Un intento por evadir un control policial terminó con un menor de edad herido en el barrio Mutis, en Bucaramanga, luego de que un motociclista invadiera el andén y lo atropellara mientras huía de las autoridades.El hecho se registró en la calle 60 con carrera 8W, donde uniformados adelantaban operativos de registro y control. Según el reporte oficial, el conductor, de 22 años, aceleró al notar la presencia de la Policía y emprendió la fuga a alta velocidad.Durante la maniobra, perdió el control de la motocicleta, se subió al andén y arrolló al niño, quien caminaba acompañado de sus padres.El menor fue trasladado de inmediato a la Clínica Bucaramanga para valoración médica, mientras que el motociclista fue interceptado metros más adelante y capturado en flagrancia por el delito de lesiones personales. El vehículo quedó a disposición de la Secretaría de Tránsito.El coronel Emerson Carranza, oficial de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, rechazó la imprudencia del conductor y recordó que este tipo de conductas ponen en riesgo la vida de terceros.“Evadir los controles y conducir de manera irresponsable puede generar tragedias. Actuamos de inmediato para proteger a la comunidad y poner al responsable a disposición de la justicia”, señaló. El capturado fue dejado en manos de la Fiscalía, que definirá su situación judicial.Las autoridades reiteraron el llamado a respetar las normas de tránsito y a atender los requerimientos policiales para evitar hechos que comprometan la seguridad de peatones y conductores.Una situación similar ocurrió en Cabecera el pasado 1 de febrero, cuando un conductor borracho chocó tres veces y terminó dentro de un establecimiento comercial tras intentar evadir un retén de tránsito. Los establecimientos aún están esperando el pago de sus daños materiales.
La preocupación crece en varios municipios del sur de Santander ante la presunta presencia de grupos armados ilegales que estarían exigiendo pagos extorsivos, conocidos como “vacunas”, a ganaderos, comerciantes y habitantes de la provincia.Los reportes se concentran en zonas rurales de Encino, Coromoro, García Rovira y otras localidades cercanas, donde la comunidad ha denunciado intimidaciones y presiones económicas por parte de estructuras criminales.Ante este panorama, el Ejército y unidades del Gaula Militar reforzaron la presencia en el territorio con operativos de control, patrullajes y labores de inteligencia para contener cualquier intento de expansión de estos grupos.El secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, aseguró que se activó una intervención conjunta con la Policía Militar y que se solicitó acompañamiento directo al Ministerio de Defensa.“Con intervención de la Policía Militar hemos estado haciendo control en el territorio, articulados con las peticiones que se hicieron al ministro de Defensa, por lo que hemos venido adelantando acompañamiento y seguimiento a esta estructura del ELN”, explicó el funcionario.Las autoridades indicaron que, debido a la cercanía con Norte de Santander, se ha evidenciado mayor movilidad de grupos armados ilegales, entre ellos el Ejército de Liberación Nacional (ELN), organización que presuntamente se habría atribuido el homicidio de un ganadero en Coromoro, hecho que aumentó la zozobra en la región.Desde la Gobernación reiteraron que se intensificarán los operativos de control territorial y las acciones de inteligencia para proteger a la población y garantizar la seguridad de los productores rurales y comerciantes.Las autoridades también pidieron a la ciudadanía denunciar cualquier intento de extorsión o amenaza a través de las líneas del Gaula.
El candidato a la Cámara por Santander, Mauricio Martínez Triana, comenzó a cumplir una sanción de tres días de arresto luego de que un juez lo declarara en desacato por incumplir un fallo de tutela que le ordenaba eliminar publicaciones en redes sociales contra el también aspirante al Congreso, Luis Ferley Sierra, y abstenerse de repetirlas.La decisión fue emitida por el Juzgado 26 Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bucaramanga, que además impuso una multa equivalente a tres salarios mínimos mensuales legales vigentes. El despacho judicial determinó que Martínez no acató la orden previa del juez, por lo que procedía la sanción correctiva.A través de un video difundido en sus redes sociales, Martínez confirmó que ya se encuentra cumpliendo la medida. Señaló que respeta la decisión judicial, aunque aseguró que continuará defendiendo sus posiciones políticas. “Estoy dando la cara y cumpliendo lo ordenado por el juez”, manifestó.Por su parte, Luis Ferley Sierra indicó que acudió a la tutela para proteger sus derechos fundamentales al buen nombre y a la honra, argumentando que las publicaciones del hoy sancionado contenían señalamientos que, según él, afectaban su imagen pública. “Estas estrategias tratan de destruirnos mediáticamente y cómo en los puentes peatonales nos difaman me vi en la obligación de interponer la acción de tutela, en primera instancia nos negaron el derecho y en segunda instancia sí se nos protegió el derecho, y ante el incumplimiento de este personaje se da el arresto y vamos a interponer la denuncia penal”, expresó.El abogado Carlos Alfaro, quien ha estado al tanto del proceso, explicó que la sanción no constituye una condena penal ni genera antecedentes judiciales. “Es un desacato por incumplir una orden judicial y debe cumplir tres días en una inspección de Policía y luego queda en libertad”, precisó.Las autoridades señalaron que la medida se ejecuta en instalaciones administrativas y no en un centro carcelario.
