A 10 años de prisión fueron condenados Leonardo Jesús Rivera Hidalgo y Alberson Armando Aponte Plaza por su responsabilidad en un ataque armado contra cuatro personas en el barrio Los Comuneros de Bucaramanga.La sentencia se dio luego de que las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación permitieran que los procesados aceptaran su responsabilidad por los delitos de homicidio agravado en grado de tentativa; fabricación, tráfico y porte de armas de fuego agravado; receptación agravada y falsedad marcaria.Un juez avaló el preacuerdo suscrito de manera libre y voluntaria por los hoy condenados, quienes estuvieron asesorados por su abogado defensor.De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal de la Seccional Santander, los hechos ocurrieron el 30 de agosto de 2025, cuando cuatro personas salieron de un establecimiento nocturno y se movilizaban en un automóvil por el barrio Los Comuneros. En ese momento, fueron perseguidas y atacadas a disparos por Rivera Hidalgo y Aponte Plaza, quienes se desplazaban en una motocicleta que había sido hurtada.Durante el atentado, uno de los ocupantes del vehículo resultó herido. Las víctimas buscaron refugio en un Comando de Atención Inmediata (CAI), pero el ataque continuó y los agresores se enfrentaron a los uniformados que se encontraban en el lugar.La rápida reacción de la Policía permitió la captura de los responsables, quienes ahora deberán cumplir la pena de 10 años de prisión por estos hechos.
La Alcaldía de Bucaramanga confirmó que al menos 80 familias resultaron damnificadas en las últimas horas debido a las intensas lluvias que se registraron en la zona rural y en el norte de la ciudad. El balance preliminar reporta viviendas afectadas, inundaciones y vías rurales bloqueadas por deslizamientos de tierra.Según informó Didier Rodríguez, coordinador de Gestión del Riesgo de Santander, tras las precipitaciones la Oficina de Gestión del Riesgo del municipio activó el monitoreo en los sectores más vulnerables.“En efecto, luego de las lluvias ocurridas en las últimas horas, la Oficina de Gestión del Riesgo de la Alcaldía Bucaramanga ha hecho el monitoreo en los diferentes sectores de la ciudad, sobre todo en el norte y en los corregimientos, especialmente el corregimiento 1, que tuvo una mayor afectación y puntualmente en la vereda San Ignacio, donde parte de una bancada se vino y bloqueó gran parte de la vía”, explicó el funcionario.Uno de los puntos más críticos se registra en la vereda San Ignacio, del corregimiento 1, donde un deslizamiento provocó el colapso parcial de una bancada, interrumpiendo la movilidad en la zona. Asimismo, en el barrio Gracia de Dios y en el sector de El Nogal se reportaron varias viviendas inundadas.En la vía del sector de Colorado, que comunica con el norte de la ciudad, algunos vehículos quedaron atrapados, debido a las condiciones del terreno tras las lluvias.Las autoridades locales continúan con las labores de inspección técnica para determinar la magnitud de los daños y consolidar el censo oficial de afectados. “Estamos haciendo y continuamos haciendo el monitoreo, disponiendo de un equipo en terreno para realizar las valoraciones, generar los respectivos informes y tratar de hacer la entrega lo más rápido posible de las ayudas humanitarias que corresponden en este tipo de situaciones”, añadió Rodríguez.
La Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos, informó que en los últimos tres días se han presentado retrasos en la llegada de productos de la canasta familiar provenientes de la costa Atlántica y Antioquia, debido a los bloqueos generados por la protesta de volqueteros en la Troncal del Magdalena Medio.Según explicó Alfonso Peñalosa, director de operaciones de la central mayorista, aunque se han registrado contratiempos en el ingreso de mercancías, hasta el momento no hay desabastecimiento.“Por el momento es importante informar a la opinión pública que no ha habido desabastecimiento en ningún producto; se han presentado contratiempos en la llegada de los mismos por las manifestaciones que se presentan”, señaló el directivo.Peñalosa indicó que los manifestantes han permitido el paso de camiones en algunos sectores y en horarios nocturnos, especialmente entre las 11:00 de la noches y las 7:00 de la mañana, lo que ha facilitado que los comerciantes puedan acopiar y despachar mercancías en esas franjas.Los mayores retrasos se han presentado en productos provenientes de Antioquia, como tomate de árbol y lulo. También han llegado con demora frutas del sur del país, entre ellas uvas y granadillas, así como mercancía importada que arriba por Puerto de Buenaventura.En el corredor afectado, particularmente en los sectores de Sabana de Torres y La Fortuna, también se han visto impactados alimentos que ingresan por el departamento del Cesar, como el mango tommy, mango de azúcar y la yuca.A esta situación se suman las lluvias que han afectado distintos puntos de Santander, especialmente en la zona del Magdalena Medio y el sur del departamento, lo que complica aún más la movilidad de carga.Desde Centroabastos advirtieron que, aunque el abastecimiento está garantizado, los sobrecostos logísticos derivados de los retrasos podrían generar incrementos en los precios de algunos alimentos si la situación persiste en los próximos días.
