El candidato a la Cámara por Santander, Mauricio Martínez Triana, comenzó a cumplir una sanción de tres días de arresto luego de que un juez lo declarara en desacato por incumplir un fallo de tutela que le ordenaba eliminar publicaciones en redes sociales contra el también aspirante al Congreso, Luis Ferley Sierra, y abstenerse de repetirlas.La decisión fue emitida por el Juzgado 26 Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bucaramanga, que además impuso una multa equivalente a tres salarios mínimos mensuales legales vigentes. El despacho judicial determinó que Martínez no acató la orden previa del juez, por lo que procedía la sanción correctiva.A través de un video difundido en sus redes sociales, Martínez confirmó que ya se encuentra cumpliendo la medida. Señaló que respeta la decisión judicial, aunque aseguró que continuará defendiendo sus posiciones políticas. “Estoy dando la cara y cumpliendo lo ordenado por el juez”, manifestó.Por su parte, Luis Ferley Sierra indicó que acudió a la tutela para proteger sus derechos fundamentales al buen nombre y a la honra, argumentando que las publicaciones del hoy sancionado contenían señalamientos que, según él, afectaban su imagen pública. “Estas estrategias tratan de destruirnos mediáticamente y cómo en los puentes peatonales nos difaman me vi en la obligación de interponer la acción de tutela, en primera instancia nos negaron el derecho y en segunda instancia sí se nos protegió el derecho, y ante el incumplimiento de este personaje se da el arresto y vamos a interponer la denuncia penal”, expresó.El abogado Carlos Alfaro, quien ha estado al tanto del proceso, explicó que la sanción no constituye una condena penal ni genera antecedentes judiciales. “Es un desacato por incumplir una orden judicial y debe cumplir tres días en una inspección de Policía y luego queda en libertad”, precisó.Las autoridades señalaron que la medida se ejecuta en instalaciones administrativas y no en un centro carcelario.
El Ministerio del Trabajo realizó el sellamiento de varias oficinas administrativas de la Electrificadora de Santander en medio del paro laboral que completa 24 horas en el departamento, promovido por el sindicato Sintraelecol.La intervención se llevó a cabo durante la madrugada y, de acuerdo con los trabajadores, cobija únicamente dependencias de carácter administrativo que no tienen relación directa con la operación técnica ni con la distribución del fluido eléctrico.Desde el sindicato explicaron que el servicio para los usuarios se mantiene con normalidad y que no se han presentado interrupciones en la generación ni en el suministro de energía.Carlos Roncancio, asesor legal de los trabajadores, aseguró que la medida fue solicitada por la organización sindical como parte del proceso de huelga y recalcó que las áreas esenciales continúan funcionando.“Se han sellado áreas eminentemente administrativas que no tienen impacto en el fluido eléctrico. Además, se ha garantizado la prestación del servicio sin ninguna interrupción, porque las áreas operativas están cubiertas al 100% por los trabajadores. Incluso hay dependencias cuyos funcionarios están laborando desde casa con todos los implementos”, explicó.El paro hace parte de las reclamaciones laborales del sindicato, que busca avanzar en negociaciones con la empresa frente a condiciones contractuales y garantías para los empleados. Mientras tanto, el Ministerio del Trabajo actúa como autoridad competente para vigilar el cumplimiento de las normas durante la huelga.Por ahora, los usuarios del servicio de energía en Santander no registran afectaciones, aunque las partes continúan en diálogo para destrabar el conflicto.
Un procedimiento policial generó rechazo entre la comunidad del barrio El Progreso, en Barbosa, Santander, luego de que, en medio de una persecución, un uniformado presuntamente disparara contra un perro que acompañaba a un joven.El hecho se registró hacia las 6:37 de la tarde, cuando varios habitantes que se encontraban en la calle aseguraron haber escuchado múltiples detonaciones, lo que los obligó a correr para resguardarse ante el temor generado por los disparos.Según denuncias ciudadanas y videos difundidos en redes sociales, los hechos ocurrieron mientras la Policía perseguía a un hombre que corría junto a su mascota. En las grabaciones se escuchan advertencias y posteriormente los disparos; uno de los uniformados le dice “quieto o le mato el perro”. El animal habría resultado herido, al parecer con un impacto de bala en el cuello.Vecinos del sector increparon a los agentes, y la situación generó más tensión en el barrio, puesto que exigían que el perro lo llevaran a un centro veterinario, al punto que fueron necesarias más unidades de la Policía; sin embargo, al no encontrar respuesta y generarse más altercados, los mismos residentes fueron quienes auxiliaron al animal.Frente a la situación, el coronel Jhon Alexander Socha Ayala, comandante del Distrito de Policía Barbosa, explicó que el procedimiento se dio porque el hombre presuntamente intimidó a los uniformados para evitar su captura, "en actividades de registro y control el ciudadano reacciona evitando el procedimiento e intimido a los uniformados con un canino que se encontraba sin bozal, y en medio del forcejeo ingresa a su residencia, donde el canino se abalanza y le ocasiona una morderura al funcionario en su mano, es de resaltar que el policía al ver que el perro nuevamente lo ataca agoto todos medios para separarlo y como último recurso desenfundó su arma de fuego y le ´propino un disparo al canino".Confirmó que el ciudadano fue detenido por el delito de violencia contra servidor público, y además que la Policía inició una investigación preliminar para esclarecer cómo ocurrieron los hechos y determinar si hubo uso desproporcionado de la fuerza.