El Ministerio del Trabajo realizó el sellamiento de varias oficinas administrativas de la Electrificadora de Santander en medio del paro laboral que completa 24 horas en el departamento, promovido por el sindicato Sintraelecol.La intervención se llevó a cabo durante la madrugada y, de acuerdo con los trabajadores, cobija únicamente dependencias de carácter administrativo que no tienen relación directa con la operación técnica ni con la distribución del fluido eléctrico.Desde el sindicato explicaron que el servicio para los usuarios se mantiene con normalidad y que no se han presentado interrupciones en la generación ni en el suministro de energía.Carlos Roncancio, asesor legal de los trabajadores, aseguró que la medida fue solicitada por la organización sindical como parte del proceso de huelga y recalcó que las áreas esenciales continúan funcionando.“Se han sellado áreas eminentemente administrativas que no tienen impacto en el fluido eléctrico. Además, se ha garantizado la prestación del servicio sin ninguna interrupción, porque las áreas operativas están cubiertas al 100% por los trabajadores. Incluso hay dependencias cuyos funcionarios están laborando desde casa con todos los implementos”, explicó.El paro hace parte de las reclamaciones laborales del sindicato, que busca avanzar en negociaciones con la empresa frente a condiciones contractuales y garantías para los empleados. Mientras tanto, el Ministerio del Trabajo actúa como autoridad competente para vigilar el cumplimiento de las normas durante la huelga.Por ahora, los usuarios del servicio de energía en Santander no registran afectaciones, aunque las partes continúan en diálogo para destrabar el conflicto.
Como José Janir Escobar Bastidas fue identificado el labriego de 41 años que murió cuando ayudaba en las labores para apagar un voraz incendio de cobertura vegetal que amenaza importantes zonas de reserva y cultivos en el sector La Loma, del centro poblado de Maito, zona rural de Tarqui, Huila.El campesino, quien era habitante de la zona, falleció cuando, al parecer, en medio de las labores de extinción del fuego, cayó a un precipicio, perdiendo la vida de manera instantánea.“Lastimosamente, en la tarde de ayer (viernes) se presentó un incendio forestal en el centro poblado de Maito, zona rural del municipio de Tarqui. Era un incendio que amenazaba una zona de importancia. La comunidad inició labores de control y extinción mientras llegaba el personal de Bomberos y, en esa maniobra, lastimosamente una persona del sector que estaba vinculada a las labores de extinción cayó a un precipicio, perdiendo la vida de manera instantánea en el sitio”, confirmó el capitán Édison Fernández, delegado departamental de Bomberos Huila.Al lugar llegaron unidades del Cuerpo de Bomberos de Tarqui y del municipio de Timaná, que se sumaron a las labores de extinción y contención del incendio. Con apoyo de la comunidad, lograron ubicar el cuerpo, extraerlo y trasladarlo al centro poblado.“Es una noticia que enluta al departamento, una situación muy compleja. Es una persona que deja dos menores de edad huérfanos, y son situaciones que pueden presentarse por la complejidad de este tipo de eventos”, señaló el delegado departamental de Bomberos Huila.Ante esta lamentable situación, que deja una persona fallecida, los organismos de socorro reiteran que las quemas para la preparación de cultivos están prohibidas en el departamento.“El llamado a la comunidad es a evitar realizar quemas a cielo abierto. Recuerden que las quemas están prohibidas, pues situaciones como esta generan riesgos graves. Igualmente, pedimos a la comunidad que se abstenga de realizar este tipo de acciones y que, cuando apoyen en labores de extinción, prioricen siempre su seguridad para evitar que hechos como este se repitan en el departamento”, puntualizó.Este incendio forestal, que fue controlado por personal de bomberos con el apoyo de la comunidad, arrasó más de 10 hectáreas de cultivos y vegetación.
En Colombia, la cuota alimentaria no es un tema opcional ni depende de la buena voluntad. Es una obligación legal que deben asumir, sin excepción, padres y madres que no viven con sus hijos tras una separación.Ahora, un baldado de agua fría cayó para quienes pretendan evadir su responsabilidad, pues el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar dejó claro que no habrá espacio para excusas ni dilaciones cuando se trate del bienestar de los menores.Ante ello, se aclara que la cuota alimentaria debe fijarse, preferiblemente mediante un acuerdo en la comisaría de familia del lugar donde reside el menor de edad. Allí se establecerá el valor mensual que uno de los progenitores debe consignar al otro para cubrir las necesidades del hijo.¿Qué debe incluir la cuota alimentaria en Colombia?No se trata únicamente de alimentación. El monto se define según los ingresos del padre o madre obligado y los gastos reales del menor. Dentro de la cuota se evalúan aspectos como:Alimentación.Servicios públicos.Arriendo, cuando aplique.Educación.Recreación y demás necesidades básicas.Pero no es lo único, pues existen gastos extraordinarios que deben asumirse por partes iguales entre ambos padres, como:Matrícula escolar.Uniformes y útiles.Gastos médicos ocasionales.El valor acordado también se ajusta anualmente conforme a lo pactado en el acta de conciliación, ya sea con base en el incremento del salario mínimo o en el IPC.ICBF ordena cuánto deben pagar si padre y madre no concilianCuando no existe acuerdo entre las partes, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar interviene. Si el progenitor citado se niega a conciliar o no asiste a la audiencia, el defensor de familia puede fijar una cuota provisional, incluso sin su consentimiento.Además, la norma contempla un escenario frecuente: cuando el padre o madre afirma que no trabaja. En ese caso, el ICBF presume que percibe al menos un salario mínimo legal vigente y con base en ello calcula el monto correspondiente.Con esto se busca que los menores no queden desprotegidos por maniobras dilatorias o excusas sin sustento. La cuota es un derecho del niño o la niña, no una negociación para favorecer a uno de los padres.Se acabaron las excusas para no responder por los hijosEl mensaje es claro: quiera o no, el padre o la madre debe asumir su responsabilidad. La intervención del ICBF refuerza la obligación legal y garantiza que, aun sin acuerdo, exista una cifra definida para proteger los derechos del menor.Más allá del trámite jurídico, el fondo del asunto es el bienestar de los hijos. La ley respalda ese principio y ahora las autoridades endurecen su postura frente a quienes intenten eludirlo.
