha seguido subiendo, la gasolina está imparable y algunos que usamos gas en los vehículos, pues ya estamos en 3.650 pesos el metro cúbico. Ahora, si lo de los peajes ya nos anunciaron que a partir del 1 de enero nos dan el alineado con un año de alza”, aseguró Álvarez.Asimismo, hizo un fuerte llamado al Gobierno nacional para que cumpla la promesa que les hizo de renegociar Tratados de Libre Comercio y medidas estratégicas para evitar que entre arroz de varios países sin control, para proteger la industria arrocera colombiana.“Entonces nos dicen, oiga, este país es como un potrero sin cerca. Todo el mundo entra y vende lo que quiere y no hay ningún control y no hay ninguna protección a quienes estamos sufriendo en una actividad que es fundamental. Lo primero en el caso nuestro de los productores de alimentos es que cumpla, le quedan siete meses, ocho meses, que cumpla con la promesa que nos hizo. Yo no sé si es que no miran un factor clave que es el de la seguridad alimentaria, ligado a la seguridad alimentaria. Ningún gobierno desesperaba que esto hiciera algo y la verdad ha sido un desastre de ineptitud, de improvisación y de falta de medidas”, pidió.Por su parte, Germán Bahamón, presidente de la Federación Nacional de Cafeteros, se pronunció respecto al aumento del salario mínimo asegurando que desde el sector cafetero respaldan la necesidad de mejorar los ingresos de los trabajadores y corregir inequidades, pero advirtió que el salario mínimo no es solo una herramienta social, sino un factor macroeconómico con impactos directos sobre inflación, empleo, competitividad y crecimiento.“La formalidad es un propósito irrenunciable. Pero la formalidad no se decreta: se construye, y para que exista debe ser económicamente viable. Cuando las cargas superan la capacidad real de pago, el resultado no es más equidad, sino más informalidad”, indicó a través de su cuenta de X.A pesar de esto, el empresario santandereano Benjamín Garzón, miembro de la asamblea cafetera, aseguró que el incremento salarial no afecta a los caficultores y, por el contrario, fortalece la economía rural.“En el caso nuestro, o sea, no nos afecta, vamos a compartir y estamos satisfechos que este Gobierno le dé la posibilidad para que el trabajador gane mejor y, si gana mejor, él compra más cosas, le va bien al trabajador, le va bien a nosotros los que somos los empresarios rurales y le va bien al país”, indicó en conversación con Blu Radio.Garzón explicó que en el café la mano de obra representa cerca del 18 % del costo total de producción y que, con precios de venta favorables, es posible asumir el aumento y pagar mejores jornales. Afirmó que compartir las ganancias con los trabajadores mejora el consumo, dinamiza el campo y beneficia al país en general.“Nosotros nos gastamos en mano de obra seis trabajadores a 90.000 pesos, nosotros ya pagamos más de lo que realmente se está pagando hasta hoy, 90.000 pesos. Seis trabajadores para la carga son 540.000 pesos; en insumo nos gastamos más o menos 300.000 pesos, que son los fertilizantes; nos gastamos en herramientas menores, que es lo que usamos, y la guadaña, más o menos 100.000 pesos. En el tema de la poscosecha, después de que se recogen, digamos, las cepas para limpiarlo, lavarlo y secarlo, nos gastamos más o menos 200.000 pesos en carga. O sea que nuestro costo de producción hoy sería 1.140.000 pesos por una carga y lo vendimos en 3 millones de pesos”, aseguró Garzón.También se pronunció, desde el gremio aduanero, la Federación Colombiana de Agentes Logísticos en Comercio Internacional. En diálogo con Blu Radio, Miguel Espinoza, director de FITAC, aseguró que el aumento en el salario mínimo es problemático para el sector, pues este requiere de mucha mano de obra que tendría que reemplazarse por tecnología, ocasionando dificultades en las gestiones logísticas y aduaneras.“El 75-80 % de los costos de una agencia de aduanas están representados en su mano de obra, en sus funcionarios, en sus auxiliares de aduana, en sus agentes aduaneros. Y, obviamente, muchos de ellos devengan en la base de la pirámide, salarios mínimos. Y, obviamente, toda la carga laboral está representada en gran porcentaje en actividades básicas, de inspecciones, de aforo en aeropuertos, en puertos”, indicó.Finalmente, advirtió que el anuncio de un incremento superior al 23 % del salario mínimo para 2026 genera una profunda preocupación, pues el alza impactará de forma directa los costos operativos y financieros de las empresas. Según señalaron, este sobrecosto terminará trasladándose a importadores y, finalmente, al consumidor final, con efectos negativos para la economía. Además, alertaron que ya hay compañías que evalúan relocalizar inversiones y centros logísticos en países vecinos como Perú, Ecuador o Panamá, mientras que para 2026 se anticipa un reacomodo laboral en el sector, mayor automatización, congelación de contrataciones y posibles despidos ante la imposibilidad de sostener las actuales plantas de personal.
