La Fiscalía General de la Nación, a través de su Seccional Santander, sigue avanzando en el esclarecimiento de uno de los desfalcos más cínicos a los recursos públicos del departamento, al judicializar a Antonio Enrique Cabarcas Osorio por su participación en un complejo entramado de corrupción tejido en 2022.El núcleo del escándalo radica en un contrato de 3.138 millones de pesos suscrito directamente con la Secretaría de Cultura y Turismo Departamental para ejecutar el proyecto denominado ‘Cultura Ciudadana Siempre por Santander’. Aunque la iniciativa prometía oxigenar la escena artística de Bucaramanga y su área metropolitana, las investigaciones revelaron que el proceso fue, en realidad, una fachada para el desvío sistemático de dineros públicos mediante la manipulación de documentos y el aprovechamiento de la vulnerabilidad de los artistas locales.Bajo una operación coordinada con otros implicados que ya enfrentan la justicia, Cabarcas Osorio participó en la organización de eventos con músicos, bailarines y artistas circenses a quienes se les pagaban sumas, que oscilaban entre los 100.000 y 400.000 pesos. Sin embargo, la trampa documental consistía en obligar a estos trabajadores de la cultura a firmar cuentas de cobro en blanco, las cuales eran posteriormente diligenciadas por valores inflados de hasta 4 millones de pesos por persona.Este mecanismo de falsedad personal y financiera permitió legalizar facturas fraudulentas y presentar certificados de actividades que jamás se llevaron a cabo, acompañados de recibos por valores desproporcionados que no guardaban relación alguna con los precios del mercado real.La contundencia del material probatorio, que incluye análisis contables detallados, obligó a Cabarcas Osorio a aceptar los cargos de peculado por apropiación a favor de terceros y falsedad personal. Según el ente acusador, estas maniobras delictivas generaron un detrimento patrimonial al departamento de Santander equivalente a 968 millones de pesos.Este nombre se suma a la lista de procesados por el mismo caso, entre quienes figuran la exsecretaria de Cultura Departamental, Mery Luz Hernández López; las supervisoras Yexica Natalia Ardila y Carmen Alicia Serpa; el representante legal de la fundación contratista, Óscar José Serrano; y los coordinadores Diana Soveida Joya y William Marcelo Carreño.
Recientemente se conoció un presunto caso de maltrato en un colegio del municipio de Girón, Santander. La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos contra el docente de religión Germán de Jesús Sarabia Puentes por presuntos tratos irrespetuoso contra estudiantes de sexto grado.La investigación del Ministerio Público se centra en una serie de conductas que desdibujan la labor pedagógica, pues se busca establecer si el educador incurrió en tratos irrespetuosos y violentos contra sus estudiantes durante el calendario académico de 2024. El expediente detalla acusaciones que van desde la agresión verbal sistemática hasta el uso de castigos físicos que resultan alarmantes para las autoridades disciplinarias.Según el acervo probatorio que evalúa la Procuraduría Provincial de Bucaramanga, el profesor Sarabia Puentes habría utilizado términos ofensivos de manera reiterada para referirse no solo a sus alumnos, sino también a los padres de familia en pleno salón de clases. No obstante, la gravedad de los señalamientos trasciende la violencia verbal, puesto que se investiga si el servidor público golpeaba presuntamente a los menores utilizando una biblia, les propinaba tirones de orejas y realizaba comentarios despectivos e inapropiados sobre el aspecto físico de los niños y niñas. Estas acciones representarían una vulneración directa al principio de moralidad y al deber de garantizar un trato digno a la población infantil.Frente a la contundencia de los testimonios y las pruebas preliminares, la autoridad disciplinaria ha calificado la presunta falta del docente como grave, bajo la modalidad de culpa grave. El proceso entra ahora en una etapa definitiva donde se busca confirmar si el funcionario faltó a su compromiso legal y ético de proteger a los estudiantes bajo su cargo.
Las denuncias por amenazas contra funcionarios del Inpec en la cárcel de Palogordo, en Girón, no cesan. Según el director del establecimiento penitenciario de alta y mediana seguridad, capitán Eleasid Durán Sánchez, desde el año anterior se han interpuesto 33 denuncias ante la Fiscalía por intimidaciones dirigidas contra personal de custodia y directivos del penal.De acuerdo con el oficial, las amenazas estarían relacionadas con las estrategias de control y vigilancia que se han venido implementando al interior del centro carcelario para contrarrestar actividades delictivas y reforzar la disciplina.“Algunos de nuestros funcionarios han recibido amenazas por esa estrategia de control que nosotros realizamos, pero nosotros seguimos trabajando articuladamente y soñamos también con un establecimiento carcelario diferente”, manifestó Durán Sánchez.El director aseguró que las intimidaciones no solo han sido dirigidas a guardianes, sino también a altos mandos del penal. “Amenazas en mi contra, el comandante de vigilancia y algunos funcionarios de la unidad de policía funcional y de todas maneras también algunos funcionarios de las compañías de seguridad y de las diferentes compañías. Nosotros hemos interpuesto desde el año anterior alrededor de 33 denuncias por amenazas en el establecimiento”, precisó.Según explicó, detrás de estos hechos estarían actores delincuenciales que se oponen a los controles internos.“Son de los actores delincuenciales, de aquellas personas que se oponen al control al interior de los establecimientos carcelarios. Nosotros lo hemos desarrollado y venimos haciéndolo con un cronograma de actividades para aquellas personas que han sido individualizadas como actores que siguen delinquiendo al interior de los establecimientos”, señaló.Frente a la situación, el Inpec ha articulado acciones con otras autoridades para reforzar la seguridad de los funcionarios afectados. El director indicó que se han gestionado medidas de autoprotección y se ha solicitado el acompañamiento de la Unidad Nacional de Protección (UNP).“También hemos articulado con las diferentes autoridades para vincular a los funcionarios a los programas de autoprotección y, desde luego, a los programas de protección de la Unidad Nacional de Protección, a quien hacemos un llamado permanente a brindar esa seguridad a los funcionarios, porque de nada hacemos con estas estrategias si el funcionario no se encuentra motivado y protegido”, afirmó.Las autoridades continúan con las investigaciones para establecer el origen y alcance de las amenazas, mientras el establecimiento mantiene las estrategias de control interno que, según su dirección, buscan garantizar la seguridad y el orden dentro del penal.
