Tropas del Ejército Nacional de Colombia evitaron la comercialización de más de un millón de dosis de cocaína en los Estados Unidos, tras ubicar y destruir un complejo cocalero en zona rural de Sabana de Torres, Santander.La operación se desarrolló en el marco del Plan de Campaña Operacional Ayacucho Plus 2023-2026, bajo el concepto de acción unificada, y fue liderada por el Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales (CONAT), en coordinación con la Policía Nacional.El laboratorio fue hallado en la vereda Bella Vista y, según información oficial, haría parte de las finanzas ilícitas del grupo armado organizado Clan del Golfo, específicamente de la subestructura Édgar Madrid Benjumea.De acuerdo con el reporte militar, el complejo estaba conformado por cuatro estructuras con capacidad para producir hasta dos toneladas mensuales de clorhidrato de cocaína. En el lugar fueron encontrados 1.026 kilogramos de esta sustancia, avaluados en aproximadamente 151.000 millones de pesos.La infraestructura destruida tendría un valor cercano a los 700 millones de pesos. Las autoridades indicaron que, gracias a labores de inteligencia militar, se estableció que esta organización estaría buscando expandir sus rutas de narcotráfico hacia países de Centroamérica y los Estados Unidos, utilizando corredores costeros y marítimos en el mar Caribe.
Quedó lista la obra de reconstrucción y reforzamiento del muro de contención que protege a Centroabastos, la zona industrial de Bucaramanga y unas 150 familias del barrio José Antonio Galán.El proyecto fue promovido desde Centroabastos y materializado por la CDMB (Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga), con una inversión que osciló entre los 27.000 y 28.000 millones de pesos, incluyendo obra, interventoría y estudios previos.Carlos Eduardo Quiroga, gerente de Centroabastos, recordó que durante 20 años enfrentaron crisis recurrentes por las inundaciones generadas por la creciente del río.“Es una obra de reforzamiento de lo que se deterioró desde hace 20 años. Tuvimos una crisis con la inundación por la creciente del río de Oro 2005 y no queríamos volver a pasar lo mismo”, afirmó.Según explicó, la configuración de una curva en el sector generaba que el caudal impactara con fuerza hacia predios vecinos, especialmente hacia Almagrario, lo que provocó emergencias en el pasado.“Lo que hicimos fue generar la problemática, hacer amigos en todas partes y buscar que nos brindaran esta protección. La CDMB fue la que nos prestó atención y construyó la obra”, señaló el directivo.La intervención consistió en la reconstrucción del muro de gaviones en la margen derecha del río de Oro, con una extensión de 866 metros lineales. Durante más de un año trabajaron alrededor de 100 personas en la ejecución del proyecto.La obra incluyó un sistema estructural de avanzada, compuesto por gaviones y 95 anclajes activos que refuerzan el punto más crítico de la margen derecha del afluente. Además, se construyó una estructura especial de estabilización en la parte baja, diseñada para prevenir fenómenos de socavación y erosión lateral provocados por la fuerza del río.También se levantaron estructuras perpendiculares a la margen que permiten la acumulación de sedimentos, formando playas naturales que ayudan a controlar la erosión y disminuir el impacto del caudal sobre la infraestructura.Para Juan Carlos Reyes Nova, gerente de la CDMB, el proyecto trasciende la infraestructura física. “Más de dos millones de santandereanos se ven favorecidos de manera indirecta, de los cuales 1,2 millones hacen parte de la jurisdicción de la CDMB. Esto no es solo infraestructura, es protección de la fuente hídrica, seguridad alimentaria y resiliencia para las futuras generaciones”, recalcó.Con esta obra, se busca mitigar el riesgo de nuevas emergencias en uno de los sectores estratégicos para la economía regional, garantizando mayor estabilidad a la central de abastos y a las empresas asentadas en la zona industrial de Bucaramanga.
Dos mujeres fueron capturadas por su presunta participación en el homicidio de un hombre de 47 años, identificado como César Neira, en hechos ocurridos en el barrio Laureles de Bucaramanga.De acuerdo con el reporte entregado por el coronel Héctor Daniel García Acevedo, subcomandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, el homicidio se registró en horas de la tarde.Según la información preliminar, “los hechos estarían relacionados con un presunto caso de abuso sexual contra una menor de 14 años, que habría ocurrido en la mañana del mismo día. Sin embargo, este señalamiento no fue puesto en conocimiento de las autoridades competentes en el momento en que, al parecer, se presentó”.El oficial indicó que, tras conocerse el supuesto caso, algunas personas habrían decidido tomar justicia por mano propia, lo que derivó en el asesinato de César Neira.Como resultado de la reacción policial, dos mujeres fueron capturadas señaladas de ser presuntas responsables del homicidio y quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que asumirá la investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades.Entre tanto, la menor de 14 años está siendo valorada por personal médico especializado y recibe atención integral para el restablecimiento de sus derechos, conforme a los protocolos establecidos para este tipo de casos.Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para que cualquier hecho relacionado con presuntos delitos, especialmente contra menores de edad.Este homicidio se suma a los cuatro homicidios ocurridos en las últimas 24 horas en Bucaramanga. De los hechos ocurridos hay cuatro capturados, la Policía Metropolitana de Bucaramanga busca a los responsables de los hechos violentos e investiga las causas de los asesinatos.