Un bebé de un año resultó gravemente herido tras ser atacado por un perro de raza pitbull en plena vía pública de Manhattan, Nueva York. El hecho se registró en el sector de Union Square, frente a una sucursal bancaria, cuando el menor se encontraba junto a sus padres.De acuerdo con testigos y videos difundidos en redes sociales, el animal mordió una de las piernas del niño y se negó a soltarlo durante varios segundos, generando momentos de pánico entre los transeúntes. En las grabaciones se escuchan los gritos desesperados de la madre mientras varias personas intentaban intervenir para liberar al menor.La reacción de ciudadanos que se encontraban en el lugar fue clave para evitar un desenlace fatal. Algunos intentaron separar al perro por la fuerza, hasta que un motociclista logró que el animal soltara al niño. El menor fue trasladado de urgencia al hospital Bellevue, donde recibió atención médica especializada y múltiples puntos de sutura. Las autoridades confirmaron que su estado de salud es estable.Este es el videoPese a la gravedad del ataque, el dueño del perro no fue detenido ni enfrenta cargos penales. La Policía de Nueva York indicó que, según la normativa vigente, el caso fue clasificado como un incidente de carácter civil, ya que el animal no tenía antecedentes de agresiones previas. Testigos señalaron que el propietario abandonó la escena tras lo ocurrido.La familia del menor anunció que iniciará acciones legales y buscará que el perro sea retirado definitivamente, argumentando que representa un riesgo para la seguridad pública.Otro hecho similar ocurrió en Tullahoma, Tennessee, donde un hombre de 50 años y su nieta de tres meses de nacida murieron tras ser atacados por siete perros de raza pitbull dentro de una vivienda el pasado miércoles 3 de diciembre.
El inicio del 2026 trae una noticia positiva para el bolsillo de los colombianos que manejan deudas o planean realizar compras financiadas. La Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) confirmó una nueva reducción en el techo máximo de intereses, lo que significa que a partir del 1 de enero las entidades bancarias deberán ajustar sus cobros a la baja.Esta medida se formalizó tras la expedición de la Resolución 2288 de 2025, la cual certifica el Interés Bancario Corriente basado en los reportes de los establecimientos de crédito entre finales de noviembre y diciembre de este año.El dato clave para la mayoría de los ciudadanos es la tasa de usura para el crédito de consumo y ordinario, que para el primer mes del año se situó en 24,36 % efectivo anual.Un alivio frente a los intereses de diciembreLa caída en el costo del dinero es evidente. Para el crédito de consumo, el Interés Bancario Corriente bajó al 16,24 %, lo que representa una disminución de 44 puntos básicos en comparación con la tasa que estuvo vigente durante diciembre de 2025. Este movimiento impacta directamente en la tasa de usura, que es el límite legal que ningún banco puede sobrepasar.Si se observa la tendencia histórica, la tasa de usura ha mantenido una curva de descenso notable desde inicios de 2024, cuando superaba el 34 %, hasta consolidarse ahora en niveles cercanos al 24 %. Este alivio financiero es fundamental para quienes utilizan la tarjeta de crédito para sus gastos diarios o para quienes enfrentan los saldos de las festividades decembrinas.Los topes máximos según el tipo de préstamoEs importante que los usuarios financieros conozcan que el límite de intereses varía según la modalidad del crédito. Para el mes de enero de 2026, estos son los techos máximos (usura) que las entidades no pueden exceder:Crédito de consumo y ordinario: 24,36 % efectivo anual.Crédito de consumo de bajo monto: 68,85 % efectivo anual.Crédito productivo de mayor monto: 40,20 % efectivo anual.Crédito productivo rural: 27,98 % efectivo anual.Crédito productivo urbano: 57,74 % efectivo anual.Crédito popular productivo rural: 76,32 % efectivo anual.Crédito popular productivo urbano: 89,75 % efectivo anual.Este indicador es el referente legal tanto para los intereses que usted paga por usar su dinero (remuneratorios) como para los que le cobran si se atrasa en una cuota (moratorios). Cobrar por encima de estos valores se considera una práctica ilegal bajo el Código Penal colombiano.Con esta reducción, el sistema financiero busca incentivar el consumo responsable y aliviar la carga de intereses en un periodo tradicionalmente difícil para las finanzas familiares.
No todo es alegría alrededor de reversión del contrato de Autopistas del Caribe, concesión encargada de la operación y mantenimiento de la vía que conecta a Cartagena con Barranquilla, incluyendo a sus peajes; puesto que desde la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI) seccional Norte consideran que generará impactos negativos directos tanto en empleos como en la economía.En medio de la opción que el Instituto Nacional de Vías (Invías) se hago cargo de este corredor, especifican que estarán con la responsabilidad de "asumir de manera directa la gestión de una infraestructura concebida inicialmente bajo un modelo IP (inversión privada), sin haberse ejecutado las inversiones estructurales previstas, lo que plantea retos significativos en términos de capacidad institucional, disponibilidad presupuestal y priorización de proyectos"."Nos preocupa especialmente el impacto que este tipo de decisiones puede tener sobre un modelo de concesión que ha demostrado históricamente ser una herramienta eficaz para movilizar inversión pública y privada, desarrollar infraestructura vial de alta calidad y eficiencia, y cerrar brechas territoriales en el país", expresan.Asegura su director Héctor Mauricio Carbonell que hasta los puertos perderán competitividad y que la inversión que salga de ella ya no será 100% reinvertida.“La noticia informada por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) a través de su presidente ejecutivo sobre la liquidación anticipada de Autopistas del Caribe es lamentable. Desde el sector lamentamos mucho por todos los esfuerzos que se vinieron realizando en relación a salvar este gran proyecto. No solamente iba a mejorar la competitividad de la región Caribe, mejoraría los tiempos de traslado entre Cartagena y Barranquilla, la competitividad de los puertos y del sistema logístico que conecta a estas ciudades, sino que también generaría un importante número de empleo”, dijo inicialmente.“Los peajes seguirán cobrándose, ahora por Invías, y no será invertido el 100% del recaudo en la misma vía. Eso es lo más triste, no van a eliminarse. Pasará mucho tiempo hasta que una nueva IP esté interesada en un proyecto de infraestructura de doble calzada sobre Barranquilla y Cartagena, en ese lapso de la Cordialidad. Las condiciones no están dadas en este momento”, agregó.La CCI Norte le pide al Ministerio de Transporte y a Invías que se haga una gestión técnica, eficiente y transparente de este corredor.
