Tropas del Ejército Nacional de Colombia evitaron la comercialización de más de un millón de dosis de cocaína en los Estados Unidos, tras ubicar y destruir un complejo cocalero en zona rural de Sabana de Torres, Santander.La operación se desarrolló en el marco del Plan de Campaña Operacional Ayacucho Plus 2023-2026, bajo el concepto de acción unificada, y fue liderada por el Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales (CONAT), en coordinación con la Policía Nacional.El laboratorio fue hallado en la vereda Bella Vista y, según información oficial, haría parte de las finanzas ilícitas del grupo armado organizado Clan del Golfo, específicamente de la subestructura Édgar Madrid Benjumea.De acuerdo con el reporte militar, el complejo estaba conformado por cuatro estructuras con capacidad para producir hasta dos toneladas mensuales de clorhidrato de cocaína. En el lugar fueron encontrados 1.026 kilogramos de esta sustancia, avaluados en aproximadamente 151.000 millones de pesos.La infraestructura destruida tendría un valor cercano a los 700 millones de pesos. Las autoridades indicaron que, gracias a labores de inteligencia militar, se estableció que esta organización estaría buscando expandir sus rutas de narcotráfico hacia países de Centroamérica y los Estados Unidos, utilizando corredores costeros y marítimos en el mar Caribe.
Quedó lista la obra de reconstrucción y reforzamiento del muro de contención que protege a Centroabastos, la zona industrial de Bucaramanga y unas 150 familias del barrio José Antonio Galán.El proyecto fue promovido desde Centroabastos y materializado por la CDMB (Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga), con una inversión que osciló entre los 27.000 y 28.000 millones de pesos, incluyendo obra, interventoría y estudios previos.Carlos Eduardo Quiroga, gerente de Centroabastos, recordó que durante 20 años enfrentaron crisis recurrentes por las inundaciones generadas por la creciente del río.“Es una obra de reforzamiento de lo que se deterioró desde hace 20 años. Tuvimos una crisis con la inundación por la creciente del río de Oro 2005 y no queríamos volver a pasar lo mismo”, afirmó.Según explicó, la configuración de una curva en el sector generaba que el caudal impactara con fuerza hacia predios vecinos, especialmente hacia Almagrario, lo que provocó emergencias en el pasado.“Lo que hicimos fue generar la problemática, hacer amigos en todas partes y buscar que nos brindaran esta protección. La CDMB fue la que nos prestó atención y construyó la obra”, señaló el directivo.La intervención consistió en la reconstrucción del muro de gaviones en la margen derecha del río de Oro, con una extensión de 866 metros lineales. Durante más de un año trabajaron alrededor de 100 personas en la ejecución del proyecto.La obra incluyó un sistema estructural de avanzada, compuesto por gaviones y 95 anclajes activos que refuerzan el punto más crítico de la margen derecha del afluente. Además, se construyó una estructura especial de estabilización en la parte baja, diseñada para prevenir fenómenos de socavación y erosión lateral provocados por la fuerza del río.También se levantaron estructuras perpendiculares a la margen que permiten la acumulación de sedimentos, formando playas naturales que ayudan a controlar la erosión y disminuir el impacto del caudal sobre la infraestructura.Para Juan Carlos Reyes Nova, gerente de la CDMB, el proyecto trasciende la infraestructura física. “Más de dos millones de santandereanos se ven favorecidos de manera indirecta, de los cuales 1,2 millones hacen parte de la jurisdicción de la CDMB. Esto no es solo infraestructura, es protección de la fuente hídrica, seguridad alimentaria y resiliencia para las futuras generaciones”, recalcó.Con esta obra, se busca mitigar el riesgo de nuevas emergencias en uno de los sectores estratégicos para la economía regional, garantizando mayor estabilidad a la central de abastos y a las empresas asentadas en la zona industrial de Bucaramanga.
Dos mujeres fueron capturadas por su presunta participación en el homicidio de un hombre de 47 años, identificado como César Neira, en hechos ocurridos en el barrio Laureles de Bucaramanga.De acuerdo con el reporte entregado por el coronel Héctor Daniel García Acevedo, subcomandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, el homicidio se registró en horas de la tarde.Según la información preliminar, “los hechos estarían relacionados con un presunto caso de abuso sexual contra una menor de 14 años, que habría ocurrido en la mañana del mismo día. Sin embargo, este señalamiento no fue puesto en conocimiento de las autoridades competentes en el momento en que, al parecer, se presentó”.El oficial indicó que, tras conocerse el supuesto caso, algunas personas habrían decidido tomar justicia por mano propia, lo que derivó en el asesinato de César Neira.Como resultado de la reacción policial, dos mujeres fueron capturadas señaladas de ser presuntas responsables del homicidio y quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que asumirá la investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades.Entre tanto, la menor de 14 años está siendo valorada por personal médico especializado y recibe atención integral para el restablecimiento de sus derechos, conforme a los protocolos establecidos para este tipo de casos.Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para que cualquier hecho relacionado con presuntos delitos, especialmente contra menores de edad.Este homicidio se suma a los cuatro homicidios ocurridos en las últimas 24 horas en Bucaramanga. De los hechos ocurridos hay cuatro capturados, la Policía Metropolitana de Bucaramanga busca a los responsables de los hechos violentos e investiga las causas de los asesinatos.
