El candidato a la Cámara por Santander, Mauricio Martínez Triana, comenzó a cumplir una sanción de tres días de arresto luego de que un juez lo declarara en desacato por incumplir un fallo de tutela que le ordenaba eliminar publicaciones en redes sociales contra el también aspirante al Congreso, Luis Ferley Sierra, y abstenerse de repetirlas.La decisión fue emitida por el Juzgado 26 Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bucaramanga, que además impuso una multa equivalente a tres salarios mínimos mensuales legales vigentes. El despacho judicial determinó que Martínez no acató la orden previa del juez, por lo que procedía la sanción correctiva.A través de un video difundido en sus redes sociales, Martínez confirmó que ya se encuentra cumpliendo la medida. Señaló que respeta la decisión judicial, aunque aseguró que continuará defendiendo sus posiciones políticas. “Estoy dando la cara y cumpliendo lo ordenado por el juez”, manifestó.Por su parte, Luis Ferley Sierra indicó que acudió a la tutela para proteger sus derechos fundamentales al buen nombre y a la honra, argumentando que las publicaciones del hoy sancionado contenían señalamientos que, según él, afectaban su imagen pública. “Estas estrategias tratan de destruirnos mediáticamente y cómo en los puentes peatonales nos difaman me vi en la obligación de interponer la acción de tutela, en primera instancia nos negaron el derecho y en segunda instancia sí se nos protegió el derecho, y ante el incumplimiento de este personaje se da el arresto y vamos a interponer la denuncia penal”, expresó.El abogado Carlos Alfaro, quien ha estado al tanto del proceso, explicó que la sanción no constituye una condena penal ni genera antecedentes judiciales. “Es un desacato por incumplir una orden judicial y debe cumplir tres días en una inspección de Policía y luego queda en libertad”, precisó.Las autoridades señalaron que la medida se ejecuta en instalaciones administrativas y no en un centro carcelario.
El Ministerio del Trabajo realizó el sellamiento de varias oficinas administrativas de la Electrificadora de Santander en medio del paro laboral que completa 24 horas en el departamento, promovido por el sindicato Sintraelecol.La intervención se llevó a cabo durante la madrugada y, de acuerdo con los trabajadores, cobija únicamente dependencias de carácter administrativo que no tienen relación directa con la operación técnica ni con la distribución del fluido eléctrico.Desde el sindicato explicaron que el servicio para los usuarios se mantiene con normalidad y que no se han presentado interrupciones en la generación ni en el suministro de energía.Carlos Roncancio, asesor legal de los trabajadores, aseguró que la medida fue solicitada por la organización sindical como parte del proceso de huelga y recalcó que las áreas esenciales continúan funcionando.“Se han sellado áreas eminentemente administrativas que no tienen impacto en el fluido eléctrico. Además, se ha garantizado la prestación del servicio sin ninguna interrupción, porque las áreas operativas están cubiertas al 100% por los trabajadores. Incluso hay dependencias cuyos funcionarios están laborando desde casa con todos los implementos”, explicó.El paro hace parte de las reclamaciones laborales del sindicato, que busca avanzar en negociaciones con la empresa frente a condiciones contractuales y garantías para los empleados. Mientras tanto, el Ministerio del Trabajo actúa como autoridad competente para vigilar el cumplimiento de las normas durante la huelga.Por ahora, los usuarios del servicio de energía en Santander no registran afectaciones, aunque las partes continúan en diálogo para destrabar el conflicto.
Un procedimiento policial generó rechazo entre la comunidad del barrio El Progreso, en Barbosa, Santander, luego de que, en medio de una persecución, un uniformado presuntamente disparara contra un perro que acompañaba a un joven.El hecho se registró hacia las 6:37 de la tarde, cuando varios habitantes que se encontraban en la calle aseguraron haber escuchado múltiples detonaciones, lo que los obligó a correr para resguardarse ante el temor generado por los disparos.Según denuncias ciudadanas y videos difundidos en redes sociales, los hechos ocurrieron mientras la Policía perseguía a un hombre que corría junto a su mascota. En las grabaciones se escuchan advertencias y posteriormente los disparos; uno de los uniformados le dice “quieto o le mato el perro”. El animal habría resultado herido, al parecer con un impacto de bala en el cuello.Vecinos del sector increparon a los agentes, y la situación generó más tensión en el barrio, puesto que exigían que el perro lo llevaran a un centro veterinario, al punto que fueron necesarias más unidades de la Policía; sin embargo, al no encontrar respuesta y generarse más altercados, los mismos residentes fueron quienes auxiliaron al animal.Frente a la situación, el coronel Jhon Alexander Socha Ayala, comandante del Distrito de Policía Barbosa, explicó que el procedimiento se dio porque el hombre presuntamente intimidó a los uniformados para evitar su captura, "en actividades de registro y control el ciudadano reacciona evitando el procedimiento e intimido a los uniformados con un canino que se encontraba sin bozal, y en medio del forcejeo ingresa a su residencia, donde el canino se abalanza y le ocasiona una morderura al funcionario en su mano, es de resaltar que el policía al ver que el perro nuevamente lo ataca agoto todos medios para separarlo y como último recurso desenfundó su arma de fuego y le ´propino un disparo al canino".Confirmó que el ciudadano fue detenido por el delito de violencia contra servidor público, y además que la Policía inició una investigación preliminar para esclarecer cómo ocurrieron los hechos y determinar si hubo uso desproporcionado de la fuerza.
