Una adulta mayor falleció mientras reclamaba medicamentos en un dispensario de Cafam en Cúcuta, en un hecho que ha generado conmoción entre usuarios y familiares. La mujer había llegado desde temprano al lugar para realizar el trámite correspondiente.Lo que se conoce preliminarmente es que la paciente habría tenido al menos 30 entregas de medicamentos pendientes. En múltiples oportunidades anteriores no habría recibido los fármacos formulados, situación que la mantenía a la espera de una solución.Además, una vez n el interior del dispensario este martes, la mujer habría sostenido un cruce de palabras con una funcionaria al no obtener respuesta frente a su caso. Tras la discusión, decidió sentarse mientras esperaba una atención definitiva. Minutos después, cuando intentó ponerse de pie, se desplomó repentinamente. Personal presente en el lugar intentó practicarle maniobras de reanimación, pero la adulta mayor no respondió y murió en el sitio.El dispensario permanece cerrado mientras se adelantan los actos urgentes. En el interior permanecen dos personas, entre ellas un familiar de la fallecida, a la espera del procedimiento oficial.Hasta el momento, ninguna autoridad se ha pronunciado sobre lo ocurrido y se espera el levantamiento del cuerpo y un informe oficial que esclarezca las circunstancias del caso.
La Contraloría General de Santander emitió el Informe Final tras la denuncia presentada por el medio independiente Metropolitano, en la que se advertían presuntas irregularidades en dos contratos de las vigencias 2023 y 2024 suscritos entre Juliana Guerrero y la Universidad Industrial de Santander para el apoyo al Sistema Nacional de Convivencia para la Vida.Los contratos hicieron parte de un convenio interadministrativo entre la Universidad Industrial de Santander (UIS) y el Ministerio del Interior, cuyo propósito era brindar apoyo técnico y operativo al programa nacional orientado a fortalecer la convivencia ciudadana y la prevención de conflictividades.Guerrero es cercana al presidente Gustavo Petro y vinculada al escándalo de la Fundación Universitaria San José por entregar títulos falsos.La actuación especial de fiscalización revisó la legalidad del proceso contractual, la ejecución de los contratos, los soportes y productos entregados y la supervisión ejercida por la entidad contratante.De acuerdo con la Contraloría también advierte que en la etapa precontractual la UIS no fue específica en las condiciones del perfil para el contrato.“Verificado el estudio de conveniencia y oportunidad, aportado por el ente de control "UIS" y publicado en la plataforma transaccional SECOPII, se evidenció que el mismo no definió de manera clara y precisa el perfil exigido para el contratista, particularmente en cuanto a los requisitos de formación, experiencia y competencias específicas. No obstante, en el contenido del estudio previo se afirma que la persona contratada cuenta con las conocimientos, habilidades y requisitos necesarios para la ejecución del objeto contractual, sin que dicha conclusión se encuentre debidamente sustentada en criterios objetivos previamente establecidos”.Y agrega el informe: “Esta situación limita la trazabilidad y la verificación objetiva del cumplimiento del principio de planeación, así como la debida motivación de la selección del contratista, aun tratándose de un proceso de contratación directa”.El informe sí estableció cinco hallazgos administrativos, 2 disciplinarios y 1 fiscal por valor de $2.000.000, relacionados con debilidades en la planeación contractual, falencias en la supervisión y seguimiento de las obligaciones y observaciones en los soportes documentales de ejecución.Estos hallazgos fueron trasladados a las instancias correspondientes para la adopción de planes de mejoramiento institucional.De acuerdo con el informe, las observaciones están dirigidas a los responsables de la supervisión contractual y a las dependencias encargadas del control del convenio interadministrativo dentro de la Universidad Industrial de Santander.
La Alcaldía de Bucaramanga anunció el fortalecimiento de los operativos de control en distintos sectores de la ciudad, especialmente contra las caravanas ilegales de motociclistas y en la zona de rumba de Cuadra Play, en la comuna 12.El alcalde Cristian Portilla aseguró que no se permitirá el desorden ni la alteración del orden público. Según el mandatario, en días pasados se realizaron más de 10 dispositivos de control en diferentes puntos de la ciudad, enfocados en evitar caravanas ilegales y conductas que pongan en riesgo la vida de los ciudadanos.“Cualquier ciudadano tiene derecho a transitar en Bucaramanga, pero también tiene el deber de respetar las normas de tránsito y no alterar el orden. No puede ser legal pasarse una norma de tránsito, ni conducir una motocicleta después de haber ingerido licor”, señaló el alcalde.Portilla explicó que estas caravanas generan altos niveles de ruido y múltiples quejas ciudadanas, especialmente en sectores residenciales. Además, advirtió que muchos de los casos se presentan en horarios nocturnos donde algunos conductores han consumido bebidas embriagantes.Frente a los recientes comportamientos registrados en Cuadra Play, reconocida zona de rumba de la ciudad, el alcalde anunció el incremento de la presencia policial y de los controles.“Que vuelva el respeto a nuestras autoridades y a los ciudadanos. No vamos a tolerar el desorden ni el irrespeto a las normas de tránsito ni a la Policía Nacional. Di la orden de aumentar las capacidades operativas en el sector, con el objetivo de evitar el caos”, afirmó.No obstante, señaló que el objetivo no es afectar la actividad económica ni los espacios de esparcimiento, sino garantizar que quienes asistan a compartir lo hagan de manera responsable. Para ello, aseguró que se adelanta un trabajo articulado con empresarios del sector, la comunidad y la Policía Nacional.
