El candidato a la Cámara por Santander, Mauricio Martínez Triana, comenzó a cumplir una sanción de tres días de arresto luego de que un juez lo declarara en desacato por incumplir un fallo de tutela que le ordenaba eliminar publicaciones en redes sociales contra el también aspirante al Congreso, Luis Ferley Sierra, y abstenerse de repetirlas.La decisión fue emitida por el Juzgado 26 Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bucaramanga, que además impuso una multa equivalente a tres salarios mínimos mensuales legales vigentes. El despacho judicial determinó que Martínez no acató la orden previa del juez, por lo que procedía la sanción correctiva.A través de un video difundido en sus redes sociales, Martínez confirmó que ya se encuentra cumpliendo la medida. Señaló que respeta la decisión judicial, aunque aseguró que continuará defendiendo sus posiciones políticas. “Estoy dando la cara y cumpliendo lo ordenado por el juez”, manifestó.Por su parte, Luis Ferley Sierra indicó que acudió a la tutela para proteger sus derechos fundamentales al buen nombre y a la honra, argumentando que las publicaciones del hoy sancionado contenían señalamientos que, según él, afectaban su imagen pública. “Estas estrategias tratan de destruirnos mediáticamente y cómo en los puentes peatonales nos difaman me vi en la obligación de interponer la acción de tutela, en primera instancia nos negaron el derecho y en segunda instancia sí se nos protegió el derecho, y ante el incumplimiento de este personaje se da el arresto y vamos a interponer la denuncia penal”, expresó.El abogado Carlos Alfaro, quien ha estado al tanto del proceso, explicó que la sanción no constituye una condena penal ni genera antecedentes judiciales. “Es un desacato por incumplir una orden judicial y debe cumplir tres días en una inspección de Policía y luego queda en libertad”, precisó.Las autoridades señalaron que la medida se ejecuta en instalaciones administrativas y no en un centro carcelario.
El Ministerio del Trabajo realizó el sellamiento de varias oficinas administrativas de la Electrificadora de Santander en medio del paro laboral que completa 24 horas en el departamento, promovido por el sindicato Sintraelecol.La intervención se llevó a cabo durante la madrugada y, de acuerdo con los trabajadores, cobija únicamente dependencias de carácter administrativo que no tienen relación directa con la operación técnica ni con la distribución del fluido eléctrico.Desde el sindicato explicaron que el servicio para los usuarios se mantiene con normalidad y que no se han presentado interrupciones en la generación ni en el suministro de energía.Carlos Roncancio, asesor legal de los trabajadores, aseguró que la medida fue solicitada por la organización sindical como parte del proceso de huelga y recalcó que las áreas esenciales continúan funcionando.“Se han sellado áreas eminentemente administrativas que no tienen impacto en el fluido eléctrico. Además, se ha garantizado la prestación del servicio sin ninguna interrupción, porque las áreas operativas están cubiertas al 100% por los trabajadores. Incluso hay dependencias cuyos funcionarios están laborando desde casa con todos los implementos”, explicó.El paro hace parte de las reclamaciones laborales del sindicato, que busca avanzar en negociaciones con la empresa frente a condiciones contractuales y garantías para los empleados. Mientras tanto, el Ministerio del Trabajo actúa como autoridad competente para vigilar el cumplimiento de las normas durante la huelga.Por ahora, los usuarios del servicio de energía en Santander no registran afectaciones, aunque las partes continúan en diálogo para destrabar el conflicto.
Un procedimiento policial generó rechazo entre la comunidad del barrio El Progreso, en Barbosa, Santander, luego de que, en medio de una persecución, un uniformado presuntamente disparara contra un perro que acompañaba a un joven.El hecho se registró hacia las 6:37 de la tarde, cuando varios habitantes que se encontraban en la calle aseguraron haber escuchado múltiples detonaciones, lo que los obligó a correr para resguardarse ante el temor generado por los disparos.Según denuncias ciudadanas y videos difundidos en redes sociales, los hechos ocurrieron mientras la Policía perseguía a un hombre que corría junto a su mascota. En las grabaciones se escuchan advertencias y posteriormente los disparos; uno de los uniformados le dice “quieto o le mato el perro”. El animal habría resultado herido, al parecer con un impacto de bala en el cuello.Vecinos del sector increparon a los agentes, y la situación generó más tensión en el barrio, puesto que exigían que el perro lo llevaran a un centro veterinario, al punto que fueron necesarias más unidades de la Policía; sin embargo, al no encontrar respuesta y generarse más altercados, los mismos residentes fueron quienes auxiliaron al animal.Frente a la situación, el coronel Jhon Alexander Socha Ayala, comandante del Distrito de Policía Barbosa, explicó que el procedimiento se dio porque el hombre presuntamente intimidó a los uniformados para evitar su captura, "en actividades de registro y control el ciudadano reacciona evitando el procedimiento e intimido a los uniformados con un canino que se encontraba sin bozal, y en medio del forcejeo ingresa a su residencia, donde el canino se abalanza y le ocasiona una morderura al funcionario en su mano, es de resaltar que el policía al ver que el perro nuevamente lo ataca agoto todos medios para separarlo y como último recurso desenfundó su arma de fuego y le ´propino un disparo al canino".Confirmó que el ciudadano fue detenido por el delito de violencia contra servidor público, y además que la Policía inició una investigación preliminar para esclarecer cómo ocurrieron los hechos y determinar si hubo uso desproporcionado de la fuerza.
