El alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, anunció oficialmente la habilitación de nuevas rutas aéreas comerciales desde el Aeropuerto Internacional Palonegro, como parte de la estrategia para fortalecer la conectividad de la ciudad y su área metropolitana.De acuerdo con la administración municipal, la apertura de nuevas frecuencias y destinos nacionales es el resultado de un trabajo articulado entre la Alcaldía, aerolíneas comerciales y autoridades aeronáuticas. Con esta ampliación, se espera un mayor número de vuelos semanales, mejores horarios de conexión y una reducción en los tiempos de desplazamiento para los pasajeros.La alcaldía destacó que el incremento en la oferta de sillas también permitirá una mayor competitividad en tarifas, favoreciendo tanto a viajeros frecuentes como al sector empresarial y turístico.En el marco de la Vitrina Turística de Anato, la aerolínea de bajo costo JetSMART anunció que a partir del 4 de junio de 2026 comenzará a operar nuevas frecuencias en la ruta Bogotá–Bucaramanga, ampliando la oferta aérea entre la capital del país y la capital santandereana.Según lo informado, la compañía operará 14 vuelos semanales entre Bogotá y Bucaramanga y 10 vuelos entre Bogotá y Cúcuta, lo que incrementará el número de sillas disponibles y generará mayor competencia en el mercado doméstico. Los tiquetes estarán disponibles con tarifas desde $84.500 por trayecto, impuestos incluidos, bajo el modelo de bajo costo.
Con el objetivo de garantizar una jornada transparente, segura y en paz, la Procuraduría General de la Nación anunció un amplio dispositivo de acompañamiento para las elecciones del próximo 8 de marzo en el departamento de Santander.La procuradora regional de instrucción de Santander, Magda Buendía, aseguró que, a la fecha, no se tiene identificado ningún riesgo electoral en el territorio, gracias al trabajo preventivo que se ha venido adelantando de manera articulada con las diferentes autoridades.La estrategia hace parte de una iniciativa liderada por el procurador general, Gregorio Eljach, denominada “paz electoral”, que busca promover elecciones transparentes, seguras y respetuosas de los resultados.El lanzamiento de la campaña en Santander se realizó en la Universidad Industrial de Santander (UIS), con la participación de funcionarios de la Procuraduría, quienes invitaron a la comunidad estudiantil a convertirse en multiplicadores del mensaje democrático.“La campaña es una iniciativa del señor procurador Gregorio Eljach para que las elecciones se realicen de una manera transparente, segura. La estrategia se llama Paz Electoral y en ella están la Registraduría y la Contraloría. La idea es que las elecciones se desarrollen de manera consciente, oportuna y libre, que se respeten los resultados”, expresó Buendía.Frente al panorama para la jornada del 8 de marzo, la procuradora regional fue enfática en señalar que no existen alertas de riesgo en el departamento.“Hasta el momento no tenemos un riesgo. Hemos trabajado para ello. En cada puesto de votación va a haber seguridad de Policía y Ejército. De igual manera, en cada punto va a estar el Ministerio Público en las mesas de justicia, unidos con la Contraloría, la Defensoría del Pueblo y las personerías”, indicó.La articulación institucional incluye la presencia de organismos de control y autoridades de seguridad en todos los puestos de votación, con el fin de prevenir irregularidades y atender de manera inmediata cualquier eventualidad.Como parte del dispositivo especial, la Procuraduría dispuso la conformación de un grupo élite que recorrerá los distintos puntos y puestos de votación durante la jornada electoral.“Se han dispuesto funcionarios y también unos grupos élites para estar revisando las elecciones. El grupo élite va a pasar revista por todos los puntos y puestos de votación y, si se presenta alguna situación que amerite la presencia de la Procuraduría Regional o de alguno de los procuradores provinciales, vamos a estar ahí tratando de solucionar en tiempo las situaciones que se puedan presentar”, explicó la procuradora.En el área metropolitana de Bucaramanga se contará con aproximadamente 120 funcionarios de la entidad, además de procuradores judiciales que acompañarán los escrutinios en cada una de las comisiones.“Tenemos todo dispuesto. Hay un compromiso de todos los funcionarios de la Procuraduría General de la Nación frente a esta campaña de Paz Electoral”, puntualizó Buendía.Con este despliegue institucional, las autoridades buscan garantizar que la jornada electoral del 8 de marzo en Santander se desarrolle con normalidad.
En desarrollo de operaciones militares contra el narcotráfico, el Ejército Nacional de Colombia confirmó la destrucción de dos laboratorios para el procesamiento de clorhidrato de cocaína en los departamentos de Norte de Santander y Cesar, en acciones coordinadas con la Policía Nacional de Colombia.En la vereda Campo Alicia, municipio de El Zulia, tropas del Batallón de Artillería de Campaña N.° 30, orgánico de la Brigada 30, ubicaron y destruyeron un laboratorio compuesto por tres construcciones al servicio de las economías ilícitas, con posibles nexos con el frente Juan Fernando Porras Martínez del ELN.Durante la operación, adelantada con apoyo de la SIJIN de la Dirección de Antinarcóticos, fueron incautados 845 kilogramos de clorhidrato de cocaína en estado sólido, 395 galones en suspensión y más de 3.356 galones de insumos líquidos, entre ellos acetato de N-Propilo, ácido clorhídrico y gasolina. También se hallaron 255 kilogramos de sustancias químicas sólidas como soda cáustica, carbón activado y metabisulfito.Según las autoridades, este resultado representa una afectación al músculo financiero del narcotráfico estimada en más de 6.555 millones de pesos.En una segunda acción militar, tropas de la Quinta Brigada, unidad orgánica de la Segunda División, ubicaron y destruyeron un laboratorio en la vereda La Estación, municipio de Gamarra, que pertenecería al frente Camilo Torres del ELN.De acuerdo con información de inteligencia, esta infraestructura tenía una producción mensual aproximada de una tonelada de clorhidrato de cocaína. En el lugar fueron hallados 307 kilogramos del alcaloide, 1.039 galones de insumos líquidos, 345 kilogramos de insumos sólidos, además de hornos microondas, grameras, tanques y otros elementos empleados para el procesamiento.Las autoridades estimaron que esta operación generó una afectación económica superior a los 1.600 millones de pesos y evitó la comercialización de aproximadamente 700.000 dosis de cocaína en mercados ilegales. El material y las infraestructuras fueron destruidos de manera controlada, mientras que los actos urgentes y procedimientos judiciales quedaron a cargo de la Policía Judicial de la Dirección de Antinarcóticos.El Ejército Nacional informó que continuará desarrollando operaciones contundentes contra las estructuras criminales que financian sus actividades a través del narcotráfico en el oriente del país.