Un incendio forestal que se inició hacia las 2:00 de la tarde de este martes 10 de febrero, en la vereda Arenal, sector El Manzano, en el municipio de Mogotes, consumió cerca de 30 hectáreas de cobertura vegetal y mantuvo en alerta a la comunidad durante varias horas.Las llamas avanzaron rápidamente por la montaña, obligando a los habitantes del sector a intervenir de manera directa para evitar que el fuego se extendiera a más predios, viviendas y la escuela de la zona. La situación se tornó más compleja debido a que el cuerpo de bomberos del municipio no se encuentra operando por trámites administrativos.Yulexy Rangel, residente de la zona, relató los momentos de angustia que vivieron.“Nos dimos cuenta hacia las 3 de la tarde porque venía descendiendo por la montaña. Mi esposo estaba desyerbando y se fue con otros vecinos, pero se regresaron a las 5:00 p.m. porque era imposible controlarlo. Mi esposo llamó a bomberos y dijeron que no podían atender porque no están habilitados”, contó.Durante la tarde y buena parte de la noche, campesinos del sector, con ramas, agua y herramientas básicas, trabajaron para reducir la intensidad del incendio y evitar que siguiera propagándose. La solidaridad entre vecinos fue clave para contener la emergencia mientras llegaba apoyo institucional.La Oficina de Gestión del Riesgo de Santander confirmó que el incendio ya fue controlado y que actualmente se encuentra en fase de monitoreo y proceso de liquidación para evitar que se reactive.“El incendio se encuentra controlado y actualmente está en fase de monitoreo y proceso de liquidación. La atención se realiza de manera articulada entre la Policía Nacional, la Defensa Civil y el CMGRD de Mogotes”, señaló la entidad a través de su cuenta en X.Aunque no se reportaron personas lesionadas ni viviendas afectadas, la emergencia dejó una considerable afectación ambiental en esta zona rural de Mogotes.Las autoridades mantienen presencia en el sector para verificar puntos calientes y descartar nuevos focos, mientras la comunidad insiste en la necesidad de que el municipio cuente con un cuerpo de bomberos plenamente habilitado para atender este tipo de emergencias.
Tras una sesión de la Junta Directiva de Urrá realizada este martes, la hidroeléctrica designó a Enrique Kerguelen Méndez como presidente (e) de la empresa generadora, en reemplazo del ingeniero Juan Acevedo Rocha, quien dimitió en las últimas horas, en medio de las acusaciones por vertimientos y presuntos malos manejos del agua del embalse.Kerguelén Méndez es ingeniero civil de la Universidad de los Andes y magíster en Ingeniería Civil, Área Estructural y Sísmica de la misma universidad.La empresa informó que el nuevo encargado hace parte de Urrá desde 1996, cuando ingresó como asesor e interventor de los programas de calidad de aguas, hidrología e hidráulica en el embalse de Urrá y el río Sinú.Detalló que la experiencia acumulada en esta área le fue reconocida en el 2013 al recibir el ascenso para convertirse en jefe de sección planeamiento operativo de la misma organización.Posteriormente, fue asignado en el mes de julio de 2020, como gerente técnico ambiental de la empresa, cargo que venía desempeñando hasta la fecha.
El Ministerio de Salud salió a hablar luego de que organizaciones de salud se pronunciaran frente al nuevo proyecto de decreto sobre aseguramiento en salud, aclarando que este no contempla traslados masivos ni automáticos de afiliados entre EPS.La propuesta, que actualmente se encuentra en discusión, busca reorganizar el sistema con un enfoque territorial y poblacional para mejorar su funcionamiento, especialmente en las regiones más apartadas del país, según lo menciona el ministerio.La entidad señaló que el objetivo es corregir fallas estructurales que afectan la eficiencia y sostenibilidad del sistema. En varios municipios, sobre todo rurales, dispersos o de frontera, operan múltiples EPS con pocos afiliados, lo que dificulta la gestión del riesgo, eleva costos y pone en riesgo la continuidad de la atención.“Este enfoque no implica la adopción de criterios fiscales ni administrativos distintos, ni la imposición de restricciones arbitrarias a la libre competencia económica. Por el contrario, se enmarca en un modelo de competencia regulada, orientado a corregir fallas del mercado del aseguramiento”, mencionó el Ministerio de Salud en su comunicado.La cartera reafirmó que cualquier reasignación de afiliados sería gradual, con reglas claras y garantizando la continuidad de tratamientos, la unidad familiar y el equilibrio financiero del sistema.La Superintendencia de Industria y Comercio concluyó que la iniciativa no restringe indebidamente la competencia, sino que busca fortalecer el modelo de competencia regulada y proteger a los usuarios, idea que fue apoyada por el Gobierno, que sostuvo que la medida no debilita el sistema, sino que pretende hacerlo más organizado, equitativo y sostenible, con un objetivo central: garantizar el derecho fundamental a la salud en todo el territorio nacional.