Ante el incremento de hechos de sicariato en San Gil, las autoridades departamentales y locales realizaron un consejo extraordinario de seguridad para analizar la situación y coordinar acciones urgentes que permitan frenar la llegada de estructuras criminales provenientes de otras regiones del país.De acuerdo con la Gobernación de Santander, los recientes homicidios estarían relacionados con bandas delincuenciales que buscan establecerse en el municipio, considerado uno de los principales destinos turísticos del departamento.El secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, aseguró que no se permitirá el deterioro de la seguridad.“No vamos a permitir que se incremente la inseguridad. Estamos trabajando de manera articulada con Policía y Ejército para restablecer el orden en nuestros municipios”, afirmó.Las autoridades advirtieron sobre la posible incursión de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada, conocidas como 'Los Pachenca', que intentarían ingresar al departamento por corredores del Magdalena Medio y el norte de Santander.También se han registrado capturas de integrantes de bandas provenientes de Cúcuta y del Valle del Cauca, cuyas acciones criminales, al parecer, eran coordinadas desde centros penitenciarios.El comandante de la Policía de Santander, coronel Néstor Arévalo, explicó que existe una intención criminal dinamizada por un cabecilla capturado en 2024, oriundo de San Gil, quien desde prisión habría establecido alianzas con delincuentes de Cúcuta, entre ciudadanos venezolanos y colombianos.Según el oficial, estos grupos estarían detrás de hechos violentos registrados en los últimos meses y de intentos por consolidar presencia en el municipio.Como parte de las medidas, se acordó acompañamiento permanente de la Fuerza Pública, refuerzo operativo con el grupo élite GOES, trabajo articulado con la Fiscalía, apoyo de Migración Colombia, coordinación con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y despliegues conjuntos entre Ejército y Policía.Las autoridades también alertaron sobre la presencia de grupos armados ilegales en sectores como el Magdalena Medio y la provincia de Vélez, donde se han reportado intimidaciones y extorsiones. Incluso, recientemente un ganadero fue asesinado por negarse a pagar exigencias económicas en el municipio de Coromoro.
El caso que generó indignación en Medellín por el grave estado de maltrato y desnutrición con el que fue encontrada una tigrilla lanuda en el cerro las tres cruces de Medellín tuvo un triste desenlace, pues según confirmó el propio alcalde Federico Gutiérrez, esta falleció en las últimas horas pese a los esfuerzos de profesionales en veterinaria.La felina se encontraba en el Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Fauna Silvestre del Área Metropolitana, donde por más de 70 horas estuvo en una unidad de cuidados intensivos, según relató el mandatario con un equipo multidisciplinario que luchó hasta el último minuto por salvarle la vida.“El deterioro evidenciaba posible cautiverio prolongado: le arrebataron su libertad y su vida. Aquí no toleramos el tráfico ni el maltrato de la fauna silvestre. Vamos con toda contra quienes cometen estos delitos”, indicó el mandatario.Vale la pena recordar que el pasado miércoles, la tigrilla fue rescatada por personal del Área Metropolitana del Valle de Aburrá al borde de un sendero. Según el reporte oficial, presentaba deshidratación severa, extrema delgadez, abundantes parásitos y fracturas en sus dientes, lo que podría estar relacionado con la práctica ilegal de cortárselos para evitar que muerda durante su cautiverio.Además, los profesionales detectaron un exceso de pulgas, lo que evidencia un probable contacto prolongado con animales domésticos, lo que refuerza la hipótesis de que la felina habría estado en cautiverio y posteriormente fue abandonada.Pero su estado de salud, de entrada, fue delicado. Durante la atención inicial el animal sufrió un paro cardiorrespiratorio, pero logró ser reanimado y estabilizado por parte del equipo veterinario.Por lo pronto, las autoridades avanzan en las investigaciones para determinar las responsabilidades detrás de este caso de presunto tráfico ilegal de fauna y maltrato.
El secretario de Gobierno de Santa Marta, Camilo George, se pronunció en Mañanas Blu 10:30 sobre la situación de seguridad en la ciudad y aclaró las razones del cierre del Parque Tayrona, uno de los destinos turísticos más importantes del país. Según explicó, la decisión no está relacionada con la presencia de grupos armados ilegales, sino con un conflicto puntual derivado de una intervención administrativa.“El cierre del Parque Tayrona, según nos ha informado directamente Parques Nacionales, no obedece a la presencia de grupos armados o algún tipo de confrontación al interior del Parque Tayrona, sino que obedece a un conflicto que hay con una comunidad indígena y una comunidad campesina”, afirmó el funcionario.De acuerdo con George, el pasado 11 de febrero la Unidad de Parques Nacionales, junto con otras entidades, realizó una intervención dentro del parque para desalojar construcciones levantadas de manera ilegal en terrenos que pertenecen al Estado. Tras el procedimiento, se generó una confrontación en la entrada del parque.“Una comunidad hizo unas construcciones en terrenos que pertenecen a Parques Nacionales (…) lo que conllevó a un proceso administrativo que se hizo efectivo el 11 de febrero, y posterior a ese proceso administrativo de demolición se generó ese conflicto”, explicó.Conflicto en la entrada y cierre preventivoEl secretario detalló que, tras el desalojo, integrantes de estas comunidades se ubicaron en los accesos, impidieron el ingreso de visitantes y realizaron cobros. “Hubo un conflicto entre Parques Nacionales y el grupo de indígenas y campesinos, y eso conllevó a que estas comunidades se tomaran la taquilla, prohibieran el ingreso y cobraran unos ingresos”, indicó.En ese contexto, Parques Nacionales emitió una resolución argumentando razones de seguridad. Sin embargo, George señaló que esta redacción pudo generar interpretaciones equivocadas sobre enfrentamientos entre estructuras criminales. “Eso no quiere decir que se desconozca que hay retos (…) pero tiene una diferenciación con el caso específico del Parque Tayrona”, precisó.Seguridad en Santa Marta y presencia de grupos armadosEl funcionario reconoció que Santa Marta y el Magdalena enfrentan problemas estructurales de seguridad. “Es innegable que Santa Marta y el departamento del Magdalena tiene injerencia de grupos armados al margen de la ley”, manifestó.También confirmó la presencia de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y confrontaciones con el Clan del Golfo por el control de rentas ilegales. “Es innegable decir que este grupo lo que ha hecho hasta el momento es fortalecer su línea de extorsión, principalmente”, sostuvo.No obstante, insistió en separar esa problemática del cierre actual del Parque Tayrona.Reapertura del Parque TayronaSobre la reapertura, el secretario señaló que la administración local ha solicitado celeridad. “Lo que hemos pedido es (…) démosle celeridad en cuanto se puede reaperturar el parque”, afirmó, al recordar que el Tayrona recibe más de 900.000 visitantes al año.Las autoridades esperan que la medida sea temporal mientras se supera el conflicto en los accesos y se restablecen las condiciones para el ingreso de turistas.Escuche la entrevista completa acá:
Falta poco para que se dispute el duelo Atlético Nacional vs. Millonarios por la fase previa de la Copa Sudamericana 2026, sin embargo, desde ya la hinchada verdolaga recibió su primera mala noticia de cara a este duelo: Edwin Cardona no estará disponible en la convocatoria de Diego Arias para este encuentro.Y es que para el 4 de marzo -día en que se disputará el duelo-, Cardona deberá pagar su sanción pendiente de Conmebol, aquella tarjeta roja que recibió en el duelo de vuelta vs. Sao Paulo en los octavos de final de la Copa Libertadores 2025, día en que, lamentablemente, el cuadro paisa fue eliminado de la competencia continental.La baja de este hombre de experiencia en el cuadro verdiblanco, sin duda, tendrá reemplazo de la juventud del volante Juan Manuel Rengifo, quien en poco tiempo se ha convertido en uno de los mejores jugadores de la era de Diego Arias al mando del cuadro verdolaga, pero, seguramente, la experiencia de Edwin Cardona hará falta tanto dentro como fuera de la cancha en un duelo tan importante como este.Sin Cardona, Atlético Nacional buscará la clasificaciónMillonarios y Atlético Nacional se volverán a enfrentar el miércoles, 4 de marzo, por la fase previa de la Copa Sudamericana, en la ciudad de Medellín. Este partido será una “final adelantada”, pues solo podrá darse un vencedor y el que se quede con la victoria avanzará a la fase de grupos de la competencia continental, que al ser un clásico le da un toque ‘picante’ esta eliminatoria.Por ahora, los dirigidos de Diego Arias querrán seguir sumando puntos en la Liga BetPlay para clasificar a los cuadrangulares, sea que clasifique o no la fase de grupos. El próximo partido del conjunto paisa será este sábado, 21 de febrero, a las 6:20 de la tarde cuando reciba en el estadio Atanasio Girardot a Alianza F.C por la octava fecha del campeonato nacional.
A través de redes sociales se han vuelto virales los therians, un grupo de personas que se identifican como animales y se alejan de la realidad social al comportarse como ellos, tanto en sus hogares como en lugares públicos, llamando la atención de expertos de salud mental.Pero lo que más ha llamado la curiosidad a los expertos en salud mental ha sido aquellos que realmente consideran que su mundo es igual a la de un animal, como fue un caso que se hizo en viral en México en donde, supuestamente, uno fue a ser atendido por un veterinario. "Le dije: ‘buenos días, ¿en qué le puedo ayudar?’; me dijo: ‘es que vengo a consulta’. Claro, ¿trae a algún animalito? Y dice: ‘no, yo soy el animal’, me dice: ‘yo me identifico como un perro de la raza Alaskan Malamute’. Le dije: “bueno, vamos a dar la oportunidad a ver qué sale de esto”, comentó el veterinario a través de su cuenta de TikTok, que menciona que le preocupaba que la persona tenía 38 años, es decir más de 100 en edad animal. Al verificar los datos del "paciente" y notar su edad (en años perros), tomó la decisión de "dormirlo", es decir, practicarle una eutanasía, claramente en un tono humorístico por la situación. Caso que se hizo viral en redes sociales en menos de nada.Si bien esto nunca pasó y el veterinario explicó que lo hizo en broma, aseguró que un especialista no podría atenderlo porque, por lo menos en México, existen leyes que lo prohiben y sería solo para problemas, aún así el caso se hizo viral y llamó la atención de diversos medios internacionales.¿Un problema de salud mental? Esto dicen especialistas sobre los theriansEste fenómeno se ha volvió viral, con mayor presencia en Argentina. Según expertos, estas actitudes sí son un llamado de atención en torno a la salud mental de quien se identifique como un animal, teniendo en cuenta que un 'therian' viene del término griego salvaje. De acuerdo con la Psicología, no es lo mismo aquel que se identifica como uno (identidad símbolica), a diferencia al que se comporta como uno (un caso delirante) lo cual pasa ser un llamado de atención en torno a la salud mental.
Luego de una reunión entre el Pacto Histórico y el Consejo Nacional Electoral, la colectividad afirmó que sí postulará sus testigos electorales luego de que la entidad electoral atendiera y corrigiera las alertas identificadas en su plataforma de acreditación.El representante a la Cámara Alirio Uribe explicó que las alertas presentadas por la coalición fueron atendidas de manera inmediata por la entidad electoral en una mesa técnica adelantada durante el viernes 20 de febrero.Tanto la colectividad como Uribe había cuestionado la entrada en funcionamiento de la plataforma, pues señalaron que esta herramienta para la inscripción de testigos fue presentada el 22 de enero, pero apenas entró a funcionar el día 10 de febrero.Situación que llamó su atención, pues manifestó que solo quedaban 13 días para realizar estas inscripciones, lo que para ellos es poco tiempo para subir los listados.Tras esta mesa técnica, el representante indicó que luego de verificar las correcciones y recibir las explicaciones técnicas correspondientes por parte del presidente del CNE, Cristian Ricardo Quiroz Romero, al igual que la de los ingenieros y expertos responsables de dicha plataforma, el Pacto Histórico iniciará la carga de testigos electorales tanto a nivel nacional como internacional.Finalmente, el congresista señaló que espera que la herramienta tecnológica cumpla su función de garantizar transparencia en el proceso electoral y de esta forma permita que todas las agrupaciones políticas registren sus testigos y ejerzan la debida observación en cada etapa del proceso.