A escasas horas de que termine el año 2025 y se le dé la bienvenida al Año Nuevo, varios sectores en la ciudad de Medellín comienzan a tomar medidas porque se prevé que se incrementará la comercialización y quema de pólvora en el Valle de Aburrá, que se usa en esta celebración, donde incluso se utiliza el popular muñeco de año viejo que tradicionalmente está abarrotado de elementos pirotécnicos.Desde el Parque la Conservación en Medellín, lugar que alberga fauna y flora, y que cuenta con 69 especies distintas de animales, se extreman medidas de protección y prevención, pensando en la integridad física de sus especies, que en algunas ocasiones mueren por las detonaciones de la pólvora.Entre las medidas que se toman desde este albergue animal se encuentran prácticas como el enriquecimiento ambiental, terapias psicofarmacológicas para relajar a los animales y zonas seguras con refugios para aislarlos de las explosiones de la pólvora, así lo explica Eliza Madrigal coordinadora de Etología del Parque la Conservación.“Colocamos diferentes estímulos a los animales para que desvíen su atención y estén entretenidos en otra cosa en lugar de la pólvora, los ruidos y los estímulos luminosos. Una de las cosas más importantes que hacemos son las zonas seguras, que es proporcionarle a los animales lugares seguros donde queden aislados de los estallidos y puedan estar tranquilos”En lo que va corrido del mes de diciembre en el Parque la Conservación murieron una chiguira y su cría, que nació de manera prematura a causa de las explosiones de la pólvora durante la noche del primero de diciembre en la popular alborada decembrina, Esa misma noche murió una lora que se estrelló contra las paredes al sufrir un episodio de estrés.Hay que recordar que en el caso de las personas, de acuerdo con el último reporte de quemados entregado por la Gobernación de Antioquia la cifra de quemados con corte a hoy 31 de diciembre sigue creciendo de manera preocupante, en el departamento el total de lesionados por pólvora es de 147, de los cuales 43 casos corresponden a menores de edad.El listado de municipios con mayor cantidad de quemados con pólvora está encabezado por Medellín con un total de 63 lesionados, seguido por Itagüí con 9 casos, Bello con 7 personas quemadas, mientras que Cáceres y Girardota llegan a 4 personas lesionadas cada uno.
La situación de orden público en Norte de Santander cerró 2025 con un balance alarmante. En pleno fin de año, mientras gran parte del país celebraba, en el Catatumbo se intensificaron los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las FARC, dejando miles de víctimas atrapadas en el fuego cruzado. El recrudecimiento de la violencia volvió a poner en duda la efectividad de la política de paz del Gobierno nacional.En entrevista con Blu Radio este 31 de diciembre, el alto consejero para la Paz y la Reconciliación en Norte de Santander, Luis Fernando Niño, describió un panorama crítico y lanzó una de las frases más contundentes del diálogo: con el ELN, aseguró, “ya no existe ninguna negociación”, una afirmación que reavivó el debate sobre la estrategia del presidente Gustavo Petro frente a los grupos armados ilegales.Crisis de seguridad en el CatatumboNiño detalló que desde el 16 de enero se desató una confrontación directa entre el Frente 33 de las disidencias de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional. Las cifras son dramáticas: “A hoy, 84.000 desplazados, más de 23.000 personas confinadas y aproximadamente 300 personas asesinadas”, explicó al aire.Según el consejero, la disputa territorial se libra en medio de la población civil. “Los grupos queman las casas del contrario o las casas de los civiles que creen cercanos a los contrarios”, relató, al tiempo que confirmó casos de reclutamiento forzado y ataques con drones. Municipios como El Tarra y Filogringo siguen siendo los más golpeados por los combates.Luis Fernando Niño asegura que ya no existe negociación con el ELNUno de los puntos más sensibles de la entrevista fue la situación del diálogo con el ELN. Niño fue categórico: “En este momento con el Ejército de Liberación Nacional ya no existe ninguna negociación, solo preavisos de parte del Gobierno y del ELN”.Aunque reconoció que con el Frente 33 aún hay una mesa abierta, advirtió que sin un cese real de hostilidades cualquier intento de negociación pierde sentido. “Lo que pedimos de inmediato es que haya un cese de hostilidades”, subrayó, dejando entrever críticas a lo que considera una actitud permisiva frente al accionar armado.Norte de Santander atrapada en el fuego cruzadoEl consejero también defendió el rol de la fuerza pública, aunque admitió sus limitaciones. “Los combates se están dando en medio de la población civil, al lado de las escuelas y de las casas”, afirmó, señalando que el Ejército y la Policía actúan con cautela para no violar el derecho internacional humanitario.Para Niño, la prioridad sigue siendo proteger a las comunidades, pero insistió en que la falta de resultados con el ELN evidencia una política que, según él, ha sido condescendiente. Mientras tanto, el Catatumbo continúa pagando el costo más alto de una guerra que no da tregua.