Ante el incremento de hechos de sicariato en San Gil, las autoridades departamentales y locales realizaron un consejo extraordinario de seguridad para analizar la situación y coordinar acciones urgentes que permitan frenar la llegada de estructuras criminales provenientes de otras regiones del país.De acuerdo con la Gobernación de Santander, los recientes homicidios estarían relacionados con bandas delincuenciales que buscan establecerse en el municipio, considerado uno de los principales destinos turísticos del departamento.El secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, aseguró que no se permitirá el deterioro de la seguridad.“No vamos a permitir que se incremente la inseguridad. Estamos trabajando de manera articulada con Policía y Ejército para restablecer el orden en nuestros municipios”, afirmó.Las autoridades advirtieron sobre la posible incursión de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada, conocidas como 'Los Pachenca', que intentarían ingresar al departamento por corredores del Magdalena Medio y el norte de Santander.También se han registrado capturas de integrantes de bandas provenientes de Cúcuta y del Valle del Cauca, cuyas acciones criminales, al parecer, eran coordinadas desde centros penitenciarios.El comandante de la Policía de Santander, coronel Néstor Arévalo, explicó que existe una intención criminal dinamizada por un cabecilla capturado en 2024, oriundo de San Gil, quien desde prisión habría establecido alianzas con delincuentes de Cúcuta, entre ciudadanos venezolanos y colombianos.Según el oficial, estos grupos estarían detrás de hechos violentos registrados en los últimos meses y de intentos por consolidar presencia en el municipio.Como parte de las medidas, se acordó acompañamiento permanente de la Fuerza Pública, refuerzo operativo con el grupo élite GOES, trabajo articulado con la Fiscalía, apoyo de Migración Colombia, coordinación con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y despliegues conjuntos entre Ejército y Policía.Las autoridades también alertaron sobre la presencia de grupos armados ilegales en sectores como el Magdalena Medio y la provincia de Vélez, donde se han reportado intimidaciones y extorsiones. Incluso, recientemente un ganadero fue asesinado por negarse a pagar exigencias económicas en el municipio de Coromoro.
Desde $10.000, cualquier persona puede sumarse al Concierto Cultura Solidaria y apoyar a miles de familias afectadas por la temporada de lluvias en el departamento de Córdoba y en la región de Urabá. La donación se puede realizar comprando la boleta a través de la página de Tuboleta, incluso por un monto superior. El evento se llevará a cabo este domingo 22 de febrero, desde las 3:00 de la tarde, en el Teatro Colón de Bogotá, en Bogotá, y contará con la participación de más de 10 artistas nacionales e internacionales.https://tuboleta.com/es/eventos/concierto-cultura-solidaria“En Colombia, cuando más duele, la cultura se levanta como fuerza solidaria. Este domingo, artistas de todo el país estarán en el escenario con una convicción: ninguna familia debe enfrentar sola una emergencia”, afirmó la ministra de las Culturas, Yannai Kadamani Fonrodona.La jornada busca movilizar a la ciudadanía en torno a la causa humanitaria urgente. Entre los artistas invitados están Ana del Castillo, Cabas, César Mora, Ilona, Delfina Dib, Gabriela Ponce, Lucio Feuillet, Kei Linch, María Fuell, Nicolás Fella, la Orquesta Sinfónica Nacional, Yoky Barrios, El Barragán y 1280 Almas, quienes se unen para transformar el escenario en un espacio de solidaridad.La iniciativa cobra especial relevancia en medio de una emergencia que ya deja más de 69.000 familias afectadas en al menos 16 departamentos del país. En Córdoba, cerca del 80 % de los municipios han sufrido impactos por inundaciones, con unas 150.000 personas damnificadas y más de 11.200 hectáreas de cultivos afectadas. En Urabá, al menos 7.000 familias han resultado perjudicadas por las lluvias.“Hay hogares que necesitan nuestro apoyo, gente que resiste en medio de calles y cultivos inundados. Artistas y músicos nos uniremos por un mismo propósito: darle una mano a nuestro pueblo. Acompáñennos”, afirmó César Mora, actor y músico colombiano.El total de los recursos recaudados será entregado a la Cruz Roja Colombiana, que ejecutará directamente en territorio acciones de asistencia humanitaria, agua y saneamiento, salud, albergue y recuperación de medios de vida.
Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este viernes, 20 de febrero de 2026:El exjugador y técnico argentino Rubén Capria se refirió al presente del colombiano Juan Fernando Quintero y analizó su rendimiento.Debate por el rumor de que Falcao García pueda jugar el Mundial con Colombia si cumple ciertos requisitos.Radamel Falcao García sufrió una leve lesión muscular en los isquiotibiales de la pierna derecha, pero alcanzaría a llegar al duelo frente a Atlético Nacional.Este fin de semana arranca la fecha 8 de la Liga BetPlay Dimayor.Junior puso en la mira a Grêmio y Botafogo por retrasos en los pagos de José Enamorado y Jordan Barrera, respectivamente.
El Instituto Nacional de Salud (INS) estuvo esta semana en el departamento de Córdoba, donde se mantiene una emergencia por el paso de un frente frío que ha dejado a millares de personas damnificadas. En el marco de esta situación, la entidad adelantó acciones de apoyo en salud pública y realizó la transferencia a título gratuito de antivenenos para la atención de accidentes ofídicos.La directora del INS, Diana Pava, recorrió varias entidades territoriales y municipios del departamento, entre ellos Montería, Tierralta, Valencia y Montelíbano. Durante la visita, supervisó la capacidad de respuesta frente a eventuales emergencias sanitarias derivadas de la temporada de lluvias.Según explicó la funcionaria, los antivenenos están destinados a la atención de mordeduras de serpientes del género Bothrops, entre ellas talla x, mapaná, patoco y patoquilla, especies que suelen registrarse con mayor frecuencia en este tipo de escenarios. Los sueros fueron entregados al Centro Regulador de Urgencias y Emergencias para su posterior distribución en los municipios de Los Córdoba, Puerto Libertador, Pueblo Nuevo, Cotorra, Tuchín, Puerto Escondido, Canalete, San José de Uré, La Apartada, San Bernardo del Viento, Moñitos y Lorica.La entidad recordó que la responsabilidad del suministro de antivenenos recae en las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios de Salud (EAPB), conforme a lo establecido en el Decreto 386 y la Circular 048. No obstante, el INS, en su calidad de productor público de estos biológicos, realizó la entrega como medida preventiva ante un posible incremento de accidentes ofídicos en el contexto de la emergencia.De acuerdo con cifras oficiales, en lo corrido de 2026 se han reportado 637 accidentes ofídicos en el país. Las entidades territoriales con mayor número de casos son Antioquia (85), Norte de Santander (54), Córdoba (42), Bolívar (33) y Santander (31).