Cinco estudiantes, entre los 14 y 16 años, resultaron intoxicadas tras consumir clonazepam al interior del Colegio San José de Guanentá, en el municipio de San Gil. Las menores permanecen hospitalizadas bajo observación médica en el Hospital Regional de San Gil.El caso fue confirmado por el subsecretario de Salud de San Gil, Víctor Chaparro, quien explicó que la alerta se recibió en horas de la tarde de este miércoles 18 de brero por parte del centro asistencial.“Desafortunadamente el día de ayer (18 de febrero) en horas de la tarde fuimos notificados por una alerta por parte del Hospital Regional de San Gil por unos estudiantes que ingresaron con un cuadro de intoxicación. Se identificaron cinco estudiantes entre las edades de 14 y 16 años que ingresaron al servicio de urgencias por intoxicación por medicamentos”, indicó el funcionario.Según el reporte oficial, el medicamento consumido fue clonazepam, un fármaco de uso psiquiátrico que solo puede ser vendido con fórmula médica.Tras el ingreso de las menores, se activaron de inmediato las rutas correspondientes por tratarse de adolescentes. El caso fue puesto en conocimiento del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y de la Comisaría de Familia, mientras avanzan las investigaciones para establecer cómo las estudiantes accedieron al medicamento.Desde la Subsecretaría de Salud también iniciaron la investigación epidemiológica de campo, revisando las historias clínicas para determinar si alguna de las menores presentaba antecedentes emocionales o crisis previas que pudieran estar relacionadas con el consumo del fármaco.El padre de una de las niñas afectadas expresó su preocupación por lo ocurrido y pidió mayores controles dentro de la institución educativa.“Lo que yo pido es más seguridad en el colegio. En el colegio no hay ninguna clase de seguridad. Le facilitan la entrada al mismo colegio a personas haciéndose pasar por familiares”, afirmó.El hombre relató que su hija presenta alteraciones en su comportamiento tras la intoxicación. “Está como sonámbula, llora, grita, da golpes, se pone agresiva. La van a llevar para atención en salud mental”, agregó.El subsecretario de Salud hizo un llamado a las instituciones educativas para que estén atentas a cambios en el comportamiento de los estudiantes, teniendo en cuenta que pasan gran parte del tiempo en los planteles.También pidió a los padres de familia mantener una vigilancia activa y acudir de inmediato a los servicios de salud ante cualquier señal de alarma.De igual manera, solicitó a las droguerías del municipio abstenerse de vender clonazepam sin la respectiva fórmula médica. “Es un medicamento de uso exclusivo psiquiátrico y no puede ser vendido sin prescripción. Ya tenemos las primeras consecuencias de que factores externos fueron quienes suministraron este medicamento a las estudiantes”, advirtió.Las autoridades aclararon que, hasta el momento, solo hay cinco casos confirmados relacionados con esta intoxicación. Además, continúan las investigaciones para determinar el modo en que el medicamento llegó a manos de las menores y evitar que situaciones similares se repitan.
Cartagena de Indias se prepara para recibir a 9.500 corredores de 15 países en la novena edición de la Media Maratón del Mar 2026, programada para el próximo domingo, 22 de febrero. Con este evento, la ciudad heroica abrirá el calendario del running en Colombia mezclando deporte, turismo y proyección internacional.Más del 80 % de los inscritos llegarán desde más de 30 departamentos del país, mientras cerca de 400 atletas serán extranjeros. El flujo de visitantes convierte la carrera en una prueba logística para la capital de Bolívar.Recorrido Media Maratón del Mar 2026El recorrido partirá desde el Puerto de Cartagena y atravesará corredores urbanos y turísticos emblemáticos. Es una de las pocas competencias de media maratón en el mundo que inicia en un entorno portuario, un rasgo que refuerza su identidad.Logística, Expo y movimiento económicoLos días 20 y 21 de febrero se realizará la Expo Media Maratón del Mar en el Centro de Convenciones Cartagena de Indias. Allí se entregarán los kits oficiales y participarán cerca de 85 marcas vinculadas al deporte, la salud y el bienestar.La organización espera alrededor de 20.000 visitantes durante la feria, lo que impactará sectores como hotelería, gastronomía, transporte y comercio. La carrera se consolida como un motor de turismo deportivo en temporada alta.El evento también incluye la MMM Kids, con recorridos de 1 y 2 kilómetros para niños y niñas. La apuesta amplía el alcance familiar y fortalece la cultura del running en la ciudad.Medalla, camisetas y presencia éliteLa edición 2026 presentó su medalla inspirada en el faro del Club Naval de Cartagena, símbolo de guía y perseverancia. El diseño integra elementos gráficos asociados al mar Caribe y al movimiento.Las camisetas oficiales fueron desarrolladas por ASICS, aliado técnico del evento durante los últimos cuatro años. La marca también tendrá en competencia a figuras como Kellys Arias y David Gómez González.El reto del clima y la preparación médicaMás allá del número de participantes, el principal desafío será el clima cálido y la alta humedad de Cartagena. La dirección médica recomendó llegar con al menos 48 horas de anticipación, priorizar la hidratación y evitar esfuerzos intensos previos.Durante la carrera, síntomas como mareos, náuseas o visión borrosa deben tomarse como señales de alerta. El operativo contará con ambulancias medicalizadas, desfibriladores y personal de atención prehospitalaria en distintos puntos del recorrido.
Este miércoles en Voz Populi hablamos de los diferentes temas políticos, nacionales e internacionales más importantes, acompañados del humor característico de cada uno de nuestros personajes en el programa.