La terapia de oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO) continúa consolidándose como una alternativa de soporte vital de alta complejidad en Santander. Así lo evidencian las cifras del programa del HIC Instituto Cardiovascular de la Fundación Cardiovascular de Colombia, que en 2025 superó los estándares internacionales establecidos por la Extracorporeal Life Support Organization (ELSO).Los datos consolidados muestran que la tasa de supervivencia al egreso hospitalario en pacientes adultos que recibieron soporte con ECMO alcanzó el 57,8%, frente al 47% reportado a nivel global. En población pediátrica, el indicador llegó al 78,7%, superando el 57% internacional.La historia de Édgar Serrano refleja estos resultados. El santandereano, de 65 años, sufrió un infarto que derivó en choque cardiogénico, una condición crítica en la que el corazón no logra bombear suficiente sangre para mantener con vida al organismo. Aunque llegó tarde para salvar su corazón, no fue tarde para salvar su vida.A su ingreso al HIC Instituto Cardiovascular presentaba arritmias graves y falla cardíaca severa. Mientras el equipo de hemodinamia intervenía la arteria comprometida, el programa de ECMO se activó de manera inmediata.“La terapia permitió reemplazar de forma temporal la función del corazón y los pulmones, mantener los órganos vitales y ganar tiempo para tomar la mejor decisión en el momento más crítico”, explicó el doctor Leonardo Salazar, director del programa de ECMO y Asistencia Ventricular.Tras estabilizarlo, se activaron los equipos de falla cardíaca avanzada, cirugía cardiovascular y trasplante. El daño era irreversible, por lo que el grupo médico decidió implantarle un dispositivo de asistencia ventricular Corheart 6, considerado el corazón artificial más pequeño del mundo.Meses después de salir de la Unidad de Cuidados Intensivos, Édgar camina, realiza ejercicio y avanza en su rehabilitación. “En cualquier otro escenario, lo más probable es que no estuviera aquí. Hubo un equipo que hizo todo lo necesario en el momento exacto”, afirmó.El informe del Centro de Excelencia en ECMO detalla además que, en pediatría, la supervivencia fue del 73% en soporte cardiovascular (ELSO: 62%) y del 93,3% en soporte respiratorio (ELSO: 70%).En adultos, los resultados también superaron los estándares: 59% en soporte cardiovascular, 63,6% en respiratorio y 45,4% en reanimación cardiopulmonar extracorpórea.Estos indicadores, según la institución, evidencian la capacidad del programa para sostener la vida en escenarios de alta complejidad y conducir a los pacientes hacia terapias definitivas con mejores pronósticos.Los resultados también se atribuyen a la Central de Telemonitoreo, un sistema que vigila en tiempo real a los pacientes en UCI y permite anticipar riesgos clínicos. Inspirada en una torre de control aérea, integra signos vitales e información clínica con personal disponible 24/7.De acuerdo con el reporte, gracias a este modelo la supervivencia al egreso tras un paro cardíaco intrahospitalario pasó del 24% a más del 60% en tres años, mientras que el tiempo de respuesta ante una alarma crítica se redujo de 135 a 17 segundos.El desempeño del programa le ha valido al Centro de Excelencia en ECMO la certificación nivel Oro otorgada por la Extracorporeal Life Support Organization, reconocimiento que respalda su calidad clínica y lo posiciona como referente internacional en soporte vital extracorpóreo, con atención simultánea para pacientes adultos y pediátricos en Latinoamérica.
La Contraloría General de la República evidenció presuntos giros injustificados por $23.426 millones a prestadores de servicios de salud en medio de la intervención forzosa a Asmet Salud EPS, según los resultados de una auditoría de cumplimiento realizada a la entidad durante las vigencias 2023 y 2024.De acuerdo con el organismo de control, en total se determinaron hallazgos fiscales por $24.849 millones relacionados con la gestión administrativa, contractual y financiera de la EPS, en el manejo de recursos fiscales y parafiscales del Sistema General de Seguridad Social en Salud.El principal hallazgo corresponde a pagos autorizados por la firma RG Auditores S.A.S., designada como interventora por la Superintendencia Nacional de Salud. Según la auditoría, la firma habría modificado de manera injustificada e ilegal los montos aprobados para giro directo a la red prestadora.Aunque Asmet Salud certificó la postulación de 91 prestadores para pagos por giro directo por un total de $47.809 millones, la Contraloría estableció que a 74 de ellos se les giraron valores superiores a los autorizados. A la fecha, se ha logrado el reintegro de $24.383 millones, pero aún permanecen pendientes por recuperar $23.426 millones.Si bien la EPS señaló que no autorizó dichos pagos y que estos obedecieron a decisiones de la interventoría, además de haber informado la situación a la Superintendencia, el ente de control indicó que no encontró evidencia de acciones administrativas o judiciales emprendidas por la entidad contra la firma interventora para recuperar los recursos públicos.En 2024, la EPS solicitó autorización para iniciar procesos de conciliación extrajudicial con los prestadores involucrados. Sin embargo, de los 74 implicados, solo 64 fueron citados: 27 rechazaron la conciliación, 29 no asistieron y 8 mantienen procesos suspendidos, lo que ha frenado el avance en la recuperación efectiva del dinero.