Cinco estudiantes, entre los 14 y 16 años, resultaron intoxicadas tras consumir clonazepam al interior del Colegio San José de Guanentá, en el municipio de San Gil. Las menores permanecen hospitalizadas bajo observación médica en el Hospital Regional de San Gil.El caso fue confirmado por el subsecretario de Salud de San Gil, Víctor Chaparro, quien explicó que la alerta se recibió en horas de la tarde de este miércoles 18 de brero por parte del centro asistencial.“Desafortunadamente el día de ayer (18 de febrero) en horas de la tarde fuimos notificados por una alerta por parte del Hospital Regional de San Gil por unos estudiantes que ingresaron con un cuadro de intoxicación. Se identificaron cinco estudiantes entre las edades de 14 y 16 años que ingresaron al servicio de urgencias por intoxicación por medicamentos”, indicó el funcionario.Según el reporte oficial, el medicamento consumido fue clonazepam, un fármaco de uso psiquiátrico que solo puede ser vendido con fórmula médica.Tras el ingreso de las menores, se activaron de inmediato las rutas correspondientes por tratarse de adolescentes. El caso fue puesto en conocimiento del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y de la Comisaría de Familia, mientras avanzan las investigaciones para establecer cómo las estudiantes accedieron al medicamento.Desde la Subsecretaría de Salud también iniciaron la investigación epidemiológica de campo, revisando las historias clínicas para determinar si alguna de las menores presentaba antecedentes emocionales o crisis previas que pudieran estar relacionadas con el consumo del fármaco.El padre de una de las niñas afectadas expresó su preocupación por lo ocurrido y pidió mayores controles dentro de la institución educativa.“Lo que yo pido es más seguridad en el colegio. En el colegio no hay ninguna clase de seguridad. Le facilitan la entrada al mismo colegio a personas haciéndose pasar por familiares”, afirmó.El hombre relató que su hija presenta alteraciones en su comportamiento tras la intoxicación. “Está como sonámbula, llora, grita, da golpes, se pone agresiva. La van a llevar para atención en salud mental”, agregó.El subsecretario de Salud hizo un llamado a las instituciones educativas para que estén atentas a cambios en el comportamiento de los estudiantes, teniendo en cuenta que pasan gran parte del tiempo en los planteles.También pidió a los padres de familia mantener una vigilancia activa y acudir de inmediato a los servicios de salud ante cualquier señal de alarma.De igual manera, solicitó a las droguerías del municipio abstenerse de vender clonazepam sin la respectiva fórmula médica. “Es un medicamento de uso exclusivo psiquiátrico y no puede ser vendido sin prescripción. Ya tenemos las primeras consecuencias de que factores externos fueron quienes suministraron este medicamento a las estudiantes”, advirtió.Las autoridades aclararon que, hasta el momento, solo hay cinco casos confirmados relacionados con esta intoxicación. Además, continúan las investigaciones para determinar el modo en que el medicamento llegó a manos de las menores y evitar que situaciones similares se repitan.
La divulgación de la historia clínica de Kevin Acosta, un niño de siete años con hemofilia que falleció hace pocos días, junto con declaraciones del presidente Gustavo Petro y de miembros del Gobierno, desató un nuevo foco de controversia en medio del debate por la muerte del menor, quien era paciente de Nueva EPS.Para el director del observatorio Así Vamos en Salud, Augusto Galán, se trata de una actuación contraria a la normatividad vigente y al respeto por los derechos fundamentales. “Es totalmente ilegal y no está bien. El respeto a la privacidad de las personas lo tenemos que cumplir todos los colombianos, no importa si es el presidente de la República o la persona más humilde de este país”, afirmó Galán.El director insistió en que la historia clínica está protegida por normas y regulaciones específicas y advirtió que la actuación del mandatario no solo tendría implicaciones legales, sino también un impacto humano sobre la familia. En particular, señaló que la exposición pública de la información médica revictimizó al niño y a sus familiares.Adicionalmente, Galán explicó que el caso de Kevin refleja la situación que hoy enfrentan miles de pacientes en el país. De acuerdo con el director, más de 4.500 personas con hemofilia estarían en riesgo de vivir escenarios similares, debido a las dificultades para acceder de manera oportuna a los medicamentos que requieren para sus tratamientos.En ese contexto, aseguró que la intermitencia en la prestación de los servicios de salud está relacionada con un problema de financiación del sistema. “Hay pacientes con otras enfermedades de alto costo, que lo hemos visto a lo largo de los últimos meses, y la indolencia del Gobierno no lo ha querido solucionar. Y tiene que ver con la desfinanciación estructural que está diagnosticada desde hace bastante tiempo”, agregó.Durante el encuentro de socialización Colombia Progresa 2026, una iniciativa de seis centros de pensamiento que busca proponer una hoja de ruta al próximo gobierno sobre los principales desafíos del país, Galán sostuvo que el mayor problema del sistema de salud es la crisis financiera que atraviesa, la cual pone en riesgo su sostenibilidad, la continuidad en la prestación de los servicios y el derecho efectivo a la salud. Por esa razón, indicó que una de las principales recomendaciones es estabilizar el sistema mediante una mayor inyección de liquidez.Finalmente, el director del observatorio señaló que parte del deterioro actual también está relacionado con las recientes intervenciones del Gobierno a varias EPS. “El próximo gobierno va a tener que solucionar la intervención que hay sobre las EPS, que tienen en este momento aproximadamente 25 millones de afiliados y que esas EPS intervenidas por el gobierno nacional desde hace más de dos años, pues han visto deteriorar su operación y su patrimonio, y han visto incrementar las quejas, peticiones y reclamos”, concluyó.
El presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), José Ignacio López, advirtió que reversar el aumento del 23,7 % del salario mínimo podría ser tan caótico como la forma en que se tomó la decisión. El pronunciamiento se da luego de que el Gobierno confirmara que se mantiene esa cifra, en medio del plazo de ocho días que dio el Consejo de Estado para revisar el incremento correspondiente a 2026, al considerar que no se cumplieron varios criterios legales al momento de fijarlo.Aunque desde ANIF han sido críticos desde el primer momento frente a los criterios utilizados para definir el aumento, actualmente consideran que no queda otra alternativa distinta a “asumir las consecuencias”. López explicó que, una vez se anunció la nueva cifra, trabajadores, empresas y mercados financieros tomaron decisiones con base en ese valor, y que “la reversa podría ser tan caótica como incluso la decisión no técnica del incremento”. Es decir, cambiar ahora el monto del salario mínimo podría generar desorden, incertidumbre y efectos negativos similares a los que produjo una decisión adoptada sin suficientes criterios técnicos.Para el presidente de ANIF, el llamado del Consejo de Estado es razonable porque, según afirmó, el aumento no contó con todos los elementos necesarios para sustentar una decisión de este tamaño. “Nos parece que el aumento fue una decisión no necesariamente técnica, más bien quizás de orden político”, señaló. En ese sentido, indicó que el pronunciamiento del alto tribunal también representa un mensaje de respeto institucional y la necesidad de explicar con mayor claridad cómo se tomó la decisión.López recordó que, aunque el incremento beneficia a una parte de los trabajadores, también puede tener efectos adversos sobre la población en general, principalmente a través del aumento de precios. A esto se suma el riesgo de que más personas queden por fuera del empleo formal, debido a los mayores costos de contratación que deben asumir las empresas.Finalmente, el presidente de ANIF afirmó que este episodio debería servir para abrir una reflexión de fondo sobre la forma en que se define el salario mínimo en el país. En particular, insistió en que los trabajadores informales no participan en esta discusión, a pesar de que también se ven afectados por lo que se acuerda en la mesa de concertación, y subrayó la necesidad de fortalecer la institucionalidad que regula este proceso.
El exembajador y precandidato Roy Barreras está consolidando respaldos de cara a la votación de las consultas. Este miércoles, la Unión Sindical Obrera (USO), uno de los sindicatos del sector petrolero que en la campaña pasada respaldó al hoy presidente Gustavo Petro, anunció oficialmente su apoyo a la candidatura de Barreras para el próximo 8 de marzo.La USO fue un actor político relevante en la elección que llevó a Petro a la Casa de Nariño, incluso realizó aportes económicos a esa campaña, los cuales hicieron parte de investigaciones en curso por violación de topes electorales.En un comunicado, la organización sindical explicó que su respaldo obedece a coincidencias programáticas, especialmente en materia energética.“La USO de manera institucional y mayoritaria considera que el candidato Roy Barreras representa los intereses de nuestros afiliados y afiliadas, por lo cual se adhiere a su candidatura en la consulta del Frente Amplio por la Vida este próximo 8 de marzo”, señala el documento.El sindicato también dejó claro que busca un cambio frente al enfoque energético actual del Gobierno. Aunque reiteró la importancia de avanzar en energías renovables, insistió en que el país no puede “abandonar ni marchitar la producción petrolera y de gas”. En esa línea, mencionaron que Roy Barreras “se compromete con los trabajadores y trabajadoras del petróleo y el gas (…) a reformular las políticas energéticas del país con fundamento en la autosuficiencia, la seguridad y la soberanía energética”.
Desde este 18 de febrero, los colombianos podrán disfrutar de la nueva temporada de ‘A Otro Nivel’ de Caracol Televisión, el programa que busca dar impulso a nuevo cantante profesional de la mano de un equipo de jurados que les ayudarán a los participantes a perfeccionar su trabajo y volverse en grandes talentos.“Vamos a buscar, por primera vez, y como no se ha hecho desde hace muchísimo tiempo en la televisión colombiana un grupo musical. Un grupo musical que se va a ganar 600 millones de pesos y un contrato, durante un año, con Caracol para girar por toda Colombia”, declaró Juan Esteban Sampedro, vicepresidente de Entretenimiento de Caracol, sobre esta edición.Kike Santander, Pipe Peláez y Gian Marco los jurados de esta ediciónA esta edición se sumaron Kike Santander, Pipe Peláez y Gian Marco como los jurados oficiales gracias a la extensa experiencia. El primero ha sido un importante productor y compositor, mientras los otros dos son importantes cantautores de la región.Conozca el perfil de los jurados de ‘A Otro Nivel’:Kike Santander: el caleño ha sido un importante productor que ha trabajado de la mano de artistas como Alejandro Fernández, Chayanne, Luis Fonsi, Ricardo Montaner, Thalía, Sin Bandera, Alejandro Sanz, entre otros. Se ha dedicado a la música desde 1987 y ha obtenido premios como el Latin Grammy a mejor productor del año.Algunas canciones famosas de Kike Santander:"Let's Get Loud"."Si Tú Supieras"."Rosalinda"."Devuélveme el Amor"."Mi Verdad"."Ave María".Pipe Peláez: el colombovenezolano ha sido uno de los más queridos a lo largo de la música colombiana desde que comenzó en la música desde los 16 años, edad en la que llegó a vivir a Bogotá. Sus primeros éxitos salieron en 1999 y rápidamente escaló como referente que ha ganado premios como Grammy Latino, entre otros.Algunas canciones famosas de Pipe Peláez:"Tan natural"."El amor más grande del planeta"."Cuando quieras quiero"."Loco"."Te amo y te amo"."Mi celosa hermosa".Gian Marco: el artista peruano comenzó su camino en la música a inicios de los 90, desde entonces se consolidó como un referente de la región gracias a su versatilidad con la guitarra, piano y batería para hacer géneros como pop, rock y balada. Su mejor momento fue entre 2003 y 2007 en donde sus canciones llegaron a varios países latino y le dieron la bienvenida a sus seguidores.Algunas canciones famosas de Gian Marco:"Lamento"."Dos historias"."Canción de amor"."Al otro lado de la luna"."Dos historias".