Acoplásticos manifestó su preocupación por los plazos establecidos por la Dian para declarar y pagar el impuesto sobre productos importados empacados en plástico, fijados en la Resolución 000005 del 9 de febrero de 2026. La norma determinó como fecha límite el viernes 13 de febrero de 2026, lo que deja a los importadores apenas tres días para realizar cálculos técnicos, presentar las declaraciones y efectuar el pago correspondiente.Según Daniel Mitchell, presidente de Acoplásticos, la obligación tiene carácter retroactivo y exige revisar cada operación realizada desde el 25 de julio de 2025. Esto implica identificar si los productos ingresaron al país empacados, envasados o embalados en plástico y calcular el peso en gramos de cada componente.“Los plazos actuales de tres días son claramente insuficientes y elevan el riesgo de sanciones por errores involuntarios”, advirtió el dirigente gremial.El alcance del Impuesto Nacional sobre Productos Plásticos de un Solo Uso (IPUSUI) impacta transversalmente a todos los sectores productivos. Bienes como alimentos, bebidas, productos de aseo, tornillos, materias primas, electrodomésticos, equipos y maquinaria protegidos con plástico podrían estar gravados, lo que amplía la carga operativa para empresas de comercio minorista, grandes superficies e industria.El origen de la medida se remonta a la Sentencia C-99 de 2025 de la Corte Constitucional, que ordenó a la Dian reglamentar la declaración y pago del impuesto previsto en la Ley 2277 de 2022 para todos los productos importados empacados en plástico. Aunque la entidad publicó proyectos de resolución en octubre y diciembre de 2025, solo hasta el 9 de febrero de 2026 expidió la norma definitiva, estableciendo el vencimiento para el 13 de febrero.A pesar de que la Dian amplió hasta el 31 de marzo de 2026 el plazo para presentar el reporte de las declaraciones de importación, la obligación de declarar y pagar el impuesto se mantiene para febrero. Esto, según Acoplásticos, podría derivar en errores, sanciones y futuros litigios.
El colombiano Christian González reapareció ante los medios tras el Super Bowl que perdió con su equipo. Dijo que está decidido a obtener una larga extensión de contrato con los New England Patriots."Sin duda que deseo permanecer en este equipo por largo tiempo. Aquí me reclutaron y no quiero estar en ningún otro lugar", aseguró el defensivo.A los 23 años, González está considerado uno de los mejores esquineros de la NFL, algo que corroboró con su destacada actuación del domingo anterior en el Super Bowl LX, a pesar de la derrota de su equipo 29-13 ante los Seattle Seahawks.Christian fue pieza fundamental para mantener a los Seahawks sin anotaciones de 6 puntos en los 3 primeros periodos; sumó 4 tackleadas y 3 pases defendidos, como el mejor integrante de la defensiva de los Pats.La temporada 2026 será su última con contrato de novato por lo que es elegible para una extensión que asegure su permanencia en New England por un largo periodo, algo que confió sucederá."Es lo que busco, pero en este momento no quiero entrar en detalles sobre eso. Es un asunto de mis agentes; ellos se encargarán de eso y me mantendrán al tanto", señaló el primera vez seleccionado Pro Bowl en 2025.Christian González arribó a la NFL en el Draft 2023, en el que fue reclutado en la primera ronda por los Patriots, equipo con el que destacó en su año de novato, a pesar de que una lesión en el hombro lo dejó fuera de aquella campaña en la semana cuatro.Su regreso en el 2024 confirmó su calidad con 59 tackleadas, dos intercepciones, 11 pases defendidos, un balón suelto forzado y una anotación defensiva.En su corta carrera acumula 145 tackleadas, 3 intercepciones, 24 envíos defendidos, ha propiciado un balón suelto y tiene un regreso de 63 yardas para touchdown.González y el resto de sus compañeros se reunieron este martes en las instalaciones de los Patriots para empezar sus vacaciones luego de caer en el juego por el título de la NFL."Solo quería ver a los chicos y pasar un rato con ellos. Es la última vez que este equipo está completo antes de la temporada baja; ha sido un gran viaje que terminó como terminó; ya volveremos", concluyó Christian.Más temprano, Daniel García-Peña, embajador de Colombia en Estados Unidos, felicitó a González por su actuación en el Super Bowl LX."Gracias por representar esa herencia compartida en uno de los escenarios deportivos más importantes. ¡Gracias, Christian!", fue el mensaje que compartió la Embajada de Colombia en EE.UU., a través de sus redes sociales.
Lo que estaba a escasos detalles de convertirse en una realidad, ahora se volvió en un dolor de cabeza tanto para Boca Juniors y Estudiantes de la Plata en torno el colombiano Edwin Cetré, quien, por ahora, no se vestirá de ‘Xeneize’ por diferencias en los criterios médicos en las pruebas que le hicieron para poder firmar el contrato.Así lo hizo saber TyC Sports, reconocido medio local de Argentina, que explicó que no superó los exámenes médicos y, hasta ahora, el fichaje se encuentra estancado y muy cerca de caerse ante esta situación hallada por el personal médico de los ‘xeneizes’.“El pase aún no está caído y dependerá de si el conjunto de La Ribera decide arriesgarse a sabiendas de los inconvenientes que posee el futbolista, o si constantan que los mismos no son perjudiciales para la práctica deportiva de alto rendmiento”, explicaron en el medio mencionado.Pero esta no sería la primera vez que Edwin Cetré tiene un problema como este, pues antes le sucedió cuando por poco estuvo cerca de llegar al Paranaense de Brasil en donde tampoco superó las pruebas médicas.Hasta el momento la negociación también incluía al cuadro Deportivo Independiente Medellín, el cual se quedó con el 50 % del pase del futbolista y le había, incluso, propuesto el préstamo de un futbolista para llegar a un acuerdo en esta operación millonaria para hacerse con los servicios del volante colombiano.Por ahora, la negociación se encuentra estancada sobre el futuro de Cetré y a la espera la decisión final que pueda tomar Boca Juniors en el asunto para seguir adelante o no con el fichaje.Este episodio trajo de vuelta a la memoria de los colombianos a Andrés Felipe Román, quien, en su momento, tampoco pudo llegar al cuadro ‘xeneize’ por un problema en los exámenes médicos pese a que estaba todo cerrado entre los argentinos y Millonarios, club que era dueño de sus derechos en ese momento.
