El candidato a la Cámara por Santander, Mauricio Martínez Triana, comenzó a cumplir una sanción de tres días de arresto luego de que un juez lo declarara en desacato por incumplir un fallo de tutela que le ordenaba eliminar publicaciones en redes sociales contra el también aspirante al Congreso, Luis Ferley Sierra, y abstenerse de repetirlas.La decisión fue emitida por el Juzgado 26 Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bucaramanga, que además impuso una multa equivalente a tres salarios mínimos mensuales legales vigentes. El despacho judicial determinó que Martínez no acató la orden previa del juez, por lo que procedía la sanción correctiva.A través de un video difundido en sus redes sociales, Martínez confirmó que ya se encuentra cumpliendo la medida. Señaló que respeta la decisión judicial, aunque aseguró que continuará defendiendo sus posiciones políticas. “Estoy dando la cara y cumpliendo lo ordenado por el juez”, manifestó.Por su parte, Luis Ferley Sierra indicó que acudió a la tutela para proteger sus derechos fundamentales al buen nombre y a la honra, argumentando que las publicaciones del hoy sancionado contenían señalamientos que, según él, afectaban su imagen pública. “Estas estrategias tratan de destruirnos mediáticamente y cómo en los puentes peatonales nos difaman me vi en la obligación de interponer la acción de tutela, en primera instancia nos negaron el derecho y en segunda instancia sí se nos protegió el derecho, y ante el incumplimiento de este personaje se da el arresto y vamos a interponer la denuncia penal”, expresó.El abogado Carlos Alfaro, quien ha estado al tanto del proceso, explicó que la sanción no constituye una condena penal ni genera antecedentes judiciales. “Es un desacato por incumplir una orden judicial y debe cumplir tres días en una inspección de Policía y luego queda en libertad”, precisó.Las autoridades señalaron que la medida se ejecuta en instalaciones administrativas y no en un centro carcelario.
El Ministerio del Trabajo realizó el sellamiento de varias oficinas administrativas de la Electrificadora de Santander en medio del paro laboral que completa 24 horas en el departamento, promovido por el sindicato Sintraelecol.La intervención se llevó a cabo durante la madrugada y, de acuerdo con los trabajadores, cobija únicamente dependencias de carácter administrativo que no tienen relación directa con la operación técnica ni con la distribución del fluido eléctrico.Desde el sindicato explicaron que el servicio para los usuarios se mantiene con normalidad y que no se han presentado interrupciones en la generación ni en el suministro de energía.Carlos Roncancio, asesor legal de los trabajadores, aseguró que la medida fue solicitada por la organización sindical como parte del proceso de huelga y recalcó que las áreas esenciales continúan funcionando.“Se han sellado áreas eminentemente administrativas que no tienen impacto en el fluido eléctrico. Además, se ha garantizado la prestación del servicio sin ninguna interrupción, porque las áreas operativas están cubiertas al 100% por los trabajadores. Incluso hay dependencias cuyos funcionarios están laborando desde casa con todos los implementos”, explicó.El paro hace parte de las reclamaciones laborales del sindicato, que busca avanzar en negociaciones con la empresa frente a condiciones contractuales y garantías para los empleados. Mientras tanto, el Ministerio del Trabajo actúa como autoridad competente para vigilar el cumplimiento de las normas durante la huelga.Por ahora, los usuarios del servicio de energía en Santander no registran afectaciones, aunque las partes continúan en diálogo para destrabar el conflicto.
Un procedimiento policial generó rechazo entre la comunidad del barrio El Progreso, en Barbosa, Santander, luego de que, en medio de una persecución, un uniformado presuntamente disparara contra un perro que acompañaba a un joven.El hecho se registró hacia las 6:37 de la tarde, cuando varios habitantes que se encontraban en la calle aseguraron haber escuchado múltiples detonaciones, lo que los obligó a correr para resguardarse ante el temor generado por los disparos.Según denuncias ciudadanas y videos difundidos en redes sociales, los hechos ocurrieron mientras la Policía perseguía a un hombre que corría junto a su mascota. En las grabaciones se escuchan advertencias y posteriormente los disparos; uno de los uniformados le dice “quieto o le mato el perro”. El animal habría resultado herido, al parecer con un impacto de bala en el cuello.Vecinos del sector increparon a los agentes, y la situación generó más tensión en el barrio, puesto que exigían que el perro lo llevaran a un centro veterinario, al punto que fueron necesarias más unidades de la Policía; sin embargo, al no encontrar respuesta y generarse más altercados, los mismos residentes fueron quienes auxiliaron al animal.Frente a la situación, el coronel Jhon Alexander Socha Ayala, comandante del Distrito de Policía Barbosa, explicó que el procedimiento se dio porque el hombre presuntamente intimidó a los uniformados para evitar su captura, "en actividades de registro y control el ciudadano reacciona evitando el procedimiento e intimido a los uniformados con un canino que se encontraba sin bozal, y en medio del forcejeo ingresa a su residencia, donde el canino se abalanza y le ocasiona una morderura al funcionario en su mano, es de resaltar que el policía al ver que el perro nuevamente lo ataca agoto todos medios para separarlo y como último recurso desenfundó su arma de fuego y le ´propino un disparo al canino".Confirmó que el ciudadano fue detenido por el delito de violencia contra servidor público, y además que la Policía inició una investigación preliminar para esclarecer cómo ocurrieron los hechos y determinar si hubo uso desproporcionado de la fuerza.