Un incremento significativo en la movilización de pasajeros se registró en las últimas horas en la Terminal de Transportes de Bucaramanga, de acuerdo con el balance entregado por su gerente, Jaime Pérez, quien destacó que la cifra superó las proyecciones iniciales para esta temporada.Según informó el directivo, durante el martes 30 diciembre salieron de la terminal un total de 14.407 pasajeros, que se movilizaron en 874 vehículos, una cifra superior a la registrada para la misma fecha del año anterior, cuando se reportaron aproximadamente 13.200 viajeros. El aumento, señaló Pérez, refleja una mayor confianza de los ciudadanos en el uso del transporte legal y formal.“El flujo de pasajeros fue mayor al esperado y permitió que todas las rutas programadas se despacharan sin contratiempos. Las empresas de transporte cumplieron sus expectativas operativas”, indicó el gerente de la terminal.Entre los destinos con mayor demanda se encuentran Bogotá, Medellín, la Costa Atlántica y Cúcuta, así como las rutas internas del departamento de Santander. Dentro de estas últimas, las provincias de García Rovira, Guanentá y Vélez fueron las más visitadas por los viajeros.La Terminal de Transportes de Bucaramanga opera con normalidad, aunque con un flujo de pasajeros menor este 31 de diciembre. Algunas empresas realizarán despachos hasta las 4:00 p.m. o 5:00 p.m.; sin embargo, la administración reiteró que la terminal mantiene una operación constante, teniendo en cuenta que presta servicio de manera continua y no cierra sus puertas al público.Entre las medidas implementadas para garantizar la seguridad de pasajeros se destacan la presencia permanente de un CAI de la Policía Nacional, planes operativos de control, revisión técnica de los vehículos y pruebas de alcoholemia a todos los conductores antes de iniciar cada recorrido.Finalmente, el gerente hizo un llamado a los usuarios para que adquieran sus tiquetes directamente en las taquillas autorizadas, utilicen únicamente transporte legal y cumplan con las recomendaciones establecidas por el Gobierno Nacional. En especial, reiteró la importancia de portar la documentación requerida para el desplazamiento de menores de edad, atender las recomendaciones de salud para viajes largos y cumplir con los requisitos exigidos para el transporte de mascotas, con el fin de garantizar un viaje seguro y sin contratiempos.
En un giro inesperado dentro del panorama administrativo de Santander, la junta directiva de Neomundo designó formalmente a Julián Díaz Zambrano como su nuevo gerente general. El nombramiento se produce apenas una semana después de la renuncia irrevocable de Tomás León, quien permaneció en el cargo solo 54 días.Díaz Zambrano, quien hasta hace poco lideraba la Oficina de Asuntos Internacionales de la Alcaldía de Bucaramanga, llega al centro de convenciones más importante del nororiente colombiano en un contexto de recomposición de fuerzas políticas entre la administración municipal y la Gobernación de Santander.La salida de su predecesor, Tomás León, estuvo rodeada de controversia. León, cercano a la administración del gobernador Juvenal Díaz Mateus, dimitió argumentando presiones políticas derivadas de la reciente victoria de Cristian Fernando Portilla en las elecciones atípicas de la ciudad. Según León, la nueva mayoría en la junta directiva, alineada con la Alcaldía, buscaba estructurar su salida tras evaluar su corta gestión.Con este cambio, la Alcaldía de Bucaramanga recupera el control de la entidad de economía mixta, posicionando a Julián Díaz, una figura de confianza del sector administrativo local y cercano a la exgestora social Paula Ramírez.Tras su posesión, Julián Díaz enfatizó que su prioridad será consolidar a Neomundo como el epicentro del turismo MICE (reuniones, incentivos, congresos y exposiciones) en el país."Uno de los principales retos es convertirnos en el centro de convenciones del nororiente colombiano que reciba la mayor cantidad de eventos y apoye la promoción de la cultura y el turismo", afirmó el nuevo gerente.Entre los principales retos para el próximo año está la gestión para lograr la capitalización necesaria para la fase dos del centro de convenciones; aprovechar la reciente ampliación del Gran Salón (capacidad para 2.520 personas) para atraer congresos internacionales; y articular esfuerzos con hoteles, agencias de viajes y transporte para fortalecer a Bucaramanga como ciudad destino.
La Procuraduría Regional de Instrucción de Santander reveló presuntas fallas contractuales y operativas en el peaje La Punta, ubicado en la Mesa de Los Santos, tras la terminación del contrato de concesión con la firma Construvicol S. A., que finalizó en enero de 2025.De acuerdo con el ente de control, luego de un seguimiento institucional a la Gobernación de Santander y al Instituto Financiero para el Desarrollo de Santander (Idesan), se identificaron al menos 14 presuntas irregularidades relacionadas con la administración, operación y recaudo del peaje, las cuales habrían surgido tras asumir la Gobernación la operación directa del punto de cobro.La actuación preventiva de la Procuraduría inició a raíz de quejas presentadas por una veeduría ciudadana, que alertó sobre la suscripción de contratos directos y la presunta deficiencia en los servicios prestados desde enero de este año.Durante más de tres meses, la Procuraduría realizó visitas de inspección, solicitó información contractual y adelantó mesas técnicas con las entidades involucradas, en las que se advirtieron riesgos jurídicos y administrativos. Según el informe, algunos de los contratos y convenios podrían desconocer el marco normativo vigente en materia de contratación pública.Entre los hallazgos se encuentran posibles elusiones a los procesos de selección objetiva, deficiencias en la publicación de la información contractual en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP), omisiones en la prestación de servicios esenciales y presuntas irregularidades en la tercerización de funciones.Asimismo, el ente de control evidenció la falta de conceptos ministeriales, posibles usurpaciones de funciones y otras situaciones que motivaron la activación de la función disciplinaria, con el fin de establecer eventuales responsabilidades de los funcionarios involucrados.La Procuraduría indicó que continuará con el seguimiento al caso para garantizar la protección de los derechos colectivos, la transparencia en el manejo de los recursos públicos y el correcto funcionamiento del peaje La Punta, mientras avanzan las investigaciones disciplinarias correspondientes.Cabe anotar que habitantes de la Mesa de Los Santos han protagonizado protestas y mantenido durante semanas las talanqueras del peaje La Punta levantadas en reclamo por la falta de inversión en las vías.
