La huelga anunciada por el sindicato Sintraelecol en ESSA no solo abrió un pulso laboral, sino un debate constitucional. Juristas y expertos del sector energético advierten que la protesta podría ser ilegal, debido a que la energía eléctrica está clasificada como servicio público esencial, categoría en la que el derecho a huelga está restringido por la ley.El artículo 56 de la Constitución y la Ley 142 de 1994 establecen que estos servicios no pueden interrumpirse, ya que de ellos dependen derechos fundamentales como la salud, la vida y la seguridad.La empresa presta energía a cerca de 958.000 usuarios en más de 100 municipios, incluyendo hospitales, acueductos, telecomunicaciones, centros penitenciarios y aeropuertos, lo que amplifica el impacto jurídico de cualquier suspensión.El exministro Amylkar Acosta alertó que una parálisis podría generar un “efecto dominó” en el Sistema Interconectado Nacional.De avanzar la huelga y afectar la operación, un juez laboral podría declararla ilegal. Esto abriría la puerta a sanciones como terminación de contratos de trabajadores participantes, pérdida de fuero sindical en determinados casos, responsabilidades disciplinarias o administrativas y posibles eventuales demandas por daños causados a terceros.El documento advierte que el sistema eléctrico no funciona por “servicios mínimos”, ya que generación, mantenimiento y despacho operan de forma continua. Por ello, cualquier interrupción podría traducirse en fallas en cascada, afectando hospitales, acueductos, telecomunicaciones y entidades de seguridad.Si un juez laboral declara la ilegalidad de la huelga, los trabajadores que participen podrían enfrentar terminación de contratos, pérdida de fuero sindical y responsabilidades disciplinarias o económicas por los daños causados.Para el sector, permitir una huelga en una empresa de energía sentaría un precedente complejo en materia constitucional, al poner en tensión el derecho a la protesta frente a la obligación del Estado de garantizar servicios esenciales.Más que un desacuerdo sindical, el caso podría convertirse en un precedente constitucional sobre los límites del derecho a la protesta en servicios esenciales.
Las lluvias no dan tregua en Santander y durante la madrugada de este lunes se reportaron fuertes aguaceros en varios municipios del departamento, generando deslizamientos, afectaciones a viviendas y problemas de movilidad.El caso más crítico se registra en la carretera que comunica a Sucre con Jesús María, donde las autoridades confirmaron cierre total en el sector Dos Caminos por un fenómeno de remoción en masa que cubrió la calzada con tierra y rocas.El director de la Oficina de Gestión del Riesgo, Eduard Sánchez, entregó el balance preliminar: “Durante la madrugada de este lunes se presentan fuertes lluvias en Landázuri, Puerto Parra y El Playón, se registra cierre total de la vía entre Sucre y Jesús María, sector Dos Caminos, por fenómeno de remoción en masa".Se trata de un corredor rural históricamente complejo por su geografía montañosa. La vía atraviesa zonas de ladera con cortes de talud inestables, donde con frecuencia se desprende material que termina invadiendo la calzada. En varios tramos el paso se reduce a un solo carril, elevando el riesgo de accidentes y retrasos.Habitantes aseguran que cada aguacero empeora la situación. Además del peligro para quienes transitan, los derrumbes afectan directamente la economía campesina. Por este corredor salen diariamente productos lácteos y agrícolas desde veredas de los municipios de La Belleza, Jesús María y Sucre, como leche, café, mora, lulo y otros cultivos que luego son comercializados en mercados regionales y enviados incluso a Bogotá.El transporte pesado y los vehículos tipo turbo que movilizan la producción enfrentan serias dificultades, especialmente en sectores conocidos como Dos Caminos, El Casino, Peñas Blancas y la conexión hacia La Belleza, donde el barro, las piedras y los hundimientos ralentizan el tránsito.Según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, se mantienen condiciones húmedas y probabilidad de lluvias en amplias zonas del departamento, por lo que las autoridades mantienen monitoreo permanente ante el riesgo de nuevos deslizamientos en corredores rurales.En Barrancabermeja, los organismos de socorro atendieron más de 20 emergencias, principalmente en las comunas Siete y Tres y en el corregimiento El Centro. Tras el fuerte aguacero registrado en la madrugada del domingo, al menos 23 familias resultaron damnificadas, con pérdidas en viviendas y enseres.
Luego de una visita de inspección, las directivas de Metrolínea confirmaron que un total 15 buses alimentadores quedaron completamente incinerados y otros seis registraron afectaciones parciales tras el incendio ocurrido en el portal de Girón, que comprometió vehículos del antiguo operador Metro Cinco Plus.Así lo confirmó el gerente de Metrolínea, Emiro Castro, quien explicó que, según la información preliminar entregada por el CTI de la Fiscalía y el Cuerpo de Bomberos de Floridablanca, la conflagración habría sido provocada.“Estamos recibiendo información del CTI y la Fiscalía, así como del Cuerpo de Bomberos de Floridablanca, que hizo presencia anoche, y nos indican que fue un incendio provocado en un grupo de buses alimentadores”, señaló.Los vehículos afectados eran propiedad del antiguo operador del Sistema Integrado de Transporte Masivo, Metro Cinco Plus, y que actualmente se encuentran bajo posesión de la Superintendencia de Sociedades.De acuerdo con lo manifestado por Castro, una de las hipótesis iniciales apunta a que un grupo de habitantes en condición de calle estaría manipulando o produciendo algún tipo de sustancia al interior de uno de los buses, lo que habría desencadenado la emergencia.El gerente aclaró que el grupo de vehículos afectados estaba ubicado en la zona más alejada de la infraestructura del portal, por lo que no se registraron daños en las instalaciones físicas de la estación.Las autoridades avanzan en las investigaciones para establecer con precisión el origen del incendio y determinar posibles responsables.Por su parte, la liquidadora de Metro Cinco S.A., María Eugenia Balaguera Serrano, lamentó lo ocurrido y aseguró que los buses no contaban con seguridad desde octubre de 2025.“Ha sido vandalizado todo el tiempo. La Policía pasa y retira a las los retira momentáneamente, pero luego regresan”, afirmó.Según explicó, en la estación de Girón permanecen 57 buses, mientras que otros vehículos están ubicados en Bucaramanga y Piedecuesta. Indicó además que la empresa en liquidación no cuenta con recursos ni bienes para cubrir gastos como la vigilancia.Balaguera señaló que los automotores están pendientes de que se definan medidas cautelares para avanzar formalmente en el proceso de liquidación y evaluar su disposición final.“Muy seguramente se tendrán que vender como chatarra, porque es muy difícil la recuperación de los vehículos en el estado en que se encuentran”, puntualizó.
