La Contraloría General de Santander emitió el Informe Final tras la denuncia presentada por el medio independiente Metropolitano, en la que se advertían presuntas irregularidades en dos contratos de las vigencias 2023 y 2024 suscritos entre Juliana Guerrero y la Universidad Industrial de Santander para el apoyo al Sistema Nacional de Convivencia para la Vida.Los contratos hicieron parte de un convenio interadministrativo entre la Universidad Industrial de Santander (UIS) y el Ministerio del Interior, cuyo propósito era brindar apoyo técnico y operativo al programa nacional orientado a fortalecer la convivencia ciudadana y la prevención de conflictividades.Guerrero es cercana al presidente Gustavo Petro y vinculada al escándalo de la Fundación Universitaria San José por entregar títulos falsos.La actuación especial de fiscalización revisó la legalidad del proceso contractual, la ejecución de los contratos, los soportes y productos entregados y la supervisión ejercida por la entidad contratante.De acuerdo con la Contraloría también advierte que en la etapa precontractual la UIS no fue específica en las condiciones del perfil para el contrato.“Verificado el estudio de conveniencia y oportunidad, aportado por el ente de control "UIS" y publicado en la plataforma transaccional SECOPII, se evidenció que el mismo no definió de manera clara y precisa el perfil exigido para el contratista, particularmente en cuanto a los requisitos de formación, experiencia y competencias específicas. No obstante, en el contenido del estudio previo se afirma que la persona contratada cuenta con las conocimientos, habilidades y requisitos necesarios para la ejecución del objeto contractual, sin que dicha conclusión se encuentre debidamente sustentada en criterios objetivos previamente establecidos”.Y agrega el informe: “Esta situación limita la trazabilidad y la verificación objetiva del cumplimiento del principio de planeación, así como la debida motivación de la selección del contratista, aun tratándose de un proceso de contratación directa”.El informe sí estableció cinco hallazgos administrativos, 2 disciplinarios y 1 fiscal por valor de $2.000.000, relacionados con debilidades en la planeación contractual, falencias en la supervisión y seguimiento de las obligaciones y observaciones en los soportes documentales de ejecución.Estos hallazgos fueron trasladados a las instancias correspondientes para la adopción de planes de mejoramiento institucional.De acuerdo con el informe, las observaciones están dirigidas a los responsables de la supervisión contractual y a las dependencias encargadas del control del convenio interadministrativo dentro de la Universidad Industrial de Santander.
La Alcaldía de Bucaramanga anunció el fortalecimiento de los operativos de control en distintos sectores de la ciudad, especialmente contra las caravanas ilegales de motociclistas y en la zona de rumba de Cuadra Play, en la comuna 12.El alcalde Cristian Portilla reiteró que en la capital santandereana está prohibida la circulación de motocicletas entre las 12:00 de la medianoche y las 4:00 de la mañana, y aseguró que no se permitirá el desorden ni la alteración del orden público.Según el mandatario, el pasado jueves se realizaron más de 10 dispositivos de control en diferentes puntos de la ciudad, enfocados en evitar caravanas ilegales y conductas que pongan en riesgo la vida de los ciudadanos.“Cualquier ciudadano tiene derecho a transitar en Bucaramanga, pero también tiene el deber de respetar las normas de tránsito y no alterar el orden. No puede ser legal pasarse una norma de tránsito, ni conducir una motocicleta después de haber ingerido licor”, señaló el alcalde.Portilla explicó que estas caravanas generan altos niveles de ruido y múltiples quejas ciudadanas, especialmente en sectores residenciales. Además, advirtió que muchos de los casos se presentan en horarios nocturnos donde algunos conductores han consumido bebidas embriagantes.Frente a los recientes comportamientos registrados en Cuadra Play, reconocida zona de rumba de la ciudad, el alcalde anunció el incremento de la presencia policial y de los controles.“Que vuelva el respeto a nuestras autoridades y a los ciudadanos. No vamos a tolerar el desorden ni el irrespeto a las normas de tránsito ni a la Policía Nacional. Di la orden de aumentar las capacidades operativas en el sector, con el objetivo de evitar el caos”, afirmó.No obstante, señaló que el objetivo no es afectar la actividad económica ni los espacios de esparcimiento, sino garantizar que quienes asistan a compartir lo hagan de manera responsable. Para ello, aseguró que se adelanta un trabajo articulado con empresarios del sector, la comunidad y la Policía Nacional.
En la madrugada de este lunes, un accidente de tránsito tipo volcamiento ocurrido en el kilómetro 29+100 de la vía Puente Nacional – San Gil, en jurisdicción rural de San José de Pare (Boyacá), dejó dos personas fallecidas y cuatro más lesionadas, según el reporte oficial de las autoridades de Tránsito y Transporte.El siniestro, registrado en una curva de alto riesgo, involucró a un bus de servicio público afiliado a la empresa Copetran, de placas NTN 828, que cubría la ruta Bogotá- Cúcuta. El vehículo era conducido por Jhon Arnulfo Perico Durán, quien resultó ileso tras el incidente.Según las primeras versiones, el bus perdió el control al tomar una curva en condiciones adversas -probablemente por la presencia de lluvia o niebla, lo que podría haber reducido la visibilidad y la adherencia del vehículo-, provocando el volcamiento lateral hacia el costado izquierdo. Las autoridades investigan esta hipótesis como posible causa del accidente.Entre las víctimas fatales se encuentra Martha Isabel Canchila de Vargas, de 74 años, quien falleció en el Hospital de Santana tras presentar graves lesiones. La segunda fallecida fue una menor de 16 años, Gerly Analiz Acero Chique, de nacionalidad venezolana, quien perdió la vida en el lugar de los hechos.Los heridos fueron identificados como:Leonor Caballero, 57 años, con trauma cerrado de tórax, remitida al hospital de Moniquirá.Edilia Vela, 64 años, con trauma craneoencefálico moderado y fractura en el brazo izquierdo.Marta Inés Vargas, 53 años, con trauma craneoencefálico moderado, también remitida al hospital de Moniquirá.Nicol Dayanna Hernández, 23 años, con fractura en brazo izquierdo y trauma en la cadera.Los lesionados fueron atendidos inicialmente en el lugar por organismos de emergencia y posteriormente trasladados a centros asistenciales de la región para recibir atención especializada.La Policía Nacional y las autoridades de tránsito continúan con el levantamiento de información técnica para esclarecer las circunstancias exactas del accidente y verificar si factores como la velocidad, el estado de la vía o las condiciones climáticas influyeron en el desenlace fatal.