Las lluvias intensas, las inundaciones prolongadas y los deslizamientos no solo arrasan cultivos y viviendas; también golpean la economía familiar durante meses, e incluso años. Fenómenos climáticos como La Niña suelen dejar a su paso comunidades enteras tratando de reconstruir lo perdido, muchas veces dependiendo de ayudas estatales para cubrir necesidades básicas.En Cundinamarca, miles de hogares sintieron el impacto del fenómeno de La Niña 2021–2023, que provocó emergencias en varios municipios. Para mitigar esos efectos, el Gobierno nacional habilitó apoyos económicos dirigidos a jefas y jefes de hogar damnificados. Sin embargo, no todos los beneficiarios han podido recibir el recurso.Beneficiarios en Cundinamarca deben actualizar datos para recibir $500.000La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) informó que más de 2.000 personas en Cundinamarca, incluidas como beneficiarias del programa Jefas y Jefes, aún no han recibido el subsidio único de $500.000 debido a errores o inconsistencias en sus datos personales.Ante esta situación, la entidad amplió hasta el 25 de marzo de 2026 el plazo para que los ciudadanos puedan actualizar la información y acceder al desembolso. El llamado está dirigido a quienes hayan sido notificados como beneficiarios y presenten inconsistencias en nombres, número de identificación u otros datos que impidan la transferencia del dinero.Los departamentos que concentran el mayor número de inconsistencias son:La Guajira (13.851)Chocó (10.391)Bolívar (7.277)Sucre (6.788)Córdoba (6.025)Magdalena (5.619)Cauca (4.828)Cesar (3.760)Cundinamarca (3.494)Valle del Cauca (3.285)Atlántico (2.474)Arauca (2.453)Antioquia (2.415)Tolima (1.897)Santander (1.871)Nariño (1.557)Norte de Santander (1.449)Putumayo (1.264)Según la UNGRD, tras una revisión estadística del RUNDA se detectaron múltiples errores en los registros, los cuales fueron informados en repetidas ocasiones a las entidades territoriales para que los corrigieran. Debido a estas fallas, algunas personas no fueron reconocidas oficialmente como damnificadas y, por lo tanto, no accedieron al apoyo económico que les correspondía.Es importante aclarar que la actualización de datos aplica única y exclusivamente para “84.194 personas inscritas que presentaron inconsistencias con corte al 2 de noviembre de 2024. No podrán ingresar nuevos beneficiarios, ya que los registros en el RUNDA cerraron el 1 de mayo de 2023. La subsanación de la información sólo podrá realizarse hasta el 25 de marzo de 2026”, manifestó la entidad.Para hacer la corrección, los beneficiarios deben enviar un correo electrónico a protecciondatospersonales@gestiondelriesgo.gov.co, adjuntando una fotocopia totalmente legible de la cédula de ciudadanía.Con este procedimiento se validarán y actualizarán los datos para reactivar la entrega del apoyo económico.La UNGRD recordó que la información detallada sobre el proceso está disponible en su portal oficial y reiteró que el objetivo es garantizar que los recursos lleguen efectivamente a las familias damnificadas que aún no han podido recibir la ayuda.
El pasado fin de semana la cantante Shakira terminó su gira por Centroamérica, cerrando con cinco fechas en El Salvador. Después de esto la barranquillera llegó en un vuelo charter a su ciudad natal que estaba en plena época de Carnaval.El arribo lo hizo junto a sus dos hijos Milan y Sasha para aprovechar y visitar a sus padres, pero también con otro objetivo y era el de grabar un video músical junto con el cantante Beéle. El también barranquillero que el sábado de Carnaval se presentó se presentó en el Metroconcierto.Lo que se conoce es que los artistas acordaron grabar el video de una canción que aún no se conoce.Blu Radio logró conocer que en avanzados horas de la noche del martes fue cerrado el paso por una zona del Malecón y se vieron a lo lejos unas cámaras. El rumor de la presencia de la artista en la ciudad aumentó luego de que sus seguidores vieran que en las redes de integrantes del equipo de producción de Shakira, estos compartieron fotos en Barranquilla.Una de las publicaciones fue hecha por Keityn, el productor de Shakira, quien en su cuenta de Instagram publicó una fotografía tomada en el Pabellón de Cristal del Gran Malecón, además de otra imagen en un reconocido restaurante de la ciudad.Una de las locaciones escogidas para grabar el video fue el Barrio Abajo, en un sector conocido como el Museo Abierto, zona que recientemente fue dispuesta al turismo. Hasta allí logró llegar Blu Radio y encontró el montaje de lo que sería la nueva producción musical.Este medio conoció además que integrantes de la comparsa Rumbón Normalista, quienes estuvieron desfilando por la vía 40 durante El Carnaval haciendo un homenaje al sombrero vueltiao, están participando de la filmación
La divulgación de la historia clínica de Kevin Acosta, un niño de siete años con hemofilia que falleció hace pocos días, junto con declaraciones del presidente Gustavo Petro y de miembros del Gobierno, desató un nuevo foco de controversia en medio del debate por la muerte del menor, quien era paciente de Nueva EPS.Para el director del observatorio Así Vamos en Salud, Augusto Galán, se trata de una actuación contraria a la normatividad vigente y al respeto por los derechos fundamentales. “Es totalmente ilegal y no está bien. El respeto a la privacidad de las personas lo tenemos que cumplir todos los colombianos, no importa si es el presidente de la República o la persona más humilde de este país”, afirmó Galán.El director insistió en que la historia clínica está protegida por normas y regulaciones específicas y advirtió que la actuación del mandatario no solo tendría implicaciones legales, sino también un impacto humano sobre la familia. En particular, señaló que la exposición pública de la información médica revictimizó al niño y a sus familiares.Adicionalmente, Galán explicó que el caso de Kevin refleja la situación que hoy enfrentan miles de pacientes en el país. De acuerdo con el director, más de 4.500 personas con hemofilia estarían en riesgo de vivir escenarios similares, debido a las dificultades para acceder de manera oportuna a los medicamentos que requieren para sus tratamientos.En ese contexto, aseguró que la intermitencia en la prestación de los servicios de salud está relacionada con un problema de financiación del sistema. “Hay pacientes con otras enfermedades de alto costo, que lo hemos visto a lo largo de los últimos meses, y la indolencia del Gobierno no lo ha querido solucionar. Y tiene que ver con la desfinanciación estructural que está diagnosticada desde hace bastante tiempo”, agregó.Durante el encuentro de socialización Colombia Progresa 2026, una iniciativa de seis centros de pensamiento que busca proponer una hoja de ruta al próximo gobierno sobre los principales desafíos del país, Galán sostuvo que el mayor problema del sistema de salud es la crisis financiera que atraviesa, la cual pone en riesgo su sostenibilidad, la continuidad en la prestación de los servicios y el derecho efectivo a la salud. Por esa razón, indicó que una de las principales recomendaciones es estabilizar el sistema mediante una mayor inyección de liquidez.Finalmente, el director del observatorio señaló que parte del deterioro actual también está relacionado con las recientes intervenciones del Gobierno a varias EPS. “El próximo gobierno va a tener que solucionar la intervención que hay sobre las EPS, que tienen en este momento aproximadamente 25 millones de afiliados y que esas EPS intervenidas por el gobierno nacional desde hace más de dos años, pues han visto deteriorar su operación y su patrimonio, y han visto incrementar las quejas, peticiones y reclamos”, concluyó.