En una operación adelantada en el municipio de Santa Rosa del Sur, la Policía Nacional capturó a alias ‘Mirla’, presunto jefe de finanzas de la estructura Luis José Solano Sepúlveda del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el sur de Bolívar y el Magdalena Medio.De acuerdo con el la Policía, el capturado era requerido por los delitos de secuestro extorsivo, tráfico de armas de fuego y concierto para delinquir.Según las investigaciones, alias ‘Mirla’ sería el responsable de coordinar ataques con artefactos explosivos contra la Fuerza Pública ocurridos en 2025 en Santa Rosa del Sur.En uno de los atentados murieron dos policías, mientras que en otro ataque fallecieron dos soldados y siete militares más resultaron heridos, hechos que generaron fuerte conmoción en la región.Las autoridades lo señalan como pieza clave en la planeación y financiación de estas acciones terroristas, así como en la dinamización de recursos ilícitos para fortalecer la capacidad logística de la estructura armada.La Policía indicó que el capturado tendría una trayectoria criminal de aproximadamente 13 años, consolidándose como uno de los principales responsables de sostener las finanzas ilegales del grupo armado en el sur de Bolívar.Además, es investigado por su presunta participación en el secuestro de un ganadero ocurrido en 2020, quien posteriormente fue rescatado por las autoridades.El coronel John Jairo Roa Buitrago, comandante del Departamento de Policía Magdalena Medio, señaló que este resultado “representa un avance significativo en la ofensiva contra el ELN”, al afectar de manera directa sus redes financieras y logísticas.Con esta captura, las autoridades buscan debilitar la capacidad operativa del grupo armado en el sur de Bolívar y el Magdalena Medio, en una región históricamente afectada por acciones violentas contra la Fuerza Pública y la población civil.
Un incendio registrado en horas de la noche del pasado domingo en el Portal de Girón dejó como saldo la destrucción de 14 buses del sistema de transporte masivo Metrolínea, según confirmaron las autoridades.La emergencia se presentó al interior del Portal Metrolínea, ubicado en el municipio de Girón, y obligó a la rápida intervención del Cuerpo de Bomberos y demás organismos de socorro, quienes lograron controlar las llamas y evitar que el fuego se propagara a otras áreas de la infraestructura.De acuerdo con los reportes preliminares, los vehículos afectados correspondían a buses que se encontraban fuera de operación. No se reportaron personas lesionadas ni daños estructurales de consideración en el portal.Las causas del incendio son materia de investigación por parte de las autoridades competentes, quienes adelantan las respectivas inspecciones técnicas para determinar el origen de la conflagración y establecer posibles responsabilidades.A través de una comunicado, Metrolínea mostró su solidaridad frente a los hechos con al empresa Metro 5 Plus, dueña de los buses que hacen parte de un proceso de liquidación.Desde la administración de Metrolínea se indicó que se mantiene coordinación con los entes de control y se entregará información oficial una vez avancen las investigaciones.El hecho genera preocupación frente al estado actual del sistema de transporte masivo en el área metropolitana, mientras se evalúan los impactos operativos y financieros derivados de la pérdida de los vehículos.
El grupo armado ilegal ELN anunció este 23 de febrero un cese unilateral del fuego con motivo de las elecciones legislativas y consultas presidenciales, previstas para el próximo 8 de marzo.En un comunicado, el grupo insurgente aseguró que el país ha entrado “de lleno en una nueva coyuntura electoral”, en un contexto que, según su lectura, refleja una crisis profunda que —afirman— no ha sido atendida por quienes han gobernado. A juicio del ELN, las jornadas electorales “solo seguirán reciclando esta crisis, sin atinar a soluciones de fondo”.“Durante los procesos electorales de los últimos 4 gobiernos, el ELN ha realizado cese el fuego de forma unilateral. Por tanto, seguiremos actuando en correspondencia con nuestra política a favor del pueblo y su actuación en libertad”, informó el grupo insurgente.En el pronunciamiento, el ELN reiteró su propuesta de un “acuerdo nacional”, el cual —según indicó— estaría abierto a ser discutido “con todo el país, así como también con el próximo Presidente y el nuevo poder Legislativo”. La organización sostuvo que Colombia requiere construir “soluciones de futuro en democracia, soberanía, equidad y justicia social”."Ante el fracaso de la paz total" y la nueva edición del plan contrainsurgente, orientado por el Pentágono y adelantado por el gobierno y las Fuerzas Armadas del Estado, en alianza con las bandas paramilitares contra el ELN y afectando a la población, valoramos altamente el mensaje del papa León XIV señalando que «la paz no se puede imponer por vías de la fuerza». Por eso en la actual coyuntura también recogemos el llamado de la Conferencia Episcopal colombiana de una «paz electoral"", dice el comunicado.Diálogos con el ELNEl Gobierno de Petro y el ELN iniciaron conversaciones de paz en noviembre de 2022 en Caracas, pero desde hace un año esos diálogos están suspendidos por la poca voluntad de negociación de esa guerrilla.El pasado julio, Petro consideró que las negociaciones de paz con el ELN estaban rotas por las constantes acciones violentas de esa guerrilla en la región del Catatumbo y en otros lugares fronterizos con Venezuela. La crisis en las negociaciones se acentuó en enero de 2025 tras la ofensiva del ELN en el Catatumbo contra el Frente 33 de las disidencias de las FARC en una disputa por el control territorial de esa vasta región del departamento de Norte de Santander.