Las autoridades anunciaron el refuerzo de la seguridad en varios municipios del sur de Santander tras reportes sobre presencia esporádica de estructuras del ELN y el reciente asesinato de un ganadero en el municipio de Coromoro.El comandante de la Policía de Santander, coronel Néstor Arévalo, aseguró que se desplegarán todas las capacidades institucionales para garantizar la tranquilidad de la población, especialmente en el marco de la jornada electoral.Seguridad para elecciones en Santander“Van a haber tropas en absolutamente todos los puntos de votación que hay en el municipio de Coromoro. Nuestra Policía Nacional ha dispuesto capacidades desde San Gil, Charalá, Coromoro, San Joaquín, Ocamonte; todos los municipios que de alguna manera han estado y se están viendo afectados por una presencia esporádica de estructuras del ELN, estamos trabajando”, afirmó el oficial.La medida cobija, entre otros, a los municipios de San Gil, Charalá, San Joaquín y Ocamonte, donde se fortalecerán los dispositivos de control, patrullajes rurales y presencia en puntos estratégicos.El coronel Arévalo indicó que avanzan procesos investigativos para identificar y capturar a quienes estarían facilitando el ingreso o permanencia de integrantes del grupo armado en el territorio.“Hay procesos investigativos en curso con el único propósito de capturar a todas las personas que de alguna manera le están dando esa entrada a esta organización criminal en el territorio, a las redes de apoyo al terrorismo, y en eso estamos trabajando de manera articulada con el Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación”, agregó.Las autoridades señalaron que el trabajo se desarrolla de forma coordinada con el Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación, con el fin de garantizar la seguridad en la zona rural y urbana de estos municipios, así como esclarecer el homicidio del ganadero en Coromoro, hecho que ha generado preocupación entre los habitantes del sur del departamento.La Fuerza Pública reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier situación sospechosa y suministrar información que permita anticipar acciones de los grupos armados ilegales en la región.
Marcela Meléndez asumió esta semana como nueva directora de Fedesarrollo, convirtiéndose en la primera mujer en liderar el centro de pensamiento económico en más de cinco décadas de historia. En su primera entrevista para Mañanas Blu 10:30 tras asumir el cargo, Meléndez dejó clara una de sus principales preocupaciones: la seguridad como condición indispensable para el desarrollo.“Yo creo que no hay manera de que el país se ponga en una senda virtuosa de crecimiento y reducción de la pobreza y la desigualdad mientras no aborde el tema de seguridad con todas las ramificaciones que tiene”, afirmó.¿Qué relación tiene la seguridad y el crecimiento económico?Para la nueva directora, el problema de orden público no solo es un asunto de defensa o justicia, sino un obstáculo estructural para la economía. Explicó que la inseguridad impacta las finanzas públicas, la inversión privada y la productividad.Por un lado, señaló que los recursos destinados a atender la violencia se desvían de sectores clave como educación, salud e infraestructura. Por otro, advirtió sobre el efecto en las empresas: “El tema de seguridad le pega, no solo por los costos ineficientes que a veces hay que asumir para protegerse (…) sino también porque hay una incertidumbre muy grande sobre cómo se recupera la inversión que uno realiza”.Además, subrayó el impacto social de largo plazo. “Cuando tú has tenido tanta gente golpeada por la violencia y expuesta a un trauma violento, pues esas personas tienen un reto mayor que otras para engancharse en el mercado laboral”, explicó, advirtiendo que esto profundiza la desigualdad en un país ya marcado por brechas estructurales.Orden fiscal y reformas pendientesMeléndez también puso sobre la mesa los retos macroeconómicos inmediatos. Habló de la necesidad de “ordenar la casa desde lo macrofiscal” y de mantener niveles de deuda sostenibles. A su juicio, existe un desbalance entre ingresos y gastos que obligará al próximo gobierno a tomar decisiones difíciles.En esa línea, fue clara sobre el debate tributario: “Creo que no” es posible que el próximo presidente gobierne sin una reforma tributaria. Más allá de aumentar o reducir impuestos, planteó que el país debe revisar la complejidad del sistema y corregir distorsiones que afectan la actividad productiva.El salario mínimoEn cuanto al incremento del salario mínimo, señaló que en Colombia no funciona como un verdadero mínimo, pues cerca del 50 % de los trabajadores gana menos que ese valor. Alertó sobre los efectos colaterales de aumentos elevados, especialmente por la indexación del salario mínimo a pensiones, subsidios y vivienda de interés social.“Son grandes preguntas que hay que contestar alrededor de una decisión que no solamente es simbólica”, explicó, insistiendo en la necesidad de analizar las implicaciones fiscales y distributivas.Escuche la entrevista completa en el audio adjunto:
La Defensoría del Pueblo advirtió durante la socialización del informe de seguimiento a la Alerta Temprana electoral que lo que está en juego son las condiciones de libertad en las que se van a desarrollar las elecciones en varias regiones del país.La defensora del Pueblo, Iris Marín, aseguró que existe preocupación frente a la posible imposibilidad de instalar mesas de votación en algunos municipios. “Este riesgo puede ser marginal en términos de la mayoría del país”, afirmó.“El riesgo no es la cancelación de las votaciones, sino la consolidación de una democracia meramente formal en algunas regiones que ignora el silencio obligado de las comunidades ante la gobernanza de los grupos armados”, señaló.Según la Defensoría, han recibido información sobre el interés de los grupos armados ilegales en intervenir violentamente en estas elecciones.