Momentos de tensión se vivieron en el municipio de El Carmen, Norte de Santander, luego de que presuntos integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) hicieran presencia armada en la zona urbana, donde patrullaron varias calles y protagonizaron acciones contra la fuerza pública.Los insurgentes hostigaron durante varios minutos la estación de Policía del municipio, generando pánico entre los habitantes. En medio de los hechos, también se reportó un ataque contra un helicóptero que sobrevolaba el área, al parecer en labores de apoyo y verificación de la situación de orden público.Los hombres armados caminaron por distintos sectores del municipio, lo que obligó a la comunidad a resguardarse en sus viviendas por temor a enfrentamientos. Los comerciantes cerraron de inmediato sus establecimientos y la administración municipal suspendió la atención al público mientras se restablecía la calma.
La tristeza que dejó la muerte de Daniel Felipe Ballesteros aún se siente en las calles de Tona. El niño, de apenas 10 años, fue hallado sin vida a unos 10 metros al fondo de un abismo, en hechos que hoy son materia de investigación y que mantienen consternada a toda la comunidad.Ante la gravedad del caso, la Alcaldía de Tona anunció una recompensa de $10 millones para quien entregue información que permita esclarecer lo ocurrido. El alcalde Jesús Santiago Gutiérrez aseguró que desde el primer momento se activó un trabajo articulado con la Policía Nacional, la Fiscalía y la Gobernación de Santander.“Estamos trabajando articuladamente con Policía, Fiscalía y Gobernación de Santander para esclarecer este crimen que ocurrió en nuestro municipio. Por parte de la administración municipal estamos ofreciendo una recompensa de 10 millones de pesos para aquella persona que nos pueda brindar información para establecer este crimen”, manifestó el mandatario local.El alcalde hizo un llamado a la ciudadanía para que aporte cualquier dato, por mínimo que parezca, y garantizó absoluta reserva. La información puede ser suministrada al número 310 811 4966. “El llamado es a que nos suministren información por mínima que sea, nosotros estamos dispuestos a revisar la información”, añadió.Daniel Felipe era estudiante de la Escuela Francisco Romero y participaba activamente en las escuelas de formación musical y deportiva del municipio. Como cada día, había salido a jugar, sin que nadie imaginara que esa rutina terminaría en tragedia.La indignación y el dolor se transformaron en un acto de unión. Decenas de habitantes se concentraron frente a la Alcaldía de Tona para realizar una velatón en su memoria. Con velas encendidas, oraciones y abrazos, el municipio rindió homenaje al menor y acompañó a su familia en medio del duelo.“Estas imágenes y videos capturan el sentir de un pueblo que se une en un solo corazón. Entre oraciones y el suave resplandor de las velas, la comunidad de Tona se reunió para rendir un sentido homenaje a la vida de Daniel Felipe Ballesteros. Que este acto de unión sea un abrazo de luz para su familia y un testimonio de que su recuerdo de 10 años de alegría nunca se apagará entre nosotros”, escribió la alcaldía en sus redes sociales.Mientras avanzan las investigaciones para determinar las circunstancias de su muerte, Tona clama por justicia. La Alcaldía también declaró tres días de luto en el municipio por la muerte del menor. Además, fueron aplazadas las actividades programadas para próximos días por los 476 años de Tona."En señal de respeto y acompañamiento a su familia y seres queridos, informamos que la celebración de los 476 años de Tona será aplazada. Hoy no es momento de festejar, sino de abrazarnos como comunidad, elevar una oración y acompañar desde el corazón", escribió la Alcaldía de su cuenta en Facebook.
En la madrugada de este martes se registraron dos movimientos telúricos con epicentro en el municipio de Los Santos, Santander, una de las zonas con mayor actividad sísmica del país.El primero ocurrió a las 12:59 a.m. y tuvo una magnitud de 4.8, con una profundidad de 143 kilómetros. De acuerdo con los reportes preliminares, el sismo se sintió de manera leve en Bucaramanga y su área metropolitana, donde varios ciudadanos indicaron haber percibido una ligera vibración, especialmente en edificios de varios pisos.Sin embargo, el movimiento tuvo una percepción un poco más intensa en municipios como San Gil, Barrancabermeja y algunas poblaciones de Norte de Santander, donde habitantes reportaron el temblor a través de redes sociales.Horas después, a las 4:25 a.m., se presentó un segundo sismo también con epicentro en Los Santos. Este tuvo una magnitud menor, de 3.2, y una profundidad de 152 kilómetros. Por sus características, fue percibido con menor intensidad y en menos zonas del departamento.Hasta el momento, las autoridades no reportan daños materiales ni personas lesionadas a causa de estos movimientos telúricos. Organismos de gestión del riesgo mantienen el monitoreo permanente, recordando a la ciudadanía la importancia de conservar la calma y tener identificadas las rutas de evacuación ante cualquier eventualidad.Santander, y particularmente el municipio de Los Santos, se encuentra sobre el denominado “Nido Sísmico de Bucaramanga”, una de las regiones con mayor concentración de sismos en el mundo, lo que explica la recurrencia de este tipo de eventos en la zona.