El ejército mexicano abatió el domingo a Nemesio Oseguera "El Mencho", fundador y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el capo más poderoso de México y por quien Estados Unidos ofrecía 15 millones de dólares.Oseguera, de 59 años, resultó herido en un enfrentamiento con militares en la localidad de Tapalpa, en Jalisco (oeste). Murió poco después cuando era trasladado vía aérea a la Ciudad de México.El CJNG tuvo una violenta reacción con bloqueos de carreteras y quema de vehículos en Jalisco -sede del cártel- y en otros estados del país. Células del cartel incendiaron negocios y provocaron terror entre la población.La reacción generada tras el operativo puso de relieve el amplio poder que mantiene el cártel en distintas regiones de México, con presencia tanto en negocios legales como ilegales. Evidenció también su amplia estructura y capacidad de movilización.La respuesta brutal del cartel reavivó incógnitas sobre el futuro de la organización criminal y los posibles escenarios que podrían abrirse tras este episodio. Aquí algunas respuestas.1. ¿Qué es el Cártel Jalisco Nueva Generación y qué tan poderoso es?El "Mencho" fundó este cartel en 2009 y, según expertos, es una de las organizaciones del narcotráfico más poderosas de México. El capo fallecido era uno de los mayores responsables del tráfico de heroína, cocaína, metanfetamina y fentanilo hacia Estados Unidos, según el gobierno de ese país."Es ciertamente una de las organizaciones más poderosas en México en términos de capacidad militar, en capacidad de reclutamiento y de armas", dice a la AFP David Mora, experto del centro de análisis Crisis Group.Los negocios del cártel se extendieron a otras actividades criminales como la extorsión, el robo de gasolina y el tráfico de personas, según la agencia antidrogas estadounidense (DEA), delitos que le dejan un fuerte ingreso y una gran capacidad económica.El CJNG se ha caracterizado por mostrarse "siempre dispuesto a desafiar al gobierno mexicano", señala. Muchas veces difundió imágenes de sus sicarios presumiendo armamento y vehículos blindados, además de atentar en 2020 contra el actual secretario de Seguridad Pública Omar García Harfuch, cuando este era el zar de la policía en la capital. También estuvo en noviembre detrás del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo."En su narrativa siempre están muy dispuestos a desafiar y a mostrar su capacidad operativa (...). No son tímidos de entrar en ataques muy políticos como el de García Harfuch", dice Mora.2. ¿Por qué la reacción fue tan violenta en varios estados de México?La reacción violenta tras el operativo contra Oseguera resaltó el poder del cártel en México. Los bloqueos y la quema de tiendas y negocios se extendieron también al balneario de Puerto Vallarta, al vecino estado de Michoacán y a los estados de Puebla (centro), Sinaloa (noroeste), Guanajuato (centro) y Guerrero (sur).Es la organización criminal preponderante en varios estados, pero en otros está en conflicto con otras agrupaciones criminales. "Lo que vimos hoy es justo una demostración de en donde operan y en donde pueden infligir violencia", dice Mora.Por su parte, el analista en seguridad nacional, Gerardo Rodríguez, señala que las autoridades tenían "medida su reacción"; lo que "no tenían en el radar era que (la reacción) fuera de alcance nacional" y que activaran células afines en todo el país.Pese a ello, Rodríguez destaca que con sus acciones, el cártel no pudo evitar que Oseguera fuera abatido y su cuerpo trasladado por las autoridades a Ciudad de México."En términos tácticos operativos, es una operación muy exitosa del gobierno de la República", dice Rodríguez.3. ¿Qué sucederá con el cártel sin el "Mencho" al frente?Nemesio Oseguera, era un líder criminal al estilo al estilo de Joaquín "Chapo" Guzmán e Ismael "El Mayo" Zambada, encarcelados en Estados Unidos. Tenía una presencia omnipresente en el CJNG y no tenía sucesores claros.Según expertos, el CJNG se había empoderado, tras el debilitamiento del cártel de Sinaloa por sus guerras intestinas. Su hijo mayor, conocido como "El Menchito", fue condenado el año pasado en Estados Unidos a cadena perpetua.Los posibles escenarios son que el cártel siga haciendo negocios sin su líder o que entre en una guerra intestina por su liderazgo. En caso de una guerra interna "tendríamos un incremento de la violencia homicida", dice el experto en seguridad David Saucedo."Al no haber una sucesión directa, se crea un vacío de poder que abre la posibilidad de generar reacomodos violentos dentro de la organización", explica el analista de Crisis Group.
México enfrenta una escalada de violencia, con incendios y bloqueos, en al menos 16 de sus 32 estados, tras el abatimiento este domingo de uno de los capos más buscados, El Mencho, líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), en un operativo con inteligencia de EE.UU., en medio de la creciente presión de Washington para combatir el tráfico de droga.Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho, de 59 años, falleció cuando era trasladado vía aérea a la Ciudad de México por fuerzas federales tras un operativo en el municipio de Tapalpa, a 130 kilómetros al sur de Guadalajara, capital de Jalisco (oeste), realizado con apoyo de información proveniente de Estados Unidos, según informó la Defensa de México.El operativo en esa zona rural derivó en un enfrentamiento armado en el que militares repelieron una agresión, con saldo de siete presuntos integrantes del CJNG muertos -incluido el propio líder-, dos detenidos y el aseguramiento de armamento de alto poder y vehículos blindados, incluidos lanzacohetes, según el Ejército.En respuesta a la acción, comenzaron los llamados 'narcobloqueos' en distintos puntos del sur de Jalisco, cuna del CJNG, con vehículos incendiados y carreteras cerradas. El gobierno estatal activó el "código rojo" y suspendió el transporte público en algunas zonas y las clases presenciales el lunes.La reacción se extendió a estados vecinos como Michoacán, Colima y Nayarit (oeste), y posteriormente a Guanajuato, Aguascalientes (centro), Tamaulipas, Baja California (norte), Guerrero y Quintana Roo (sur), donde se reportaron bloqueos, incendios a vehículos y negocios -incluyendo sucursales del Banco del Bienestar del gobierno.Vuelos cancelados, suspensión de clases, bloqueos vialesEn Puerto Vallarta (Jalisco), uno de los principales destinos turísticos del país, se cancelaron vuelos, mientras en todo el estado el gobernador suspendió los eventos masivos, incluido el concierto de la cantante estadounidense Kali Uchis en Guadalajara, una de las ciudades sede del Mundial 2026.Hasta ahora, al menos 16 estados han reportados bloqueos y disturbios, incluyendo también a Puebla, Querétaro, Estado de México (centro), Veracruz, Oaxaca y Chiapas (sur).Además de los siete sicarios abatidos en el operativo en Jalisco, otros cuatro murieron en Michoacán, según informó el gobernador Alfredo Ramírez. También se suman 22 detenidos, en Jalisco, Michoacán y Guanajuato, según datos oficiales.Mientras que las clases han sido oficialmente suspendidas en los estados de Jalisco, Nayarit, Michoacán, Colima, Querétaro, Guanajuato, Baja California y en la región del Itsmo de Oaxaca.En el resto del país, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) no suspendió clases, aunque informó que no aplicará faltas a los estudiantes que no puedan presentarse por "problemas de movilidad" en algunas regiones y facultades.La alerta se extendió a la capital mexicana con el traslado al final de la tarde del cuerpo de El Mencho desde el hangar de la Fiscalía General de la República (FGR), escoltado por fuerzas federales hacia los servicios forenses de la dependencia en Ciudad de México, donde se realizarán las pruebas de identificación y peritajes oficiales.Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum llamó a la población a mantenerse "informada y en calma" y reconoció a las fuerzas armadas por el operativo que derivó en el abatimiento del líder del CJNG.La Defensa mexicana confirmó que la operación contó con "información complementaria" de EE.UU., en el "marco de coordinación y cooperación bilateral".El abatimiento de El Mencho ocurre en un contexto de creciente presión de Washington contra los cárteles mexicanos el año pasado declaró como "terroristas". Estados Unidos lo acusaba de encabezar un "reinado de terror" en México y de destruir "innumerables vidas" con el tráfico de fentanilo, y ofrecía hasta 15 millones de dólares por información que condujera a su arresto o condena.Bajo su mando, el CJNG expandió su presencia en México y fortaleció rutas de tráfico de droga, incluido el fentanilo hacia Estados Unidos, lo que lo colocó entre los narcotraficantes más buscados por ambos países.