Ante el incremento de hechos de sicariato en San Gil, las autoridades departamentales y locales realizaron un consejo extraordinario de seguridad para analizar la situación y coordinar acciones urgentes que permitan frenar la llegada de estructuras criminales provenientes de otras regiones del país.De acuerdo con la Gobernación de Santander, los recientes homicidios estarían relacionados con bandas delincuenciales que buscan establecerse en el municipio, considerado uno de los principales destinos turísticos del departamento.El secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, aseguró que no se permitirá el deterioro de la seguridad.“No vamos a permitir que se incremente la inseguridad. Estamos trabajando de manera articulada con Policía y Ejército para restablecer el orden en nuestros municipios”, afirmó.Las autoridades advirtieron sobre la posible incursión de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada, conocidas como 'Los Pachenca', que intentarían ingresar al departamento por corredores del Magdalena Medio y el norte de Santander.También se han registrado capturas de integrantes de bandas provenientes de Cúcuta y del Valle del Cauca, cuyas acciones criminales, al parecer, eran coordinadas desde centros penitenciarios.El comandante de la Policía de Santander, coronel Néstor Arévalo, explicó que existe una intención criminal dinamizada por un cabecilla capturado en 2024, oriundo de San Gil, quien desde prisión habría establecido alianzas con delincuentes de Cúcuta, entre ciudadanos venezolanos y colombianos.Según el oficial, estos grupos estarían detrás de hechos violentos registrados en los últimos meses y de intentos por consolidar presencia en el municipio.Como parte de las medidas, se acordó acompañamiento permanente de la Fuerza Pública, refuerzo operativo con el grupo élite GOES, trabajo articulado con la Fiscalía, apoyo de Migración Colombia, coordinación con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y despliegues conjuntos entre Ejército y Policía.Las autoridades también alertaron sobre la presencia de grupos armados ilegales en sectores como el Magdalena Medio y la provincia de Vélez, donde se han reportado intimidaciones y extorsiones. Incluso, recientemente un ganadero fue asesinado por negarse a pagar exigencias económicas en el municipio de Coromoro.
La Comando Sur de Estados Unidos informó que su Fuerza Conjunta llevó a cabo este viernes, 20 de febrero, un ataque letal contra una embarcación vinculada al narcotráfico en el Pacífico, en el que murieron tres tripulantes.El ataque se produjo bajo la dirección del general Francis L. Donovan, comandante de la fuerza, quien visitó esta semana Venezuela, cuando la embarcación transitaba por rutas conocidas del narcotráfico.Con la muerte de estas tres personas, durante el operativo realizado por la Fuerza de Tarea "Laza del Sur" suman más de 110 asesinados durante las actividades militares de Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico, entre agosto de 2025 y la actualidad.Donovan, quien asumió a inicios de febrero el mando del Comando Sur de Estados Unidos, visitó esta semana Venezuela para reunirse con autoridades militares del país, actualmente dirigido de forma interina por Delcy Rodríguez.La presencia de navíos y aeronaves militares estadounidenses en aguas internacionales comenzó en el Caribe y precedió la intervención militar del 3 de enero de 2026, cuando Estados Unidos capturó en Caracas al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y lo trasladó posteriormente a una cárcel federal en Nueva York.
El Regiotram de Occidente es una de las obras más ambiciosas de Cundinamarca. En el trazado está proyectado que inicie su recorrido en los municipios de Facatativá y continuará sobre rieles por los municipios de Bojacá, Madrid, Mosquera y Funza y, finalmente, el tren arribará a Bogotá.Este nuevo transporte beneficiará a millones de personas, reduciendo un viaje convencional de 3 horas a solo 48 minutos. De igual manera, contempla una plataforma con vía doble electrificada y los trenes se movilizarán a velocidades comerciales de desplazamiento entre los 28 y los 70 km/h.Mientras esto ocurre, los rieles avanzan y la obra entra en una fase de mayor intensidad, también crece la necesidad de talento humano. Por ello, desde la Gobernación de Cundinamarca se anunció la apertura de vacantes de empleo que marcan el inicio de una etapa clave del proyecto.Hay 530 vacantes para trabajar en el Regiotram de OccidenteLas 530 vacantes de trabajo y las jornadas presenciales de inscripción y recepción de hojas de vida se llevarán a cabo en cuatro municipios estratégicos. La información fue entregada por el gobernador Jorge Emilio Rey, en su cuenta de TikTok.“Ahora damos inicio a una nueva etapa constructiva donde se requiere constatar personal adscrito a las labores de construcción… Estamos ofertando vacantes con buen salario, vinculación directa y gran plan de bienestar”, indicó Rey.Estos son los puntos:Secretaría de Desarrollo Económico de Facatativá, miércoles 25 de febrero de 8:00 a. m. a 2:00 p. m.Centro Comercial Ecoplaza – Mosquera, jueves 26 de febrero de 8:00 a. m. a 12:00 m.Parque Principal de Funza, jueves 5 de marzo de 8:00 a. m. a 3:00 p. m.Edificio Fiscalía de Madrid, viernes 6 de marzo de 8:00 a. m. a 1:00 p. m.Perfiles solicitadosLa convocatoria está dirigida principalmente a personas con experiencia en construcción e infraestructura ferroviaria, áreas que concentran la mayor demanda en esta fase del proyecto. Estos son los cargos requeridos:Ayudantes y auxiliares de obra.Operadores de planta mezcladora de concreto.Operadores de excavadora.Soldadores.Topógrafos.Por su parte, el gerente de la Empresa Férrea Regional, Orlando Santiago Cely, manifestó que: “Actualmente contamos con más de mil trabajadores en las diferentes actividades y frentes de obra del proyecto; esperamos que en 2026 tengamos a 4.000 personas vinculadas a Regiotram de Occidente”.Esta mega obra, además de convertirse en un modelo de transporte sostenible, beneficiará a cerca de 140.000 usuarios que se movilizan entre Cundinamarca y Bogotá.