Botar un colchón viejo, una silla rota o escombros en plena calle podría salir caro en Bucaramanga, la Alcaldía prepara un nuevo decreto que permitirá sancionar y multar a las personas que abandonen inservibles y residuos voluminosos en el espacio público, una práctica que se ha vuelto recurrente en distintos sectores de la ciudad.Según la administración municipal, en separadores, andenes y vías principales es cada vez más común encontrar muebles, escombros, electrodomésticos dañados y desechos domésticos, lo que no solo deteriora la imagen urbana, sino que también genera problemas de salubridad, malos olores, proliferación de plagas y obstrucción del tránsito peatonal y vehicular.El alcalde Cristian Portilla aseguró que esta conducta se repite “una y mil veces” y relató que incluso presenció recientemente cómo algunas personas dejaban residuos en plena vía pública. “No podemos seguir permitiendo que conviertan la ciudad en un basurero. Vamos a controlar y sancionar”, advirtió.El decreto contempla controles más estrictos, operativos de vigilancia y la imposición de comparendos económicos a quienes sean sorprendidos arrojando o abandonando este tipo de elementos en sitios no autorizados.La medida busca frenar una problemática que, según la Alcaldía, genera altos costos de limpieza y afecta la calidad de vida de los ciudadanos.Además de las sanciones, la administración invitó a la comunidad a hacer uso de los canales oficiales de recolección y jornadas especiales para disposición de inservibles, con el fin de evitar acumulaciones ilegales de basura en los barrios.Con esta normativa, Bucaramanga busca recuperar el orden y la limpieza del espacio público, enviando un mensaje claro: quien use la calle como botadero, será multado.
Lo que era una advertencia terminó convirtiéndose en realidad. El Centro de Desarrollo Infantil (CDI) del corregimiento de Berlín, en zona rural de Tona, Santander, cerró sus puertas, dejando sin atención integral a 42 niños y niñas campesinos, quienes dependían del programa para recibir alimentación, educación inicial y cuidado diario.Ante el cierre, padres de familia, cuidadores y menores protagonizaron una manifestación pacífica para exigir respuestas y soluciones inmediatas a las autoridades.La comunidad asegura que la decisión se conoció luego de que el ICBF – Centro Zonal Sur Bucaramanga informara que no continuará con la apertura del programa bajo su modalidad actual, argumentando falta de cobertura. Sin embargo, los padres rechazan esta justificación y sostienen que sí existe suficiente demanda y que decenas de familias quedaron sin el servicio.“Los niños no pueden pagar las consecuencias de trámites administrativos, lo que impide que continuemos nuestras labores en el campo, porque no los podemos dejar a la deriva”, afirmó Beatríz Rodriguez lider comunitaria .El CDI era el único programa de atención a la primera infancia en toda la zona de Soto Norte, ofreciendo acompañamiento pedagógico, apoyo psicosocial y alimentación, fundamentales para familias que trabajan en labores del campo y no tienen dónde dejar a sus hijos.Desde el Concejo municipal de Tona, el concejal Adalberto Ospino aseguró que la situación había sido advertida desde noviembre del año pasado.“Es el único programa de Bienestar Familiar en el sector. Tiene componente educativo y nutricional. Desde el año anterior se pidió buscar soluciones técnicas y administrativas para que no se cerrara, pero no hubo respuesta oportuna”, afirmó.Aunque el ICBF financia el 100 % de la operación, la continuidad del servicio también dependía de que la Alcaldía garantizara un espacio físico, situación que finalmente no se resolvió.Ahora, 42 menores quedaron sin atención y sus familias exigen la intervención urgente del ICBF, la Alcaldía de Tona, la Personería y la Comisaría de Familia, para reactivar el programa cuanto antes.Mientras tanto, en Berlín la preocupación crece los niños ya no tienen dónde recibir cuidado ni alimentación durante el día.
Continúan llegando familias desplazadas desde el Catatumbo hacia la ciudad de Ocaña. La Personería de ese municipio advierte que más de 20 menores de edad están entre los afectados.Son más de 150 personas, agrupadas en 40 núcleos familiares, las que han arribado a Ocaña debido a los combates entre el ELN y las disidencias del frente 33 de las Farc, así como a las operaciones de las Fuerzas Militares en el territorio.Jorge Armando Bohórquez, personero de Ocaña, dijo que en la Defensoría del Pueblo y en la Personería Municipal están recibiendo declaraciones de 40 familias que han llegado desplazadas desde el Catatumbo. La situación de violencia, las amenazas contra la población civil y las operaciones militares han dejado a las comunidades en medio del fuego cruzado"."Estas personas me indican que vienen del 77, de Filogringo y del corregimiento de Langalia, donde se han presentado enfrentamientos entre el ELN, las disidencias del frente 33 de las Farc y operaciones del Ejército, lo que ha obligado a estas familias a desplazarse", añadió."Hemos visto latente y muy fuerte el desplazamiento masivo, no solo hacia la región de Cúcuta, que está recibiendo población como ciudad capital, sino también hacia municipios aledaños", señaló Diana Vargas, representante de la organización social Tejedores de Paz.Autoridades en el departamento confirmaron que a municipios como Tibú y a la ciudad de Cúcuta también comienzan a llegar familias que huyen del conflicto armado.