En redes sociales está circulando un video en el que un grupo de jóvenes, con revólver en mano, lanza amenazas en lo que sería un nuevo capítulo de la guerra por los territorios que se viene presentando en Piedecuesta y que ha dejado varios muertos en los últimos días.“Chuchitas (...) Mire como nos le parchamos el cagadero (...) ronque, ronque no más que voy es de cacería; acuérdese que pa’ la cara no hay chaleco… vamos es por una aguja; uno de Argentina no, porque no vale la pena, ya vimos que no valían la pena, vamos es por uno de la muni”, se escucha en la grabación.La violencia en Piedecuesta se intensificó después de la primera semana de noviembre cuando fueron capturadas 18 personas señaladas de integrar el grupo delincuencial común organizado conocido como ‘Los de la M’, dedicado al tráfico de estupefacientes, hurtos y homicidios selectivos en este municipio del área metropolitana.En los días posteriores se han registrado tres homicidios comenzando el pasado miércoles, 12 de noviembre, con el ataque perpetrado contra Deyner David Zulúaga Martínez, de 20 años, en el barrio Cerros del Mediterráneo.Días después Yulieth Alexandra Sandoval Hernández, de 19 años, fue asesinada en el barrio San Silvestre en medio de un violento ataque armado generado por una riña de más de 12 jóvenes, quienes con machetes y armas artesanales alteraron la tranquilidad del sector.De acuerdo con las primeras versiones, la joven había asistido al velorio de un muchacho asesinado días antes. Al finalizar la velación, Yulieth y su hermano caminaban por el sector cuando fueron abordados por varios sujetos que se movilizaban en motocicletas.Los agresores comenzaron a increpar al hermano de la joven y uno de ellos le apuntó directamente con un arma. Ante esto, Yulieth se interpuso para protegerlo y recibió dos impactos de bala, los cuales resultaron fatales. Otra persona también resultó lesionada durante este ataque.Por último, durante el pasado fin de semana festivo Alexis Exneyder Céspedes Niño, de 25 años, fue atacado a cuchillo también en el barrio San Silvestre. Aunque algunos testigos expresaron que la confrontación se dio por tratar de recuperar el bolso que minutos antes le habían robado a su hermana, la comunidad denuncia que la violencia se ha tomado este sector de Piedecuesta.El personero del municipio, Fredy Alberto Gómez López, confirmó que fue convocado un consejo de seguridad extraordinario ante la escalada de homicidios.“Hay preocupación en nuestro municipio por el incremento de homicidios en jóvenes presuntamente vinculados a redes del narcotráfico. Solicitaremos una estrategia para revisar cada uno de los casos que involucran a personas tan jóvenes”, afirmó.
La Alcaldía de Bucaramanga se pronunció este lunes frente a la controversia generada por la decisión judicial que ordenó suspender temporalmente los trámites administrativos relacionados con la desvinculación de 16 funcionarios de libre nombramiento y remoción. El alcalde designado, Javier Sarmiento, aseguró que la medida es provisional y no implica el reintegro de los exservidores públicos.El alcalde designado explicó que la administración distrital respeta plenamente las decisiones judiciales, pero recordó que estas pueden ser impugnadas y recurridas.“Estamos trabajando con un equipo jurídico bastante versado en la materia. Esto es una decisión provisional. Es importante que lo tengan claro: no hay una decisión definitiva o de fondo sobre la acción popular”, afirmó.El mandatario designado detalló que la juez a cargo del proceso admitió la acción popular presentada por un ciudadano y posteriormente concedió una medida provisional, pero sin ordenar el regreso de los funcionarios al cargo.“Podemos dar tranquilidad a los bumangueses: seguimos trabajando, la administración no se detiene, vamos a dar continuidad a la atención y al acceso a la oferta estatal. La administración sigue funcionando con normalidad”, agregó.Sarmiento reiteró que, por ahora, los funcionarios declarados insubsistentes no pueden ingresar a la Alcaldía a desempeñar sus antiguos cargos. Señaló además que, en caso de que la juez mantenga su decisión, la administración acudirá al Tribunal Administrativo de Santander para que se verifique la procedencia y legalidad de las medidas adoptadas.A través de un comunicado oficial, la Alcaldía confirmó que acatará la orden emitida en primera instancia por el Juzgado Quinto Administrativo Oral de Bucaramanga y suspenderá temporalmente los trámites administrativos relacionados con la desvinculación de los 16 funcionarios.No obstante, subrayó que la medida “no ordena el reintegro”, por lo que las decisiones adoptadas en el marco de sus competencias legales se mantendrán vigentes mientras avanza el proceso judicial.El comunicado también recordó que los exfuncionarios cuentan con la posibilidad de acudir a los mecanismos judiciales que consideren pertinentes para la protección de sus derechos individuales.