Ante el incremento de hechos de sicariato en San Gil, las autoridades departamentales y locales realizaron un consejo extraordinario de seguridad para analizar la situación y coordinar acciones urgentes que permitan frenar la llegada de estructuras criminales provenientes de otras regiones del país.De acuerdo con la Gobernación de Santander, los recientes homicidios estarían relacionados con bandas delincuenciales que buscan establecerse en el municipio, considerado uno de los principales destinos turísticos del departamento.El secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, aseguró que no se permitirá el deterioro de la seguridad.“No vamos a permitir que se incremente la inseguridad. Estamos trabajando de manera articulada con Policía y Ejército para restablecer el orden en nuestros municipios”, afirmó.Las autoridades advirtieron sobre la posible incursión de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada, conocidas como 'Los Pachenca', que intentarían ingresar al departamento por corredores del Magdalena Medio y el norte de Santander.También se han registrado capturas de integrantes de bandas provenientes de Cúcuta y del Valle del Cauca, cuyas acciones criminales, al parecer, eran coordinadas desde centros penitenciarios.El comandante de la Policía de Santander, coronel Néstor Arévalo, explicó que existe una intención criminal dinamizada por un cabecilla capturado en 2024, oriundo de San Gil, quien desde prisión habría establecido alianzas con delincuentes de Cúcuta, entre ciudadanos venezolanos y colombianos.Según el oficial, estos grupos estarían detrás de hechos violentos registrados en los últimos meses y de intentos por consolidar presencia en el municipio.Como parte de las medidas, se acordó acompañamiento permanente de la Fuerza Pública, refuerzo operativo con el grupo élite GOES, trabajo articulado con la Fiscalía, apoyo de Migración Colombia, coordinación con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y despliegues conjuntos entre Ejército y Policía.Las autoridades también alertaron sobre la presencia de grupos armados ilegales en sectores como el Magdalena Medio y la provincia de Vélez, donde se han reportado intimidaciones y extorsiones. Incluso, recientemente un ganadero fue asesinado por negarse a pagar exigencias económicas en el municipio de Coromoro.
El Ministerio de Educación Nacional aseguró que acatará el fallo que ordena el restablecimiento de José Ismael Peña, como rector de la Universidad Nacional de Colombia, sin embargo, señaló que no está de acuerdo con esta decisión y que desde la entidad defienden la autonomía universitaria.El pronunciamiento se da en medio de la controversia jurídica e institucional que rodea la elección del rector de la principal universidad pública del país, una disputa que ha generado interpretaciones encontradas entre el Gobierno, la comunidad académica y los organismos judiciales.El Ministerio anunció que, aunque esté acatando el fallo, le solicitó a la Corte Constitucional que revise el caso y brinde claridad jurídica sobre el alcance de la decisión, con el fin de garantizar seguridad institucional y evitar interpretaciones contradictorias frente a la autonomía universitaria.Estos hechos se presentan luego de la determinación por parte de la sala tercera de decisión laboral del Tribunal Superior de Bogotá que ordenaba al Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional de Colombia que antes de las 4 de la tarde del jueves, 19 de febrero, fuera reintegrado José Ismael Peña como rector de la institución.Desde la entidad reiteraron que el Gobierno continuará actuando conforme a la Constitución y a la autonomía universitaria, al tiempo que insistieron en que el debate sobre la rectoría debe resolverse respetando los principios democráticos y la participación de la comunidad académica.
El precandidato presidencial Aníbal Gaviria afirmó que quienes promueven la abstención “le tienen miedo a la democracia”, durante una entrevista en Recap de Blu Radio. El aspirante sostuvo que invitar a no participar en mecanismos ciudadanos es deslegitimar el voto. Gaviria cuestionó además el rumbo del Gobierno del presidente Gustavo Petro, al señalar que “está dedicado a la campaña política” y que gobernar sería su “tercer objetivo”. También criticó lo que calificó como falta de autocrítica del mandatario. “Un gobernante tiene que aceptar la crítica”, expresó.Sobre la posibilidad de una Asamblea Constituyente, el candidato la consideró innecesaria y contradictoria. “(El presidente Petro) Le prometió al país que no haría eso”, afirmó, y aseguró que se trataría de una estrategia electoral. En su concepto, Colombia necesita estabilidad institucional y acuerdos amplios.En materia de seguridad, calificó la política de “paz total” como un “fracaso absoluto”. Anunció que priorizará el fortalecimiento presupuestal de la fuerza pública. “Si no hay seguridad, los demás derechos se alejan”, advirtió.Frente a la reforma a la salud, defendió cambios estructurales, pero con diálogo y equilibrio. “Una reforma sí había que hacerla, pero no a las patadas”, dijo, al proponer un sistema mixto que construya sobre lo ya existente. Insistió en evitar la politización del debate.También planteó que las EPS deben ser financieramente sólidas y mejorar la atención al usuario. “Se acaban las filas de seis horas… tendrán máximo una hora para atender”, prometió. Señaló que la eficiencia en el servicio será un eje central de su propuesta.En el plano económico, sostuvo que el país debe replantear su mirada sobre la informalidad. “El informal es un héroe”, afirmó, al indicar que el Estado debe adaptarse para facilitar crecimiento y emprendimiento. Prometió aumentar el salario mínimo sin generar efectos negativos en el empleo.Finalmente, Gaviria resaltó el papel del deporte como herramienta social y recordó su cercanía con figuras como Mariana Pajón, Egan Bernal, Rigoberto Urán y Nairo Quintana. “En nuestro Gobierno va a haber un tremendo apoyo al deporte”, aseguró. Destacó que esta política serviría como antídoto frente a la violencia y las drogas.