Luego del operativo encabezado por fuerzas del Ejército mexicano que culminó con la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el alcalde de Tapalpa, Antonio Morales, aseguró que el municipio no tenía conocimiento de la presencia del capo en la zona.En entrevista con el periodista Néstor Morales en Mañanas Blu, el alcalde subrayó que la localidad —de poco más de 20 mil habitantes y reconocida por su vocación turística— vive momentos de aparente calma, aunque bajo un ambiente de tensión tras los hechos que impactaron no solo a Jalisco, sino a otras entidades del país.“Aquí en Tapalpa ya la situación está en aparente calma; se respira un ambiente tranquilo, pero un tanto tenso después de este operativo con fuerzas del Ejército mexicano”, declaró el alcalde, al referirse al despliegue que se realizó en la zona poniente del municipio, específicamente en el área conocida como el Country Club, a unos 15 kilómetros de la cabecera municipal.Tapalpa, destino turístico en el centro de la noticiaTapalpa es considerado uno de los destinos de montaña más importantes de México. Ubicado en la Sierra Occidental y a aproximadamente dos horas y media de Guadalajara, el municipio recibe miles de visitantes nacionales e internacionales cada semana.En ese contexto, el alcalde Antonio Morales enfatizó que la naturaleza turística del lugar dificulta conocer la identidad de quienes arriban al municipio. “Recibimos miles de visitantes. Definitivamente no sabemos las personas que arriban aquí, que pernoctan, que se quedan a descansar. Desconocemos quiénes son las personas que de pronto vienen a visitarnos”, afirmó.Sobre si “El Mencho” residía en Tapalpa o solo estaba de paso, el presidente municipal consideró que se trataba de una estancia temporal. “Son personajes que no radican de manera permanente en un lugar, sino que se están moviendo constantemente; seguramente este fin de semana estaba de paso descansando en algún lugar en el bosque”, puntualizó.Efectos colaterales en Jalisco y otros estadosTras la muerte del líder del CJNG, se registraron bloqueos, quema de vehículos y actos de violencia en distintos puntos de Jalisco y en al menos nueve estados del país, incluidos Michoacán, Colima, Aguascalientes y Tamaulipas.Morales reconoció que el impacto fue significativo: “Los efectos colaterales fueron muy complicados, con bloqueo con vehículos, quema de algunos negocios, mucha tensión por parte de la ciudadanía, pero en este momento creo que la parte más difícil ya ha quedado superada”.El edil aceptó que la influencia del CJNG se extiende por diversas regiones del país. “Como en casi todo el país, lamentablemente, hay una influencia visible”, dijo, aunque sostuvo que en Tapalpa no se identificaba una presencia permanente o abierta del grupo criminal en las calles.Seguridad y posible infiltración institucionalUno de los cuestionamientos más sensibles giró en torno a la posible infiltración del crimen organizado en las corporaciones policiacas. Sobre un audio que circuló en redes sociales, donde presuntamente “El Mencho” amenazaba a autoridades, el alcalde aclaró que correspondía a otro municipio.Sin embargo, reconoció que un grupo criminal de tal magnitud puede intentar permear instituciones públicas. “Un grupo criminal tan importante como este seguramente permea en las instituciones públicas. Negarlo sería poco creíble”, sostuvo.No obstante, aseguró que desde el inicio de su administración, en octubre de 2024, se han reforzado los controles internos. “He sido muy cuidadoso con el tema de las evaluaciones, capacitaciones y exámenes de control y confianza. Prácticamente todos los elementos cuentan con estos exámenes”, explicó, destacando que la prioridad es mantener a la policía municipal del lado de la ciudadanía.Reacomodos y escenario incierto tras la caída de El MenchoLa muerte del líder del CJNG abre un periodo de incertidumbre en Jalisco y en las zonas donde el grupo criminal tiene presencia. Analistas advierten sobre posibles reacomodos internos y disputas por el control territorial.El alcalde Morales no descartó un escenario complejo: “Estamos a la espera de que ocurran reacomodos dentro del grupo, y seguramente las reacciones van a ser un tanto hostiles, un tanto violentas”, anticipó.Ante ello, señaló que el municipio se mantendrá atento a las indicaciones de las autoridades federales y estatales, al tiempo que buscará transmitir calma a la población. “Nosotros aquí atentos desde nuestro municipio para estar muy vigilantes de lo que pueda ocurrir. Sin embargo, lo que tenemos que hacer es salir adelante, hacer nuestra vida normal y seguir buscando la forma de que nuestro municipio siga progresando”, concluyó.
La Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco Santander, hizo un llamado urgente a las directivas de la Electrificadora de Santander (ESSA), del Grupo EPM, y a las organizaciones sindicales para que levanten la huelga por la afectación que podría provocar a la prestación del servicio de energía en el departamento.El pronunciamiento fue realizado por el director ejecutivo del gremio, Alejandro Almeyda, quien aseguró que el servicio de energía eléctrica es esencial no solo para la actividad económica, sino para la vida, la salud y la seguridad de la población.“Hoy el servicio de energía eléctrica es un servicio esencial, no solamente para preservar la seguridad y la salud, sino la vida de una gran cantidad de personas, hospitales y clínicas que dependen 100% de este suministro”, expresó.Fenalco recordó que ESSA presta el servicio en 102 municipios y atiende cerca de 958.344 usuarios en seis departamentos, entre ellos miles de comerciantes y empresarios que dependen del suministro continuo para desarrollar sus actividades.Según Almeyda, una eventual interrupción o afectación prolongada del servicio tendría efectos directos en sectores como el comercio, la industria, el turismo, la educación y la salud.“El derecho a la huelga es constitucional, pero también es importante considerar que se está afectando la tranquilidad y la vida de muchos consumidores”, señaló el dirigente gremial.Desde Fenalco Santander insistieron en la necesidad de alcanzar acuerdos responsables que garanticen la sostenibilidad financiera de la empresa y la estabilidad del servicio.El gremio subrayó que los trabajadores del Grupo EPM y de ESSA cuentan con condiciones salariales que, según indicaron, superan el 120% del salario mínimo y están por encima de la media del sector, por lo que reiteraron la invitación a retomar el diálogo y levantar la huelga.Finalmente, Fenalco manifestó su disposición de acompañar espacios de diálogo técnico que permitan proteger el interés general y la estabilidad económica de Santander.