La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga confirmó el pasado 18 de febrero de 2026 la condena contra el abogado Orlando Soto Uribe y el exsecretario del Juzgado Cuarto Promiscuo de Piedecuesta, Martín Ospino Villafañe, por el delito de fraude procesal, en un caso relacionado con el despojo de tierras en Santander.El fallo ratificó la decisión de primera instancia al establecer que ambos participaron en irregularidades dentro del proceso de adición a la partición del predio conocido como “El Tamarindo". El terreno está ubicado en la vereda Palogordo, en jurisdicción de Girón.Según la sentencia, Soto Uribe inició y tramitó una demanda de adición a la sucesión sin contar con un poder legalmente conferido para ese fin. Por su parte, Ospino Villafañe, en su condición de secretario del despacho judicial, dio curso al proceso pese a la ausencia de los soportes legales requeridos, lo que permitió que avanzara de manera expedita.De acuerdo con lo probado en juicio, estas actuaciones derivaron en la apropiación ilegítima de tierras y en el desplazamiento de familias campesinas que eran propietarias del predio, entre ellas la familia Sánchez Quitián, Eduardo Pedroza Corredor, Ramiro Jaimes, Raúl Meléndez y Reinaldo Torres.Para Leslie Amaya, abogada del Equipo Jurídico Pueblos, la decisión representa “una victoria histórica” tras más de 20 años de lucha judicial. “Las familias fueron desplazadas y despojadas de sus tierras. Esta condena reconoce que el proceso se inició, tramitó y culminó sin que existiera un poder válido, y que desde el despacho judicial se facilitó que se materializara el despojo”, señaló.La abogada explicó que, tras concretarse el control del predio, las tierras fueron vendidas a terceros, entre ellos personas cercanas a quienes promovieron el proceso. En el contexto de este conflicto también se registraron amenazas, hostigamientos y hechos violentos, incluidos los asesinatos de los hermanos Jesús Antonio y Luis Eduardo Sánchez Quitián.La sentencia de segunda instancia aún puede ser objeto de recurso extraordinario de casación ante la Corte Suprema de Justicia. En caso de que la condena quede en firme, las familias esperan avanzar en los trámites ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos para corregir las escrituras y recuperar formalmente las tierras.
A pocos días de las consultas interpartidistas, la encuesta más reciente de Invamer revela un resultado contundente en la consulta del Frente por la Vida: Daniel Quintero aparece con una ventaja amplia sobre Roy Barreras en intención de voto. Según el sondeo analizado en Blu Radio, el exalcalde de Medellín triplica al exsenador y se perfila como el virtual ganador dentro de este bloque político.De acuerdo con los resultados, Quintero registra el 68,1 % de la intención de voto, mientras Roy Barreras alcanza el 23 %. Los demás candidatos quedan muy rezagados: Edison Lucio Torres con 4,2 %, Marta Viviana Bernal con 2,7 % y Héctor Elías Pineda con 2 %. Este escenario posiciona a Quintero como el claro favorito en una consulta que podría convocar cerca de 830.000 votantes, según las proyecciones derivadas de la encuesta.El voto de opinión, principal fortaleza de Daniel QuinteroUno de los factores clave que explican la ventaja de Daniel Quintero es el peso del voto de opinión. Según explicó el gerente de Invamer, Martín Orozco, las encuestas reflejan principalmente la intención de voto de ciudadanos, no la influencia de las estructuras políticas o maquinarias.Esto significa que, en el terreno de la percepción ciudadana, Quintero tiene una ventaja significativa. Su perfil, asociado a un liderazgo más reciente y con fuerte presencia mediática, parece conectar con un segmento importante del electorado que participaría en la consulta.Además, el balance entre imagen favorable y desfavorable también juega a su favor. Mientras Quintero tiene una percepción relativamente equilibrada (19 % favorable frente a 20 % desfavorable), Roy Barreras enfrenta una situación más compleja: su imagen desfavorable alcanza el 34 %, frente a solo un 12 % de favorabilidad. Este contraste sugiere que Barreras genera mayor rechazo relativo entre los votantes.Otro elemento que influye en los resultados es la percepción sobre la trayectoria política de Roy Barreras. Analistas señalan que su paso por diferentes sectores políticos podría estar afectando su credibilidad ante una parte del electorado.Este fenómeno, conocido popularmente como “voltearepismo”, ha sido históricamente castigado por los votantes colombianos. La percepción de falta de coherencia ideológica puede generar desconfianza, especialmente en consultas donde predomina el voto de opinión y no el voto disciplinado por partidos.En contraste, Quintero parece capitalizar una imagen más definida dentro de su electorado potencial, lo que le permite consolidar un apoyo más sólido en la encuesta.A pesar de la ventaja de Quintero, el panorama aún no está completamente definido. La encuesta muestra que cerca del 44 % de quienes participarían en las consultas interpartidistas todavía no saben por quién votar. Este grupo será determinante en el resultado final.En términos absolutos, si votan cerca de 830.000 personas en esta consulta, las proyecciones indican que Quintero podría obtener entre 600.000 y 650.000 votos, mientras Barreras alcanzaría cerca de 200.000. Sin embargo, expertos advierten que estos números podrían cambiar dependiendo del impacto de las campañas en los días previos y del funcionamiento de las maquinarias políticas.La maquinaria política, el principal reto para QuinteroA diferencia de Quintero, Roy Barreras cuenta con una amplia trayectoria política y redes en diferentes regiones del país. Estas estructuras podrían movilizar votantes el día de la consulta, un factor que las encuestas no logran medir completamente.Barreras tiene aliados políticos con presencia en departamentos clave como Atlántico, Valle del Cauca y La Guajira, lo que podría aumentar su votación real frente a la intención registrada en el sondeo.Sin embargo, el hecho de que el propio impulsor de la consulta esté en segundo lugar refleja una debilidad significativa en el terreno del respaldo ciudadano espontáneo.El resultado de esta consulta será decisivo para definir el liderazgo dentro del Frente por la Vida y el rumbo político de este sector. Si se mantienen las tendencias actuales, Daniel Quintero no solo ganaría la consulta, sino que consolidaría su posición como figura principal dentro de este bloque.No obstante, el alto número de indecisos y el peso de las maquinarias políticas dejan abierta la posibilidad de cambios en el resultado final. Por ahora, la encuesta de Invamer ofrece una fotografía clara: Daniel Quintero lidera ampliamente la intención de voto, mientras Roy Barreras enfrenta el desafío de revertir una desventaja significativa en el terreno del voto de opinión.Las consultas, como coinciden los analistas, son apenas la primera etapa de una carrera política que apenas comienza a definirse.