El nuevo Gobierno de transición de Perú, que debe presidir el legislador izquierdista José Balcázar hasta el próximo 28 de julio, anunció este viernes que no tiene programado otorgar gracias presidenciales, ni indultos, un día después que el exgobernante encarcelado Pedro Castillo (2021-2022) presentara una solicitud en ese sentido."Se informa al país que en la agenda de la Presidencia de la República de Perú no se encuentra pendiente ni programado el otorgamiento de gracia alguna, como indultos, a favor de persona procesada o condenada", señaló un comunicado oficial.La Presidencia agregó que hace esa aclaración "con el fin de evitar interpretaciones tergiversadas respecto del mandato constitucional asumido" por Balcázar cuando juró como nuevo presidente de transición, el pasado miércoles, en reemplazo del también legislador derechista José Jerí, quien fue destituido por el Congreso."Nuestra gestión estará exclusivamente orientada a garantizar la seguridad nacional, la realización de elecciones libres, limpias y transparentes, así como la estabilidad económica del país. ¡Nada más!", enfatizó la comunicación difundida por las redes sociales oficiales del Ejecutivo.El expresidente Castillo solicitó este jueves el indulto a Balcázar, quien también es congresista del partido marxista Perú Libre, con el que Castillo ganó las elecciones presidenciales de 2021.La solicitud de indulto fue remitida a la oficina presidencial con la firma de Castillo y tramitada por su exministro de Defensa y abogado, Walter Ayala, "bajo el principio de humanidad" y para honrar "la palabra empeñada" por Balcázar, que antes de ser escogido como gobernante por el Congreso había deslizado la posibilidad de conceder el indulto al exmandatario.En diciembre pasado, Castillo fue condenado a 11 años y 5 meses de cárcel por el delito de rebelión al haber protagonizado un fallido golpe de Estado el 7 de diciembre de 2022, en el que dio un mensaje a la nación ordenando la disolución del Parlamento, la intervención de la Judicatura y un gobierno por decretos.Lo hizo para evitar una eventual destitución por parte del Congreso, tras salir a la luz indicios de presunta corrupción en su Administración que lo involucraban directamente a él.Durante el juicio en su contra, Castillo ha rechazado las acusaciones y se ha declarado víctima de una persecución política, al incidir en que fue detenido cuando todavía ejercía la jefatura del Estado y contaba con la inmunidad del cargo.
La Corte Suprema de Justicia decidió no abrir un proceso penal contra las congresistas Catherine Juvinao, Julia Miranda, Lina Garrido, Marelen Castillo, Carolina Giraldo y Katherine Miranda, como lo había pedido el ministro del Interior, Armando Benedetti, a través de una querella o queja.El alto funcionario las acusaba de injuria y calumnia por una carta pública en la que los parlamentarios cuestionaron su eventual nombramiento como ministro del Interior, nombramiento que se terminó concretando.Fue el 24 de febrero de 2025, cuando las congresistas enviaron una carta al presidente Gustavo Petro rechazando la posible designación de Benedetti, decisión que calificaron como “inaceptable” y “deplorable”, al considerar que una persona señalada por presuntas violencias de género no debía ocupar ese cargo pues, entre muchas labores, iba a tener comunicación directa con las mujeres en el Legislativo.En esa carta, recordaron además las investigaciones por presuntos hechos de corrupción y enriquecimiento ilícito vigentes contra Benedetti y por eso pedían no continuar con el nombramiento.Ante esto, Armando Benedetti sostuvo que esas afirmaciones eran infundadas y lesionaban su honra y buen nombre, pues no no existían condenas judiciales en su contra y debía prevalecer su presunción de inocencia. Y para defenderse, acudió a la Corte Suprema.Sin embargo, tras estudiar el caso, el alto tribunal concluyó que no se configuraba un delito teniendo en cuenta que las representantes cumplieron con una de sus funciones esenciales, que es la del control político y eso incluye cuestionar decisiones y nombramientos del Ejecutivo.En esa línea, la Corte recordó que los congresistas no pueden ser investigados por las opiniones emitidas en el ejercicio de su cargo ya que cuentan con la garantía de inviolabilidad parlamentaria y esto ampara el oponerse a un nombramiento ministerial.La Corte también determinó que no se acreditó una intención deliberada de ofender o deshonrar y que el propósito de las representantes fue participar en un debate de interés público y no realizar un ataque personal, todo con denuncias que habían sido objeto de amplia difusión y en investigaciones existentes.“....que los episodios de violencia de género que se alegan versan sobre dos eventos, principalmente. El primero, ocurrido en la ciudad de Madrid, cuando se desempeñaba como embajador de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, en donde presuntamente agredió a su esposa, Adelina Guerrero. Ello, como se encuentra probado en estas diligencias, fue ampliamente noticiado por los medios de comunicación, según consta en el informe de policía judicial”, dice la Corte en su decisión.Finalmente, en el documento le recuerdan a Benedetti y a otros funcionarios que quienes ejercen o aspiran a cargos de alta relevancia están sometidos a un mayor nivel de escrutinio público.
Hablar de música colombiana y no mencionar a Juan Esteban Aristizábal Vásquez, conocido como Juanes, sería casi algo irrespetuoso. A inicios de los 2000s, la industria comenzó a vivir una transformación y, allí, desde las calles de Medellín la 'Camisa Negra' puso a cantar con una guitarra a todo el planeta.A sus 53 años, el paisa ha construido una carrera admirable con grandes momentos para convertirse en un referente global para la música colombiana y, este 2026, volverá de gira por el mundo en donde, por supuesto, tendrá una parada obligatoria en Bogotá en el Movistar Arena el 20 de noviembre con una única fecha disponible."Cuando no conocía al mundo llegué a Bogotá, alucinado porque estaba en la capital. Caminaba por estas calles y decía: 'Wow, he triunfado'. Soñé y soñé muchísimo, yo vivo enamorado y para mí siempre será un honor inmenso regresar, vernos y celebrar. Así que aquí estamos Bogotá, los amo", fueron las palabras del paisa tras anunciar esta nueva fecha en la capital colombiana. En el 'Corazón de Bogotá', Juanes dará un show histórico en un recorrido entre todas sus canciones, desde las más antiguas cuando estaba como vocalista de Ekhymosis hasta su éxito como solista que lo llevó a recorrer todo el planeta con sus propias creaciones.Estos son los precios de su concierto en BogotáTribuna Fan SurPrecio + servicio: $449.000 + $80.200Aforo: 155Platea (102)Precio + servicio: $399.000 + $71.300Aforo: 440Platea (101 & 103)Precio + servicio: $359.000 + $64.100Aforo: 1.092Piso 2 (202 - 205 & 215 - 218)Precio + servicio: $299.000 + $53.400Aforo: 2.008Piso 2 (206 - 207 & 213 - 214)Precio + servicio: $279.000 + $49.900Aforo: 948Platea (104 - 106)Precio + servicio: $249.000 + $44.500Aforo: 748Piso 2 (208 - 212)Precio + servicio: $229.000 + $40.900Aforo: 691Piso 3 (307 - 313)Precio + servicio: $209.000 + $37.400Aforo: 1.230Piso 3 (305 - 306 & 314 - 315)Precio + servicio: $189.000 + $33.800Aforo: 1.234Piso 3 (302 - 304 & 316 - 318)Precio + servicio: $155.000 + $27.700Aforo: 1.99