Catorce organizaciones campesinas colombianas participan esta semana en la Amsterdam Cocoa Week y en el Festival Chocoa 2026, uno de los escenarios más importantes del mundo para la industria del cacao y el chocolate. Detrás de esta delegación hay más de 25.000 familias productoras que buscan abrirse espacio en mercados internacionales con cacao fino y de aroma cultivado en distintas regiones del país.Las asociaciones provienen de departamentos como Arauca, Meta, Huila, Boyacá, Magdalena, Santander, Norte de Santander, Nariño y Putumayo. Varias de estas zonas han estado marcadas por el conflicto armado y por economías ilícitas, pero hoy consolidan el cacao como una alternativa productiva sostenible. En este contexto, la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) ha acompañado el proceso de fortalecimiento y proyección internacional de estas organizaciones.Los productores que viajaron a Países Bajos fueron reconocidos previamente en los concursos Cacao de Oro y Grano de Oro, distinciones que destacan la calidad, el aroma y la excelencia del grano colombiano. En Ámsterdam compiten y exhiben su producto ante compradores especializados, chocolateros y expertos del sector, con la expectativa de establecer contactos directos y mejorar sus condiciones de comercialización.Cabe mencionar que cerca del 95 % de esta producción se destina a exportación y más de 65.000 familias dependen de esta cadena productiva en más de 500 municipios. Para las organizaciones participantes, la vitrina internacional no solo representa una oportunidad comercial, sino también la posibilidad de consolidar al cacao como cultivo de paz y motor de desarrollo rural en territorios históricamente golpeados por la violencia.
La operación se realizó en el casco urbano del municipio de Los Patios, Norte de Santander, en el marco del Plan Ayacucho Plus. En el procedimiento participaron soldados del Batallón de Infantería N.° 13 General Custodio García Rovira, orgánico de la Trigésima Brigada, y del Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas N.° 4, en coordinación con la SIJIN de la Dirección de Antinarcóticos y los Comandos Jungla de la Policía Nacional.Según las investigaciones, alias “Gustavo” sería el líder de una organización criminal de alcance internacional dedicada al envío de grandes cargamentos de clorhidrato de cocaína desde Colombia hacia el noreste de Uruguay mediante aeronaves clandestinas. Posteriormente, la droga era transportada por vía marítima hacia países europeos, principalmente España y Países Bajos.Las autoridades indicaron que el capturado utilizaba sofisticados métodos logísticos para el ocultamiento y transporte de estupefacientes, incluyendo el camuflaje en cargamentos de frutas destinadas a la exportación. Su trayectoria criminal registra antecedentes de captura en 2007 en territorio uruguayo con cerca de 496 kilogramos de cocaína, así como procesos judiciales en Europa que derivaron en su extradición y condena por narcotráfico y lavado de activos.En Bucaramanga fueron capturadas otras dos personas por el delito de narcotráfico y lavado de activos, confirmaron las autoridades de Colombia.
La tragedia aérea del 28 de enero de 2025 no solo le arrebató la vida al congresista Diógenes Quintero y a otras 15 personas en las montañas de Norte de Santander, sino que también dejó un vacío en la investigación que hoy sigue sin resolverse.La esposa de Diógenes, Diana Riveros habló en Relatos al Límite y aseguró que, más allá del dolor por su muerte, enfrenta una angustia adicional por el paradero desconocido de pertenencias que, para ella, tienen un valor incalculable.El vuelo operado por Satena había despegado desde Cúcuta con destino a Ocaña, en un trayecto habitual que duraba apenas 17 minutos. Sin embargo, la aeronave terminó estrellándose en zona rural del municipio de La Playa de Belén, causando la muerte de todos sus ocupantes. En medio de la recuperación de los cuerpos y las investigaciones posteriores, varias pertenencias del congresista no aparecieron. El bolso, el celular y la libreta: objetos que nunca regresaronRiveros relata que su esposo viajaba siempre con un bolso negro personalizado con sus iniciales. Allí guardaba elementos esenciales de su trabajo: su celular, una libreta donde escribía a mano sus ideas, una iPad y documentos personales. Ninguno de estos objetos fue recuperado.“Ese bolso no aparece. Era un bolso negro, personalizado, que no tiene pierde. Tenía su libreta, su iPad, sus cosas personales. Para mí eso tiene un valor demasiado alto”, explicó Riveros, quien desde entonces ha pedido ayuda a la comunidad para ubicar esos elementos.La desaparición del celular es otro de los misterios. Según la familia, el dispositivo continuó recibiendo llamadas y mensajes horas después del accidente, lo que generó confusión sobre su estado. Sin embargo, hasta hoy no ha sido entregado ni reportado oficialmente entre los objetos recuperados.Lo poco que quedóAlgunas pertenencias sí lograron ser rescatadas por quienes llegaron primero al lugar del accidente. Entre ellas, una cadena, manillas y su billetera con documentos personales, que permitieron confirmar su identidad. También fue reconocido por un tatuaje en su cuerpo, el cual, según su esposa, permanecía intacto.Otros elementos, como su reloj, nunca fueron encontrados. “Él se compró uno igual al que me regaló días antes. Ese reloj no aparece. Yo creo que salió expulsado en el impacto”, contó.Incluso los zapatos que llevaba ese día fueron vistos en imágenes posteriores al accidente, pero tampoco han sido entregados a la familia.Para Riveros, recuperar estos objetos representa mucho más que una cuestión material. Son, dice, fragmentos de memoria que le permitirían conservar una conexión tangible con su esposo.“Cada cosa que pertenecía a él tiene un valor demasiado grande para mí. Es lo último que tuvo, lo último que usó”, afirmó.La viuda también ha cuestionado los protocolos de recuperación y custodia de pertenencias tras el accidente, y pide claridad sobre el destino de estos elementos, así como avances en la investigación sobre las causas del siniestro.Mientras las autoridades continúan las indagaciones, la incertidumbre persiste. Para la familia de Quintero, el duelo no solo está marcado por la pérdida de un ser querido, sino por la ausencia de objetos que, en medio del dolor, se han convertido en símbolos de despedida que aún no han podido recuperar.