La Policía de Santander logró la captura de un hombre de 30 años señalado como pieza clave en un masivo cargamento de estupefacientes que sacudió el suroccidente del país. El operativo, desarrollado en el sector conocido como La Playa, sobre la vía que conecta a Bucaramanga con Barrancabermeja, puso fin a la fuga de un individuo vinculado directamente con el transporte de 5.592 kilogramos de marihuana, una cifra récord que evidenció en su momento la magnitud de la estructura logística a la que presuntamente servía.La detención se produjo en el corregimiento de Tienda Nueva, municipio de Betulia, durante un despliegue de control territorial adelantado por la Policía Nacional en articulación con el Ejército Nacional. Al verificar los antecedentes del ciudadano en el sistema, los uniformados detectaron una orden de captura vigente emanada por el Juzgado Octavo Penal Municipal de Palmira, Valle del Cauca. El sujeto era buscado por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado, derivado de una investigación que lo sitúa como el responsable de movilizar la imponente carga de más de cinco toneladas del alucinógeno.Los hechos que originaron este requerimiento judicial se remontan al 22 de agosto de 2024. En aquella fecha, las autoridades interceptaron un tractocamión en la vía que comunica a Villa Rica, Cauca, con Palmira, Valle del Cauca. Tras una inspección minuciosa, se descubrió que el vehículo de carga pesada escondía, bajo una modalidad de camuflaje sofisticada, los 5.5 toneladas de marihuana que tenían como destino los centros de distribución regional. El expediente judicial detalla que el hoy capturado habría sido el encargado de custodiar y garantizar el tránsito de este cargamento.El coronel Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, comandante del Departamento de Policía de Santander, destacó que este resultado es fruto de un trabajo conjunto con el Gaula Militar y la Fiscalía General de la Nación. Según el alto oficial, tras ser presentado ante la autoridad competente, un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento intramural contra el sindicado, considerando la gravedad de los hechos y el volumen de la sustancia incautada.
El comercio exterior se convirtió en uno de los principales motores económicos de Santander en 2025. El departamento logró el mayor nivel de exportaciones no minero energéticas de los últimos cuatro años. Con respecto al año 2024 el crecimiento fue del 40,4 %, impulsado principalmente por el sector agroalimentario y productos tradicionales como el café y el cacao.Según el Balance Exportador presentado por la Cámara de Comercio de Bucaramanga, las ventas externas no minero energéticas alcanzaron los 464,9 millones de dólares, una cifra que no se registraba desde 2021 y que marca un nuevo récord para la economía regional.Con este resultado, Santander se ubicó en el puesto 11 entre los departamentos que más exportan en Colombia, mejorando su posición en el ranking nacional y consolidando su presencia en los mercados internacionales.Estados Unidos se mantuvo como el principal destino de los productos santandereanos, concentrando el 41 % de las exportaciones. Sin embargo, el informe también destaca el crecimiento hacia Asia y África, regiones que registraron los mayores aumentos porcentuales en 2025, con envíos a países como China, Malasia y Egipto.El sector de agroalimentos lideró la canasta exportadora con ventas externas por más de 373 millones de dólares. El café encabezó la lista de productos exportados, seguido por el cacao y sus preparaciones, animales vivos, carne y despojos comestibles, y frutos comestibles."Parte del crecimiento responde a la estrategia implementada con productores y agentes exportadores. Crecimos en las exportaciones y eso gracias a los empresarios que están llevando nuestros productos al mundo", señaló Maria Alejandra Sampayo, vicepresidenta de Crecimiento y Sostenibilidad Global de la Cámara de Comercio de Bucaramanga.En total, 225 empresas realizaron operaciones de exportación desde Santander, en su mayoría micro y pequeñas compañías, muchas de ellas con menos de diez años de creación. Las mercancías santandereanas llegaron a 93 países, utilizando 14 puertos del país.
La emergencia climática que golpea a diversos municipios del departamento ha dejado un centenar de familias afectadas. Por esta razón, la Asociación de Acción Social para Apoyar a Santander (ASPAS), en un esfuerzo conjunto con la Gobernación de Santander, ha puesto en marcha una campaña de solidaridad para mitigar el impacto sufrido por la pérdida de enseres y medios de subsistencia.La primera dama del departamento, Victoria Eugenia Casallas Lozano, lidera este llamado a la unidad regional, destacando que la magnitud de la situación requiere de una acción conjunta entre las instituciones y la sociedad civil. “Estamos tocando nuevamente los corazones de nuestros santandereanos; infortunadamente hemos tenido que activar esta campaña para poder ayudar a todos aquellos damnificados en este periodo de lluvias”, manifestó Casallas Lozano, enfatizando que cada aporte, por pequeño que parezca, representa un mensaje de esperanza y un alivio tangible para quienes lo han perdido todo.Para facilitar la recepción de las ayudas, la administración departamental ha dispuesto de dos puntos estratégicos de acopio que operarán en jornada continua de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. El primero de ellos se encuentra ubicado en la entrada principal del Palacio Amarillo (Gobernación de Santander) en el centro de Bucaramanga, mientras que el segundo punto está habilitado en la Oficina de Gestión del Riesgo de Santander, en el municipio de Floridablanca, metros arriba de Papi Quiero Piña.Las autoridades han sido enfáticas en las necesidades prioritarias para atender la emergencia. Se solicita a la ciudadanía priorizar la donación de alimentos no perecederos, agua potable, útiles de aseo personal y elementos de limpieza.Asimismo, dada la pérdida de mobiliario doméstico en las zonas inundadas, se requieren con urgencia colchonetas, cobijas, frazadas y ropa usada en buen estado. La campaña también contempla el bienestar animal, por lo que se ha incluido la recepción de alimento para mascotas.El municipio más afectado por el invierno es Lebrija, especialmente en la vereda Vanegas, donde cerca de 200 personas permanecen en zona de alto riesgo luego de una creciente súbita del afluente que lleva el mismo nombre del municipio.La emergencia también se extiende a Sabana de Torres, Rionegro y Florián, donde se reportan inundaciones, deslizamientos de tierra, vías cerradas y centenares de familias damnificadas. En el corregimiento Provincia, en Sabana de Torres, el desbordamiento del río afectó a 80 familias y dejó al menos 167 personas damnificadas. Según el Ideam, las lluvias en Santander seguirán durante este mes.
