Una escena de contaminación extrema encendió las alarmas ambientales en el caño Pozo Siete, donde autoridades encontraron colchones, neveras, tablas, muebles viejos y toda clase de residuos sólidos arrojados al afluente. En medio de esa acumulación de desechos fueron detectadas tres babillas adultas que permanecían atrapadas en un entorno insalubre y riesgoso.La situación fue reportada por la comunidad del sector, que alertó sobre la presencia constante de los reptiles cerca de viviendas y zonas transitadas. Tras la inspección, la Secretaría de Ambiente y Transición Energética confirmó no solo el deterioro del ecosistema, sino también el peligro potencial tanto para la fauna como para los habitantes, especialmente niños.Como medida preventiva, las tres babillas serán reubicadas en la Ciénaga San Silvestre, un hábitat natural con mejores condiciones para la especie, en una operación que contará con el apoyo de la Policía Ambiental.El secretario de Ambiente, Leonardo Granados Cárdenas, calificó el panorama como preocupante. “Es lamentable ver tanta contaminación por falta de cultura ciudadana. Encontramos electrodomésticos, colchones, camas y basura que no deberían terminar en los humedales. Esto pone en riesgo la vida de los animales y también la seguridad de las personas”, señaló.El funcionario explicó que, aunque las babillas hacen parte del ecosistema local, el crecimiento de estos ejemplares y su permanencia en un caño contaminado podría generar incidentes con la comunidad. “Son animales grandes y pueden causar lesiones si se sienten amenazados. Por eso decidimos trasladarlas a un lugar más seguro y protegido”, agregó.Además del traslado de los reptiles, el caño Pozo Siete fue incluido dentro de un proyecto de limpieza y recuperación ambiental que busca retirar toneladas de residuos, mejorar la calidad del agua y prevenir problemas sanitarios en los barrios aledaños.La Alcaldía también hizo un llamado urgente a los habitantes de la parte alta del afluente para evitar arrojar basura y escombros. “Los caños no son basureros. Necesitamos conciencia ciudadana para proteger nuestros humedales y la biodiversidad”, insistió Granados.Las autoridades advirtieron que continuarán los operativos de inspección y no descartan sanciones para quienes sigan contaminando este cuerpo hídrico.
Una discusión entre varios hombres terminó en tragedia en el malecón de Girón durante la madrugada del domingo. Sobre la 1:00 a. m., una riña con armas blancas dejó un hombre muerto y tres personas heridas, en hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades.De acuerdo con versiones preliminares, un grupo de amigos se encontraba departiendo y consumiendo bebidas embriagantes a orillas del río de Oro, que atraviesa el municipio de sur a norte, cuando se produjo un reclamo porque uno de los presentes habría orinado cerca del afluente. El llamado de atención desató un cruce de palabras que fue subiendo de tono.Testigos indicaron que uno de los involucrados se retiró del lugar y regresó minutos después acompañado de otros hombres, quienes, presuntamente armados con cuchillos, sin mediar palabra, atacaron al grupo, generando pánico entre quienes transitaban por la zona turística.Cuatro personas resultaron lesionadas y fueron trasladadas de urgencia a centros asistenciales. Uno de ellos, un hombre de 41 años, falleció debido a la gravedad de las heridas, mientras que los otros tres permanecen bajo atención médica.Las autoridades lograron ubicar y capturar al presunto agresor, un hombre de 29 años, quien también presentaba una lesión en una extremidad. Tras ser valorado en un centro asistencial, fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de homicidio y lesiones personales.La Policía acordonó el sector, recopiló testimonios y revisa cámaras de seguridad. El malecón, frecuentado por familias y visitantes, registró momentos de caos mientras los presentes buscaban refugio.Las autoridades anunciaron mayor presencia policial en el área y reiteraron el llamado a la convivencia pacífica para evitar que hechos de intolerancia deriven en tragedias.
Un intento por evadir un control policial terminó con un menor de edad herido en el barrio Mutis, en Bucaramanga, luego de que un motociclista invadiera el andén y lo atropellara mientras huía de las autoridades.El hecho se registró en la calle 60 con carrera 8W, donde uniformados adelantaban operativos de registro y control. Según el reporte oficial, el conductor, de 22 años, aceleró al notar la presencia de la Policía y emprendió la fuga a alta velocidad.Durante la maniobra, perdió el control de la motocicleta, se subió al andén y arrolló al niño, quien caminaba acompañado de sus padres.El menor fue trasladado de inmediato a la Clínica Bucaramanga para valoración médica, mientras que el motociclista fue interceptado metros más adelante y capturado en flagrancia por el delito de lesiones personales. El vehículo quedó a disposición de la Secretaría de Tránsito.El coronel Emerson Carranza, oficial de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, rechazó la imprudencia del conductor y recordó que este tipo de conductas ponen en riesgo la vida de terceros.“Evadir los controles y conducir de manera irresponsable puede generar tragedias. Actuamos de inmediato para proteger a la comunidad y poner al responsable a disposición de la justicia”, señaló. El capturado fue dejado en manos de la Fiscalía, que definirá su situación judicial.Las autoridades reiteraron el llamado a respetar las normas de tránsito y a atender los requerimientos policiales para evitar hechos que comprometan la seguridad de peatones y conductores.Una situación similar ocurrió en Cabecera el pasado 1 de febrero, cuando un conductor borracho chocó tres veces y terminó dentro de un establecimiento comercial tras intentar evadir un retén de tránsito. Los establecimientos aún están esperando el pago de sus daños materiales.