El consumo de lácteos en Colombia mostró una recuperación durante 2025, marcando un punto de inflexión para un sector que venía de atravesar años complejos. De acuerdo con el índice de gasto de los hogares de Raddar, el consumo de leche y derivados creció 3,5 % al cierre del año, consolidándose como el repunte más importante de los últimos cuatro años.En 2024 el aumento fue leve, de apenas 0,9 %, mientras que en 2023 y 2022 se presentaron caídas pronunciadas del 6 % y 9 %, respectivamente. Estos descensos encendieron las alertas dentro de la industria, que tuvo que responder con estrategias enfocadas en fortalecer la cadena productiva, innovar en la oferta y promover información basada en evidencia sobre los beneficios nutricionales de estos productos.Según Asoleche, gremio que agrupa a la industria láctea, junto con el Ministerio de Agricultura se adelantó un estudio para entender las razones detrás de la reducción en el consumo. El análisis reveló que uno de los principales factores fue la influencia de recomendaciones difundidas por figuras públicas y creadores de contenido en redes sociales.“Encontramos dos fenómenos preocupantes. Primero, profesionales de la salud que, incluso sin un diagnóstico clínico que lo justifique, eliminan sistemáticamente los lácteos de la dieta de sus pacientes. Segundo, influencers y figuras públicas que, sin ningún sustento científico, desaconsejan el consumo de leche en redes sociales”, explicó Ana María Gómez, presidente ejecutiva de Asoleche.Desde el gremio insisten en que la nutrición debe abordarse desde el equilibrio y no desde la prohibición. Recuerdan que los lácteos aportan proteínas de alto valor biológico, calcio, vitaminas A y D, fósforo y grasas esenciales para el funcionamiento del organismo.Con este repunte en 2025, el sector lácteo no solo evidencia una recuperación económica, sino también un cambio en la dinámica de consumo de los hogares colombianos, que vuelven a incluir estos productos de manera más activa en su dieta diaria.
El documento establece topes máximos para la Vivienda de Interés Social (VIS) y la Vivienda de Interés Prioritario (VIP), y obliga a los vendedores a mantener el precio de las viviendas sociales en pesos, sin atarlo al salario mínimo, desde el momento en que el comprador manifieste su interés.El Gobierno nacional publicó un borrador de decreto que modifica el marco regulatorio de la Vivienda de Interés Social (VIS) y la Vivienda de Interés Prioritario (VIP), con el objetivo de fortalecer la protección de los hogares de menores ingresos y garantizar una mayor transparencia en la comercialización de proyectos habitacionales.Uno de los cambios más relevantes es la obligación para los oferentes de informar el precio total de la vivienda en pesos colombianos desde el momento en que el comprador manifieste su intención de adquirirla, ya sea mediante promesa de compraventa, encargo fiduciario u otros mecanismos contractuales. Ese valor será el único exigible durante la ejecución del contrato, con el fin de evitar incrementos asociados al salario mínimo que no reflejen los costos reales de construcción.La norma establece que el precio máximo de la Vivienda de Interés Social será de 135 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMMLV), mientras que la Vivienda de Interés Prioritario tendrá un tope de 90 salarios mínimos. En el caso del departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se mantiene un régimen excepcional que permite precios de hasta 280 salarios mínimos para vivienda rural, debido a sus condiciones territoriales y logísticas.El decreto también introduce el principio de interpretación favorable al consumidor y refuerza las funciones de inspección, vigilancia y control de la Superintendencia de Industria y Comercio, que verificará el cumplimiento de las nuevas reglas.Según el Ministerio de Vivienda, la medida busca reducir los riesgos financieros para los hogares de menores ingresos, mejorar la transparencia del mercado inmobiliario y garantizar el acceso efectivo al derecho constitucional a una vivienda digna.
La Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco) manifestó su preocupación por el anuncio de huelga realizado por el sindicato Sintraelecol, que agrupa a trabajadores de la Electrificadora de Santander, al advertir que una eventual suspensión del servicio de energía tendría graves consecuencias sociales, económicas y de salud pública.Desde Bogotá, el gremio aseguró que la medida podría impactar a más de 958.000 usuarios en 102 municipios de seis departamentos donde opera la Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. (ESSA).Según Andesco, el servicio eléctrico es considerado esencial y, de acuerdo con la Constitución y la Ley 142 de 1994, no sería susceptible de interrupciones que pongan en riesgo derechos fundamentales de la población.La asociación detalló que, además de los usuarios residenciales, existen 4.921 cuentas de manejo especial que dependen directamente del suministro continuo de energía, entre ellas 260 acueductos, 3.492 instituciones educativas, 21 sistemas de seguridad ciudadana, 288 cuentas asociadas a la Policía, 28 centros penitenciarios, 9 sistemas de semaforización, 78 sistemas de alumbrado público, 10 cuerpos de bomberos, 6 aeropuertos y 40 nodos de telecomunicaciones.También se verían comprometidos 517 establecimientos de salud, 71 usuarios electrodependientes, 47 hogares geriátricos y 54 centros del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).Frente al pliego sindical, Andesco indicó que la empresa ha propuesto mejoras en beneficios como auxilios de alimentación, seguros, educación, salud y vivienda, además de un aumento salarial por encima del IPC.Sin embargo, señaló que las peticiones de Sintraelecol tendrían un costo cercano a 243 mil millones de pesos, de los cuales más de 132 mil millones corresponderían a incrementos salariales equivalentes a un alza del 23 %.El gremio reiteró su respeto por el derecho a la asociación sindical y la negociación colectiva, pero insistió en que estos procesos deben garantizar la continuidad del servicio público.Andesco hizo un llamado al Ministerio de Minas y Energía, al Ministerio de Trabajo y al Ministerio de Salud para que intervengan y faciliten acuerdos que eviten una interrupción que afecte a miles de familias y sectores estratégicos.“La energía eléctrica soporta la operación hospitalaria, el abastecimiento de agua potable, la seguridad ciudadana y las telecomunicaciones. Los derechos de los usuarios deben prevalecer sobre cualquier desacuerdo laboral”, concluyó la asociación.