En la madrugada de este lunes, un accidente de tránsito tipo volcamiento ocurrido en el kilómetro 29+100 de la vía Puente Nacional – San Gil, en jurisdicción rural de San José de Pare (Boyacá), dejó dos personas fallecidas y cuatro más lesionadas, según el reporte oficial de las autoridades de Tránsito y Transporte.El siniestro, registrado en una curva de alto riesgo, involucró a un bus de servicio público afiliado a la empresa Copetran, de placas NTN 828, que cubría la ruta Bogotá- Cúcuta. El vehículo era conducido por Jhon Arnulfo Perico Durán, quien resultó ileso tras el incidente.Según las primeras versiones, el bus perdió el control al tomar una curva en condiciones adversas -probablemente por la presencia de lluvia o niebla, lo que podría haber reducido la visibilidad y la adherencia del vehículo-, provocando el volcamiento lateral hacia el costado izquierdo. Las autoridades investigan esta hipótesis como posible causa del accidente.Entre las víctimas fatales se encuentra Martha Isabel Canchila de Vargas, de 74 años, quien falleció en el Hospital de Santana tras presentar graves lesiones. La segunda fallecida fue una menor de 16 años, Gerly Analiz Acero Chique, de nacionalidad venezolana, quien perdió la vida en el lugar de los hechos.Los heridos fueron identificados como:Leonor Caballero, 57 años, con trauma cerrado de tórax, remitida al hospital de Moniquirá.Edilia Vela, 64 años, con trauma craneoencefálico moderado y fractura en el brazo izquierdo.Marta Inés Vargas, 53 años, con trauma craneoencefálico moderado, también remitida al hospital de Moniquirá.Nicol Dayanna Hernández, 23 años, con fractura en brazo izquierdo y trauma en la cadera.Los lesionados fueron atendidos inicialmente en el lugar por organismos de emergencia y posteriormente trasladados a centros asistenciales de la región para recibir atención especializada.La Policía Nacional y las autoridades de tránsito continúan con el levantamiento de información técnica para esclarecer las circunstancias exactas del accidente y verificar si factores como la velocidad, el estado de la vía o las condiciones climáticas influyeron en el desenlace fatal.
La polémica por una eventual modificación en la asignación de slots en el aeropuerto El Dorado sumó un nuevo capítulo. En entrevista con Mañanas Blu 10:30, el director de la Aeronáutica Civil, Luis Alfonso Martínez Chimenty, aseguró que no existe ningún borrador para cambiar la reglamentación y negó que la entidad haya anunciado oficialmente una reasignación.“Este borrador no lo tenemos aún listo. (…) el borrador no existe en el momento”, afirmó el funcionario al ser consultado sobre la supuesta reforma para redistribuir los espacios de despegue y aterrizaje entre las aerolíneas.La discusión se da en medio de cuestionamientos de compañías como Avianca y LATAM, así como pronunciamientos de gremios y organismos internacionales, tras versiones sobre un posible ajuste para “equilibrar” la distribución de slots, especialmente ante las obras de modernización de El Dorado.¿Aerocivil cambiará slots en El Dorado?Aunque en repetidas ocasiones el director insistió en que no existe un documento formal, también reconoció que al interior de la entidad podrían adelantarse estudios.“Estamos haciendo lo pertinente (…) no hemos dicho que vamos a cambiar ningún slot ni nada por el estilo”, sostuvo. Sin embargo, añadió que “la idea de equilibrar (…) lo vamos a trabajar con base al equilibrio que se existe”.Sin embargo, no se entienden las declaraciones previas del secretario de la Autoridad Aeronáutica, Edgar Rivera, quien semanas atrás había señalado también en Mañanas 10:30 que se trabajaba en un cambio normativo para hacer más equitativa la asignación.Frente a eso, Martínez respondió: “Yo soy el director de la Aeronáutica Civil y en ningún momento me ha llegado un borrador con base a eso”. También señaló que cualquier documento deberá contar con su visto bueno antes de hacerse público.Las declaraciones generaron inquietud, dado que existen comunicados públicos de aerolíneas y de la IATA expresando preocupación por un eventual cambio en el régimen de slots.Al ser interrogado sobre por qué hay pronunciamientos si —según él— no existe borrador, respondió: “Los comunicados se tienen que hacer con base a un tema evidente y no lo conozco”.Finalmente, aunque reiteró que no hay un documento formal, dejó abierta la puerta a una futura discusión técnica: “Si sacamos el documento para discutirle, ustedes estarán también ahí presentes”.Por ahora, la Aerocivil sostiene que no hay una decisión adoptada ni un borrador oficial sobre la mesa.Escuche la entrevista completa en el audio adjunto:
La Gobernación del Tolima, en cabeza de Adriana Magali Matiz Vargas, en coordinación con el Ministerio de Defensa Nacional, anunció una recompensa de $200 millones por ‘Chapolo’, $50 millones por ‘El Enfermero’ y $40 millones por ‘Marcos’, señalados como presuntos responsables de acciones armadas y extorsivas en el sur y suroccidente del departamento.La medida busca fortalecer las labores de inteligencia y facilitar la captura de estos cabecillas, vinculados a estructuras del GAO-r que operan en distintas zonas del Tolima, priorizadas por su impacto en la seguridad regional y la economía rural.El comandante de la Sexta Brigada del Ejército Nacional, coronel Arnold Esneider Pérez Linares, afirmó en Blu Radio que las tropas mantienen operaciones permanentes para lograr su captura, mediante despliegues sostenidos en áreas rurales estratégicas.“El Ejército Nacional da a conocer los perfiles de estos cabecillas por quienes se ofrece recompensa. ‘Chapolo’ y ‘El Enfermero’ delinquen en el sur del Tolima, mientras ‘Marcos’ actúa en el suroccidente. La Sexta Brigada ratifica las acciones operacionales para neutralizar estas amenazas”, señaló el oficial.‘Chapolo’ es señalado como presunto cabecilla del GAO-r Frente Ismael Ruiz. Según inteligencia militar, desde 2022 habría desarrollado actividades de inteligencia delictiva contra la Fuerza Pública y coordinado cobros extorsivos en Planadas, Chaparral y Rioblanco.Entre los hechos atribuidos se destacan combates contra tropas del Batallón de Operaciones Terrestres N.° 18 en Campoalegre y Puerto Saldaña (2023), así como la retención con fines extorsivos de un vehículo de transporte público en Rioblanco, en febrero de 2024.También se le señalan hostigamientos armados contra tropas en La Lindosa y presunta participación en homicidios en San Antonio. Cuenta con orden de captura emitida por la Fiscalía contra organizaciones criminales.Por su parte, ‘El Enfermero’ es identificado como presunto cabecilla del GAO-r Frente Gerónimo Galeano. En 2024 habría participado en homicidios, incluido el asesinato de un líder social en el corregimiento El Limón, en Chaparral.Asimismo, se le atribuyen combates contra el Ejército en la vereda Los Andes, en Chaparral, y liderazgo armado en San Antonio, Chaparral y Rioblanco durante 2025. Tiene orden de captura del distrito judicial de Antioquia por concierto para delinquir agravado, extorsión, homicidio y terrorismo.En cuanto a ‘Marcos’, es señalado como presunto cabecilla del GAO-r Frente Joaquín González. Sería integrante de la facción de alias ‘Calarcá’ y habría llegado recientemente al Tolima para ejecutar cobros extorsivos y amenazas contra la población rural.Opera en Ibagué, Rovira y Roncesvalles, municipios donde, según las autoridades, los golpes operacionales han reducido su capacidad de expansión en el suroccidente del departamento.La Sexta Brigada pidió urgentemente a la ciudadanía suministrar información que permita ubicar a estos cabecillas a través de las líneas 147 del Gaula Militar Tolima y 107, línea antiterrorismo. Las autoridades garantizan absoluta reserva.La Fuerza Pública considera prioritario neutralizar estas estructuras armadas para proteger la seguridad, la economía regional y la vida de las comunidades rurales del Tolima.