Dos accidentes de tránsito en motocicleta dejaron como saldo dos personas muertas y un herido de gravedad en hechos ocurridos entre la vía Bucaramanga – Girón y el municipio de Rionegro, en Santander.La primera víctima fue Juan Sebastián Angarita Rojas, estudiante de Tecnología en Producción Industrial en las Unidades Tecnológicas de Santander.El joven había salido de clases y se movilizaba como parrillero en una motocicleta conducida por un compañero del mismo programa académico. El accidente ocurrió en la vía Bucaramanga – Girón, en el sector conocido como Coca Cola.Según la información preliminar, el conductor perdió el control del vehículo, invadió el carril contrario y ambos ocupantes cayeron sobre el pavimento. Juan Sebastián sufrió un trauma craneoencefálico severo. Aunque fue trasladado de inmediato a un centro asistencial, falleció debido a la gravedad de las lesiones.El conductor de la motocicleta resultó gravemente herido y permanece bajo atención médica.Tras conocerse la noticia, el rector de las UTS, Omar Lengerke, lamentó el fallecimiento del estudiante.“Con el corazón conmovido, hoy despedimos a uno de nuestros jóvenes talentos. La partida de Juan Sebastián Angarita Rojas nos deja un vacío profundo en los pasillos de nuestra institución”, expresó el directivo, quien envió un mensaje de solidaridad a sus padres, amigos y compañeros del programa académico.En un segundo hecho, ocurrido en la vía hacia la Costa Atlántica, en el sector Cristo Rey antes de ingresar al municipio de Rionegro, perdió la vida Orlando Rodríguez.De acuerdo con el reporte oficial, el motociclista perdió el control del vehículo en una curva y chocó con la parte lateral de la carrocería de una tractomula. Producto del fuerte impacto, sufrió la amputación de su brazo izquierdo.Rodríguez fue trasladado al Hospital San Antonio de Rionegro, donde falleció pese a los esfuerzos médicos.Las autoridades de tránsito adelantan las investigaciones para establecer con exactitud las circunstancias de ambos siniestros viales y reiteraron el llamado a la prudencia en las carreteras.
Hay preocupación entre los residentes del barrio Cabecera por la convocatoria que está haciendo un grupo de personas que se identifican como therian para reunirse en el parque San Pío de Bucaramanga al mediodía del sábado 21 de febrero de 2026.Ante esta situación, la Junta de Acción Comunal (JAC) del sector elevó una solicitud formal a la Alcaldía y a la Policía Metropolitana para que no sea permitida la actividad, al considerar que podría generar alteraciones del orden público.La comunicación fue dirigida al alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, al secretario del Interior, Alfonso Pinto, y al comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, William Quintero Salazar.En la carta, la JAC solicita “de manera formal y urgente” que no sea autorizada ni permitida la reunión anunciada para las 12:00 p.m. en el Parque San Pío, argumentando que el horario nocturno y la naturaleza de la convocatoria representan un riesgo para la tranquilidad ciudadana y la sana convivencia.Según el documento, permitir el encuentro podría generar afectaciones al orden público y a la seguridad, especialmente por tratarse de un espacio público concurrido del sector de Cabecera del Llano. La Junta advierte que “la autoridad está facultada para intervenir de manera preventiva, con base en los artículos 33, 35, 53 y 92 de la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana)”.A la preocupación de la comunidad se suma que, a la misma hora, otro grupo de ciudadanos estaría convocando a una concentración para rechazar la presencia de los denominados therians, personas que, según la convocatoria difundida en redes sociales, se identifican como animales.Entre las solicitudes puntuales están “No autorizar ni permitir la realización de la reunión anunciada, disponer presencia preventiva de la Policía en el sector y adoptar las medidas necesarias para garantizar el uso adecuado del espacio público y la protección de la comunidad”, dice el documento.La Junta de Acción Comunal de Cabecera indicó que la petición se formula “con carácter preventivo y en defensa del interés general”, e insistió en la necesidad de evitar situaciones que puedan poner en riesgo la seguridad en uno de los parques más emblemáticos de la ciudad.Esta es la carta de la Junta de acción comunal de Cabecera del Llano.
Los casos se registraron en los barrios Nariño, Villas de Girardot, Villas de San Ignacio y Laureles, sectores donde las autoridades desplegaron operativos para dar con los responsables y esclarecer los móviles de los crímenes en Bucaramanga y Piedecuesta. De acuerdo con información preliminar, los homicidios se perpetraron en circunstancias aisladas, aunque no se descarta que algunos de los hechos estén relacionados con disputas por el control territorial y actividades delictivas como el microtráfico, problemática que ha venido generando preocupación entre la comunidad y las autoridades metropolitanas.El caso que más conmoción ha causado es el del menor de 15 años, cuyo asesinato en Piedecuesta es materia de investigación por parte de unidades de la Sijín y el CTI. Organismos judiciales realizaron las inspecciones técnicas a los cuerpos y adelantan la recolección de pruebas y testimonios.Con estos hechos, aumenta la preocupación por la escalada violenta en el área metropolitana, donde en las últimas semanas se han registrado varios ataques sicariales en diferentes sectores residenciales.Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para aportar información que permita identificar y capturar a los responsables, al tiempo que anunciaron el fortalecimiento de los patrullajes y controles en zonas consideradas de mayor riesgo.La situación vuelve a encender las alarmas sobre la seguridad en la capital santandereana y su área metropolitana, mientras líderes comunitarios piden acciones contundentes para frenar la ola de homicidios.