En un lamentable incidente, dos motociclistas perdieron la vida este lunes, 17 de noviembre, luego de que un árbol de gran tamaño colapsara de manera súbita sobre la autopista que conecta Piedecuesta con Floridablanca. El hecho, que paralizó la movilidad y causó consternación entre los testigos, vuelve a poner en evidencia el grave riesgo que representa el deteriorado arbolado urbano en el área metropolitana de Bucaramanga.Las víctimas, identificadas como Jaime Hernández Carreño y Yuri Vanessa Mantilla Mejía, se desplazaban en sentido sur norte y cuando transitaban frente a la entrada de Río del Hato fueron impactadas por el gigantesco tronco del árbol que se precipitó inesperadamente sobre la vía. La magnitud del golpe les provocó la muerte de inmediato.“Suponemos que el accidente ocurrió por la caída del árbol, pero todo es materia de investigación”, señaló Adán Gélvez, secretario de Tránsito y Movilidad de Piedecuesta.El accidente ocurre en un contexto alarmante: informes recientes de la Subsecretaría de Ambiente de Bucaramanga revelan que el 87 % del arbolado urbano presenta afectaciones fitosanitarias, lo que convierte a miles de árboles en potenciales amenazas para la ciudadanía. De los 71.491 árboles censados, 62.229 registran daños biológicos, mecánicos o fracturas que los ponen en riesgo de colapso.La tragedia en la autopista no solo enluta a dos familias, sino que también reaviva las denuncias de la comunidad, que desde hace meses advierte sobre la falta de intervenciones oportunas.Líderes sociales expresaron que han pasado múltiples alertas y peticiones a la Alcaldía, Bomberos y Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, Cdmb, para atender árboles en riesgo, pero hasta ahora no se han visto acciones.Sectores como Morrorrico, Albania, Limoncito, Cabecera, Terrazas y La Floresta han reportado árboles enfermos, ramas a punto de desprenderse y estructuras frondosas que amenazan viviendas, vehículos, peatones y deportistas. En lo corrido del año, cerca de cincuenta familias han sufrido daños en sus propiedades por la caída de árboles, e incluso un joven resultó herido recientemente en el parque ecológico La Flora.
Dora Liliana García Echeverry, madre de un menor de 12 años, denunció ante la Secretaría de Educación de Bucaramanga, la Personería, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la Fiscalía un presunto caso de bullying que estaría afectando a su hijo en una institución educativa de la ciudad. La mujer aseguró que recurrió a todas las entidades competentes buscando una respuesta efectiva y medidas que garanticen la protección del menor.La secretaria de Educación, Elsa Jeannethe Encinales Mora, señaló que el caso está siendo atendido de manera prioritaria. “Estamos tomando acciones frente al caso de bullying. Hemos activado los protocolos de atención, reafirmando nuestro compromiso con promover entornos seguros para nuestros estudiantes”, afirmó la funcionaria.La madre del estudiante, Dora Liliana García, relató que las agresiones empezaron desde comienzos del 2025, pero que las directivas del colegio minimizaron los hechos.“Desde principio de año empezó a ser objeto de agresiones. Yo puse la queja correspondiente al coordinador y me dijeron que eso no era agresión ni violencia, que solo era un juego”, explicó la madre.Según el testimonio, el pasado 7 de noviembre el niño tuvo que ser trasladado de urgencia a un centro médico tras presentar visión borrosa, mareo y vómito, luego de que un compañero le diera una patada en la espalda mientras otro menor le golpeaba la cabeza contra el piso, supuestamente en medio de “un juego”.El diagnóstico médico señaló una afectación en la zona cerebral, lo que obligó a hospitalizarlo durante la semana de recuperación académica. Debido a los episodios de violencia y a su estado de salud, el menor perdió el año escolar por el descenso en su rendimiento.
El candidato a la Alcaldía de Bucaramanga, Carlos Bueno, denunció que su sede de campaña fue objeto de un acto de vandalismo perpetrado por desconocidos que se movilizaban en motocicleta.Según relató el aspirante, en la noche de este domingo dos hombres lanzaron objetos contundentes contra la fachada del inmueble, lo que causó la ruptura de varios vidrios y daños materiales en elementos de oficina.“Antes de la medianoche de este lunes festivo, dos hombres no identificados que se movilizaban en una motocicleta lanzaron objetos contundentes contra los vidrios de puertas y ventanas de la edificación donde concentramos nuestras actividades de campaña”, afirmó Bueno, candidato avalado por el partido Colombia Justa Libres.Hasta el lugar llegó un grupo especial de la Policía para adelantar las primeras indagaciones.“Mire cómo dejaron la sede, totalmente vandalizada. Esto hace parte del ataque sistemático que han venido realizando dos candidaturas a la Alcaldía. Primero nos atacaron digitalmente, diciendo mentiras y porquerías de nosotros”, agregó el aspirante.La Policía confirmó que se abrió una investigación formal para identificar a los responsables del hecho.
La Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco) manifestó su preocupación por el anuncio de huelga realizado por el sindicato Sintraelecol, que agrupa a trabajadores de la Electrificadora de Santander, al advertir que una eventual suspensión del servicio de energía tendría graves consecuencias sociales, económicas y de salud pública.Desde Bogotá, el gremio aseguró que la medida podría impactar a más de 958.000 usuarios en 102 municipios de seis departamentos donde opera la Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. (ESSA).Según Andesco, el servicio eléctrico es considerado esencial y, de acuerdo con la Constitución y la Ley 142 de 1994, no sería susceptible de interrupciones que pongan en riesgo derechos fundamentales de la población.La asociación detalló que, además de los usuarios residenciales, existen 4.921 cuentas de manejo especial que dependen directamente del suministro continuo de energía, entre ellas 260 acueductos, 3.492 instituciones educativas, 21 sistemas de seguridad ciudadana, 288 cuentas asociadas a la Policía, 28 centros penitenciarios, 9 sistemas de semaforización, 78 sistemas de alumbrado público, 10 cuerpos de bomberos, 6 aeropuertos y 40 nodos de telecomunicaciones.También se verían comprometidos 517 establecimientos de salud, 71 usuarios electrodependientes, 47 hogares geriátricos y 54 centros del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).Frente al pliego sindical, Andesco indicó que la empresa ha propuesto mejoras en beneficios como auxilios de alimentación, seguros, educación, salud y vivienda, además de un aumento salarial por encima del IPC.Sin embargo, señaló que las peticiones de Sintraelecol tendrían un costo cercano a 243 mil millones de pesos, de los cuales más de 132 mil millones corresponderían a incrementos salariales equivalentes a un alza del 23 %.El gremio reiteró su respeto por el derecho a la asociación sindical y la negociación colectiva, pero insistió en que estos procesos deben garantizar la continuidad del servicio público.Andesco hizo un llamado al Ministerio de Minas y Energía, al Ministerio de Trabajo y al Ministerio de Salud para que intervengan y faciliten acuerdos que eviten una interrupción que afecte a miles de familias y sectores estratégicos.“La energía eléctrica soporta la operación hospitalaria, el abastecimiento de agua potable, la seguridad ciudadana y las telecomunicaciones. Los derechos de los usuarios deben prevalecer sobre cualquier desacuerdo laboral”, concluyó la asociación.