La Justicia de Venezuela acordó las primeras 379 excarcelaciones tras la aprobación de la Ley de Amnistía, anunció el diputado chavista Jorge Arreaza, quien preside la comisión parlamentaria encargada del seguimiento y cumplimiento de la legislación.En una entrevista disponible este sábado en la web del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Arreaza indicó que la Fiscalía General introdujo las 379 solicitudes de amnistía ante los "tribunales competentes" para otorgarlas, y afirmó que los amnistiados debían ser excarcelados entre la noche del viernes y la mañana de este sábado."Así va a ser la dinámica en los próximos días", señaló.Según precisó, de las 379 solicitudes de amnistía, 371 son en Caracas, cinco en el estado Barinas (oeste), dos en Portuguesa (oeste) y una en Monagas (este).Gonzalo Himiob, director vicepresidente de la ONG Foro Penal, que lidera la defensa de presos políticos, informó en X que su organización está verificando desde la madrugada de este sábado las primeras excarcelaciones derivadas de la legislación.La ley cubre, en teoría, el período establecido entre 1999 y 2026, pero específica 13 coyunturas políticas arrancando en 2002, lo que excluye arrestos ocurridos en al menos 15 del los últimos 27 años, así como los casos relacionados con operaciones militares.Este viernes se instaló en el Parlamento la comisión especial que dirige Arreaza para garantizar el cumplimiento de la amnistía.La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, promulgó la ley tras su aprobación en el Parlamento y pidió "celeridad" a esta comisión para revisar los casos "no contemplados" en la legislación.Foro Penal estimó el viernes que al menos 400 detenidos por estos motivos podrían estar excluidos de la medida e informó que entregará a la comisión especial una primera lista para la revisión de 232 casos.Según sus registros, en Venezuela hay más de 600 presos políticos detenidos, tras la excarcelación de 448 personas desde el pasado 8 de enero.
Una densa columna de humo que se elevó sobre el noroccidente de la capital encendió las alarmas en la tarde de este viernes 20 de febrero. El origen de la emergencia fue el reconocido restaurante Mi Gran Parrilla Boyacense, ubicado en la calle 71A con carrera 30, en la localidad de Barrios Unidos, donde se registró un incendio estructural que obligó a la rápida intervención de los organismos de socorro.De acuerdo con el reporte entregado por el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, las llamas comenzaron en el sistema de ductos del establecimiento, especialmente en la zona de cocina. Desde el primer momento, los equipos realizaron un ataque directo al fuego y aplicaron ventilación mecánica para evacuar el humo acumulado en el interior del local.La magnitud de la humareda generó preocupación entre residentes y comerciantes del sector, quienes compartieron videos en redes sociales donde se observa la espesa nube gris saliendo del inmueble. Sin embargo, pese a lo aparatoso de la escena, las autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas ni durante el incendio ni en las labores posteriores de control.Para atender la emergencia fue necesaria la movilización de tres máquinas y 25 unidades del cuerpo de Bomberos, quienes trabajaron de manera coordinada para evitar que el fuego se propagara a construcciones vecinas. La rápida reacción fue clave para contener la conflagración en el punto de origen y minimizar los daños.Horas después, los Bomberos difundieron nuevas imágenes del interior del restaurante Mi Gran Parrilla Boyacense. En las fotografías se aprecia a los uniformados inspeccionando los ductos y las áreas de preparación de alimentos, mientras utensilios y superficies aparecen cubiertos de hollín y residuos producto de la combustión. A pesar del impacto visual, la estructura general del establecimiento no presenta afectaciones de gran magnitud.En su balance final, la entidad reiteró que la situación fue controlada sin víctimas y destacó el compromiso institucional con la protección de la vida, el ambiente y el patrimonio de los ciudadanos. El caso ahora queda en manos de las autoridades competentes para establecer con precisión las causas que desencadenaron el incendio en el sistema de extracción.
Siguen las emergencias por lluvias en Antioquia en medio del complejo panorama que ya dejan más de 13 familias damnificadas, especialmente en la subregión de Urabá. Sin embargo, la más reciente se produjo en el Suroeste.Las intensas precipitaciones ocasionaron el desbordamiento de varias quebradas y el colapso de buena parte de la red de alcantarillado en zona urbana produciendo inundaciones en viviendas y vías públicas de barrios como Moravia, La Plazuela, El Aleu y Buenos Aires.En este último sector también cedió un muro de la base militar. El capitán Julián Durango, comandante del Cuerpo de Bomberos de Urrao, indicó que cerca de 14 unidades atendieron la situación priorizando los puntos más críticos."Hemos priorizado los puntos más críticos, donde se genera, digamos estas emergencias, donde debe de ser priorizada la acción. Entiendo que todo el mundo necesita también la atención oportuna. Y también tenemos desplegados unas estrategias de monitoreo constante en algunos afluentes donde se nos están presentando crecientes súbitas", añadió Durango.Por su parte, el alcalde Nilson Barrera, solicitó a la ciudadanía mayor responsabilidad con la disposición de basuras y el cuidado de las zonas de drenaje de aguas en zonas comunes."Cuidar las alcantarillas, mantenerlas limpias, no arrojar basuras en la calle, porque miren que esto puede colapsar también el sistema de alcantarillado de un municipio. Entonces es cuidarnos entre todos. Vamos a estar muy atentos. El Comité Municipal del Riesgo está activo", señaló el mandatario.Tras la atención prioritaria de la emergencia, se espera que en las próximas horas se consolide el registro de damnificados y daños estructurales, así como las acciones a implementar para mitigar los impactos por la situación.