Este viernes en Voz Populi hablamos de los diferentes temas políticos, nacionales e internacionales más importantes, acompañados del humor característico de cada uno de nuestros personajes en el programa.
Han pasado casi dos años desde que, lamentablemente, se dio el fallecimiento del compositor y cantautor Omar Geles, quien se encontraba casado con Maren García con quien tuvo a tres de sus siete hijos y sostuvo una relación de 10 años, consolidando una familia unida. Pero la viuda se ha vuelto viral por supuestos rumores de que, tras dos años, estaría saliendo con alguien nuevo tras la muerte del artista y, ante eso, ella misma decidió salir en sus redes sociales y hablar de la situación asegurando que "tiene derecho a ser feliz"."Me encontré con alguien y me voy a reservar el nombre, pero esa persona va a saber quién es. Me pregunta: '¿Maren, ya tienes novio? ¿O te gusta alguien?', yo dije: '¿En serio me preguntas esto?', porque sé que es lo que todo el mundo quiere saber. Lo tengo claro. Después me dice: 'Eres la más apetecida de Valledupar, todo el mundo está pendiente si ya abriste tu corazón, si vas a salir con alguien, mira tienes a todo el mundo loco'. Quedé...", comenzó contando en sus historias.Aseguró que "le causó tristeza" esos comentarios tan "imprudentes", luego aseguró que en este momento no tiene ninguna pareja, pero si el día de mañana la vida misma se encarga de presentarle a alguien que le haga sentir algo nuevamente mencionó "¿no tiene derecho a ser feliz?"."O sea, ¿yo en qué fallé? ¿Acaso decidí esta vida que tengo el día de hoy? Yo amé a mi esposo profundamente y lo respeté, así como él también a mí. Yo no quería esta vida, no quería quedar sola con mis tres hijos, ¿por qué están tan preocupados si tengo o no tengo pareja? No entiendo, ¿por qué no dan más amor y cómo quedó Maren con sus tres hijos?", fueron sus palabras, desmintiendo por completo el tema.
Tras un consejo de seguridad que se realizó en las instalaciones del Comando Aéreo de Combate No. 3, en Malambo, Atlántico, el ministro de Defensa Pedro Sánchez anunció que se intensificará la persecusión contra los cabecillas de las bandas criminales ‘Los Pepes’ y ‘Los Costeños’, quienes estarían dinamizando delitos como la extorsión, el homicidio y el tráfico de drogas en todo el departamento.El ministro indicó que si estos delincuentes no se desmovilizan caerá sobre ellos todo el paso del Estado que irá detrás de estos criminales por quienes están ofreciendo recompensas de entre 64 y 140 millones de pesos."Es evidente que iremos detrás de los cabecillas, de los principales criminales. Por alias 'Carlos Muleta', del GDO Los costeños, una recompensa de hasta 140 millones de pesos; por a alias 'Ricostilla', segundo cabecilla de GDO Los Costenos, hasta 64 millones de pesos; por alias 'Caín', cabecilla visible del GDO Los Pepes, hasta 140 millones de pesos; por alias 'Flubio', del GDO Los Pepes, hasta 64 millones de pesos. Si tiene información, llame al 157, el Estado colombiano, todo el Estado, todo lo que sea necesario, lo emplearemos para neutralizar estas amenazas. Atlántico no está solo, toda la fuerza pública está con ellos", puntualizó Sánchez. El ministro indicó que en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, implementaron el Plan Cazador, una estrategia dirigida a desarticular estructuras delictivas que están disparando algunos delitos en el Atlántico y de manera complementaria, se presentó el Plan Escudo Territorial por la Vida, enfocado en intervenir los municipios con incrementos en homicidios y hurtos.Así mismo señalaron que una parte significativa de la extorsión y otros delitos se origina desde centros de reclusión. Por ello, junto con el Ministerio de Justicia y el INPEC afirmó que se adelantan acciones para evitar que cárceles y centros de detención se conviertan en dinamizadores o “escuelas del crimen”.“Debe revisarse muy bien cómo está el hacinamiento en las cárceles, que ya se hizo un análisis para que se resocialice y los privados de la libertad no salgan peor de lo que ingresaron”, expresó.
Un verdadero viacrucis denuncia la familia de un adulto mayor de 80 años que, desde el pasado viernes, permanece en el Hospital San Juan de Dios de Floridablanca sin recibir la atención especializada que requiere, pese a haber ingresado con fracturas en el cuello y la espalda. El hombre fue arrollado en el barrio La Cumbre por un joven que, según su familia, realizaba maniobras peligrosas en bicicleta y se movilizaba en contravía.“El muchacho menor de edad estaba haciendo maniobras con su bicicleta en contra vía, y mi papá intentaba pasar la calle, por lo que estaba pendiente que no viniera ningún carro cuando lo arrolló, lo dejó tirado ahí y salió corriendo, nosotros llegamos al Hospital San Juan de Dios de Floridablanca, donde ha recibido atención pero no tienen especialistas ”, señaló Carolina, hija del afectado, dio detalles:A pesar de la gravedad de las lesiones y de que se trata de un adulto mayor, la familia asegura que durante estos cuatro del puente festivo el paciente ha permanecido únicamente con calmantes en una habitación del hospital, sin valoración por parte de un ortopedista. Afirman que el centro asistencial está a la espera de que la Nueva EPS autorice el traslado a un centro de mayor complejidad, proceso que hasta ahora no avanza.La familia cuestiona cómo es posible que un paciente con fracturas en zonas tan sensibles no haya recibido una intervención oportuna y teme que la demora en la autorización tenga que ver con que su afiliación corresponde al régimen subsidiado. “No entendemos cómo lo dejan así, sin una atención real, siendo un adulto mayor con lesiones tan delicadas. Parece que por ser del subsidiado no les importa”, afirmó Muñoz.Entre la preocupación y la incertidumbre, sus familiares insisten en un llamado urgente a la EPS para que gestione el traslado y garantice la atención adecuada, antes de que su estado de salud se complique aún más.