El anuncio de una huelga por parte del sindicato de trabajadores de la Electrificadora de Santander (ESSA) encendió las alarmas del sector empresarial. El Consejo Gremial Nacional advirtió que la suspensión del servicio eléctrico podría generar graves afectaciones sociales y económicas para más de 958 mil usuarios en siete departamentos del país.La empresa, filial de Empresas Públicas de Medellín (EPM), presta un servicio considerado esencial, por lo que los gremios solicitaron la intervención inmediata del Ministerio de Minas y Energía, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la Procuraduría General de la Nación para evitar una eventual interrupción.El Consejo Gremial fue enfático en que la Constitución prohíbe huelgas en servicios públicos esenciales como la energía eléctrica, por lo que pidió acciones inmediatas de vigilancia y control por parte de las autoridades.También exhortó al sindicato a retomar el diálogo y evitar medidas que puedan generar, según advierten, “daños irreversibles para la sociedad”.
El servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Santander (HUS) enfrenta una crítica situación por la alta demanda de pacientes, lo que ha llevado a una ocupación que supera ampliamente su capacidad instalada, especialmente en las áreas de adultos y ginecoobstetricia.De acuerdo con el más reciente reporte institucional, la atención en urgencias de adultos alcanza el 140% de ocupación, mientras que ginecoobstetricia llega al 175%, cifras que reflejan una saturación que dificulta la operación normal del centro asistencial.El subgerente del hospital, Orlando Quintero, explicó que la infraestructura habilitada no está diseñada para soportar el volumen actual de pacientes.“Tenemos sobreocupación en los servicios de urgencias adultos y ginecoobstetricia. Nuestra capacidad es de 116 pacientes adultos, 12 obstétricos y 9 pediátricos, y efectivamente estamos muy por encima de esos límites. Esto rebosa nuestra capacidad para seguir recibiendo pacientes de otras instituciones”, señaló.El directivo indicó que, debido a la congestión, el hospital se ha visto obligado a priorizar estrictamente los casos críticos y de alta complejidad, lo que ha implicado restringir algunas remisiones provenientes de otros centros médicos del departamento, así como orientar a ciertos usuarios hacia la red básica de atención.Como hospital de referencia regional, el HUS atiende patologías complejas, cirugías especializadas, traumas graves y emergencias que requieren manejo avanzado. Por ello, las directivas hicieron un llamado a la comunidad para que acuda primero a los servicios de urgencias de las EPS o centros de atención primaria cuando se trate de casos no vitales.Según la institución, la llegada masiva de pacientes con afecciones leves o moderadas incrementa los tiempos de espera y limita la capacidad de respuesta para quienes realmente necesitan atención inmediata.“El hospital está diseñado para resolver situaciones críticas, hay urgencias que pueden ser atendidas en otros niveles de la red, si todos acudimos directamente aquí, el sistema se congestiona”, concluyó Quintero.
La Defensoría del Pueblo denunció la retención ilegal de una caravana del Pueblo Indígena Barí, resguardo Catalaura, ocurrida el pasado 16 de febrero cuando se desplazaban hacia Cúcuta.Según la entidad, el grupo fue detenido en un retén ilegal por hombres vestidos de civil que se identificaron como integrantes del ELN.La entidad señala que aunque la caravana logró llegar posteriormente a Cúcuta sin incidentes, el episodio dejó un ambiente de zozobra, “pues la estigmatización les genera temor de que puedan agravarse las agresiones”.“Este tipo de acciones vulneran la integridad de los líderes y sus derechos como pueblo indígena y constituyen una infracción al Derecho Internacional Humanitario. El principio de distinción obliga a todos los actores armados a no involucrar a la población civil en las hostilidades”, dice el comunicado.En ese contexto, hizo un llamado a las autoridades para activar las rutas de prevención y protección que garanticen la seguridad de los delegados, tanto durante su permanencia en Cúcuta como en su retorno al territorio.También “reitera su llamado a los grupos armados para que cesen cualquier acción que ponga en riesgo a las autoridades ancestrales y respeten los espacios de interlocución legítima de los pueblos indígenas con el Estado”.La entidad anunció que continuará acompañando al Pueblo Barí para que pueda ejercer su derecho a la participación sin miedo a represalias ni ataques contra su vida e integridad.
