Los fabricantes de calzado y productores de cuero en Ecuador encendieron las alarmas tras la decisión de ese país de elevar al 50 % los aranceles para productos provenientes de Colombia, una medida que impacta directamente a la industria santandereana, que destina cerca del 25 % de sus exportaciones a ese mercado.Empresarios del sector advierten que la nueva tarifa encarece los productos, reduce la competitividad frente a fabricantes asiáticos y brasileños, y pone en riesgo miles de empleos formales, especialmente en Bucaramanga, donde el calzado es uno de los principales motores económicos.Laura Castro, empresaria del sector, explicó que la situación ya se está sintiendo en las fábricas: “Las afectaciones que tenemos es que se reducen las ventas internacionales, baja la producción y se pone en riesgo el empleo formal, ecuador es un aliado estratégico por cercanía logística y cultural, con estos aranceles quedamos en desventaja frente a países como China, Brasil e Indonesia, que también exportan calzado a ese mercado”, señaló.Según la empresaria, la caída podría ser drástica: las exportaciones pasarían de operar al 100 % a apenas un 30 %, lo que afectaría directamente la estabilidad de las plantas de producción.“Cada fábrica tiene al menos seis trabajadores por proceso, son seis familias afectadas por empresa. Ahora imagine cuántas fábricas del gremio están en las mismas circunstancias”, agregó.El sector espera que el Gobierno Nacional gestione una salida diplomática con Ecuador para evitar mayores pérdidas, ya que la medida no solo encarece el precio final del zapato, sino que frena el crecimiento empresarial y la generación de empleo.Los industriales advierten que, de mantenerse la restricción, podría generarse cierre de plantas, reducción de turnos y pérdida de mercados internacionales, en medio de un panorama económico que ya consideran complejo para la manufactura nacional.
Lo que comenzó como una serie de clips espontáneos grabados con un celular en el asilo San Rafael, ubicado en el norte de Bucaramanga, hoy se ha convertido en una auténtica sensación en redes sociales. Un grupo de adultos mayores, muchos de ellos residentes del hogar, ha conquistado los corazones de miles de internautas con sus divertidos bailes al ritmo de reguetón, acumulando millones de reproducciones y una legión de seguidores en plataformas como TikTok e Instagram.Los videos muestran a los abuelos y abuelas participando con entusiasmo en tendencias de baile, coreografías sencillas y movimientos alegres acompañados por ritmos urbanos populares. Más allá de la música, lo que más ha cautivado a los usuarios es la espontaneidad, la alegría y el carisma con que los adultos mayores enfrentan cada grabación, desafiando estereotipos sobre la vejez en el mundo digital.La respuesta en redes ha sido tan contundente que incluso algunos de estos clips han viajado más allá de fronteras regionales: el reconocido cantante de reguetón Wisin compartió uno de los bailes del grupo, destacando el alcance y la simpatía de los videos. Este gesto del artista urbano impulsó aún más la visibilidad de la iniciativa y generó cientos de comentarios de seguidores de diferentes países.Para los responsables del asilo, el auge viral no solo ha sido motivo de orgullo sino también una herramienta de impacto social. Gracias a la exposición en internet, la comunidad digital ha convertido cada “like” y cada comentario en gestos concretos de apoyo: desde donaciones de insumos básicos hasta visitas y padrinazgos que fortalecen los programas de bienestar del hogar.Entre los personajes más queridos por el público está Jaime Muñoz, un adulto mayor de 85 años cuyo carisma y sonrisa han convertido sus apariciones en verdaderos íconos del canal. Sus videos, acompañados de comentarios alentadores, buscan romper barreras generacionales y recordar que el ritmo, la alegría y la creatividad no tienen edad.La historia del asilo San Rafael demuestra que, en la era digital, la viralidad puede convertirse en una herramienta poderosa para la inclusión social y el fortalecimiento de lazos comunitarios. Y para estos abuelos y abuelas, cada paso de baile es mucho más que un trend: es una celebración de vida, energía y dignidad que trasciende generaciones.
Con cuchillos y machetes en su poder fueron sorprendidos varios motociclistas durante los operativos adelantados por la Alcaldía y las autoridades de tránsito en Bucaramanga para frenar las caravanas y piques ilegales que, según denuncias ciudadanas, vienen generando ruido e inseguridad en distintos sectores de la ciudad.El alcalde Cristian Fernando Portilla reveló que, además de las armas blancas, dos personas fueron capturadas por tráfico de estupefacientes, luego de ser sorprendidas con sustancias psicoactivas durante los controles realizados en la noche del jueves 26 de febrero. En total, más de 74 motocicletas fueron inmovilizadas.“Anoche tuvimos resultados muy importantes, más de 74 motocicletas inmovilizadas y la captura de dos personas por tráfico de estupefacientes. También encontramos personas que llevaban armas blancas, machetes y cuchillos. Yo me pregunto, a altas horas de la noche en una motocicleta, ¿para qué se utiliza un cuchillo o un machete?”, cuestionó el mandatario.Desde hace varios meses, especialmente los días jueves, se vienen registrando caravanas y piques ilegales que recorren diferentes puntos de la capital santandereana, muchas veces con exostos modificados que generan altos niveles de ruido y alteran la tranquilidad de los ciudadanos.Frente a esta situación, la administración municipal articuló un dispositivo con más de 12 puestos de control en coordinación con la Policía Metropolitana y el Ejército, con el objetivo de frenar estas prácticas y recuperar el orden en las vías.“Todo ciudadano tiene derecho a transitar en Bucaramanga a cualquier hora, pero respetando las normas de tránsito, al peatón y el descanso de las personas, del adulto mayor y del enfermo. Lo que no podemos permitir es que se rompa la tranquilidad con caravanas ilegales y poniendo en riesgo a quienes transitan por la ciudad”, afirmó Portilla.El mandatario fue enfático en que los operativos continuarán y que no habrá tolerancia frente a conductas que afecten la seguridad y la convivencia. “Si siguen haciendo caravanas y generando ruido, tenemos que entrar con nuestra fuerza pública para poner orden. No vamos a parar”, concluyó.