Un integrante de las disidencias de las Farc protagonizó un intento de fuga en la cárcel de Palogordo, en Girón, durante la madrugada de este lunes. El hombre, identificado como Deimer Barbosa Santiago, cumple una condena de 17 años por homicidio agravado y rebelión.De acuerdo con el reporte oficial, el preso fue sentenciado por secuestrar y asesinar a un hombre en Ocaña, crimen por el cual fue trasladado a este centro penitenciario de alta seguridad.El intento de evasión ocurrió hacia las 2:20 de la mañana del 17 de noviembre, cuando Barbosa, aprovechando su contextura delgada, habría utilizado una cuchilla artesanal para debilitar los barrotes de una zona conocida como la Guayana, ubicada entre las garitas 5 y 6 del penal.Hernando Mantilla defensor de los derechos Cárcelarios en Santander, confirmó que "no se materializó la fuga, por le contrario el mismo se hirió en el intento"Tras forzar la estructura metálica, logró atravesarla, pero fue detectado inmediatamente por las cámaras de seguridad, por lo que los dragoneantes encargados dieron la alerta por radio, lo que activó la respuesta del personal de los portales difrentes portales y del régimen interno.Los guardianes reaccionaron de manera coordinada y lograron interceptarlo y recapturarlo dentro del mismo corredor, antes de que alcanzara el perímetro externo de la prisión.Luego de su aprehensión, Barbosa fue llevado al área de sanidad, donde recibió atención por una herida leve en el brazo izquierdo, causada por su salida de los barrotes en la celda.El Inpec informó que se reforzarán los controles internos mientras avanza la investigación disciplinaria por el intento de fuga.
Dos hombres identificados como Raúl Alberto Rondón Niño y Stevenson Carreño Ortiz fueron enviados a prisión por orden de un juez de control de garantías, tras ser señalados por la Fiscalía como presuntos responsables del homicidio de Alexis Exneyder Céspedes Niño, de 25 años, ocurrido el pasado sábado en Piedecuesta.El crimen se registró hacia las 11:15 de la noche del 15 de noviembre en el establecimiento La Bebeta, en el barrio San Silvestre. Según el expediente, la hermana de la víctima se percató del hurto de su bolso y, al salir a verificar, el grupo observó a dos hombres caminando con el objeto en su poder. Al reclamarles, estos reaccionaron de forma violenta.Testigos aseguraron que los capturados sacaron armas cortopunzantes para intimidar a los presentes. En ese momento, uno de ellos atacó directamente a Alexis Céspedes, propinándole varias heridas con arma blanca, mientras el segundo sujeto amenazaba al resto del grupo para impedir que intervinieran.La víctima fue trasladada al Hospital Local de Piedecuesta, donde ingresó sin signos vitales. El reporte médico confirmó al menos cinco heridas, incluida una lesión profunda en el cuello que resultó mortal.Gracias a la rápida reacción de la comunidad y la Policía, Rondón Niño y Carreño Ortiz, de 30 y 33 años, este último con anotaciones por violencia intrafamiliar y daño en bien ajeno, fueron capturados en las inmediaciones del lugar.Durante la audiencia, ambos procesados no aceptaron los cargos. No obstante, debido a la gravedad de los hechos y al material probatorio, el juez decidió imponer medida de aseguramiento en establecimiento carcelario mientras avanza la investigación por homicidio La víctima habría recibido cinco puñaladas, cuando alcanzó a los presuntos ladrones en el barrio San Silvestre, donde la comunidad vienen denunciando fronteras invisibles.
El mal estado de varias vías en Santander no solo ha generado congestión, riesgos de accidentalidad y cierres intermitentes, sino también un serio impacto económico en el sector turístico. Hoteleros reportan cancelaciones masivas, disminución de visitantes y afectación directa en sus ingresos durante el puente festivo.Lucy Rodríguez, gerente del Hotel House Birding Gutta en el municipio de Suaita, un alojamiento ecológico especializado en avistamiento de aves, conservación ambiental y turismo de naturaleza, advirtió que el deterioro vial está golpeando de manera crítica a la región.“Nosotros tenemos un hotel ecológico, antes recibíamos hasta 20 visitantes por fin de semana, y ahora apenas llega una sola persona, y muchos dicen que no quieren volver, en zonas como Barbosa, San Gil y Socorro, donde el turismo era del 100 %, hoy solo alcanzan un 20 %”, explicó Rodríguez.El hotel, que se ha convertido en un atractivo para observadores de aves nacionales e internacionales, vivió este puente una caída abrupta en sus reservas.“Para este fin de semana teníamos reserva de 12 familias y solo llegaron 3, la situación de la carretera, que está en muy malas condiciones, hace que la gente diga que no quiere volver a Santander”, agregó.Rodríguez hizo un llamado urgente al Gobierno nacional y al Invías.“Necesitamos que cumplan. Ellos no han querido asumir su responsabilidad. La vía está afectando directamente el turismo y la economía de los municipios. Todos los proyectos de promoción ambiental y de naturaleza quedan frenados si las personas no pueden llegar”. El lugar hace parte de un circuito de turismo comunitario que involucra a familias campesinas de la región y que busca promover el conocimiento y la protección de la fauna local mediante el programa “Conocer para conservar”.La preocupación del sector hotelero se suma a los constantes reclamos de las comunidades y transportadores que aseguran que los deterioros en la Transversal del Carare, la vía San Gil, Barbosa, y el corredor hacia Suaita y Guepsa han hecho que turistas y viajeros eviten desplazarse por la zona.Empresarios turísticos advierten que, diciembre uno de los meses de mayor actividad turística podría registrar pérdidas aún mayores, afectando no solo a hoteles, sino también a restaurantes, guías turísticos, transportadores y emprendimientos rurales que dependen del flujo de visitantes.