Desde las 7:00 de la mañana de este viernes 20 de febrero comenzó la huelga convocada por el sindicato Sintraelecol en la Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. (ESSA), filial del Grupo EPM, luego de no lograrse un acuerdo dentro del proceso de negociación colectiva.La decisión fue aprobada en Asamblea General el pasado 7 de febrero por las subdirectivas del sindicato en Bucaramanga, Barrancabermeja, Socorro, San Gil y Barbosa, tras agotarse 40 días de arreglo directo y dos jornadas de mediación realizadas el 11 y 16 de febrero en Bogotá con acompañamiento del Gobierno Nacional.El sindicato sostiene que la empresa rechazó todas las alternativas presentadas y que la organización buscaba introducir desmejoras laborales y afectar derechos adquiridos en la convención colectiva, por lo que califican la huelga como la “última alternativa” ante el cierre del diálogo.Carlos Roncancio, asesor legal de los Trabajadores de la Energía Eléctrica en Colombia, aseguró que, durante el cese, se respetarán los servicios mínimos esenciales.“El desarrollo de esta huelga garantiza los mínimos esenciales. La ciudadanía puede estar tranquila. Los trabajadores luchan por sus derechos y por un servicio de energía eficiente para los hogares”, afirmó.Además, hizo un llamado a las autoridades nacionales y regionales para que acompañen el proceso y actúen como garantes del derecho constitucional a la huelga.“Pedimos al Ministerio de Trabajo, Ministerio de Minas, Procuraduría, Defensoría, Superintendencia de Servicios Públicos, autoridades municipales y departamentales que sean garantes del desarrollo de la huelga y que vigilen que no haya conductas que intenten sabotear el movimiento obrero”, agregó Roncancio.Uno de los argumentos centrales de Sintraelecol es que ESSA cuenta con solidez financiera suficiente para atender el pliego de peticiones. Según el sindicato, la empresa registra márgenes operativos superiores al 28 %, rentabilidad del patrimonio cercana al 26 % y calificación crediticia AAA(col), lo que demostraría, afirman, que las solicitudes no comprometen su sostenibilidad.Entre sus peticiones también está la formalización de más de 3.000 trabajadores tercerizados que desarrollan actividades misionales permanentes. Asimismo, pidieron al Ministerio del Trabajo seguimiento para evitar represalias contra quienes participan en el cese.Tras el inicio de la huelga, Blu Radio conoció una carta enviada por el gerente general de EPM y líder del Grupo EPM, John Maya Salazar, a los trabajadores del grupo empresarial.En la comunicación, el directivo afirma que el Grupo EPM ofrece “una de las mejores condiciones laborales del país”, con salarios por encima del promedio del mercado y beneficios en vivienda, educación, salud y bienestar. Señala que en ESSA la compensación estaría por encima del 120 % del mercado laboral colombiano.Frente a la negociación, la empresa indicó que propuso mejoras en beneficios como auxilio sindical por alimentación, seguro de vida y fondos de vivienda y educación, además de un incremento salarial correspondiente al IPC a noviembre de 2025 más tres puntos adicionales, con el fin, según la compañía, de garantizar la sostenibilidad financiera.En la carta también se advierte que el pliego sindical tendría un costo cercano a los $243.000 millones, de los cuales $98.000 millones corresponderían a nuevos beneficios y $132.000 millones a salarios, incluyendo una solicitud de incremento del 23 %. La empresa enfatiza que ninguno de sus trabajadores devenga salario mínimo.El Grupo EPM alertó además que la huelga podría afectar a 445 profesionales del sindicato Siproessa, quienes se verán obligados a suspender actividades y salarios durante el cese.Asimismo, recordó que ESSA atiende 102 municipios en seis departamentos, con más de 958.000 clientes, entre ellos hospitales, acueductos, instituciones educativas, hogares geriátricos, centros penitenciarios, aeropuertos y usuarios con condiciones médicas especiales, por lo que subraya la importancia estratégica del servicio eléctrico.
A 18 años de prisión fue condenado Juan Diego Arias Padilla por su participación en el homicidio de una docente de 27 años, ocurrido el 30 de abril de 2025 en el barrio Chicó de Barrancabermeja, Santander.De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, el joven, quien tenía 19 años al momento de los hechos, admitió su responsabilidad en el crimen mediante la suscripción de un preacuerdo con el ente acusador. El acuerdo fue presentado ante un juez de la República, quien lo avaló y fijó la pena en 18 años de prisión.Las investigaciones establecieron que la víctima fue atacada por Arias Padilla, quien conducía una motocicleta desde la cual otro hombre disparó en repetidas ocasiones contra la educadora. Tras cometer el crimen, los responsables huyeron del lugar.La captura del hoy condenado se produjo el 3 de diciembre de 2025, luego de varios meses de labores investigativas. Durante el proceso judicial, la Fiscalía demostró su responsabilidad en los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego agravado.El caso generó conmoción en Barrancabermeja, especialmente en el sector educativo, donde la víctima era reconocida por su labor profesional.
La Secretaría de Salud de Santander encendió las alertas ante el alto número de quejas relacionadas con la no entrega o la demora en la dispensación de medicamentos en el departamento. Según el secretario de Salud departamental, Edwin Prada, el 70% de las reclamaciones actuales en el sector corresponden a esta problemática.De acuerdo con el funcionario, en lo corrido de 2026 se han registrado cerca de 1.800 quejas, en su mayoría por fallas en la entrega oportuna de tratamientos, situación que afecta especialmente a pacientes con enfermedades huérfanas, patologías de alto costo y cáncer.“Yo creo que el 70% de las quejas que hay en este momento del sector salud está por la no dispensación a tiempo de medicamentos. Preocupan obviamente los de enfermedades huérfanas, los medicamentos de pacientes con enfermedades de alto costo y de patologías de cáncer”, afirmó Prada.Ante la situación, la Superintendencia Nacional de Salud realizó recientemente una mesa de trabajo en Santander, con la participación de todas las EPS que operan en el departamento. El encuentro tuvo como objetivo principal abordar la problemática en la dispensación de medicamentos.El secretario recordó que el panorama es complejo, teniendo en cuenta que cerca del 80% de la población santandereana está afiliada a EPS que actualmente se encuentran intervenidas. De ese porcentaje, aproximadamente el 50% corresponde a usuarios de Nueva EPS, mientras que cerca de un 30% está afiliado a Sanitas y Coosalud, también bajo intervención. A esto se suma Famisanar, que igualmente atraviesa un proceso similar.“Aquí el llamado es a ponernos los guantes desde la Secretaría de Salud a luchar por los deberes y los derechos que tienen los pacientes en el suministro de medicamentos. No estamos para discutir ni para pelear, sino para garantizar ese derecho”, señaló.Prada destacó que, pese a la crisis en la dispensación de medicamentos, Santander cuenta con una red hospitalaria sólida. En la vigencia 2025, ninguno de los hospitales públicos del departamento cerró con riesgo financiero, y la infraestructura de salud no solo atiende a población local, sino también a pacientes de Norte de Santander, Arauca, sur de Bolívar, sur del Cesar y parte de Boyacá, además de población migrante.Sin embargo, insistió en que la principal dificultad actual es la falta de entrega de algunas moléculas y medicamentos específicos, lo que ha motivado la intervención de la Superintendencia y el acompañamiento de asociaciones de usuarios y veedores.