Las autoridades de Santander declararon alerta máxima ante la posibilidad de ataques con explosivos contra batallones y bases militares de la región. La Gobernación anunció una recompensa de hasta 30 millones de pesos para quienes suministren información que permita desarticular planes terroristas, mientras se intensifican las labores de inteligencia militar y policial.La medida fue adoptada tras el atentado con explosivos registrado en Tunja y por la cercanía e influencia de zonas con presencia de grupos armados. La alerta abarca especialmente a Bucaramanga y su área metropolitana, y se extiende a instalaciones en Barrancabermeja y a la zona del Magdalena Medio.La Defensoría del Pueblo, según las autoridades regionales, ha reportado además una expansión de grupos criminales en el oriente del país, entre ellos el ELN, el Clan del Golfo y disidencias de las FARC, lo que habría motivado el refuerzo de las medidas de seguridad.En declaraciones, el coronel Néstor Arévalo, comandante de la Policía de Santander, subrayó la prioridad de fortalecer la inteligencia: “(Debemos) ampliar nuestras capacidades de inteligencia. Y aquí invitamos a los ciudadanos a informar cualquier acción rara. Recuerden que hay un ofrecimiento de parte de la gobernación del departamento de hasta 30 millones de pesos por quien suministra información sobre actores criminales de alto impacto para generar afectación y evitar que se presenten hechos de terrorismo”, dijo.Las autoridades anunciaron operativos de verificación en puntos estratégicos y un aumento de la presencia militar y policial en accesos a instalaciones castrenses y en rutas de alto tránsito, con el objetivo de prevenir atentados y proteger a la población civil.La Gobernación y las fuerzas de seguridad pidieron a la ciudadanía mantener la calma, extremar las medidas de autoprotección y reportar cualquier comportamiento sospechoso a las líneas oficiales para acceder a la recompensa ofrecida y colaborar con las investigaciones.
El mundo del entretenimiento colombiano se encuentra de luto tras el fallecimiento del actor Jhon Freddy Martínez, quien perdió la vida en un accidente de tránsito ocurrido el pasado 8 de noviembre en el municipio de Piedecuesta, Santander.De acuerdo con las primeras versiones, el artista de 39 años habría pasado un semáforo en rojo, lo que provocó un fuerte choque contra una camioneta. El siniestro quedó registrado en video y rápidamente se hizo viral en redes sociales, donde se observa cómo varias personas intentan auxiliarlo. Pese a los esfuerzos médicos, Martínez murió poco después del impacto.Familiares, amigos y colegas del medio han expresado su profundo dolor ante la repentina partida del actor, recordando su talento, carisma y compromiso con las artes escénicas. En redes sociales, decenas de usuarios han compartido mensajes de despedida y clips de sus participaciones en diferentes proyectos audiovisuales.Uno de los aspectos que más ha conmovido a sus seguidores es la última publicación que el actor compartió en sus redes sociales. En ella, Martínez promovía el tráiler del videoclip “Pon a sonar las rolas”, proyecto del cual fue director y en el que también realizó algunos cameos.“Este es el tráiler del videoclip ‘Pon a sonar las rolas’, el cual será lanzado este viernes 21 de noviembre en homenaje póstumo a Jhon Freddy Martínez, su director”, se lee en la descripción del video, actualizada este 12 de noviembre tras su fallecimiento. El videoclip tenía previsto su estreno el 12 de noviembre,pero la fecha fue modificada tras la tragedia.En otros videos recientes, el actor había mostrado escenas de los ensayos para grabaciones de comerciales, reflejando su dedicación y pasión por la actuación, las cámaras y la creación artística, una vocación que lo acompañó hasta sus últimos días.
Como Deyner David Zulúaga Martínez, de 20 años, fue identificado el joven asesinado en la madrugada de este miércoles, 12 de noviembre, durante un ataque armado perpetrado en el barrio Cerros del Mediterráneo, en Piedecuesta.De acuerdo con la investigación inicial, Deyner David estaba en Bucaramanga con unos amigos y posteriormente tomó su motocicleta para emprender el camino hacia su casa. Cuando estaba llegando, dos sicarios en motocicleta lo interceptaron, y el parrillero desenfundó un arma y empezó a dispararle.Según el reporte de las autoridades, el joven presentaba cuatro impactos de bala en el pecho, dos en las piernas, uno en el brazo izquierdo y otro en la región lumbar.Aunque Deyner David fue auxiliado por personas del sector e incluso trasladado al Hospital de Piedecuesta, la gravedad de las heridas cobró su vida.“Le pido a las autoridades que investiguen para que el crimen de mi hijo no quede impune, porque ya se han venido presentando muchos actos violentos en el pueblo y, según veo, eso sigue y sigue, y no ha parado. Hay una especie de vandalismo, una guerra entre barrios, y eso no puede seguir sucediendo”, expresó el padre del joven.La principal hipótesis que manejan las autoridades es la de un caso de asesinato relacionado con un ajuste ilegal de cuentas.La investigación se centrará ahora en la recopilación de videos de las cámaras de seguridad de la zona para esclarecer la identidad de los responsables de este crimen. Además, se están realizando entrevistas para determinar si el joven habría recibido algún tipo de amenaza.