Varios hombres fuertemente armados, que se desplazaban en camionetas y se identificaron como integrantes de la guerrilla del ELN, interceptaron el vehículo de seguridad en el que se movilizaba, junto a su esquema, el líder político de la Unión Patriótica en Norte de Santander, Silvano Calvo, en zona del Catatumbo.Después de obligarlos a descender, les quitaron las armas de dotación y exigieron las llaves de la camioneta asignada por la UNP al esquema. Los hechos ocurrieron en el corregimiento de La Curva, perteneciente al municipio de Bucarasica, ubicado en la vía entre Ocaña y Cúcuta, en el departamento de Norte de Santander.“Cuando nos obligaron a bajar, pudimos hablar con los subversivos; nos respetaron la vida y nos retuvieron por una hora. Son cosas que siguen pasando en el Catatumbo y por eso continuamos pidiendo mayores garantías de seguridad para quienes realizamos un trabajo de liderazgo en la región”, dijo Silvano Calvo.El líder político de la UP fue aspirante a la Alcaldía de Ocaña, a la Asamblea de Norte de Santander y actualmente es asesor de Aída Abello.
La controversia por el contrato de alumbrado navideño en Bucaramanga volvió a tomar fuerza luego de que Eduard Jesús Sánchez, alcalde encargado durante el periodo de transición administrativa, se pronunciara públicamente sobre su papel y conocimiento en el proceso contractual por $7.000 millones que hoy es objeto de investigación disciplinaria.El enredo comenzó tras la decisión del Consejo de Estado que declaró la nulidad electoral del entonces alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán. La sentencia obligó al gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, a designar un mandatario encargado mientras se conformaba la terna para convocar a elecciones atípicas.En primera instancia, el gobernador nombró a Eduard Jesús Sánchez, quien se desempeñaba como director de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de Santander. Sánchez asumió la Alcaldía de manera temporal mientras avanzaba el proceso de organización electoral. Sin embargo, días después, Díaz Mateus nombró como alcalde designado a Javier Sarmiento, quien permanecerá en el cargo hasta la realización de las elecciones atípicas programadas para el 14 de diciembre.Fue precisamente durante el breve período de Sánchez al frente de la administración local cuando se firmó el polémico convenio interadministrativo para el alumbrado navideño, hecho que hoy revisa la Procuraduría Provincial de Bucaramanga.Ante los cuestionamientos públicos, Sánchez entregó una explicación detallada sobre el proceso. Aseguró que, aunque sabía que existía un contrato en curso para el alumbrado navideño, nunca fue notificado sobre la firma final del convenio, ni recibió el documento para el debido visto bueno de su despacho.“Cada secretario debía tener un visto bueno por parte de mi equipo de asesores para poder firmar estos contratos. En este caso, el alumbrado navideño nunca se pasó a mi despacho para ese visto bueno… sabía que venía un contrato en curso, pero al momento de la firma nunca se me informó”, declaró Sánchez.El exalcalde encargado insistió en que dejó instrucciones claras a su gabinete sobre la obligación de someter a revisión todos los acuerdos contractuales. Agregó que ya existe trazabilidad de esas directrices y que está dispuesto a atender los requerimientos de los entes de control.El convenio número 225, firmado el 20 de octubre, se suscribió entre la Alcaldía y la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Sabaneta (Antioquia) por un monto de $7.000 millones, con el propósito de diseñar e instalar la iluminación de la temporada navideña en Bucaramanga.Lo que encendió las alarmas fue que la entidad antioqueña subcontrató a la empresa Civacom Ingeniería S.A.S., con sede en Bucaramanga. La intermediación le habría dejado a la empresa de Sabaneta $729 millones, además de que la selección de esta entidad se realizó con una celeridad inusual entre el 25 y el 30 de septiembre.En su momento, la secretaria de Infraestructura, María del Rosario Torres Vargas, defendió la legalidad del proceso, asegurando que el convenio se hizo “con toda la normativa” y destacando que la empresa seleccionada es pública y está auditada por la Contraloría.La Procuraduría Provincial de Bucaramanga abrió una indagación preliminar para revisar posibles irregularidades en la planeación, selección del contratista y ejecución del convenio. El organismo de control también evalúa si existió un uso indebido del esquema interadministrativo, toda vez que la entidad de Sabaneta terminó subcontratando a un tercero para la ejecución de las obras.Mientras tanto, la instalación del alumbrado continúa y se espera su inauguración oficial el 7 de diciembre, Día de las Velitas.
El alcalde designado de Bucaramanga, Javier Sarmiento, anunció una campaña de recolección de fondos con la que se busca reunir $167 millones para adquirir una póliza de seguro educativo que garantice el acceso a la universidad de Andrés Leal, hijo del intendente Freddy Francisco Leal Briceño, asesinado en el violento atraco a una joyería en el centro de la ciudad.Según explicó el mandatario, los recursos serán administrados a través de la Asociación de Acción Social por Santander (ASPAS), entidad donde se recibirán las donaciones. La póliza cubrirá 10 semestres universitarios a partir del año 2032, en cualquier institución del país.“Queremos garantizarle a este lindo niño su educación superior y aliviar, en medio de este profundo dolor, a su familia. Con esta póliza aseguramos que Andrés pueda acceder a la universidad en cualquier lugar del país y completar sus estudios”, señaló Sarmiento.La campaña inició este lunes 1 de diciembre con el apoyo de 60 alcaldes de Santander, así como secretarios de despacho y directores de entidades descentralizadas. Según informó el alcalde, ya se han recaudado $37 millones en las primeras horas.Los alcaldes en Santander han aprotado $15 millones, el gobernador de Santander donó $1 millón, el propio alcalde aportó $1 millón de su salario, y una empresaria de Bucaramanga realizó una contribución de $20 millones. La meta es completar los recursos antes del viernes 5 de diciembre para proceder con la adquisición inmediata de la póliza.El anuncio se dio después de las honras fúnebres del intendente Leal, donde su hijo Andrés conmovió a los asistentes con sus palabras de fortaleza y compromiso para apoyar a su madre y sacar adelante a su familia.Este martes continuará la audiencia de imputación de cargos y medida de aseguramiento contra los cinco capturados por el violento robo a la joyería del Centro Comnercial 4 Etapa en Bucaramanga.