Un incendio, al parecer provocado de manera intencional, devastó más de 13 hectáreas del Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI) San Silvestre, una zona de especial importancia ecológica por ser corredor biológico del jaguar americano, el mico cariblanco y el mico aullador.En las imágenes del lugar se observa un panorama desolador: extensas áreas reducidas a cenizas, troncos calcinados, suelo completamente ennegrecido y la vegetación arrasada por las llamas. Lo que antes era cobertura boscosa hoy luce como un terreno árido, marcado por el fuego y la destrucción.Leonardo Granados, secretario de Ambiente y Transición Energética, confirmó que el incendio habría sido generado por personas que pretendían apropiarse ilegalmente de los terrenos.Desde la Secretaría de Ambiente y Transición Energética se activó un operativo conjunto con la Policía Ambiental para desalojar a los presuntos invasores e iniciar un proceso de restauración ecológica, con el fin de mitigar el impacto sobre la fauna y la flora de la zona.“Nos encontramos en el DRMI San Silvestre ante un incendio generado por personas inescrupulosas, un desastre ecológico de más de 13 hectáreas, un daño a los recursos naturales. Con la Policía Ambiental vinimos a imponer orden y autoridad para proteger esta área de especial importancia ecológica y preservar el corredor del jaguar americano, el mico cariblanco y el mico aullador. No vamos a permitir invasiones que generen daños ambientales ni contaminación con aguas residuales, porque el DRMI San Silvestre es la esencia de la diversidad. Haremos respetar la ley”, afirmó el funcionario.La Alcaldía Distrital hizo un llamado a la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) para que adelante los procesos sancionatorios correspondientes y los responsables de este delito ambiental enfrenten las consecuencias legales.El DRMI San Silvestre es considerado un ecosistema estratégico para la conectividad de especies y la conservación de la biodiversidad en el territorio, por lo que autoridades ambientales reiteraron que intensificarán los controles para evitar nuevas afectaciones.
Con el acto simbólico de la primera palada de arena, la Gobernación de Santander oficializó el inicio de las obras del Centro de Espectáculos del Oriente Colombiano Arena Bonita, proyecto que transformará la tradicional Plaza de Toros Señor de los Milagros en un escenario moderno y multipropósito.La iniciativa busca convertir el antiguo coso taurino en un espacio competitivo para conciertos, espectáculos culturales, eventos deportivos y encuentros empresariales, con el propósito de dinamizar la economía regional y fortalecer el turismo de eventos en el departamento.Durante la presentación del proyecto, se señaló que la obra tendrá un impacto directo en sectores como el comercio, el transporte, la hotelería y la gastronomía, además de generar oportunidades para la economía rural.Según explicó la Gobernación de Santander, la llegada masiva de asistentes a espectáculos y actividades de gran formato impulsará el movimiento económico en distintas cadenas productivas del departamento.El proyecto contempla una adecuación integral del escenario, que tendrá una capacidad real para 18.000 personas.Las intervenciones incluyen el reforzamiento estructural bajo la norma sismo resistente NSR-10, instalación de cubierta y fachada en panel metálico de alta resistencia, renovación completa de redes hidráulicas, sanitarias y contra incendios, así como mejoras en la acústica y la tarima. También se instalarán nuevas sillas y se adecuarán espacios internos que permitirán diferentes configuraciones según el tipo de evento.El nuevo complejo contará con diseño bioclimático y un sistema central de aire acondicionado tipo agua fría, iluminación de emergencia, rutas de evacuación y un plan integral de seguridad humana para garantizar condiciones óptimas en eventos masivos.“Arena Bonita fue concebida como una arena verde. De acuerdo con la Gobernación, permitirá ahorrar entre 70 y 100 metros cúbicos de agua diarios mediante la reutilización total de aguas lluvias para sanitarios.Además, tendrá una planta solar en cubierta de 1.160 kilovatios pico, con capacidad de generar cerca de 2 gigavatios hora al año, lo que equivale al consumo de entre 300 y 400 hogares y a una reducción significativa de emisiones de carbono.El escenario incorporará una tarima modular 360 grados, sistemas de sonido de alto nivel técnico, pantallas integrables e iluminación artística, lo que permitirá albergar conciertos internacionales, convenciones, actividades culturales y religiosas, así como competencias deportivas.La adecuación del nuevo centro de espectáculos demandará una inversión total de 118.965 millones de pesos, financiados en parte con recursos propios de la Gobernación de Santander.
El sepelio del subintendente Luis Sarmiento, asesinado en un atentado atribuido al ELN en Cúcuta, se realizará en el municipio de Lebrija, de donde era oriundo el uniformado.El ataque ocurrió en la noche del miércoles en el anillo vial oriental de Cúcuta, cerca del centro comercial Jardín Plaza Cúcuta, cuando una patrulla de la Policía fue interceptada y atacada a disparos por hombres armados, al parecer con armas de largo alcance.El subintendente Sarmiento conducía el vehículo oficial junto al mayor Álvaro Salcedo, comandante de la estación del barrio Ospina Pérez. Tras el atentado, ambos fueron trasladados de urgencia a la Clínica Medical Duarte, donde recibieron atención especializada. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, Sarmiento falleció debido a la gravedad de las heridas. El mayor Salcedo permanece bajo observación médica.Luego del ataque, la Policía activó un plan candado en distintos puntos de la ciudad y su área metropolitana, desplegando unidades adicionales e intensificando los controles en vías estratégicas para dar con los responsables.Las autoridades anunciaron una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los autores materiales e intelectuales del crimen. Asimismo, avanzan en la recolección de pruebas y en la revisión de cámaras de seguridad del sector para esclarecer lo ocurrido.El atentado se produjo horas después de una reunión de seguridad encabezada por el Ministerio del Interior y otras autoridades, en el marco de las medidas preventivas para las elecciones legislativas y consultas programadas para el 8 de marzo.