La preocupación crece en varios municipios del sur de Santander ante la presunta presencia de grupos armados ilegales que estarían exigiendo pagos extorsivos, conocidos como “vacunas”, a ganaderos, comerciantes y habitantes de la provincia.Los reportes se concentran en zonas rurales de Encino, Coromoro, García Rovira y otras localidades cercanas, donde la comunidad ha denunciado intimidaciones y presiones económicas por parte de estructuras criminales.Ante este panorama, el Ejército y unidades del Gaula Militar reforzaron la presencia en el territorio con operativos de control, patrullajes y labores de inteligencia para contener cualquier intento de expansión de estos grupos.El secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, aseguró que se activó una intervención conjunta con la Policía Militar y que se solicitó acompañamiento directo al Ministerio de Defensa.“Con intervención de la Policía Militar hemos estado haciendo control en el territorio, articulados con las peticiones que se hicieron al ministro de Defensa, por lo que hemos venido adelantando acompañamiento y seguimiento a esta estructura del ELN”, explicó el funcionario.Las autoridades indicaron que, debido a la cercanía con Norte de Santander, se ha evidenciado mayor movilidad de grupos armados ilegales, entre ellos el Ejército de Liberación Nacional (ELN), organización que presuntamente se habría atribuido el homicidio de un ganadero en Coromoro, hecho que aumentó la zozobra en la región.Desde la Gobernación reiteraron que se intensificarán los operativos de control territorial y las acciones de inteligencia para proteger a la población y garantizar la seguridad de los productores rurales y comerciantes.Las autoridades también pidieron a la ciudadanía denunciar cualquier intento de extorsión o amenaza a través de las líneas del Gaula.
El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) emitió una alerta por la posibilidad de nuevas inundaciones en la cuenca del río Sinú, debido al incremento de las lluvias previstas en la región Caribe entre el 22 y el 24 de febrero.“Se prevé que el litoral caribeño presente incidencia indirecta del frente frío lo que propiciaría las condiciones de vientos fuertes, oleaje y activación de lluvias en los diferentes sectores de la región Caribe”, se lee en el comunicado.El Ideam explicó que se espera una tendencia al ascenso en los niveles del río a partir del 23 de febrero, con fluctuaciones durante los días posteriores. Aunque los volúmenes previstos no serían similares a los registrados a inicios del mes, el riesgo de inundaciones persiste, por lo que se recomienda mantener medidas de prevención y monitoreo constante.Entre los sectores con mayor riesgo se encuentran Montería, Canalete, Cereté, Chimá, Ciénaga de Oro, Cotorra, Lorica, Los Córdobas, Momil, Puerto Escondido, Purísima, San Antero, San Bernardo del Viento, San Carlos, San Pelayo, Tierralta y Valencia, en el departamento de Córdoba. En Antioquia, la alerta incluye a Arboletes, San Juan de Urabá y San Pedro de Urabá.El pronóstico meteorológico indica que el 22 de febrero se registrarán lluvias moderadas o altas en el centro y sur de Córdoba, con acumulados entre 20 y 40 milímetros. Para el 23 de febrero se esperan las precipitaciones más intensas, con acumulados que podrían alcanzar entre 40 y 60 milímetros. El 24 de febrero, las lluvias disminuirían, pero persistirán en niveles moderados, con mayor nubosidad y condiciones convectivas asociadas al frente frío.El Ideam mantiene un monitoreo permanente del comportamiento hidrológico del río Sinú y reiteró que, aunque en algunos sectores como Montería se ha observado un descenso en los niveles del agua, no se descartan nuevos aumentos en función de las lluvias previstas.Finalmente, el instituto señaló la importancia de vigilar los rompederos y puntos de desborde, mantener activos los planes de prevención por parte de las autoridades locales y consultar los comunicados del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. También se pidió a pescadores y usuarios de pequeñas embarcaciones verificar las restricciones de navegación debido a los niveles elevados del río y las condiciones de viento y oleaje en el litoral Caribe.
La Registraduría Nacional del Estado Civil informó que está preparada para las elecciones del próximo 8 de marzo, luego de culminar el segundo simulacro nacional de preconteo de votos, un ejercicio clave para verificar la transmisión y consolidación de resultados.El registrador nacional, Hernán Penagos, señaló que la entidad trabaja de manera permanente para garantizar transparencia y tranquilidad a la ciudadanía durante la jornada electoral.”La registraduría está preparada para estas próximas elecciones y por eso trabajamos permanentemente para garantizar tranquilidad a toda la ciudadanía”, señaló el registrador.En la prueba participaron cerca de 35.000 personas en todo el territorio nacional y en consulados de diferentes países, quienes simularon la transmisión y recepción de resultados desde regiones como Vichada, Nariño, La Guajira y Chocó.El ejercicio contó con el acompañamiento de organismos de control como la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía, además de organizaciones políticas y observadores internacionales, entre ellos la Unión Europea.Según la Registraduría, el simulacro se desarrolló de manera eficiente y el procesamiento de los datos fue “impecable”, lo que permite avanzar en el alistamiento final para los comicios.“Venimos trabajando en un simulacro que transcurrió de manera eficiente y los resultados y el procesamiento fue impecable”, agregó.Penagos anunció que en las próximas semanas se realizarán nuevos simulacros enfocados en la transmisión de los formularios E-14, así como exposiciones del código fuente de los softwares electorales y auditorías a los sistemas de información.Estas actividades buscan reforzar la seguridad tecnológica y brindar mayores garantías de integridad electoral.Finalmente, la Registraduría reiteró que continuará afinando todos los detalles logísticos y tecnológicos de cara a las elecciones del 8 de marzo, e hizo un llamado a los ciudadanos para que tengan confianza en el proceso y participen activamente en la jornada democrática.
El Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo inicia formalmente su temporada lírica 2026 con El holandés errante, de Richard Wagner, una de las obras más influyentes del repertorio operístico. La producción, dirigida escénicamente por Marcelo Lombardero, tendrá tres funciones: el jueves 19 a las 8:00 p. m., y el sábado 21 y domingo 22 a las 5:00 p. m. Aún quedan pocas entradas disponibles.En entrevista con El Radar de Blu Radio, Lombardero destacó la relevancia histórica de la obra: “Es una obra fundamental de la historia de la literatura dramático-musical”. Según explicó, Wagner planteó en esta ópera una concepción revolucionaria del espectáculo, entendida como una “obra de arte totalizante”, donde confluyen distintas disciplinas artísticas y el teatro deja de ser solo entretenimiento para convertirse también en un espacio de reflexión.“El hilo dramático es conducido por la música y no tiene interrupciones”, afirmó el director. La puesta en escena dura aproximadamente dos horas y quince minutos, “de corrido, sin intervalos, sin interrupciones”, lo que exige del público “una profunda concentración”. Lombardero subrayó que, además del texto y la acción, la música aporta una dimensión psicológica: “Los personajes ya no solamente dicen lo que dicen, sino que ese discurso es completado por la subjetividad de la música”.Elenco sudamericano y figuras destacadasLa producción cuenta con un elenco mayoritariamente sudamericano, con artistas de Colombia, Costa Rica y Argentina. La dirección musical está a cargo del suizo Estefan Lano, con amplia trayectoria en América Latina.Entre las voces colombianas sobresalen Betty Garcés y Valeriano Lanchas. Sobre Garcés, Lombardero aseguró: “Es una artista de primer nivel mundial”, y calificó como un placer trabajar con ella. De Lanchas, resaltó no solo su calidad artística sino el vínculo personal: “Además de ser un gran artista es un gran amigo”.Completan el reparto los argentinos Hernán Iturralde y Gustavo López Manzitti, este último activo en el Teatro de Coburgo en Alemania. La producción cuenta además con la Orquesta Filarmónica de Bogotá y el Coro Nacional de Colombia, al que el director definió como “una institución fabulosa”.“Quedan poquitas entradas, apúrense”, invitó Lombardero, al señalar que esta es una oportunidad única para presenciar una obra clave del repertorio wagneriano en Bogotá.Escuche la entrevista completa acá:
La Lotería de Boyacá de este sábado 21 de febrero de 2026 ya celebró su sorteo número 4612, liderado por el gobierno del departamento de Boyacá, generando más recursos para la salud de los boyacenses y de los colombianos. El número ganador del premio mayor de la Lotería de Boyacáde este sábado 21 de febrero de 2026 es el 6625 de la serie 353. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $15.000 millones!Secos de la Lotería de BoyacáA continuación, se presentan todos los secos que cayeron de la lotería para que revise bien su billete y compruebe si fue el feliz ganador de alguno de ellos:Seco de 1.000 millones6662 — Serie 318Seco de 400 millones7201 — Serie 149Seco de 300 millones6835 — Serie 015Seco de 100 millones0794 — Serie 167Secos de 50 millones0029 — Serie 3933203 — Serie 3049235 — Serie 1075597 — Serie 380Secos de 20 millones9748 — Serie 0307902 — Serie 4619505 — Serie 3062844 — Serie 2445596 — Serie 1637145 — Serie 0804245 — Serie 0686082 — Serie 0681848 — Serie 4018390 — Serie 2541754 — Serie 4165467 — Serie 0151738 — Serie 4152499 — Serie 4054860 — Serie 457Secos de 10 millones0020 — Serie 2900421 — Serie 2670477 — Serie 4530518 — Serie 2750523 — Serie 3480980 — Serie 2430988 — Serie 2571268 — Serie 3062251 — Serie 0252425 — Serie 1252455 — Serie 3012933 — Serie 1172983 — Serie 3113084 — Serie 3023131 — Serie 1843364 — Serie 2933456 — Serie 1983691 — Serie 1903789 — Serie 1734287 — Serie 4594494 — Serie 3394759 — Serie 2304931 — Serie 4424983 — Serie 1445146 — Serie 4645785 — Serie 2125791 — Serie 3495992 — Serie 1296449 — Serie 3716772 — Serie 4397446 — Serie 0708309 — Serie 3228515 — Serie 0789178 — Serie 2749702 — Serie 0299916 — Serie 345Reconfirme en la siguiente imagen, publicada por la Lotería de Boyacá, si su número está entre los ganadores.El sorteo se lleva a cabo todos los sábados a las 22:42 hora local y puede seguirse en vivo a través del Canal Trece y en la página de Facebook de Telesantiago mediante su transmisión en vivo, lo que permite a los participantes conocer los resultados en tiempo real.
El sorteo 2621 del Baloto y Revancha dejó miles de ganadores en premios secundarios, pero ningún acertante del premio mayor, por lo que los acumulados siguen creciendo para el próximo juego del lunes 23 de febrero.Resultado BalotoEl sorteo 2621 del Baloto se realizó la noche del sábado 21 de febrero de 2026, autorizado por Coljuegos y transmitido por Canal 1, como es habitual en este juego de azar nacional. La combinación ganadora estuvo conformada por los números 07, 12, 22, 25, 40 y la Súper Balota 10, tal como registra el histórico oficial del juego para esa fecha.Números ganadores y premios del BalotoDe acuerdo con el tablero de resultados del sorteo 2621, estas fueron las combinaciones de aciertos y la premiación correspondiente en el Baloto.5 aciertos + Súper Balota: 0 ganadores, premio mayor desierto.5 aciertos: 0 ganadores.4 aciertos + Súper Balota: premio total cercano a 9,1 millones de pesos, con un pago cercano a 1,8 millones por ganador.4 aciertos: premiación superior a 9 millones de pesos repartida entre varias decenas de jugadores.3 aciertos + Súper Balota y 3 aciertos: miles de ganadores con premios de decenas de miles de pesos por apuesta.2 aciertos + Súper Balota y solo Súper Balota: más de 20.000 ganadores en las categorías de menor valor, con premios de 6.000 y 11.000 pesos por apuesta.En conjunto, el Baloto tradicional entregó alrededor de 200,1 millones de pesos en premios, pese a no haber ganador del pozo principal, cifra que se suma a la recaudación que financia la operación del juego y los recursos que por ley se destinan a la salud en Colombia. Revancha: números y acumuladoDe forma simultánea se jugó el sorteo 2621 de Revancha, la modalidad adicional del Baloto que ofrece una segunda oportunidad de ganar con los mismos números elegidos en la apuesta principal. Para esta fecha, el premio mayor de Revancha ascendía a 16.100 millones de pesos, sin que se reportara un ganador del pozo.Los números ganadores de Revancha fueron 06, 13, 14, 17, 19 y la Súper Balota 12, de acuerdo con el registro oficial del juego y los portales especializados en resultados de loterías. Al igual que en el Baloto tradicional, en Revancha no se presentó ningún acertante de los cinco números más la Súper Balota, por lo que el acumulado sube a 16.300 millones de pesos para el sorteo del lunes 23 de febrero.colombia+2En Revancha se contabilizaron 26.859 ganadores y una premiación total superior a 102,5 millones de pesos distribuidos en las diferentes categorías de aciertos. Las franjas con cuatro y tres aciertos, con o sin Súper Balota, concentraron la mayoría de los pagos, mientras que las categorías de menor valor reunieron a decenas de miles de jugadores con premios cercanos a los 3.000 y 5.000 pesos.