El anuncio de una huelga por parte del sindicato de trabajadores de la Electrificadora de Santander (ESSA) encendió las alarmas del sector empresarial. El Consejo Gremial Nacional advirtió que la suspensión del servicio eléctrico podría generar graves afectaciones sociales y económicas para más de 958 mil usuarios en siete departamentos del país.La empresa, filial de Empresas Públicas de Medellín (EPM), presta un servicio considerado esencial, por lo que los gremios solicitaron la intervención inmediata del Ministerio de Minas y Energía, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la Procuraduría General de la Nación para evitar una eventual interrupción.El Consejo Gremial fue enfático en que la Constitución prohíbe huelgas en servicios públicos esenciales como la energía eléctrica, por lo que pidió acciones inmediatas de vigilancia y control por parte de las autoridades.También exhortó al sindicato a retomar el diálogo y evitar medidas que puedan generar, según advierten, “daños irreversibles para la sociedad”.
El servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Santander (HUS) enfrenta una crítica situación por la alta demanda de pacientes, lo que ha llevado a una ocupación que supera ampliamente su capacidad instalada, especialmente en las áreas de adultos y ginecoobstetricia.De acuerdo con el más reciente reporte institucional, la atención en urgencias de adultos alcanza el 140% de ocupación, mientras que ginecoobstetricia llega al 175%, cifras que reflejan una saturación que dificulta la operación normal del centro asistencial.El subgerente del hospital, Orlando Quintero, explicó que la infraestructura habilitada no está diseñada para soportar el volumen actual de pacientes.“Tenemos sobreocupación en los servicios de urgencias adultos y ginecoobstetricia. Nuestra capacidad es de 116 pacientes adultos, 12 obstétricos y 9 pediátricos, y efectivamente estamos muy por encima de esos límites. Esto rebosa nuestra capacidad para seguir recibiendo pacientes de otras instituciones”, señaló.El directivo indicó que, debido a la congestión, el hospital se ha visto obligado a priorizar estrictamente los casos críticos y de alta complejidad, lo que ha implicado restringir algunas remisiones provenientes de otros centros médicos del departamento, así como orientar a ciertos usuarios hacia la red básica de atención.Como hospital de referencia regional, el HUS atiende patologías complejas, cirugías especializadas, traumas graves y emergencias que requieren manejo avanzado. Por ello, las directivas hicieron un llamado a la comunidad para que acuda primero a los servicios de urgencias de las EPS o centros de atención primaria cuando se trate de casos no vitales.Según la institución, la llegada masiva de pacientes con afecciones leves o moderadas incrementa los tiempos de espera y limita la capacidad de respuesta para quienes realmente necesitan atención inmediata.“El hospital está diseñado para resolver situaciones críticas, hay urgencias que pueden ser atendidas en otros niveles de la red, si todos acudimos directamente aquí, el sistema se congestiona”, concluyó Quintero.
La Defensoría del Pueblo denunció la retención ilegal de una caravana del Pueblo Indígena Barí, resguardo Catalaura, ocurrida el pasado 16 de febrero cuando se desplazaban hacia Cúcuta.Según la entidad, el grupo fue detenido en un retén ilegal por hombres vestidos de civil que se identificaron como integrantes del ELN.La entidad señala que aunque la caravana logró llegar posteriormente a Cúcuta sin incidentes, el episodio dejó un ambiente de zozobra, “pues la estigmatización les genera temor de que puedan agravarse las agresiones”.“Este tipo de acciones vulneran la integridad de los líderes y sus derechos como pueblo indígena y constituyen una infracción al Derecho Internacional Humanitario. El principio de distinción obliga a todos los actores armados a no involucrar a la población civil en las hostilidades”, dice el comunicado.En ese contexto, hizo un llamado a las autoridades para activar las rutas de prevención y protección que garanticen la seguridad de los delegados, tanto durante su permanencia en Cúcuta como en su retorno al territorio.También “reitera su llamado a los grupos armados para que cesen cualquier acción que ponga en riesgo a las autoridades ancestrales y respeten los espacios de interlocución legítima de los pueblos indígenas con el Estado”.La entidad anunció que continuará acompañando al Pueblo Barí para que pueda ejercer su derecho a la participación sin miedo a represalias ni ataques contra su vida e integridad.