La empresa Cenit adelanta una investigación para determinar las causas de un incendio registrado en una línea de transporte de hidrocarburos, en el sector Alto Semisa, zona rural del municipio de Puente Nacional, Santander.La emergencia se presentó tras un incidente en la infraestructura que transporta diésel, lo que generó inicialmente un incendio de hidrocarburos y, posteriormente, un incendio forestal que encendió las alarmas entre la comunidad y las autoridades locales.De inmediato se activaron los protocolos de atención y al lugar se desplazaron unidades del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres (CMGRD), personal técnico de Cenit y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barbosa, quienes lograron controlar la situación y evitar que las llamas se propagaran hacia zonas habitadas y áreas de mayor cobertura vegetal.David Márquez, comandante de Bomberos de Barbosa, explicó que la emergencia fue reportada hacia las 5:47 p.m. de este 30 de diciembre y que, tras la llegada de las unidades, se evidenció que el fuego se originó en una de las tuberías que atraviesa el sector.Según indicó, por razones técnicas y para evitar un mayor derrame de hidrocarburos, se tomó la decisión de permitir que el combustible se consumiera de manera controlada durante varias horas.Hacia las 11:00 p.m., el incendio forestal ya se encontraba completamente liquidado y personal de Cenit asumió el control del tramo afectado, realizando el respectivo acordonamiento de la zona. Asimismo, el Ejército Nacional mantiene presencia en el lugar para garantizar la seguridad y restringir el acceso mientras avanzan las labores técnicas.Aunque en el sector hay viviendas cercanas, las autoridades confirmaron que no se registraron personas lesionadas ni afectaciones directas a las casas. Sin embargo, el incendio sí causó daños en algunos cultivos aledaños.Cenit informó que su personal especializado será el encargado de establecer las causas exactas del incidente, mientras continúan las labores de limpieza, evaluación ambiental y monitoreo del área afectada, la cual permanece acordonada como medida preventiva.
La Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo (Afidro) aseguró este martes que en Colombia no existe un desabastecimiento de medicamentos, pero sí un grave problema de desfinanciamiento en el sistema de salud que está poniendo en riesgo la atención de millones de pacientes.Desde Bucaramanga, el presidente ejecutivo de Afidro, Ignacio Gaitán, explicó que la crisis se origina en la falta de flujo de recursos, lo que genera retrasos en la entrega de tratamientos y en la prestación de los servicios. “Nos han querido hacer creer que estamos hablando de desabastecimiento de medicamentos. En realidad lo que tenemos es un sistema desfinanciado y, como en cualquier sector de la economía, cuando los recursos no fluyen la cadena se rompe”, afirmó.El dirigente gremial advirtió que la situación ya tiene consecuencias en la vida de los colombianos. “Estamos encontrando reportes de personas que han perdido la vida por la falta de acceso a los medicamentos. En la medida que no se entregan los tratamientos, los afectados son los pacientes”, dijo.Gaitán también señaló la urgencia de agilizar los trámites regulatorios en el Invima, pues los procesos de aprobación de nuevas terapias y medicamentos se están demorando, lo que afecta el acceso de los colombianos a la innovación. “Colombia siempre ha tenido acceso a los mejores medicamentos, pero hoy se está retrasando ese acceso. Esta es una industria que invierte más de 10 años en desarrollar una nueva molécula y necesitamos proteger esa innovación”, recalcó.Durante su intervención en Bucaramanga, el presidente de Afidro recordó que la Contraloría General ya había advertido sobre la crisis de la Nueva EPS, que tiene bajo su responsabilidad 11,8 millones de afiliados en todo el país. “Estamos hablando de que casi uno de cada cuatro colombianos depende de esta EPS y hoy está en riesgo la continuidad de sus servicios. Más que buscar culpables, es momento de actuar porque hay cerca de 12 millones de colombianos en riesgo”, sostuvo.Finalmente, Gaitán hizo un llamado al Gobierno para cumplir con los compromisos adquiridos en materia de producción de vacunas en Colombia y fortalecer los programas de inmunización. Según dijo, ya existen alertas por el resurgimiento de enfermedades que se consideraban controladas. “Tenemos una ley vigente que define parámetros para un proceso de vacunación más efectivo, pero no se han dado las condiciones. Es hora de que se tomen las riendas”, concluyó.
Este 27 y 28 de septiembre, Bucaramanga será sede de la feria de vivienda más importante de la región. En Neomundo se realizará ExpoVivienda Camacol Santander, un evento que reunirá a 17 constructoras y presentará más de 70 proyectos de vivienda, así como opciones para quienes buscan remodelar su hogar.El gerente de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) regional Santander, Javier Peñaranda, explicó que la feria es una oportunidad para que los ciudadanos encuentren en un solo lugar alternativas de vivienda y asesoría financiera.“Aquí podrán conocer desde proyectos nuevos hasta opciones de remodelación, con la ventaja de acceder a información de bancos, cajas de compensación y el Fondo Nacional del Ahorro, que orientarán a los asistentes sobre créditos y beneficios para comprar vivienda”, indicó.Pese a la preocupación del sector por la reducción de subsidios del Gobierno Nacional y la caída en las ventas de vivienda, que en los últimos tres años se han reducido en un 39%, Camacol asegura que las constructoras han mantenido su apuesta por la región.Durante el evento, los asistentes también podrán acceder a bonos de descuento ofrecidos por las constructoras, que oscilan entre 5 y 10 millones de pesos, y participar en sorteos de una moto eléctrica y scooters. Además, quienes compren vivienda durante la feria entrarán en rifas adicionales.La feria, organizada por Camacol, busca incentivar la compra de vivienda y ofrecer soluciones integrales para las familias santandereanas.