Los trabajos incluyeron la instalación de torres de emergencia, el tendido de los cables conductores mediante dron y el aseguramiento de la línea eléctrica.Tras varios días de trabajo técnico y logístico, la Empresa Electrificadora de Santander (ESSA) informó que logró restablecer el servicio de energía eléctrica en Cimitarra, Puerto Parra y en sectores rurales de Bolívar, El Peñón, La Belleza, Landázuri y Sucre, municipios que resultaron afectados por los deslizamientos de tierra en el corredor de la línea de alta tensión.Según la empresa, las labores avanzaron de manera estratégica aprovechando las condiciones climáticas favorables y el diálogo con las comunidades de la zona, que en algunos momentos interrumpieron las obras. Pese a los retos geológicos, técnicos y logísticos, el personal de campo logró culminar la reparación con éxito.ESSA destacó el respaldo de compañías como EPM, INTERCOLOMBIA (ISA) y CENIT (Grupo Ecopetrol), que facilitaron estructuras de emergencia y dispusieron un helicóptero para el traslado de materiales, reduciendo los tiempos y superando las dificultades de acceso por vía terrestre.La Subgerencia de Subestaciones y Líneas de ESSA lideró la atención de la emergencia, con apoyo de equipos multidisciplinarios y contratistas especializados en estudios geológicos y labores de instalación.ESSA realizó las pruebas necesarias para verificar la estabilidad del sistema, de igual manera hay algunas zonas veredales con las cuales en próximos días se restablecerá el servicio.La empresa destacó las labores adelantadas por el personal técnico, las empresas aliadas y las comunidades.ESSA recordó que cualquier falla o anomalía puede reportarse a las líneas 115, 01 8000 97 19 03 o al WhatsApp 318 833 9121.
Lo que se conoce del caso es que Vanessa recibió un mensaje de WhatsApp hacia las 9:26 p. m. del 8 de noviembre y abandonó el establecimiento comercial donde trabajaba. Posteriormente, se subió a una motocicleta conducida por un hombre, por lo que las autoridades no descartan un posible feminicidio.El coronel Raúl Pérez, comandante operativo de la Policía de Santander, confirmó que “un ciudadano se acercó a la estación de Policía informando sobre la presencia de un cuerpo sin vida sobre la vía en la vereda El Diamante. De inmediato, se dispuso de personal de investigación criminal para esclarecer este hecho y dar con los responsables”.Según información preliminar de las autoridades, la víctima, madre de una niña de tres años, fue encontrada con las manos amarradas, múltiples golpes y signos de haber intentado ser incinerada, en un hecho que ha generado profunda consternación en el departamento.Este caso se suma a una preocupante estadística, en lo corrido del año, Santander registra 21 homicidios de mujeres, de los cuales cuatro fueron tipificados como feminicidios que ocurrieron en Bucaramanga, tres más en Barrancabermeja y tres hechos violentos continuan en investigación en Sabana de Torres.Las autoridades han reiterado su llamado a reforzar las estrategias de prevención y protección frente a la violencia de género en el departamento.Desde la Alcaldía de Sabana de Torres se convocó una velatón en memoria de Vanessa y en apoyo a su familia, como muestra de rechazo frente a este nuevo hecho de violencia que enluta al municipio.La Policía Nacional invitó a la comunidad a colaborar con las autoridades aportando información que permita avanzar en la identificación del responsable.“Cualquier dato, por pequeño que parezca, puede ser clave para esclarecer este caso”, indicaron desde el comando departamental.
Un reciente estudio del Departamento de Salud Pública de la Universidad Industrial de Santander (UIS) reveló cifras preocupantes sobre los efectos de la contaminación del aire en Bucaramanga, 197 muertes registradas en 2024 estarían asociadas con la polución atmosférica, principalmente causada por el tráfico vehicular y las emisiones de automotores en mal estado.Según la investigación, liderada por la doctora Laura Andrea Rodríguez Villamizar, directora del Departamento de Salud Pública, entre 2023 y 2024 se evidenció un incremento significativo en las muertes atribuibles al material particulado fino (PM2.5), uno de los contaminantes más dañinos para la salud humana.“La cantidad de muertes atribuibles a la contaminación del aire fue de 142 en 2023 y 197 en 2024. Esto demuestra un deterioro claro de la calidad del aire y del impacto en la salud pública”, explicó Rodríguez Villamizar.El estudio, realizado con apoyo de la Secretaría de Salud y Ambiente de Bucaramanga, determinó que las emisiones de los más de 920.000 vehículos que circulan a diario en el área metropolitana son la principal fuente de contaminación. Los investigadores advierten que las partículas ultrafinas expulsadas por los escapes pueden llegar a los pulmones e incluso al torrente sanguíneo, afectando especialmente a adultos mayores, niños y pacientes con enfermedades respiratorias.Además, un trabajo piloto desarrollado por la UIS y la Universidad de los Andes reveló que los usuarios del transporte público están más expuestos a niveles peligrosos de contaminación que quienes viajan en carro particular. Las concentraciones fueron hasta cuatro veces mayores en buses que en vehículos particulares durante los trayectos entre Bucaramanga y Floridablanca.Esta situación refleja una desigualdad ambiental y social, pues las personas que dependen del transporte público están más expuestas a condiciones que deterioran su salud. “Es una inequidad que pone en riesgo a los sectores más vulnerables y contradice los principios del desarrollo sostenible”, subrayó Rodríguez Villamizar.