Desde las 7:00 de la mañana de este viernes 20 de febrero comenzó la huelga convocada por el sindicato Sintraelecol en la Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. (ESSA), filial del Grupo EPM, luego de no lograrse un acuerdo dentro del proceso de negociación colectiva.La decisión fue aprobada en Asamblea General el pasado 7 de febrero por las subdirectivas del sindicato en Bucaramanga, Barrancabermeja, Socorro, San Gil y Barbosa, tras agotarse 40 días de arreglo directo y dos jornadas de mediación realizadas el 11 y 16 de febrero en Bogotá con acompañamiento del Gobierno Nacional.El sindicato sostiene que la empresa rechazó todas las alternativas presentadas y que la organización buscaba introducir desmejoras laborales y afectar derechos adquiridos en la convención colectiva, por lo que califican la huelga como la “última alternativa” ante el cierre del diálogo.Carlos Roncancio, asesor legal de los Trabajadores de la Energía Eléctrica en Colombia, aseguró que, durante el cese, se respetarán los servicios mínimos esenciales.“El desarrollo de esta huelga garantiza los mínimos esenciales. La ciudadanía puede estar tranquila. Los trabajadores luchan por sus derechos y por un servicio de energía eficiente para los hogares”, afirmó.Además, hizo un llamado a las autoridades nacionales y regionales para que acompañen el proceso y actúen como garantes del derecho constitucional a la huelga.“Pedimos al Ministerio de Trabajo, Ministerio de Minas, Procuraduría, Defensoría, Superintendencia de Servicios Públicos, autoridades municipales y departamentales que sean garantes del desarrollo de la huelga y que vigilen que no haya conductas que intenten sabotear el movimiento obrero”, agregó Roncancio.Uno de los argumentos centrales de Sintraelecol es que ESSA cuenta con solidez financiera suficiente para atender el pliego de peticiones. Según el sindicato, la empresa registra márgenes operativos superiores al 28 %, rentabilidad del patrimonio cercana al 26 % y calificación crediticia AAA(col), lo que demostraría, afirman, que las solicitudes no comprometen su sostenibilidad.Entre sus peticiones también está la formalización de más de 3.000 trabajadores tercerizados que desarrollan actividades misionales permanentes. Asimismo, pidieron al Ministerio del Trabajo seguimiento para evitar represalias contra quienes participan en el cese.Tras el inicio de la huelga, Blu Radio conoció una carta enviada por el gerente general de EPM y líder del Grupo EPM, John Maya Salazar, a los trabajadores del grupo empresarial.En la comunicación, el directivo afirma que el Grupo EPM ofrece “una de las mejores condiciones laborales del país”, con salarios por encima del promedio del mercado y beneficios en vivienda, educación, salud y bienestar. Señala que en ESSA la compensación estaría por encima del 120 % del mercado laboral colombiano.Frente a la negociación, la empresa indicó que propuso mejoras en beneficios como auxilio sindical por alimentación, seguro de vida y fondos de vivienda y educación, además de un incremento salarial correspondiente al IPC a noviembre de 2025 más tres puntos adicionales, con el fin, según la compañía, de garantizar la sostenibilidad financiera.En la carta también se advierte que el pliego sindical tendría un costo cercano a los $243.000 millones, de los cuales $98.000 millones corresponderían a nuevos beneficios y $132.000 millones a salarios, incluyendo una solicitud de incremento del 23 %. La empresa enfatiza que ninguno de sus trabajadores devenga salario mínimo.El Grupo EPM alertó además que la huelga podría afectar a 445 profesionales del sindicato Siproessa, quienes se verán obligados a suspender actividades y salarios durante el cese.Asimismo, recordó que ESSA atiende 102 municipios en seis departamentos, con más de 958.000 clientes, entre ellos hospitales, acueductos, instituciones educativas, hogares geriátricos, centros penitenciarios, aeropuertos y usuarios con condiciones médicas especiales, por lo que subraya la importancia estratégica del servicio eléctrico.
Barrancabermeja decretó alerta amarilla por riesgo de quemaduras. La medida estará vigente todo el mes de diciembre hasta el 17 de enero de 2026 y busca reforzar la capacidad de respuesta ante los riesgos que tradicionalmente aumentan durante el fin de año, como quemaduras, intoxicaciones, accidentes y otras afectaciones graves a la salud, especialmente en niños, niñas y adolescentes. Entre los factores que motivaron la alerta están la fabricación, manipulación y uso inadecuado de pólvora pirotécnica, así como la presencia de sustancias peligrosas como el fósforo blanco y el alcohol metílico.El secretario de Salud del municipio, Andrés Javier Manosalva Camargo, explicó que "la alerta amarilla se adopta para garantizar la protección de la vida y el bienestar de la población, cumpliendo las funciones legales del Distrito en materia de salud pública".Todas las instituciones prestadoras de servicios de salud deberán mantener máxima capacidad operativa, reforzar los servicios de urgencias, asegurar el funcionamiento de la red de ambulancias, contar con suficientes insumos médico-quirúrgicos, verificar disponibilidad de UCI y bancos de sangre.Asimismo, mantener comunicación permanente con el CRUE, activar la cadena de llamados de su personal, priorizar atenciones de urgencia sobre procedimientos ambulatorios y garantizar el sistema de referencia y contrarreferencia.Además, todas las IPS del Distrito deberán reportar dos veces al día, a las 8:00 de la mañana y 8:00 de la noche, la disponibilidad de camas y ambulancias, mediante el formato oficial del Ministerio de Salud. La Secretaría de Salud recordó que, según la Ley 1751 de 2015, toda persona que sufra lesiones por pólvora, intoxicaciones o síntomas asociados a sustancias peligrosas debe recibir atención inmediata, sin trámites administrativos que retrasen el servicio.Manosalva reiteró que "no existe pólvora segura, su manipulación puede causar secuelas irreversibles, daños auditivos, intoxicaciones severas e incluso la muerte". Por ello, insistió en que los menores de edad no deben estar en contacto con ningún tipo de pirotecnia.El Distrito invitó a la comunidad a reportar de inmediato cualquier emergencia y a disfrutar las festividades de fin de año con responsabilidad, evitando la exposición a riesgos que puedan comprometer la vida y la integridad.Las IPS deberán informar cualquier eventualidad al CRUE Barrancabermeja, disponible las 24 horas en los números 313 326 4054 y 316 028 9208.