“Recibimos información sobre el interés de los grupos armados en intervenir violentamente en estas elecciones, imponiendo directrices y obligando a las comunidades a aceptar ciertas candidaturas, a veces candidaturas externas a las comunidades, pero funcionales a sus intereses económicos en las regiones”, advirtió Marín.Las alertas se concentran en departamentos como Cauca, Nariño, Valle del Cauca, Chocó, Antioquia, Norte de Santander, especialmente en el Catatumbo, Arauca, Meta, Bolívar, Magdalena, Putumayo y Caquetá.La Defensoría asegura que todos los grupos armados ilegales están incidiendo en los procesos electorales. “Tanto de criminalidad organizada, de una parte, pero también está, además del Clan del Golfo, está Conquistadores de la Sierra, están las disidencias de las Farc, desde las disidencias de Calarcá, las de Mordisco, la Segunda Marquetalia, el Frente 57, la Coordinadora Ejército Nacional Bolivariano, pero también el ELN y los Comuneros del Sur. La incidencia es distinta dependiendo de las regiones y tiene una naturaleza en rurales y urbanos, pero todos los grupos están incidiendo”.En departamentos como Córdoba y Antioquia, la Defensoría advirtió sobre el control hegemónico de baja visibilidad del Clan del Golfo. “El Clan del Golfo, por ejemplo, es el grupo armado con mayor presencia territorial en todo el país. Sin embargo, la violencia que ejercen contra la población, al ser principalmente hegemónica, no es tan vistosa en términos de violencia física. Hay un control de regulación de comportamientos que es más invisible y, por consiguiente, es más invisible el grado de falta de libertad que tienen las comunidades”, explicó la defensora.Uno de los focos más críticos son las Curules de Paz. Allí, según la Defensoría, existe un alto riesgo de elecciones válidas pero coaccionadas. “Se advierte un riesgo alto de elecciones formalmente válidas, pero sustantivamente coaccionadas, donde las víctimas enfrentan amenazas, vetos a candidaturas independientes y unificación forzada de listas por presión armada”, advirtió la defensora, quien además señaló que las mujeres enfrentan mayores barreras para adelantar actividades proselitistas y acceder a una curul.“Hay una debilidad crítica en el incumplimiento del Consejo Nacional Electoral en el desembolso oportuno de los anticipos para las campañas. Esto impide que las víctimas compitan en igualdad de condiciones y las expone a posibles cooptaciones de las economías ilegales”, alertó Marín.También existe preocupación por la situación de los firmantes de paz. El reciente traslado del ETCR de Caño Indio, en Tibú, hacia Cúcuta, podría impedir que varios firmantes ejerzan su derecho al voto. “Esto quiere decir que estos firmantes de paz no van a poder ejercer su derecho al voto debido al traslado”, indicó Marín, quien pidió a la Registraduría diseñar un mecanismo que garantice su participación.En el Catatumbo, además, alertaron sobre la instalación de minas en caminos hacia puestos de votación. “Hay zonas donde el camino hacia los puestos de votación está minado, entonces la gente no va a poder moverse hasta allá”, advirtió.Frente a la respuesta del Estado, la defensora afirma que “el gobierno o no respondió o respondió de manera incompleta. O sencillamente respondió diciendo estamos haciendo lo que igual ordinariamente están haciendo sin atender la priorización solicitada por la Defensoría del Pueblo”.Ante este panorama, la Defensoría hizo un llamado al Gobierno para revisar las situaciones críticas en los territorios más afectados y diseñar soluciones articuladas entre todas las instituciones del Estado.
Luego de una visita de inspección, las directivas de Metrolínea confirmaron que un total 15 buses alimentadores quedaron completamente incinerados y otros seis registraron afectaciones parciales tras el incendio ocurrido en el portal de Girón, que comprometió vehículos del antiguo operador Metro Cinco Plus.Así lo confirmó el gerente de Metrolínea, Emiro Castro, quien explicó que, según la información preliminar entregada por el CTI de la Fiscalía y el Cuerpo de Bomberos de Floridablanca, la conflagración habría sido provocada.“Estamos recibiendo información del CTI y la Fiscalía, así como del Cuerpo de Bomberos de Floridablanca, que hizo presencia anoche, y nos indican que fue un incendio provocado en un grupo de buses alimentadores”, señaló.Los vehículos afectados eran propiedad del antiguo operador del Sistema Integrado de Transporte Masivo, Metro Cinco Plus, y que actualmente se encuentran bajo posesión de la Superintendencia de Sociedades.De acuerdo con lo manifestado por Castro, una de las hipótesis iniciales apunta a que un grupo de habitantes en condición de calle estaría manipulando o produciendo algún tipo de sustancia al interior de uno de los buses, lo que habría desencadenado la emergencia.El gerente aclaró que el grupo de vehículos afectados estaba ubicado en la zona más alejada de la infraestructura del portal, por lo que no se registraron daños en las instalaciones físicas de la estación.Las autoridades avanzan en las investigaciones para establecer con precisión el origen del incendio y determinar posibles responsables.Por su parte, la liquidadora de Metro Cinco S.A., María Eugenia Balaguera Serrano, lamentó lo ocurrido y aseguró que los buses no contaban con seguridad desde octubre de 2025.“Ha sido vandalizado todo el tiempo. La Policía pasa y retira a las los retira momentáneamente, pero luego regresan”, afirmó.Según explicó, en la estación de Girón permanecen 57 buses, mientras que otros vehículos están ubicados en Bucaramanga y Piedecuesta. Indicó además que la empresa en liquidación no cuenta con recursos ni bienes para cubrir gastos como la vigilancia.Balaguera señaló que los automotores están pendientes de que se definan medidas cautelares para avanzar formalmente en el proceso de liquidación y evaluar su disposición final.“Muy seguramente se tendrán que vender como chatarra, porque es muy difícil la recuperación de los vehículos en el estado en que se encuentran”, puntualizó.
El Ejército adelanta las labores de búsqueda de tres soldados que fueron reportados como extraviados tras combates contra criminales de las disidencias de las Farc en el departamento del Guaviare. El hecho ocurrió en la vereda Caño Mosco, zona rural de San José del Guaviare, en medio de operaciones militares contra una estructura ilegal al servicio de alias ‘Calarcá’.Según información preliminar conocida tras la verificación en el área, los soldados se perdieron durante una maniobra táctica adelantada por tropas que enfrentaban a integrantes de la Estructura Isaías Carvajal. La situación encendió las alertas dentro de la institución, que activó de inmediato protocolos de búsqueda y localización.Para dar con su paradero, fueron desplegadas capacidades adicionales en la zona, incluyendo refuerzos terrestres, unidades de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 10, medios aéreos y personal especializado. El objetivo es establecer su ubicación, garantizar su integridad y lograr su pronta recuperación en medio de un terreno selvático complejo y con presencia de actores armados ilegales.El extravío se produjo en el contexto de intensos combates contra las disidencias que delinquen en esa región estratégica del país, donde persisten enfrentamientos recurrentes. En medio de esas acciones, también se reportaron militares heridos y un uniformado muerto. Mientras avanzan las operaciones, la institución mantiene comunicación permanente con las familias de los soldados desaparecidos, a quienes se les brinda acompañamiento y apoyo.