Una preocupante racha de accidentes de tránsito que involucran motocicletas se registró en los últimos días en el departamento de Santander, dejando como saldo dos personas muertas y un hombre gravemente herido. En varios de los casos, los conductores implicados huyeron del lugar, lo que ha generado indignación y llamados de las autoridades para fortalecer los controles viales.El primer caso cobró la vida de Angie Juliana Arboleda, una joven de 23 años que falleció tras un siniestro ocurrido la mañana del pasado viernes en la autopista que comunica a Floridablanca con Piedecuesta, en el área metropolitana de Bucaramanga.El hecho se presentó hacia las 9:20 a.m., en cercanías al Estadio Álvaro Gómez Hurtado. De acuerdo con las autoridades de tránsito, la motocicleta en la que se movilizaba la joven, en calidad de parrillera, fue impactada por la parte trasera por un vehículo cuyo conductor habría huido del lugar.El choque provocó que los dos ocupantes fueran expulsados hacia la vía. Según las primeras investigaciones, Angie Juliana fue arrollada posteriormente por un tractocamión que transitaba por el sector. El conductor de la motocicleta resultó herido y es atendido por las autoridades competentes, mientras avanzan las indagaciones para identificar al responsable que se dio a la fuga.Un segundo hecho trágico se registró en la mañana de este domingo 22 de febrero en la vía que comunica a Nuevo Girón con Bahondo, específicamente en el sector conocido como la curva Los Cajones, en jurisdicción de Girón.En este punto, una mujer perdió la vida tras verse involucrada en un accidente cuando se desplazaba en motocicleta. De manera preliminar se conoció que otra persona resultó herida y recibió atención por parte de los organismos de emergencia que acudieron al sitio.Unidades de Tránsito realizaron el respectivo procedimiento y adelantaron las diligencias judiciales para esclarecer las circunstancias del siniestro.El tercer caso mantiene en vilo a una familia en el norte de Bucaramanga. Un hombre de 44 años se debate entre la vida y la muerte, luego de ser embestido por un vehículo que también huyó del lugar. El accidente ocurrió hacia las 7:00 de la noche del sábado 21 de febrero en el barrio Chapinero.Según la información preliminar, la víctima fue arrollada por un conductor que no se detuvo a prestar auxilio. El hombre fue trasladado de urgencia al Hospital Universitario de Santander, donde permanece bajo observación médica.Las autoridades reiteraron el llamado a los conductores para respetar las normas de tránsito, evitar el exceso de velocidad y no abandonar el lugar en caso de verse involucrados en un siniestro vial. Asimismo, invitaron a la ciudadanía a suministrar cualquier información que permita ubicar a los responsables que escaparon, mientras se refuerzan los operativos de control en distintos corredores viales del departamento.
El monumento del Clavijero, ubicado en el parque de Los Niños y el monumento de La Puerta del Sol, situado en la carrera 27 con calle 56, una emblemática obra del artista Ricardo Gómez Vanegas que desde 1986 da la bienvenida a quienes ingresan a la ciudad, fueron los dos monumentos, patrimonio de la ciudad, vandalizados.Según denunció la directora del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga, Nathalia Melissa Torres, los monumentos habían sido restaurados en 2025 por ese instituto con una inversión superior a los $150 millones con apoyo de la empresa privada, que se destinaron a la recuperación integral, incluyendo procesos técnicos especializados de conservación y restauración para proteger su valor histórico, arquitectónico y simbólico.“No solo se afectaron unos espacios físicos, se golpeó la memoria histórica y nuestra identidad cultural. Lo que ocurrió nos obliga ahora a aplicar primeros auxilios y adelantar nuevamente procesos de restauración, costos que no estaban contemplados y que, en última instancia, salen del bolsillo de todos los bumangueses”, señaló la directora de IMCT.La directora también hizo un llamado a la responsabilidad. “Esto para que entre todos cuidemos nuestros bienes de interés cultural y no permitamos que estos hechos se repitan. Desde el Instituto entablaremos todas las acciones legales correspondientes para dar con el paradero de los responsables”.La administración municipal anunció que activará los protocolos jurídicos y administrativos necesarios para identificar a los responsables y avanzar en los procesos sancionatorios correspondientes.“Estos actos no solo deterioran la estética urbana; desconocen la inversión pública, afectan la confianza institucional y envían un mensaje contrario al respeto por lo colectivo”, puntualizó la directora del IMCT, Nathalia Torres.
Después de varios meses de incertidumbre por los derrumbes registrados en la Unidad Funcional 8 (UF8) de la vía Bucaramanga – Barrancabermeja, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) confirmó que alcanzó un acuerdo con la interventoría y la concesionaria Ruta del Cacao para ejecutar la solución definitiva en el punto crítico ubicado entre el PR 100+590 y el PR 100+890.El tramo, afectado por un deslizamiento ocurrido el 1 de octubre de 2023 en el desmonte 7.2, ha sido uno de los principales obstáculos para cerrar completamente esta unidad del proyecto 4G Bucaramanga-Barrancabermeja-Yondó (BBY).El presidente de la ANI, Óscar Torres, explicó que el acuerdo fue posible tras la realización de más de 15 mesas de trabajo entre las partes, así como una auditoría adelantada por las vicepresidencias Jurídica, Ejecutiva y de Planeación, Riesgos y Entorno de la entidad, junto con la interventoría.El acuerdo establece la hoja de ruta para iniciar las actividades de preconstrucción, que incluyen estudios y diseños, y posteriormente avanzar hacia la construcción de la obra que estabilizará el talud y permitirá superar de manera definitiva la emergencia.Dentro de los compromisos pactados también se fijó un nuevo período especial en el marco del Evento Eximente de Responsabilidad otorgado por el panel de Amigable Componedor, lo que dará margen para culminar la Unidad Funcional 8 y formalizar su entrega.El deslizamiento ocurrido en octubre de 2023 comprometió aproximadamente 400 metros de vía en el sector PR 42, unidad funcional 8, lo que desde entonces ha impedido la puesta en funcionamiento de 4 kilómetros de doble calzada construida entre el intercambiador de Portugal y el cruce en Lisboa.Actualmente, el corredor vial registra un avance del 98,15%. Sin embargo, la imposibilidad de concluir este punto específico había impedido declarar la terminación total de la obra.
Más de 20 emergencias por lluvias fueron atendidas en el Distrito, principalmente en las comunas Siete y Tres, así como en el corregimiento El Centro, tras el fuerte aguacero registrado en la madrugada de este domingo.De acuerdo con el reporte oficial, la alcaldía activó de inmediato el protocolo de respuesta junto a organismos de socorro como la Defensa Civil y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, con el fin de verificar afectaciones y brindar apoyo a las familias damnificadas.El director encargado de Gestión del Riesgo, Eduardo Ramírez, confirmó que más de 23 familias resultaron afectadas por las intensas precipitaciones, que ocasionaron daños en viviendas y enseres.“Asimismo, la Dirección de Gestión del Riesgo realizó verificaciones en territorio y, de manera articulada con la Secretaría de Infraestructura, avanzamos en poda de árboles y acciones preventivas”, explicó el funcionario tras la llegada de las primeras ayudas humanitarias.Ramírez detalló que el equipo técnico adelantó el proceso de caracterización de las familias impactadas para agilizar la entrega de asistencia. “Llegan las ayudas para más de 23 familias caracterizadas que lastimosamente vieron afectadas sus viviendas y sus enseres, con ocasión a unas lluvias muy fuertes durante la madrugada de este domingo. Estamos trabajando en campo con los demás organismos de socorro”, señaló.El funcionario advirtió que, según los pronósticos del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), las lluvias continuarán durante la semana, por lo que se mantiene la alerta y el monitoreo permanente en distintos puntos del casco urbano y la zona rural.“Queremos que hoy mismo esas familias sientan que esas ayudas las van a proteger, porque, por supuesto, continuaremos en fase de lluvia durante toda la semana”, agregó.Desde la administración distrital informaron que, a través del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo, se mantienen activos los equipos de respuesta y el grupo de arborización de la Secretaría de Infraestructura, que adelanta labores de poda y tala preventiva en sectores donde se ha identificado riesgo inminente.