La Fiscalía General de la Nación le imputó los delitos de homicidio agravado, hurto calificado en grado de tentativa y porte ilegal de armas de fuego a los cinco capturados señalados de participar en el violento asalto a una joyería ocurrido el pasado 29 de noviembre en el Centro Comercial Cabecera Cuarta Etapa de la capital santandereana.Durante la audiencia de imputación de cargos, el fiscal detalló la presunta participación de cada uno de los implicados, reconstruyendo paso a paso cómo se habría ejecutado el plan criminal.Según la exposición judicial, Orlando José Cabrera Méndez habría ingresado al establecimiento cuando los empleados ya se encontraban intimidados con arma de fuego. Dentro del local, “mueve un estante y procede a ingresar a la parte interna de las estanterías para extraer varias joyas y depositarlas en bolsas”, señaló el representante de la Fiscalía.El relato también involucra a Adrián Esther González Garavito y Antonio José Felipe Lanchez, quienes, de acuerdo con el funcionario, fueron los encargados de realizar la denominada inteligencia previa. “Desde tempranas horas, ambos habrían permanecido en el centro comercial, vigilando el entorno de la joyería y definiendo el momento propicio para iniciar el asalto. Posteriormente, se ubicaron frente al local para indicar el instante exacto de ingreso de los demás implicados y, además, se encargaban de alertar sobre la llegada de autoridades o guardas de seguridad del centro comercial”.“Estos son los hechos jurídicamente relevantes y la participación específica de cada uno en los mismos”, concluyó la Fiscalía, dejando en manos del juez el avance del proceso penal.Sobre el mediodía de este martes, 2 de diciembre, ninguno de los cinco capturados aceptó los cargos y en una nueva audiencia se definirá la medida de aseguramiento para cada uno de los implicados en este robo, en el que perdió la vida el intendente jefe Fredy Francisco Leal Briceño.
El representante a la Cámara por Santander, Cristian Avendaño, lanzó fuertes cuestionamientos contra el proceso de contratación del alumbrado público en Piedecuesta y anunció que demandó el decreto que otorgó facultades al alcalde municipal para crear una empresa de economía mixta encargada del servicio. Según el congresista, la licitación que adelanta la administración municipal “abre la puerta para que un grupo empresarial privado mantenga el control del alumbrado por otros 30 años”.En entrevista con Blu Radio, Avendaño aseguró que el modelo planteado por el municipio terminaría trasladando los recursos del impuesto de alumbrado público, que pagan los usuarios a través de la factura de energía, a un operador privado con vínculos, según él, con una “malla empresarial” que habría manejado el sistema desde 2002.“Lo que están haciendo es un negocio para que la plata que paga cada piedecuestano en su factura se quede en manos de un privado que lleva años manejando el alumbrado. Liquidaron el contrato anterior en tiempo récord y ahora quieren prolongar el negocio a través de una empresa de economía mixta”, afirmó el representante.El congresista señaló que la anterior concesión, firmada en 2002 y con vencimiento en 2027, fue terminada bilateralmente en cuestión de días. Acto seguido, indicó, se radicó en el Concejo el proyecto que dio facultades al alcalde para crear la nueva sociedad mixta que administrará el servicio. Según Avendaño, la licitación en curso tiene un único oferente y estaría vinculada a empresas sancionadas por la Superintendencia de Industria y Comercio.El representante mencionó el caso de Roy Alpha, empresa que, de acuerdo con él, aparece tanto en la antigua concesión como en la nueva estructura societaria, con una presunta relación con figuras del sector como Euclides Torres. “Al que le liquidaron el contrato es el mismo al que se lo quieren entregar por 30 años. Solo están cambiando el esquema”, expresó.Avendaño también cuestionó las cifras presentadas por el municipio para justificar el proyecto. Aseguró que no existen estudios técnicos claros sobre el costo real del mantenimiento, la operación, las inversiones ni la tarifa.“No tienen sustento técnico, no saben cuánto va a costar el servicio. A 30 años son 2,3 billones de pesos”, afirmó.El congresista confirmó que interpuso una demanda contra el acuerdo municipal que otorgó facultades al alcalde para conformar la empresa mixta. El proceso ya fue admitido.El cuestionado contrato por $46.8740 millones tiene como objeto la selección de un privado para conformar la sociedad de economía mixta.A las críticas del representante se suma un requerimiento urgente de la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, que encontró riesgos graves en la licitación SGTIC-LP-04-2025, encargada de seleccionar al socio privado que integrará la sociedad de economía mixta.Según el ente de control, la Administración no presentó:Memorias de cálculo, inventarios técnicos ni soportes de los costos del servicio, proyectados a 30 años.Justificaciones para cifras contradictorias en el componente de inversión, donde se mencionan $280.872 millones en unas tablas y $87.494 millones en el anexo técnico.Explicaciones sobre el retorno económico del socio privado, pese a que este recibiría el 49 % de los dividendos de la nueva empresa.La Procuraduría advirtió que estas omisiones pueden afectar la igualdad entre oferentes, comprometer los principios de transparencia, planeación, economía y selección objetiva, e incluso derivar en causales de nulidad absoluta del eventual contrato.El organismo también alertó sobre un posible detrimento patrimonial si el modelo financiero no está correctamente soportado, ya que comprometería recursos del impuesto de alumbrado público durante tres décadas.El organismo de control le ordenó al alcalde Óscar Javier Santos entregar, en un plazo de tres días: soportes técnicos completos de todos los costos del servicio (CSEE, CINV, CAOM, COTR) con metodología, inventarios y bases de datos; estudios que justifiquen el retorno económico del socio privado y su proporcionalidad frente a los aportes públicos.Además, la Procuraduría exhortó a suspender la licitación y evaluar la revocatoria del acto de apertura, mientras se analizan las posibles irregularidades advertidas.Hasta el momento de publicación de este informe la Alcaldía de Piedecuesta no se ha pronunciado sobre la denuncia del congresista Cristian Avendaño y el requerimiento de la Procuraduría por posibles irregularidades en la licitación del alumbrado público.Este es el documento de requerimiento de la Procuraduría.
Varios hombres fuertemente armados, que se desplazaban en camionetas y se identificaron como integrantes de la guerrilla del ELN, interceptaron el vehículo de seguridad en el que se movilizaba, junto a su esquema, el líder político de la Unión Patriótica en Norte de Santander, Silvano Calvo, en zona del Catatumbo.Después de obligarlos a descender, les quitaron las armas de dotación y exigieron las llaves de la camioneta asignada por la UNP al esquema. Los hechos ocurrieron en el corregimiento de La Curva, perteneciente al municipio de Bucarasica, ubicado en la vía entre Ocaña y Cúcuta, en el departamento de Norte de Santander.“Cuando nos obligaron a bajar, pudimos hablar con los subversivos; nos respetaron la vida y nos retuvieron por una hora. Son cosas que siguen pasando en el Catatumbo y por eso continuamos pidiendo mayores garantías de seguridad para quienes realizamos un trabajo de liderazgo en la región”, dijo Silvano Calvo.El líder político de la UP fue aspirante a la Alcaldía de Ocaña, a la Asamblea de Norte de Santander y actualmente es asesor de Aída Abello.