La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana de Inminencia 005 de 2026 para los municipios de El Peñol y El Tambo, en Nariño, ante el riesgo para la población civil por enfrentamientos entre grupos armados ilegales y el uso recurrente de drones con explosivos.La alerta identifica riesgo en los cascos urbanos de ambos municipios y en varios corregimientos y veredas, entre ellos San Pedro y El Azogue, en El Tambo; y Las Cochas, El Peñol Centro, Peñol Viejo y La Toma, en El Peñol.Según la Defensoría, el principal riesgo es la disputa del control del corredor vial de Guambuyaco, un punto clave para la movilidad y las rentas ilegales, donde el Frente Franco Benavides, del EMC, busca expandirse y choca con el control que mantienen los Comuneros del Sur y las Autodefensas Unidas de Nariño.A esto se suma el uso de drones cargados con explosivos y otros artefactos improvisados contra estaciones de Policía y sedes administrativas, incluida la Alcaldía de El Peñol.“Estos ataques, registrados con mayor frecuencia desde noviembre del 2025, han sido perpetrados en cascos urbanos y centros poblados, afectando bienes de naturaleza civil en horarios laborales y generando impactos humanitarios indiscriminados en funcionarios(as) y transeúntes”, señaló la Defensoría.La entidad alertó que ya se han materializado graves afectaciones como civiles heridos por explosivos, homicidios selectivos y el desplazamiento forzado masivo de 124 familias en diciembre pasado, entre ellas población indígena.Además, denunció que los grupos armados ejercen control territorial mediante la instalación de vallas y banderas, la imposición de normas de conducta a través de WhatsApp y panfletos, y la presión para conformar “guardias campesinas” que obstaculicen la acción de la fuerza pública.La Defensoría señala que el riesgo es especialmente alto para niñas, niños y adolescentes, expuestos al reclutamiento forzado y a los efectos de combates y explosiones cerca de escuelas y centros de desarrollo infantil.“También está en riesgo alto la población indígena, pues los cabildos de El Tambo y el Cabildo Quillasinga Integrado de El Peñol (Corcaiquinpe) enfrentan amenazas a su autonomía, gobierno propio y pervivencia cultural. Llama la atención lo que les está ocurriendo a los liderazgos sociales y a las personas defensoras de derechos humanos, ya que han sido víctimas de instrumentalización, amenazas y convocatorias obligatorias a reuniones clandestinas”.En las zonas rurales, campesinos reportan contaminación de sus territorios con minas antipersonal y restricciones a la movilidad, mientras servidores públicos y transportadores han recibido intimidaciones y ataques contra la infraestructura donde trabajan.Ante este panorama, la Defensoría pidió al Ministerio del Interior activar una respuesta rápida a través de la Ciprat, al Ministerio de Defensa implementar estrategias antidrones y acciones de desminado, y a la UNP y al ICBF reforzar las medidas de protección para liderazgos sociales, comunidades étnicas y menores de edad.También instó a la Oficina del Consejero Comisionado de Paz a verificar el cumplimiento de acuerdos de desminado y no reclutamiento de menores.
La situación con la movilidad en el Oriente antioqueño sigue complicada y con el enorme derrumbe que taponó la autopista Medellín - Bogotá y que hoy tiene a personas y transportadores contra la espada y la pared.En el tramo Santuario - Caño Alegre, en donde hay dos retroexcavadoras y ocho volquetas trabajando arduamente, también hay desespero por todas las personas que desafortunadamente se han visto afectadas por las inclemencias del clima."Caminando por ahí dos horas, creo yo, para bajar al cruce. Pues de aquí para allá, si no hay que viajar de aquí para allá, por ahí dos horas", manifestó uno de los habitantes del sector.La más reciente visita de Invias y otras autoridades arrojó que en la vía cayeron cerca de 60.000 metros cúbicos de tierra que equivale a más de 4.000 volquetas llenas del material que pone en jaque a cerca de 14 empresas de buses como aseguró Samir Echeverri, director ejecutivo de la Asociación de Transportadores de Pasajeros de Antioquia.Por su parte, el gobernador de Antioquia, Andres Julián Rendón, opinó que esto es lo que ocurre cuando las vías dejan de ser concesionadas para pasar al dominio de la Nación, como ocurre en la vía Medellín - Bogotá."Lo que pasa en la autopista Medellín-Bogotá entre Santuario y Caño Alegre es el reflejo de lo que pasa cuando se dejan las vías en manos del instituto, o se dejan las vías en manos del Estado cuando podrían ser vías que fácilmente las podría asumir en su mantenimiento un privado. Esa vía era transitable", dijo.Por ahora las labores continúan en el municipio de San Luis, donde ocurrió el deslizamiento de tierra, y se espera que con el arduo trabajo de diferentes frentes de trabajo se pueda habilitar nuevamente el paso vehicular en aproximadamente cinco días cuando toda la tierra sea removida del lugar.
La violencia no da tregua en Bucaramanga, luego de que en menos de 24 horas se registraran dos ataques sicariales que dejaron cinco personas heridas, entre ellas dos menores de edad y una mujer víctima de bala perdida.El primer hecho ocurrió en el barrio María Paz, donde una riña entre jóvenes terminó en una balacera. Según el reporte de las autoridades, dos hombres identificados como Omar Santiago Quintero Rueda, de 19 años, y un menor de 17años, se encontraban conversando en la vía pública, cuando llegó un sujeto conocido como alias 'Yoya', con quien iniciaron una discusión.La confrontación verbal subió de tono y, según testigos, los jóvenes retaron al agresor a una pelea a golpes. Sin embargo, alias 'Yoya' sacó un arma de fuego y disparó en repetidas ocasiones, hiriendo a los dos.En medio del tiroteo, una mujer identificada como Leidy Liliana Ariza Carreño, de 42 años, fue alcanzada por una bala perdida mientras caminaba con su hijo hacia una tienda cercana.Los tres heridos fueron trasladados a centros asistenciales. El menor de edad recibió cuatro impactos de bala en el tórax, la cadera y la ingle y fue remitido a un centro asistencial, donde permanece bajo pronóstico reservado. Los otros dos lesionados se recuperan de sus heridas.Horas después, en otro hecho violento registrado en el barrio La Inmaculada, dos personas más resultaron heridas cuando sicarios que se movilizaban en motocicleta abrieron fuego contra ellos.Las víctimas fueron trasladadas en un vehículo particular al Hospital Local del Norte. Uno de los heridos es un menor de 15 años, que recibió un impacto en el brazo derecho, mientras que el otro presenta una herida en el abdomen y fue remitido al Hospital Universitario de Santander debido a la gravedad de su estado.La Policía Metropolitana de Bucaramanga adelanta investigaciones para establecer si los hechos tienen alguna relación y determinar los móviles, que podrían estar asociados a riñas o intolerancia social. Unidades de la SIJIN y del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes (MNVCC) continúan las labores para ubicar a los responsables.