Una grave situación se registra desde hace seis días en la cárcel de máxima seguridad de Palogordo, en Girón (Santander), donde dos internos del patio 4 se cosieron la boca como forma de protesta para exigir su traslado a establecimientos carcelarios más cercanos a sus familias.El hecho fue confirmado por Hernando Mantilla, defensor de los derechos carcelarios en la región, quien explicó que, ante la huelga de hambre y la drástica medida de los internos, se activaron los protocolos médicos y legales establecidos por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), con el fin de proteger la vida y la salud de los reclusos.“Se iniciaron los procedimientos correspondientes para evitar situaciones que pongan en riesgo la integridad de los internos y, desde el punto de vista legal, se elevaron las solicitudes ante la Dirección General del Inpec”, señaló Mantilla.El defensor también aclaró que los traslados de personas privadas de la libertad no dependen de los directores de las cárceles, sino de una oficina especializada del Inpec conocida como la Coordinación de Asuntos Penitenciarios.Esta dependencia evalúa cada solicitud con base en una serie de requisitos, como que el interno haya permanecido al menos un año en el penal donde se encuentra y que el establecimiento de destino no presente hacinamiento, condición que suele limitar las posibilidades de traslado.Los dos internos argumentan su solicitud en la necesidad de mantener el acercamiento familiar, un derecho reconocido por la Corte Constitucional como elemento esencial en el proceso de resocialización de los condenados. Sin embargo, el defensor de los derechos carcelarios advirtió que las vías de hecho no son el mecanismo adecuado para presionar este tipo de decisiones.“Esa presión no puede ejercerse sobre un director de cárcel, porque él no es quien autoriza los traslados. Esperamos que todo se solucione pronto, protegiendo los derechos de los internos y garantizando la convivencia pacífica dentro del concepto de una prisión viva y humana”, añadió.Por ahora, los reclusos, uno oriundo de Villavicencio y otro de Barranquilla, continúan bajo supervisión médica, mientras la Coordinación de Asuntos Penitenciarios del Inpec evalúa si procede o no la solicitud de traslado.
La Alcaldía de Bucaramanga abrió una investigación por las presuntas irregularidades cometidas en la Unidad de Bienestar Animal (UBA), donde dos perros habrían sido sometidos a eutanasia sin cumplir con los protocolos establecidos.El caso fue denunciado por los concejales Carlos Parra y Camilo Machado, quienes revelaron conversaciones de un grupo de WhatsApp entre varios funcionarios de la unidad, en las que se darían órdenes para realizar la eutanasia a dos caninos enfermos de moquillo, aparentemente sin el debido procedimiento médico ni autorización formal.Ante la gravedad de los hechos, el alcalde designado de Bucaramanga, Javier Sarmiento, anunció medidas inmediatas y expresó su rechazo frente a cualquier forma de maltrato o negligencia hacia los animales.“Desde la Alcaldía de Bucaramanga rechazamos de manera contundente cualquier agresión contra los animales de nuestra ciudad. Conocí de primera mano la denuncia de los concejales sobre posibles irregularidades en la Unidad de Bienestar Animal, y en conjunto con la Secretaría de Salud y la Subsecretaría de Medio Ambiente hemos adoptado varias decisiones”, afirmó Sarmiento.Entre las acciones anunciadas por el mandatario se encuentran: denunciar ante el Tribunal de Ética Veterinaria a los profesionales presuntamente involucrados en la práctica irregular de eutanasia; actualizar los protocolos para la aplicación de eutanasia en la unidad, mediante mesas de trabajo con expertos.Según las declaraciones del mandatario, los funcionarios involucrados serían desvinculados, “convocar a nuevos profesionales, no solo con formación técnica, sino con sensibilidad y respeto hacia los animales. También reorganizar integralmente la Unidad de Bienestar Animal, bajo el liderazgo del nuevo subsecretario de Medio Ambiente”Sarmiento aseguró que en todos los procesos se garantizará el debido proceso y el derecho a la defensa de los implicados, pero reiteró que la administración será firme ante cualquier conducta contraria a la ética profesional.“La Alcaldía reafirma su compromiso con el bienestar animal, la ética pública y la gestión transparente en dicha unidad”, concluyó el alcalde designado.
Un procedimiento policial generó rechazo entre la comunidad del barrio El Progreso, en Barbosa, Santander, luego de que, en medio de una persecución, un uniformado presuntamente disparara contra un perro que acompañaba a un joven.El hecho se registró hacia las 6:37 de la tarde, cuando varios habitantes que se encontraban en la calle aseguraron haber escuchado múltiples detonaciones, lo que los obligó a correr para resguardarse ante el temor generado por los disparos.Según denuncias ciudadanas y videos difundidos en redes sociales, los hechos ocurrieron mientras la Policía perseguía a un hombre que corría junto a su mascota. En las grabaciones se escuchan advertencias y posteriormente los disparos; uno de los uniformados le dice “quieto o le mato el perro”. El animal habría resultado herido, al parecer con un impacto de bala en el cuello.Vecinos del sector increparon a los agentes, y la situación generó más tensión en el barrio, puesto que exigían que el perro lo llevaran a un centro veterinario, al punto que fueron necesarias más unidades de la Policía; sin embargo, al no encontrar respuesta y generarse más altercados, los mismos residentes fueron quienes auxiliaron al animal.Frente a la situación, el coronel Jhon Alexander Socha Ayala, comandante del Distrito de Policía Barbosa, explicó que el procedimiento se dio porque el hombre presuntamente intimidó a los uniformados para evitar su captura, "en actividades de registro y control el ciudadano reacciona evitando el procedimiento e intimido a los uniformados con un canino que se encontraba sin bozal, y en medio del forcejeo ingresa a su residencia, donde el canino se abalanza y le ocasiona una morderura al funcionario en su mano, es de resaltar que el policía al ver que el perro nuevamente lo ataca agoto todos medios para separarlo y como último recurso desenfundó su arma de fuego y le ´propino un disparo al canino".Confirmó que el ciudadano fue detenido por el delito de violencia contra servidor público, y además que la Policía inició una investigación preliminar para esclarecer cómo ocurrieron los hechos y determinar si hubo uso desproporcionado de la fuerza.