Las fuertes lluvias que se registran en Santander mantienen en alerta a 58 municipios por riesgo de deslizamientos de tierra, caída de rocas, desprendimiento de árboles y crecientes súbitas en varias cuencas, especialmente en el sur del departamento.De acuerdo con la Defensa Civil, la inestabilidad en zonas de ladera y los incrementos de caudal en ríos y quebradas han generado múltiples afectaciones en vías terciarias y corredores principales. Las autoridades advierten que la situación podría empeorar si continúan las precipitaciones.Dudwing Villamizar, director de la Defensa Civil en Santander, explicó que se adelantan acciones conjuntas con las administraciones locales para enfrentar la emergencia. “Estamos trabajando en gestión del riesgo con los comités municipales, con el fin de aunar esfuerzos y poder superar esta emergencia que afecta el sur del departamento de Santander”, señaló.En alerta roja están los municipios de Charalá, Chima, Encino, Guapotá, Lebrija, Oiba, Sabana de Torres, Tona, Landázuri y Vélez presentan probabilidad alta de deslizamientos y requieren atención inmediata.En alerta naranja los municipios con saturación de los suelos, entre ellos Bucaramanga, Floridablanca, San Gil, Barrancabermeja, Girón, Málaga, Matanza, Onzaga, San Vicente de Chucurí, Zapatoca, Puerto Wilches y Curití.Con alerta amarilla están: Cimitarra, Puerto Parra y San Pedro de la Paz se recomienda vigilancia permanente ante posibles movimientos de tierra.De igual manera, hay riesgo por el aumento del caudal de los ríos y crecientes súbitas en la cuenca del río Lebrija, Sogamoso y Carare; en especial atención están las quebradas La Ruitoca, Zapamanga, Agua Blanca, Españolita y La Iglesia, donde se han registrado aumentos repentinos de caudal.Los organismos de socorro reiteraron el llamado a no cruzar ríos o quebradas, evitar transitar por zonas inestables y reportar cualquier señal de deslizamiento para prevenir emergencias.
La Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco) manifestó su preocupación por el anuncio de huelga realizado por el sindicato Sintraelecol, que agrupa a trabajadores de la Electrificadora de Santander, al advertir que una eventual suspensión del servicio de energía tendría graves consecuencias sociales, económicas y de salud pública.Desde Bogotá, el gremio aseguró que la medida podría impactar a más de 958.000 usuarios en 102 municipios de seis departamentos donde opera la Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. (ESSA).Según Andesco, el servicio eléctrico es considerado esencial y, de acuerdo con la Constitución y la Ley 142 de 1994, no sería susceptible de interrupciones que pongan en riesgo derechos fundamentales de la población.La asociación detalló que, además de los usuarios residenciales, existen 4.921 cuentas de manejo especial que dependen directamente del suministro continuo de energía, entre ellas 260 acueductos, 3.492 instituciones educativas, 21 sistemas de seguridad ciudadana, 288 cuentas asociadas a la Policía, 28 centros penitenciarios, 9 sistemas de semaforización, 78 sistemas de alumbrado público, 10 cuerpos de bomberos, 6 aeropuertos y 40 nodos de telecomunicaciones.También se verían comprometidos 517 establecimientos de salud, 71 usuarios electrodependientes, 47 hogares geriátricos y 54 centros del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).Frente al pliego sindical, Andesco indicó que la empresa ha propuesto mejoras en beneficios como auxilios de alimentación, seguros, educación, salud y vivienda, además de un aumento salarial por encima del IPC.Sin embargo, señaló que las peticiones de Sintraelecol tendrían un costo cercano a 243 mil millones de pesos, de los cuales más de 132 mil millones corresponderían a incrementos salariales equivalentes a un alza del 23 %.El gremio reiteró su respeto por el derecho a la asociación sindical y la negociación colectiva, pero insistió en que estos procesos deben garantizar la continuidad del servicio público.Andesco hizo un llamado al Ministerio de Minas y Energía, al Ministerio de Trabajo y al Ministerio de Salud para que intervengan y faciliten acuerdos que eviten una interrupción que afecte a miles de familias y sectores estratégicos.“La energía eléctrica soporta la operación hospitalaria, el abastecimiento de agua potable, la seguridad ciudadana y las telecomunicaciones. Los derechos de los usuarios deben prevalecer sobre cualquier desacuerdo laboral”, concluyó la asociación.
El anuncio de una huelga por parte del sindicato de trabajadores de la Electrificadora de Santander (ESSA) encendió las alarmas del sector empresarial. El Consejo Gremial Nacional advirtió que la suspensión del servicio eléctrico podría generar graves afectaciones sociales y económicas para más de 958 mil usuarios en siete departamentos del país.La empresa, filial de Empresas Públicas de Medellín (EPM), presta un servicio considerado esencial, por lo que los gremios solicitaron la intervención inmediata del Ministerio de Minas y Energía, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la Procuraduría General de la Nación para evitar una eventual interrupción.El Consejo Gremial fue enfático en que la Constitución prohíbe huelgas en servicios públicos esenciales como la energía eléctrica, por lo que pidió acciones inmediatas de vigilancia y control por parte de las autoridades.También exhortó al sindicato a retomar el diálogo y evitar medidas que puedan generar, según advierten, “daños irreversibles para la sociedad”.
El servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Santander (HUS) enfrenta una crítica situación por la alta demanda de pacientes, lo que ha llevado a una ocupación que supera ampliamente su capacidad instalada, especialmente en las áreas de adultos y ginecoobstetricia.De acuerdo con el más reciente reporte institucional, la atención en urgencias de adultos alcanza el 140% de ocupación, mientras que ginecoobstetricia llega al 175%, cifras que reflejan una saturación que dificulta la operación normal del centro asistencial.El subgerente del hospital, Orlando Quintero, explicó que la infraestructura habilitada no está diseñada para soportar el volumen actual de pacientes.“Tenemos sobreocupación en los servicios de urgencias adultos y ginecoobstetricia. Nuestra capacidad es de 116 pacientes adultos, 12 obstétricos y 9 pediátricos, y efectivamente estamos muy por encima de esos límites. Esto rebosa nuestra capacidad para seguir recibiendo pacientes de otras instituciones”, señaló.El directivo indicó que, debido a la congestión, el hospital se ha visto obligado a priorizar estrictamente los casos críticos y de alta complejidad, lo que ha implicado restringir algunas remisiones provenientes de otros centros médicos del departamento, así como orientar a ciertos usuarios hacia la red básica de atención.Como hospital de referencia regional, el HUS atiende patologías complejas, cirugías especializadas, traumas graves y emergencias que requieren manejo avanzado. Por ello, las directivas hicieron un llamado a la comunidad para que acuda primero a los servicios de urgencias de las EPS o centros de atención primaria cuando se trate de casos no vitales.Según la institución, la llegada masiva de pacientes con afecciones leves o moderadas incrementa los tiempos de espera y limita la capacidad de respuesta para quienes realmente necesitan atención inmediata.“El hospital está diseñado para resolver situaciones críticas, hay urgencias que pueden ser atendidas en otros niveles de la red, si todos acudimos directamente aquí, el sistema se congestiona”, concluyó Quintero.
La Defensoría del Pueblo denunció la retención ilegal de una caravana del Pueblo Indígena Barí, resguardo Catalaura, ocurrida el pasado 16 de febrero cuando se desplazaban hacia Cúcuta.Según la entidad, el grupo fue detenido en un retén ilegal por hombres vestidos de civil que se identificaron como integrantes del ELN.La entidad señala que aunque la caravana logró llegar posteriormente a Cúcuta sin incidentes, el episodio dejó un ambiente de zozobra, “pues la estigmatización les genera temor de que puedan agravarse las agresiones”.“Este tipo de acciones vulneran la integridad de los líderes y sus derechos como pueblo indígena y constituyen una infracción al Derecho Internacional Humanitario. El principio de distinción obliga a todos los actores armados a no involucrar a la población civil en las hostilidades”, dice el comunicado.En ese contexto, hizo un llamado a las autoridades para activar las rutas de prevención y protección que garanticen la seguridad de los delegados, tanto durante su permanencia en Cúcuta como en su retorno al territorio.También “reitera su llamado a los grupos armados para que cesen cualquier acción que ponga en riesgo a las autoridades ancestrales y respeten los espacios de interlocución legítima de los pueblos indígenas con el Estado”.La entidad anunció que continuará acompañando al Pueblo Barí para que pueda ejercer su derecho a la participación sin miedo a represalias ni ataques contra su vida e integridad.
Desde las 7:00 de la mañana de este viernes 20 de febrero comenzó la huelga convocada por el sindicato Sintraelecol en la Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. (ESSA), filial del Grupo EPM, luego de no lograrse un acuerdo dentro del proceso de negociación colectiva.La decisión fue aprobada en Asamblea General el pasado 7 de febrero por las subdirectivas del sindicato en Bucaramanga, Barrancabermeja, Socorro, San Gil y Barbosa, tras agotarse 40 días de arreglo directo y dos jornadas de mediación realizadas el 11 y 16 de febrero en Bogotá con acompañamiento del Gobierno Nacional.El sindicato sostiene que la empresa rechazó todas las alternativas presentadas y que la organización buscaba introducir desmejoras laborales y afectar derechos adquiridos en la convención colectiva, por lo que califican la huelga como la “última alternativa” ante el cierre del diálogo.Carlos Roncancio, asesor legal de los Trabajadores de la Energía Eléctrica en Colombia, aseguró que, durante el cese, se respetarán los servicios mínimos esenciales.“El desarrollo de esta huelga garantiza los mínimos esenciales. La ciudadanía puede estar tranquila. Los trabajadores luchan por sus derechos y por un servicio de energía eficiente para los hogares”, afirmó.Además, hizo un llamado a las autoridades nacionales y regionales para que acompañen el proceso y actúen como garantes del derecho constitucional a la huelga.