El Juzgado Quinto Administrativo de Bucaramanga admitió una acción de tutela que busca el restablecimiento de las condiciones normales de tránsito en la Ruta Nacional 45A, que conecta a Bucaramanga con Bogotá, y en la Transversal del Carare, entre Landázuri y Barbosa, vías que presentan graves afectaciones por derrumbes y hundimientos.La tutela fue interpuesta por el abogado Sergio Arenas, representante legal de la Fundación Ciudadano Metropolitano, en calidad de agente oficioso de las comunidades de los municipios de Oiba, Barbosa, Güepsa, Suaita, Confines, El Socorro, San Gil, Simacota, Landázuri, Vélez, Florián, Bolívar, Cimitarra, Puerto Parra, Puente Nacional, Gámbita, La Belleza, Guadalupe, Palmar y del Área Metropolitana de Bucaramanga.El recurso busca proteger los derechos fundamentales a la vida, la salud, el mínimo vital, la locomoción y la seguridad personal de miles de habitantes afectados por la crisis vial que ha paralizado la movilidad y la economía en el sur y occidente de Santander.El despacho judicial requirió al Ministerio de Transporte, Invías, ANI, UNGRD, Ministerios de Hacienda y Salud, DNP, Superintendencia de Salud, Defensa Civil, Cruz Roja, Agencia Nacional de Seguridad Vial, Procuraduría, Defensoría del Pueblo y a la Gobernación de Santander, para que entreguen informes sobre las medidas adoptadas frente a la emergencia.El juzgado otorgó dos días hábiles a las entidades para remitir la información solicitada, con especial énfasis en los documentos que prueben si líderes comunales o alcaldías alertaron previamente sobre el deterioro progresivo de las vías antes del colapso, y si dichas advertencias tuvieron o no respuesta por parte de las autoridades nacionales.Esta tutela se convierte en una nueva presión judicial al Gobierno nacional, ante la falta de soluciones estructurales a la grave crisis vial que atraviesa Santander.
Consternación y rechazo ha causado en Sabana de Torres, Santander, el hallazgo del cuerpo sin vida de Vanesa Amado Cárdenas, una joven de 21 años, en la vereda El Diamante. Según el reporte preliminar, la víctima presentaba múltiples impactos de bala, heridas con arma blanca y signos de tortura, por lo que las autoridades no descartan que se trate de un feminicidio.La Policía, la Fiscalía y Medicina Legal adelantan las investigaciones para establecer las circunstancias del crimen y dar con los responsables. El alcalde Darío Buchenicou rechazó de manera categórica el hecho y expresó su solidaridad con la familia de la víctima.“Rechazamos la violencia contra la mujer y pedimos a las autoridades dar con el o los responsables de este hecho que enluta a la región. Extendemos nuestras condolencias a la familia”, manifestó el mandatario.En un comunicado publicado en redes sociales, la Alcaldía reiteró que el municipio “rechaza y condena el maltrato contra la mujer” y calificó este homicidio como “un hecho cobarde que enluta a los sabaneros”.La comunidad se encuentra preocupada, pues en el municipio se han registrado varios casos de maltrato y violencia de género que en algunos casos han terminado en muertes. En redes sociales, amigos y familiares lamentaron el crimen de Vanesa, quien dejaba una hija pequeña y se encontraba por culminar sus estudios, buscando mejorar su situación económica.Varias mujeres del municipio aprovecharon el hecho para denunciar la falta de atención y apoyo institucional. Aseguran que muchas víctimas de violencia son revictimizadas o ignoradas por las entidades locales encargadas de atender estos casos.“En Sabana de Torres, las mujeres que denuncian abusos rara vez reciben atención real. Son juzgadas o culpadas por lo que les ocurre”, señalaron en mensajes compartidos en redes sociales. Organizaciones sociales y líderes locales hacen un llamado urgente a las autoridades judiciales y administrativas para que refuercen los mecanismos de protección y garanticen justicia para las víctimas de violencia de género.
El candidato a la Cámara por Santander, Mauricio Martínez Triana, comenzó a cumplir una sanción de tres días de arresto luego de que un juez lo declarara en desacato por incumplir un fallo de tutela que le ordenaba eliminar publicaciones en redes sociales contra el también aspirante al Congreso, Luis Ferley Sierra, y abstenerse de repetirlas.La decisión fue emitida por el Juzgado 26 Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bucaramanga, que además impuso una multa equivalente a tres salarios mínimos mensuales legales vigentes. El despacho judicial determinó que Martínez no acató la orden previa del juez, por lo que procedía la sanción correctiva.A través de un video difundido en sus redes sociales, Martínez confirmó que ya se encuentra cumpliendo la medida. Señaló que respeta la decisión judicial, aunque aseguró que continuará defendiendo sus posiciones políticas. “Estoy dando la cara y cumpliendo lo ordenado por el juez”, manifestó.Por su parte, Luis Ferley Sierra indicó que acudió a la tutela para proteger sus derechos fundamentales al buen nombre y a la honra, argumentando que las publicaciones del hoy sancionado contenían señalamientos que, según él, afectaban su imagen pública. “Estas estrategias tratan de destruirnos mediáticamente y cómo en los puentes peatonales nos difaman me vi en la obligación de interponer la acción de tutela, en primera instancia nos negaron el derecho y en segunda instancia sí se nos protegió el derecho, y ante el incumplimiento de este personaje se da el arresto y vamos a interponer la denuncia penal”, expresó.El abogado Carlos Alfaro, quien ha estado al tanto del proceso, explicó que la sanción no constituye una condena penal ni genera antecedentes judiciales. “Es un desacato por incumplir una orden judicial y debe cumplir tres días en una inspección de Policía y luego queda en libertad”, precisó.Las autoridades señalaron que la medida se ejecuta en instalaciones administrativas y no en un centro carcelario.