Comunidades ribereñas del río Lebrija denunciaron una grave mortandad de peces registrada en las últimas horas, situación que ha generado alarma ambiental y preocupación entre pescadores artesanales que dependen de este afluente para su sustento.De acuerdo con los testimonios de habitantes de la zona como Juan García, el fenómeno estaría relacionado con la apertura de compuertas y "el lavado de la represa de Bocas, infraestructura ubicada en el corregimiento del mismo nombre, en jurisdicción del municipio de Girón, Santander. Este embalse, también conocido como el embalse de la central hidroeléctrica Palmas de la ESSA, opera sobre el río Lebrija bajo un sistema de generación a filo de agua.Según la comunidad, durante estos procedimientos se liberarían aguas con alta carga de sedimentos, lodos y materia orgánica, lo que reduciría los niveles de oxígeno en el río y provocaría la muerte masiva de peces a lo largo del cauce. A esta situación se sumarían, presuntamente, vertimientos de aguas residuales provenientes del área metropolitana de Bucaramanga, Girón y Lebrija, que desembocan en afluentes que alimentan el río Lebrija.Pescadores aseguran que el impacto ha sido severo, no solo en términos ambientales, sino también económicos, ya que muchas familias viven exclusivamente de la pesca y hoy ven afectada su principal fuente de ingresos. “El agua cambia de color y el pescado aparece muerto; así no se puede trabajar”, relataron habitantes de la zona.Ante esta situación, se espera un pronunciamiento de las autoridades ambientales competentes, así como la realización de inspecciones técnicas y toma de muestras que permitan establecer con claridad las causas de la mortandad y determinar responsabilidades. Las comunidades piden acciones urgentes para proteger el ecosistema y evitar que estos hechos se repitan.La problemática vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de un control más estricto sobre el manejo de las represas y los vertimientos de aguas residuales, así como un seguimiento permanente al estado ambiental de uno de los ríos más importantes de Santander.
Un nuevo golpe al tráfico de estupefacientes propinó la Policía Nacional en el municipio turístico de San Gil, donde fueron halladas más de 19.000 dosis de marihuana que estaban listas para ser distribuidas en la región. La droga era transportada mediante una empresa de encomiendas y provenía de Bogotá D.C.El operativo fue adelantado por unidades de la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental, como parte de los controles permanentes a empresas de mensajería. Durante la inspección a una bodega de envíos, el canino detector de narcóticos Yordy dio señal positiva frente a dos encomiendas que levantaron sospechas por su contenido.Al abrir los paquetes, los uniformados encontraron siete bloques rectangulares de marihuana, con un peso aproximado de 19.000 gramos. Llamó la atención de las autoridades que los paquetes estaban marcados con la imagen del Che Guevara, una modalidad que, según los investigadores, podría estar siendo utilizada por las redes criminales para identificar la droga y su destino dentro de la cadena de distribución.De acuerdo con la Policía, el cargamento estaba destinado a su comercialización en San Gil, lo que representa una grave afectación para la seguridad ciudadana y el turismo en este municipio. La incautación generó una afectación económica cercana a los 58 millones de pesos a las estructuras dedicadas al tráfico de estupefacientes.El material fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que adelanta las investigaciones para identificar a los responsables del envío y desarticular la red que estaría detrás de esta modalidad de tráfico mediante encomiendas.Las autoridades reiteraron que continuarán fortaleciendo los controles en la cadena logística para impedir que este tipo de sustancias lleguen a municipios turísticos y afecten la tranquilidad de la comunidad y de los visitantes.
Una intensa investigación de inteligencia permitió a las autoridades aprehender a un menor de 17 años, señalado de estar detrás de una serie de homicidios que desde noviembre venían generando temor en el área metropolitana de Bucaramanga.El operativo fue liderado por la Sijín de la Policía Metropolitana, con apoyo del Grupo de Operaciones Especiales (GOES), quienes lograron ubicar al joven en una finca rural del municipio de Lebrija, cerca del aeropuerto Palonegro, lugar donde se estaría escondiendo para evadir a las autoridades. En el procedimiento fue incautada un arma de fuego, que ahora es materia de análisis dentro de las investigaciones.De acuerdo con información preliminar, el adolescente estaría vinculado a más de 15 homicidios, entre ellos varios hechos de alto impacto ocurridos en Bucaramanga, Girón y otros sectores del área metropolitana.Las autoridades también investigan su presunta participación en atentados sicariales que dejaron personas heridas, así como en el asesinato de dos mujeres ocurrido recientemente donde murió una menor de 17 años.También se le atribuyen otros hechos violentos registrados en municipios y sectores como Girón, El Páramo, Caracolí, Canelos, Panorama (La Jaula) y San Miguel, además de varios atentados sicariales que dejaron personas heridas.En medio del proceso judicial, las autoridades confirmaron que días antes fue capturada la madre del menor, quien enfrenta una medida de aseguramiento en centro carcelario por su presunta participación en la venta de sustancias ilícitas, las cuales, según la investigación, serían distribuidas en sectores del municipio de El Páramo.El adolescente quedó a disposición de un juez de responsabilidad penal para adolescentes, quien deberá definir su reclusión en un centro especializado, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer completamente esta cadena de hechos violentos que mantiene en alerta a la región.