La Universidad Industrial de Santander avanzará en la apertura de una sede en el departamento de Arauca, tras el encuentro sostenido en Bucaramanga entre el gobernador Renson Martínez, el rector Hernán Porras Díaz y el Consejo Académico de la institución.La reunión tuvo como propósito fortalecer el diálogo institucional y articular la capacidad científica y tecnológica de la UIS con las necesidades sociales y productivas de Arauca.“Es la falta de acceso a la educación superior la que causa atraso en el departamento de Arauca. Tener una educación de mejor calidad hará que las instituciones mejoren. En Arauca tenemos un alto déficit de profesionales, por eso quedamos en deuda con las potencialidades reales que tiene el territorio”, afirmó el gobernador Renson Martínez, al destacar la importancia de la llegada de la universidad al departamento.Por su parte, el rector Hernán Porras Díaz subrayó el compromiso social de la institución con el desarrollo regional. “Tenemos un compromiso social con el país; en la medida que se desarrolle el país, nos va bien a todos y Arauca tiene muchas potencialidades. Nos sentimos aliados estratégicos y por eso nuestra idea como UIS no es solo formar a la gente joven sino generar espacios para todos”, expresó.La apertura de una sede de la UIS en Arauca representa un paso significativo para ampliar la cobertura en educación superior en la Orinoquía colombiana, una región que históricamente ha enfrentado limitaciones en acceso a formación profesional y tecnológica.Con esta iniciativa, se busca no solo formar talento humano local, sino también impulsar proyectos de investigación, innovación y transferencia tecnológica que fortalezcan sectores estratégicos del departamento y contribuyan al desarrollo sostenible del territorio.
La Nueva EPS explicó que la demora en la aplicación de un medicamento al menor Kevin Arley Acosta se originó tras una solicitud de portabilidad presentada por la madre en noviembre de 2025 para trasladar temporalmente su afiliación desde Pitalito hacia Charalá por un periodo de cuatro meses. Según el comunicado, tras la petición a mediados de noviembre, la entidad activó la ruta administrativa y asistencial para garantizar la continuidad del tratamiento en la red del departamento de Santander.De acuerdo con la EPS, en el marco de ese proceso se gestionó la articulación con el prestador Integral Solutions, que programó una cita para finales de enero de 2026 en Bucaramanga con el fin de mantener la aplicación de la profilaxis sin interrupciones. La entidad señaló que el tratamiento no fue suspendido y que se activaron oportunamente los mecanismos de traslado de prestador para asegurar la continuidad terapéutica conforme al principio de portabilidad del aseguramiento en salud.Sin embargo, la EPS indicó que en la última semana de enero la madre del menor acudió a una oficina en Pitalito para solicitar la terminación de la portabilidad, pese a que el agendamiento en Santander ya estaba realizado. Ese mismo día, según el registro de la entidad, la usuaria regresó a su municipio de residencia en el departamento de Huila. Para la EPS, este cambio de municipio generó un retraso en la aplicación correspondiente al ciclo mensual del medicamento.Tras la notificación formal de la cancelación de la portabilidad, la entidad informó que reactivó de inmediato la gestión en Huila, incluida la activación de cohorte y la articulación con la red prestadora en Pitalito, con el objetivo de restablecer la continuidad del tratamiento en esa ciudad. Según el comunicado, estas acciones buscaron asegurar nuevamente la prestación del servicio dentro de la red local.
En Colombia, más de 9 millones de ciudadanos han sido obligados a abandonar sus hogares como consecuencia del conflicto armado, el control territorial de grupos ilegales y las disputas por economías ilícitas, un fenómeno que durante décadas ha profundizado la pobreza, la exclusión y la desigualdad en amplias regiones del país.En este contexto, el Departamento Nacional de Planeación, la Unidad para las Víctimas y Prosperidad Social, presentó el CONPES 4180, una nueva política pública que proyecta una inversión de 10,1 billones de pesos, que busca establecer soluciones duraderas para las víctimas de desplazamiento forzado. El documento, aprobado el 30 de diciembre de 2025, traza una hoja de ruta con 66 acciones orientadas a facilitar la estabilización socioeconómica de esta población.De acuerdo con el DNP, el objetivo es coordinar una respuesta institucional que permita superar las condiciones de vulnerabilidad que enfrentan millones de víctimas. “Es un documento que coordina acciones, 66 acciones intersistémicas, intersectoriales, con un presupuesto indicativo de 10 billones de pesos”, explicó la directora de la entidad, Natalia Irene Molina.La meta es que al menos el 75 % de las víctimas logre superar su situación de vulnerabilidad mediante el acceso a empleo, generación de ingresos e integración social, ya sea a través del retorno a sus territorios, la reubicación o su permanencia en las comunidades donde reconstruyeron sus vidas.Desde la Mesa Nacional de Víctimas, Odorico Guerra Salgado, coordinador del eje temático de desplazamiento forzado, advirtió que el principal desafío será que las medidas anunciadas se traduzcan en acciones concretas en los territorios.“Nosotros primero que todo esperamos que haya una verdadera voluntad política por parte de las instituciones del gobierno nacional para que esa implementación del CONPES de soluciones duraderas sea exitosa en los territorios y que ojalá no sea una ni dos, sino todas las 66 acciones que están contenidas en el CONPES 4180 se puedan hacer realidad”, señaló.Giovanni Lepri, representante en Colombia de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), aseguró que la política representa un avance, aunque sus resultados se verán con el tiempo. “El CONPES para nosotros es un punto de partida, no es un punto de llegada, pero es un punto de partida muy relevante porque es la primera vez que hay una política pública estructurada alrededor de buscar soluciones”, afirmó.Lepri también advirtió que muchas víctimas han vivido durante años en condiciones de vulnerabilidad, especialmente en entornos urbanos, donde la integración social y el acceso efectivo a derechos siguen siendo un desafío.“Hay personas que llevan una situación de vulnerabilidad causada por el desplazamiento desde hace muchos años, entonces ya por ejemplo vemos que el 70 % más de la población desplazada quiere quedarse en áreas urbanas, (…) lo que van a hacer van a ser ciudadanos de las ciudades que ya los han recibido hace muchos años, pero le ha faltado esta parte de regularización y de un acceso a derechos de coste efectivo de sus derechos”, explicó.El documento contempla la articulación de 24 entidades del orden nacional y territorial, responsables de ejecutar las acciones previstas. No obstante, el propio Departamento Nacional de Planeación reconoció que los recursos dependerán de la disponibilidad fiscal y de las decisiones presupuestales de cada entidad.
Una decisión de la Sala Tercera Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá ordenó al Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional de Colombia permitir que José Ismael Peña Reyes asuma como rector para el período 2024-2027 y dio un plazo de 48 horas para cumplir la decisión, al concluir que se vulneró su derecho a ejercer el cargo para el que fue elegido.La determinación se tomó dentro de una acción de tutela en la que el tribunal revisó la controversia sobre la rectoría de la universidad. En primera instancia, un juzgado laboral de Bogotá había negado el amparo, pero esa decisión fue revocada por el tribunal. Según la sentencia, la elección de Peña Reyes realizada en marzo de 2024 sigue vigente porque no ha sido anulada por un juez. Por eso, impedirle posesionarse equivale a desconocer un acto oficial que aún tiene efectos legales y afecta su derecho a desempeñar funciones públicas.En su análisis, los magistrados señalaron que, aunque las universidades públicas tienen autonomía para organizarse, esa facultad no permite ignorar decisiones administrativas válidas. El fallo enfatiza que la institución debe respetar la elección mientras no exista una orden judicial que diga lo contrario y que la protección de los derechos fundamentales exige una solución inmediata.Con esta orden, el Consejo Superior Universitario deberá adoptar en dos días las medidas necesarias para hacer efectiva la posesión del rector. Si la decisión no se cumple, podrían iniciarse sanciones por desacato contra los funcionarios responsables. El expediente será remitido a la Corte Constitucional de Colombia para su eventual revisión, y al tratarse de un fallo de segunda instancia en tutela, no admite nuevas impugnaciones.
La consternación y la indignación no para de crecer en Medellín, luego de conocerse la cruel muerte de un bebé de tan solo 9 meses en el barrio Juan XXIII. El menor ingresó a un centro hospitalario por una supuesta caída, sin embargo, el paso de los días permitió esclarecer que no murió por un accidente sino que fue asesinado.El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, indicó que las investigaciones permitieron establecer que el padre del menor, un hombre de 24 años, fue el responsable de la muerte del bebé de 9 meses luego de golpearlo."El padre había dicho que se le había caído. Después ya de que Medicina Legal evalúe el caso, básicamente estableció que el trauma fue causado con un elemento justamente de manera contundente. Lo que evidencia es que no fue una caída, no fue un accidente, sino que fue una muerte violenta. A este niño lo asesinó su propio padre", indicó el mandatario.Por su parte, la Fiscalía General de la Nación confirmó que ya el hombre fue judicializado por ser el presunto responsable de provocarle un trauma craneoencefálico el bebé porque, supuestamente, había comenzado a llorar y habría podido calmarlo, recurriendo a la fuerza desmedida.Gutiérrez indicó que la captura de esta persona fue posible gracias al trabajo de las autoridades quienes lo encontraron en el Cementerio Montesacro visitando la tumba del menor de edad."Justo en el momento en el que él visitaba la tumba de su hijo, porque cumplía un año de nacido. Justo ese día, el papá lo visitaba en el cementerio, ahí es donde la policía logra capturar a esta persona. A nosotros nos duelen mucho esos casos", manifestóPor estos hechos, una fiscal de la Unidad de delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes le imputó al hombre el delito de homicidio agravado, pero no aceptó el cargo y fue cobijado con medida de aseguramiento en centro carcelario.
Un bebé recién nacido fue encontrado con vida luego de haber sido abandonado dentro de una bolsa de basura en el barrio Obando, en el municipio de El Rosal, en la mañana de este 17 de febrero.De acuerdo con el Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca, la alerta inicial se produjo cuando vecinos del sector llamaron a los organismos de emergencia al creer que se trataba de un animal atrapado en una bolsa que estaba en el tejado de una vivienda.Fueron los mismos vecinos del sector de este municipio, al noroccidente de Bogotá, quienes, usando escaleras, subieron al techo de la casa y rescataron la bolsa. Al abrirla encontraron un bebé recién nacido que había sido abandonado. “Al llegar al lugar, ya la comunidad se había subido al techo de la casa; había un bebé que tenía pocas horas de nacido”, relató el sargento Rubén Masmela, comandante de Bomberos de El Rosal.Los habitantes del sector actuaron de inmediato y trasladaron al menor al Centro de Salud El Rosal, desde donde fue remitido al Hospital San Rafael de Facatativá, donde permanece bajo observación médica. “El bebé es masculino y el Centro de Salud de El Rosal lo llevó al Hospital San Rafael de Facatativá; al niño lo tienen en la unidad de neonatos”, explicó Masmela, quien además aclaró que por ahora la información detallada de este caso es escasa.Al momento del hallazgo, la bolsa en la que fue abandonado aún presentaba rastros de sangre, lo que refuerza la hipótesis de que el nacimiento se habría producido pocas horas antes.
Las centrales obreras y organizaciones sindicales de Santander convocaron para este jueves 19 de febrero un plantón en la Plaza Cívica Luis Carlos Galán Sarmiento, en el centro de Bucaramanga, como parte del paro nacional en defensa del decreto del salario mínimo expedido por el Gobierno Nacional.La concentración está prevista para las 4:00 de la tarde y contará con la participación de trabajadores de distintos municipios del departamento.Óscar Estupiñán, representante del sindicato de trabajadores del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, explicó que la jornada busca respaldar el decreto del salario mínimo vital y rechazar decisiones judiciales que, según los sindicatos, irían en contravía de los derechos laborales.“Desde las centrales obreras y la clase trabajadora estamos invitando a todos los trabajadores y trabajadoras de Santander a que nos concentremos este jueves 19 de febrero a partir de las cuatro de la tarde en la Plaza Cívica Luis Carlos Galán, para respaldar el decreto del Gobierno Nacional. Creemos que el salario mínimo vital dignifica al trabajador”, afirmó.Según los organizadores, se espera la llegada de delegaciones desde municipios como Piedecuesta, Girón, Lebrija y Barrancabermeja, con el propósito de concentrar el mayor número de manifestantes en la capital santandereana.Por su parte, Heriberto Delgado, presidente del Sindicato de Educadores de Santander, confirmó que el magisterio también se sumará a la jornada.“Como organización sindical convocamos al magisterio para que salgamos a reclamar por un incremento digno, porque además es un motor económico que mejora la calidad de vida de la clase trabajadora”, señaló.El dirigente anunció que los docentes realizarán anormalidad académica en la jornada de la tarde, a partir de las 3:00 de la tarde, para facilitar la participación en el plantón. Asimismo, indicó que el gremio evalúa la convocatoria de un paro departamental de tres días en el marco de estas movilizaciones.
El Hospital Universitario de Santander (HUS) presentó ante los ministerios de Trabajo y de Salud un proyecto para formalizar laboralmente a 120 trabajadores del área asistencial, que actualmente están contratados a través de cooperativas o empresas intermediarias, como parte del plan de formalización que adelanta la institución para dignificar el empleo público en el sector salud.La iniciativa fue radicada antes del plazo fijado el pasado 6 de febrero, según explicó el gerente del centro asistencial, Ricardo Arturo Hoyos, quien señaló que el hospital cumplió con todas las instrucciones para avanzar en este proceso.“Fue radicado ante el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud el proyecto de formalización de 120 personas. Son empleos totalmente asistenciales, no es personal administrativo”, indicó el directivo.De acuerdo con la gerencia, cerca de 94 de los cargos están dirigidos a auxiliares del área de la salud, entre ellos camilleros, auxiliares de laboratorio y auxiliares de enfermería. El resto corresponde a enfermeras jefes y otros perfiles asistenciales que hacen parte de la operación hospitalaria.El proyecto contempla impactar principalmente los servicios de urgencias, hospitalización y la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), áreas consideradas estratégicas dentro del funcionamiento del hospital y que soportan una alta demanda de pacientes en el departamento.El gerente explicó que el hospital ahora queda a la espera de la aprobación por parte del Gobierno Nacional para avanzar en la vinculación formal de este personal, lo que permitiría mejorar las condiciones laborales y fortalecer la prestación del servicio.Hoyos aseguró que la institución está alineada con los objetivos del plan nacional de formalización laboral en el sector público y reiteró que el propósito es contribuir a la estabilidad de los trabajadores y al fortalecimiento de la red hospitalaria en Santander.El propósito del Hospital Universitario de Santander es formalizar a largo plazo a 1.000 trabajadores, actualmente solo 48 personas están vinculadas directamente con el centro asistencial.
La Procuraduría General de la Nación reiteró su llamado a la transparencia y a la estricta observancia de las normas de participación en política por parte de servidores públicos en Santander, en el marco del actual proceso electoral.En el departamento se destaca el caso del gobernador Juvenal Díaz Mateus, cuyo hermano, Luis Eduardo Díaz Mateus, actual representante a la Cámara por Santander, aspira ahora al Senado por el Partido Conservador Colombiano.Frente a esta situación, la Procuraduría enfatizó que la candidatura debe avanzar con total transparencia y sin ningún tipo de apoyo, intervención o utilización del equipo gubernamental departamental, recordando que la ley prohíbe a los servidores públicos participar en actividades políticas o favorecer campañas desde el ejercicio de sus cargos.En Barrancabermeja también surge un caso que ha generado atención. Se trata de Laura Cristina Ahumada García, esposa del alcalde Jonathan Stivel Vásquez Gómez y candidata al Senado por el Pacto Histórico.Como antecedente, la Procuraduría abrió investigación disciplinaria contra el mandatario local y lo suspendió provisionalmente por tres meses en octubre de 2025, por presunta participación indebida en política, un hecho que marcó precedente en materia de control electoral en la región.La Procuraduría reiteró que continuará realizando seguimiento preventivo en Santander y en el Magdalena Medio, con el fin de garantizar unas elecciones transparentes y en igualdad de condiciones para todos los candidatos. En escenarios donde existen vínculos familiares directos entre aspirantes y autoridades en funciones, los entes de control suelen intensificar la vigilancia para evitar posibles conflictos de interés o intervenciones indebidas.
La escalada de ataques sicariales en Santander, y en particular en el municipio de San Gil, encendió las alarmas de las autoridades. El pasado 14 de febrero, un nuevo atentado en pleno centro de la localidad dejó tres personas heridas y obligó a reforzar las acciones operativas, ante lo que la Policía ha calificado como una ofensiva criminal coordinada desde centros penitenciarios del país.El coronel Néstor Arévalo, comandante de la Policía de Santander, aseguró que las investigaciones preliminares indican que estos hechos estarían siendo ordenados desde las cárceles.“Sin embargo, quiero informar a la opinión pública que este crimen se está dinamizando desde las cárceles del país; es por eso que en una coordinación que vamos a hacer con el Inpec, en el marco de lo que es el plan dominó, mover a este actor criminal que está dinamizando estos hechos criminales en el municipio”, afirmó el oficial.De acuerdo con el reporte oficial, hombres armados que se movilizaban en motocicletas abrieron fuego contra tres personas en vía pública. Las víctimas, todas mayores de edad y con más de 18 antecedentes judiciales, fueron trasladadas de urgencia al hospital local.Los hechos se suman a una serie de atentados que, según las autoridades, evidencian la presencia de bandas criminales y cabecillas que han comenzado a establecerse en la región, incrementando los niveles de violencia en una zona reconocida por su vocación turística.Habitantes y comerciantes han manifestado su preocupación por la repetición de estos hechos en sectores céntricos, donde también circulan visitantes nacionales y extranjeros.El coronel Arévalo confirmó que los recientes ataques responden a un patrón coordinado y que se activó el denominado “plan dominó” en articulación con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), con el objetivo de identificar y aislar a los internos que estarían ordenando los atentados.“Estamos aplicando el plan dominó con el Inpec para investigar y desarticular estas redes. Pedimos a los ciudadanos que nos entreguen información que nos permita dar con los responsables”, agregó.En San Gil, en los últimos días también se registró el asesinato de Miguel Ángel Suescún Rodríguez, de 32 años, quien estaría vinculado al cartel de los más buscados del Valle de Aburrá. El hombre fue atacado a tiros mientras permanecía en una tienda del municipio.Este homicidio y los recientes intentos de sicariato han incrementado la percepción de inseguridad entre los residentes. Solo en lo corrido del mes, San Gil registra al menos tres intentos de sicariato en barrios como Villa Olímpica y Villa Laura, con saldo de heridos y víctimas mortales.La Policía anunció el fortalecimiento de patrullajes, controles a motocicletas y labores de inteligencia para frenar la ola de violencia que amenaza la tranquilidad de este municipio santandereano.
Una compleja situación se registró en la vía que comunica a Bucaramanga con Rionegro, debido a graves inundaciones provocadas por las fuertes lluvias.El paso permaneció durante varias horas cerrado, luego de que un camión quedara varado en uno de los puntos críticos del corredor vial, generando represamiento de agua y riesgo para los demás conductores. En el norte de la capital santandereana también se reportan múltiples emergencias. Sectores como Vijagual, El Nogal, El Pablón y la vereda San Ignacio presentan vías anegadas y viviendas inundadas, situación que mantiene en alerta a los organismos de socorro.Habitantes de estas zonas han reportado el ingreso de agua a sus viviendas, afectando enseres y generando preocupación ante la continuidad de las precipitaciones."Miren como quedó mi casa. Todo se daño", dijo una mujer afectada por las lluvias en el sector de Vijagual. Campesinos de la zona rural de Bucaramanga reportaron que las lluvias provocaron deslizamientos de tierra y caída de árboles en varios sectores que a esta hora siguen incomunicados.Las lluvias de las últimas semanas han incrementado el nivel de quebradas y drenajes en el área metropolitana, generando emergencias recurrentes por desbordamientos e inundaciones, especialmente en sectores vulnerables del norte de la ciudad.Se espera que en las próximas horas las autoridades locales entreguen un balance oficial de las afectaciones y anuncien medidas para atender a las familias damnificadas y restablecer en su totalidad el tránsito en este importante corredor vial del departamento que une a Bucaramanga con Rionegro y El Playón.
El alcalde de Florían, Néstor Delgado, denunció graves afectaciones ambientales y riesgos para varias comunidades rurales por los trabajos que adelanta un contratista en la vía que comunica a Florián con Jesús María y Puente Nacional, en medio del incremento de las lluvias.Según el mandatario, los movimientos de tierra y el material extraído de la carretera habrían sido depositados muy cerca de la quebrada La Venta, provocando derrumbes que terminaron cayendo al afluente y generando represamientos que ponen en peligro a las familias que viven aguas abajo.“Desafortunadamente, el contratista ha puesto el material muy cerca de la quebrada y todo se ha ido al cauce, generando riesgo para las familias ribereñas”, aseguró Delgado.La situación también amenaza un punto turístico de la región, las Ventanas de Tisquizoque, considerado uno de los atractivos naturales más importantes del departamento.Ante la emergencia, la administración municipal interpuso denuncias ante la Personería, Gestión del Riesgo y la autoridad ambiental Corporación Autónoma Regional de Santander, entidad que realizó visitas técnicas y notificó a la Procuraduría y a la Gobernación para evaluar posibles responsabilidades disciplinarias.El alcalde advirtió que el panorama es crítico: el 50 % de las 32 veredas del municipio presentan afectaciones por deslizamientos y lodo, mientras la vía clave para la conexión comercial y de salud con Bucaramanga y Bogotá registra daños constantes.Además, tres familias ya fueron evacuadas por riesgo inminente y reciben apoyo de arriendo temporal, mientras otras 15 a 20 podrían verse afectadas si se presenta una creciente súbita.“No sabemos si el contratista tiene los permisos para trabajar de esta manera y arrojar escombros cerca de la quebrada, la carga de material está represando el agua y puede provocar una emergencia mayor”, concluyó el mandatario.Las autoridades mantienen monitoreo permanente ante el temor de nuevos deslizamientos por la continuidad de las lluvias.
Cuatro familiares de Kevin Arley Acosta Pico, el niño que falleció tras sufrir un golpe mientras montaba bicicleta, por falta de continuación de su tratamiento, enfrentan hoy la misma enfermedad.La familia denuncia que desde diciembre no reciben el medicamento esencial para controlar el trastorno de coagulación, poniendo en riesgo su salud y su vida.Kevin murió en Bogotá, y sus allegados aseguran que la falta de tratamiento oportuno habría agravado las consecuencias del accidente. Ahora temen que la historia se repita.De acuerdo con los afectados, la Nueva EPS dejó de suministrar el medicamento desde el 2 de diciembre, luego de que la IPS que los atendía informara que ya no tenía contrato vigente.Sergio Torres, primo del menor, de 39 años, explicó que en su caso no recibe la aplicación desde esa fecha. A esto se suma un sobrino de 30 meses cuya última dosis fue el 18 de diciembre, otro niño de 10 años que la recibió el 22 de diciembre y un adulto de 31 años que también quedó sin tratamiento.“Hace más de 20 años recibimos este medicamento sin fallas, ni siquiera en pandemia nos faltó. Es la primera vez que nos dejan desprotegidos”, afirmó la familia, que reside en zona rural.Explican que con el tratamiento pueden llevar una vida normal: correr, trabajar, montar bicicleta o hacer ejercicio. “La hemofilia no es un limitante, pero sin el medicamento no puedo caminar bien, duelen las articulaciones y hasta dormido puedo sufrir hemorragias”, advirtió Torres.Con dolor, aseguran que la muerte de Kevin pudo evitarse. “Si él hubiera tenido el medicamento, los efectos del golpe habrían sido leves”, recalcaron.Frente a esta denuncia, la Gobernación de Santander solicitó acciones urgentes a la Superintendencia Nacional de Salud para garantizar la entrega inmediata de tratamientos a pacientes con enfermedades de alto riesgo en el departamento.
La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente al exgobernador de Santander, Hugo Heliodoro Aguilar Naranjo, por presuntas irregularidades en un millonario contrato para la compra y entrega de juguetes destinados a niños de escasos recursos del departamento.El convenio, suscrito en agosto de 2007, superaba los 650 millones de pesos y, según la investigación, presentó anomalías desde la planeación hasta la ejecución. Para el ente acusador, el exmandatario habría incumplido su deber constitucional de vigilancia, control y seguimiento sobre la contratación pública.De acuerdo con la Fiscalía, en la etapa precontractual se detectaron estudios incompletos, ausencia de un censo poblacional que permitiera identificar cuántos menores serían beneficiados y en qué municipios, además de falta de justificación sobre la necesidad del proyecto.Tampoco se abrió un proceso de licitación pública. En cambio, el contrato fue adjudicado de manera directa a una fundación que, según los investigadores, no tenía la idoneidad ni la capacidad técnica y administrativa para ejecutarlo.Las irregularidades también habrían continuado durante la ejecución. El contratista debía entregar 130.000 juguetes, pero solo suministró 36.000 unidades. A esto se sumó un modificatorio que aumentó el valor de cada juguete de $5.000 a $6.500, lo que, según la Fiscalía, permitió que la fundación se apropiara de alrededor de 416 millones de pesos de recursos públicos.Desde el ente investigador se indicó que estas omisiones permitieron el presunto detrimento patrimonial. “El exmandatario no ejerció los controles necesarios para garantizar el cumplimiento del contrato ni la correcta destinación de los recursos”, señala el expediente.Por estos hechos, una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia de Colombia acusó a Aguilar Naranjo por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación agravado en favor de terceros.
La tensión laboral en el sector energético de Santander entró en su punto más crítico. Tras cumplirse los 10 días desde la asamblea sindical del 7 de febrero y luego de varias reuniones convocadas por los ministerios de Ministerio de Minas y Energía de Colombia y Ministerio del Trabajo de Colombia, no se logró un acuerdo entre la empresa y los trabajadores de la Electrificadora de Santander.La última mesa de diálogo terminó sin consensos y ahora la organización sindical anunciará este viernes si inicia oficialmente una huelga indefinida. Mientras tanto, los empleados advierten que comenzarán a operar a “media marcha”, cumpliendo solo actividades mínimas y básicas.Carlos Roncancio, asesor legal de los trabajadores, confirmó que la decisión será comunicada de manera virtual.“Mañana nos vamos a reunir y daremos a conocer a la opinión pública, a la empresa y a las autoridades locales y nacionales la determinación final. Estamos pidiendo la intervención de la Gobernación de Santander como garante del proceso”, afirmó.Según el sindicato, 681 trabajadores están afiliados a la organización y podrían sumarse al cese de actividades, con impacto en los 87 municipios de Santander, donde opera la empresa, además de localidades en Cesar, Norte de Santander y Boyacá, para un total de 102 municipios con cobertura del servicio.La huelga fue respaldada en votación por 556 empleados afiliados a Sindicato de Trabajadores de la Energía de Colombia Sintraelecol, mientras una minoría optó por acudir a un tribunal de arbitramento. La decisión contó con el apoyo de las subdirectivas de Bucaramanga, Socorro, San Gil, Barrancabermeja y Barbosa.El conflicto laboral se produce tras la etapa de negociación directa sin acuerdos y pocos días después de que el Ministerio del Trabajo ordenara medidas preventivas contra la empresa por presuntas acciones que limitarían el derecho a la huelga.Los trabajadores insisten en que sus exigencias se centran en derechos básicos: ajuste salarial conforme a la ley, cumplimiento de acuerdos colectivos firmados en 2023, garantías de progresividad laboral y mejores condiciones de seguridad y salud en el trabajo.La eventual suspensión de actividades genera preocupación por posibles afectaciones en la prestación del servicio de energía eléctrica en gran parte del nororiente del país, mientras las autoridades locales son llamadas a actuar como garantes ante un paro que podría extenderse por tiempo indefinido.
La Procuraduría General de la Nación abrió un proceso disciplinario y formuló cargos contra dos uniformados de la Policía Nacional adscritos a la Estación de Policía de Málaga, en Santander, por su presunta responsabilidad en un episodio de uso excesivo de la fuerza ocurrido al interior de un establecimiento nocturno del municipio.Los investigados son el subteniente Kenneth Steven Martínez Amaya y el subintendente Rubén Alejandro Benítez Mendoza. De acuerdo con el ente disciplinario, los hechos tuvieron lugar en el Bar San Alejo, donde los policías habrían actuado de forma desproporcionada contra un ciudadano, a quien, presuntamente, empujaron con fuerza, provocándole una lesión en el hombro izquierdo.Según la investigación preliminar, el ciudadano involucrado no habría ofrecido resistencia, ni habría tenido una conducta agresiva o amenazante que justificara el uso de la fuerza por parte de los uniformados.El Ministerio Público reprochó lo que calificó como un posible comportamiento intencional, enfatizando que las autoridades deben actuar bajo los principios de necesidad, proporcionalidad e idoneidad establecidos en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.La Procuraduría recordó que los policías solo pueden emplear medidas extremas cuando los mecanismos de diálogo, persuasión o prevención no son eficaces, en este caso, y según los indicios recopilados, no existía motivo suficiente para una reacción violenta dentro del establecimiento comercial.En esta etapa procesal, el organismo de control calificó la presunta conducta de los dos policías como falta gravísima cometida con dolo, lo que implica que, de comprobarse, los uniformados habrían actuado de manera consciente y voluntaria en la agresión.La formulación de cargos abre una fase clave del proceso disciplinario en la que ambos investigados podrán presentar descargos, aportar pruebas y ejercer su derecho a la defensa.Por ahora La Procuraduría continuará con la recopilación de evidencias, entrevistas y análisis de las circunstancias en las que se desarrollaron los hechos, con el fin de determinar si los uniformados violaron los protocolos de actuación policial y afectaron los derechos del ciudadano involucrado.
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) reactivó el subsidio de $500.000 para 1.871 damnificados en Santander afectados por el fenómeno de La Niña 2021-2023, luego de declarar la excepción de inconstitucionalidad para corregir inconsistencias en el Registro Único Nacional de Damnificados (RUNDA).Según explicó Jorge Maldonado, jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la entidad, la medida busca garantizar que los hogares del departamento que no pudieron acceder al beneficio por errores en el registro tengan una nueva oportunidad para recibir la transferencia económica por única vez.“Hubo personas que no fueron reconocidas como damnificadas debido a esos errores en el registro y nunca recibieron el beneficio económico al que tenían derecho. Hoy tienen una nueva oportunidad”, indicó Maldonado.Con la Resolución 1088 de 2025, la UNGRD abrió un plazo de cuatro meses, hasta el 25 de marzo de 2026, para que los damnificados de Santander subsanen la información que quedó con inconsistencias.La actualización de datos se podrá hacer a través de la página web www.gestiondelriesgo.gov.co, opción RUNDA escribiendo al correo protecciondatospersonales@gestiondelriesgo.gov.coLa entidad aclaró que esta corrección aplica únicamente para quienes ya estaban inscritos al 2 de noviembre de 2024. No se permitirán nuevos registros, pues el RUNDA cerró el 1 de mayo de 2023.Santander aparece entre los departamentos con mayor número de inconsistencias en la información de los damnificados, lo que dejó a cientos de familias sin poder acceder al auxilio económico. Con la excepción de inconstitucionalidad, la UNGRD busca garantizar el derecho al mínimo vital de las 1.871 personas del departamento que continúan a la espera del subsidio.La medida, aplicada por primera vez para una población damnificada, permitirá que los afectados reclamen la transferencia monetaria una vez validen y corrijan sus datos.
El servicio de agua fue restablecido en el Cantón Militar El Trapiche, en Ocaña, Norte de Santander, luego de dos días en los que más de mil uniformados permanecieron sin acceso a este recurso esencial. Así lo confirmó el Comando de la Trigésima Brigada, que señaló que la situación ya fue superada y que la unidad opera con normalidad.La suspensión había generado preocupación entre el personal y las autoridades militares por el impacto en las condiciones de salubridad de la tropa en una zona especialmente compleja del país, donde la presencia de grupos armados ilegales exige plena capacidad operativa.En su comunicado, la Trigésima Brigada reiteró que el bienestar integral de los hombres y mujeres que integran la unidad es “esencial para mantener la capacidad operacional y responder con eficiencia a los desafíos de seguridad en la región”. Añadieron que continuarán haciendo seguimiento para evitar que se repitan afectaciones en el suministro de servicios básicos dentro del cantón.Aunque no se entregaron detalles adicionales sobre la causa de la interrupción, fuentes consultadas señalaron que el corte estaría relacionado con obligaciones pendientes con la Empresa de Servicios Públicos de Ocaña (ESPO). Por ahora, la prioridad es garantizar condiciones adecuadas para el personal que permanece en esta base militar, estratégica para el control del Catatumbo.
La trágica muerte de Karen Sofía Quiroz Ramírez, reconocida en redes sociales como “Bikegirl”, quien perdió la vida en un grave accidente de tránsito la noche del miércoles 26 de noviembre, causó conmoción en Santander.La joven, de 25 años, era una apasionada del motociclismo y compartía contenido sobre mantenimiento y conducción segura para sus más de 24.000 seguidores en Instagram y cerca de 19.000 en TikTok. Su vida se apagó en la vía que conecta a Girón con Floridablanca, a la altura de la estación Contrasur, cuando un tractocamión la arrolló tras una maniobra que terminó en tragedia.Esto se sabe del accidente Según las primeras versiones, Quiroz se desplazaba en una motocicleta Gixxer, de placas DNJ-94H, cuando intentó pasar entre un vehículo Spark, matrícula REM-451, y un tractocamión identificado con la placa SSW-694. En medio de la maniobra habría perdido el control, cayó al pavimento y fue embestida por el camión. El impacto fue fatal.El director de Tránsito de Floridablanca, Jhair Castellano, confirmó que el caso quedó en manos de la Fiscalía General de la Nación, que adelanta las investigaciones para establecer si alguno de los conductores implicados tuvo responsabilidad en el siniestro. Peritos realizaron el croquis correspondiente y recopilan testimonios.Horas antes del choque, la influencer publicó en sus historias un comentario que hoy genera profunda conmoción entre sus seguidores. Contó que sus gafas se habían roto y expresó temor por tener que conducir sin ellas: “Espero no estrellarme por manejar sin mis gafas”, escribió.Tras conocerse su fallecimiento, la publicación fue ampliamente difundida en redes sociales, donde muchos interpretaron el mensaje como una advertencia involuntaria de lo que estaba por ocurrir. En Instagram, amigos, colegas y seguidores lamentaron la pérdida de la joven.