El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, expresó su inconformismo ante la decisión del Gobierno nacional de dejar al departamento por fuera del Conpes “Vías para la Paz”, un documento que destina 15 billones de pesos para obras viales en distintas regiones del país.El mandatario calificó la exclusión como "un acto de injusticia con Santander", al recordar que el estado de las carreteras nacionales es crítico y que, además, el Gobierno había adquirido compromisos con la región.“A Santander lo sacan del Conpes, incluso, las vías que había prometido el presidente Petro, como la Curos a Málaga, y las que habían anunciado los delegados del Gobierno que vinieron al departamento, como la Transversal del Carare, no se incluyeron. Hay mucho malestar entre los santandereanos y los proyectos no avanzan, como el Convenio de los Comuneros”, manifestó el gobernador.El mandatario también advirtió que los recursos recaudados por el Convenio de los Comuneros, una de las principales apuestas del Gobierno para mejorar la conectividad entre Bucaramanga, San Gil y el sur de Santander, no se han ejecutado.Le puede interesar: Invías solicita Conpes para salvar la Transversal del Carare en Santander“El convenio se anunció con la ministra de Transporte, se licitó, pero no se ha puesto en marcha. Ese acuerdo implicaba que el 50 % de los recursos se invertirían en la variante del Socorro, la variante de San Gil, el intercambiador El Guey y el mantenimiento permanente de la vía Bucaramanga a San Gil”, agregó el gobernador.Díaz Mateus insistió en que los corredores viales del departamento son vitales para la economía, el turismo y la conexión de las comunidades, y pidió al Gobierno nacional una revisión urgente de los criterios de inversión para garantizar que Santander reciba los recursos que le corresponden.“Los recursos van a las cuentas del Gobierno nacional y hay un clamor por el cumplimiento del Convenio de los Comuneros. En la proyección a 20 años hay un recaudo de más de 2 billones de pesos y se necesita una solución para las comunidades. El convenio se anunció con la ministra de Transporte, se licitó, pero no se ha ejecutado”, señaló el mandatario.Enfatizó que se ha venido insistiendo con el Ministerio de Transporte y las entidades nacionales responsables del plan, para poner celeridad a los proyectos que tanto anunciaron para la región, pero, por ahora, no hay una fecha prevista para tratar este tema de inversión para vías de Santander.Los gremios económicos también manifestaron su inconformismo por la exclusión, desde Prosantander, entidad que promueve el desarrollo regional "no podemos permitir que Santander sea invisible para el Gobierno nacional. La inversión en infraestructura vial no es un favor, es un derecho y una necesidad para el progreso del departamento”, señaló Prosantander en un comunicado.
El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, expresó su preocupación por los tiempos que maneja la Registraduría Nacional para la convocatoria de la elección atípica en Bucaramanga, tras la suspensión del alcalde Jaime Andrés Beltrán. Según el mandatario departamental, la fecha tentativa del 14 de diciembre no sería viable por los plazos administrativos y el riesgo de una alta abstención ciudadana.“Yo no sé, hablé con el registrador nacional, él tiene planteada la fecha del 14 de diciembre, pero los tiempos no dan”, señaló Díaz, explicando que el proceso en el municipio de Girón, donde también se debe convocar a elección atípica, aún no ha concluido y el fallo de la autoridad electoral podría ejecutoriarse apenas la próxima semana.El gobernador indicó que, de acuerdo con los cálculos del ente electoral, el calendario electoral debería iniciar el 14 de octubre, lo que dejaría apenas unos días para que los aspirantes inscriban sus candidaturas o reúnan firmas, una situación que -según advirtió- podría generar demandas por falta de garantías.“Acabamos de hablar con el registrador para buscar una fecha que permita ahorrar recursos y garantizar la participación ciudadana. Me da miedo que el 14 de diciembre no tengamos sino por ahí el 50% de los habitantes de Bucaramanga y terminemos con un fiasco de elecciones”, enfatizó Díaz Mateus.El mandatario también manifestó que adelantar los comicios al 7 de diciembre sería aún más complicado y que posponerlos al 21 de diciembre tampoco sería prudente, dado que “para esa fecha la mayoría de bumangueses salen de la ciudad, lo que afectaría la participación electoral”.Finalmente, el gobernador insistió en que se deben analizar opciones que garanticen la legitimidad y transparencia del proceso, evitando apresurar decisiones que puedan afectar la pluralidad política o la afluencia de votantes en la capital santandereana.
El jugador profesional del Atlético Bucaramanga, Fabry Castro, fue sometido a una intervención quirúrgica luego de sufrir una lesión de rodilla que lo mantendrá fuera de las canchas durante los próximos meses.Según informó la clínica Clinisports, el procedimiento se realizó el pasado 5 de octubre e incluyó una reconstrucción artroscópica del ligamento cruzado anterior y sutura del menisco medial, cirugía liderada por un equipo especializado en ortopedia de rodilla y medicina del deporte.La institución médica destacó que para la operación se empleó tecnología artroscópica de última generación, lo que garantiza una alta precisión quirúrgica y refleja el compromiso del centro con la excelencia médica y la recuperación de los deportistas de alto rendimiento.“Expresamos nuestros mejores deseos a Fabry Castro y a su familia, confiando en su pronta y exitosa recuperación”, indicó el doctor Raúl Y. Rodríguez, director médico de Clinisports.El volante del equipo auriverde permanecerá en observación mientras cumple su proceso de rehabilitación, bajo la supervisión del cuerpo médico del club y especialistas en medicina deportiva. Fabry Castro podría regresar a las canchas en ocho meses, según su recuperación. Recordemos que el jugador fue victima de un violento atracó en el barrio Terrazas de Bucaramanga, cuando delincuentes le robaron varias joyas de oro cuando se bajaba de su vehículo para entrar a una heladería.
En un operativo del Gaula Santander, la Policía Nacional capturó en flagrancia a un hombre por el delito de extorsión, en hechos ocurridos frente al comando de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.De acuerdo con las autoridades, el capturado fue sorprendido justo en el momento en que recibía $10 millones de pesos de un comerciante, dinero que exigía bajo amenazas de atentar contra la víctima y su núcleo familiar.Las investigaciones adelantadas por el Gaula permitieron establecer que el hombre se hacía pasar por integrante del ELN para intimidar a los ciudadanos y generar presión con el fin de obtener pagos extorsivos.En el procedimiento también fue incautado un teléfono celular, desde el cual, según los uniformados, se coordinaban las actividades delictivas.La Policía Metropolitana de Bucaramanga reiteró su llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier intento de extorsión a través de la línea 165 del Gaula, recordando que este tipo de actuaciones son prioridad dentro de las estrategias de seguridad para proteger a los comerciantes y empresarios de la región.