A 18 años de prisión fue condenado Juan Diego Arias Padilla por su participación en el homicidio de una docente de 27 años, ocurrido el 30 de abril de 2025 en el barrio Chicó de Barrancabermeja, Santander.De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, el joven, quien tenía 19 años al momento de los hechos, admitió su responsabilidad en el crimen mediante la suscripción de un preacuerdo con el ente acusador. El acuerdo fue presentado ante un juez de la República, quien lo avaló y fijó la pena en 18 años de prisión.Las investigaciones establecieron que la víctima fue atacada por Arias Padilla, quien conducía una motocicleta desde la cual otro hombre disparó en repetidas ocasiones contra la educadora. Tras cometer el crimen, los responsables huyeron del lugar.La captura del hoy condenado se produjo el 3 de diciembre de 2025, luego de varios meses de labores investigativas. Durante el proceso judicial, la Fiscalía demostró su responsabilidad en los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego agravado.El caso generó conmoción en Barrancabermeja, especialmente en el sector educativo, donde la víctima era reconocida por su labor profesional.
La Secretaría de Salud de Santander encendió las alertas ante el alto número de quejas relacionadas con la no entrega o la demora en la dispensación de medicamentos en el departamento. Según el secretario de Salud departamental, Edwin Prada, el 70% de las reclamaciones actuales en el sector corresponden a esta problemática.De acuerdo con el funcionario, en lo corrido de 2026 se han registrado cerca de 1.800 quejas, en su mayoría por fallas en la entrega oportuna de tratamientos, situación que afecta especialmente a pacientes con enfermedades huérfanas, patologías de alto costo y cáncer.“Yo creo que el 70% de las quejas que hay en este momento del sector salud está por la no dispensación a tiempo de medicamentos. Preocupan obviamente los de enfermedades huérfanas, los medicamentos de pacientes con enfermedades de alto costo y de patologías de cáncer”, afirmó Prada.Ante la situación, la Superintendencia Nacional de Salud realizó recientemente una mesa de trabajo en Santander, con la participación de todas las EPS que operan en el departamento. El encuentro tuvo como objetivo principal abordar la problemática en la dispensación de medicamentos.El secretario recordó que el panorama es complejo, teniendo en cuenta que cerca del 80% de la población santandereana está afiliada a EPS que actualmente se encuentran intervenidas. De ese porcentaje, aproximadamente el 50% corresponde a usuarios de Nueva EPS, mientras que cerca de un 30% está afiliado a Sanitas y Coosalud, también bajo intervención. A esto se suma Famisanar, que igualmente atraviesa un proceso similar.“Aquí el llamado es a ponernos los guantes desde la Secretaría de Salud a luchar por los deberes y los derechos que tienen los pacientes en el suministro de medicamentos. No estamos para discutir ni para pelear, sino para garantizar ese derecho”, señaló.Prada destacó que, pese a la crisis en la dispensación de medicamentos, Santander cuenta con una red hospitalaria sólida. En la vigencia 2025, ninguno de los hospitales públicos del departamento cerró con riesgo financiero, y la infraestructura de salud no solo atiende a población local, sino también a pacientes de Norte de Santander, Arauca, sur de Bolívar, sur del Cesar y parte de Boyacá, además de población migrante.Sin embargo, insistió en que la principal dificultad actual es la falta de entrega de algunas moléculas y medicamentos específicos, lo que ha motivado la intervención de la Superintendencia y el acompañamiento de asociaciones de usuarios y veedores.
Un incendio, al parecer provocado de manera intencional, devastó más de 13 hectáreas del Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI) San Silvestre, una zona de especial importancia ecológica por ser corredor biológico del jaguar americano, el mico cariblanco y el mico aullador.En las imágenes del lugar se observa un panorama desolador: extensas áreas reducidas a cenizas, troncos calcinados, suelo completamente ennegrecido y la vegetación arrasada por las llamas. Lo que antes era cobertura boscosa hoy luce como un terreno árido, marcado por el fuego y la destrucción.Leonardo Granados, secretario de Ambiente y Transición Energética, confirmó que el incendio habría sido generado por personas que pretendían apropiarse ilegalmente de los terrenos.Desde la Secretaría de Ambiente y Transición Energética se activó un operativo conjunto con la Policía Ambiental para desalojar a los presuntos invasores e iniciar un proceso de restauración ecológica, con el fin de mitigar el impacto sobre la fauna y la flora de la zona.“Nos encontramos en el DRMI San Silvestre ante un incendio generado por personas inescrupulosas, un desastre ecológico de más de 13 hectáreas, un daño a los recursos naturales. Con la Policía Ambiental vinimos a imponer orden y autoridad para proteger esta área de especial importancia ecológica y preservar el corredor del jaguar americano, el mico cariblanco y el mico aullador. No vamos a permitir invasiones que generen daños ambientales ni contaminación con aguas residuales, porque el DRMI San Silvestre es la esencia de la diversidad. Haremos respetar la ley”, afirmó el funcionario.La Alcaldía Distrital hizo un llamado a la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) para que adelante los procesos sancionatorios correspondientes y los responsables de este delito ambiental enfrenten las consecuencias legales.El DRMI San Silvestre es considerado un ecosistema estratégico para la conectividad de especies y la conservación de la biodiversidad en el territorio, por lo que autoridades ambientales reiteraron que intensificarán los controles para evitar nuevas afectaciones.