Una crisis de salud pública se vive este lunes 23 de febrero en San Pelayo, Córdoba, luego de que un grupo de casi 60 menores recibiera una donación por parte de unos profesores que decidieron realizar una entrega de alimentos a niños afectados por las recientes lluvias que ya dejan a más de 220.000 personas damnificadas en este departamento. Los alimentos fueron entregados durante una actividad realizada en la vereda El Diluvio, del corregimiento de La Madera, en la tarde del domingo. Como parte del menú fueron incluidos dos huevos cocidos, yuca cocida, queso y mantequilla. Sin embargo, al parecer durante el traslado, estos habrían sufrido alteraciones, lo que llevó a que más de 20 niños resultaran afectados tras su consumo. Al respecto, se está realizando un estudio para establecer una posible Enfermedad Diarreica Aguca, teniendo en cuenta que están presentando un cuadro gastrointestinal asociado a una posible intoxicación alimentación. "La comunidad dice que habría sido el queso, el causante de la intoxicación masiva. Son muchos niños, pero bueno no creemos que haya sido de mala fe", indicó Ivan Conde, un líder de la vereda. Pese a que los primeros 14 menores fueron llevados de urgencia el domingo por la noche, durante la mañana del lunes llegaron otros seis niños más, para un total de 20 menores atendidos. De estos, cuatro ya fueron dados de alta y 16 permanecen estables bajo atención médica.
En el casco urbano de Barbosa fue capturado Andrés Felipe Cubides López, de 18 años, requerido por orden judicial por delitos sexuales agravados. De acuerdo con la investigación, el joven habría aprovechado su cercanía con la familia de las víctimas para, mediante engaños y amenazas, someter a dos menores de edad que para, mediante engaños y amenazas, someter a dos menores de edad que para ese entonces tenían entre 9 y 10 años. Los hechos se habrían presentado de manera reiterada desde el año 2021.El caso fue conocido por las autoridades tras la denuncia realizada por las menores, luego de una actividad preventiva desarrollada por la Policía en su institución educativa.El coronel Néstor Rodrigo Arévalo, comandante de la Policía de Santander, afirmó que con esta captura “se envía un mensaje claro de cero tolerancia frente a los delitos que vulneran la integridad de nuestros niños, niñas y adolescentes”, e invitó a la ciudadanía a denunciar a través de la línea 123 o la línea 141 del ICBF.Los delitos por los que es investigado son: acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado y actos sexuales abusivos, en concurso homogéneo y sucesivo.En otro caso, fue capturado en el municipio de Vélez, un hombre de 26 años señalado por la comunidad de realizar actos obscenos en espacio público.Los hechos se registraron en el barrio Ricaurte, donde el capturado, se encontraba consumiendo bebidas embriagantes. Según la denuncia de la ciudadanía, el individuo habría incurrido en comportamientos impúdicos frente a una mujer, lo que generó el rechazo inmediato de los residentes del sector.Al notar la presencia de la Policía, intentó emprender la huida; sin embargo, fue capturado metros más adelante. El capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía por el delito de injuria por vías de hecho donde se adelantará su proceso de judicialización.
La Arquidiócesis de Socorro y San Gil confirmó que el papa León XIV nombró a monseñor Luis Augusto Campos Flórez como nuevo arzobispo de la Arquidiócesis de Bucaramanga, marcando así el inicio de una nueva etapa para la Iglesia Católica en la capital santandereana.Monseñor Campos se venía desempeñando desde 2020 como obispo de la Diócesis de Socorro y San Gil, jurisdicción eclesiástica en la que lideró diversos procesos pastorales y de acompañamiento a las comunidades parroquiales de la región.El nuevo arzobispo sucederá en esta misión episcopal a monseñor Ismael Rueda Sierra, quien en 2025 presentó su renuncia al Santo Padre al cumplir la edad establecida por el derecho canónico para el ejercicio de este cargo.De acuerdo con el comunicado oficial, la Iglesia en Bucaramanga confía este ministerio episcopal a un pastor con amplia experiencia en la formación sacerdotal y en el servicio pastoral, aspectos que serán clave en los desafíos actuales de la arquidiócesis.Con este nombramiento, la comunidad católica del área metropolitana inicia un nuevo ciclo bajo la guía de monseñor Campos, quien asumirá la responsabilidad de orientar espiritualmente a miles de fieles en uno de los territorios eclesiásticos más importantes del nororiente colombiano.
Las intensas lluvias que se registran en Santander volvieron a generar emergencias en varias zonas del departamento. En el municipio de San Joaquín, una creciente súbita de la quebrada La Leona, en la vereda Santa Clara, afectó la vía que comunica con Onzaga, poniendo en riesgo a las comunidades rurales y dificultando la movilidad en este corredor.De acuerdo con habitantes del sector, la problemática persiste desde hace varios años y, pese a las intervenciones realizadas por autoridades de gestión del riesgo y entidades estatales, las soluciones implementadas -principalmente canalizaciones- no han resistido los flujos de lodo ni las crecientes súbitas que se presentan con cada temporada invernal.La comunidad asegura que los millonarios recursos invertidos no han dado resultados duraderos y propone atacar la raíz del problema, que estaría en un movimiento en masa en la parte alta de la vereda. Plantean alternativas como la intervención con maquinaria para estabilizar el terreno o la siembra de pasto vetiver, una técnica de bioingeniería que ayudaría a fortalecer los suelos y mitigar futuros deslizamientos.Las lluvias no dieron tregua durante la madrugada de este lunes y provocaron emergencias en municipios como Landázuri, Puerto Parra y El Playón.El caso más crítico se presenta en la vía que comunica a Sucre con Jesús María, donde se mantiene cierre total en el sector Dos Caminos debido a un fenómeno de remoción en masa que cubrió la calzada con tierra y rocas.El director de la Oficina de Gestión del Riesgo, Eduard Sánchez, confirmó que las precipitaciones generaron deslizamientos y afectaciones en distintos puntos del departamento. “Durante la madrugada de este lunes se presentan fuertes lluvias en Landázuri, Puerto Parra y El Playón. Se registra cierre total de la vía entre Sucre y Jesús María, sector Dos Caminos, por fenómeno de remoción en masa”, indicó el funcionario.Este corredor rural ha sido históricamente complejo por su geografía montañosa. La vía atraviesa zonas de ladera con cortes de talud inestables, donde con frecuencia se desprende material que invade la carretera. En varios tramos el paso queda reducido a un solo carril, aumentando el riesgo de accidentes y retrasos.Además del impacto en la movilidad, los derrumbes afectan directamente la economía campesina. Por esta carretera se transportan diariamente productos lácteos y agrícolas desde veredas de La Belleza, Jesús María y Sucre, como leche, café, mora y lulo, que luego son comercializados en mercados regionales e incluso enviados a Bogotá.Las autoridades mantienen monitoreo en las zonas afectadas y no se descartan nuevos cierres, mientras las comunidades insisten en la necesidad de soluciones estructurales que reduzcan el riesgo ante una temporada invernal que, por ahora, continúa generando emergencias en Santander.