La crisis en Bancolombia continúa y la incertidumbre no deja de crecer. La entidad financiera confirmó que todavía no puede normalizar completamente sus canales de atención, tras las fallas registradas desde el 22 de febrero, afectando a miles de clientes en todo el país.Lo que genera aún más preocupación es que, según un comunicado del banco, algunos movimientos identificados como “Cuenta Ahorro Nacional”, “Cuenta Ahorro Internacional” o “Retiro ATM” podrían corresponder a retiros o compras en cajeros que no fueron avalados por los usuarios, lo que pone en alerta la seguridad de los fondos. Ante esto, la entidad insta a los clientes a comunicarse de inmediato con la Sucursal Telefónica (604) 5109000 para reportar cualquier irregularidad.Mientras tanto, Bancolombia ha habilitado medidas temporales para permitir operaciones básicas. Por la aplicación Mi Bancolombia, los usuarios pueden hacer transferencias a cuentas inscritas por hasta 30 millones de pesos y a cuentas no inscritas hasta 3 millones. También es posible consultar saldos, movimientos y estado de cuentas.Las sucursales físicas permanecen abiertas para trámites presenciales, como retiros de dinero, pagos de cheques, consignaciones, cancelación de CDT y pagos de intereses. Sin embargo, no se ha definido una fecha para la normalización total, dejando a los clientes en una situación de incertidumbre que genera preocupación sobre la seguridad y disponibilidad de sus recursos.La recomendación también es estar atentos a movimientos sospechosos y reportarlos de inmediato para minimizar riesgos de fraude.
La solicitud fue presentada ante las autoridades competentes y dirigida al partido político responsable de las inscripciones. Bustos recordó que la senadora Berenice Bedoya fue denunciada desde comienzos de la semana pasada ante la Corte Suprema de Justicia por presuntos hechos de corrupción y abuso de poder.Las denuncias incluyen nombramientos irregulares de familiares, adjudicación directa de contratos, entre ellos el del acueducto de Yarumal por cerca de $10 mil millones, y cobro de comisiones ilegales a sus dependientes en la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL).El veedor insistió en que tanto Bedoya como su fórmula, Juan David Flórez, conocido como “El Itaguaseño”, deben ser retirados de las listas como una sanción ética y política, en tanto avanzan las investigaciones judiciales.
Polémica ha generado en el municipio de Bello, norte del Valle de Aburrá, el caso de un motociclista luego de que otro conductor, al parecer, se pasara un semáforo en rojo y estuviera a punto de ocasionar un grave accidente, además de que transitaba con una mujer sin casco.El hecho quedó registrado en una cámara de 360° instalada en su motocicleta, donde se muestra incluso que al reclamarle al otro ciudadano su comportamiento, este reaccionó de manera agresiva, lanzando insultos y amenazas, asegurando pertenecer a “los muchachos del barrio”. Además, habría sacado un arma cortopunzante con la que intentó agredirlo e intimidarlo.En medio de la situación, el motociclista buscó ayuda de agentes de tránsito que pasaban por el lugar, por estos lejos de prestarle apoyo en el caso, no habrían impuesto comparendos ni actuado frente a la presunta agresión, a la par que uno de ellos incluso le recomendó retirarse del sitio.Por los hechos, aunque la ley indica que la Policía puede mediar en situaciones de convivencia derivados de accidentes de tránsito, en el sitio no se hicieron presentes uniformados ya que no fueron alertados, ni por parte de los agentes de tránsito ni del ciudadano víctima de la intimidación.Por lo pronto, la Alcaldía de Bello indicó a través de un comunicado que indagará la actuación de los funcionarios de la Secretaría de Movilidad que estuvieron en el procedimiento, mientras que evaluará si hay alguna falta disciplinaria. Ante las dudas que quedan sobre el altercado, Blu Radio se comunicó con la administración municipal y está indicó a través de su equipo de comunicaciones que todo es materia de investigación, pero que de momento se puede afirmar que el motociclista víctima de amenazas no cometió ninguna infracción de tránsito.