Ante el incremento de hechos de sicariato en San Gil, las autoridades departamentales y locales realizaron un consejo extraordinario de seguridad para analizar la situación y coordinar acciones urgentes que permitan frenar la llegada de estructuras criminales provenientes de otras regiones del país.De acuerdo con la Gobernación de Santander, los recientes homicidios estarían relacionados con bandas delincuenciales que buscan establecerse en el municipio, considerado uno de los principales destinos turísticos del departamento.El secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, aseguró que no se permitirá el deterioro de la seguridad.“No vamos a permitir que se incremente la inseguridad. Estamos trabajando de manera articulada con Policía y Ejército para restablecer el orden en nuestros municipios”, afirmó.Las autoridades advirtieron sobre la posible incursión de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada, conocidas como 'Los Pachenca', que intentarían ingresar al departamento por corredores del Magdalena Medio y el norte de Santander.También se han registrado capturas de integrantes de bandas provenientes de Cúcuta y del Valle del Cauca, cuyas acciones criminales, al parecer, eran coordinadas desde centros penitenciarios.El comandante de la Policía de Santander, coronel Néstor Arévalo, explicó que existe una intención criminal dinamizada por un cabecilla capturado en 2024, oriundo de San Gil, quien desde prisión habría establecido alianzas con delincuentes de Cúcuta, entre ciudadanos venezolanos y colombianos.Según el oficial, estos grupos estarían detrás de hechos violentos registrados en los últimos meses y de intentos por consolidar presencia en el municipio.Como parte de las medidas, se acordó acompañamiento permanente de la Fuerza Pública, refuerzo operativo con el grupo élite GOES, trabajo articulado con la Fiscalía, apoyo de Migración Colombia, coordinación con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y despliegues conjuntos entre Ejército y Policía.Las autoridades también alertaron sobre la presencia de grupos armados ilegales en sectores como el Magdalena Medio y la provincia de Vélez, donde se han reportado intimidaciones y extorsiones. Incluso, recientemente un ganadero fue asesinado por negarse a pagar exigencias económicas en el municipio de Coromoro.
La Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco) manifestó su preocupación por el anuncio de huelga realizado por el sindicato Sintraelecol, que agrupa a trabajadores de la Electrificadora de Santander, al advertir que una eventual suspensión del servicio de energía tendría graves consecuencias sociales, económicas y de salud pública.Desde Bogotá, el gremio aseguró que la medida podría impactar a más de 958.000 usuarios en 102 municipios de seis departamentos donde opera la Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. (ESSA).Según Andesco, el servicio eléctrico es considerado esencial y, de acuerdo con la Constitución y la Ley 142 de 1994, no sería susceptible de interrupciones que pongan en riesgo derechos fundamentales de la población.La asociación detalló que, además de los usuarios residenciales, existen 4.921 cuentas de manejo especial que dependen directamente del suministro continuo de energía, entre ellas 260 acueductos, 3.492 instituciones educativas, 21 sistemas de seguridad ciudadana, 288 cuentas asociadas a la Policía, 28 centros penitenciarios, 9 sistemas de semaforización, 78 sistemas de alumbrado público, 10 cuerpos de bomberos, 6 aeropuertos y 40 nodos de telecomunicaciones.También se verían comprometidos 517 establecimientos de salud, 71 usuarios electrodependientes, 47 hogares geriátricos y 54 centros del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).Frente al pliego sindical, Andesco indicó que la empresa ha propuesto mejoras en beneficios como auxilios de alimentación, seguros, educación, salud y vivienda, además de un aumento salarial por encima del IPC.Sin embargo, señaló que las peticiones de Sintraelecol tendrían un costo cercano a 243 mil millones de pesos, de los cuales más de 132 mil millones corresponderían a incrementos salariales equivalentes a un alza del 23 %.El gremio reiteró su respeto por el derecho a la asociación sindical y la negociación colectiva, pero insistió en que estos procesos deben garantizar la continuidad del servicio público.Andesco hizo un llamado al Ministerio de Minas y Energía, al Ministerio de Trabajo y al Ministerio de Salud para que intervengan y faciliten acuerdos que eviten una interrupción que afecte a miles de familias y sectores estratégicos.“La energía eléctrica soporta la operación hospitalaria, el abastecimiento de agua potable, la seguridad ciudadana y las telecomunicaciones. Los derechos de los usuarios deben prevalecer sobre cualquier desacuerdo laboral”, concluyó la asociación.
El anuncio de una huelga por parte del sindicato de trabajadores de la Electrificadora de Santander (ESSA) encendió las alarmas del sector empresarial. El Consejo Gremial Nacional advirtió que la suspensión del servicio eléctrico podría generar graves afectaciones sociales y económicas para más de 958 mil usuarios en siete departamentos del país.La empresa, filial de Empresas Públicas de Medellín (EPM), presta un servicio considerado esencial, por lo que los gremios solicitaron la intervención inmediata del Ministerio de Minas y Energía, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la Procuraduría General de la Nación para evitar una eventual interrupción.El Consejo Gremial fue enfático en que la Constitución prohíbe huelgas en servicios públicos esenciales como la energía eléctrica, por lo que pidió acciones inmediatas de vigilancia y control por parte de las autoridades.También exhortó al sindicato a retomar el diálogo y evitar medidas que puedan generar, según advierten, “daños irreversibles para la sociedad”.
El servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Santander (HUS) enfrenta una crítica situación por la alta demanda de pacientes, lo que ha llevado a una ocupación que supera ampliamente su capacidad instalada, especialmente en las áreas de adultos y ginecoobstetricia.De acuerdo con el más reciente reporte institucional, la atención en urgencias de adultos alcanza el 140% de ocupación, mientras que ginecoobstetricia llega al 175%, cifras que reflejan una saturación que dificulta la operación normal del centro asistencial.El subgerente del hospital, Orlando Quintero, explicó que la infraestructura habilitada no está diseñada para soportar el volumen actual de pacientes.“Tenemos sobreocupación en los servicios de urgencias adultos y ginecoobstetricia. Nuestra capacidad es de 116 pacientes adultos, 12 obstétricos y 9 pediátricos, y efectivamente estamos muy por encima de esos límites. Esto rebosa nuestra capacidad para seguir recibiendo pacientes de otras instituciones”, señaló.El directivo indicó que, debido a la congestión, el hospital se ha visto obligado a priorizar estrictamente los casos críticos y de alta complejidad, lo que ha implicado restringir algunas remisiones provenientes de otros centros médicos del departamento, así como orientar a ciertos usuarios hacia la red básica de atención.Como hospital de referencia regional, el HUS atiende patologías complejas, cirugías especializadas, traumas graves y emergencias que requieren manejo avanzado. Por ello, las directivas hicieron un llamado a la comunidad para que acuda primero a los servicios de urgencias de las EPS o centros de atención primaria cuando se trate de casos no vitales.Según la institución, la llegada masiva de pacientes con afecciones leves o moderadas incrementa los tiempos de espera y limita la capacidad de respuesta para quienes realmente necesitan atención inmediata.“El hospital está diseñado para resolver situaciones críticas, hay urgencias que pueden ser atendidas en otros niveles de la red, si todos acudimos directamente aquí, el sistema se congestiona”, concluyó Quintero.