El Juzgado Quince Administrativo del Circuito de Bucaramanga sancionó a seis funcionarios nacionales, departamentales y municipales por desacatar una orden judicial que les exigía implementar un plan de contingencia para reemplazar la tarabita artesanal sobre el río Chicamocha, usada diariamente por estudiantes y habitantes de zonas rurales de Molagavita y Mogotes.En la decisión del 27 de noviembre de 2025, el juez impuso a cada uno una multa equivalente a 30 salarios mínimos legales mensuales vigentes, con la posibilidad de convertirse en tres meses de arresto si no se cumple la orden.Los sancionados son: el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, Jhon Jairo González Bernal, director encargado del Invías, Carlos Alberto Carrillo Arenas, director de la UNGRD., Jesica Juliana Mendoza Ramírez, secretaria de Infraestructura de Santander, Luis Arnulfo Ramírez López, alcalde de Molagavita., Leidy Johana Almeida Balcarcel, alcaldesa de Mogotes.El juzgado concluyó que, a pesar de que la orden original fue emitida el 19 de diciembre de 2023 y reforzada el 16 de enero de 2024, después de 22 meses no se construyó la estructura temporal segura que debía reemplazar la polea. Esta falta de avance dejó expuestos a diario a niños, docentes y habitantes que deben cruzar el río.En el fallo se señala una “inacción y falta de voluntad real” por parte de las entidades involucradas, así como inversión de recursos sin resultados concretos y una “dilación injustificada” en la búsqueda de soluciones. La sentencia también advierte que los mantenimientos de la tarabita existente fueron intermitentes, situación que derivó en un incidente registrado en abril de 2025.El juez fue enfático en que no se puede esperar a que ocurra una tragedia para que las autoridades actúen con diligencia.Como parte de la decisión, se ordenó compulsar copias del proceso a la Procuraduría y a la Contraloría para que adelanten las investigaciones disciplinarias y fiscales correspondientes.La Secretaria de Educación de Santander, María Paula Suárez Morales, fue excluida del incidente tras comprobarse que implementó medidas para garantizar el acceso a la educación sin el uso de la tarabita.Cabe anotar que varios accidentes ocurrieron por el uso de la tarabita y la falta de un paso seguro para la comunidad. el 29 de abril de 2025, tres personas, entre ellas un menor de edad, resultaron heridas luego de que la tarabita en la que se transportaban cayera al río Chicamocha, en el sector de Lagunitas, una zona rural limítrofe entre los municipios de Mogotes y Molagavita, en Santander.Según testigos, la estructura artesanal que sirve como medio de transporte para los campesinos del sector se desplomó cuando cruzaba el cañón, provocando que los ocupantes cayeran desde varios metros de altura. La comunidad, con apoyo de organismos de socorro, logró rescatar con vida a las víctimas, quienes fueron trasladadas al centro médico más cercano.Los habitantes de Lagunitas denunciaron que desde hace años vienen solicitando apoyo del gobierno departamental y nacional para mejorar la movilidad en esta zona montañosa, donde no existen vías aptas para vehículos y el río Chicamocha se convierte en un obstáculo diario.
Entre agosto y noviembre, la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB) adelantó diez operativos de control en los predios institucionales ubicados en la escarpa del municipio, una zona protegida catalogada como Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI). Las intervenciones dejaron como resultado 15 personas capturadas en flagrancia por afectaciones a los recursos naturales.Los operativos se desarrollaron en articulación con la Policía Nacional, el Ejército, la Alcaldía de Bucaramanga y las cuadrillas técnicas de la CDMB, con el fin de frenar talas, quemas, ocupaciones ilegales y otras actividades que ponen en riesgo los ecosistemas estratégicos del área metropolitana.Edwin Cárdenas Bueno, ingeniero ambiental y coordinador de predios institucionales de la CDMB, explicó que el trabajo en terreno permite ejercer vigilancia permanente sobre estas áreas que cumplen funciones clave en la estabilidad de los suelos y la protección de las cuencas.“Estos operativos permiten ejercer control efectivo sobre los predios institucionales, evitando ocupaciones ilegales, talas, quemas y demás afectaciones a los ecosistemas estratégicos del área metropolitana de Bucaramanga”, señaló Cárdenas.La entidad recordó que la escarpa es un patrimonio ecológico fundamental para la conservación de la flora y fauna y el equilibrio ambiental de la región. Por ello, hizo un llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier acción que ponga en riesgo estos predios y apoye la protección de los recursos naturales.“El compromiso ciudadano es clave para mantener este patrimonio ecológico que pertenece a todos”, agregó el ingeniero.La CDMB indicó que continuará reforzando los operativos de vigilancia en la zona para prevenir nuevas afectaciones y garantizar la preservación de los ecosistemas que rodean a Bucaramanga.