En una rápida reacción de la Policía Nacional fue capturado el presunto responsable del homicidio del cantante de música urbana Raúl Archila, ocurrido en el municipio de Málaga, Santander.El joven artista, considerado una promesa del rap en la provincia de García Rovira, fue atacado cuando se movilizaba en una motocicleta por el sector conocido como “La Casita del Pan”.Según informó el coronel Néstor Arévalo, comandante de la Policía de Santander, los uniformados reaccionaron tras escuchar varias detonaciones a escasas cuadras de donde realizaban labores de patrullaje.“Los policías escuchan disparos más o menos a dos cuadras. Inmediatamente la patrulla gira y avanza prácticamente en contravía. En ese momento observan a un sujeto que venía en motocicleta y que hace la misma maniobra, por lo que se inicia la persecución”, explicó el oficial.Durante la huida, el señalado accionó un arma de fuego contra los uniformados, quienes respondieron en uso legítimo de la fuerza. El hombre resultó herido.De acuerdo con el coronel Arévalo, en medio de la persecución el sospechoso lanzó el arma en inmediaciones del sector de la Normal de Málaga. Los policías verificaron el objeto y confirmaron que se trataba de un revólver calibre 38, el cual tenía vainillas percutidas.Posteriormente, el hombre ingresó a una vivienda intentando evadir a las autoridades. Sin embargo, otra patrulla que realizaba el cierre perimetral logró interceptarlo cuando intentaba salir por la parte posterior del inmueble.El capturado fue trasladado a un centro asistencial, donde permanece bajo custodia policial debido a la herida ocasionada durante el procedimiento.La víctima, Raúl Archila, perdió el control de la motocicleta tras recibir el impacto de bala y se desplomó en el sector de “La Casita del Pan”. Su muerte ha generado consternación entre familiares, amigos y seguidores, quienes lo describen como un joven talento en ascenso dentro de la escena urbana de la región.Las autoridades avanzan en el proceso de judicialización del capturado por el delito de homicidio y en la recolección de pruebas que permitan esclarecer los móviles del crimen.
La huelga anunciada por el sindicato Sintraelecol en ESSA no solo abrió un pulso laboral, sino un debate constitucional. Juristas y expertos del sector energético advierten que la protesta podría ser ilegal, debido a que la energía eléctrica está clasificada como servicio público esencial, categoría en la que el derecho a huelga está restringido por la ley.El artículo 56 de la Constitución y la Ley 142 de 1994 establecen que estos servicios no pueden interrumpirse, ya que de ellos dependen derechos fundamentales como la salud, la vida y la seguridad.La empresa presta energía a cerca de 958.000 usuarios en más de 100 municipios, incluyendo hospitales, acueductos, telecomunicaciones, centros penitenciarios y aeropuertos, lo que amplifica el impacto jurídico de cualquier suspensión.El exministro Amylkar Acosta alertó que una parálisis podría generar un “efecto dominó” en el Sistema Interconectado Nacional.De avanzar la huelga y afectar la operación, un juez laboral podría declararla ilegal. Esto abriría la puerta a sanciones como terminación de contratos de trabajadores participantes, pérdida de fuero sindical en determinados casos, responsabilidades disciplinarias o administrativas y posibles eventuales demandas por daños causados a terceros.El documento advierte que el sistema eléctrico no funciona por “servicios mínimos”, ya que generación, mantenimiento y despacho operan de forma continua. Por ello, cualquier interrupción podría traducirse en fallas en cascada, afectando hospitales, acueductos, telecomunicaciones y entidades de seguridad.Si un juez laboral declara la ilegalidad de la huelga, los trabajadores que participen podrían enfrentar terminación de contratos, pérdida de fuero sindical y responsabilidades disciplinarias o económicas por los daños causados.Para el sector, permitir una huelga en una empresa de energía sentaría un precedente complejo en materia constitucional, al poner en tensión el derecho a la protesta frente a la obligación del Estado de garantizar servicios esenciales.Más que un desacuerdo sindical, el caso podría convertirse en un precedente constitucional sobre los límites del derecho a la protesta en servicios esenciales.
La noche del sábado terminó en tragedia en Piedecuesta. Un joven de 25 años, identificado como Alexis Exneyder Céspedes Niño, fue asesinado cuando intentó recuperar el bolso que dos hombres le habían robado a su hermana en el barrio San Silvestre.El hecho ocurrió hacia las 11:15 p. m., en inmediaciones del establecimiento La Bebeta. Según testigos, Alexis compartía con su hermana y varios amigos cuando la joven se dio cuenta del hurto. Al salir a verificar, vieron a dos hombres caminando con el bolso y decidieron seguirlos para exigir su devolución.Al alcanzarlos, la confrontación escaló rápidamente. De acuerdo con la Policía, los presuntos ladrones sacaron armas blancas para intimidar al grupo. Uno de ellos atacó directamente a Alexis, quien recibió al menos cinco heridas con arma cortopunzante, incluida una lesión profunda en el cuello. El segundo agresor amenazó a los acompañantes para evitar que intervinieran.La víctima fue trasladada al Hospital Local de Piedecuesta, pero llegó sin signos vitales debido a la gravedad de las heridas.Tras el homicidio, unidades de Policía realizaron un operativo en la zona y, con apoyo de la comunidad, lograron capturar a los dos presuntos responsables, conocidos como ‘Raúl’ y ‘Estibenson’, de 30 y 33 años. Ambos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación.El CTI efectuó la inspección técnica, recopiló evidencias y revisó cámaras de seguridad del sector para fortalecer la investigación. Por ahora, las autoridades manejan como primera hipótesis una riña derivada de un acto de intolerancia.El cuerpo de Alexis fue trasladado a Medicina Legal en Bucaramanga. Su familia exige justicia y mayor presencia de la fuerza pública en esta zona afectada por hurtos y hechos de violencia.Con él ya son tres los jóvenes asesinados en este barrio en medio de fronteras invisibles por bandas delincuenciales en el sector en menos de 72 horas.