Una historia insólita conmovió a Colombia tras conocerse que una mujer fue grabada mientras rompía una bóveda y sacaba el ataúd de un hombre en el cementerio Sagrado Corazón, en Landázuri, Santander. El hecho, registrado por el sepulturero del lugar, se hizo viral en redes sociales y generó un profundo impacto entre los habitantes del municipio.En el video se observa a la mujer, entre lágrimas, afirmando que quería ver nuevamente a su hijo y “bañarlo”. El trabajador del cementerio, sorprendido, le preguntó: “¿Por qué hizo eso, mamá? Eso es un delito”, a lo que ella respondió con voz alterada: “A mí no me importa, así me cueste la vida. Yo quería verlo y así lo decidí”. Luego encendió una vela sobre el ataúd y pidió ayuda para cambiarle la ropa al cuerpo.El sepulturero dio aviso a las autoridades, quienes llegaron poco después al lugar. Según su testimonio, la mujer parecía estar bajo los efectos del alcohol. La Policía retiró a la mujer del sitio y posteriormente se encargó de cerrar nuevamente la bóveda afectada.¿Quién era el joven cuya tumba fue profanada?De acuerdo con medios regionales y las autoridades locales, la tumba pertenece a Diego Expedito Moreno, un joven de 19 años que murió el 24 de julio de 2025 tras ser atacado con un arma blanca en el parque principal del municipio de Cimitarra, Santander.Testigos indicaron que el agresor sería un hombre de 24 años llamado Jeferson, con quien Moreno habría sostenido una discusión que terminó en tragedia. Aunque fue trasladado a un centro asistencial, la herida en el tórax resultó mortal.Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente la identidad de la mujer involucrada en la profanación. Algunas versiones aseguran que se trataba de la madre del joven, mientras que otras sostienen que era su pareja sentimental.Profanar una tumba es un delito en ColombiaEl inusual suceso ha causado indignación y debate entre los colombianos, no solo por la escena registrada, sino también por el componente emocional detrás del acto. Sin embargo, profanar una tumba constituye un delito contemplado en el Artículo 204 del Código Penal colombiano, que castiga a quien “violare sepulturas o profanare cadáveres” con penas de prisión.Mientras la comunidad de Landázuri sigue conmocionada, la Fiscalía avanza en la investigación para determinar la responsabilidad legal de la mujer y esclarecer las circunstancias que la llevaron a actuar de esa manera.La historia de Diego Expedito Moreno, marcada por una muerte violenta y un acto desesperado posterior, volvió a sacudir la tranquilidad de este municipio santandereano y dejó en evidencia el profundo dolor que puede llevar a alguien a cruzar los límites de la ley.
Un nuevo golpe al microtráfico en Bucaramanga dejó al descubierto la magnitud del negocio de la droga que opera en el área metropolitana y quiénes están detrás de su distribución.En un operativo desarrollado entre Bucaramanga y Girón, en inmediaciones de la vereda Chocoa, la Policía Metropolitana incautó dos toneladas y media de marihuana tipo creepy, pertenecientes al grupo delincuencial organizado conocido como “La Oficina del Sur”.Según el general William Quintero, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, el cargamento fue hallado en el que sería el centro de acopio más grande de droga de la ciudad, un punto clave desde donde se surtían las principales ollas de vicio en Bucaramanga, Floridablanca y Girón.“Incautamos dos toneladas y media de marihuana creepy de esta estructura que me da los del sur. Eso era el centro de acopio más grande de droga aquí de la ciudad; ahí llegaba todo este estupefaciente y lo distribuían a las ollas de diferentes sitios del área metropolitana. Esos bandidos del sur son los que tienen el control de todas esas ollas de vicio, y ahí es donde estamos interviniendo”, afirmó el general Quintero.Durante el operativo fueron capturados Brandon Jair Clavijo Sanabria, alias ‘Brandon’, de 27 años, y Alejandra Paola Monsalve Solano, alias ‘Aleja’, de 34, señalados de ser los encargados del almacenamiento y distribución del alijo.Ambos pertenecen al grupo delincuencial “La Oficina del Sur”, estructura que, según las autoridades, tiene el control de buena parte del microtráfico en los barrios del sur de Bucaramanga y mantiene nexos con redes de narcotráfico provenientes del suroccidente del país.Los detenidos registran múltiples anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) por delitos como homicidio y tráfico de armas de fuego. Con su captura, la Policía busca debilitar las finanzas criminales de una organización que, de acuerdo con el general Quintero, está detrás de gran parte de los homicidios, lesiones personales y desplazamientos en sectores vulnerables de la capital santandereana.“Seguimos avanzando y quitando esas finanzas criminales que son el motor de todo lo que está sucediendo aquí para que dejen de generarse homicidios y desplazamientos en algunos sectores de la ciudad”, dijo el oficial.La marihuana incautada, de alta potencia, tenía como destino las redes de distribución barriales que sostienen el microtráfico en la región, indicó la Policía.
La temporada de lluvias sigue generando graves afectaciones en las vías del departamento de Santander. La situación más crítica se presenta en la vía Curos – Málaga, donde un gigantesco deslizamiento de tierra y el desprendimiento de grandes rocas mantienen completamente cerrado el paso vehicular.De acuerdo con los reportes de las autoridades, los derrumbes se registraron en los sectores de Pangote y El Ramal, lo que ha dificultado las labores de remoción y ha dejado incomunicadas a varias veredas de la provincia de García Rovira.En el municipio de San Andrés, también ubicado en esta provincia, las fuertes lluvias de los últimos días provocaron el colapso de un tramo de la vía hacia el centro poblado Laguna de Ortices, una de las zonas más turísticas y productivas de la región. La administración municipal declaró la calamidad pública ante la magnitud de las afectaciones.“Las emergencias se han multiplicado con el paso de las horas. Varias carreteras rurales permanecen taponadas, viviendas resultaron afectadas y la quebrada La Llorona arrastra piedras y lodo que amenazan con desbordarse”, informó el alcalde Fredy Antonio Ramírez Ortiz.Asimismo, se reporta que los habitantes de Carcasí y Enciso permanecen incomunicados tras la pérdida parcial de la banca en el sector de Cortaderas, producto de la creciente de la quebrada Chiqueritos.En la vereda Hato de los Caballeros, Mogotocoro, sector del páramo, en el municipio de Hato, las comunidades reportan afectaciones en la vía que los comunica con el casco urbano.En el municipio de San José de Pare, el puente sobre la quebrada Tierra Blanca, en la vía que conduce a Guanomito, presenta afectaciones estructurales. Las autoridades recomiendan transitar con precaución, especialmente a los vehículos de carga pesada, mientras se realizan inspecciones y labores de mantenimiento preventivo.Los organismos de gestión del riesgo mantienen activos los monitoreos en toda la región ante la persistencia de las lluvias y el alto riesgo de nuevos deslizamientos.