La Alcaldía Distrital de Barrancabermeja avanza en la instalación de cámaras de seguridad en el corregimiento El Llanito, una de las 28 zonas priorizadas por las autoridades para fortalecer la vigilancia y recuperar la tranquilidad en sectores críticos del puerto petrolero.Henry Pabón, representante de la unión temporal Videovigilancia, explicó que en El Llanito se realizó la georreferenciación de los puntos estratégicos donde quedarán ubicadas las cámaras.“En el corregimiento se instalará una cámara PTZ en el coliseo y cuatro cámaras fijas desde la entrada hasta el muelle, lo que permitirá tener cobertura completa del sector. Todo estará articulado con el Centro de Monitoreo Distrital, donde se visualizará en tiempo real lo que ocurra en esta zona”, indicó.Por su parte, Eduardo Ramírez Alipio, secretario de Seguridad y Convivencia de Barrancabermeja, señaló que la estrategia no solo incluye videovigilancia, sino también la instalación de botones de pánico y alarmas comunitarias, en coordinación con la Policía y el Ejército.“Buscamos crear una gran zona segura interconectada que permita dar respuestas oportunas ante cualquier incidente de seguridad o convivencia. Este es un paso histórico porque es la primera vez que un corregimiento como El Llanito recibe este tipo de inversiones en seguridad”, afirmó.El programa “Barrios y Corregimientos Seguros” contempla la instalación de estos sistemas en 28 puntos estratégicos, entre urbanos y rurales, para dotar a la fuerza pública y a la comunidad de herramientas tecnológicas que permitan hacer frente a la delincuencia.
La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas adelantó una agenda en el Magdalena Medio, encabezada por su director general, Adith Rafael Romero, con la entrega de indemnizaciones, dotaciones y reconocimientos a organizaciones de víctimas del conflicto armado. En Puerto Wilches y Barrancabermeja se entregaron 562 cartas de indemnización administrativa, con una inversión que supera los 12.300 millones de pesos, recursos destinados a dignificar y reparar a quienes han sufrido los impactos de la violencia.Adicionalmente, se formalizó la entrega de 370 rollos de tela incautados por la DIAN, los cuales beneficiarán a mujeres víctimas que lideran emprendimientos de confecciones en la región, fortaleciendo sus proyectos productivos y aportando a su autonomía económica.La jornada también contempló la entrega de dotación al comedor escolar de Ciénaga del Opón y a la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (CREDHOS), como parte de las acciones de fortalecimiento institucional y comunitario en la zona rural de Barrancabermeja. “Además, apoyamos a las víctimas emprendedoras, en sus iniciativas agroindustriales, de alimentos y de tejidos, que reflejan el talento, la resiliencia y la capacidad de transformar sus comunidades. Por primera vez la entidad llegó al corregimiento El Centro, donde tenemos toda la estrategia institucional con el acompañamiento de la Alcaldía, Ejército y el Banco Agrario. Las personas pueden averiguar como va el proceso de indemnización si esta en la ruta priorizada o en la general. También, estamos actualizando los datos”, dijo Adith Romero, director de la entidad a nivel nacional.En el departamento de Boyacá se reunió la entidad con varios alcaldes con el compromiso para la creación de un museo de la memoria como homenaje a las víctimas de ese departamento. "Además, en Boyacá, empresarios se comprometen a abrir espacios para que las víctimas generen ingresos económicos y empleo en la región", informó la Unidad de Víctimas. De igual forma, se oficializó la Resolución 2025-106284, mediante la cual se aprueba la inscripción de la Asociación Agrícola, Pecuaria y Pesquera del Guayabo en el Registro Único de Víctimas, reconociendo así a esta organización campesina como sujeto de reparación colectiva en el Magdalena Medio.Con estas acciones, la Unidad para las Víctimas reafirmó su compromiso con la reparación, la dignidad y el fortalecimiento de la población víctima en el Magdalena Medio.
A pesar de los balances entregados por la Policía Metropolitana de Bucaramanga y las cifras que muestran reducciones porcentuales en diversos crímenes, lo cierto es que la comunidad de la capital santandereana se mantiene con incertidumbre debido a los casos de muertes violentas en el área metropolitana.En las últimas horas, la capital de Santander fue escenario de un cruento homicidio bajo la modalidad de sicariato en el barrio La Joya y un doble atentado con arma de fuego en el barrio Girardot, este último acompañado del hallazgo de panfletos extorsivos.En el primer caso la tranquilidad del barrio La Joya, en el occidente de la ciudad, se rompió por una ráfaga de disparos. Luis Carlos Lucena, de 43 años y conocido en el sector como ‘Lucho Simpson’, salía de un micromercado cuando fue atacado.Según el reporte de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, Lucena se disponía a encender su motocicleta cuando fue interceptado por dos sujetos en un vehículo similar. Sin mediar palabra, el parrillero descargó su arma de manera letal.El informe forense reveló que la víctima recibió un total de 11 impactos: cuatro en la cabeza, tres en el brazo izquierdo y cuatro más en la espalda. La sevicia del ataque no dio margen de auxilio; Lucena falleció de forma instantánea sobre el asfalto.La víctima acumulaba un extenso historial en el sistema penal oral acusatorio por los delitos de homicidio, tráfico de estupefacientes, porte ilegal de armas, fuga de presos y violencia intrafamiliar. Los investigadores manejan como principal móvil un ajuste de cuentas.Posteriormente, en la carrera 13 con calle 24 del barrio Girardot, dos hombres, identificados como José Murillo Sandoval (50 años) y Mario León (62 años), fueron atacados mientras se encontraban en la vía pública. Los agresores, al igual que en el caso de La Joya, operaron desde una motocicleta. El parrillero abrió fuego indiscriminadamente, hiriendo a Murillo en el abdomen y brazo, y a León en su pierna derecha.El detalle que preocupa es que en medio de la escena fueron hallados dos panfletos con contenido extorsivo dirigidos, al parecer, a los comerciantes de la zona.Las autoridades investigan ahora si las víctimas eran el blanco directo de una retaliación por el no pago de “vacunas” o si el ataque buscaba sembrar terror para presionar el recaudo ilegal en el sector. Ambos heridos permanecen bajo observación médica en el Hospital Universitario de Santander (HUS).Hasta el momento las autoridades no se han pronunciado respecto a estos panfletos, pero extraoficialmente se conoció que se abrió una investigación para dar con el paradero de los responsables.