Un nuevo hecho de violencia sacudió a Cúcuta en la noche de este miércoles, cuando una patrulla de la Policía fue atacada a disparos en el anillo vial oriental, cerca del centro comercial Jardín Plaza Cúcuta. El subintendente Luis Sarmiento murió tras resultar gravemente herido, mientras que el mayor Álvaro Salcedo, comandante de la estación del barrio Ospina Pérez, permanece bajo observación médica.El atentado ocurrió cuando el subintendente Sarmiento conducía la patrulla junto al mayor Salcedo. De acuerdo con la información preliminar, hombres armados, al parecer con armas de largo alcance, dispararon contra el vehículo oficial en inmediaciones de Jardín Plaza.Tras el ataque, ambos uniformados fueron trasladados de urgencia a la Clínica Medical Duarte, donde recibieron atención especializada. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, el subintendente Luis Sarmiento falleció debido a la gravedad de las heridas.Plan candado en la ciudadLuego del atentado, la Policía activó un plan candado en distintos puntos de Cúcuta y su área metropolitana, con el objetivo de ubicar y capturar a los responsables del ataque. Se desplegaron unidades adicionales y se intensificaron los controles en vías estratégicas.El hecho se produjo horas después de que el Ministerio del Interior y otras autoridades sostuvieran una reunión de seguridad en la ciudad, en el marco de las medidas preventivas para las elecciones legislativas y consultas programadas para el 8 de marzo.Las autoridades avanzan en la recolección de pruebas y en la revisión de cámaras de seguridad del sector para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables de este ataque que enluta a la Policía y vuelve a encender las alertas por la situación de orden público en la región.
Un operativo coordinado entre la Policía Nacional de Colombia, la organización policial interamericana Ameripol y la Oficina Central Nacional de Interpol en Caracas (Venezuela) culminó con la captura de dos presuntos cabecillas de una plataforma global de narcotráfico asociada al ELN, informó la institución en un comunicado oficial.La acción, denominada Operación Imperio, se desarrolló este martes en la ciudad de Bucaramanga (Santander) en el marco de la estrategia institucional de inteligencia. Según las autoridades, los detenidos eran requeridos internacionalmente y tenían vínculos directos con las rutas de envío de cocaína desde la frontera colombo-venezolana hacia Estados Unidos y Europa.Alias “César”: coordinador de red global del crimenLa primera captura corresponde a César Pérez Serrano, conocido con el alias “César”, señalado como uno de los principales cabecillas de una estructura criminal transnacional dedicada al narcotráfico, la asociación para delinquir y el blanqueo de capitales. Contra él pesaba una Notificación Roja de Interpol, lo que lo hacía buscado en al menos 196 países.De acuerdo con las investigaciones policiales, “César” mantenía comunicación permanente con células del ELN radicadas en la zona fronteriza de Arauca y Norte de Santander. Desde Bucaramanga habría coordinado logística, financiamiento y movimientos estratégicos de la organización, lo que le permitió sostener un alto nivel de vida financiado con recursos ilícitos.Alias “Katy”: líder del componente financieroLa segunda persona capturada fue Katiuska Pargas, conocida como alias “Katy”, solicitada en extradición por su presunta responsabilidad en delitos de blanqueo de capitales. Las autoridades señalan que lideraba el componente financiero de la red criminal, siendo responsable del ocultamiento, administración e integración de recursos ilícitos al sistema financiero nacional y facilitando así la operación continua de la banda.La Operación Imperio representa, según el reporte oficial, un “golpe estructural” a una organización criminal con alcance internacional, golpeando directamente las finanzas del narcotráfico y debilitando la operatividad del ELN en corredores estratégicos de la frontera oriental del país.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, advirtió sobre un escenario de alto riesgo para el proceso electoral en Norte de Santander, al señalar que las amenazas no se limitan al día de la votación, sino que ya se están presentando en la etapa previa.“En la Defensoría del Pueblo acabamos de intervenir planteando unas serias preocupaciones por interferencias no sólo para el día de las jornadas de votación, sino para los días que ya están corriendo antes de la jornada electoral”, afirmó.Marín explicó que identificaron cuatro riesgos principales. El primero tiene que ver con la interferencia en el proselitismo político.“Se han reportado seguimientos, intimidaciones, interrupción de campañas e inclusive renuncias de candidaturas que podrían estar asociadas con presiones de los grupos armados”, señaló.El segundo riesgo está relacionado con las barreras para ejercer el derecho al voto en zonas rurales, donde persiste la presencia de minas antipersonal y restricciones a la movilidad.“Hay muchos municipios que se encuentran minados o con riesgos de artefactos explosivos y esto va a impedir que muchas personas en zonas rurales puedan moverse hasta los puestos de votación y se requiere un plan de emergencia”, advirtió.Un tercer punto crítico es la afectación del censo electoral debido a desplazamientos masivos registrados el año pasado.“Muchas personas no están viviendo en el lugar donde tienen inscrita la cédula”, explicó, y mencionó especialmente el caso del ETC Caño Indio, cuyos firmantes de paz fueron trasladados recientemente a Cúcuta. Según indicó, “se requiere un mecanismo extraordinario que les permita votar”.Finalmente, alertó sobre la violencia digital y la estigmatización en redes sociales. “No es sólo hostigamientos o bullying, sino además señalamientos de que candidatos o candidatas hacen parte de grupos armados”, dijo.Aunque el Frente 33, el ELN y el Clan del Golfo han manifestado públicamente que respetarán el proceso electoral, la defensora advirtió que en la práctica persisten intimidaciones.“Autoridades del pueblo barí y líderes de juntas de acción comunal están recibiendo algunas intimidaciones”, sostuvo, y agregó que esto podría traducirse en mayor abstención o en presiones indebidas sobre los votantes.Finalmente señaló que hay zonas donde no hay control territorial de la fuerza pública. “Son zonas minadas donde la gente no tiene capacidad y hay muy riesgos enormes, hay controles fuertes a la movilidad y eso lo tiene que evaluar y resolver el gobierno nacional”, concluyó.