La Dirección de Tránsito de Bucaramanga alertó en las últimas horas sobre la afectación en la movilidad que enfrenta la ciudad debido al hurto de cableado y componentes esenciales en varias intersecciones semafóricas clave. Los daños dejaron fuera de servicio los semáforos de la Avenida Quebrada Seca con las carreras 21 y 22, además del cruce del Bulevar Santander con la carrera 18.Las autoridades explicaron que, aunque los elementos robados no representan un valor significativo para otros usos, su ausencia genera un impacto directo en la seguridad vial, aumentando el riesgo de accidentes y dificultando la circulación vehicular.Andrea Sanabria, subdirectora técnica de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, rechazó los hechos y calificó el hurto como un acto vandálico que perjudica a toda la comunidad. La funcionaria hizo un llamado a los ciudadanos para que colaboren en la vigilancia de la infraestructura semafórica y reporten cualquier manipulación inusual.Estos problemas se suman a la advertencia que previamente había hecho Jhair Manrique, director de Tránsito de Bucaramanga, quien había manifestado que parte de la red semáforica de la capital santandereana está obsoleta.“En la ciudad de Bucaramanga tenemos varias intersecciones semafóricas que no están en funcionamiento hoy en día. Esto es debido a que nuestra red es tan obsoleta que cualquier variación de voltaje o fuertes lluvias que tengamos, desconfigura y quema las tarjetas madre de las diferentes intersecciones geográficas que tenemos", explicó Manrique.Ante esta situación, el funcionario hizo un llamado a la ciudadanía para que mantenga la prudencia y el respeto a las normas de tránsito mientras los técnicos realizan los arreglos correspondientes en el menor tiempo posible.La Dirección de Tránsito recordó que la ciudadanía puede reportar situaciones sospechosas a través de la línea de WhatsApp 317-4287850 o mediante la línea 123 de la Policía Nacional para evitar situaciones que pongan en riesgo la seguridad vial en la ciudad.
Este martes 2 de diciembre se reanudará la audiencia para la imputación de cargos y definición de medida de aseguramiento contra cinco de los capturados por el violento robo a una joyería en el centro comercial Cuarta Etapa de Bucaramanga el pasado 29 de noviembre de 2025.Los implicados son:Adrianis Esther González Garavito, 27 años, de Barranquilla, con antecedente por porte ilegal de armas.Antonio José Felipe Lanchez, 50 años, de Puebloviejo (Magdalena), vendedor de pescado, sin antecedentes.Karina Michellys Criado Pumarejo, 27 años, de Valledupar, con anotación por porte ilegal de armas.Jhony José Rodríguez Castillo, 27 años, venezolano, herido por un impacto de bala en el hombro.Orlando José Cabrera Méndez, 54 años, de Barranquilla, herido en el antebrazo."La Policía sigue buscando a los 3 bandidos que huyeron hacia el sector de Girardot y Villas de Girardot donde abandonaron un vehículo. Se estima que es un total de 20 participaron en este hecho delictivo la gran mayoría de la costa norte colombiana, de Barranquilla, de Soledad algunas personas de Magdalena y un venezolano. Seguimos trabajando articuladamente y junto con la Gobernación de Santander se ofrece una recompensa de $100 millones que permita la identificación, individualización y captura de los delincuentes que hacen falta", señaló el Javier Sarmiento, alcalde de Bucaramanga.El general William Quintero, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, indicó que realizarán una reunión con propietarios de joyerías en Bucaramanga con el fin de definir medidas de seguridad."Ya se había presentado en la ciudad un millonario robo a una joyería en Bucaramanga hace un año, por eso con policía judicial vamos a convocar a una reunión con los dueños de joyería para que también se implementes sistemas de seguridad, cámaras y vigilancia, para reducir el riesgo", señaló el oficial.La Policía continúa los operativos para ubicar a los demás integrantes de la banda responsable del violento atraco a la joyería.
La operación se realizó en el casco urbano del municipio de Los Patios, Norte de Santander, en el marco del Plan Ayacucho Plus. En el procedimiento participaron soldados del Batallón de Infantería N.° 13 General Custodio García Rovira, orgánico de la Trigésima Brigada, y del Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas N.° 4, en coordinación con la SIJIN de la Dirección de Antinarcóticos y los Comandos Jungla de la Policía Nacional.Según las investigaciones, alias “Gustavo” sería el líder de una organización criminal de alcance internacional dedicada al envío de grandes cargamentos de clorhidrato de cocaína desde Colombia hacia el noreste de Uruguay mediante aeronaves clandestinas. Posteriormente, la droga era transportada por vía marítima hacia países europeos, principalmente España y Países Bajos.Las autoridades indicaron que el capturado utilizaba sofisticados métodos logísticos para el ocultamiento y transporte de estupefacientes, incluyendo el camuflaje en cargamentos de frutas destinadas a la exportación. Su trayectoria criminal registra antecedentes de captura en 2007 en territorio uruguayo con cerca de 496 kilogramos de cocaína, así como procesos judiciales en Europa que derivaron en su extradición y condena por narcotráfico y lavado de activos.En Bucaramanga fueron capturadas otras dos personas por el delito de narcotráfico y lavado de activos, confirmaron las autoridades de Colombia.