A ocho días del inicio de la huelga en la Electrificadora de Santander, filial del Grupo EPM, el sindicato de trabajadores denunció la suspensión unilateral de más de 250 contratos de empleados que participan en el cese de actividades.De acuerdo con el sindicato Sintraelecol, las cancelaciones se habrían realizado sin previo acuerdo y afectarían principalmente a personas próximas a pensionarse y a mujeres cabeza de familia, lo que -según advierten- incrementa el impacto social del conflicto laboral.Juan Carlos Terán, presidente de Sintraelecol Bucaramanga, señaló que estas decisiones elevan la tensión en medio de una huelga que, hasta el momento, no ha logrado avances en la mesa de negociación. Los trabajadores sostienen que el paro se originó por desacuerdos relacionados con estabilidad laboral, condiciones contractuales y garantías para el ejercicio sindical.El sindicato también manifestó su preocupación por la programación de mantenimientos preventivos que, según afirman, podrían derivar en suspensiones del servicio de energía en distintos sectores del departamento.Aseguran que esta medida contraviene lo pactado en mesas técnicas con los ministerios de Minas y Trabajo, donde -según indican- se acordó garantizar la prestación continua del servicio esencial y realizar únicamente mantenimientos correctivos durante la huelga.Pese al conflicto, los voceros sindicales aclararon que el suministro de energía no se ha interrumpido y que los servicios esenciales continúan operando con normalidad.Ante la situación, solicitaron la intervención y vigilancia de la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación, con el fin de verificar el cumplimiento de los acuerdos y proteger tanto los derechos laborales como el acceso de la ciudadanía a un servicio público esencial.En medio de la controversia, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, hizo un llamado a las partes para que cedan en sus posiciones y permitan una salida negociada.El jefe de la cartera energética incluso planteó la posibilidad de acudir a un tribunal de arbitramento como mecanismo institucional para resolver el conflicto si no se alcanza un acuerdo directo.
Según el secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero, en el 2026 la capital fue testigo de 1.761 manifestaciones, que según estas cifras hubo un incremento del 20 % frente al 2024. Números que se revelan después de que la concejal Heidy Sánchez asegurará que efectivamente el distrito plantea la posibilidad de cambiar los protocolos que están estipulados en el decreto 053 del 2023 en el marco de las protestas y bloqueos. Según la cabildantes, esta respuesta se dio por un derecho de petición radicado al Distrito.“¿Se plantea, por parte de la administración distrital, agún cambio en el protocolo contenido en el decreto 052 de 2023? A lo que el distrito respondió: “Esta dirección se encuentra adelantando un análisis de cáracter telecinco y jurídico"", menciona el documento.Y es que, según los explicado por la administración del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, la principal razón con este cambio es salvaguardar la integridad de quienes no participan en las manifestaciones y protestas, proteger vias y lugares importantes como el aeropuerto, edificios administarivos y hasta el TransMilenio, que ha sido victima de vandalizaciones en medio de las alteraciones de orden público.Sin embargo, esto ha generado algunas reacciones. Precisamente la concejal Heidy Sánchez aseguró que en vez de cambiar estos protocolos que, según afirma, “activa inmediatamente la represión”, hay que activar más canales de diálogo.“Quieren que el TransMilenio sea intocable y que, cuando alguien ose bloquearlo, se anulen sus derechos y se active inmediatamente la represión violenta por parte de la Policía. En vez de entender por qué la gente protesta más, en vez de robustecer los canales de diálogo, para que los gestores ayuden a generar puentes con las autoridades competentes y no se limiten a pedirle a los manifestantes que se retiren de la vía, lo que hace esta administración es agudizar la represión", concluyó la concejal.Entretanto, hay quienes defienden la iniciativa del Gobierno distrital. El concejal Juan David Quintero aseguró que es de carácter urgente blindar TransMilenio en medio de los bloqueos ya que “defender los derechos es de carácter fundamental”.“Bloquear TransMilenio impide que la gente llegue a las clases, a la cita médica, al trabajo… Acciones que concretan derechos fundamentales. Que algunos pocos, busquen defender sus ideas políticas violando derechos fundamentales no es admisible en nuestra democracia. No más bloqueos a TransMilenio. El derecho a la protesta no puede seguir anulando los derechos de los usuarios del sistema", escribió.Asimismo, la respuesta de la Secretaría de Gobierno de Bogotá es que este proyecto busca blindar a las persianas que se ven afectadas por los bloqueos en la ciudad, es decir, pacientes, trabajadores que van de regreso a casa o simplemente de quien no participa en las protesta.“Consideramos desmedido el bloqueo deliberado, incluso a veces el ataque violento, contra el transporte público en horas pico y en troncales, afectando millones de personas que van a estudiar, trabajar o a una cita médica. Los derechos de todos y todas importan”, concluyó el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero.
Con el objetivo de garantizar una jornada transparente, segura y en paz, la Procuraduría General de la Nación anunció un amplio dispositivo de acompañamiento para las elecciones del próximo 8 de marzo en el departamento de Santander.La procuradora regional de instrucción de Santander, Magda Buendía, aseguró que, a la fecha, no se tiene identificado ningún riesgo electoral en el territorio, gracias al trabajo preventivo que se ha venido adelantando de manera articulada con las diferentes autoridades.La estrategia hace parte de una iniciativa liderada por el procurador general, Gregorio Eljach, denominada “paz electoral”, que busca promover elecciones transparentes, seguras y respetuosas de los resultados.El lanzamiento de la campaña en Santander se realizó en la Universidad Industrial de Santander (UIS), con la participación de funcionarios de la Procuraduría, quienes invitaron a la comunidad estudiantil a convertirse en multiplicadores del mensaje democrático.“La campaña es una iniciativa del señor procurador Gregorio Eljach para que las elecciones se realicen de una manera transparente, segura. La estrategia se llama Paz Electoral y en ella están la Registraduría y la Contraloría. La idea es que las elecciones se desarrollen de manera consciente, oportuna y libre, que se respeten los resultados”, expresó Buendía.Frente al panorama para la jornada del 8 de marzo, la procuradora regional fue enfática en señalar que no existen alertas de riesgo en el departamento.“Hasta el momento no tenemos un riesgo. Hemos trabajado para ello. En cada puesto de votación va a haber seguridad de Policía y Ejército. De igual manera, en cada punto va a estar el Ministerio Público en las mesas de justicia, unidos con la Contraloría, la Defensoría del Pueblo y las personerías”, indicó.La articulación institucional incluye la presencia de organismos de control y autoridades de seguridad en todos los puestos de votación, con el fin de prevenir irregularidades y atender de manera inmediata cualquier eventualidad.Como parte del dispositivo especial, la Procuraduría dispuso la conformación de un grupo élite que recorrerá los distintos puntos y puestos de votación durante la jornada electoral.“Se han dispuesto funcionarios y también unos grupos élites para estar revisando las elecciones. El grupo élite va a pasar revista por todos los puntos y puestos de votación y, si se presenta alguna situación que amerite la presencia de la Procuraduría Regional o de alguno de los procuradores provinciales, vamos a estar ahí tratando de solucionar en tiempo las situaciones que se puedan presentar”, explicó la procuradora.En el área metropolitana de Bucaramanga se contará con aproximadamente 120 funcionarios de la entidad, además de procuradores judiciales que acompañarán los escrutinios en cada una de las comisiones.“Tenemos todo dispuesto. Hay un compromiso de todos los funcionarios de la Procuraduría General de la Nación frente a esta campaña de Paz Electoral”, puntualizó Buendía.Con este despliegue institucional, las autoridades buscan garantizar que la jornada electoral del 8 de marzo en Santander se desarrolle con normalidad.