Un fuerte aguacero que se extendió durante toda la madrugada de este lunes 27 de octubre ocasionó inundaciones en varios sectores del municipio de Girón, Santander. Los barrios Santa Cruz, El Poblado y el sector de Chimitá fueron algunos de los más afectados por el desbordamiento de canales y el colapso de alcantarillas.Las lluvias también generaron la caída de rocas sobre la vía que de Girón conduce al aeropuerto internacional Palonegro y en el anillo vial que conecta al municipio con Bucaramanga, a la altura del sector El Palenque. Las autoridades locales atendieron las emergencias para restablecer la movilidad y evitar accidentes.De acuerdo con la Oficina de Gestión del Riesgo de Santander, durante la actual temporada de lluvias se han reportado más de 120 emergencias en el departamento, entre deslizamientos, inundaciones y crecientes súbitas.El funcionario Pedro Conde indicó que seis municipios se encuentran en alerta roja por riesgo de deslizamientos: Betulia, Chima, Confines, Málaga, Sabana de Torres y San Vicente de Chucurí. Además, 58 están en alerta naranja y 24 han declarado la calamidad pública por afectaciones en viviendas, vías terciarias y zonas rurales.“Estamos haciendo un monitoreo constante en los puntos más críticos del departamento. Los suelos están saturados y se mantienen las condiciones para nuevos deslizamientos, sobre todo en las provincias de García Rovira y Yariguíes”, explicó Conde.Las autoridades recomendaron a la comunidad estar atenta a los reportes oficiales y evitar transitar por zonas de ladera o con antecedentes de deslizamientos.
Con una participación más alta de lo prevista y en medio de algunas dificultades logísticas, especialmente en Barrancabermeja, el Pacto Histórico definió este domingo 26 de octubre las listas de candidatos que representarán al movimiento en Santander para las elecciones al Congreso de la República en 2026.De acuerdo con el boletín número 36 de la Registraduría Nacional, con el 97,88 % de las mesas informadas, se registraron 105.913 votos en el departamento. En total, se instalaron 1.087 mesas de votación para un potencial electoral de 1.865.065 ciudadanos.Resultados en la Cámara de RepresentantesLa lista del Pacto Histórico para la Cámara de Representantes por Santander será encabezada por el diputado Camilo Alfonso Torres Prada, quien obtuvo 19.453 votos, consolidándose como la figura más votada en la consulta. Le siguen Jorge Edgar Flórez Herrera con 10.414 votos y Juan de Dios Tarazona Mendoza con 8.701.El orden provisional de los diez aspirantes quedó así:1. Camilo Alfonso Torres Prada – 19.453 votos2. Jorge Edgar Flórez Herrera – 10.4143. Juan de Dios Tarazona Mendoza – 8.7014. Yolanda Silva Romero – 8.4185. María Adalgiza Velásquez – 8.1066. María Cristina Obregón Carrillou – 5.4767. Nohora Stella Villamizar Rivera – 5.3688. Darwin Fabián Galvis Mateus – 3.8949. Clara Inés Ordúz Quintero – 3.05310. Hermes Andrés Parra Guzmán – 2.945Lista al SenadoEn la lista nacional al Senado, tres santandereanos se ubicaron en las siguientes posiciones dentro del conteo general del Pacto Histórico. Laura Cristina Ahumada alcanzó el séptimo lugar con 68.940 votos, mientras que Sandra Jaimes y Jaime Calderón obtuvieron 11.075 y 10.135 votos, ubicándose en los puestos 50 y 52, respectivamente.Aunque la jornada transcurrió en relativa calma, en municipios como Barrancabermeja se reportaron retrasos de más de dos horas debido a la alta afluencia de votantes y problemas en la organización de las mesas.
Las autoridades anunciaron el refuerzo de la seguridad en varios municipios del sur de Santander tras reportes sobre presencia esporádica de estructuras del ELN y el reciente asesinato de un ganadero en el municipio de Coromoro.El comandante de la Policía de Santander, coronel Néstor Arévalo, aseguró que se desplegarán todas las capacidades institucionales para garantizar la tranquilidad de la población, especialmente en el marco de la jornada electoral.Seguridad para elecciones en Santander“Van a haber tropas en absolutamente todos los puntos de votación que hay en el municipio de Coromoro. Nuestra Policía Nacional ha dispuesto capacidades desde San Gil, Charalá, Coromoro, San Joaquín, Ocamonte; todos los municipios que de alguna manera han estado y se están viendo afectados por una presencia esporádica de estructuras del ELN, estamos trabajando”, afirmó el oficial.La medida cobija, entre otros, a los municipios de San Gil, Charalá, San Joaquín y Ocamonte, donde se fortalecerán los dispositivos de control, patrullajes rurales y presencia en puntos estratégicos.El coronel Arévalo indicó que avanzan procesos investigativos para identificar y capturar a quienes estarían facilitando el ingreso o permanencia de integrantes del grupo armado en el territorio.“Hay procesos investigativos en curso con el único propósito de capturar a todas las personas que de alguna manera le están dando esa entrada a esta organización criminal en el territorio, a las redes de apoyo al terrorismo, y en eso estamos trabajando de manera articulada con el Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación”, agregó.Las autoridades señalaron que el trabajo se desarrolla de forma coordinada con el Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación, con el fin de garantizar la seguridad en la zona rural y urbana de estos municipios, así como esclarecer el homicidio del ganadero en Coromoro, hecho que ha generado preocupación entre los habitantes del sur del departamento.La Fuerza Pública reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier situación sospechosa y suministrar información que permita anticipar acciones de los grupos armados ilegales en la región.