“Pedimos al Ministerio de Trabajo, Ministerio de Minas, Procuraduría, Defensoría, Superintendencia de Servicios Públicos, autoridades municipales y departamentales que sean garantes del desarrollo de la huelga y que vigilen que no haya conductas que intenten sabotear el movimiento obrero”, agregó Roncancio.Uno de los argumentos centrales de Sintraelecol es que ESSA cuenta con solidez financiera suficiente para atender el pliego de peticiones. Según el sindicato, la empresa registra márgenes operativos superiores al 28 %, rentabilidad del patrimonio cercana al 26 % y calificación crediticia AAA(col), lo que demostraría, afirman, que las solicitudes no comprometen su sostenibilidad.Entre sus peticiones también está la formalización de más de 3.000 trabajadores tercerizados que desarrollan actividades misionales permanentes. Asimismo, pidieron al Ministerio del Trabajo seguimiento para evitar represalias contra quienes participan en el cese.Tras el inicio de la huelga, Blu Radio conoció una carta enviada por el gerente general de EPM y líder del Grupo EPM, John Maya Salazar, a los trabajadores del grupo empresarial.En la comunicación, el directivo afirma que el Grupo EPM ofrece “una de las mejores condiciones laborales del país”, con salarios por encima del promedio del mercado y beneficios en vivienda, educación, salud y bienestar. Señala que en ESSA la compensación estaría por encima del 120 % del mercado laboral colombiano.Frente a la negociación, la empresa indicó que propuso mejoras en beneficios como auxilio sindical por alimentación, seguro de vida y fondos de vivienda y educación, además de un incremento salarial correspondiente al IPC a noviembre de 2025 más tres puntos adicionales, con el fin, según la compañía, de garantizar la sostenibilidad financiera.En la carta también se advierte que el pliego sindical tendría un costo cercano a los $243.000 millones, de los cuales $98.000 millones corresponderían a nuevos beneficios y $132.000 millones a salarios, incluyendo una solicitud de incremento del 23 %. La empresa enfatiza que ninguno de sus trabajadores devenga salario mínimo.El Grupo EPM alertó además que la huelga podría afectar a 445 profesionales del sindicato Siproessa, quienes se verán obligados a suspender actividades y salarios durante el cese.Asimismo, recordó que ESSA atiende 102 municipios en seis departamentos, con más de 958.000 clientes, entre ellos hospitales, acueductos, instituciones educativas, hogares geriátricos, centros penitenciarios, aeropuertos y usuarios con condiciones médicas especiales, por lo que subraya la importancia estratégica del servicio eléctrico.
A 18 años de prisión fue condenado Juan Diego Arias Padilla por su participación en el homicidio de una docente de 27 años, ocurrido el 30 de abril de 2025 en el barrio Chicó de Barrancabermeja, Santander.De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, el joven, quien tenía 19 años al momento de los hechos, admitió su responsabilidad en el crimen mediante la suscripción de un preacuerdo con el ente acusador. El acuerdo fue presentado ante un juez de la República, quien lo avaló y fijó la pena en 18 años de prisión.Las investigaciones establecieron que la víctima fue atacada por Arias Padilla, quien conducía una motocicleta desde la cual otro hombre disparó en repetidas ocasiones contra la educadora. Tras cometer el crimen, los responsables huyeron del lugar.La captura del hoy condenado se produjo el 3 de diciembre de 2025, luego de varios meses de labores investigativas. Durante el proceso judicial, la Fiscalía demostró su responsabilidad en los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego agravado.El caso generó conmoción en Barrancabermeja, especialmente en el sector educativo, donde la víctima era reconocida por su labor profesional.
La Secretaría de Salud de Santander encendió las alertas ante el alto número de quejas relacionadas con la no entrega o la demora en la dispensación de medicamentos en el departamento. Según el secretario de Salud departamental, Edwin Prada, el 70% de las reclamaciones actuales en el sector corresponden a esta problemática.De acuerdo con el funcionario, en lo corrido de 2026 se han registrado cerca de 1.800 quejas, en su mayoría por fallas en la entrega oportuna de tratamientos, situación que afecta especialmente a pacientes con enfermedades huérfanas, patologías de alto costo y cáncer.“Yo creo que el 70% de las quejas que hay en este momento del sector salud está por la no dispensación a tiempo de medicamentos. Preocupan obviamente los de enfermedades huérfanas, los medicamentos de pacientes con enfermedades de alto costo y de patologías de cáncer”, afirmó Prada.Ante la situación, la Superintendencia Nacional de Salud realizó recientemente una mesa de trabajo en Santander, con la participación de todas las EPS que operan en el departamento. El encuentro tuvo como objetivo principal abordar la problemática en la dispensación de medicamentos.El secretario recordó que el panorama es complejo, teniendo en cuenta que cerca del 80% de la población santandereana está afiliada a EPS que actualmente se encuentran intervenidas. De ese porcentaje, aproximadamente el 50% corresponde a usuarios de Nueva EPS, mientras que cerca de un 30% está afiliado a Sanitas y Coosalud, también bajo intervención. A esto se suma Famisanar, que igualmente atraviesa un proceso similar.“Aquí el llamado es a ponernos los guantes desde la Secretaría de Salud a luchar por los deberes y los derechos que tienen los pacientes en el suministro de medicamentos. No estamos para discutir ni para pelear, sino para garantizar ese derecho”, señaló.Prada destacó que, pese a la crisis en la dispensación de medicamentos, Santander cuenta con una red hospitalaria sólida. En la vigencia 2025, ninguno de los hospitales públicos del departamento cerró con riesgo financiero, y la infraestructura de salud no solo atiende a población local, sino también a pacientes de Norte de Santander, Arauca, sur de Bolívar, sur del Cesar y parte de Boyacá, además de población migrante.Sin embargo, insistió en que la principal dificultad actual es la falta de entrega de algunas moléculas y medicamentos específicos, lo que ha motivado la intervención de la Superintendencia y el acompañamiento de asociaciones de usuarios y veedores.