En el sector Alto Semisa, zona rural del municipio de Puente Nacional, Santander, se registró una emergencia ambiental y operativa luego de un incidente en las líneas de hidrocarburos de la empresa CENIT, el cual provocó un incendio de diésel y posteriormente un incendio forestal que generó alarma entre la comunidad y las autoridades locales.Tras conocerse la situación, se activaron de inmediato los protocolos de atención de emergencias. Al lugar se desplazaron unidades del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres (CMGRD), personal técnico de CENIT y los Bomberos Voluntarios de Barbosa, quienes lograron controlar las llamas y evitar que el fuego se propagara hacia áreas habitadas y zonas de mayor cobertura vegetal.De manera paralela, la empresa CENIT desplegó cuadrillas especializadas para las labores de limpieza, control del derrame y evaluación de afectaciones ambientales, con el objetivo de mitigar los impactos generados por el combustible y garantizar la seguridad en el área intervenida.Las autoridades informaron que, aunque la situación se encuentra bajo control, se mantiene la vigilancia permanente en el sector para descartar posibles reactivaciones del fuego y prevenir nuevos riesgos para la población.Por ahora, las causas del incidente son materia de investigación, mientras los organismos competentes avanzan en la recolección de información técnica que permita establecer el origen de la emergencia y las responsabilidades correspondientes.
Un fuerte cruce de declaraciones se registró entre el alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, y el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, por la responsabilidad y entrega del tramo del tercer carril entre el puente Puerta del Sol y el puente de Provenza, cuyo sistema de alumbrado público permanece parcialmente apagado y representa un riesgo para los conductores.El alcalde Portilla aseguró que el tramo no era responsabilidad del municipio, sino del departamento, sustentado en el contrato 2738 de 2014, suscrito hace cerca de 11 años con la Gobernación de Santander, cuyo objeto era la ampliación del corredor vial primario Bucaramanga–Floridablanca por un valor aproximado de $146 millones.“Ese tramo estaba bajo custodia del departamento hasta hoy, por eso ya solicité formalmente que nos lo entreguen para poder hacer las reparaciones correspondientes”, afirmó el mandatario local.Según explicó, desde hace seis meses se venía solicitando la entrega del corredor, pero solo tras la presión ejercida por su administración en los primeros 10 días de gobierno se logró que la Gobernación elaborara el acta de entrega del tercer carril.Portilla advirtió que el apagón del corredor representa un riesgo inminente para la seguridad vial.“No podemos seguir generando ese riesgo. Una motocicleta se puede accidentar y luego el municipio termina respondiendo por los daños”.El alcalde aseguró que, si la Secretaría de Infraestructura departamental firma hoy el acta, el municipio podría restablecer completamente el alumbrado a más tardar el 31 de diciembre, en “tiempo récord”.Ante los señalamientos del alcalde, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, sostuvo que la Gobernación ha intentado desde hace más de dos años formalizar la entrega del tercer carril a la administración municipal, pero aseguró que estos asuntos deben resolverse dentro de los canales institucionales y no a través de confrontaciones públicas.“Nosotros estamos entregando; ellos deben recibir. Estos temas se deben tratar en consejos conjuntos con el alcalde, porque generar este tipo de debates innecesarios le hace daño a la institucionalidad”, afirmó.Díaz recordó el episodio de la vacancia absoluta ocurrido en la anterior administración municipal, cuando el entonces alcalde perdió su investidura y el propio gobernador designó como alcalde encargado a Eduard Sánchez, destacando que durante ese periodo no se emitió ninguna alerta sobre el estado del tercer carril.“Cuando se presentó la vacancia absoluta, el gobernador respondió nombrando un alcalde encargado. En ese momento designé a Eduard Sánchez, y durante su gestión no hubo una sola observación ni alerta sobre este tema. Fue un alcalde responsable, que hizo la tarea, ya responden después son los partidos y su terna”, puntualizó el mandatario departamental.