El puente festivo dejó un preocupante balance de accidentes y emergencias en las vías de Santander. Las fuertes lluvias, la imprudencia de algunos conductores y el deterioro en corredores clave generaron siniestros fatales, cierres parciales y múltiples afectaciones a la movilidad en el departamento.Según el mayor Carlos Vergara, comandante de la Policía de Tránsito y Transporte de Santander, durante el fin de semana se impusieron 20 comparendos y fueron sensibilizadas 907 personas en prevención vial. Sin embargo, las cifras no lograron contener la accidentalidad.“En la vía Bucaramanga–Cúcuta, en el sector de Berlín (Tona), un vehículo perdió el control debido a la densa neblina y a las difíciles condiciones de la carretera. El siniestro dejó varios heridos y obligó al cierre temporal del corredor; posteriormente, uno de los heridos falleció”, señaló Vergara.Otro de los hechos más graves ocurrió en el km 26+600 de la Transversal del Carare, donde Tito Julio Olarte Contreras, de 67 años, perdió la vida luego de chocar con un tractocamión. El adulto mayor conducía un triciclo eléctrico. Al parecer, el conductor del tractocamión no vio al ciudadano, quien terminó siendo arrastrado por una de las llantas.El hombre alcanzó a ser auxiliado en el Hospital San Juan de Cimitarra, pero falleció debido a la complejidad de las heridas sufridas en el accidente.En la autopista nacional hacia Piedecuesta se registró otro siniestro, cuando un hombre que intentaba atravesar la vía fue atropellado por el conductor de una motocicleta.En varios municipios del departamento se registraron fuertes lluvias que generaron afectaciones a la movilidad, como en el corredor San Joaquín–Onzaga, donde se presentó el desbordamiento de la quebrada La Leona, un punto históricamente crítico. La comunidad, de manera imprudente, intentó atravesar el afluente; un vehículo del PAE se salvó de ser arrastrado por la corriente.La comunidad insistió en que se trata de un problema repetido desde hace años: no existe infraestructura adecuada, los vehículos, incluso los contratados por la Gobernación, quedan expuestos y las veredas de la región de Onsamo siguen aisladas cada temporada de lluvias.Las precipitaciones también provocaron la caída de rocas de gran tamaño en varios tramos, especialmente en los sectores de Peña Colorada y Pedradera, en Enciso, así como en la ruta 45 hacia Bogotá, donde el paso continúa habilitado a un solo carril.
La noche del sábado terminó en tragedia en Piedecuesta. Un joven de 25 años, identificado como Alexis Exneyder Céspedes Niño, fue asesinado cuando intentó recuperar el bolso que dos hombres le habían robado a su hermana en el barrio San Silvestre.El hecho ocurrió hacia las 11:15 p. m., en inmediaciones del establecimiento La Bebeta. Según testigos, Alexis compartía con su hermana y varios amigos cuando la joven se dio cuenta del hurto. Al salir a verificar, vieron a dos hombres caminando con el bolso y decidieron seguirlos para exigir su devolución.Al alcanzarlos, la confrontación escaló rápidamente. De acuerdo con la Policía, los presuntos ladrones sacaron armas blancas para intimidar al grupo. Uno de ellos atacó directamente a Alexis, quien recibió al menos cinco heridas con arma cortopunzante, incluida una lesión profunda en el cuello. El segundo agresor amenazó a los acompañantes para evitar que intervinieran.La víctima fue trasladada al Hospital Local de Piedecuesta, pero llegó sin signos vitales debido a la gravedad de las heridas.Tras el homicidio, unidades de Policía realizaron un operativo en la zona y, con apoyo de la comunidad, lograron capturar a los dos presuntos responsables, conocidos como ‘Raúl’ y ‘Estibenson’, de 30 y 33 años. Ambos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación.El CTI efectuó la inspección técnica, recopiló evidencias y revisó cámaras de seguridad del sector para fortalecer la investigación. Por ahora, las autoridades manejan como primera hipótesis una riña derivada de un acto de intolerancia.El cuerpo de Alexis fue trasladado a Medicina Legal en Bucaramanga. Su familia exige justicia y mayor presencia de la fuerza pública en esta zona afectada por hurtos y hechos de violencia.Con él ya son tres los jóvenes asesinados en este barrio en medio de fronteras invisibles por bandas delincuenciales en el sector en menos de 72 horas.
Un nuevo caso de acoso escolar en Bucaramanga genera indignación. La familia de un niño de 12 años denunció que su hijo lleva todo el año siendo víctima de agresiones físicas y psicológicas dentro de un colegio oficial, situación que habría sido ignorada por directivos y que terminó con el menor hospitalizado por un trauma cerebral.La madre del estudiante, Dora Liliana García Echeverry, relató que las agresiones empezaron desde comienzos del 2025, pero que las directivas del colegio minimizaron los hechos.“Desde principio de año empezó a ser objeto de agresiones. Yo puse la queja correspondiente al coordinador y me dijeron que eso no era agresión ni violencia, que solo era un juego”, explicó la madre.Según el testimonio, el pasado 7 de noviembre el niño tuvo que ser trasladado de urgencia a un centro médico tras presentar visión borrosa, mareo y vómito, luego de que un compañero le diera una patada en la espalda mientras otro menor le golpeaba la cabeza contra el piso, supuestamente en medio de “un juego”.El diagnóstico médico señaló una afectación en la zona cerebral, lo que obligó a hospitalizarlo durante la semana de recuperación académica. Debido a los episodios de violencia y a su estado de salud, el menor perdió el año escolar por el descenso en su rendimiento.Dora Liliana afirmó que el colegio solo convocó una mesa de trabajo en todo el año, en la que se comprometieron a evitar nuevas agresiones, pero nada cambió.“Fue mentira. Las agresiones se volvieron más frecuentes. No veo una respuesta que busque preservar la vida de mi hijo. La psicóloga del colegio me dijo que, según entendí, el culpable era él por no defenderse. Siento que son responsables de lo que le ha pasado”, añadió.La madre ya interpuso denuncias ante la Secretaría de Educación, la Personería, el Bienestar Familiar y la Fiscalía, buscando una respuesta efectiva.Ante la denuncia, la Secretaría de Educación de Bucaramanga confirmó que se conformó una mesa institucional para evaluar las acciones de prevención y verificar el cumplimiento de la ruta de convivencia escolar.La secretaria de Educación, Elsa Jeannethe Encinales Mora, aseguró que el caso está siendo atendido “estamos tomando acciones frente al caso de bullying. Hemos activado los protocolos de atención, reafirmando nuestro compromiso con promover entornos seguros para nuestros estudiantes”, afirmó.Según la madre, la única solución que el colegio le ofreció fue trasladar al estudiante a otra institución, pese a que la familia insiste en que el problema es la falta de control, prevención y sanción frente a las agresiones reiteradas.El caso genera preocupación entre los organismos de control y revive el debate sobre la eficacia de los protocolos de convivencia escolar en Bucaramanga.
En una operación conjunta entre el GAULA Élite de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, las autoridades capturaron en Cúcuta a Kenffersso Jhosue Sevilla Arteaga, conocido como alias 'Flypper', señalado como el segundo cabecilla del Tren de Aragua y mano derecha de alias 'Niño Guerrero'.El detenido fue notificado de una Circular Roja de INTERPOL por solicitud de Venezuela, país que lo requiere por delitos como terrorismo, financiamiento al terrorismo, tráfico de armas, extorsión, legitimación de capitales y asociación para delinquir.Las investigaciones establecen que 'Flypper' acompañó la fuga de 'Niño Guerrero' en 2023 y recorrió varios países de Sudamérica antes de ingresar a Colombia a inicios de 2024.Desde entonces operaba en Norte de Santander bajo la fachada de comerciante, mientras continuaba coordinando actividades criminales en Venezuela, incluyendo secuestros, extorsiones y homicidios.Las autoridades también determinaron que, en Colombia, el cabecilla articulaba extorsiones, homicidios y secuestros mediante alianzas bajo la modalidad de outsourcing criminal, fortaleciendo las finanzas del Tren de Aragua. Su actividad delictiva contaba con presencia en Venezuela, Perú, Ecuador, Chile, México, Estados Unidos y Colombia.De manera simultánea, en Medellín se ejecutó un allanamiento en el inmueble de su pareja sentimental, donde fueron incautados 10 celulares, un computador portátil y 50 documentos de escrituras a título valor, materiales que serán clave para el avance de la investigación.El GAULA reiteró su compromiso en la lucha contra el secuestro, la extorsión y el crimen transnacional y recordó a la ciudadanía la línea 165 bajo el lema: “Yo no pago, yo denuncio”.
La ESE Hospital Universitario de Santander (HUS) rechazó de manera categórica un grave episodio de violencia ocurrido en la mañana de este 16 de noviembre de 2025, cuando un paciente armado atacó a cuatro integrantes del equipo de seguridad, uno de ellos de gravedad.Según el reporte oficial, Juan Carlos Blanco Salazar, de 34 años, ingresó por sus propios medios al servicio de Urgencias, acompañado de su esposa, con múltiples heridas por arma cortopunzante y presuntamente en estado de embriaguez.El subgerente médico del HUS, José Orlando Quintero Correa, explicó la situación que puso en riesgo al pérsonal “alrededor de las 5:00 a.m. la persona ingresó solicitando los servicios de Urgencias porque presentaba heridas múltiples. Debía pasar a estudios clínicos y ser valorado por cirugía plástica, pero al ver que esto no sería atendido de inmediato se molestó y decidió retirarse. Al intentar razonar con él y explicarle la situación, en la salida tomó un cuchillo y agredió a los vigilantes”, indicó el directivo.En medio del intento del usuario por abandonar el hospital sin autorización médica, el hombre asumió una conducta violenta y atacó al personal de seguridad. Al llegar a la entrada de Consulta Externa, hirió con un arma cortopunzante al coordinador de seguridad, ocasionándole una lesión de gravedad.Otros tres guardias resultaron lesionados al intentar auxiliar a su compañero.Las autoridades del hospital informaron que todos los vigilantes se encuentran estables; sin embargo, uno permanece en cirugía recibiendo manejo especializado debido a la profundidad de la herida.El paciente agresor permanece bajo custodia de la Policía Nacional dentro del área de Urgencias, donde continúa recibiendo atención médica por las lesiones con las que llegó al centro asistencial.La ESE HUS reiteró su compromiso con la protección de la vida, la seguridad institucional y la atención humanizada, al tiempo que rechazó “de manera firme y contundente todo acto de violencia contra nuestros colaboradores”.
La Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco) manifestó su preocupación por el anuncio de huelga realizado por el sindicato Sintraelecol, que agrupa a trabajadores de la Electrificadora de Santander, al advertir que una eventual suspensión del servicio de energía tendría graves consecuencias sociales, económicas y de salud pública.Desde Bogotá, el gremio aseguró que la medida podría impactar a más de 958.000 usuarios en 102 municipios de seis departamentos donde opera la Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. (ESSA).Según Andesco, el servicio eléctrico es considerado esencial y, de acuerdo con la Constitución y la Ley 142 de 1994, no sería susceptible de interrupciones que pongan en riesgo derechos fundamentales de la población.La asociación detalló que, además de los usuarios residenciales, existen 4.921 cuentas de manejo especial que dependen directamente del suministro continuo de energía, entre ellas 260 acueductos, 3.492 instituciones educativas, 21 sistemas de seguridad ciudadana, 288 cuentas asociadas a la Policía, 28 centros penitenciarios, 9 sistemas de semaforización, 78 sistemas de alumbrado público, 10 cuerpos de bomberos, 6 aeropuertos y 40 nodos de telecomunicaciones.También se verían comprometidos 517 establecimientos de salud, 71 usuarios electrodependientes, 47 hogares geriátricos y 54 centros del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).Frente al pliego sindical, Andesco indicó que la empresa ha propuesto mejoras en beneficios como auxilios de alimentación, seguros, educación, salud y vivienda, además de un aumento salarial por encima del IPC.Sin embargo, señaló que las peticiones de Sintraelecol tendrían un costo cercano a 243 mil millones de pesos, de los cuales más de 132 mil millones corresponderían a incrementos salariales equivalentes a un alza del 23 %.El gremio reiteró su respeto por el derecho a la asociación sindical y la negociación colectiva, pero insistió en que estos procesos deben garantizar la continuidad del servicio público.Andesco hizo un llamado al Ministerio de Minas y Energía, al Ministerio de Trabajo y al Ministerio de Salud para que intervengan y faciliten acuerdos que eviten una interrupción que afecte a miles de familias y sectores estratégicos.“La energía eléctrica soporta la operación hospitalaria, el abastecimiento de agua potable, la seguridad ciudadana y las telecomunicaciones. Los derechos de los usuarios deben prevalecer sobre cualquier desacuerdo laboral”, concluyó la asociación.
El anuncio de una huelga por parte del sindicato de trabajadores de la Electrificadora de Santander (ESSA) encendió las alarmas del sector empresarial. El Consejo Gremial Nacional advirtió que la suspensión del servicio eléctrico podría generar graves afectaciones sociales y económicas para más de 958 mil usuarios en siete departamentos del país.La empresa, filial de Empresas Públicas de Medellín (EPM), presta un servicio considerado esencial, por lo que los gremios solicitaron la intervención inmediata del Ministerio de Minas y Energía, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la Procuraduría General de la Nación para evitar una eventual interrupción.El Consejo Gremial fue enfático en que la Constitución prohíbe huelgas en servicios públicos esenciales como la energía eléctrica, por lo que pidió acciones inmediatas de vigilancia y control por parte de las autoridades.También exhortó al sindicato a retomar el diálogo y evitar medidas que puedan generar, según advierten, “daños irreversibles para la sociedad”.
El servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Santander (HUS) enfrenta una crítica situación por la alta demanda de pacientes, lo que ha llevado a una ocupación que supera ampliamente su capacidad instalada, especialmente en las áreas de adultos y ginecoobstetricia.De acuerdo con el más reciente reporte institucional, la atención en urgencias de adultos alcanza el 140% de ocupación, mientras que ginecoobstetricia llega al 175%, cifras que reflejan una saturación que dificulta la operación normal del centro asistencial.El subgerente del hospital, Orlando Quintero, explicó que la infraestructura habilitada no está diseñada para soportar el volumen actual de pacientes.“Tenemos sobreocupación en los servicios de urgencias adultos y ginecoobstetricia. Nuestra capacidad es de 116 pacientes adultos, 12 obstétricos y 9 pediátricos, y efectivamente estamos muy por encima de esos límites. Esto rebosa nuestra capacidad para seguir recibiendo pacientes de otras instituciones”, señaló.El directivo indicó que, debido a la congestión, el hospital se ha visto obligado a priorizar estrictamente los casos críticos y de alta complejidad, lo que ha implicado restringir algunas remisiones provenientes de otros centros médicos del departamento, así como orientar a ciertos usuarios hacia la red básica de atención.Como hospital de referencia regional, el HUS atiende patologías complejas, cirugías especializadas, traumas graves y emergencias que requieren manejo avanzado. Por ello, las directivas hicieron un llamado a la comunidad para que acuda primero a los servicios de urgencias de las EPS o centros de atención primaria cuando se trate de casos no vitales.Según la institución, la llegada masiva de pacientes con afecciones leves o moderadas incrementa los tiempos de espera y limita la capacidad de respuesta para quienes realmente necesitan atención inmediata.“El hospital está diseñado para resolver situaciones críticas, hay urgencias que pueden ser atendidas en otros niveles de la red, si todos acudimos directamente aquí, el sistema se congestiona”, concluyó Quintero.
La Defensoría del Pueblo denunció la retención ilegal de una caravana del Pueblo Indígena Barí, resguardo Catalaura, ocurrida el pasado 16 de febrero cuando se desplazaban hacia Cúcuta.Según la entidad, el grupo fue detenido en un retén ilegal por hombres vestidos de civil que se identificaron como integrantes del ELN.La entidad señala que aunque la caravana logró llegar posteriormente a Cúcuta sin incidentes, el episodio dejó un ambiente de zozobra, “pues la estigmatización les genera temor de que puedan agravarse las agresiones”.“Este tipo de acciones vulneran la integridad de los líderes y sus derechos como pueblo indígena y constituyen una infracción al Derecho Internacional Humanitario. El principio de distinción obliga a todos los actores armados a no involucrar a la población civil en las hostilidades”, dice el comunicado.En ese contexto, hizo un llamado a las autoridades para activar las rutas de prevención y protección que garanticen la seguridad de los delegados, tanto durante su permanencia en Cúcuta como en su retorno al territorio.También “reitera su llamado a los grupos armados para que cesen cualquier acción que ponga en riesgo a las autoridades ancestrales y respeten los espacios de interlocución legítima de los pueblos indígenas con el Estado”.La entidad anunció que continuará acompañando al Pueblo Barí para que pueda ejercer su derecho a la participación sin miedo a represalias ni ataques contra su vida e integridad.
Desde las 7:00 de la mañana de este viernes 20 de febrero comenzó la huelga convocada por el sindicato Sintraelecol en la Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. (ESSA), filial del Grupo EPM, luego de no lograrse un acuerdo dentro del proceso de negociación colectiva.La decisión fue aprobada en Asamblea General el pasado 7 de febrero por las subdirectivas del sindicato en Bucaramanga, Barrancabermeja, Socorro, San Gil y Barbosa, tras agotarse 40 días de arreglo directo y dos jornadas de mediación realizadas el 11 y 16 de febrero en Bogotá con acompañamiento del Gobierno Nacional.El sindicato sostiene que la empresa rechazó todas las alternativas presentadas y que la organización buscaba introducir desmejoras laborales y afectar derechos adquiridos en la convención colectiva, por lo que califican la huelga como la “última alternativa” ante el cierre del diálogo.Carlos Roncancio, asesor legal de los Trabajadores de la Energía Eléctrica en Colombia, aseguró que, durante el cese, se respetarán los servicios mínimos esenciales.“El desarrollo de esta huelga garantiza los mínimos esenciales. La ciudadanía puede estar tranquila. Los trabajadores luchan por sus derechos y por un servicio de energía eficiente para los hogares”, afirmó.Además, hizo un llamado a las autoridades nacionales y regionales para que acompañen el proceso y actúen como garantes del derecho constitucional a la huelga.“Pedimos al Ministerio de Trabajo, Ministerio de Minas, Procuraduría, Defensoría, Superintendencia de Servicios Públicos, autoridades municipales y departamentales que sean garantes del desarrollo de la huelga y que vigilen que no haya conductas que intenten sabotear el movimiento obrero”, agregó Roncancio.Uno de los argumentos centrales de Sintraelecol es que ESSA cuenta con solidez financiera suficiente para atender el pliego de peticiones. Según el sindicato, la empresa registra márgenes operativos superiores al 28 %, rentabilidad del patrimonio cercana al 26 % y calificación crediticia AAA(col), lo que demostraría, afirman, que las solicitudes no comprometen su sostenibilidad.Entre sus peticiones también está la formalización de más de 3.000 trabajadores tercerizados que desarrollan actividades misionales permanentes. Asimismo, pidieron al Ministerio del Trabajo seguimiento para evitar represalias contra quienes participan en el cese.Tras el inicio de la huelga, Blu Radio conoció una carta enviada por el gerente general de EPM y líder del Grupo EPM, John Maya Salazar, a los trabajadores del grupo empresarial.En la comunicación, el directivo afirma que el Grupo EPM ofrece “una de las mejores condiciones laborales del país”, con salarios por encima del promedio del mercado y beneficios en vivienda, educación, salud y bienestar. Señala que en ESSA la compensación estaría por encima del 120 % del mercado laboral colombiano.Frente a la negociación, la empresa indicó que propuso mejoras en beneficios como auxilio sindical por alimentación, seguro de vida y fondos de vivienda y educación, además de un incremento salarial correspondiente al IPC a noviembre de 2025 más tres puntos adicionales, con el fin, según la compañía, de garantizar la sostenibilidad financiera.En la carta también se advierte que el pliego sindical tendría un costo cercano a los $243.000 millones, de los cuales $98.000 millones corresponderían a nuevos beneficios y $132.000 millones a salarios, incluyendo una solicitud de incremento del 23 %. La empresa enfatiza que ninguno de sus trabajadores devenga salario mínimo.El Grupo EPM alertó además que la huelga podría afectar a 445 profesionales del sindicato Siproessa, quienes se verán obligados a suspender actividades y salarios durante el cese.Asimismo, recordó que ESSA atiende 102 municipios en seis departamentos, con más de 958.000 clientes, entre ellos hospitales, acueductos, instituciones educativas, hogares geriátricos, centros penitenciarios, aeropuertos y usuarios con condiciones médicas especiales, por lo que subraya la importancia estratégica del servicio eléctrico.
A 18 años de prisión fue condenado Juan Diego Arias Padilla por su participación en el homicidio de una docente de 27 años, ocurrido el 30 de abril de 2025 en el barrio Chicó de Barrancabermeja, Santander.De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, el joven, quien tenía 19 años al momento de los hechos, admitió su responsabilidad en el crimen mediante la suscripción de un preacuerdo con el ente acusador. El acuerdo fue presentado ante un juez de la República, quien lo avaló y fijó la pena en 18 años de prisión.Las investigaciones establecieron que la víctima fue atacada por Arias Padilla, quien conducía una motocicleta desde la cual otro hombre disparó en repetidas ocasiones contra la educadora. Tras cometer el crimen, los responsables huyeron del lugar.La captura del hoy condenado se produjo el 3 de diciembre de 2025, luego de varios meses de labores investigativas. Durante el proceso judicial, la Fiscalía demostró su responsabilidad en los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego agravado.El caso generó conmoción en Barrancabermeja, especialmente en el sector educativo, donde la víctima era reconocida por su labor profesional.
La Secretaría de Salud de Santander encendió las alertas ante el alto número de quejas relacionadas con la no entrega o la demora en la dispensación de medicamentos en el departamento. Según el secretario de Salud departamental, Edwin Prada, el 70% de las reclamaciones actuales en el sector corresponden a esta problemática.De acuerdo con el funcionario, en lo corrido de 2026 se han registrado cerca de 1.800 quejas, en su mayoría por fallas en la entrega oportuna de tratamientos, situación que afecta especialmente a pacientes con enfermedades huérfanas, patologías de alto costo y cáncer.“Yo creo que el 70% de las quejas que hay en este momento del sector salud está por la no dispensación a tiempo de medicamentos. Preocupan obviamente los de enfermedades huérfanas, los medicamentos de pacientes con enfermedades de alto costo y de patologías de cáncer”, afirmó Prada.Ante la situación, la Superintendencia Nacional de Salud realizó recientemente una mesa de trabajo en Santander, con la participación de todas las EPS que operan en el departamento. El encuentro tuvo como objetivo principal abordar la problemática en la dispensación de medicamentos.El secretario recordó que el panorama es complejo, teniendo en cuenta que cerca del 80% de la población santandereana está afiliada a EPS que actualmente se encuentran intervenidas. De ese porcentaje, aproximadamente el 50% corresponde a usuarios de Nueva EPS, mientras que cerca de un 30% está afiliado a Sanitas y Coosalud, también bajo intervención. A esto se suma Famisanar, que igualmente atraviesa un proceso similar.“Aquí el llamado es a ponernos los guantes desde la Secretaría de Salud a luchar por los deberes y los derechos que tienen los pacientes en el suministro de medicamentos. No estamos para discutir ni para pelear, sino para garantizar ese derecho”, señaló.Prada destacó que, pese a la crisis en la dispensación de medicamentos, Santander cuenta con una red hospitalaria sólida. En la vigencia 2025, ninguno de los hospitales públicos del departamento cerró con riesgo financiero, y la infraestructura de salud no solo atiende a población local, sino también a pacientes de Norte de Santander, Arauca, sur de Bolívar, sur del Cesar y parte de Boyacá, además de población migrante.Sin embargo, insistió en que la principal dificultad actual es la falta de entrega de algunas moléculas y medicamentos específicos, lo que ha motivado la intervención de la Superintendencia y el acompañamiento de asociaciones de usuarios y veedores.