En el casco urbano de Barbosa fue capturado Andrés Felipe Cubides López, de 18 años, requerido por orden judicial por delitos sexuales agravados. De acuerdo con la investigación, el joven habría aprovechado su cercanía con la familia de las víctimas para, mediante engaños y amenazas, someter a dos menores de edad que para, mediante engaños y amenazas, someter a dos menores de edad que para ese entonces tenían entre 9 y 10 años. Los hechos se habrían presentado de manera reiterada desde el año 2021.El caso fue conocido por las autoridades tras la denuncia realizada por las menores, luego de una actividad preventiva desarrollada por la Policía en su institución educativa.El coronel Néstor Rodrigo Arévalo, comandante de la Policía de Santander, afirmó que con esta captura “se envía un mensaje claro de cero tolerancia frente a los delitos que vulneran la integridad de nuestros niños, niñas y adolescentes”, e invitó a la ciudadanía a denunciar a través de la línea 123 o la línea 141 del ICBF.Los delitos por los que es investigado son: acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado y actos sexuales abusivos, en concurso homogéneo y sucesivo.En otro caso, fue capturado en el municipio de Vélez, un hombre de 26 años señalado por la comunidad de realizar actos obscenos en espacio público.Los hechos se registraron en el barrio Ricaurte, donde el capturado, se encontraba consumiendo bebidas embriagantes. Según la denuncia de la ciudadanía, el individuo habría incurrido en comportamientos impúdicos frente a una mujer, lo que generó el rechazo inmediato de los residentes del sector.Al notar la presencia de la Policía, intentó emprender la huida; sin embargo, fue capturado metros más adelante. El capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía por el delito de injuria por vías de hecho donde se adelantará su proceso de judicialización.
La Arquidiócesis de Socorro y San Gil confirmó que el papa León XIV nombró a monseñor Luis Augusto Campos Flórez como nuevo arzobispo de la Arquidiócesis de Bucaramanga, marcando así el inicio de una nueva etapa para la Iglesia Católica en la capital santandereana.Monseñor Campos se venía desempeñando desde 2020 como obispo de la Diócesis de Socorro y San Gil, jurisdicción eclesiástica en la que lideró diversos procesos pastorales y de acompañamiento a las comunidades parroquiales de la región.El nuevo arzobispo sucederá en esta misión episcopal a monseñor Ismael Rueda Sierra, quien en 2025 presentó su renuncia al Santo Padre al cumplir la edad establecida por el derecho canónico para el ejercicio de este cargo.De acuerdo con el comunicado oficial, la Iglesia en Bucaramanga confía este ministerio episcopal a un pastor con amplia experiencia en la formación sacerdotal y en el servicio pastoral, aspectos que serán clave en los desafíos actuales de la arquidiócesis.Con este nombramiento, la comunidad católica del área metropolitana inicia un nuevo ciclo bajo la guía de monseñor Campos, quien asumirá la responsabilidad de orientar espiritualmente a miles de fieles en uno de los territorios eclesiásticos más importantes del nororiente colombiano.
Las intensas lluvias que se registran en Santander volvieron a generar emergencias en varias zonas del departamento. En el municipio de San Joaquín, una creciente súbita de la quebrada La Leona, en la vereda Santa Clara, afectó la vía que comunica con Onzaga, poniendo en riesgo a las comunidades rurales y dificultando la movilidad en este corredor.De acuerdo con habitantes del sector, la problemática persiste desde hace varios años y, pese a las intervenciones realizadas por autoridades de gestión del riesgo y entidades estatales, las soluciones implementadas -principalmente canalizaciones- no han resistido los flujos de lodo ni las crecientes súbitas que se presentan con cada temporada invernal.La comunidad asegura que los millonarios recursos invertidos no han dado resultados duraderos y propone atacar la raíz del problema, que estaría en un movimiento en masa en la parte alta de la vereda. Plantean alternativas como la intervención con maquinaria para estabilizar el terreno o la siembra de pasto vetiver, una técnica de bioingeniería que ayudaría a fortalecer los suelos y mitigar futuros deslizamientos.Las lluvias no dieron tregua durante la madrugada de este lunes y provocaron emergencias en municipios como Landázuri, Puerto Parra y El Playón.El caso más crítico se presenta en la vía que comunica a Sucre con Jesús María, donde se mantiene cierre total en el sector Dos Caminos debido a un fenómeno de remoción en masa que cubrió la calzada con tierra y rocas.El director de la Oficina de Gestión del Riesgo, Eduard Sánchez, confirmó que las precipitaciones generaron deslizamientos y afectaciones en distintos puntos del departamento. “Durante la madrugada de este lunes se presentan fuertes lluvias en Landázuri, Puerto Parra y El Playón. Se registra cierre total de la vía entre Sucre y Jesús María, sector Dos Caminos, por fenómeno de remoción en masa”, indicó el funcionario.Este corredor rural ha sido históricamente complejo por su geografía montañosa. La vía atraviesa zonas de ladera con cortes de talud inestables, donde con frecuencia se desprende material que invade la carretera. En varios tramos el paso queda reducido a un solo carril, aumentando el riesgo de accidentes y retrasos.Además del impacto en la movilidad, los derrumbes afectan directamente la economía campesina. Por esta carretera se transportan diariamente productos lácteos y agrícolas desde veredas de La Belleza, Jesús María y Sucre, como leche, café, mora y lulo, que luego son comercializados en mercados regionales e incluso enviados a Bogotá.Las autoridades mantienen monitoreo en las zonas afectadas y no se descartan nuevos cierres, mientras las comunidades insisten en la necesidad de soluciones estructurales que reduzcan el riesgo ante una temporada invernal que, por ahora, continúa generando emergencias en Santander.