Ante el incremento de acciones delictivas de grupos armados al margen de la ley, especialmente de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra, que estarían intentando ingresar y asentarse en los departamentos de Santander, Norte de Santander y Cesar, las autoridades realizaron una reunión de seguridad en la Gobernación de Santander para definir acciones conjuntas de protección territorial.El encuentro, liderado por la Gobernación de Santander y con la participación de delegados de los gobiernos departamentales de Norte de Santander y Cesar, tuvo como propósito realizar una evaluación y diagnóstico conjunto sobre las amenazas que representan los grupos armados organizados que delinquen en esta región del país.Durante la reunión se analizó el comportamiento y las dinámicas delictivas de estructuras como el ELN, el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadores de la Sierra, organizaciones que buscan ejercer control territorial, especialmente en zonas rurales y corredores estratégicos, lo que representa un riesgo para la seguridad y la tranquilidad de las comunidades.El secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández Durán, explicó que este análisis permite anticiparse a los movimientos de estos grupos y fortalecer la respuesta institucional.“Este análisis de la evaluación de la amenaza nos permite entender las dinámicas delictivas y, sobre todo, nos da las herramientas para posicionar mayores recursos en materia de seguridad y control del territorio”, señaló el funcionario.Las autoridades acordaron destinar más recursos para fortalecer el control aéreo, así como reforzar la presencia de la Fuerza Pública y un componente diferencial de inteligencia que permita anticipar y neutralizar el accionar de estas estructuras criminales.“Vamos a fortalecer el componente de inteligencia dentro de nuestras Fuerzas Militares y la Policía Nacional, articulados con la Fiscalía General de la Nación, que adelanta investigaciones estructurales para entender la amenaza y desarticular estas organizaciones criminales”, agregó Hernández.En la jornada participaron el Comandante de la Segunda División del Ejército Nacional, con jurisdicción en Santander, Norte de Santander y Cesar, así como el Comandante de la Región de Policía No. 5, ratificando el trabajo articulado entre autoridades civiles y la Fuerza Pública.La Gobernación de Santander hizo un llamado a la ciudadanía para que suministre información oportuna y denuncie cualquier hecho relacionado con estas estructuras criminales, a través de las líneas habilitadas123 Policía Nacional, 165 Gaula Policía Nacional, 147 Gaula Ejército Nacional.Como parte de la estrategia integral de seguridad, la Gobernación de Santander anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quienes suministren información veraz y efectiva que permita la captura de integrantes de grupos armados organizados que delinquen en el departamento.
Autopistas del Magdalena Medio confirmó que, por ahora, persiste el cierre total de la vía en el sector del puente sobre el río Carare, mientras continúan las labores de retiro de la carga, los vehículos involucrados y la limpieza de la calzada. Un accidente de tránsito entre dos tractocamiones se registró en la ruta nacional 45-11, a la altura del kilómetro 63 + 600, en el sector del puente sobre el río Carare, jurisdicción del corregimiento Puerto Araujo, municipio de Cimitarra, Santander.Según el reporte preliminar, uno de los vehículos, un tractocamión de placas TEO-222, que transportaba láminas de madeflex y se movilizaba en sentido sur–norte por la vía La Lizama – Río Ermitaño, perdió parte de su carga al tomar la curva del puente. El material cayó sobre la calzada y colisionó con un segundo tractocamión, de placas SZW-849, que transitaba en sentido norte–sur.Como consecuencia del impacto, el conductor del primer vehículo sufrió laceraciones en el rostro y en la pierna izquierda, por lo que fue trasladado al hospital de Puerto Berrío para valoración médica.Un acompañante también resultó lesionado con heridas en el brazo izquierdo y fue remitido al mismo centro asistencial. El conductor del segundo tractocamión no presentó heridas.Debido al accidente, la vía fue cerrada de manera temporal mientras se realizaban las labores de retiro de la carga, los escombros y los vehículos involucrados. Al lugar acudieron unidades de atención y una grúa de la concesión vial, con el fin de restablecer la movilidad en este importante corredor que comunica a Santander con el Magdalena Medio.Las autoridades viales recomendaron a los conductores tomar rutas alternas y estar atentos a la información oficial sobre la reapertura del corredor.
La Electrificadora de Santander (ESSA) informó que este sábado 24 de enero de 2026, entre las 3:00 p.m. y las 11:00 p.m., se realizarán actualizaciones en sus sistemas de información con el objetivo de fortalecer la operación y mejorar la experiencia de los clientes y usuarios.Héctor Andrés Gómez Restrepo, profesional de redes de ESSA, explicó que durante este periodo de ocho horas no será posible realizar recargas de energía prepago ni pagos de facturas a través de la página web, debido a los ajustes en el sistema digital de la empresa. El servicio se restablecerá el domingo 25 de enero.Debido a esto, ESSA recomienda a sus usuarios planear con anticipación sus trámites y transacciones.Clientes prepago adquirir con antelación los kilovatios necesarios para cubrir el tiempo de la actualización. Las recargas podrán realizarse en los puntos autorizados: Coopenessa, Finecoop, La Perla y Comercial Card PTM.Clientes pospago tener en cuenta el horario de la actualización para efectuar el pago de la factura antes o después del periodo indicado.La empresa hace un llamado a la ciudadanía a tomar las precauciones necesarias y programar sus recargas o pagos de manera anticipada para evitar inconvenientes durante el periodo de mantenimiento.