Un incendio, al parecer provocado de manera intencional, devastó más de 13 hectáreas del Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI) San Silvestre, una zona de especial importancia ecológica por ser corredor biológico del jaguar americano, el mico cariblanco y el mico aullador.En las imágenes del lugar se observa un panorama desolador: extensas áreas reducidas a cenizas, troncos calcinados, suelo completamente ennegrecido y la vegetación arrasada por las llamas. Lo que antes era cobertura boscosa hoy luce como un terreno árido, marcado por el fuego y la destrucción.Leonardo Granados, secretario de Ambiente y Transición Energética, confirmó que el incendio habría sido generado por personas que pretendían apropiarse ilegalmente de los terrenos.Desde la Secretaría de Ambiente y Transición Energética se activó un operativo conjunto con la Policía Ambiental para desalojar a los presuntos invasores e iniciar un proceso de restauración ecológica, con el fin de mitigar el impacto sobre la fauna y la flora de la zona.“Nos encontramos en el DRMI San Silvestre ante un incendio generado por personas inescrupulosas, un desastre ecológico de más de 13 hectáreas, un daño a los recursos naturales. Con la Policía Ambiental vinimos a imponer orden y autoridad para proteger esta área de especial importancia ecológica y preservar el corredor del jaguar americano, el mico cariblanco y el mico aullador. No vamos a permitir invasiones que generen daños ambientales ni contaminación con aguas residuales, porque el DRMI San Silvestre es la esencia de la diversidad. Haremos respetar la ley”, afirmó el funcionario.La Alcaldía Distrital hizo un llamado a la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) para que adelante los procesos sancionatorios correspondientes y los responsables de este delito ambiental enfrenten las consecuencias legales.El DRMI San Silvestre es considerado un ecosistema estratégico para la conectividad de especies y la conservación de la biodiversidad en el territorio, por lo que autoridades ambientales reiteraron que intensificarán los controles para evitar nuevas afectaciones.
Con el acto simbólico de la primera palada de arena, la Gobernación de Santander oficializó el inicio de las obras del Centro de Espectáculos del Oriente Colombiano Arena Bonita, proyecto que transformará la tradicional Plaza de Toros Señor de los Milagros en un escenario moderno y multipropósito.La iniciativa busca convertir el antiguo coso taurino en un espacio competitivo para conciertos, espectáculos culturales, eventos deportivos y encuentros empresariales, con el propósito de dinamizar la economía regional y fortalecer el turismo de eventos en el departamento.Durante la presentación del proyecto, se señaló que la obra tendrá un impacto directo en sectores como el comercio, el transporte, la hotelería y la gastronomía, además de generar oportunidades para la economía rural.Según explicó la Gobernación de Santander, la llegada masiva de asistentes a espectáculos y actividades de gran formato impulsará el movimiento económico en distintas cadenas productivas del departamento.El proyecto contempla una adecuación integral del escenario, que tendrá una capacidad real para 18.000 personas.Las intervenciones incluyen el reforzamiento estructural bajo la norma sismo resistente NSR-10, instalación de cubierta y fachada en panel metálico de alta resistencia, renovación completa de redes hidráulicas, sanitarias y contra incendios, así como mejoras en la acústica y la tarima. También se instalarán nuevas sillas y se adecuarán espacios internos que permitirán diferentes configuraciones según el tipo de evento.El nuevo complejo contará con diseño bioclimático y un sistema central de aire acondicionado tipo agua fría, iluminación de emergencia, rutas de evacuación y un plan integral de seguridad humana para garantizar condiciones óptimas en eventos masivos.“Arena Bonita fue concebida como una arena verde. De acuerdo con la Gobernación, permitirá ahorrar entre 70 y 100 metros cúbicos de agua diarios mediante la reutilización total de aguas lluvias para sanitarios.Además, tendrá una planta solar en cubierta de 1.160 kilovatios pico, con capacidad de generar cerca de 2 gigavatios hora al año, lo que equivale al consumo de entre 300 y 400 hogares y a una reducción significativa de emisiones de carbono.El escenario incorporará una tarima modular 360 grados, sistemas de sonido de alto nivel técnico, pantallas integrables e iluminación artística, lo que permitirá albergar conciertos internacionales, convenciones, actividades culturales y religiosas, así como competencias deportivas.La adecuación del nuevo centro de espectáculos demandará una inversión total de 118.965 millones de pesos, financiados en parte con recursos propios de la Gobernación de Santander.
El sepelio del subintendente Luis Sarmiento, asesinado en un atentado atribuido al ELN en Cúcuta, se realizará en el municipio de Lebrija, de donde era oriundo el uniformado.El ataque ocurrió en la noche del miércoles en el anillo vial oriental de Cúcuta, cerca del centro comercial Jardín Plaza Cúcuta, cuando una patrulla de la Policía fue interceptada y atacada a disparos por hombres armados, al parecer con armas de largo alcance.El subintendente Sarmiento conducía el vehículo oficial junto al mayor Álvaro Salcedo, comandante de la estación del barrio Ospina Pérez. Tras el atentado, ambos fueron trasladados de urgencia a la Clínica Medical Duarte, donde recibieron atención especializada. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, Sarmiento falleció debido a la gravedad de las heridas. El mayor Salcedo permanece bajo observación médica.Luego del ataque, la Policía activó un plan candado en distintos puntos de la ciudad y su área metropolitana, desplegando unidades adicionales e intensificando los controles en vías estratégicas para dar con los responsables.Las autoridades anunciaron una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los autores materiales e intelectuales del crimen. Asimismo, avanzan en la recolección de pruebas y en la revisión de cámaras de seguridad del sector para esclarecer lo ocurrido.El atentado se produjo horas después de una reunión de seguridad encabezada por el Ministerio del Interior y otras autoridades, en el marco de las medidas preventivas para las elecciones legislativas y consultas programadas para el 8 de marzo.