El Ministerio del Trabajo realizó el sellamiento de varias oficinas administrativas de la Electrificadora de Santander en medio del paro laboral que completa 24 horas en el departamento, promovido por el sindicato Sintraelecol.La intervención se llevó a cabo durante la madrugada y, de acuerdo con los trabajadores, cobija únicamente dependencias de carácter administrativo que no tienen relación directa con la operación técnica ni con la distribución del fluido eléctrico.Desde el sindicato explicaron que el servicio para los usuarios se mantiene con normalidad y que no se han presentado interrupciones en la generación ni en el suministro de energía.Carlos Roncancio, asesor legal de los trabajadores, aseguró que la medida fue solicitada por la organización sindical como parte del proceso de huelga y recalcó que las áreas esenciales continúan funcionando.“Se han sellado áreas eminentemente administrativas que no tienen impacto en el fluido eléctrico. Además, se ha garantizado la prestación del servicio sin ninguna interrupción, porque las áreas operativas están cubiertas al 100% por los trabajadores. Incluso hay dependencias cuyos funcionarios están laborando desde casa con todos los implementos”, explicó.El paro hace parte de las reclamaciones laborales del sindicato, que busca avanzar en negociaciones con la empresa frente a condiciones contractuales y garantías para los empleados. Mientras tanto, el Ministerio del Trabajo actúa como autoridad competente para vigilar el cumplimiento de las normas durante la huelga.Por ahora, los usuarios del servicio de energía en Santander no registran afectaciones, aunque las partes continúan en diálogo para destrabar el conflicto.
Un procedimiento policial generó rechazo entre la comunidad del barrio El Progreso, en Barbosa, Santander, luego de que, en medio de una persecución, un uniformado presuntamente disparara contra un perro que acompañaba a un joven.El hecho se registró hacia las 6:37 de la tarde, cuando varios habitantes que se encontraban en la calle aseguraron haber escuchado múltiples detonaciones, lo que los obligó a correr para resguardarse ante el temor generado por los disparos.Según denuncias ciudadanas y videos difundidos en redes sociales, los hechos ocurrieron mientras la Policía perseguía a un hombre que corría junto a su mascota. En las grabaciones se escuchan advertencias y posteriormente los disparos; uno de los uniformados le dice “quieto o le mato el perro”. El animal habría resultado herido, al parecer con un impacto de bala en el cuello.Vecinos del sector increparon a los agentes, y la situación generó más tensión en el barrio, puesto que exigían que el perro lo llevaran a un centro veterinario, al punto que fueron necesarias más unidades de la Policía; sin embargo, al no encontrar respuesta y generarse más altercados, los mismos residentes fueron quienes auxiliaron al animal.Frente a la situación, el coronel Jhon Alexander Socha Ayala, comandante del Distrito de Policía Barbosa, explicó que el procedimiento se dio porque el hombre presuntamente intimidó a los uniformados para evitar su captura, "en actividades de registro y control el ciudadano reacciona evitando el procedimiento e intimido a los uniformados con un canino que se encontraba sin bozal, y en medio del forcejeo ingresa a su residencia, donde el canino se abalanza y le ocasiona una morderura al funcionario en su mano, es de resaltar que el policía al ver que el perro nuevamente lo ataca agoto todos medios para separarlo y como último recurso desenfundó su arma de fuego y le ´propino un disparo al canino".Confirmó que el ciudadano fue detenido por el delito de violencia contra servidor público, y además que la Policía inició una investigación preliminar para esclarecer cómo ocurrieron los hechos y determinar si hubo uso desproporcionado de la fuerza.
Ante el incremento de hechos de sicariato en San Gil, las autoridades departamentales y locales realizaron un consejo extraordinario de seguridad para analizar la situación y coordinar acciones urgentes que permitan frenar la llegada de estructuras criminales provenientes de otras regiones del país.De acuerdo con la Gobernación de Santander, los recientes homicidios estarían relacionados con bandas delincuenciales que buscan establecerse en el municipio, considerado uno de los principales destinos turísticos del departamento.El secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, aseguró que no se permitirá el deterioro de la seguridad.“No vamos a permitir que se incremente la inseguridad. Estamos trabajando de manera articulada con Policía y Ejército para restablecer el orden en nuestros municipios”, afirmó.Las autoridades advirtieron sobre la posible incursión de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada, conocidas como 'Los Pachenca', que intentarían ingresar al departamento por corredores del Magdalena Medio y el norte de Santander.También se han registrado capturas de integrantes de bandas provenientes de Cúcuta y del Valle del Cauca, cuyas acciones criminales, al parecer, eran coordinadas desde centros penitenciarios.El comandante de la Policía de Santander, coronel Néstor Arévalo, explicó que existe una intención criminal dinamizada por un cabecilla capturado en 2024, oriundo de San Gil, quien desde prisión habría establecido alianzas con delincuentes de Cúcuta, entre ciudadanos venezolanos y colombianos.Según el oficial, estos grupos estarían detrás de hechos violentos registrados en los últimos meses y de intentos por consolidar presencia en el municipio.Como parte de las medidas, se acordó acompañamiento permanente de la Fuerza Pública, refuerzo operativo con el grupo élite GOES, trabajo articulado con la Fiscalía, apoyo de Migración Colombia, coordinación con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y despliegues conjuntos entre Ejército y Policía.Las autoridades también alertaron sobre la presencia de grupos armados ilegales en sectores como el Magdalena Medio y la provincia de Vélez, donde se han reportado intimidaciones y extorsiones. Incluso, recientemente un ganadero fue asesinado por negarse a pagar exigencias económicas en el municipio de Coromoro.
La Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco) manifestó su preocupación por el anuncio de huelga realizado por el sindicato Sintraelecol, que agrupa a trabajadores de la Electrificadora de Santander, al advertir que una eventual suspensión del servicio de energía tendría graves consecuencias sociales, económicas y de salud pública.Desde Bogotá, el gremio aseguró que la medida podría impactar a más de 958.000 usuarios en 102 municipios de seis departamentos donde opera la Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. (ESSA).Según Andesco, el servicio eléctrico es considerado esencial y, de acuerdo con la Constitución y la Ley 142 de 1994, no sería susceptible de interrupciones que pongan en riesgo derechos fundamentales de la población.La asociación detalló que, además de los usuarios residenciales, existen 4.921 cuentas de manejo especial que dependen directamente del suministro continuo de energía, entre ellas 260 acueductos, 3.492 instituciones educativas, 21 sistemas de seguridad ciudadana, 288 cuentas asociadas a la Policía, 28 centros penitenciarios, 9 sistemas de semaforización, 78 sistemas de alumbrado público, 10 cuerpos de bomberos, 6 aeropuertos y 40 nodos de telecomunicaciones.También se verían comprometidos 517 establecimientos de salud, 71 usuarios electrodependientes, 47 hogares geriátricos y 54 centros del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).Frente al pliego sindical, Andesco indicó que la empresa ha propuesto mejoras en beneficios como auxilios de alimentación, seguros, educación, salud y vivienda, además de un aumento salarial por encima del IPC.Sin embargo, señaló que las peticiones de Sintraelecol tendrían un costo cercano a 243 mil millones de pesos, de los cuales más de 132 mil millones corresponderían a incrementos salariales equivalentes a un alza del 23 %.El gremio reiteró su respeto por el derecho a la asociación sindical y la negociación colectiva, pero insistió en que estos procesos deben garantizar la continuidad del servicio público.Andesco hizo un llamado al Ministerio de Minas y Energía, al Ministerio de Trabajo y al Ministerio de Salud para que intervengan y faciliten acuerdos que eviten una interrupción que afecte a miles de familias y sectores estratégicos.“La energía eléctrica soporta la operación hospitalaria, el abastecimiento de agua potable, la seguridad ciudadana y las telecomunicaciones. Los derechos de los usuarios deben prevalecer sobre cualquier desacuerdo laboral”, concluyó la asociación.
El anuncio de una huelga por parte del sindicato de trabajadores de la Electrificadora de Santander (ESSA) encendió las alarmas del sector empresarial. El Consejo Gremial Nacional advirtió que la suspensión del servicio eléctrico podría generar graves afectaciones sociales y económicas para más de 958 mil usuarios en siete departamentos del país.La empresa, filial de Empresas Públicas de Medellín (EPM), presta un servicio considerado esencial, por lo que los gremios solicitaron la intervención inmediata del Ministerio de Minas y Energía, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la Procuraduría General de la Nación para evitar una eventual interrupción.El Consejo Gremial fue enfático en que la Constitución prohíbe huelgas en servicios públicos esenciales como la energía eléctrica, por lo que pidió acciones inmediatas de vigilancia y control por parte de las autoridades.También exhortó al sindicato a retomar el diálogo y evitar medidas que puedan generar, según advierten, “daños irreversibles para la sociedad”.
El servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Santander (HUS) enfrenta una crítica situación por la alta demanda de pacientes, lo que ha llevado a una ocupación que supera ampliamente su capacidad instalada, especialmente en las áreas de adultos y ginecoobstetricia.De acuerdo con el más reciente reporte institucional, la atención en urgencias de adultos alcanza el 140% de ocupación, mientras que ginecoobstetricia llega al 175%, cifras que reflejan una saturación que dificulta la operación normal del centro asistencial.El subgerente del hospital, Orlando Quintero, explicó que la infraestructura habilitada no está diseñada para soportar el volumen actual de pacientes.“Tenemos sobreocupación en los servicios de urgencias adultos y ginecoobstetricia. Nuestra capacidad es de 116 pacientes adultos, 12 obstétricos y 9 pediátricos, y efectivamente estamos muy por encima de esos límites. Esto rebosa nuestra capacidad para seguir recibiendo pacientes de otras instituciones”, señaló.El directivo indicó que, debido a la congestión, el hospital se ha visto obligado a priorizar estrictamente los casos críticos y de alta complejidad, lo que ha implicado restringir algunas remisiones provenientes de otros centros médicos del departamento, así como orientar a ciertos usuarios hacia la red básica de atención.Como hospital de referencia regional, el HUS atiende patologías complejas, cirugías especializadas, traumas graves y emergencias que requieren manejo avanzado. Por ello, las directivas hicieron un llamado a la comunidad para que acuda primero a los servicios de urgencias de las EPS o centros de atención primaria cuando se trate de casos no vitales.Según la institución, la llegada masiva de pacientes con afecciones leves o moderadas incrementa los tiempos de espera y limita la capacidad de respuesta para quienes realmente necesitan atención inmediata.“El hospital está diseñado para resolver situaciones críticas, hay urgencias que pueden ser atendidas en otros niveles de la red, si todos acudimos directamente aquí, el sistema se congestiona”, concluyó Quintero.