La tragedia aérea del 28 de enero de 2025 no solo le arrebató la vida al congresista Diógenes Quintero y a otras 15 personas en las montañas de Norte de Santander, sino que también dejó un vacío en la investigación que hoy sigue sin resolverse.La esposa de Diógenes, Diana Riveros habló en Relatos al Límite y aseguró que, más allá del dolor por su muerte, enfrenta una angustia adicional por el paradero desconocido de pertenencias que, para ella, tienen un valor incalculable.El vuelo operado por Satena había despegado desde Cúcuta con destino a Ocaña, en un trayecto habitual que duraba apenas 17 minutos. Sin embargo, la aeronave terminó estrellándose en zona rural del municipio de La Playa de Belén, causando la muerte de todos sus ocupantes. En medio de la recuperación de los cuerpos y las investigaciones posteriores, varias pertenencias del congresista no aparecieron. El bolso, el celular y la libreta: objetos que nunca regresaronRiveros relata que su esposo viajaba siempre con un bolso negro personalizado con sus iniciales. Allí guardaba elementos esenciales de su trabajo: su celular, una libreta donde escribía a mano sus ideas, una iPad y documentos personales. Ninguno de estos objetos fue recuperado.“Ese bolso no aparece. Era un bolso negro, personalizado, que no tiene pierde. Tenía su libreta, su iPad, sus cosas personales. Para mí eso tiene un valor demasiado alto”, explicó Riveros, quien desde entonces ha pedido ayuda a la comunidad para ubicar esos elementos.La desaparición del celular es otro de los misterios. Según la familia, el dispositivo continuó recibiendo llamadas y mensajes horas después del accidente, lo que generó confusión sobre su estado. Sin embargo, hasta hoy no ha sido entregado ni reportado oficialmente entre los objetos recuperados.Lo poco que quedóAlgunas pertenencias sí lograron ser rescatadas por quienes llegaron primero al lugar del accidente. Entre ellas, una cadena, manillas y su billetera con documentos personales, que permitieron confirmar su identidad. También fue reconocido por un tatuaje en su cuerpo, el cual, según su esposa, permanecía intacto.Otros elementos, como su reloj, nunca fueron encontrados. “Él se compró uno igual al que me regaló días antes. Ese reloj no aparece. Yo creo que salió expulsado en el impacto”, contó.Incluso los zapatos que llevaba ese día fueron vistos en imágenes posteriores al accidente, pero tampoco han sido entregados a la familia.Para Riveros, recuperar estos objetos representa mucho más que una cuestión material. Son, dice, fragmentos de memoria que le permitirían conservar una conexión tangible con su esposo.“Cada cosa que pertenecía a él tiene un valor demasiado grande para mí. Es lo último que tuvo, lo último que usó”, afirmó.La viuda también ha cuestionado los protocolos de recuperación y custodia de pertenencias tras el accidente, y pide claridad sobre el destino de estos elementos, así como avances en la investigación sobre las causas del siniestro.Mientras las autoridades continúan las indagaciones, la incertidumbre persiste. Para la familia de Quintero, el duelo no solo está marcado por la pérdida de un ser querido, sino por la ausencia de objetos que, en medio del dolor, se han convertido en símbolos de despedida que aún no han podido recuperar.
Dos accidentes de tránsito en motocicleta dejaron como saldo dos personas muertas y un herido de gravedad en hechos ocurridos entre la vía Bucaramanga – Girón y el municipio de Rionegro, en Santander.La primera víctima fue Juan Sebastián Angarita Rojas, estudiante de Tecnología en Producción Industrial en las Unidades Tecnológicas de Santander.El joven había salido de clases y se movilizaba como parrillero en una motocicleta conducida por un compañero del mismo programa académico. El accidente ocurrió en la vía Bucaramanga – Girón, en el sector conocido como Coca Cola.Según la información preliminar, el conductor perdió el control del vehículo, invadió el carril contrario y ambos ocupantes cayeron sobre el pavimento. Juan Sebastián sufrió un trauma craneoencefálico severo. Aunque fue trasladado de inmediato a un centro asistencial, falleció debido a la gravedad de las lesiones.El conductor de la motocicleta resultó gravemente herido y permanece bajo atención médica.Tras conocerse la noticia, el rector de las UTS, Omar Lengerke, lamentó el fallecimiento del estudiante.“Con el corazón conmovido, hoy despedimos a uno de nuestros jóvenes talentos. La partida de Juan Sebastián Angarita Rojas nos deja un vacío profundo en los pasillos de nuestra institución”, expresó el directivo, quien envió un mensaje de solidaridad a sus padres, amigos y compañeros del programa académico.En un segundo hecho, ocurrido en la vía hacia la Costa Atlántica, en el sector Cristo Rey antes de ingresar al municipio de Rionegro, perdió la vida Orlando Rodríguez.De acuerdo con el reporte oficial, el motociclista perdió el control del vehículo en una curva y chocó con la parte lateral de la carrocería de una tractomula. Producto del fuerte impacto, sufrió la amputación de su brazo izquierdo.Rodríguez fue trasladado al Hospital San Antonio de Rionegro, donde falleció pese a los esfuerzos médicos.Las autoridades de tránsito adelantan las investigaciones para establecer con exactitud las circunstancias de ambos siniestros viales y reiteraron el llamado a la prudencia en las carreteras.