Un incendio, al parecer provocado de manera intencional, devastó más de 13 hectáreas del Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI) San Silvestre, una zona de especial importancia ecológica por ser corredor biológico del jaguar americano, el mico cariblanco y el mico aullador.En las imágenes del lugar se observa un panorama desolador: extensas áreas reducidas a cenizas, troncos calcinados, suelo completamente ennegrecido y la vegetación arrasada por las llamas. Lo que antes era cobertura boscosa hoy luce como un terreno árido, marcado por el fuego y la destrucción.Leonardo Granados, secretario de Ambiente y Transición Energética, confirmó que el incendio habría sido generado por personas que pretendían apropiarse ilegalmente de los terrenos.Desde la Secretaría de Ambiente y Transición Energética se activó un operativo conjunto con la Policía Ambiental para desalojar a los presuntos invasores e iniciar un proceso de restauración ecológica, con el fin de mitigar el impacto sobre la fauna y la flora de la zona.“Nos encontramos en el DRMI San Silvestre ante un incendio generado por personas inescrupulosas, un desastre ecológico de más de 13 hectáreas, un daño a los recursos naturales. Con la Policía Ambiental vinimos a imponer orden y autoridad para proteger esta área de especial importancia ecológica y preservar el corredor del jaguar americano, el mico cariblanco y el mico aullador. No vamos a permitir invasiones que generen daños ambientales ni contaminación con aguas residuales, porque el DRMI San Silvestre es la esencia de la diversidad. Haremos respetar la ley”, afirmó el funcionario.La Alcaldía Distrital hizo un llamado a la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) para que adelante los procesos sancionatorios correspondientes y los responsables de este delito ambiental enfrenten las consecuencias legales.El DRMI San Silvestre es considerado un ecosistema estratégico para la conectividad de especies y la conservación de la biodiversidad en el territorio, por lo que autoridades ambientales reiteraron que intensificarán los controles para evitar nuevas afectaciones.
Con el acto simbólico de la primera palada de arena, la Gobernación de Santander oficializó el inicio de las obras del Centro de Espectáculos del Oriente Colombiano Arena Bonita, proyecto que transformará la tradicional Plaza de Toros Señor de los Milagros en un escenario moderno y multipropósito.La iniciativa busca convertir el antiguo coso taurino en un espacio competitivo para conciertos, espectáculos culturales, eventos deportivos y encuentros empresariales, con el propósito de dinamizar la economía regional y fortalecer el turismo de eventos en el departamento.Durante la presentación del proyecto, se señaló que la obra tendrá un impacto directo en sectores como el comercio, el transporte, la hotelería y la gastronomía, además de generar oportunidades para la economía rural.Según explicó la Gobernación de Santander, la llegada masiva de asistentes a espectáculos y actividades de gran formato impulsará el movimiento económico en distintas cadenas productivas del departamento.El proyecto contempla una adecuación integral del escenario, que tendrá una capacidad real para 18.000 personas.Las intervenciones incluyen el reforzamiento estructural bajo la norma sismo resistente NSR-10, instalación de cubierta y fachada en panel metálico de alta resistencia, renovación completa de redes hidráulicas, sanitarias y contra incendios, así como mejoras en la acústica y la tarima. También se instalarán nuevas sillas y se adecuarán espacios internos que permitirán diferentes configuraciones según el tipo de evento.El nuevo complejo contará con diseño bioclimático y un sistema central de aire acondicionado tipo agua fría, iluminación de emergencia, rutas de evacuación y un plan integral de seguridad humana para garantizar condiciones óptimas en eventos masivos.“Arena Bonita fue concebida como una arena verde. De acuerdo con la Gobernación, permitirá ahorrar entre 70 y 100 metros cúbicos de agua diarios mediante la reutilización total de aguas lluvias para sanitarios.Además, tendrá una planta solar en cubierta de 1.160 kilovatios pico, con capacidad de generar cerca de 2 gigavatios hora al año, lo que equivale al consumo de entre 300 y 400 hogares y a una reducción significativa de emisiones de carbono.El escenario incorporará una tarima modular 360 grados, sistemas de sonido de alto nivel técnico, pantallas integrables e iluminación artística, lo que permitirá albergar conciertos internacionales, convenciones, actividades culturales y religiosas, así como competencias deportivas.La adecuación del nuevo centro de espectáculos demandará una inversión total de 118.965 millones de pesos, financiados en parte con recursos propios de la Gobernación de Santander.
El sepelio del subintendente Luis Sarmiento, asesinado en un atentado atribuido al ELN en Cúcuta, se realizará en el municipio de Lebrija, de donde era oriundo el uniformado.El ataque ocurrió en la noche del miércoles en el anillo vial oriental de Cúcuta, cerca del centro comercial Jardín Plaza Cúcuta, cuando una patrulla de la Policía fue interceptada y atacada a disparos por hombres armados, al parecer con armas de largo alcance.El subintendente Sarmiento conducía el vehículo oficial junto al mayor Álvaro Salcedo, comandante de la estación del barrio Ospina Pérez. Tras el atentado, ambos fueron trasladados de urgencia a la Clínica Medical Duarte, donde recibieron atención especializada. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, Sarmiento falleció debido a la gravedad de las heridas. El mayor Salcedo permanece bajo observación médica.Luego del ataque, la Policía activó un plan candado en distintos puntos de la ciudad y su área metropolitana, desplegando unidades adicionales e intensificando los controles en vías estratégicas para dar con los responsables.Las autoridades anunciaron una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los autores materiales e intelectuales del crimen. Asimismo, avanzan en la recolección de pruebas y en la revisión de cámaras de seguridad del sector para esclarecer lo ocurrido.El atentado se produjo horas después de una reunión de seguridad encabezada por el Ministerio del Interior y otras autoridades, en el marco de las medidas preventivas para las elecciones legislativas y consultas programadas para el 8 de marzo.