En una rápida reacción de la Policía Nacional fue capturado el presunto responsable del homicidio del cantante de música urbana Raúl Archila, ocurrido en el municipio de Málaga, Santander.El joven artista, considerado una promesa del rap en la provincia de García Rovira, fue atacado cuando se movilizaba en una motocicleta por el sector conocido como “La Casita del Pan”.Según informó el coronel Néstor Arévalo, comandante de la Policía de Santander, los uniformados reaccionaron tras escuchar varias detonaciones a escasas cuadras de donde realizaban labores de patrullaje.“Los policías escuchan disparos más o menos a dos cuadras. Inmediatamente la patrulla gira y avanza prácticamente en contravía. En ese momento observan a un sujeto que venía en motocicleta y que hace la misma maniobra, por lo que se inicia la persecución”, explicó el oficial.Durante la huida, el señalado accionó un arma de fuego contra los uniformados, quienes respondieron en uso legítimo de la fuerza. El hombre resultó herido.De acuerdo con el coronel Arévalo, en medio de la persecución el sospechoso lanzó el arma en inmediaciones del sector de la Normal de Málaga. Los policías verificaron el objeto y confirmaron que se trataba de un revólver calibre 38, el cual tenía vainillas percutidas.Posteriormente, el hombre ingresó a una vivienda intentando evadir a las autoridades. Sin embargo, otra patrulla que realizaba el cierre perimetral logró interceptarlo cuando intentaba salir por la parte posterior del inmueble.El capturado fue trasladado a un centro asistencial, donde permanece bajo custodia policial debido a la herida ocasionada durante el procedimiento.La víctima, Raúl Archila, perdió el control de la motocicleta tras recibir el impacto de bala y se desplomó en el sector de “La Casita del Pan”. Su muerte ha generado consternación entre familiares, amigos y seguidores, quienes lo describen como un joven talento en ascenso dentro de la escena urbana de la región.Las autoridades avanzan en el proceso de judicialización del capturado por el delito de homicidio y en la recolección de pruebas que permitan esclarecer los móviles del crimen.
La huelga anunciada por el sindicato Sintraelecol en ESSA no solo abrió un pulso laboral, sino un debate constitucional. Juristas y expertos del sector energético advierten que la protesta podría ser ilegal, debido a que la energía eléctrica está clasificada como servicio público esencial, categoría en la que el derecho a huelga está restringido por la ley.El artículo 56 de la Constitución y la Ley 142 de 1994 establecen que estos servicios no pueden interrumpirse, ya que de ellos dependen derechos fundamentales como la salud, la vida y la seguridad.La empresa presta energía a cerca de 958.000 usuarios en más de 100 municipios, incluyendo hospitales, acueductos, telecomunicaciones, centros penitenciarios y aeropuertos, lo que amplifica el impacto jurídico de cualquier suspensión.El exministro Amylkar Acosta alertó que una parálisis podría generar un “efecto dominó” en el Sistema Interconectado Nacional.De avanzar la huelga y afectar la operación, un juez laboral podría declararla ilegal. Esto abriría la puerta a sanciones como terminación de contratos de trabajadores participantes, pérdida de fuero sindical en determinados casos, responsabilidades disciplinarias o administrativas y posibles eventuales demandas por daños causados a terceros.El documento advierte que el sistema eléctrico no funciona por “servicios mínimos”, ya que generación, mantenimiento y despacho operan de forma continua. Por ello, cualquier interrupción podría traducirse en fallas en cascada, afectando hospitales, acueductos, telecomunicaciones y entidades de seguridad.Si un juez laboral declara la ilegalidad de la huelga, los trabajadores que participen podrían enfrentar terminación de contratos, pérdida de fuero sindical y responsabilidades disciplinarias o económicas por los daños causados.Para el sector, permitir una huelga en una empresa de energía sentaría un precedente complejo en materia constitucional, al poner en tensión el derecho a la protesta frente a la obligación del Estado de garantizar servicios esenciales.Más que un desacuerdo sindical, el caso podría convertirse en un precedente constitucional sobre los límites del derecho a la protesta en servicios esenciales.
Las lluvias no dan tregua en Santander y durante la madrugada de este lunes se reportaron fuertes aguaceros en varios municipios del departamento, generando deslizamientos, afectaciones a viviendas y problemas de movilidad.El caso más crítico se registra en la carretera que comunica a Sucre con Jesús María, donde las autoridades confirmaron cierre total en el sector Dos Caminos por un fenómeno de remoción en masa que cubrió la calzada con tierra y rocas.El director de la Oficina de Gestión del Riesgo, Eduard Sánchez, entregó el balance preliminar: “Durante la madrugada de este lunes se presentan fuertes lluvias en Landázuri, Puerto Parra y El Playón, se registra cierre total de la vía entre Sucre y Jesús María, sector Dos Caminos, por fenómeno de remoción en masa".Se trata de un corredor rural históricamente complejo por su geografía montañosa. La vía atraviesa zonas de ladera con cortes de talud inestables, donde con frecuencia se desprende material que termina invadiendo la calzada. En varios tramos el paso se reduce a un solo carril, elevando el riesgo de accidentes y retrasos.Habitantes aseguran que cada aguacero empeora la situación. Además del peligro para quienes transitan, los derrumbes afectan directamente la economía campesina. Por este corredor salen diariamente productos lácteos y agrícolas desde veredas de los municipios de La Belleza, Jesús María y Sucre, como leche, café, mora, lulo y otros cultivos que luego son comercializados en mercados regionales y enviados incluso a Bogotá.El transporte pesado y los vehículos tipo turbo que movilizan la producción enfrentan serias dificultades, especialmente en sectores conocidos como Dos Caminos, El Casino, Peñas Blancas y la conexión hacia La Belleza, donde el barro, las piedras y los hundimientos ralentizan el tránsito.Según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, se mantienen condiciones húmedas y probabilidad de lluvias en amplias zonas del departamento, por lo que las autoridades mantienen monitoreo permanente ante el riesgo de nuevos deslizamientos en corredores rurales.En Barrancabermeja, los organismos de socorro atendieron más de 20 emergencias, principalmente en las comunas Siete y Tres y en el corregimiento El Centro. Tras el fuerte aguacero registrado en la madrugada del domingo, al menos 23 familias resultaron damnificadas, con pérdidas en viviendas y enseres.