La Electrificadora de Santander (Essa) descartó cualquier afectación estructural en la represa de Bocas, ubicada en el municipio de Lebrija, luego de que comunidades de la zona alertaran sobre una posible ruptura de la infraestructura.De acuerdo con el reporte oficial de la compañía, las intensas y persistentes lluvias registradas los días 12 y 13 de febrero de 2026 provocaron una creciente súbita del río Lebrija, que ocasionó la afectación y posterior ruptura de una ataguía temporal construida para adelantar obras de reparación en la represa.Essa explicó que la ataguía es una estructura independiente que no hace parte de la obra civil principal de la represa y que no cumple funciones de almacenamiento ni regulación del embalse. Por esta razón, la empresa aseguró que la situación no compromete la estabilidad de la infraestructura ni representa riesgo para las comunidades aguas abajo.Tras una inspección técnica, la Oficina de Gestión del Riesgo de Santander también confirmó que no existe alarma ni peligro inminente en la represa, donde se genera energía para varios municipios del departamento.Como medida preventiva y en atención a los riesgos climáticos derivados de las lluvias y las crecientes del río, Essa radicó ante los entes competentes una declaratoria de contingencia ambiental relacionada con la represa de Bocas. Esta fue sustentada ante el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres, donde se expuso la situación actual y se socializaron los planes de contingencia y acciones a ejecutar.La declaratoria se suma a la calamidad pública decretada por el municipio de Lebrija debido a las condiciones climáticas, así como a la alerta roja vigente emitida por el Ideam, en el marco de la actual temporada de lluvias.Las autoridades reiteraron el llamado a la calma y señalaron que mantienen el monitoreo constante del comportamiento del río y de la infraestructura energética.
Un golpe a las estructuras armadas ilegales se registró en el departamento de Santander con la captura de alias “Culebro”, presunto integrante del Frente Domingo Laín Sáenz del Ejército de Liberación Nacional (ELN). El procedimiento fue realizado por la Policía Nacional de Colombia en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, el Ejército Nacional y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI).La detención se llevó a cabo en el municipio de Barbosa, luego de labores de inteligencia e investigación que permitieron ubicar y capturar al hombre requerido por la justicia colombiana por los delitos de homicidio agravado en persona protegida y rebelión.Según las autoridades, alias “Culebro” estaría vinculado al ELN desde hace más de 11 años, participando presuntamente en homicidios, extorsiones e intimidaciones en zonas rurales de Arauquita (Arauca) y sectores fronterizos, lo que habría afectado la seguridad de las comunidades en esa región limítrofe con Venezuela.Dentro de los hechos que se le atribuyen figuran el asesinato de un líder social integrante de la Asociación Campesina de Arauca (ACA) y miembro de la Junta de Acción Comunal de la vereda Santa Ana, así como el homicidio de una mujer estilista en el sector Pueblo Nuevo, ambos crímenes cometidos en 2016.Las investigaciones también establecen que el capturado habría hecho parte de un grupo conocido como “Los Comandos de la Muerte”, presuntamente bajo el mando de otro cabecilla del ELN, dedicado a sostener el control territorial mediante acciones criminales. Además, desde 2022 se habría radicado en Santander, específicamente en los municipios de Sábana de Torres y Barbosa, con la aparente finalidad de ocultar su identidad y evadir a las autoridades.Tras su captura, alias “Culebro” fue presentado ante un juez de control de garantías, quien le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial en su contra.
Empresarios y ciudadanos de Cimitarra, Vélez, La Paz y Barbosa, en Santander, se unieron a la campaña solidaria “50 mil Razones para Ayudar a Córdoba” y aportaron alimentos para las familias afectadas por las inundaciones en ese departamento.Desde Barbosa hubo respaldo logístico y convocatoria ciudadana; en Cimitarra, empresarios del sector esmeraldero apoyaron la recolección; mientras que en Vélez y La Paz también se sumaron donaciones de víveres. A estos aportes se sumó la entrega de tres toneladas de arroz por parte del molino Improarroz, además de otra tonelada adquirida con recursos propios de la organización promotora.De 14 toneladas de alimentos e implementos recolectados 10 toneladas de ayudas humanitarias fueron trasladadas hasta Montería, Córdoba.La caravana partió el 23 de febrero desde Bogotá en tres camiones y varias camionetas cargadas con alimentos no perecederos, papa, arroz, cebolla y concentrado para perros y gatos. Tras recorrer varios municipios del centro del país, llegó al estadio 18 de junio, centro de acopio dispuesto por la Oficina de Gestión Social para atender a los damnificados.“Logramos entregar 10 toneladas y tenemos cuatro más listas en Bogotá para una segunda fase”, explicó Jorge Lozano, director de la fundación Lozano del Campo, quien destacó que la ayuda es el resultado de la unión de empresarios y campesinos de Bogotá, Boyacá, Cundinamarca, Meta y Santander.Los alimentos son transformados en raciones de comida caliente que se distribuyen en 18 alojamientos temporales donde permanecen miles de personas afectadas. Parte de los productos también se convierten en mercados que son enviados a zonas rurales donde familias continúan aisladas por la emergencia.La donación incluyó además una tonelada de concentrado para animales, entregada a la Asociación Amor Animal, entidad que atiende a más de 770 perros y 330 gatos rescatados.“La campaña continuará con una segunda etapa que contempla un concierto solidario en Bogotá, donde artistas como Adriana Bottina y Jimmy Gutiérrez, entre otros, donarán sus presentaciones para recaudar fondos destinados a la compra de herramientas y equipos que permitan a las comunidades iniciar la recuperación de sus viviendas y fincas”, dijo lozano.La fundación mantiene activo su centro de acopio en Bogotá y continúa gestionando apoyos para ampliar la ayuda a las más de 250 mil personas afectadas por las inundaciones en Córdoba.
Una estructura criminal estaría utilizando menores de edad como “moscas”, una modalidad delictiva en la que los niños son instrumentalizados para alertar sobre la presencia de la fuerza pública y facilitar el transporte de estupefacientes. El caso fue descubierto por la Policía en el departamento de Norte de Santander.Los hechos se registraron en el kilómetro 48 de la vía Sardinata – Cúcuta, sector Los Bananos, jurisdicción del municipio de El Zulia, donde uniformados adelantaban controles viales. Allí fueron capturados en flagrancia dos adultos y puestos a salvo dos niños que se encontraban involucrados en el transporte ilegal de drogas.De acuerdo con las investigaciones preliminares, los menores eran utilizados por la red para advertir sobre retenes y movimientos de las autoridades, exponiéndolos a graves riesgos y vulnerando sus derechos fundamentales. Esta práctica les permitía a los responsables movilizar cargamentos ilícitos con mayor margen de maniobra.Durante la inspección a un vehículo tipo campero, en el que se movilizaban junto a una motocicleta, los uniformados hallaron 36 recipientes plásticos ocultos en las puertas y amarrados al chasis. En su interior había una sustancia rocosa color beige con características similares a la base de coca, con un peso aproximado de 38 kilogramos. Los vehículos fueron inmovilizados y también se incautaron dos teléfonos celulares.El coronel Jair Alonso Parra Archila, director de Tránsito y Transporte de la Policía, rechazó de manera contundente esta modalidad criminal. “Rechazamos y repudiamos el uso de niños, niñas y adolescentes como ‘moscas’ para alertar sobre la presencia de las autoridades. Esta práctica no solo constituye un delito, sino una grave vulneración de sus derechos”, afirmó el oficial, quien agregó que se fortalecerán los controles en los corredores viales del país.Los menores fueron dejados a disposición de la autoridad competente para el restablecimiento de sus derechos, mientras que los dos adultos capturados deberán responder ante la Fiscalía de Cúcuta por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. La Policía reiteró su llamado a denunciar cualquier hecho que ponga en riesgo a niños y adolescentes a la línea 123.
Un vendaval afectó a dos municipios de Santander en las últimas horas, mientras que en otras zonas del departamento se reportaron lluvias, tormentas eléctricas y crecientes súbitas, según el más reciente balance de las autoridades de gestión del riesgo del departamento. Se registraron precipitaciones en la provincia de Vélez, especialmente en los municipios de Jesús María, La Belleza, Sucre y Florián, donde las lluvias generaron alertas preventivas.Asimismo, se presentaron tormentas eléctricas en Mogotes y Guaca, mientras que se reportó una creciente súbita de la quebrada Perchíquez, situación que es monitoreada por los organismos de socorro para prevenir afectaciones mayores.De acuerdo con el más reciente reporte del IDEAM, Santander amanece con cielos mayormente cubiertos y tendencia a tiempo seco durante el día; sin embargo, persiste la probabilidad de lluvias aisladas en zonas de montaña debido a la saturación de suelos.Las autoridades reiteraron el llamado a la comunidad para estar atenta a posibles deslizamientos de tierra, especialmente en sectores de ladera y alta pendiente, y a reportar cualquier emergencia a los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo.De acuerdo con el más reciente informe del IDEAM, la cuenca del río Sogamoso se encuentra en alerta naranja debido a las intensas lluvias registradas en diferentes regiones de Santander. Las precipitaciones en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y el sur de Santander han generado crecientes en los ríos Suárez, Chicamocha y sus afluentes, cuyos caudales desembocan en el embalse de Topocoro.La empresa ISAGEN informó que, aunque el embalse ha logrado soportar las crecientes y la central opera actualmente con plena capacidad instalada, se inició una etapa de seguimiento técnico ante la cercanía del nivel máximo permitido. De mantenerse las condiciones meteorológicas, en los próximos días podría iniciarse un vertimiento controlado desde la Central Hidroeléctrica Sogamoso.Los organismos de atención continúan en monitoreo permanente ante cualquier eventualidad que pueda presentarse en las próximas horas en Santander.
En medio de una ofensiva policial contra estructuras del crimen organizado en el asentamiento humano El Páramo, en Floridablanca, fue capturado Miguel David Núñez Machado, alias “Colin”, señalado como presunto jefe de sicarios de la organización criminal Tren de Aragua.El arresto del peligro delincuente venezolano se materializó tras labores investigativas con control territorial de las autoridades en el sector de La Cumbre, en Floridablanca. Según las autoridades, el capturado registra una orden de captura vigente en Venezuela por los delitos de homicidio y tráfico de armas, lo cual motivó su búsqueda internacional.Alias “Colin” habría coordinado la logística del sicariato y otras actividades delictivas para esa estructura transnacional del Tren de Aragua, lo que constituye un golpe significativo a la presencia y operación de este grupo en el área metropolitana de Bucaramanga.En la vivienda donde se refugiaba alias 'Colin', fue detenida otra persona con órdenes judiciales activas en su contra. La Policía halló varias dosis de estupefacientes y una motocicleta reportada como hurtada. El procedimiento fue dejado a disposición de la autoridad competente para adelantar el proceso de judicialización correspondiente y coordinar los trámites internacionales que correspondan, de acuerdo con la normativa vigente.La Policía Nacional anunció que continuará realizando operativos contra bandas criminales que afectan la tranquilidad en Bucaramanga y el área metropolitana.
La Alcaldía de Bucaramanga endureció las reglas contra quienes arrojen colchones, muebles, llantas, escombros y otros residuos voluminosos en calles, parques y zonas verdes de la ciudad. A través del Decreto 0029 de 2025, la administración municipal estableció nuevas obligaciones para ciudadanos y comerciantes, y anunció sanciones económicas y hasta suspensión de actividades para quienes incumplan.El alcalde Cristian Fernando Portilla aseguró que la medida busca frenar la proliferación de puntos críticos de basuras que, según la Alcaldía, afectan la salud pública, deterioran el espacio público y generan riesgos ambientales.“En Bucaramanga no vamos a permitir que colchones, muebles, llantas o escombros sigan invadiendo el espacio público. Este decreto establece reglas claras, responsabilidades precisas y sanciones contundentes”, afirmó el mandatario.Desde ahora, hogares, comercios y establecimientos deberán separar estos elementos de la basura común, no mezclarlos con residuos orgánicos y evitar dejarlos en cestas públicas, contenedores pequeños, andenes, separadores viales, rondas hídricas o parques.El decreto también pone especial atención en talleres mecánicos, almacenes y otros establecimientos que produzcan residuos voluminosos. Estos deberán certificar que entregaron los desechos a un gestor autorizado y conservar actas o manifiestos de disposición final para presentarlos cuando la autoridad lo requiera.La Secretaría de Salud y Ambiente será la encargada de verificar el cumplimiento y podrá iniciar procesos administrativos si encuentra inconsistencias.El incumplimiento de la norma dará lugar a medidas correctivas contempladas en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Entre ellas están multas, procedimientos policivos inmediatos y, en casos de reincidencia, la suspensión temporal de actividades comerciales.El decreto ya está vigente y será acompañado por un protocolo municipal que orientará a la ciudadanía sobre cómo separar, disponer y solicitar la recolección adecuada de residuos voluminosos.
La Dirección de Tránsito de Bucaramanga anunció que volverá a implementar la restricción a la circulación de motocicletas entre las 12:00 de la medianoche y las 4:00 de la mañana, medida que fue anulada por el Tribunal Administrativo de Santander tras una demanda.El director de Tránsito, Jahir Manrique, confirmó que la nueva resolución está en construcción y que en menos de un mes será socializada nuevamente a la ciudadanía. A diferencia de la anterior, que operaba de lunes a domingo, la restricción ahora aplicará únicamente los fines de semana, desde el jueves hasta el domingo, incluidos los festivos, y regirá hasta el 31 de diciembre de 2026.Según explicó el funcionario, la decisión se sustenta en los resultados obtenidos durante el tiempo en que estuvo vigente la medida.“Cerramos el año 2024 con cifras alarmantes en muertes, accidentes y lesionados. En 2025, cuando operó la restricción, logramos una reducción de 10 muertes frente al año anterior; así fuera una sola, es un logro grandísimo”, señaló.Manrique detalló que, además de las 10 muertes menos, la ciudad registró una disminución del 20 % en accidentes de tránsito y del 17 % en el número de lesionados durante 2025, en comparación con 2024. Indicó que la mayoría de los siniestros fatales se concentraban en la franja horaria de la medianoche a las 4:00 a.m., especialmente los fines de semana, cuando se incrementa la conducción bajo efectos del alcohol.El director aseguró que la entidad acató el fallo judicial y suspendió comparendos y operativos relacionados con la restricción, pero que ya trabajan con el equipo jurídico y técnico para expedir una nueva resolución ajustada a derecho.“La medida funciona y nuestra misión es proteger la vida de los bumangueses”, enfatizó. Añadió que la restricción busca evitar que personas que consumen licor utilicen la motocicleta en estado de alicoramiento y generar mayor orden en la ciudad.
La Policía en Bucaramanga informó que logró en menos de 48 horas la captura de uno de los hombres que figuraba en el cartel de los más buscados por el delito de hurto calificado y agravado.De acuerdo con el reporte oficial, el detenido tenía una orden judicial vigente por hechos ocurridos el 7 de enero de 2025 en el barrio La Concordia, donde, presuntamente, participó en el hurto de 208 millones de pesos en efectivo. Según las investigaciones, el implicado utilizaba prendas similares a las de una empresa de aseo para cometer el ilícito.Las autoridades indicaron que el trabajo investigativo permitió recopilar elementos materiales probatorios que sustentaron la orden de captura y facilitaron su posterior ubicación. Este resultado representa, según la institución, un avance significativo en la ofensiva contra el delito de fleteo en el área metropolitana.Asimismo, el capturado estaría vinculado a otro caso ocurrido el 14 de enero de 2026 en el barrio El Gaitán, donde presuntamente participó en el hurto de 12 millones de pesos a una mujer que se movilizaba en motocicleta y fue interceptada durante la acción criminal.De igual manera, el 30 de enero de 2025 había sido capturado en flagrancia en el municipio de Acacías por otro caso de fleteo contra una mujer, quien resultó gravemente lesionada en el rostro durante el hecho.El brigadier general William Quintero Salazar destacó: “este resultado es producto del trabajo técnico y sostenido de nuestra Seccional de Investigación Criminal. Seguimos identificando, ubicando y capturando a quienes generan mayor afectación a la ciudadanía”.El detenido fue dejado a disposición de la autoridad judicial competente para que responda por el delito de hurto calificado y agravado, mientras avanzan las actuaciones judiciales.
La muerte de Cecilia Quintero, una mujer de 70 años que colapsó mientras hacía fila en un dispensario de Cafam en Cúcuta para reclamar medicamentos, ha generado conmoción y cuestionamientos sobre las fallas en la entrega de tratamientos médicos.En entrevista con Blu Radio, su hijo, Edinson Rojas, aseguró que la familia no ha recibido respuestas claras tras el fallecimiento. “No se han comunicado. El único comunicado que dio Cafam fue por redes sociales, que estaban investigando, pero de ahí nada más”, afirmó.Rojas explicó que su madre, una enfermera pensionada que vivía en Chinácota, padecía insuficiencia renal y hepática, pero su estado era estable mientras recibía sus medicamentos. Sin embargo, denunció que desde hacía años enfrentaba demoras en la entrega. “Hace varios años ya le empezaron a tomar del pelo. Ya no le entregaban a tiempo. Ella vivía en Chinácota y pedir mensualmente se le dificultaba. Entonces ya a partir de diciembre prácticamente no le entregaron”, dijo.También señaló que no han recibido avances de las autoridades sobre el caso. “No, hasta el momento nada, absolutamente nada”, expresó, al tiempo que pidió que se investigue lo ocurrido. “Le pido a las autoridades que realmente hagan algo, porque no es solo mi madre”, agregó.Rojas reiteró que su madre necesitaba medicamentos para tratar enfermedades cardíacas, renales y hepáticas, y que la última vez que recibió tratamiento fue en diciembre de 2025. “Desde diciembre hasta acá no le habían vuelto a dar medicinas”, afirmó.El día de su fallecimiento, Cecilia Quintero había viajado desde Chinácota hasta Cúcuta para reclamar sus medicamentos y otros insumos médicos, incluidos pañales para su hijo. En medio de la espera dentro del dispensario, su estado de salud se deterioró.Su hijo también describió la difícil situación médica de su familia. “Mi padrastro es hipertenso y fue operado del corazón. Y mi hermano está en silla de ruedas desde hace muchos años. Son situaciones que son insoportables”, señaló.La familia pidió a las autoridades esclarecer lo ocurrido, en medio de crecientes denuncias por demoras en la entrega de medicamentos en distintas regiones del país.