Las autoridades en Manizales capturaron al exalcalde de Filadelfia y actual subgerente de Inficaldas, William Jairo Noreña Vázquez, de 50 años, por un hecho violento ocurrido al interior de una residencia-hotel ubicada en inmediaciones de la Plaza de Bolívar, establecimiento donde, según versiones conocidas, prestan servicios trabajadoras sexuales y mujeres transgénero.De acuerdo con el informe de la Policía, una llamada a la línea de emergencias alertó sobre la situación. Al llegar al lugar, las patrullas encontraron a dos personas lesionadas y procedieron a la captura en flagrancia del dirigente político.El reporte oficial indica que, según las versiones recopiladas en el sitio, el exmandatario habría accionado un arma de fuego contra las dos personas. Una resultó herida en un glúteo y la otra en una pierna y en el abdomen.Durante el procedimiento fue incautada una pistola con cinco municiones. La Policía precisó que el arma contaba con permiso de porte vigente, aunque actualmente rige suspensión general de estos permisos por la temporada electoral.En la plazoleta del comando ubicado en el barrio Linares, la institución presentó oficialmente al capturado, realizó la reseña y el registro fotográfico como parte del protocolo judicial.Le puede interesar: Capturan en Caldas, Antioquia, a hombre buscado por Interpol mediante circular azulEl detenido deberá comparecer en audiencias concentradas ante un juez de control de garantías, quien definirá la legalidad de la captura, la eventual imputación de cargos y si procede o no una medida de aseguramiento.Las autoridades no entregaron mayores detalles sobre el curso de la investigación. No obstante, este medio conoció que el caso podría estar relacionado con un presunto intento de hurto, escenario en el que el exalcalde habría utilizado su arma en lo que considera defensa propia. Además, en un video que circula en redes sociales y que, al parecer, fue grabado por el propio implicado, se escucha mencionar que habría accionado el arma porque intentaban despojarlo de dinero en efectivo y presuntamente lo habrían amenazado con un arma blanca.Por ahora, el capturado mantiene la presunción de inocencia mientras avanza el proceso judicial.
El Ministerio de Defensa anunció una recompensa de 50 millones por información de los responsables del ataque con dron a una familia en Segovia y 20 millones por quien operaba este artefacto. Las autoridades aún intentan determinar qué grupo armado está detrás de esta acción criminal.A la indignación que se registra en Antioquia por el asesinato de una madre y sus dos hijos, tras el ataque con dron con explosivos a su vivienda en la vereda Jaguas del municipio de Segovia, se sumó en las últimas horas el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.Tras cuestionar lo sucedido, el jefe de cartera de Defensa anunció una recompensa de hasta 20 millones de pesos para quien brinde información efectiva sobre el operador del dron que lanzó el explosivo y hasta 50 millones de pesos por cada uno de los cabecillas de la estructura terrorista que estaría detrás de lo sucedido.Sánchez anunció que estas muertes, que calificó como infames, no quedarán en la impunidad, por lo que las capacidades de la Fuerza Pública han sido desplegadas en esa zona del nordeste del departamento para localizar y neutralizar a los criminales que perpetraron este hecho.El ministro calificó el hecho como un acto de terrorismo y cobardía, cuestionando cómo se puede describir a quienes asesinan de forma cruel a una madre y sus hijos y utilizan explosivos de manera indiscriminada contra personas inocentes. Señaló que estas acciones destruyen familias campesinas y dejan a comunidades enteras marcadas por la violencia, obligándolas a vivir con la ausencia permanente de sus seres queridos, víctimas de estructuras criminales que actúan sin ningún respeto por la vida.Si bien una de las hipótesis que mayor relevancia cobra es que el Frente 4 de las disidencias estarían detrás de la situación que enluta al departamento de Antioquia, las autoridades indicaron que es materia de investigación teniendo en cuenta la “alianza criminal” que tiene este grupo guerrillero con el ELN contra el Clan del Golfo. El secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Martínez, indicó que el hecho amerita una atención prioritaria por parte del Gobierno nacional.Vale la pena recordar que, por estos hechos, perdieron la vida María Cecilia Silva Silva, Yalusan Cano Silva y Alonso de Jesús Silva, a la par que quedó herido Carlos Arcaes Silva, de 50 años, quien se recupera en el Hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín por la gravedad de sus heridas.
El alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, anunció oficialmente la habilitación de nuevas rutas aéreas comerciales desde el Aeropuerto Internacional Palonegro, como parte de la estrategia para fortalecer la conectividad de la ciudad y su área metropolitana.De acuerdo con la administración municipal, la apertura de nuevas frecuencias y destinos nacionales es el resultado de un trabajo articulado entre la Alcaldía, aerolíneas comerciales y autoridades aeronáuticas. Con esta ampliación, se espera un mayor número de vuelos semanales, mejores horarios de conexión y una reducción en los tiempos de desplazamiento para los pasajeros.La alcaldía destacó que el incremento en la oferta de sillas también permitirá una mayor competitividad en tarifas, favoreciendo tanto a viajeros frecuentes como al sector empresarial y turístico.En el marco de la Vitrina Turística de Anato, la aerolínea de bajo costo JetSMART anunció que a partir del 4 de junio de 2026 comenzará a operar nuevas frecuencias en la ruta Bogotá–Bucaramanga, ampliando la oferta aérea entre la capital del país y la capital santandereana.Según lo informado, la compañía operará 14 vuelos semanales entre Bogotá y Bucaramanga y 10 vuelos entre Bogotá y Cúcuta, lo que incrementará el número de sillas disponibles y generará mayor competencia en el mercado doméstico. Los tiquetes estarán disponibles con tarifas desde $84.500 por trayecto, impuestos incluidos, bajo el modelo de bajo costo.