La Defensoría del Pueblo denunció la retención ilegal de una caravana del Pueblo Indígena Barí, resguardo Catalaura, ocurrida el pasado 16 de febrero cuando se desplazaban hacia Cúcuta.Según la entidad, el grupo fue detenido en un retén ilegal por hombres vestidos de civil que se identificaron como integrantes del ELN.La entidad señala que aunque la caravana logró llegar posteriormente a Cúcuta sin incidentes, el episodio dejó un ambiente de zozobra, “pues la estigmatización les genera temor de que puedan agravarse las agresiones”.“Este tipo de acciones vulneran la integridad de los líderes y sus derechos como pueblo indígena y constituyen una infracción al Derecho Internacional Humanitario. El principio de distinción obliga a todos los actores armados a no involucrar a la población civil en las hostilidades”, dice el comunicado.En ese contexto, hizo un llamado a las autoridades para activar las rutas de prevención y protección que garanticen la seguridad de los delegados, tanto durante su permanencia en Cúcuta como en su retorno al territorio.También “reitera su llamado a los grupos armados para que cesen cualquier acción que ponga en riesgo a las autoridades ancestrales y respeten los espacios de interlocución legítima de los pueblos indígenas con el Estado”.La entidad anunció que continuará acompañando al Pueblo Barí para que pueda ejercer su derecho a la participación sin miedo a represalias ni ataques contra su vida e integridad.
Desde las 7:00 de la mañana de este viernes 20 de febrero comenzó la huelga convocada por el sindicato Sintraelecol en la Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. (ESSA), filial del Grupo EPM, luego de no lograrse un acuerdo dentro del proceso de negociación colectiva.La decisión fue aprobada en Asamblea General el pasado 7 de febrero por las subdirectivas del sindicato en Bucaramanga, Barrancabermeja, Socorro, San Gil y Barbosa, tras agotarse 40 días de arreglo directo y dos jornadas de mediación realizadas el 11 y 16 de febrero en Bogotá con acompañamiento del Gobierno Nacional.El sindicato sostiene que la empresa rechazó todas las alternativas presentadas y que la organización buscaba introducir desmejoras laborales y afectar derechos adquiridos en la convención colectiva, por lo que califican la huelga como la “última alternativa” ante el cierre del diálogo.Carlos Roncancio, asesor legal de los Trabajadores de la Energía Eléctrica en Colombia, aseguró que, durante el cese, se respetarán los servicios mínimos esenciales.“El desarrollo de esta huelga garantiza los mínimos esenciales. La ciudadanía puede estar tranquila. Los trabajadores luchan por sus derechos y por un servicio de energía eficiente para los hogares”, afirmó.Además, hizo un llamado a las autoridades nacionales y regionales para que acompañen el proceso y actúen como garantes del derecho constitucional a la huelga.“Pedimos al Ministerio de Trabajo, Ministerio de Minas, Procuraduría, Defensoría, Superintendencia de Servicios Públicos, autoridades municipales y departamentales que sean garantes del desarrollo de la huelga y que vigilen que no haya conductas que intenten sabotear el movimiento obrero”, agregó Roncancio.Uno de los argumentos centrales de Sintraelecol es que ESSA cuenta con solidez financiera suficiente para atender el pliego de peticiones. Según el sindicato, la empresa registra márgenes operativos superiores al 28 %, rentabilidad del patrimonio cercana al 26 % y calificación crediticia AAA(col), lo que demostraría, afirman, que las solicitudes no comprometen su sostenibilidad.Entre sus peticiones también está la formalización de más de 3.000 trabajadores tercerizados que desarrollan actividades misionales permanentes. Asimismo, pidieron al Ministerio del Trabajo seguimiento para evitar represalias contra quienes participan en el cese.Tras el inicio de la huelga, Blu Radio conoció una carta enviada por el gerente general de EPM y líder del Grupo EPM, John Maya Salazar, a los trabajadores del grupo empresarial.En la comunicación, el directivo afirma que el Grupo EPM ofrece “una de las mejores condiciones laborales del país”, con salarios por encima del promedio del mercado y beneficios en vivienda, educación, salud y bienestar. Señala que en ESSA la compensación estaría por encima del 120 % del mercado laboral colombiano.Frente a la negociación, la empresa indicó que propuso mejoras en beneficios como auxilio sindical por alimentación, seguro de vida y fondos de vivienda y educación, además de un incremento salarial correspondiente al IPC a noviembre de 2025 más tres puntos adicionales, con el fin, según la compañía, de garantizar la sostenibilidad financiera.En la carta también se advierte que el pliego sindical tendría un costo cercano a los $243.000 millones, de los cuales $98.000 millones corresponderían a nuevos beneficios y $132.000 millones a salarios, incluyendo una solicitud de incremento del 23 %. La empresa enfatiza que ninguno de sus trabajadores devenga salario mínimo.El Grupo EPM alertó además que la huelga podría afectar a 445 profesionales del sindicato Siproessa, quienes se verán obligados a suspender actividades y salarios durante el cese.Asimismo, recordó que ESSA atiende 102 municipios en seis departamentos, con más de 958.000 clientes, entre ellos hospitales, acueductos, instituciones educativas, hogares geriátricos, centros penitenciarios, aeropuertos y usuarios con condiciones médicas especiales, por lo que subraya la importancia estratégica del servicio eléctrico.