Luego de una visita de inspección, las directivas de Metrolínea confirmaron que un total 15 buses alimentadores quedaron completamente incinerados y otros seis registraron afectaciones parciales tras el incendio ocurrido en el portal de Girón, que comprometió vehículos del antiguo operador Metro Cinco Plus.Así lo confirmó el gerente de Metrolínea, Emiro Castro, quien explicó que, según la información preliminar entregada por el CTI de la Fiscalía y el Cuerpo de Bomberos de Floridablanca, la conflagración habría sido provocada.“Estamos recibiendo información del CTI y la Fiscalía, así como del Cuerpo de Bomberos de Floridablanca, que hizo presencia anoche, y nos indican que fue un incendio provocado en un grupo de buses alimentadores”, señaló.Los vehículos afectados eran propiedad del antiguo operador del Sistema Integrado de Transporte Masivo, Metro Cinco Plus, y que actualmente se encuentran bajo posesión de la Superintendencia de Sociedades.De acuerdo con lo manifestado por Castro, una de las hipótesis iniciales apunta a que un grupo de habitantes en condición de calle estaría manipulando o produciendo algún tipo de sustancia al interior de uno de los buses, lo que habría desencadenado la emergencia.El gerente aclaró que el grupo de vehículos afectados estaba ubicado en la zona más alejada de la infraestructura del portal, por lo que no se registraron daños en las instalaciones físicas de la estación.Las autoridades avanzan en las investigaciones para establecer con precisión el origen del incendio y determinar posibles responsables.Por su parte, la liquidadora de Metro Cinco S.A., María Eugenia Balaguera Serrano, lamentó lo ocurrido y aseguró que los buses no contaban con seguridad desde octubre de 2025.“Ha sido vandalizado todo el tiempo. La Policía pasa y retira a las los retira momentáneamente, pero luego regresan”, afirmó.Según explicó, en la estación de Girón permanecen 57 buses, mientras que otros vehículos están ubicados en Bucaramanga y Piedecuesta. Indicó además que la empresa en liquidación no cuenta con recursos ni bienes para cubrir gastos como la vigilancia.Balaguera señaló que los automotores están pendientes de que se definan medidas cautelares para avanzar formalmente en el proceso de liquidación y evaluar su disposición final.“Muy seguramente se tendrán que vender como chatarra, porque es muy difícil la recuperación de los vehículos en el estado en que se encuentran”, puntualizó.
En una operación adelantada en el municipio de Santa Rosa del Sur, la Policía Nacional capturó a alias ‘Mirla’, presunto jefe de finanzas de la estructura Luis José Solano Sepúlveda del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el sur de Bolívar y el Magdalena Medio.De acuerdo con el la Policía, el capturado era requerido por los delitos de secuestro extorsivo, tráfico de armas de fuego y concierto para delinquir.Según las investigaciones, alias ‘Mirla’ sería el responsable de coordinar ataques con artefactos explosivos contra la Fuerza Pública ocurridos en 2025 en Santa Rosa del Sur.En uno de los atentados murieron dos policías, mientras que en otro ataque fallecieron dos soldados y siete militares más resultaron heridos, hechos que generaron fuerte conmoción en la región.Las autoridades lo señalan como pieza clave en la planeación y financiación de estas acciones terroristas, así como en la dinamización de recursos ilícitos para fortalecer la capacidad logística de la estructura armada.La Policía indicó que el capturado tendría una trayectoria criminal de aproximadamente 13 años, consolidándose como uno de los principales responsables de sostener las finanzas ilegales del grupo armado en el sur de Bolívar.Además, es investigado por su presunta participación en el secuestro de un ganadero ocurrido en 2020, quien posteriormente fue rescatado por las autoridades.El coronel John Jairo Roa Buitrago, comandante del Departamento de Policía Magdalena Medio, señaló que este resultado “representa un avance significativo en la ofensiva contra el ELN”, al afectar de manera directa sus redes financieras y logísticas.Con esta captura, las autoridades buscan debilitar la capacidad operativa del grupo armado en el sur de Bolívar y el Magdalena Medio, en una región históricamente afectada por acciones violentas contra la Fuerza Pública y la población civil.
La Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco Santander, hizo un llamado urgente a las directivas de la Electrificadora de Santander (ESSA), del Grupo EPM, y a las organizaciones sindicales para que levanten la huelga por la afectación que podría provocar a la prestación del servicio de energía en el departamento.El pronunciamiento fue realizado por el director ejecutivo del gremio, Alejandro Almeyda, quien aseguró que el servicio de energía eléctrica es esencial no solo para la actividad económica, sino para la vida, la salud y la seguridad de la población.“Hoy el servicio de energía eléctrica es un servicio esencial, no solamente para preservar la seguridad y la salud, sino la vida de una gran cantidad de personas, hospitales y clínicas que dependen 100% de este suministro”, expresó.Fenalco recordó que ESSA presta el servicio en 102 municipios y atiende cerca de 958.344 usuarios en seis departamentos, entre ellos miles de comerciantes y empresarios que dependen del suministro continuo para desarrollar sus actividades.Según Almeyda, una eventual interrupción o afectación prolongada del servicio tendría efectos directos en sectores como el comercio, la industria, el turismo, la educación y la salud.“El derecho a la huelga es constitucional, pero también es importante considerar que se está afectando la tranquilidad y la vida de muchos consumidores”, señaló el dirigente gremial.Desde Fenalco Santander insistieron en la necesidad de alcanzar acuerdos responsables que garanticen la sostenibilidad financiera de la empresa y la estabilidad del servicio.El gremio subrayó que los trabajadores del Grupo EPM y de ESSA cuentan con condiciones salariales que, según indicaron, superan el 120% del salario mínimo y están por encima de la media del sector, por lo que reiteraron la invitación a retomar el diálogo y levantar la huelga.Finalmente, Fenalco manifestó su disposición de acompañar espacios de diálogo técnico que permitan proteger el interés general y la estabilidad económica de Santander.