La Defensoría del Pueblo denunció la retención ilegal de una caravana del Pueblo Indígena Barí, resguardo Catalaura, ocurrida el pasado 16 de febrero cuando se desplazaban hacia Cúcuta.Según la entidad, el grupo fue detenido en un retén ilegal por hombres vestidos de civil que se identificaron como integrantes del ELN.La entidad señala que aunque la caravana logró llegar posteriormente a Cúcuta sin incidentes, el episodio dejó un ambiente de zozobra, “pues la estigmatización les genera temor de que puedan agravarse las agresiones”.“Este tipo de acciones vulneran la integridad de los líderes y sus derechos como pueblo indígena y constituyen una infracción al Derecho Internacional Humanitario. El principio de distinción obliga a todos los actores armados a no involucrar a la población civil en las hostilidades”, dice el comunicado.En ese contexto, hizo un llamado a las autoridades para activar las rutas de prevención y protección que garanticen la seguridad de los delegados, tanto durante su permanencia en Cúcuta como en su retorno al territorio.También “reitera su llamado a los grupos armados para que cesen cualquier acción que ponga en riesgo a las autoridades ancestrales y respeten los espacios de interlocución legítima de los pueblos indígenas con el Estado”.La entidad anunció que continuará acompañando al Pueblo Barí para que pueda ejercer su derecho a la participación sin miedo a represalias ni ataques contra su vida e integridad.
Desde las 7:00 de la mañana de este viernes 20 de febrero comenzó la huelga convocada por el sindicato Sintraelecol en la Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. (ESSA), filial del Grupo EPM, luego de no lograrse un acuerdo dentro del proceso de negociación colectiva.La decisión fue aprobada en Asamblea General el pasado 7 de febrero por las subdirectivas del sindicato en Bucaramanga, Barrancabermeja, Socorro, San Gil y Barbosa, tras agotarse 40 días de arreglo directo y dos jornadas de mediación realizadas el 11 y 16 de febrero en Bogotá con acompañamiento del Gobierno Nacional.El sindicato sostiene que la empresa rechazó todas las alternativas presentadas y que la organización buscaba introducir desmejoras laborales y afectar derechos adquiridos en la convención colectiva, por lo que califican la huelga como la “última alternativa” ante el cierre del diálogo.Carlos Roncancio, asesor legal de los Trabajadores de la Energía Eléctrica en Colombia, aseguró que, durante el cese, se respetarán los servicios mínimos esenciales.“El desarrollo de esta huelga garantiza los mínimos esenciales. La ciudadanía puede estar tranquila. Los trabajadores luchan por sus derechos y por un servicio de energía eficiente para los hogares”, afirmó.Además, hizo un llamado a las autoridades nacionales y regionales para que acompañen el proceso y actúen como garantes del derecho constitucional a la huelga.“Pedimos al Ministerio de Trabajo, Ministerio de Minas, Procuraduría, Defensoría, Superintendencia de Servicios Públicos, autoridades municipales y departamentales que sean garantes del desarrollo de la huelga y que vigilen que no haya conductas que intenten sabotear el movimiento obrero”, agregó Roncancio.Uno de los argumentos centrales de Sintraelecol es que ESSA cuenta con solidez financiera suficiente para atender el pliego de peticiones. Según el sindicato, la empresa registra márgenes operativos superiores al 28 %, rentabilidad del patrimonio cercana al 26 % y calificación crediticia AAA(col), lo que demostraría, afirman, que las solicitudes no comprometen su sostenibilidad.Entre sus peticiones también está la formalización de más de 3.000 trabajadores tercerizados que desarrollan actividades misionales permanentes. Asimismo, pidieron al Ministerio del Trabajo seguimiento para evitar represalias contra quienes participan en el cese.Tras el inicio de la huelga, Blu Radio conoció una carta enviada por el gerente general de EPM y líder del Grupo EPM, John Maya Salazar, a los trabajadores del grupo empresarial.En la comunicación, el directivo afirma que el Grupo EPM ofrece “una de las mejores condiciones laborales del país”, con salarios por encima del promedio del mercado y beneficios en vivienda, educación, salud y bienestar. Señala que en ESSA la compensación estaría por encima del 120 % del mercado laboral colombiano.Frente a la negociación, la empresa indicó que propuso mejoras en beneficios como auxilio sindical por alimentación, seguro de vida y fondos de vivienda y educación, además de un incremento salarial correspondiente al IPC a noviembre de 2025 más tres puntos adicionales, con el fin, según la compañía, de garantizar la sostenibilidad financiera.En la carta también se advierte que el pliego sindical tendría un costo cercano a los $243.000 millones, de los cuales $98.000 millones corresponderían a nuevos beneficios y $132.000 millones a salarios, incluyendo una solicitud de incremento del 23 %. La empresa enfatiza que ninguno de sus trabajadores devenga salario mínimo.El Grupo EPM alertó además que la huelga podría afectar a 445 profesionales del sindicato Siproessa, quienes se verán obligados a suspender actividades y salarios durante el cese.Asimismo, recordó que ESSA atiende 102 municipios en seis departamentos, con más de 958.000 clientes, entre ellos hospitales, acueductos, instituciones educativas, hogares geriátricos, centros penitenciarios, aeropuertos y usuarios con condiciones médicas especiales, por lo que subraya la importancia estratégica del servicio eléctrico.
A 18 años de prisión fue condenado Juan Diego Arias Padilla por su participación en el homicidio de una docente de 27 años, ocurrido el 30 de abril de 2025 en el barrio Chicó de Barrancabermeja, Santander.De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, el joven, quien tenía 19 años al momento de los hechos, admitió su responsabilidad en el crimen mediante la suscripción de un preacuerdo con el ente acusador. El acuerdo fue presentado ante un juez de la República, quien lo avaló y fijó la pena en 18 años de prisión.Las investigaciones establecieron que la víctima fue atacada por Arias Padilla, quien conducía una motocicleta desde la cual otro hombre disparó en repetidas ocasiones contra la educadora. Tras cometer el crimen, los responsables huyeron del lugar.La captura del hoy condenado se produjo el 3 de diciembre de 2025, luego de varios meses de labores investigativas. Durante el proceso judicial, la Fiscalía demostró su responsabilidad en los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego agravado.El caso generó conmoción en Barrancabermeja, especialmente en el sector educativo, donde la víctima era reconocida por su labor profesional.