Un nuevo caso de acoso escolar en Bucaramanga genera indignación. La familia de un niño de 12 años denunció que su hijo lleva todo el año siendo víctima de agresiones físicas y psicológicas dentro de un colegio oficial, situación que habría sido ignorada por directivos y que terminó con el menor hospitalizado por un trauma cerebral.La madre del estudiante, Dora Liliana García Echeverry, relató que las agresiones empezaron desde comienzos del 2025, pero que las directivas del colegio minimizaron los hechos.“Desde principio de año empezó a ser objeto de agresiones. Yo puse la queja correspondiente al coordinador y me dijeron que eso no era agresión ni violencia, que solo era un juego”, explicó la madre.Según el testimonio, el pasado 7 de noviembre el niño tuvo que ser trasladado de urgencia a un centro médico tras presentar visión borrosa, mareo y vómito, luego de que un compañero le diera una patada en la espalda mientras otro menor le golpeaba la cabeza contra el piso, supuestamente en medio de “un juego”.El diagnóstico médico señaló una afectación en la zona cerebral, lo que obligó a hospitalizarlo durante la semana de recuperación académica. Debido a los episodios de violencia y a su estado de salud, el menor perdió el año escolar por el descenso en su rendimiento.Dora Liliana afirmó que el colegio solo convocó una mesa de trabajo en todo el año, en la que se comprometieron a evitar nuevas agresiones, pero nada cambió.“Fue mentira. Las agresiones se volvieron más frecuentes. No veo una respuesta que busque preservar la vida de mi hijo. La psicóloga del colegio me dijo que, según entendí, el culpable era él por no defenderse. Siento que son responsables de lo que le ha pasado”, añadió.La madre ya interpuso denuncias ante la Secretaría de Educación, la Personería, el Bienestar Familiar y la Fiscalía, buscando una respuesta efectiva.Ante la denuncia, la Secretaría de Educación de Bucaramanga confirmó que se conformó una mesa institucional para evaluar las acciones de prevención y verificar el cumplimiento de la ruta de convivencia escolar.La secretaria de Educación, Elsa Jeannethe Encinales Mora, aseguró que el caso está siendo atendido “estamos tomando acciones frente al caso de bullying. Hemos activado los protocolos de atención, reafirmando nuestro compromiso con promover entornos seguros para nuestros estudiantes”, afirmó.Según la madre, la única solución que el colegio le ofreció fue trasladar al estudiante a otra institución, pese a que la familia insiste en que el problema es la falta de control, prevención y sanción frente a las agresiones reiteradas.El caso genera preocupación entre los organismos de control y revive el debate sobre la eficacia de los protocolos de convivencia escolar en Bucaramanga.
En una operación conjunta entre el GAULA Élite de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, las autoridades capturaron en Cúcuta a Kenffersso Jhosue Sevilla Arteaga, conocido como alias 'Flypper', señalado como el segundo cabecilla del Tren de Aragua y mano derecha de alias 'Niño Guerrero'.El detenido fue notificado de una Circular Roja de INTERPOL por solicitud de Venezuela, país que lo requiere por delitos como terrorismo, financiamiento al terrorismo, tráfico de armas, extorsión, legitimación de capitales y asociación para delinquir.Las investigaciones establecen que 'Flypper' acompañó la fuga de 'Niño Guerrero' en 2023 y recorrió varios países de Sudamérica antes de ingresar a Colombia a inicios de 2024.Desde entonces operaba en Norte de Santander bajo la fachada de comerciante, mientras continuaba coordinando actividades criminales en Venezuela, incluyendo secuestros, extorsiones y homicidios.Las autoridades también determinaron que, en Colombia, el cabecilla articulaba extorsiones, homicidios y secuestros mediante alianzas bajo la modalidad de outsourcing criminal, fortaleciendo las finanzas del Tren de Aragua. Su actividad delictiva contaba con presencia en Venezuela, Perú, Ecuador, Chile, México, Estados Unidos y Colombia.De manera simultánea, en Medellín se ejecutó un allanamiento en el inmueble de su pareja sentimental, donde fueron incautados 10 celulares, un computador portátil y 50 documentos de escrituras a título valor, materiales que serán clave para el avance de la investigación.El GAULA reiteró su compromiso en la lucha contra el secuestro, la extorsión y el crimen transnacional y recordó a la ciudadanía la línea 165 bajo el lema: “Yo no pago, yo denuncio”.
La ESE Hospital Universitario de Santander (HUS) rechazó de manera categórica un grave episodio de violencia ocurrido en la mañana de este 16 de noviembre de 2025, cuando un paciente armado atacó a cuatro integrantes del equipo de seguridad, uno de ellos de gravedad.Según el reporte oficial, Juan Carlos Blanco Salazar, de 34 años, ingresó por sus propios medios al servicio de Urgencias, acompañado de su esposa, con múltiples heridas por arma cortopunzante y presuntamente en estado de embriaguez.El subgerente médico del HUS, José Orlando Quintero Correa, explicó la situación que puso en riesgo al pérsonal “alrededor de las 5:00 a.m. la persona ingresó solicitando los servicios de Urgencias porque presentaba heridas múltiples. Debía pasar a estudios clínicos y ser valorado por cirugía plástica, pero al ver que esto no sería atendido de inmediato se molestó y decidió retirarse. Al intentar razonar con él y explicarle la situación, en la salida tomó un cuchillo y agredió a los vigilantes”, indicó el directivo.En medio del intento del usuario por abandonar el hospital sin autorización médica, el hombre asumió una conducta violenta y atacó al personal de seguridad. Al llegar a la entrada de Consulta Externa, hirió con un arma cortopunzante al coordinador de seguridad, ocasionándole una lesión de gravedad.Otros tres guardias resultaron lesionados al intentar auxiliar a su compañero.Las autoridades del hospital informaron que todos los vigilantes se encuentran estables; sin embargo, uno permanece en cirugía recibiendo manejo especializado debido a la profundidad de la herida.El paciente agresor permanece bajo custodia de la Policía Nacional dentro del área de Urgencias, donde continúa recibiendo atención médica por las lesiones con las que llegó al centro asistencial.La ESE HUS reiteró su compromiso con la protección de la vida, la seguridad institucional y la atención humanizada, al tiempo que rechazó “de manera firme y contundente todo acto de violencia contra nuestros colaboradores”.