Los trabajadores de la Electrificadora de Santander (ESSA), empresa propiedad del Grupo EPM (Empresas Públicas de Medellín), se declararon en asamblea permanente, luego de varias semanas de negociaciones fallidas entre la directiva de la compañía y los representantes sindicales.Según el sindicato, la empresa no ha mostrado voluntad para llegar a acuerdos que garanticen mejores condiciones laborales a cerca de 3.500 trabajadores, muchos de los cuales prestan sus servicios a la electrificadora pero se encuentran tercerizados. Entre las principales exigencias se destaca la vinculación laboral directa, el respeto a los derechos convencionales y el fin del uso excesivo de empresas contratistas.Carlos Roncancio, asesor legal de los trabajadores del sector eléctrico, explicó que el proceso de negociación colectiva se encuentra estancado.“La filial de EPM se encuentra en negociación colectiva. Son 10 sesiones y vamos en la número 8. Durante estas reuniones, la compañía se ha abstenido de negociar las propuestas presentadas en el pliego de peticiones, lo que constituye una negativa encubierta a negociar”, afirmó. Roncancio señaló que esta situación ha llevado a los trabajadores a recurrir a la asamblea permanente y a contemplar la huelga como un mecanismo legítimo de diálogo.“La empresa hace un uso desmedido de compañías contratistas para desarrollar actividades propias de la electrificadora. Estas personas deberían ser contratadas directamente por la empresa, con contratos a término indefinido. Esta intermediación excesiva debilita la convención colectiva y genera condiciones laborales precarias, afectando el salario y la estabilidad de cientos de trabajadores”, agregó.Los trabajadores reiteraron que su principal petición es que la Electrificadora de Santander cumpla con la contratación directa de este personal y respete los acuerdos colectivos, garantizando condiciones laborales dignas para quienes sostienen la operación del servicio de energía en el departamento.Por ahora, el proceso de diálogo continúa sin avances significativos, mientras la asamblea permanente se mantiene como medida de presión en defensa de los derechos laborales.El asesor legal hizo un llamado a retomar el diálogo, avanzar hacia acuerdos de manera respetuosa y asumir la negociación con seriedad y compromiso.
El desplazamiento forzado en la región del Catatumbo continúa en aumento y mantiene en máxima alerta a Cúcuta. Así lo advirtió Leandro Ugarte, secretario de Víctimas del municipio, al asegurar que la magnitud de la emergencia humanitaria registrada en 2025 no tiene antecedentes en el país.En declaraciones a Mañanas Blu de Blu Radio, Ugarte explicó que el flujo de personas desplazadas ha sido constante desde mediados de enero. “Desde el 17 de enero a la fecha, este desplazamiento ha sido continuo. Del 22 al 29 de diciembre hemos recibido 230 núcleos en Cúcuta. Esto da un total de 580 personas”, precisó el funcionario.El secretario alertó que el incremento sostenido de llegadas ha generado una fuerte presión sobre las finanzas del municipio. Según indicó, Cúcuta ya enfrenta insuficiencia presupuestal para continuar atendiendo a la población desplazada y ha tenido que solicitar apoyo al Gobierno nacional.“Tenemos insuficiencia presupuestal para seguir atendiendo; estamos acudiendo a la Unidad para las Víctimas para iniciar subsidios y que nos apoyen con entregas. El presupuesto es finito y el desplazamiento no ha parado”, señaló Ugarte, al recalcar la gravedad del escenario.Actualmente, la ciudad no ha habilitado albergues temporales para esta población. De acuerdo con el funcionario, todas las familias desplazadas se encuentran en condición de autoalbergue, mientras la administración municipal ha entregado kits de alimentación y aseo como atención inicial.“Las personas que están arribando son básicamente cabeza de núcleo y cuando llegan buscan autoalbergue. El desplazamiento que hemos vivido este año es sin precedentes, el más grande en la historia de Colombia. Pedimos que se convoque una alerta nacional”, concluyó el secretario de Víctimas de Cúcuta.
Con la presencia de Juvenal Díaz Mateus, gobernador de Santander, y los altos mandos de la Policía Nacional, se presentó este martes 30 de diciembre los nuevos elementos humanos y físicos con los que contará la institución para reforzar sus capacidades operativas.“Presentamos un importante fortalecimiento institucional que evidencia el compromiso indeclinable de nuestra Policía con la vida, la tranquilidad y el bienestar de todos los habitantes del territorio. Nos honra presentar a 46 nuevos uniformados, entre ellos dos oficiales en el grado de subteniente, quienes se integran a esta unidad con la firme vocación de servir. Ellos representan una fuerza renovada, formada y comprometida con la protección de la ciudadanía. Su presencia en el territorio potenciará nuestras capacidades preventivas y operativas”, expresó el coronel Néstor Arévalo, comandante del Departamento de Policía de Santander.De acuerdo con las autoridades, el fortalecimiento institucional contó con el apoyo de la Dirección General de la Policía y tuvo una inversión de $2.700 millones. Además de los nuevos uniformados, la institución recibió 9 camionetas y 13 motocicletas de alto cilindraje destinadas a fortalecer las capacidades de las unidades de investigación criminal, inteligencia policial y el trabajo del Gaula.“Estos vehículos se convertirán en herramientas dentro de los procesos de recolección de información y ejecución de operaciones contra estructuras criminales”, acotó el coronel Arévalo.Por su parte, el Gobernador de Santander destacó que “es un día muy importante para la seguridad de la región"."Nosotros tenemos tres ejes importantes: la seguridad multidimensional, la prosperidad y la sostenibilidad. Este año invertimos más de 62 millones de pesos para dotación de la fuerza pública, instalaciones y bienestar para nuestros hombres de la Policía y el Ejército Nacional, y la idea es seguir fortaleciendo las instituciones”.Por último, el comandante del Departamento de Policía de Santander confirmó que durante el presente año la Gobernación y los entes territoriales entregaron 29 vehículos adicionales y 11 motocicletas, con lo cual el parque automotor policial fue reforzado con más de 62 medios de transporte en 2025, los cuales fueron puestos al servicio de la seguridad ciudadana.