Hay preocupación entre los residentes del barrio Cabecera por la convocatoria que está haciendo un grupo de personas que se identifican como therian para reunirse en el parque San Pío de Bucaramanga al mediodía del sábado 21 de febrero de 2026.Ante esta situación, la Junta de Acción Comunal (JAC) del sector elevó una solicitud formal a la Alcaldía y a la Policía Metropolitana para que no sea permitida la actividad, al considerar que podría generar alteraciones del orden público.La comunicación fue dirigida al alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, al secretario del Interior, Alfonso Pinto, y al comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, William Quintero Salazar.En la carta, la JAC solicita “de manera formal y urgente” que no sea autorizada ni permitida la reunión anunciada para las 12:00 p.m. en el Parque San Pío, argumentando que el horario nocturno y la naturaleza de la convocatoria representan un riesgo para la tranquilidad ciudadana y la sana convivencia.Según el documento, permitir el encuentro podría generar afectaciones al orden público y a la seguridad, especialmente por tratarse de un espacio público concurrido del sector de Cabecera del Llano. La Junta advierte que “la autoridad está facultada para intervenir de manera preventiva, con base en los artículos 33, 35, 53 y 92 de la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana)”.A la preocupación de la comunidad se suma que, a la misma hora, otro grupo de ciudadanos estaría convocando a una concentración para rechazar la presencia de los denominados therians, personas que, según la convocatoria difundida en redes sociales, se identifican como animales.Entre las solicitudes puntuales están “No autorizar ni permitir la realización de la reunión anunciada, disponer presencia preventiva de la Policía en el sector y adoptar las medidas necesarias para garantizar el uso adecuado del espacio público y la protección de la comunidad”, dice el documento.La Junta de Acción Comunal de Cabecera indicó que la petición se formula “con carácter preventivo y en defensa del interés general”, e insistió en la necesidad de evitar situaciones que puedan poner en riesgo la seguridad en uno de los parques más emblemáticos de la ciudad.Esta es la carta de la Junta de acción comunal de Cabecera del Llano.
Los casos se registraron en los barrios Nariño, Villas de Girardot, Villas de San Ignacio y Laureles, sectores donde las autoridades desplegaron operativos para dar con los responsables y esclarecer los móviles de los crímenes en Bucaramanga y Piedecuesta. De acuerdo con información preliminar, los homicidios se perpetraron en circunstancias aisladas, aunque no se descarta que algunos de los hechos estén relacionados con disputas por el control territorial y actividades delictivas como el microtráfico, problemática que ha venido generando preocupación entre la comunidad y las autoridades metropolitanas.El caso que más conmoción ha causado es el del menor de 15 años, cuyo asesinato en Piedecuesta es materia de investigación por parte de unidades de la Sijín y el CTI. Organismos judiciales realizaron las inspecciones técnicas a los cuerpos y adelantan la recolección de pruebas y testimonios.Con estos hechos, aumenta la preocupación por la escalada violenta en el área metropolitana, donde en las últimas semanas se han registrado varios ataques sicariales en diferentes sectores residenciales.Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para aportar información que permita identificar y capturar a los responsables, al tiempo que anunciaron el fortalecimiento de los patrullajes y controles en zonas consideradas de mayor riesgo.La situación vuelve a encender las alarmas sobre la seguridad en la capital santandereana y su área metropolitana, mientras líderes comunitarios piden acciones contundentes para frenar la ola de homicidios.
Un nuevo hecho de violencia sacudió a Cúcuta en la noche de este miércoles, cuando una patrulla de la Policía fue atacada a disparos en el anillo vial oriental, cerca del centro comercial Jardín Plaza Cúcuta. El subintendente Luis Sarmiento murió tras resultar gravemente herido, mientras que el mayor Álvaro Salcedo, comandante de la estación del barrio Ospina Pérez, permanece bajo observación médica.El atentado ocurrió cuando el subintendente Sarmiento conducía la patrulla junto al mayor Salcedo. De acuerdo con la información preliminar, hombres armados, al parecer con armas de largo alcance, dispararon contra el vehículo oficial en inmediaciones de Jardín Plaza.Tras el ataque, ambos uniformados fueron trasladados de urgencia a la Clínica Medical Duarte, donde recibieron atención especializada. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, el subintendente Luis Sarmiento falleció debido a la gravedad de las heridas.Plan candado en la ciudadLuego del atentado, la Policía activó un plan candado en distintos puntos de Cúcuta y su área metropolitana, con el objetivo de ubicar y capturar a los responsables del ataque. Se desplegaron unidades adicionales y se intensificaron los controles en vías estratégicas.El hecho se produjo horas después de que el Ministerio del Interior y otras autoridades sostuvieran una reunión de seguridad en la ciudad, en el marco de las medidas preventivas para las elecciones legislativas y consultas programadas para el 8 de marzo.Las autoridades avanzan en la recolección de pruebas y en la revisión de cámaras de seguridad del sector para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables de este ataque que enluta a la Policía y vuelve a encender las alertas por la situación de orden público en la región.