Tras su participación en el Primer Encuentro Nacional de Seguridad de Ciudades Capitales, realizado el pasado fin de semana en Valledupar, el alcalde designado de Bucaramanga, Javier Sarmiento, lanzó una fuerte advertencia sobre el agravamiento del sicariato y la disputa entre bandas criminales que hoy desestabilizan la capital santandereana.El mandatario destacó que el encuentro, que reunió a más de 20 alcaldes del país, al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y a la cúpula de la fuerza pública, dejó compromisos concretos que Bucaramanga venía exigiendo desde hace semanas.Sarmiento reveló que incluso antes de la cumbre había sostenido una reunión privada con el ministro de Defensa para exponer la preocupación que más inquieta a las autoridades locales: el repunte del sicariato, un fenómeno que, recordó, no era común en Bucaramanga y que ahora está ligado a la confrontación directa entre estructuras criminales.“El sicariato no era una práctica habitual en nuestra ciudad. Lo que enfrentamos hoy es producto de la disputa entre dos grupos de delincuencia organizada”. Según explicó, la magnitud del problema quedó en evidencia con recientes incautaciones, entre ellas la de 2.4 toneladas de marihuana en el área metropolitana, un cargamento que confirma que el negocio dejó de ser microtráfico para operar en volúmenes mayores que alimentan los ataques armados.En Valledupar, el alcalde designado de Bucaramanga reiteró al ministro de Defensa y a la cúpula policial la necesidad de incrementar el pie de fuerza para reforzar la presencia disuasiva en las calles, pero también insistió en un componente clave: la investigación criminal. Como resultado, anunció el traslado a Bucaramanga de una comisión nacional de seis funcionarios de la Dijín, quienes se sumarán a las labores de la Sijín en la ciudad.“Estos funcionarios se dedicarán de manera especial a esclarecer homicidios y a perseguir a los responsables del tráfico de drogas y estupefacientes. Bajo un enfoque de investigación integral esperamos avanzar pronto en la identificación y judicialización de los actores criminales que están desestabilizando la ciudad”, explicó Sarmiento.Además del refuerzo humano, el mandatario confirmó inversiones en tecnología, entre ellas la compra de nuevas cámaras y drones de vigilancia que buscarán fortalecer la capacidad de reacción y vigilancia especialmente en la temporada de fin de año.Sarmiento aseguró que el compromiso del Gobierno Nacional y de las autoridades policiales permitirá avanzar en una estrategia conjunta para frenar la violencia que hoy inquieta a los bumangueses. “Lo que queremos es que la gente vuelva a sentirse segura y protegida. La presencia policial y la tecnología serán fundamentales para lograrlo”, concluyó.
En redes sociales está circulando un video en el que un grupo de jóvenes, con revólver en mano, lanza amenazas en lo que sería un nuevo capítulo de la guerra por los territorios que se viene presentando en Piedecuesta y que ha dejado varios muertos en los últimos días.“Chuchitas (...) Mire como nos le parchamos el cagadero (...) ronque, ronque no más que voy es de cacería; acuérdese que pa’ la cara no hay chaleco… vamos es por una aguja; uno de Argentina no, porque no vale la pena, ya vimos que no valían la pena, vamos es por uno de la muni”, se escucha en la grabación.La violencia en Piedecuesta se intensificó después de la primera semana de noviembre cuando fueron capturadas 18 personas señaladas de integrar el grupo delincuencial común organizado conocido como ‘Los de la M’, dedicado al tráfico de estupefacientes, hurtos y homicidios selectivos en este municipio del área metropolitana.En los días posteriores se han registrado tres homicidios comenzando el pasado miércoles, 12 de noviembre, con el ataque perpetrado contra Deyner David Zulúaga Martínez, de 20 años, en el barrio Cerros del Mediterráneo.Días después Yulieth Alexandra Sandoval Hernández, de 19 años, fue asesinada en el barrio San Silvestre en medio de un violento ataque armado generado por una riña de más de 12 jóvenes, quienes con machetes y armas artesanales alteraron la tranquilidad del sector.De acuerdo con las primeras versiones, la joven había asistido al velorio de un muchacho asesinado días antes. Al finalizar la velación, Yulieth y su hermano caminaban por el sector cuando fueron abordados por varios sujetos que se movilizaban en motocicletas.Los agresores comenzaron a increpar al hermano de la joven y uno de ellos le apuntó directamente con un arma. Ante esto, Yulieth se interpuso para protegerlo y recibió dos impactos de bala, los cuales resultaron fatales. Otra persona también resultó lesionada durante este ataque.Por último, durante el pasado fin de semana festivo Alexis Exneyder Céspedes Niño, de 25 años, fue atacado a cuchillo también en el barrio San Silvestre. Aunque algunos testigos expresaron que la confrontación se dio por tratar de recuperar el bolso que minutos antes le habían robado a su hermana, la comunidad denuncia que la violencia se ha tomado este sector de Piedecuesta.El personero del municipio, Fredy Alberto Gómez López, confirmó que fue convocado un consejo de seguridad extraordinario ante la escalada de homicidios.“Hay preocupación en nuestro municipio por el incremento de homicidios en jóvenes presuntamente vinculados a redes del narcotráfico. Solicitaremos una estrategia para revisar cada uno de los casos que involucran a personas tan jóvenes”, afirmó.
La Alcaldía de Bucaramanga se pronunció este lunes frente a la controversia generada por la decisión judicial que ordenó suspender temporalmente los trámites administrativos relacionados con la desvinculación de 16 funcionarios de libre nombramiento y remoción. El alcalde designado, Javier Sarmiento, aseguró que la medida es provisional y no implica el reintegro de los exservidores públicos.El alcalde designado explicó que la administración distrital respeta plenamente las decisiones judiciales, pero recordó que estas pueden ser impugnadas y recurridas.“Estamos trabajando con un equipo jurídico bastante versado en la materia. Esto es una decisión provisional. Es importante que lo tengan claro: no hay una decisión definitiva o de fondo sobre la acción popular”, afirmó.El mandatario designado detalló que la juez a cargo del proceso admitió la acción popular presentada por un ciudadano y posteriormente concedió una medida provisional, pero sin ordenar el regreso de los funcionarios al cargo.“Podemos dar tranquilidad a los bumangueses: seguimos trabajando, la administración no se detiene, vamos a dar continuidad a la atención y al acceso a la oferta estatal. La administración sigue funcionando con normalidad”, agregó.Sarmiento reiteró que, por ahora, los funcionarios declarados insubsistentes no pueden ingresar a la Alcaldía a desempeñar sus antiguos cargos. Señaló además que, en caso de que la juez mantenga su decisión, la administración acudirá al Tribunal Administrativo de Santander para que se verifique la procedencia y legalidad de las medidas adoptadas.A través de un comunicado oficial, la Alcaldía confirmó que acatará la orden emitida en primera instancia por el Juzgado Quinto Administrativo Oral de Bucaramanga y suspenderá temporalmente los trámites administrativos relacionados con la desvinculación de los 16 funcionarios.No obstante, subrayó que la medida “no ordena el reintegro”, por lo que las decisiones adoptadas en el marco de sus competencias legales se mantendrán vigentes mientras avanza el proceso judicial.El comunicado también recordó que los exfuncionarios cuentan con la posibilidad de acudir a los mecanismos judiciales que consideren pertinentes para la protección de sus derechos individuales.
En un lamentable incidente, dos motociclistas perdieron la vida este lunes, 17 de noviembre, luego de que un árbol de gran tamaño colapsara de manera súbita sobre la autopista que conecta Piedecuesta con Floridablanca. El hecho, que paralizó la movilidad y causó consternación entre los testigos, vuelve a poner en evidencia el grave riesgo que representa el deteriorado arbolado urbano en el área metropolitana de Bucaramanga.Las víctimas, identificadas como Jaime Hernández Carreño y Yuri Vanessa Mantilla Mejía, se desplazaban en sentido sur norte y cuando transitaban frente a la entrada de Río del Hato fueron impactadas por el gigantesco tronco del árbol que se precipitó inesperadamente sobre la vía. La magnitud del golpe les provocó la muerte de inmediato.“Suponemos que el accidente ocurrió por la caída del árbol, pero todo es materia de investigación”, señaló Adán Gélvez, secretario de Tránsito y Movilidad de Piedecuesta.El accidente ocurre en un contexto alarmante: informes recientes de la Subsecretaría de Ambiente de Bucaramanga revelan que el 87 % del arbolado urbano presenta afectaciones fitosanitarias, lo que convierte a miles de árboles en potenciales amenazas para la ciudadanía. De los 71.491 árboles censados, 62.229 registran daños biológicos, mecánicos o fracturas que los ponen en riesgo de colapso.La tragedia en la autopista no solo enluta a dos familias, sino que también reaviva las denuncias de la comunidad, que desde hace meses advierte sobre la falta de intervenciones oportunas.Líderes sociales expresaron que han pasado múltiples alertas y peticiones a la Alcaldía, Bomberos y Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, Cdmb, para atender árboles en riesgo, pero hasta ahora no se han visto acciones.Sectores como Morrorrico, Albania, Limoncito, Cabecera, Terrazas y La Floresta han reportado árboles enfermos, ramas a punto de desprenderse y estructuras frondosas que amenazan viviendas, vehículos, peatones y deportistas. En lo corrido del año, cerca de cincuenta familias han sufrido daños en sus propiedades por la caída de árboles, e incluso un joven resultó herido recientemente en el parque ecológico La Flora.
La red pública hospitalaria de Santander comenzó a recibir recursos adeudados por la atención en salud a población migrante, luego de varios años en los que no se habían auditado ni girado completamente estos dineros por parte del Ministerio de Salud.Así lo confirmó el secretario de Salud de Santander, Edwin Prada, quien explicó que al inicio de la actual administración encontraron rezagos significativos en la revisión de cuentas correspondientes a vigencias anteriores.“Durante las vigencias 2022 y 2023 no habían auditado las cuentas de migrantes correspondientes a parte de 2021 y todo el 2024. Además, no teníamos presupuesto en 2024 para hacer esas auditorías”, indicó el funcionario.Según Prada, fue solo hasta 2025, gracias a recursos asignados por la Gobernación de Santander, que se pudo adelantar el proceso de auditoría de estas cuentas, lo que permitió gestionar los pagos ante el Ministerio de Salud.Como resultado, al cierre del año anterior el departamento recibió $94.000 millones, a los que se suman otros $17.000 millones girados recientemente, para un total de $111.000 millones destinados a la red pública hospitalaria.Estos recursos, explicó el secretario, llegaron en un momento clave para las instituciones de salud del departamento, que han asumido la mayor carga en la atención de población migrante.Una de las entidades beneficiadas con estos giros fue el Hospital Universitario de Santander, que recibió cerca de $66.000 millones correspondientes a deudas acumuladas por la atención a migrantes.De acuerdo con el secretario, este desembolso permitió aliviar la situación financiera del hospital y garantizar la continuidad en la prestación de los servicios de salud a esta población.Prada recordó que, en muchos casos, las instituciones privadas no atienden a población migrante, por lo que la red pública ha asumido esta responsabilidad.El secretario de Salud aseguró que el departamento continuará con el proceso de auditoría de cuentas para gestionar ante el Ministerio de Salud el pago de los recursos que aún están pendientes. "Seguiremos auditando estos recursos para que el Ministerio nos ayude con los pagos a la red pública que todavía le deben”, puntualizó.
Una escena de contaminación extrema encendió las alarmas ambientales en el caño Pozo Siete, donde autoridades encontraron colchones, neveras, tablas, muebles viejos y toda clase de residuos sólidos arrojados al afluente. En medio de esa acumulación de desechos fueron detectadas tres babillas adultas que permanecían atrapadas en un entorno insalubre y riesgoso.La situación fue reportada por la comunidad del sector, que alertó sobre la presencia constante de los reptiles cerca de viviendas y zonas transitadas. Tras la inspección, la Secretaría de Ambiente y Transición Energética confirmó no solo el deterioro del ecosistema, sino también el peligro potencial tanto para la fauna como para los habitantes, especialmente niños.Como medida preventiva, las tres babillas serán reubicadas en la Ciénaga San Silvestre, un hábitat natural con mejores condiciones para la especie, en una operación que contará con el apoyo de la Policía Ambiental.El secretario de Ambiente, Leonardo Granados Cárdenas, calificó el panorama como preocupante. “Es lamentable ver tanta contaminación por falta de cultura ciudadana. Encontramos electrodomésticos, colchones, camas y basura que no deberían terminar en los humedales. Esto pone en riesgo la vida de los animales y también la seguridad de las personas”, señaló.El funcionario explicó que, aunque las babillas hacen parte del ecosistema local, el crecimiento de estos ejemplares y su permanencia en un caño contaminado podría generar incidentes con la comunidad. “Son animales grandes y pueden causar lesiones si se sienten amenazados. Por eso decidimos trasladarlas a un lugar más seguro y protegido”, agregó.Además del traslado de los reptiles, el caño Pozo Siete fue incluido dentro de un proyecto de limpieza y recuperación ambiental que busca retirar toneladas de residuos, mejorar la calidad del agua y prevenir problemas sanitarios en los barrios aledaños.La Alcaldía también hizo un llamado urgente a los habitantes de la parte alta del afluente para evitar arrojar basura y escombros. “Los caños no son basureros. Necesitamos conciencia ciudadana para proteger nuestros humedales y la biodiversidad”, insistió Granados.Las autoridades advirtieron que continuarán los operativos de inspección y no descartan sanciones para quienes sigan contaminando este cuerpo hídrico.
Una discusión entre varios hombres terminó en tragedia en el malecón de Girón durante la madrugada del domingo. Sobre la 1:00 a. m., una riña con armas blancas dejó un hombre muerto y tres personas heridas, en hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades.De acuerdo con versiones preliminares, un grupo de amigos se encontraba departiendo y consumiendo bebidas embriagantes a orillas del río de Oro, que atraviesa el municipio de sur a norte, cuando se produjo un reclamo porque uno de los presentes habría orinado cerca del afluente. El llamado de atención desató un cruce de palabras que fue subiendo de tono.Testigos indicaron que uno de los involucrados se retiró del lugar y regresó minutos después acompañado de otros hombres, quienes, presuntamente armados con cuchillos, sin mediar palabra, atacaron al grupo, generando pánico entre quienes transitaban por la zona turística.Cuatro personas resultaron lesionadas y fueron trasladadas de urgencia a centros asistenciales. Uno de ellos, un hombre de 41 años, falleció debido a la gravedad de las heridas, mientras que los otros tres permanecen bajo atención médica.Las autoridades lograron ubicar y capturar al presunto agresor, un hombre de 29 años, quien también presentaba una lesión en una extremidad. Tras ser valorado en un centro asistencial, fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de homicidio y lesiones personales.La Policía acordonó el sector, recopiló testimonios y revisa cámaras de seguridad. El malecón, frecuentado por familias y visitantes, registró momentos de caos mientras los presentes buscaban refugio.Las autoridades anunciaron mayor presencia policial en el área y reiteraron el llamado a la convivencia pacífica para evitar que hechos de intolerancia deriven en tragedias.
Un intento por evadir un control policial terminó con un menor de edad herido en el barrio Mutis, en Bucaramanga, luego de que un motociclista invadiera el andén y lo atropellara mientras huía de las autoridades.El hecho se registró en la calle 60 con carrera 8W, donde uniformados adelantaban operativos de registro y control. Según el reporte oficial, el conductor, de 22 años, aceleró al notar la presencia de la Policía y emprendió la fuga a alta velocidad.Durante la maniobra, perdió el control de la motocicleta, se subió al andén y arrolló al niño, quien caminaba acompañado de sus padres.El menor fue trasladado de inmediato a la Clínica Bucaramanga para valoración médica, mientras que el motociclista fue interceptado metros más adelante y capturado en flagrancia por el delito de lesiones personales. El vehículo quedó a disposición de la Secretaría de Tránsito.El coronel Emerson Carranza, oficial de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, rechazó la imprudencia del conductor y recordó que este tipo de conductas ponen en riesgo la vida de terceros.“Evadir los controles y conducir de manera irresponsable puede generar tragedias. Actuamos de inmediato para proteger a la comunidad y poner al responsable a disposición de la justicia”, señaló. El capturado fue dejado en manos de la Fiscalía, que definirá su situación judicial.Las autoridades reiteraron el llamado a respetar las normas de tránsito y a atender los requerimientos policiales para evitar hechos que comprometan la seguridad de peatones y conductores.Una situación similar ocurrió en Cabecera el pasado 1 de febrero, cuando un conductor borracho chocó tres veces y terminó dentro de un establecimiento comercial tras intentar evadir un retén de tránsito. Los establecimientos aún están esperando el pago de sus daños materiales.
La preocupación crece en varios municipios del sur de Santander ante la presunta presencia de grupos armados ilegales que estarían exigiendo pagos extorsivos, conocidos como “vacunas”, a ganaderos, comerciantes y habitantes de la provincia.Los reportes se concentran en zonas rurales de Encino, Coromoro, García Rovira y otras localidades cercanas, donde la comunidad ha denunciado intimidaciones y presiones económicas por parte de estructuras criminales.Ante este panorama, el Ejército y unidades del Gaula Militar reforzaron la presencia en el territorio con operativos de control, patrullajes y labores de inteligencia para contener cualquier intento de expansión de estos grupos.El secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, aseguró que se activó una intervención conjunta con la Policía Militar y que se solicitó acompañamiento directo al Ministerio de Defensa.“Con intervención de la Policía Militar hemos estado haciendo control en el territorio, articulados con las peticiones que se hicieron al ministro de Defensa, por lo que hemos venido adelantando acompañamiento y seguimiento a esta estructura del ELN”, explicó el funcionario.Las autoridades indicaron que, debido a la cercanía con Norte de Santander, se ha evidenciado mayor movilidad de grupos armados ilegales, entre ellos el Ejército de Liberación Nacional (ELN), organización que presuntamente se habría atribuido el homicidio de un ganadero en Coromoro, hecho que aumentó la zozobra en la región.Desde la Gobernación reiteraron que se intensificarán los operativos de control territorial y las acciones de inteligencia para proteger a la población y garantizar la seguridad de los productores rurales y comerciantes.Las autoridades también pidieron a la ciudadanía denunciar cualquier intento de extorsión o amenaza a través de las líneas del Gaula.
El candidato a la Cámara por Santander, Mauricio Martínez Triana, comenzó a cumplir una sanción de tres días de arresto luego de que un juez lo declarara en desacato por incumplir un fallo de tutela que le ordenaba eliminar publicaciones en redes sociales contra el también aspirante al Congreso, Luis Ferley Sierra, y abstenerse de repetirlas.La decisión fue emitida por el Juzgado 26 Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bucaramanga, que además impuso una multa equivalente a tres salarios mínimos mensuales legales vigentes. El despacho judicial determinó que Martínez no acató la orden previa del juez, por lo que procedía la sanción correctiva.A través de un video difundido en sus redes sociales, Martínez confirmó que ya se encuentra cumpliendo la medida. Señaló que respeta la decisión judicial, aunque aseguró que continuará defendiendo sus posiciones políticas. “Estoy dando la cara y cumpliendo lo ordenado por el juez”, manifestó.Por su parte, Luis Ferley Sierra indicó que acudió a la tutela para proteger sus derechos fundamentales al buen nombre y a la honra, argumentando que las publicaciones del hoy sancionado contenían señalamientos que, según él, afectaban su imagen pública. “Estas estrategias tratan de destruirnos mediáticamente y cómo en los puentes peatonales nos difaman me vi en la obligación de interponer la acción de tutela, en primera instancia nos negaron el derecho y en segunda instancia sí se nos protegió el derecho, y ante el incumplimiento de este personaje se da el arresto y vamos a interponer la denuncia penal”, expresó.El abogado Carlos Alfaro, quien ha estado al tanto del proceso, explicó que la sanción no constituye una condena penal ni genera antecedentes judiciales. “Es un desacato por incumplir una orden judicial y debe cumplir tres días en una inspección de Policía y luego queda en libertad”, precisó.Las autoridades señalaron que la medida se ejecuta en instalaciones administrativas y no en un centro carcelario.