A 18 años de prisión fue condenado Juan Diego Arias Padilla por su participación en el homicidio de una docente de 27 años, ocurrido el 30 de abril de 2025 en el barrio Chicó de Barrancabermeja, Santander.De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, el joven, quien tenía 19 años al momento de los hechos, admitió su responsabilidad en el crimen mediante la suscripción de un preacuerdo con el ente acusador. El acuerdo fue presentado ante un juez de la República, quien lo avaló y fijó la pena en 18 años de prisión.Las investigaciones establecieron que la víctima fue atacada por Arias Padilla, quien conducía una motocicleta desde la cual otro hombre disparó en repetidas ocasiones contra la educadora. Tras cometer el crimen, los responsables huyeron del lugar.La captura del hoy condenado se produjo el 3 de diciembre de 2025, luego de varios meses de labores investigativas. Durante el proceso judicial, la Fiscalía demostró su responsabilidad en los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego agravado.El caso generó conmoción en Barrancabermeja, especialmente en el sector educativo, donde la víctima era reconocida por su labor profesional.
La Secretaría de Salud de Santander encendió las alertas ante el alto número de quejas relacionadas con la no entrega o la demora en la dispensación de medicamentos en el departamento. Según el secretario de Salud departamental, Edwin Prada, el 70% de las reclamaciones actuales en el sector corresponden a esta problemática.De acuerdo con el funcionario, en lo corrido de 2026 se han registrado cerca de 1.800 quejas, en su mayoría por fallas en la entrega oportuna de tratamientos, situación que afecta especialmente a pacientes con enfermedades huérfanas, patologías de alto costo y cáncer.“Yo creo que el 70% de las quejas que hay en este momento del sector salud está por la no dispensación a tiempo de medicamentos. Preocupan obviamente los de enfermedades huérfanas, los medicamentos de pacientes con enfermedades de alto costo y de patologías de cáncer”, afirmó Prada.Ante la situación, la Superintendencia Nacional de Salud realizó recientemente una mesa de trabajo en Santander, con la participación de todas las EPS que operan en el departamento. El encuentro tuvo como objetivo principal abordar la problemática en la dispensación de medicamentos.El secretario recordó que el panorama es complejo, teniendo en cuenta que cerca del 80% de la población santandereana está afiliada a EPS que actualmente se encuentran intervenidas. De ese porcentaje, aproximadamente el 50% corresponde a usuarios de Nueva EPS, mientras que cerca de un 30% está afiliado a Sanitas y Coosalud, también bajo intervención. A esto se suma Famisanar, que igualmente atraviesa un proceso similar.“Aquí el llamado es a ponernos los guantes desde la Secretaría de Salud a luchar por los deberes y los derechos que tienen los pacientes en el suministro de medicamentos. No estamos para discutir ni para pelear, sino para garantizar ese derecho”, señaló.Prada destacó que, pese a la crisis en la dispensación de medicamentos, Santander cuenta con una red hospitalaria sólida. En la vigencia 2025, ninguno de los hospitales públicos del departamento cerró con riesgo financiero, y la infraestructura de salud no solo atiende a población local, sino también a pacientes de Norte de Santander, Arauca, sur de Bolívar, sur del Cesar y parte de Boyacá, además de población migrante.Sin embargo, insistió en que la principal dificultad actual es la falta de entrega de algunas moléculas y medicamentos específicos, lo que ha motivado la intervención de la Superintendencia y el acompañamiento de asociaciones de usuarios y veedores.
Un incendio, al parecer provocado de manera intencional, devastó más de 13 hectáreas del Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI) San Silvestre, una zona de especial importancia ecológica por ser corredor biológico del jaguar americano, el mico cariblanco y el mico aullador.En las imágenes del lugar se observa un panorama desolador: extensas áreas reducidas a cenizas, troncos calcinados, suelo completamente ennegrecido y la vegetación arrasada por las llamas. Lo que antes era cobertura boscosa hoy luce como un terreno árido, marcado por el fuego y la destrucción.Leonardo Granados, secretario de Ambiente y Transición Energética, confirmó que el incendio habría sido generado por personas que pretendían apropiarse ilegalmente de los terrenos.Desde la Secretaría de Ambiente y Transición Energética se activó un operativo conjunto con la Policía Ambiental para desalojar a los presuntos invasores e iniciar un proceso de restauración ecológica, con el fin de mitigar el impacto sobre la fauna y la flora de la zona.“Nos encontramos en el DRMI San Silvestre ante un incendio generado por personas inescrupulosas, un desastre ecológico de más de 13 hectáreas, un daño a los recursos naturales. Con la Policía Ambiental vinimos a imponer orden y autoridad para proteger esta área de especial importancia ecológica y preservar el corredor del jaguar americano, el mico cariblanco y el mico aullador. No vamos a permitir invasiones que generen daños ambientales ni contaminación con aguas residuales, porque el DRMI San Silvestre es la esencia de la diversidad. Haremos respetar la ley”, afirmó el funcionario.La Alcaldía Distrital hizo un llamado a la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) para que adelante los procesos sancionatorios correspondientes y los responsables de este delito ambiental enfrenten las consecuencias legales.El DRMI San Silvestre es considerado un ecosistema estratégico para la conectividad de especies y la conservación de la biodiversidad en el territorio, por lo que autoridades ambientales reiteraron que intensificarán los controles para evitar nuevas afectaciones.