Las lluvias no dan tregua en Santander y durante la madrugada de este lunes se reportaron fuertes aguaceros en varios municipios del departamento, generando deslizamientos, afectaciones a viviendas y problemas de movilidad.El caso más crítico se registra en la carretera que comunica a Sucre con Jesús María, donde las autoridades confirmaron cierre total en el sector Dos Caminos por un fenómeno de remoción en masa que cubrió la calzada con tierra y rocas.El director de la Oficina de Gestión del Riesgo, Eduard Sánchez, entregó el balance preliminar: “Durante la madrugada de este lunes se presentan fuertes lluvias en Landázuri, Puerto Parra y El Playón, se registra cierre total de la vía entre Sucre y Jesús María, sector Dos Caminos, por fenómeno de remoción en masa".Se trata de un corredor rural históricamente complejo por su geografía montañosa. La vía atraviesa zonas de ladera con cortes de talud inestables, donde con frecuencia se desprende material que termina invadiendo la calzada. En varios tramos el paso se reduce a un solo carril, elevando el riesgo de accidentes y retrasos.Habitantes aseguran que cada aguacero empeora la situación. Además del peligro para quienes transitan, los derrumbes afectan directamente la economía campesina. Por este corredor salen diariamente productos lácteos y agrícolas desde veredas de los municipios de La Belleza, Jesús María y Sucre, como leche, café, mora, lulo y otros cultivos que luego son comercializados en mercados regionales y enviados incluso a Bogotá.El transporte pesado y los vehículos tipo turbo que movilizan la producción enfrentan serias dificultades, especialmente en sectores conocidos como Dos Caminos, El Casino, Peñas Blancas y la conexión hacia La Belleza, donde el barro, las piedras y los hundimientos ralentizan el tránsito.Según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, se mantienen condiciones húmedas y probabilidad de lluvias en amplias zonas del departamento, por lo que las autoridades mantienen monitoreo permanente ante el riesgo de nuevos deslizamientos en corredores rurales.En Barrancabermeja, los organismos de socorro atendieron más de 20 emergencias, principalmente en las comunas Siete y Tres y en el corregimiento El Centro. Tras el fuerte aguacero registrado en la madrugada del domingo, al menos 23 familias resultaron damnificadas, con pérdidas en viviendas y enseres.
En una operación adelantada en el municipio de Santa Rosa del Sur, la Policía Nacional capturó a alias ‘Mirla’, presunto jefe de finanzas de la estructura Luis José Solano Sepúlveda del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el sur de Bolívar y el Magdalena Medio.De acuerdo con el la Policía, el capturado era requerido por los delitos de secuestro extorsivo, tráfico de armas de fuego y concierto para delinquir.Según las investigaciones, alias ‘Mirla’ sería el responsable de coordinar ataques con artefactos explosivos contra la Fuerza Pública ocurridos en 2025 en Santa Rosa del Sur.En uno de los atentados murieron dos policías, mientras que en otro ataque fallecieron dos soldados y siete militares más resultaron heridos, hechos que generaron fuerte conmoción en la región.Las autoridades lo señalan como pieza clave en la planeación y financiación de estas acciones terroristas, así como en la dinamización de recursos ilícitos para fortalecer la capacidad logística de la estructura armada.La Policía indicó que el capturado tendría una trayectoria criminal de aproximadamente 13 años, consolidándose como uno de los principales responsables de sostener las finanzas ilegales del grupo armado en el sur de Bolívar.Además, es investigado por su presunta participación en el secuestro de un ganadero ocurrido en 2020, quien posteriormente fue rescatado por las autoridades.El coronel John Jairo Roa Buitrago, comandante del Departamento de Policía Magdalena Medio, señaló que este resultado “representa un avance significativo en la ofensiva contra el ELN”, al afectar de manera directa sus redes financieras y logísticas.Con esta captura, las autoridades buscan debilitar la capacidad operativa del grupo armado en el sur de Bolívar y el Magdalena Medio, en una región históricamente afectada por acciones violentas contra la Fuerza Pública y la población civil.
La Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco Santander, hizo un llamado urgente a las directivas de la Electrificadora de Santander (ESSA), del Grupo EPM, y a las organizaciones sindicales para que levanten la huelga por la afectación que podría provocar a la prestación del servicio de energía en el departamento.El pronunciamiento fue realizado por el director ejecutivo del gremio, Alejandro Almeyda, quien aseguró que el servicio de energía eléctrica es esencial no solo para la actividad económica, sino para la vida, la salud y la seguridad de la población.“Hoy el servicio de energía eléctrica es un servicio esencial, no solamente para preservar la seguridad y la salud, sino la vida de una gran cantidad de personas, hospitales y clínicas que dependen 100% de este suministro”, expresó.Fenalco recordó que ESSA presta el servicio en 102 municipios y atiende cerca de 958.344 usuarios en seis departamentos, entre ellos miles de comerciantes y empresarios que dependen del suministro continuo para desarrollar sus actividades.Según Almeyda, una eventual interrupción o afectación prolongada del servicio tendría efectos directos en sectores como el comercio, la industria, el turismo, la educación y la salud.“El derecho a la huelga es constitucional, pero también es importante considerar que se está afectando la tranquilidad y la vida de muchos consumidores”, señaló el dirigente gremial.Desde Fenalco Santander insistieron en la necesidad de alcanzar acuerdos responsables que garanticen la sostenibilidad financiera de la empresa y la estabilidad del servicio.El gremio subrayó que los trabajadores del Grupo EPM y de ESSA cuentan con condiciones salariales que, según indicaron, superan el 120% del salario mínimo y están por encima de la media del sector, por lo que reiteraron la invitación a retomar el diálogo y levantar la huelga.Finalmente, Fenalco manifestó su disposición de acompañar espacios de diálogo técnico que permitan proteger el interés general y la estabilidad económica de Santander.