Un operativo coordinado entre la Policía Nacional de Colombia, la organización policial interamericana Ameripol y la Oficina Central Nacional de Interpol en Caracas (Venezuela) culminó con la captura de dos presuntos cabecillas de una plataforma global de narcotráfico asociada al ELN, informó la institución en un comunicado oficial.La acción, denominada Operación Imperio, se desarrolló este martes en la ciudad de Bucaramanga (Santander) en el marco de la estrategia institucional de inteligencia. Según las autoridades, los detenidos eran requeridos internacionalmente y tenían vínculos directos con las rutas de envío de cocaína desde la frontera colombo-venezolana hacia Estados Unidos y Europa.Alias “César”: coordinador de red global del crimenLa primera captura corresponde a César Pérez Serrano, conocido con el alias “César”, señalado como uno de los principales cabecillas de una estructura criminal transnacional dedicada al narcotráfico, la asociación para delinquir y el blanqueo de capitales. Contra él pesaba una Notificación Roja de Interpol, lo que lo hacía buscado en al menos 196 países.De acuerdo con las investigaciones policiales, “César” mantenía comunicación permanente con células del ELN radicadas en la zona fronteriza de Arauca y Norte de Santander. Desde Bucaramanga habría coordinado logística, financiamiento y movimientos estratégicos de la organización, lo que le permitió sostener un alto nivel de vida financiado con recursos ilícitos.Alias “Katy”: líder del componente financieroLa segunda persona capturada fue Katiuska Pargas, conocida como alias “Katy”, solicitada en extradición por su presunta responsabilidad en delitos de blanqueo de capitales. Las autoridades señalan que lideraba el componente financiero de la red criminal, siendo responsable del ocultamiento, administración e integración de recursos ilícitos al sistema financiero nacional y facilitando así la operación continua de la banda.La Operación Imperio representa, según el reporte oficial, un “golpe estructural” a una organización criminal con alcance internacional, golpeando directamente las finanzas del narcotráfico y debilitando la operatividad del ELN en corredores estratégicos de la frontera oriental del país.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, advirtió sobre un escenario de alto riesgo para el proceso electoral en Norte de Santander, al señalar que las amenazas no se limitan al día de la votación, sino que ya se están presentando en la etapa previa.“En la Defensoría del Pueblo acabamos de intervenir planteando unas serias preocupaciones por interferencias no sólo para el día de las jornadas de votación, sino para los días que ya están corriendo antes de la jornada electoral”, afirmó.Marín explicó que identificaron cuatro riesgos principales. El primero tiene que ver con la interferencia en el proselitismo político.“Se han reportado seguimientos, intimidaciones, interrupción de campañas e inclusive renuncias de candidaturas que podrían estar asociadas con presiones de los grupos armados”, señaló.El segundo riesgo está relacionado con las barreras para ejercer el derecho al voto en zonas rurales, donde persiste la presencia de minas antipersonal y restricciones a la movilidad.“Hay muchos municipios que se encuentran minados o con riesgos de artefactos explosivos y esto va a impedir que muchas personas en zonas rurales puedan moverse hasta los puestos de votación y se requiere un plan de emergencia”, advirtió.Un tercer punto crítico es la afectación del censo electoral debido a desplazamientos masivos registrados el año pasado.“Muchas personas no están viviendo en el lugar donde tienen inscrita la cédula”, explicó, y mencionó especialmente el caso del ETC Caño Indio, cuyos firmantes de paz fueron trasladados recientemente a Cúcuta. Según indicó, “se requiere un mecanismo extraordinario que les permita votar”.Finalmente, alertó sobre la violencia digital y la estigmatización en redes sociales. “No es sólo hostigamientos o bullying, sino además señalamientos de que candidatos o candidatas hacen parte de grupos armados”, dijo.Aunque el Frente 33, el ELN y el Clan del Golfo han manifestado públicamente que respetarán el proceso electoral, la defensora advirtió que en la práctica persisten intimidaciones.“Autoridades del pueblo barí y líderes de juntas de acción comunal están recibiendo algunas intimidaciones”, sostuvo, y agregó que esto podría traducirse en mayor abstención o en presiones indebidas sobre los votantes.Finalmente señaló que hay zonas donde no hay control territorial de la fuerza pública. “Son zonas minadas donde la gente no tiene capacidad y hay muy riesgos enormes, hay controles fuertes a la movilidad y eso lo tiene que evaluar y resolver el gobierno nacional”, concluyó.
A 10 años de prisión fueron condenados Leonardo Jesús Rivera Hidalgo y Alberson Armando Aponte Plaza por su responsabilidad en un ataque armado contra cuatro personas en el barrio Los Comuneros de Bucaramanga.La sentencia se dio luego de que las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación permitieran que los procesados aceptaran su responsabilidad por los delitos de homicidio agravado en grado de tentativa; fabricación, tráfico y porte de armas de fuego agravado; receptación agravada y falsedad marcaria.Un juez avaló el preacuerdo suscrito de manera libre y voluntaria por los hoy condenados, quienes estuvieron asesorados por su abogado defensor.De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal de la Seccional Santander, los hechos ocurrieron el 30 de agosto de 2025, cuando cuatro personas salieron de un establecimiento nocturno y se movilizaban en un automóvil por el barrio Los Comuneros. En ese momento, fueron perseguidas y atacadas a disparos por Rivera Hidalgo y Aponte Plaza, quienes se desplazaban en una motocicleta que había sido hurtada.Durante el atentado, uno de los ocupantes del vehículo resultó herido. Las víctimas buscaron refugio en un Comando de Atención Inmediata (CAI), pero el ataque continuó y los agresores se enfrentaron a los uniformados que se encontraban en el lugar.La rápida reacción de la Policía permitió la captura de los responsables, quienes ahora deberán cumplir la pena de 10 años de prisión por estos hechos.
La Alcaldía de Bucaramanga confirmó que al menos 80 familias resultaron damnificadas en las últimas horas debido a las intensas lluvias que se registraron en la zona rural y en el norte de la ciudad. El balance preliminar reporta viviendas afectadas, inundaciones y vías rurales bloqueadas por deslizamientos de tierra.Según informó Didier Rodríguez, coordinador de Gestión del Riesgo de Santander, tras las precipitaciones la Oficina de Gestión del Riesgo del municipio activó el monitoreo en los sectores más vulnerables.“En efecto, luego de las lluvias ocurridas en las últimas horas, la Oficina de Gestión del Riesgo de la Alcaldía Bucaramanga ha hecho el monitoreo en los diferentes sectores de la ciudad, sobre todo en el norte y en los corregimientos, especialmente el corregimiento 1, que tuvo una mayor afectación y puntualmente en la vereda San Ignacio, donde parte de una bancada se vino y bloqueó gran parte de la vía”, explicó el funcionario.Uno de los puntos más críticos se registra en la vereda San Ignacio, del corregimiento 1, donde un deslizamiento provocó el colapso parcial de una bancada, interrumpiendo la movilidad en la zona. Asimismo, en el barrio Gracia de Dios y en el sector de El Nogal se reportaron varias viviendas inundadas.En la vía del sector de Colorado, que comunica con el norte de la ciudad, algunos vehículos quedaron atrapados, debido a las condiciones del terreno tras las lluvias.Las autoridades locales continúan con las labores de inspección técnica para determinar la magnitud de los daños y consolidar el censo oficial de afectados. “Estamos haciendo y continuamos haciendo el monitoreo, disponiendo de un equipo en terreno para realizar las valoraciones, generar los respectivos informes y tratar de hacer la entrega lo más rápido posible de las ayudas humanitarias que corresponden en este tipo de situaciones”, añadió Rodríguez.