Ante el incremento inusual de casos de Infección Respiratoria Aguda (IRA) asociados a influenza, la Alcaldía de Vélezactivó un plan de contingencia y emitió lineamientos preventivos dirigidos a instituciones educativas, padres de familia y comunidad en general.La decisión se tomó luego de que, a través del Sistema de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA), se confirmara un aumento significativo de casos que configura un brote en el municipio.La influenza hace parte de las infecciones respiratorias agudas (IRA), enfermedades que afectan las vías respiratorias, desde la nariz y la garganta hasta los pulmones, y que se transmiten con facilidad por gotas de saliva al hablar, toser o estornudar, así como por contacto con superficies contaminadas.Como primera acción, la administración municipal ordenó fortalecer los protocolos en todas las instituciones educativas públicas y privadas.Entre las principales medidas adoptadas están: activación de los planes institucionales de contingencia frente a infecciones respiratorias, intensificación de la limpieza y desinfección diaria en aulas, baños, pasamanos, escritorios y superficies de contacto frecuente, garantía permanente de agua potable, jabón y alcohol glicerinado, jornadas pedagógicas sobre lavado correcto de manos, higiene respiratoria y prevención del contagio.Además, los colegios deberán notificar a los padres cuando un estudiante presente síntomas respiratorios, solicitar que no se envíe a clases a menores con gripa y reportar a la Secretaría de Salud cualquier aumento inusual en el ausentismo escolar por causas respiratorias.Las autoridades también dejaron abierta la posibilidad de implementar medidas transitorias adicionales, dependiendo del comportamiento epidemiológico en los próximos días.La estrategia no se limita a las aulas. La Alcaldía hizo un llamado a padres, madres y cuidadores para reforzar la prevención desde casa.Asimismo, se insiste en completar los esquemas de vacunación, especialmente contra la influenza, en población priorizada como niños entre 6 y 23 meses, gestantes, adultos mayores de 60 años, personas con enfermedades crónicas, talento humano en salud y grupos étnicos priorizados.Las autoridades de salud advirtieron que no se debe recurrir a la automedicación y que, ante signos de alarma, se debe acudir de inmediato a un centro asistencial.El trabajo articulado, señaló la administración municipal, permitirá reducir la transmisión del virus, evitar complicaciones y proteger especialmente a la población infantil mientras se mantiene el seguimiento epidemiológico permanente en el municipio.
Un nuevo caso de intoxicación por medicamentos encendió las alarmas en San Gil, luego de que tres estudiantes de grado séptimo, con edades entre los 13 y 14 años, ingresaran este miércoles al servicio de urgencias del Hospital Regional de San Gil tras consumir clonazepam dentro de su institución educativa.Según versiones de familiares, las menores habrían llevado el medicamento al plantel y lo ingirieron durante la jornada académica. Una de las madres denunció que, en el caso de su hija, la pastilla habría sido mezclada en una bebida sin que la adolescente se percatara. La situación fue reportada de inmediato a las directivas del colegio y una de las estudiantes se desmayó a causa de los efectos del fármaco.Las jóvenes permanecieron hospitalizadas durante todo el miércoles y continúan bajo observación médica, debido a los síntomas presentados, entre ellos somnolencia, mareo y pérdida de conocimiento en uno de los casos.Este nuevo episodio ocurre apenas una semana después de que otras cinco estudiantes resultaran intoxicadas con el mismo medicamento en la misma institución, lo que ha generado preocupación entre padres de familia y autoridades locales.Las investigaciones son adelantadas por la Seccional de Investigación Criminal (Sijin), en articulación con autoridades de salud y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, con el fin de establecer cómo las adolescentes accedieron nuevamente al fármaco y si existe una red de distribución en entornos escolares.De manera paralela, se analiza la posible relación de estos hechos con el denominado “Reto Clonazepam”, una práctica que circula en redes sociales y que consiste en ingerir el medicamento para comprobar quién logra mantenerse despierto por más tiempo. En distintas regiones del país se han reportado casos similares de adolescentes que han requerido atención médica por síntomas como confusión, vértigo y estado de obnubilación.Especialistas advierten que el clonazepam pertenece al grupo de las benzodiacepinas y tiene un alto potencial de generar dependencia, además de riesgos asociados como sobredosis, combinación con otras sustancias y posibles secuelas a largo plazo.Las autoridades reiteraron el llamado a padres, docentes y estudiantes a fortalecer los controles, promover el diálogo y denunciar cualquier intento de comercialización de medicamentos o sustancias en los alrededores de los colegios. Entretanto, continúan las acciones judiciales contra personas que estarían suministrando este tipo de fármacos a menores de edad en el municipio.
En zonas rurales y escuelas apartadas de Santander, Norte de Santander, Cesar y Boyacá, más de 82.200 niños, niñas y adolescentes hoy ocupan su tiempo en la música, el arte y la creación, en lugar de estar expuestos al riesgo de ser reclutados por grupos ilegales al margen de la ley.Se trata del programa Artes para la Paz, una estrategia de alcance nacional que en estos departamentos es operada por la Universidad Industrial de Santander (UIS) y que llega a 449 instituciones educativas, especialmente en sectores rurales y territorios con dinámicas sociales complejas.En total, cerca de 800 personas, entre líderes, formadores y equipos de apoyo, hacen parte de esta iniciativa que ha convertido el tiempo escolar en una oportunidad para transformar realidades.Leonardo Fabio Olarte, gestor territorial del nodo 19 de Santander, explicó que solo en su zona se impactan 14 municipios y 21 establecimientos educativos, alcanzando aproximadamente 4.000 beneficiarios. Para Olarte, el objetivo del programa va mucho más allá de enseñar habilidades artísticas.“Como su nombre lo dice, es transformar las comunidades y los territorios de Colombia, resignificando el tiempo escolar de los estudiantes. Estamos siendo testigos diariamente de una reducción de problemáticas sociales no solamente en los establecimientos educativos, sino también en la comunidad educativa en general, en sus familias y en el territorio. Es una transformación social muy importante”, afirmó.El gestor reconoce que cada municipio tiene dinámicas distintas e incluso, a pocos kilómetros de distancia, se pueden encontrar realidades completamente diferentes. Sin embargo, incluso en zonas con mayores conflictos sociales, el programa ha logrado mantenerse y generar impactos positivos sostenidos en el tiempo.Uno de los mayores retos al inicio fue vencer el escepticismo en las instituciones educativas.“Debo confesar que al principio los rectores eran escépticos. Era difícil convencerlos de que el programa era algo positivo. Hoy son ellos quienes acuden a nosotros, lo solicitan y esperan que haya continuidad en el tiempo”, relató Olarte.El cambio en la percepción se ha dado gracias a resultados visibles: mejor convivencia escolar, mayor permanencia en las aulas y una disminución de situaciones asociadas a violencia o riesgo social.En el departamento del Cesar, Luis Alejandro Forero, gestor territorial del programa en la zona 6 nodo 3, que integra los municipios de El Copey, Bosconia, El Paso, La Paz y San Diego, destacó que en su área también se atienden 21 establecimientos educativos con más de 4.000 beneficiarios.Sin embargo, insiste en que el mayor logro no es artístico, sino humano.“Lo más valioso no es cuando aprenden a pulsar una cuerda. Lo más valioso es cuando aprenden a resignificar su existencia, cuando descubren que su vida puede ser mucho más de lo que habían imaginado. Cuando su convivencia escolar mejora y la escuela deja de ser un entorno de tedio para convertirse en un espacio de alivio y alegría”, señaló.Forero compartió uno de los testimonios más impactantes que ha dejado el programa.“El caso más fuerte es cuando un niño te dice que quiere ser parte de un grupo armado cuando grande, y al cabo de un tiempo te dice: ‘No, yo quiero ser cantante, quiero tocar guitarra, quiero ser profesor’. Eso es lo más valioso que ocurre a partir del programa”, expresó.En regiones donde históricamente han operado estructuras ilegales, ocupar el tiempo libre de niños y adolescentes con procesos artísticos continuos se convierte en una estrategia de prevención clave.