Una preocupante racha de accidentes de tránsito que involucran motocicletas se registró en los últimos días en el departamento de Santander, dejando como saldo dos personas muertas y un hombre gravemente herido. En varios de los casos, los conductores implicados huyeron del lugar, lo que ha generado indignación y llamados de las autoridades para fortalecer los controles viales.El primer caso cobró la vida de Angie Juliana Arboleda, una joven de 23 años que falleció tras un siniestro ocurrido la mañana del pasado viernes en la autopista que comunica a Floridablanca con Piedecuesta, en el área metropolitana de Bucaramanga.El hecho se presentó hacia las 9:20 a.m., en cercanías al Estadio Álvaro Gómez Hurtado. De acuerdo con las autoridades de tránsito, la motocicleta en la que se movilizaba la joven, en calidad de parrillera, fue impactada por la parte trasera por un vehículo cuyo conductor habría huido del lugar.El choque provocó que los dos ocupantes fueran expulsados hacia la vía. Según las primeras investigaciones, Angie Juliana fue arrollada posteriormente por un tractocamión que transitaba por el sector. El conductor de la motocicleta resultó herido y es atendido por las autoridades competentes, mientras avanzan las indagaciones para identificar al responsable que se dio a la fuga.Un segundo hecho trágico se registró en la mañana de este domingo 22 de febrero en la vía que comunica a Nuevo Girón con Bahondo, específicamente en el sector conocido como la curva Los Cajones, en jurisdicción de Girón.En este punto, una mujer perdió la vida tras verse involucrada en un accidente cuando se desplazaba en motocicleta. De manera preliminar se conoció que otra persona resultó herida y recibió atención por parte de los organismos de emergencia que acudieron al sitio.Unidades de Tránsito realizaron el respectivo procedimiento y adelantaron las diligencias judiciales para esclarecer las circunstancias del siniestro.El tercer caso mantiene en vilo a una familia en el norte de Bucaramanga. Un hombre de 44 años se debate entre la vida y la muerte, luego de ser embestido por un vehículo que también huyó del lugar. El accidente ocurrió hacia las 7:00 de la noche del sábado 21 de febrero en el barrio Chapinero.Según la información preliminar, la víctima fue arrollada por un conductor que no se detuvo a prestar auxilio. El hombre fue trasladado de urgencia al Hospital Universitario de Santander, donde permanece bajo observación médica.Las autoridades reiteraron el llamado a los conductores para respetar las normas de tránsito, evitar el exceso de velocidad y no abandonar el lugar en caso de verse involucrados en un siniestro vial. Asimismo, invitaron a la ciudadanía a suministrar cualquier información que permita ubicar a los responsables que escaparon, mientras se refuerzan los operativos de control en distintos corredores viales del departamento.
El monumento del Clavijero, ubicado en el parque de Los Niños y el monumento de La Puerta del Sol, situado en la carrera 27 con calle 56, una emblemática obra del artista Ricardo Gómez Vanegas que desde 1986 da la bienvenida a quienes ingresan a la ciudad, fueron los dos monumentos, patrimonio de la ciudad, vandalizados.Según denunció la directora del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga, Nathalia Melissa Torres, los monumentos habían sido restaurados en 2025 por ese instituto con una inversión superior a los $150 millones con apoyo de la empresa privada, que se destinaron a la recuperación integral, incluyendo procesos técnicos especializados de conservación y restauración para proteger su valor histórico, arquitectónico y simbólico.“No solo se afectaron unos espacios físicos, se golpeó la memoria histórica y nuestra identidad cultural. Lo que ocurrió nos obliga ahora a aplicar primeros auxilios y adelantar nuevamente procesos de restauración, costos que no estaban contemplados y que, en última instancia, salen del bolsillo de todos los bumangueses”, señaló la directora de IMCT.La directora también hizo un llamado a la responsabilidad. “Esto para que entre todos cuidemos nuestros bienes de interés cultural y no permitamos que estos hechos se repitan. Desde el Instituto entablaremos todas las acciones legales correspondientes para dar con el paradero de los responsables”.La administración municipal anunció que activará los protocolos jurídicos y administrativos necesarios para identificar a los responsables y avanzar en los procesos sancionatorios correspondientes.“Estos actos no solo deterioran la estética urbana; desconocen la inversión pública, afectan la confianza institucional y envían un mensaje contrario al respeto por lo colectivo”, puntualizó la directora del IMCT, Nathalia Torres.
Después de varios meses de incertidumbre por los derrumbes registrados en la Unidad Funcional 8 (UF8) de la vía Bucaramanga – Barrancabermeja, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) confirmó que alcanzó un acuerdo con la interventoría y la concesionaria Ruta del Cacao para ejecutar la solución definitiva en el punto crítico ubicado entre el PR 100+590 y el PR 100+890.El tramo, afectado por un deslizamiento ocurrido el 1 de octubre de 2023 en el desmonte 7.2, ha sido uno de los principales obstáculos para cerrar completamente esta unidad del proyecto 4G Bucaramanga-Barrancabermeja-Yondó (BBY).El presidente de la ANI, Óscar Torres, explicó que el acuerdo fue posible tras la realización de más de 15 mesas de trabajo entre las partes, así como una auditoría adelantada por las vicepresidencias Jurídica, Ejecutiva y de Planeación, Riesgos y Entorno de la entidad, junto con la interventoría.El acuerdo establece la hoja de ruta para iniciar las actividades de preconstrucción, que incluyen estudios y diseños, y posteriormente avanzar hacia la construcción de la obra que estabilizará el talud y permitirá superar de manera definitiva la emergencia.Dentro de los compromisos pactados también se fijó un nuevo período especial en el marco del Evento Eximente de Responsabilidad otorgado por el panel de Amigable Componedor, lo que dará margen para culminar la Unidad Funcional 8 y formalizar su entrega.El deslizamiento ocurrido en octubre de 2023 comprometió aproximadamente 400 metros de vía en el sector PR 42, unidad funcional 8, lo que desde entonces ha impedido la puesta en funcionamiento de 4 kilómetros de doble calzada construida entre el intercambiador de Portugal y el cruce en Lisboa.Actualmente, el corredor vial registra un avance del 98,15%. Sin embargo, la imposibilidad de concluir este punto específico había impedido declarar la terminación total de la obra.