A 10 años de prisión fueron condenados Leonardo Jesús Rivera Hidalgo y Alberson Armando Aponte Plaza por su responsabilidad en un ataque armado contra cuatro personas en el barrio Los Comuneros de Bucaramanga.La sentencia se dio luego de que las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación permitieran que los procesados aceptaran su responsabilidad por los delitos de homicidio agravado en grado de tentativa; fabricación, tráfico y porte de armas de fuego agravado; receptación agravada y falsedad marcaria.Un juez avaló el preacuerdo suscrito de manera libre y voluntaria por los hoy condenados, quienes estuvieron asesorados por su abogado defensor.De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal de la Seccional Santander, los hechos ocurrieron el 30 de agosto de 2025, cuando cuatro personas salieron de un establecimiento nocturno y se movilizaban en un automóvil por el barrio Los Comuneros. En ese momento, fueron perseguidas y atacadas a disparos por Rivera Hidalgo y Aponte Plaza, quienes se desplazaban en una motocicleta que había sido hurtada.Durante el atentado, uno de los ocupantes del vehículo resultó herido. Las víctimas buscaron refugio en un Comando de Atención Inmediata (CAI), pero el ataque continuó y los agresores se enfrentaron a los uniformados que se encontraban en el lugar.La rápida reacción de la Policía permitió la captura de los responsables, quienes ahora deberán cumplir la pena de 10 años de prisión por estos hechos.
El Icetex anunció en Bucaramanga la apertura de su convocatoria de créditos educativos para el primer semestre de 2026, un programa que incluye opciones de financiación para pregrado, posgrado en el país y en el exterior, así como para Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (ETDH), diplomados, certificaciones y estudios de idiomas.Según explicó el presidente del Icetex, Álvaro Urquijo, a partir del 24 de noviembre comenzará la inscripción escalonada a las diferentes líneas de crédito, que buscan facilitar el acceso y la permanencia en la educación superior.“Llegamos con una nueva convocatoria para que miles de estudiantes accedan, permanezcan y se gradúen. Lo primero es estudiar”, afirmó.La convocatoria 2026-1 contempla la entrega de 6.000 nuevos créditos, más los cupos adicionales que se generen a través del modelo de financiación diferida Alianza + Futuro, que ofrece tasas preferenciales.“Entre las modalidades disponibles se encuentran líneas a mediano y corto plazo para pregrado, sostenimiento en instituciones públicas, créditos para posgrado dentro y fuera del país, y financiación para programas técnicos laborales, diplomados y bilingüismo”, explicó Urquijo.El Icetex también habilitó el calendario de renovaciones para más de 100.000 estudiantes que actualmente cuentan con crédito y continúan su formación. Estos beneficiarios podrán realizar su actualización de datos y renovación hasta el 6 de marzo de 2026.Urquijo reiteró que todos los trámites deben realizarse directamente en la plataforma del Icetex, sin intermediarios y sin costo. La aprobación de los créditos estará sujeta al cumplimiento de requisitos y a la disponibilidad presupuestal."La invitación es para que estos estudiantes ingresen desde ya a www.icetex.gov.co, y con plazo hasta el 6 de marzo de 2026, y realicen el proceso de actualización de datos y renovación de su crédito educativo para que puedan recibir el apoyo económco del Icetex para cubrir los costos por concepto de matrícula", indicó el presidente del Icetex Álvaro Urquijo.
El gobernador de Santander, Juvenal Díaz, lanzó duros señalamientos al Gobierno nacional por la falta de inversiones en vías clave del departamento. Díaz aseguró que en la vía Barbosa–Bucaramanga, correspondiente a los comuneros, persisten dos problemas críticos el abandono del corredor por parte del Gobierno nacional y las exigencias de la comunidad para que los recursos recaudados en el peaje se inviertan directamente en la región.“No se invierte en el departamento y la comunidad está exigiendo que la plata de los peajes se invierta bien en esta vía”, afirmó.Díaz también criticó la falta de respuesta del Gobierno Nacional frente a otros corredores estratégicos como la Transversal del Carare y la Ruta 45 entre Oiba, Barbosa y San Gil. Recordó que en una “acción unificada” con parlamentarios se logró un compromiso para incluir cerca de $500 mil millones en un Conpes, pero “no hicieron nada”. Según el mandatario, esa desatención hoy agrava la crisis de movilidad que afecta a los habitantes de Vélez.El gobernador también condicionó el diálogo con los manifestantes que mantienen bloqueos en La Punta. “Mientras haya vías de hecho en el peaje de La Punta no voy a hablar con ellos. Están acusando que no se está restaurando”, dijo.Finalmente, reiteró que la vía Barbosa–Bucaramanga es responsabilidad directa del Gobierno Nacional, al que acusó de no atender las necesidades urgentes del departamento.