En desarrollo de operaciones militares contra el narcotráfico, el Ejército Nacional de Colombia confirmó la destrucción de dos laboratorios para el procesamiento de clorhidrato de cocaína en los departamentos de Norte de Santander y Cesar, en acciones coordinadas con la Policía Nacional de Colombia.En la vereda Campo Alicia, municipio de El Zulia, tropas del Batallón de Artillería de Campaña N.° 30, orgánico de la Brigada 30, ubicaron y destruyeron un laboratorio compuesto por tres construcciones al servicio de las economías ilícitas, con posibles nexos con el frente Juan Fernando Porras Martínez del ELN.Durante la operación, adelantada con apoyo de la SIJIN de la Dirección de Antinarcóticos, fueron incautados 845 kilogramos de clorhidrato de cocaína en estado sólido, 395 galones en suspensión y más de 3.356 galones de insumos líquidos, entre ellos acetato de N-Propilo, ácido clorhídrico y gasolina. También se hallaron 255 kilogramos de sustancias químicas sólidas como soda cáustica, carbón activado y metabisulfito.Según las autoridades, este resultado representa una afectación al músculo financiero del narcotráfico estimada en más de 6.555 millones de pesos.En una segunda acción militar, tropas de la Quinta Brigada, unidad orgánica de la Segunda División, ubicaron y destruyeron un laboratorio en la vereda La Estación, municipio de Gamarra, que pertenecería al frente Camilo Torres del ELN.De acuerdo con información de inteligencia, esta infraestructura tenía una producción mensual aproximada de una tonelada de clorhidrato de cocaína. En el lugar fueron hallados 307 kilogramos del alcaloide, 1.039 galones de insumos líquidos, 345 kilogramos de insumos sólidos, además de hornos microondas, grameras, tanques y otros elementos empleados para el procesamiento.Las autoridades estimaron que esta operación generó una afectación económica superior a los 1.600 millones de pesos y evitó la comercialización de aproximadamente 700.000 dosis de cocaína en mercados ilegales. El material y las infraestructuras fueron destruidos de manera controlada, mientras que los actos urgentes y procedimientos judiciales quedaron a cargo de la Policía Judicial de la Dirección de Antinarcóticos.El Ejército Nacional informó que continuará desarrollando operaciones contundentes contra las estructuras criminales que financian sus actividades a través del narcotráfico en el oriente del país.
La terapia de oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO) continúa consolidándose como una alternativa de soporte vital de alta complejidad en Santander. Así lo evidencian las cifras del programa del HIC Instituto Cardiovascular de la Fundación Cardiovascular de Colombia, que en 2025 superó los estándares internacionales establecidos por la Extracorporeal Life Support Organization (ELSO).Los datos consolidados muestran que la tasa de supervivencia al egreso hospitalario en pacientes adultos que recibieron soporte con ECMO alcanzó el 57,8%, frente al 47% reportado a nivel global. En población pediátrica, el indicador llegó al 78,7%, superando el 57% internacional.La historia de Édgar Serrano refleja estos resultados. El santandereano, de 65 años, sufrió un infarto que derivó en choque cardiogénico, una condición crítica en la que el corazón no logra bombear suficiente sangre para mantener con vida al organismo. Aunque llegó tarde para salvar su corazón, no fue tarde para salvar su vida.A su ingreso al HIC Instituto Cardiovascular presentaba arritmias graves y falla cardíaca severa. Mientras el equipo de hemodinamia intervenía la arteria comprometida, el programa de ECMO se activó de manera inmediata.“La terapia permitió reemplazar de forma temporal la función del corazón y los pulmones, mantener los órganos vitales y ganar tiempo para tomar la mejor decisión en el momento más crítico”, explicó el doctor Leonardo Salazar, director del programa de ECMO y Asistencia Ventricular.Tras estabilizarlo, se activaron los equipos de falla cardíaca avanzada, cirugía cardiovascular y trasplante. El daño era irreversible, por lo que el grupo médico decidió implantarle un dispositivo de asistencia ventricular Corheart 6, considerado el corazón artificial más pequeño del mundo.Meses después de salir de la Unidad de Cuidados Intensivos, Édgar camina, realiza ejercicio y avanza en su rehabilitación. “En cualquier otro escenario, lo más probable es que no estuviera aquí. Hubo un equipo que hizo todo lo necesario en el momento exacto”, afirmó.El informe del Centro de Excelencia en ECMO detalla además que, en pediatría, la supervivencia fue del 73% en soporte cardiovascular (ELSO: 62%) y del 93,3% en soporte respiratorio (ELSO: 70%).En adultos, los resultados también superaron los estándares: 59% en soporte cardiovascular, 63,6% en respiratorio y 45,4% en reanimación cardiopulmonar extracorpórea.Estos indicadores, según la institución, evidencian la capacidad del programa para sostener la vida en escenarios de alta complejidad y conducir a los pacientes hacia terapias definitivas con mejores pronósticos.Los resultados también se atribuyen a la Central de Telemonitoreo, un sistema que vigila en tiempo real a los pacientes en UCI y permite anticipar riesgos clínicos. Inspirada en una torre de control aérea, integra signos vitales e información clínica con personal disponible 24/7.De acuerdo con el reporte, gracias a este modelo la supervivencia al egreso tras un paro cardíaco intrahospitalario pasó del 24% a más del 60% en tres años, mientras que el tiempo de respuesta ante una alarma crítica se redujo de 135 a 17 segundos.El desempeño del programa le ha valido al Centro de Excelencia en ECMO la certificación nivel Oro otorgada por la Extracorporeal Life Support Organization, reconocimiento que respalda su calidad clínica y lo posiciona como referente internacional en soporte vital extracorpóreo, con atención simultánea para pacientes adultos y pediátricos en Latinoamérica.
Las autoridades confirmaron que la masacre de cuatro personas ocurrida en las últimas horas en el asentamiento humano Villa Esperanza, cerca al barrio La Cumbre, en el municipio de Floridablanca (Santander), fue ordenada desde la cárcel La Picota, en Bogotá.El brigadier general William Quintero Salazar, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, explicó que durante una redada en la capital del país fue hallado un teléfono celular con los chats que evidencian la coordinación del crimen.“Estos sujetos en Floridablanca generaban control en este asentamiento humano. Están ligados a un bandido conocido como Brayan, desde donde se emitió la orden. Ayer se hizo una redada en Bogotá y se encontró un celular con las pruebas”, indicó el general Quintero.El hecho, que dejó cuatro víctimas, generó pánico entre los habitantes del sector, quienes piden mayor presencia de las autoridades ante el aumento de los homicidios selectivos en el área metropolitana.El alcalde de Floridablanca, José Fernando Sánchez Carvajal, anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los responsables del múltiple crimen.“No vamos a permitir que unos pocos dañen la tranquilidad de cientos de ciudadanos. Continuamos haciendo nuestra labor con el acompañamiento de la Policía y el Ejército”, manifestó el mandatario local.De acuerdo con las investigaciones, las recientes acciones violentas estarían relacionadas con una disputa entre bandas criminales por el control del microtráfico en el área metropolitana de Bucaramanga. Entre los grupos enfrentados se encuentran Los del Sur, Los de Pichi y Los de Chorizo, según revelaron fuentes policiales.
La Registraduría Nacional del Estado Civil, en coordinación con la Gobernación de Santander y la Secretaría del Interior, informó que fueron trasladados los puestos de votación a las cabeceras municipales de 12 municipios del departamento debido a las afectaciones ocasionadas por las lluvias y derrumbes en las vías rurales.Los municipios con cambios son San José de Miranda, Vélez, La Belleza, Lebrija, Enciso, Hato, Simacota, El Carmen, San Gil, Guapotá, Jordán y Cepitá.La medida busca garantizar la seguridad de votantes y jurados durante la jornada electoral del 26 de octubre, así como facilitar el acceso ante los riesgos generados por el mal estado de las vías.El secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, explicó que la decisión se tomó “para proteger a las comunidades rurales y asegurar el normal desarrollo del proceso electoral, evitando desplazamientos en zonas con riesgo por deslizamientos”.Además, se realizó acompañamiento por parte de la Unidad de Gestión del Riesgo y las administraciones municipales en las zonas afectadas, especialmente en la vereda Santa Cruz del municipio de San Andrés y en el sector de Vado Real, en Suaita, donde se reportan derrumbes.Hernández también informó que más de 3.080 hombres del Ejército y la Policía Nacional se encuentran desplegados, en el departamento, para garantizar la seguridad en las 1.087 mesas de votación dispuestas en la región.“Por ahora no se ha registrado ninguna novedad. Mantenemos monitoreo permanente desde el Puesto de Mando Unificado para que la jornada avance con tranquilidad”, señaló el funcionario.Los ajustes logísticos y de seguridad se realizaron de manera coordinada entre las autoridades electorales, la Gobernación de Santander y los municipios, con el fin de minimizar las afectaciones a los electores y garantizar el ejercicio democrático en todo el territorio.
Tras masacre de cuatro personas en las últimas horas en el asentamiento humano Villa Esperanza, cerca al barrio La cumbre, en el municipio de Floridablanca, Santander, las autoridades activaron un Consejo Extraordinario de Seguridad.El hecho causó pánico en los habitantes que exigen mayor presencia de las autoridades ante estos crímenes. El alcalde de Floridablanca, José Fernando Sánchez Carvajal, convocó de inmediato a las autoridades policiales y judiciales para evaluar la situación y coordinar acciones que permitan esclarecer el crimen.“No vamos a permitir que algunos pocos quieran dañar la tranquilidad de cientos de ciudadanos. Continuamos haciendo nuestra labor con el acompañamiento de la Policía y el Ejército”, afirmó el mandatario.Durante la sesión, se anunció la creación de un Grupo Especial de Inteligencia, integrado por la Sijín y la Fiscalía General de la Nación, con el objetivo de identificar y capturar a los responsables en el menor tiempo posible.Además, el alcalde ofreció una recompensa de hasta 50 millones de pesos a las personas que entreguen información clave que permita esclarecer el homicidio múltiple registrado en esta zona del municipio.Sánchez Carvajal también aseguró que la Administración Municipal reforzará los patrullajes y operativos de control en toda la ciudad, con el apoyo de la Policía Metropolitana de Bucaramanga y el Ejército Nacional.“Pese a este hecho, Floridablanca sigue siendo el municipio con el menor número de homicidios en el área metropolitana de Bucaramanga”, concluyó el alcalde.Las autoridades invitaron a la comunidad a reportar cualquier información relevante a través de las líneas de emergencia, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer este nuevo hecho de violencia.
El Nuevo Liberalismo oficializó el aval a Fabián Oviedo como su candidato a la Alcaldía de Bucaramanga, tras un proceso interno de selección que contó con la participación de varios aspirantes. El anuncio fue hecho por el precandidato presidencial Juan Manuel Galán, quien visitó la capital santandereana para acompañar el acto de proclamación.El comité territorial del partido presentó la ruta del aval el pasado 17 de octubre, recibiendo las solicitudes de los precandidatos Consuelo Ordóñez, Carlos Bueno, Jhean Carlos Alvernia y Fabián Oviedo, cada uno expuso su visión de ciudad, sus propuestas y su afinidad con los principios fundacionales del movimiento creado por Luis Carlos Galán Sarmiento, centrados en la ética, la transparencia y el servicio público.Tras las audiencias internas y la evaluación de las propuestas, el comité coordinador territorial del Nuevo Liberalismo determinó que Fabián Oviedo representaba la mejor opción para liderar el proyecto político del partido en Bucaramanga. La decisión fue oficializada por Juan Manuel Galán, director nacional del movimiento, durante su visita a la ciudad, donde destacó la importancia de fortalecer liderazgos regionales con trayectoria y compromiso ciudadano.“El Nuevo Liberalismo reafirma su compromiso con la renovación política, la transparencia y la construcción de ciudades más humanas. Bucaramanga necesita líderes que representen esos valores, y Fabián Oviedo encarna esa visión”, señaló Galán durante el acto de entrega del aval.Fabián Oviedo es arquitecto bumangués y cuenta con una amplia experiencia en la política local. Fue concejal de Bucaramanga en dos periodos, en representación de Cambio Radical, y en las elecciones locales de 2023 obtuvo 34.146 votos como candidato a la Alcaldía, quedando entre los primeros lugares en la contienda.El anuncio se da en medio de la reorganización política que vive la ciudad, tras la salida del exalcalde Jaime Andrés Beltrán Martínez, apartado del cargo por decisión del Consejo de Estado, lo que ha reconfigurado los movimientos y las alianzas locales de cara a las próximas elecciones.
La Electrificadora de Santander (Essa) descartó cualquier afectación estructural en la represa de Bocas, ubicada en el municipio de Lebrija, luego de que comunidades de la zona alertaran sobre una posible ruptura de la infraestructura.De acuerdo con el reporte oficial de la compañía, las intensas y persistentes lluvias registradas los días 12 y 13 de febrero de 2026 provocaron una creciente súbita del río Lebrija, que ocasionó la afectación y posterior ruptura de una ataguía temporal construida para adelantar obras de reparación en la represa.Essa explicó que la ataguía es una estructura independiente que no hace parte de la obra civil principal de la represa y que no cumple funciones de almacenamiento ni regulación del embalse. Por esta razón, la empresa aseguró que la situación no compromete la estabilidad de la infraestructura ni representa riesgo para las comunidades aguas abajo.Tras una inspección técnica, la Oficina de Gestión del Riesgo de Santander también confirmó que no existe alarma ni peligro inminente en la represa, donde se genera energía para varios municipios del departamento.Como medida preventiva y en atención a los riesgos climáticos derivados de las lluvias y las crecientes del río, Essa radicó ante los entes competentes una declaratoria de contingencia ambiental relacionada con la represa de Bocas. Esta fue sustentada ante el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres, donde se expuso la situación actual y se socializaron los planes de contingencia y acciones a ejecutar.La declaratoria se suma a la calamidad pública decretada por el municipio de Lebrija debido a las condiciones climáticas, así como a la alerta roja vigente emitida por el Ideam, en el marco de la actual temporada de lluvias.Las autoridades reiteraron el llamado a la calma y señalaron que mantienen el monitoreo constante del comportamiento del río y de la infraestructura energética.
Un golpe a las estructuras armadas ilegales se registró en el departamento de Santander con la captura de alias “Culebro”, presunto integrante del Frente Domingo Laín Sáenz del Ejército de Liberación Nacional (ELN). El procedimiento fue realizado por la Policía Nacional de Colombia en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, el Ejército Nacional y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI).La detención se llevó a cabo en el municipio de Barbosa, luego de labores de inteligencia e investigación que permitieron ubicar y capturar al hombre requerido por la justicia colombiana por los delitos de homicidio agravado en persona protegida y rebelión.Según las autoridades, alias “Culebro” estaría vinculado al ELN desde hace más de 11 años, participando presuntamente en homicidios, extorsiones e intimidaciones en zonas rurales de Arauquita (Arauca) y sectores fronterizos, lo que habría afectado la seguridad de las comunidades en esa región limítrofe con Venezuela.Dentro de los hechos que se le atribuyen figuran el asesinato de un líder social integrante de la Asociación Campesina de Arauca (ACA) y miembro de la Junta de Acción Comunal de la vereda Santa Ana, así como el homicidio de una mujer estilista en el sector Pueblo Nuevo, ambos crímenes cometidos en 2016.Las investigaciones también establecen que el capturado habría hecho parte de un grupo conocido como “Los Comandos de la Muerte”, presuntamente bajo el mando de otro cabecilla del ELN, dedicado a sostener el control territorial mediante acciones criminales. Además, desde 2022 se habría radicado en Santander, específicamente en los municipios de Sábana de Torres y Barbosa, con la aparente finalidad de ocultar su identidad y evadir a las autoridades.Tras su captura, alias “Culebro” fue presentado ante un juez de control de garantías, quien le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial en su contra.
Empresarios y ciudadanos de Cimitarra, Vélez, La Paz y Barbosa, en Santander, se unieron a la campaña solidaria “50 mil Razones para Ayudar a Córdoba” y aportaron alimentos para las familias afectadas por las inundaciones en ese departamento.Desde Barbosa hubo respaldo logístico y convocatoria ciudadana; en Cimitarra, empresarios del sector esmeraldero apoyaron la recolección; mientras que en Vélez y La Paz también se sumaron donaciones de víveres. A estos aportes se sumó la entrega de tres toneladas de arroz por parte del molino Improarroz, además de otra tonelada adquirida con recursos propios de la organización promotora.De 14 toneladas de alimentos e implementos recolectados 10 toneladas de ayudas humanitarias fueron trasladadas hasta Montería, Córdoba.La caravana partió el 23 de febrero desde Bogotá en tres camiones y varias camionetas cargadas con alimentos no perecederos, papa, arroz, cebolla y concentrado para perros y gatos. Tras recorrer varios municipios del centro del país, llegó al estadio 18 de junio, centro de acopio dispuesto por la Oficina de Gestión Social para atender a los damnificados.“Logramos entregar 10 toneladas y tenemos cuatro más listas en Bogotá para una segunda fase”, explicó Jorge Lozano, director de la fundación Lozano del Campo, quien destacó que la ayuda es el resultado de la unión de empresarios y campesinos de Bogotá, Boyacá, Cundinamarca, Meta y Santander.Los alimentos son transformados en raciones de comida caliente que se distribuyen en 18 alojamientos temporales donde permanecen miles de personas afectadas. Parte de los productos también se convierten en mercados que son enviados a zonas rurales donde familias continúan aisladas por la emergencia.La donación incluyó además una tonelada de concentrado para animales, entregada a la Asociación Amor Animal, entidad que atiende a más de 770 perros y 330 gatos rescatados.“La campaña continuará con una segunda etapa que contempla un concierto solidario en Bogotá, donde artistas como Adriana Bottina y Jimmy Gutiérrez, entre otros, donarán sus presentaciones para recaudar fondos destinados a la compra de herramientas y equipos que permitan a las comunidades iniciar la recuperación de sus viviendas y fincas”, dijo lozano.La fundación mantiene activo su centro de acopio en Bogotá y continúa gestionando apoyos para ampliar la ayuda a las más de 250 mil personas afectadas por las inundaciones en Córdoba.
Una estructura criminal estaría utilizando menores de edad como “moscas”, una modalidad delictiva en la que los niños son instrumentalizados para alertar sobre la presencia de la fuerza pública y facilitar el transporte de estupefacientes. El caso fue descubierto por la Policía en el departamento de Norte de Santander.Los hechos se registraron en el kilómetro 48 de la vía Sardinata – Cúcuta, sector Los Bananos, jurisdicción del municipio de El Zulia, donde uniformados adelantaban controles viales. Allí fueron capturados en flagrancia dos adultos y puestos a salvo dos niños que se encontraban involucrados en el transporte ilegal de drogas.De acuerdo con las investigaciones preliminares, los menores eran utilizados por la red para advertir sobre retenes y movimientos de las autoridades, exponiéndolos a graves riesgos y vulnerando sus derechos fundamentales. Esta práctica les permitía a los responsables movilizar cargamentos ilícitos con mayor margen de maniobra.Durante la inspección a un vehículo tipo campero, en el que se movilizaban junto a una motocicleta, los uniformados hallaron 36 recipientes plásticos ocultos en las puertas y amarrados al chasis. En su interior había una sustancia rocosa color beige con características similares a la base de coca, con un peso aproximado de 38 kilogramos. Los vehículos fueron inmovilizados y también se incautaron dos teléfonos celulares.El coronel Jair Alonso Parra Archila, director de Tránsito y Transporte de la Policía, rechazó de manera contundente esta modalidad criminal. “Rechazamos y repudiamos el uso de niños, niñas y adolescentes como ‘moscas’ para alertar sobre la presencia de las autoridades. Esta práctica no solo constituye un delito, sino una grave vulneración de sus derechos”, afirmó el oficial, quien agregó que se fortalecerán los controles en los corredores viales del país.Los menores fueron dejados a disposición de la autoridad competente para el restablecimiento de sus derechos, mientras que los dos adultos capturados deberán responder ante la Fiscalía de Cúcuta por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. La Policía reiteró su llamado a denunciar cualquier hecho que ponga en riesgo a niños y adolescentes a la línea 123.
Un vendaval afectó a dos municipios de Santander en las últimas horas, mientras que en otras zonas del departamento se reportaron lluvias, tormentas eléctricas y crecientes súbitas, según el más reciente balance de las autoridades de gestión del riesgo del departamento. Se registraron precipitaciones en la provincia de Vélez, especialmente en los municipios de Jesús María, La Belleza, Sucre y Florián, donde las lluvias generaron alertas preventivas.Asimismo, se presentaron tormentas eléctricas en Mogotes y Guaca, mientras que se reportó una creciente súbita de la quebrada Perchíquez, situación que es monitoreada por los organismos de socorro para prevenir afectaciones mayores.De acuerdo con el más reciente reporte del IDEAM, Santander amanece con cielos mayormente cubiertos y tendencia a tiempo seco durante el día; sin embargo, persiste la probabilidad de lluvias aisladas en zonas de montaña debido a la saturación de suelos.Las autoridades reiteraron el llamado a la comunidad para estar atenta a posibles deslizamientos de tierra, especialmente en sectores de ladera y alta pendiente, y a reportar cualquier emergencia a los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo.De acuerdo con el más reciente informe del IDEAM, la cuenca del río Sogamoso se encuentra en alerta naranja debido a las intensas lluvias registradas en diferentes regiones de Santander. Las precipitaciones en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y el sur de Santander han generado crecientes en los ríos Suárez, Chicamocha y sus afluentes, cuyos caudales desembocan en el embalse de Topocoro.La empresa ISAGEN informó que, aunque el embalse ha logrado soportar las crecientes y la central opera actualmente con plena capacidad instalada, se inició una etapa de seguimiento técnico ante la cercanía del nivel máximo permitido. De mantenerse las condiciones meteorológicas, en los próximos días podría iniciarse un vertimiento controlado desde la Central Hidroeléctrica Sogamoso.Los organismos de atención continúan en monitoreo permanente ante cualquier eventualidad que pueda presentarse en las próximas horas en Santander.
La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga confirmó el pasado 18 de febrero de 2026 la condena contra el abogado Orlando Soto Uribe y el exsecretario del Juzgado Cuarto Promiscuo de Piedecuesta, Martín Ospino Villafañe, por el delito de fraude procesal, en un caso relacionado con el despojo de tierras en Santander.El fallo ratificó la decisión de primera instancia al establecer que ambos participaron en irregularidades dentro del proceso de adición a la partición del predio conocido como “El Tamarindo". El terreno está ubicado en la vereda Palogordo, en jurisdicción de Girón.Según la sentencia, Soto Uribe inició y tramitó una demanda de adición a la sucesión sin contar con un poder legalmente conferido para ese fin. Por su parte, Ospino Villafañe, en su condición de secretario del despacho judicial, dio curso al proceso pese a la ausencia de los soportes legales requeridos, lo que permitió que avanzara de manera expedita.De acuerdo con lo probado en juicio, estas actuaciones derivaron en la apropiación ilegítima de tierras y en el desplazamiento de familias campesinas que eran propietarias del predio, entre ellas la familia Sánchez Quitián, Eduardo Pedroza Corredor, Ramiro Jaimes, Raúl Meléndez y Reinaldo Torres.Para Leslie Amaya, abogada del Equipo Jurídico Pueblos, la decisión representa “una victoria histórica” tras más de 20 años de lucha judicial. “Las familias fueron desplazadas y despojadas de sus tierras. Esta condena reconoce que el proceso se inició, tramitó y culminó sin que existiera un poder válido, y que desde el despacho judicial se facilitó que se materializara el despojo”, señaló.La abogada explicó que, tras concretarse el control del predio, las tierras fueron vendidas a terceros, entre ellos personas cercanas a quienes promovieron el proceso. En el contexto de este conflicto también se registraron amenazas, hostigamientos y hechos violentos, incluidos los asesinatos de los hermanos Jesús Antonio y Luis Eduardo Sánchez Quitián.La sentencia de segunda instancia aún puede ser objeto de recurso extraordinario de casación ante la Corte Suprema de Justicia. En caso de que la condena quede en firme, las familias esperan avanzar en los trámites ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos para corregir las escrituras y recuperar formalmente las tierras.