Con el acto simbólico de la primera palada de arena, la Gobernación de Santander oficializó el inicio de las obras del Centro de Espectáculos del Oriente Colombiano Arena Bonita, proyecto que transformará la tradicional Plaza de Toros Señor de los Milagros en un escenario moderno y multipropósito.La iniciativa busca convertir el antiguo coso taurino en un espacio competitivo para conciertos, espectáculos culturales, eventos deportivos y encuentros empresariales, con el propósito de dinamizar la economía regional y fortalecer el turismo de eventos en el departamento.Durante la presentación del proyecto, se señaló que la obra tendrá un impacto directo en sectores como el comercio, el transporte, la hotelería y la gastronomía, además de generar oportunidades para la economía rural.Según explicó la Gobernación de Santander, la llegada masiva de asistentes a espectáculos y actividades de gran formato impulsará el movimiento económico en distintas cadenas productivas del departamento.El proyecto contempla una adecuación integral del escenario, que tendrá una capacidad real para 18.000 personas.Las intervenciones incluyen el reforzamiento estructural bajo la norma sismo resistente NSR-10, instalación de cubierta y fachada en panel metálico de alta resistencia, renovación completa de redes hidráulicas, sanitarias y contra incendios, así como mejoras en la acústica y la tarima. También se instalarán nuevas sillas y se adecuarán espacios internos que permitirán diferentes configuraciones según el tipo de evento.El nuevo complejo contará con diseño bioclimático y un sistema central de aire acondicionado tipo agua fría, iluminación de emergencia, rutas de evacuación y un plan integral de seguridad humana para garantizar condiciones óptimas en eventos masivos.“Arena Bonita fue concebida como una arena verde. De acuerdo con la Gobernación, permitirá ahorrar entre 70 y 100 metros cúbicos de agua diarios mediante la reutilización total de aguas lluvias para sanitarios.Además, tendrá una planta solar en cubierta de 1.160 kilovatios pico, con capacidad de generar cerca de 2 gigavatios hora al año, lo que equivale al consumo de entre 300 y 400 hogares y a una reducción significativa de emisiones de carbono.El escenario incorporará una tarima modular 360 grados, sistemas de sonido de alto nivel técnico, pantallas integrables e iluminación artística, lo que permitirá albergar conciertos internacionales, convenciones, actividades culturales y religiosas, así como competencias deportivas.La adecuación del nuevo centro de espectáculos demandará una inversión total de 118.965 millones de pesos, financiados en parte con recursos propios de la Gobernación de Santander.
El sepelio del subintendente Luis Sarmiento, asesinado en un atentado atribuido al ELN en Cúcuta, se realizará en el municipio de Lebrija, de donde era oriundo el uniformado.El ataque ocurrió en la noche del miércoles en el anillo vial oriental de Cúcuta, cerca del centro comercial Jardín Plaza Cúcuta, cuando una patrulla de la Policía fue interceptada y atacada a disparos por hombres armados, al parecer con armas de largo alcance.El subintendente Sarmiento conducía el vehículo oficial junto al mayor Álvaro Salcedo, comandante de la estación del barrio Ospina Pérez. Tras el atentado, ambos fueron trasladados de urgencia a la Clínica Medical Duarte, donde recibieron atención especializada. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, Sarmiento falleció debido a la gravedad de las heridas. El mayor Salcedo permanece bajo observación médica.Luego del ataque, la Policía activó un plan candado en distintos puntos de la ciudad y su área metropolitana, desplegando unidades adicionales e intensificando los controles en vías estratégicas para dar con los responsables.Las autoridades anunciaron una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los autores materiales e intelectuales del crimen. Asimismo, avanzan en la recolección de pruebas y en la revisión de cámaras de seguridad del sector para esclarecer lo ocurrido.El atentado se produjo horas después de una reunión de seguridad encabezada por el Ministerio del Interior y otras autoridades, en el marco de las medidas preventivas para las elecciones legislativas y consultas programadas para el 8 de marzo.
Cinco estudiantes entre los 14 y 16 años resultaron intoxicadas tras consumir clonazepam al interior del Colegio San José de Guanentá, en el municipio de San Gil. Las menores permanecen bajo observación médica en el Hospital Regional de San Gil.El caso ocurrió el miércoles 18 de febrero y fue confirmado por la Subsecretaría de Salud municipal, luego de que el centro asistencial emitiera una alerta por el ingreso de varias adolescentes con cuadro de intoxicación por medicamentos.De acuerdo con el reporte oficial, el fármaco consumido fue clonazepam, un medicamento de uso psiquiátrico que solo puede ser comercializado con fórmula médica.A través de un comunicado fechado el 19 de febrero, la institución educativa informó que “cinco estudiantes consumieron pastillas de uso psiquiátrico dentro de la institución” y precisó que los medicamentos habrían sido suministrados por una persona ajena al plantel, quien los introdujo por debajo de una puerta lateral que no corresponde a los accesos oficiales.Según el rector, José Antonio Ballesteros Vásquez, tras el hecho una de las menores presentó desmayo, lo que activó de inmediato el protocolo de atención contemplado en el manual de convivencia.La institución indicó que se brindó atención inicial desde Enfermería y la Coordinación de Bienestar y Convivencia, se notificó a los padres y acudientes y se realizó la remisión inmediata al hospital para valoración médica especializada. Asimismo, se efectuó el reporte a las autoridades competentes para el inicio de las respectivas investigaciones.El colegio señaló que el caso se está abordando desde un enfoque “formativo y preventivo”, al tiempo que anunció el refuerzo de medidas de seguridad institucional y el fortalecimiento de acciones de promoción del autocuidado y prevención del consumo de sustancias psicoactivas.Por tratarse de adolescentes, tras el ingreso al centro médico se activaron las rutas de atención correspondientes. El caso fue puesto en conocimiento del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y de la Comisaría de Familia, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer cómo las estudiantes accedieron al medicamento.Desde la Subsecretaría de Salud de San Gil también se inició una investigación epidemiológica de campo, que incluye la revisión de historias clínicas para determinar si alguna de las menores presentaba antecedentes emocionales o crisis previas que pudieran estar relacionadas con el consumo del fármaco.