Al cumplirse un año de la avalancha que el 10 de noviembre de 2024 que dejó graves afectaciones en San Vicente de Chucurí, el alcalde Óscar Sanmiguel cuestionó la falta de atención del Gobierno Nacional y de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), asegurando que las principales obras de recuperación siguen sin ejecutarse.Según el mandatario, la emergencia destruyó 22 acueductos, cinco puentes, dos muros en el casco urbano y dejó 17 veredas incomunicadas. Sin embargo, afirmó que, pese a múltiples solicitudes, la única respuesta del nivel central ha sido horas de maquinaria.“Ni los puentes, ni los muros, ni los acueductos han sido atendidos. Todo se ha hecho con recursos del departamento y con los pocos recursos del municipio”, señaló.Sanmiguel hizo un llamado urgente al director de la UNGRD, Carlos Carrillo, para que se priorice la reconstrucción, especialmente la intervención de un muro colapsado frente al colegio Camilo Torres, donde a diario más de 1.000 estudiantes se exponen a un posible accidente. También recordó que el municipio ha solicitado un puente militar para garantizar el acceso a la Institución Educativa Cantagallos, cuyos estudiantes hoy deben cruzar a pie por la quebrada donde ocurrió la avalancha.El alcalde también reiteró la solicitud al Ministerio de Defensa para que entregue o venda 300 hectáreas del Batallón Luciano D’Luyer, terrenos que, según el POT, están destinados a la expansión del municipio y permitirían la reubicación definitiva de familias en riesgo. Solo de la última ola invernal, se requieren reubicar 250 familias, además de otras que esperan desde 1996. “Estas tierras hoy solo están siendo usadas para pastoreo, cuando podrían salvar vidas”, insistió.Sanmiguel lamentó, además, que desde la UNGRD se haya minimizado su solicitud. “Cuando quise llamar la atención, el doctor Carrillo dijo que era un show mediático. Pero ya pasó un año y seguimos sin soluciones”, afirmó.El mandatario explicó que el municipio y la Gobernación están dispuestos a asumir la conexión de servicios públicos y aportar subsidios de vivienda, pero requieren que el Gobierno Nacional autorice el uso del suelo y entregue los predios. “No pedimos que nos resuelvan todo, pero sí que al menos empiecen con una de las acciones que solicitamos”, puntualizó.La queja del alcalde fue presentada durante una audiencia de la Contraloría General de la República, donde reiteró la urgencia de que el Gobierno atienda los daños en los puentes de las comunidades de Totumos, Pozo Negro y Piedras Negras, así como otras obras que, aseguró, siguen pendientes desde hace un año.
La Policía Nacional confirmó el hallazgo de una granada lacrimógena en inmediaciones de la Alcaldía de Bucaramanga, sobre las 8:30 de la noche de este 20 de noviembre.“Se realiza presencia en la calle 33 con carrera 13, donde había manifestado dejar un elemento tipo granada de gas lacrimógeno modelo 5231CS abandonada. Llega personal de antiexplosivos, se descarta cualquier elemento tipo explosivo en el lugar", informó la Policía en un reporte oficial.El hecho prendió las alarmas en la Alcaldía de Bucaramanga y en el centro administrativo de la ciudad luego de que, inicialmente, una fuente anónima advirtiera a las autoridades sobre la intención de ingresar un paquete bomba a las instalaciones de la Alcaldía.La alerta también involucró al Palacio Municipal, por lo que las autoridades ordenaron una revisión completa de las instalaciones y el análisis de cualquier paquete o elemento sospechoso.El gobernador de Santander, Juvenal Díaz, ordenó extremar las medidas de seguridad en la zona.“Me parece un hecho grave que se suma a muchas de las situaciones que se están presentando a nivel nacional. Y yo creo que Santander hay que mantenerlo tranquilo, Bucaramanga tranquila y segura. Vamos a llamar a los comandantes de la Policía, Fiscalía, para que nos digan qué fue lo que pasó y darle claridad a la opinión pública, porque no podemos dejar ningún manto de dudas sobre estas actuaciones”, dijo el gobernador.El mandatario local anunció una reunión con las autoridades para revisar la situación.“Le di instrucciones al secretario del Interior de Santander para que se reúna con el alcalde, con el secretario del Interior de Bucaramanga, miremos qué está pasando. Y le exijamos a la Policía y el Ejército que ayuden a mantener a Santander tranquilo y seguro”, añadió.
La Policía Nacional confirmó el hallazgo de una granada de gas lacrimógeno en la Alcaldía de Bucaramanga. Tras la alerta, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, ordenó extremar las medidas de seguridad en la zona.¿Qué dice la Policía? "Se realiza presencia en la calle 33 con carrera 13, donde había manifestado dejar un elemento tipo granada de gas lacrimógeno modelo 5231CS abandonada. Llega personal de anti explosivos, se descarta cualquier elemento tipo explosivo en el lugar", dijo.
La Policía Metropolitana de Bucaramanga, Mebuc, logró un importante golpe contra el delito de fleteo en la ciudad con la desarticulación del grupo de delincuencia común organizado conocido como Dos Amigos, estructura señalada de planear y ejecutar robos a usuarios de entidades financieras.Las capturas se realizaron mediante orden judicial y estuvieron a cargo de la Sijín. Entre los detenidos se encuentran Viviana Lizeth Gutiérrez, alias ‘Liz’; Jully Lucía Pinto, alias ‘Valeria’; Héctor Steven Rodríguez, alias ‘Megaman’; y Jéssica Valenzuela, alias ‘La Reyna’, señalada como la líder del grupo. Todos deberán responder por los delitos de hurto calificado y agravado, y tráfico, fabricación o porte de armas de fuego.De acuerdo con la investigación, la banda se especializaba en seguir, marcar y atacar a personas que retiraban altas sumas de dinero en establecimientos bancarios. Una vez identificadas las víctimas, coordinaban el seguimiento en motocicletas y ejecutaban los atracos utilizando armas de fuego para intimidarlas.Con la desarticulación de esta estructura, la Policía logró esclarecer dos hechos ocurridos en 2024. El primero el 31 de agosto en la carrera 33A con calle 19, donde cuatro hombres en dos motocicletas abordaron a un ciudadano que había retirado $15 millones de una entidad financiera ubicada en el centro comercial Megamall. La víctima fue arrojada al piso y golpeada mientras le robaban el dinero.El segundo caso se registró el 5 de septiembre en la avenida Samanes, sector Real de Minas, donde un ciudadano fue despojado de $48 millones tras retirar la suma en un banco. Los delincuentes lo intimidaron con arma de fuego y huyeron con el bolso que contenía el dinero.Según la Policía, estos hechos fueron planeados y ejecutados bajo la coordinación directa de alias ‘La Reyna’, quien habría establecido las rutas de seguimiento y distribución de roles dentro de la organización.Los capturados fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente.