El Consejo de Estado ratificó de manera definitiva la anulación de la elección del alcalde de Concepción, Santander, Eduard Abril Borrero, al negar la solicitud de aclaración y adición presentada por su defensa frente al fallo que lo sacó del cargo por doble militancia.La decisión fue adoptada mediante un auto del 11 de diciembre de 2025 por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo, y está relacionada con la sentencia del 12 de junio de 2025, en la que el alto tribunal concluyó que: “el entonces mandatario incurrió en doble militancia en la modalidad de apoyo, causal que dio lugar a la nulidad de su elección para el período 2024–2027”, señala el auto.En su análisis, el Consejo de Estado fue claro en señalar que la sentencia no tenía vacíos ni aspectos pendientes por resolver, por lo que no había lugar a aclaraciones ni adiciones, cerrando así cualquier posibilidad de reabrir el debate judicial.La defensa de Abril Borrero solicitó al alto tribunal que explicara por qué el acuerdo de coalición entre los partidos Alianza Verde, Cambio Radical y En Marcha no fue considerado válido, pese a haber sido recibido por la Registraduría; que se aclarara el grado de responsabilidad del demandado o de la Registraduría Nacional del Estado Civil en ese trámite, y que se precisara la ubicación de una prueba documental citada en la sentencia.Sin embargo, el Consejo de Estado reiteró que el fallo del 12 de junio ya explicó que el acuerdo no cumplió con los requisitos legales, en particular porque no quedó consignado en el formulario de inscripción de la candidatura. Además, precisó que el proceso de nulidad electoral es de carácter objetivo, por lo que no evalúa responsabilidades personales ni administrativas de los involucrados, ni de las entidades que participan en el proceso electoral.Aunque negó las solicitudes, el alto tribunal advirtió que la presentación de peticiones impertinentes o recursos improcedentes puede considerarse una maniobra dilatoria y dar lugar a multas de entre cinco y diez salarios mínimos legales mensuales vigentes.Tras la decisión, el municipio de Concepción entra oficialmente en vacancia en la Alcaldía. El fallo obliga al Gobernador de Santander a ejecutar de inmediato la orden judicial, lo que implica retirar del cargo al alcalde anulado, designar un alcalde encargado y adelantar las actuaciones necesarias para convocar nuevas elecciones, conforme a lo establecido en la ley.
TransMilenio vuelve a ilusionar a los bogotanos con un proyecto que promete transformar la movilidad en el occidente de la ciudad. La troncal de la calle 13, una obra que durante años enfrentó retrasos y tropiezos, finalmente seguirá adelante tras asegurarse la financiación necesaria para su construcción. El anuncio reactiva una de las apuestas más ambiciosas del transporte público en Bogotá en la última década.Se trata de una intervención estratégica que conectará el occidente con el centro de la ciudad y que, además, llegará hasta el límite de la capital con el río Bogotá. La obra, planeada inicialmente durante la administración de Claudia López y retomada por el alcalde Carlos Fernando Galán, apunta no solo a mejorar el transporte público, sino también a renovar el espacio público y transformar la dinámica urbana de este importante corredor vial.La troncal de la Calle 13, un proyecto que revive tras varios intentosEl camino para sacar adelante la troncal no ha sido sencillo. El proyecto fue declarado desierto en tres oportunidades por la falta de oferentes, lo que puso en duda su viabilidad. Sin embargo, en octubre pasado tuvo un nuevo impulso cuando el alcalde Galán anunció la apertura de un proceso de licitación para los tramos 3, 4, 5 y 6.De acuerdo con el mandatario, la nueva calle 13 marcará un punto de quiebre para Bogotá. Según explicó Galán, este corredor cambiará la manera en que la ciudad se relaciona con la entrada de carga, el transporte público y el espacio urbano, consolidándose como una vía estratégica para la movilidad y el desarrollo económico.Uno de los avances clave fue asegurar los recursos para la obra. Gracias a un convenio entre la Nación y el Distrito, firmado en agosto de 2022, ambas partes se comprometieron a realizar aportes anuales hasta 2034. No obstante, como el objetivo es entregar la troncal en 2030, el Distrito gestionó un crédito por 670.000 millones de pesos para garantizar el arranque de las obras.El préstamo fue otorgado por Davivienda y la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), con un desembolso de 335.000 millones de pesos por cada entidad. El crédito tiene un plazo de nueve años, incluidos dos años de gracia, y permitirá avanzar en la construcción sin depender únicamente de los recursos futuros.Qué tendrá la nueva troncal de TransMilenio en la Calle 13La nueva troncal tendrá una longitud aproximada de 11,4 kilómetros, desde Puente Aranda hasta el río Bogotá, e incluirá una intervención urbana de gran escala que contempla:Ocho carriles para tráfico mixto.13 estaciones sencillas y una estación cabecera.22,9 kilómetros de ciclorruta.Más de 510.000 metros cuadrados de espacio público, de los cuales cerca de 200.000 serán zonas verdes.20 puentes peatonales y 10 puentes vehiculares nuevos, incluida una megaestructura de tres niveles en Puente Aranda.Además, la incorporación de flota con tecnologías limpias permitirá reducir cerca de 33.908 toneladas de CO₂ al año, aportando a los objetivos ambientales de la ciudad.
Durante años, cada temporada de lluvias se encendían las alertas en el norte de Bucaramanga. La creciente del Río de Oro, especialmente en el sector de Chimitá, ponía en riesgo de inundaciones a la Central de Abastos y al asentamiento humano José Antonio Galán.Hoy, ese panorama empieza a cambiar. La Corporación Autónoma para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB) avanza en una obra de mitigación y estabilización sobre el margen derecho del Río de Oro, en un tramo cercano a un kilómetro, entre el Parque Industrial y el barrio Galán, una de las zonas más críticas por su alta vulnerabilidad a inundaciones.La intervención, que cuenta con una inversión superior a los $27.000 millones, busca reducir de manera significativa el riesgo en un punto estratégico no solo para la seguridad de las comunidades vecinas, sino también para la operación logística de la Central de Abastos de Bucaramanga, desde donde se distribuye más del 70 % de los alimentos que se consumen en Santander y gran parte del nororiente colombiano.Desde Centroabastos, el avance de la obra es visto como un positivo frente a una problemática de hace décadas. Así lo explicó Ricardo Arteaga, subgerente Jurídico y Operativo de Centroabastos S.A., al señalar que la intervención representa un cambio profundo para la zona industrial y para las familias que habitan en sus alrededores.“Esa obra es la tranquilidad para más de 15.000 familias que permanecen en la zona industrial de la ciudad. Tenemos un asentamiento, el José Antonio Galán, que cada vez que había temporada de invierno teníamos que abrir la central por la parte trasera para brindarles una protección provisional. Con esta obra hay una tranquilidad adicional que van a tener estas familias”, afirmó Arteaga.En reconocimiento a la gestión que permitió sacar adelante esta intervención, Centroabastos otorgó una distinción al director de la CDMB, Juan Carlos Reyes Nova, destacando su liderazgo y el alcance regional del proyecto. A este respaldo se sumó el gremio empresarial del sector de Chimitá, que ha valorado de manera positiva los efectos de la obra tanto para la actividad económica como para las comunidades asentadas en la ribera del río.
Moverse por Bogotá en TransMilenio podría dejar de ser un dolor de cabeza adicional para miles de usuarios que sienten cómo el costo del pasaje golpea cada vez más el bolsillo. En el Concejo de Bogotá comenzó a discutirse una propuesta que apunta a una demanda recurrente de los pasajeros: que el sistema devuelva el dinero del pasaje cuando el servicio falla o el recorrido no se puede completar.La iniciativa vuelve a poner sobre la mesa un debate que, aunque no es nuevo, sigue siendo parte del día a día de la movilidad en la ciudad: quién asume los costos cuando la operación se interrumpe. El planteamiento surge en un contexto sensible, marcado por bloqueos frecuentes debido a manifestaciones, evacuaciones de estaciones, fallas técnicas y molestias ciudadanas frente a los ajustes tarifarios.En ese escenario, la propuesta busca un cambio de fondo en la relación entre TransMilenio y sus usuarios, trasladando el foco hacia los derechos del pasajero y no únicamente hacia la operación del sistema.Cuándo devolverían el pasaje de TransMilenioDe acuerdo con lo expuesto por el concejal Óscar Ramírez, autor de la iniciativa, la propuesta plantea implementar un mecanismo de devolución automática del valor del pasaje. Este aplicaría en situaciones en las que bloqueos, accidentes, fallas técnicas u otras contingencias obliguen a los usuarios a descender del bus o abandonar estaciones y portales sin llegar a su destino final.Para Ramírez, no resulta razonable que un ciudadano termine caminando o buscando otro medio de transporte luego de haber pagado por un servicio que no se prestó en condiciones normales. El planteamiento apunta a reconocer un principio básico: el usuario no debería asumir el costo de una falla que no depende de él.Bloqueos en TransMilenio y el impacto en los usuariosEl concejal respaldó su propuesta con cifras que reflejan la magnitud del problema. Solo en 2024, TransMilenio registró 339 bloqueos, lo que evidencia que estas interrupciones no son hechos aislados, sino situaciones recurrentes dentro de la operación del sistema.En la práctica, estos episodios se traducen en miles de personas bajándose de los buses en plena vía, estaciones cerradas de manera repentina y trayectos interrumpidos. A pesar de ese impacto, el pasaje no se devuelve y la carga económica recae exclusivamente en el usuario, una situación que, según Ramírez, se ha normalizado sin mayor debate público.Tarifa de TransMilenio y exigencias de corresponsabilidadLa discusión cobra mayor fuerza en medio del debate por un posible aumento de 250 pesos en la tarifa de TransMilenio y del SITP. Frente a ese escenario, el concejal cuestiona que se planteen incrementos sin ofrecer garantías claras sobre la continuidad y calidad del servicio.Ramírez recordó que la definición de la tarifa es competencia del alcalde y no del Concejo, y pidió mayor transparencia hacia la ciudadanía. En su concepto, cualquier ajuste en el pasaje debería ir acompañado de compromisos verificables, como la reducción de fallas operativas y la devolución automática del dinero cuando el sistema no cumple con lo prometido.
El Clan del Golfo vive de cobros en actividades como la minería ilegal, además de la extorsión y el microtráfico, y tuvo el negocio del tráfico de migrantes en su momento más álgido en el Tapón del Darién.¿Quiénes son los cabecillas del Clan del Golfo y cuáles son sus orígenes? Se trata de una organización de narcotráfico que inicialmente se llamó Los Urabeños, luego Autodefensas Gaitanistas de Colombia y que hoy es conocida como Clan del Golfo. Su mayor injerencia se concentra en la subregión de Urabá, por su cercanía a la frontera con Panamá y los accesos estratégicos a las costas del Pacífico y el Caribe desde Antioquia y Chocó. Actualmente, este grupo armado mantiene conversaciones en el marco de la política de paz total con el gobierno del presidente Gustavo Petro.Los inicios de esta organización terrorista transnacional, como fue declarada por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, se remontan al año 2006, cuando Vicente Castaño, de las Autodefensas Unidas de Colombia, se apartó del proceso de paz y reclutó a Ever Veloza García, alias ‘HH’, y a Daniel Rendón Herrera, alias ‘Don Mario’, con cerca de 800 hombres para iniciar una nueva estructura criminal.Un año después, alias ‘Don Mario’ asumió el liderazgo como principal cabecilla y expandió el poder del grupo desde Urabá hacia el Bajo Cauca, el norte y nordeste antioqueño, el área metropolitana de Medellín y el sur de Córdoba.‘Don Mario’ fue capturado en abril de 2009 en Urabá y, tras su caída, el Clan del Golfo quedó bajo el control de dos hermanos que habían pertenecido al Ejército Popular de Liberación (EPL): Juan de Dios Úsuga, alias ‘Giovanni’, y Dairo Antonio Úsuga, alias ‘Otoniel’.Estos cabecillas corrieron con la misma suerte de otros miembros del Estado Mayor. En enero de 2012, ‘Giovanni’, considerado el cerebro estratégico de la organización, fue dado de baja durante una operación de la Policía en el departamento del Chocó. En 2021, en el marco de la ‘Operación Agamenón’, que tuvo varias fases y dejó también la muerte de otros líderes como Roberto Vargas Gutiérrez, alias ‘Gavilán’, y Luis Orlando Padierna, alias ‘Inglaterra’, ‘Otoniel’ fue capturado.En mayo de 2022, ‘Otoniel’ fue extraditado a Estados Unidos e imputado por una corte de Nueva York por participar en una empresa criminal y conspirar para fabricar y distribuir cocaína hacia ese país. Posteriormente, fue condenado a 45 años de prisión.Tras su extradición, el liderazgo del Clan del Golfo quedó en manos de Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias ‘Chiquito Malo’, quien desde entonces ha solicitado ser incluido en la política de paz total del Gobierno Nacional, con acercamientos que solo se concretaron este año.“Es una estructura que tiene un poder muy grande. Su epicentro es Urabá, tiene una fuerte presencia en la mayor parte del departamento de Antioquia, incluye el Valle de Aburrá y tiene presencia en más de 20 departamentos. Hoy se considera la estructura armada, organizada e ilegal más grande de Colombia”, aseguró Fernando Quijano, analista de conflictos y director de la Corporación Corpades.Debajo de ‘Chiquito Malo’, aunque en marzo de 2023 fue asesinado Wilmer Antonio Giraldo Quiroz, alias ‘Siopas’, permanecen otros mandos clave del Clan del Golfo que hacen parte del Estado Mayor. Entre ellos están José Gonzalo Sánchez, alias ‘Gonzalito’, considerado el segundo al mando, así como Orosman Ostén Blanco, alias ‘Rodrigo Flechas’, alias ‘Julián’ y alias ‘Joaquín’, quienes, según Quijano, ejercen control en amplias zonas del territorio antioqueño.“En Antioquia está ubicado un núcleo donde viven más de 5.000 miembros. Si uno observa los movimientos hacia la subregión norte, los desplazamientos entre el sur de Bolívar y el nordeste antioqueño, así como los flujos desde el Magdalena Medio hacia el oriente antioqueño y el suroeste”, agregó el analista.
La inclusión del Clan del Golfo como organización terrorista transnacional y el paro armado anunciado por el ELN volvieron a poner sobre la mesa una pregunta que inquieta a muchos colombianos: ¿podría Estados Unidos intervenir militarmente en Colombia? El tema tomó fuerza tras pronunciamientos recientes de la embajada estadounidense y el endurecimiento de su postura frente a grupos criminales con alcance regional.En entrevista con Mañanas Blu este 16 de diciembre, el excanciller y exembajador en Washington, Luis Gilberto Murillo, respondió con cautela, pero dejó claro que ese escenario debe evitarse. “Eso sería una violación a la soberanía”, señaló, al tiempo que insistió en que el camino debe ser diplomático y estratégico, no ideológico.Luis Gilberto Murillo arremete contra Petro y su 'Paz Total'Murillo explicó que el principal reto está en recomponer la relación bilateral. “Hay que reabrir los canales de interlocución con el gobierno de los Estados Unidos”, dijo, subrayando que existen “amenazas comunes” relacionadas con grupos transnacionales dedicados al crimen.Para el excanciller, el país necesita una relación sólida con Washington. “Colombia necesita de una relación sólida con Estados Unidos para enfrentar esas amenazas”, afirmó, haciendo énfasis en cooperación en inteligencia, control de flujos financieros ilegales y desmantelamiento de redes criminales.También fue crítico con los resultados de la política actual. “La realidad de hoy es que no salió bien lo de la política de Paz Total”, aseguró, planteando la necesidad de revisar las estrategias frente a estructuras como el ELN y el Clan del Golfo.ELN y Clan del Golfo: “No se combate solo con fuerza”Murillo fue enfático en que la lucha contra estos grupos no puede limitarse a operaciones militares. “La lucha contra el ELN no se gana simplemente con la fuerza en el territorio”, dijo, y agregó que se requiere “inteligencia, cooperación internacional y capacidad estatal”.Recordó que el paro armado del ELN es “inaceptable” y “un atentado contra la dignidad de los derechos fundamentales de los colombianos”, especialmente en regiones como el Chocó, donde, según dijo, “cada dos meses están haciendo un paro armado”.En ese contexto, propuso explorar mecanismos distintos, como esquemas de sometimiento. “Estados Unidos tiene mucha experiencia en eso desde los 70 con la ley RICO”, afirmó, señalando que Colombia puede adaptar herramientas jurídicas para enfrentar redes criminales sin agenda política real.“Hay un grave problema de interlocución con Estados Unidos”, afirma MurilloSobre el riesgo de una intervención extranjera, Murillo fue claro en que el objetivo debe ser evitarlo. “Yo esperaría que no”, dijo, pero advirtió que sin diálogo el riesgo aumenta. “Si no hay una conversación sobre el tema, va a ser muy difícil”, señaló.Finalmente, insistió en que Colombia debe enviar mensajes claros. “No puede pasar de ser un aliado principal de Estados Unidos a un país sin comunicación ni cooperación”, concluyó, reiterando que la diplomacia y la coordinación internacional son clave para enfrentar amenazas que ya no son solo internas, sino transnacionales.
El Ejército confirmó la captura de siete militares en servicio activo, cuatro oficiales y tres suboficiales, en el marco de un proceso judicial adelantado por la Fiscalía por el delito de peculado por apropiación. Las detenciones se realizaron en las últimas horas como parte de un trabajo articulado entre la Contrainteligencia Militar, la Policía Nacional y la Fiscalía.Según el Comando del Ejército, los procedimientos se llevaron a cabo de manera simultánea en Popayán (Cauca), Ocaña (Norte de Santander), Pasto (Nariño), Tolemaida (Cundinamarca) y en el Fuerte Militar de Larandia, en Caquetá, dando cumplimiento a órdenes judiciales vigentes.Las investigaciones, que se extendieron por más de siete meses, permitieron establecer que los capturados estarían presuntamente vinculados a irregularidades en manejos administrativos y a hechos de corrupción, lo que motivó la apertura del proceso penal en su contra. Entre los actos investigados están la venta de permisos y la falsificación de documentos.Los militares fueron dejados a disposición de las autoridades competentes para avanzar en su respectiva judicialización, mientras continúan las actuaciones judiciales para esclarecer los hechos.“El Ejército Nacional reiteró su compromiso con la transparencia, la legalidad y la honestidad institucional, y aseguró que brinda pleno respaldo a las autoridades judiciales”, indicó la institución, que confirmó que ya fueron iniciados los procesos disciplinarios y administrativos internos, garantizando el debido proceso.
Este martes se llevó a cabo la reunión del directorio nacional del Partido Conservador para elegir su nueva directiva y discutir el mecanismo de elección del candidato presidencial.El senador Efraín Cepeda, presidente del partido, electo por unanimidad, anunció que la colectividad no participará en una consulta interpartidista en marzo de 2026 para definir al aspirante de la centroderecha a la Presidencia de la República, sino que el abanderado de esa colectividad se mediría con otros aspirantes en una encuesta, debido a que no hay consenso para ir a la consulta.“Veo remoto que participemos en una consulta interpartidista”, dijo el senador a la salida de la reunión.Sin embargo, dejó claro que está abierto a buscar acuerdos que logren unanimidad sobre el método para definir el nombre que apoyarán los conservadores a la Presidencia.“Quiero buscar los consensos. Hoy estuvieron presentes algunos de los precandidatos y expresidentes del directorio, quienes propusieron unas convenciones descentralizadas mixtas; pueden ser virtuales, pero vamos a reunirnos formalmente y vamos a encontrar ese consenso para el mecanismo”, dijo.Electo por cuarta vezCepeda es presidente del conservatismo por cuarta vez y la meta será impulsar el cambio de modelo de gobierno en las elecciones de Congreso y Presidencia, señaló, tal como lo ha hecho desde el Senado de la República en el presente cuatrienio.En la directiva lo acompañan como vicepresidente Juan Camilo Cárdenas, actual candidato a la Cámara de Representantes por el departamento del Quindío, y Adolfo Pineda García, secretario general.
Por petición de un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción, un juez penal de control de garantías emitió 5 órdenes de captura contra militares y particulares que estarían implicados en las irregularidades detectadas en un contrato suscrito entre el Ministerio de Defensa Nacional y la firma estadounidense, Vertol Sustems, para garantizar el mantenimiento de la flota de helicópteros rusos MI-17, por valor de 32 millones de dólares.Unidades de policía judicial materializaron tres de las capturas, inicialmente, la de Hugo Mora, en Manizales, ficha clave de la secretaría general del Ministerio de Defensa para la fecha de los hechos. Otra, en el fuerte militar de Tolemaida, contra el coronel Julián Rincón, de la Brigada de Aviación del Ejército Nacional; y en Bogotá, contra Diego Alejandro Manrique Cabezas, asesor de la Dirección de Proyección de Capacidades e Innovación del Ministerio de Defensa.Las dos órdenes de captura restantes se esperan materializar a través de notificaciones rojas de Interpol, al tratarse de personas que se encontrarían fuera del país. Se trata de Carlos Martín Uribe Forero y James Montgomerie, señalados como representantes legales de la empresa Vertol Systems, firma contratista del mantenimiento de las aeronaves.De acuerdo con la Fiscalía, en este caso se habría presentado un direccionamiento ilegal del contrato para favorecer a un contratista que no contaba con la experiencia, ni la capacidad técnica necesarias para asumir la responsabilidad del mantenimiento de los helicópteros. La investigación también advierte falsedades documentales, anticipos y desembolsos de recursos realizados de manera irregular, así como un posible detrimento patrimonial.Por estos hechos, la Fiscalía imputará a los indiciados los delitos de falsedad ideológica en documento público, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, tráfico de influencias de servidor público, prevaricato por acción, abuso de función pública y peculado por apropiación.Sobre el avance del proceso, la fiscal general Luz Adriana Camargo explicó que se trata de una investigación prioritaria por el impacto económico y estratégico del contrato. “Estamos hablando del contrato que se realizó para garantizar el mantenimiento de la flota de helicópteros rusos MI-17, por valor de 32 millones de dólares. Hoy se hicieron efectivas cinco capturas contra militares y particulares que probablemente estarían implicados en irregularidades de naturaleza contractual”, señaló.La fiscal agregó que el caso involucra a oficiales del Ejército, asesores del Ministerio de Defensa y altos funcionarios de la época, y subrayó la gravedad del asunto por tratarse de un contrato “de una suma muy elevada” y de un tema “muy sensible para la seguridad nacional, en la medida en que estos helicópteros deben estar en óptimo funcionamiento”.La investigación es adelantada por la Dirección Especializada contra la Corrupción del nivel central de la Fiscalía y, según el ente acusador, las diligencias continúan mientras se concreta la captura de los demás implicados.
Parece que las personas en el departamento de Antioquia no aprenden la lección con la pólvora, ya que no ha pasado ni una semana de la polémica “guerra de bengalas” en el municipio de Remedios cuando en el Oriente antioqueño varias personas protagonizaron un nuevo enfrentamiento con estos elementos pirotécnicos en plena vía pública.El video que se ha hecho viral a través de redes sociales muestra a cuatro personas tirándose bengalas en medio de risas en el barrio El Porvenir del municipio de Rionegro, en donde la indignación sigue creciendo con el pasar de las horas pues, versiones preliminares, indican que este peligroso juego se habría hecho para viralizar un establecimiento comercial del sector.Sin embargo, llama la atención que en medio de los gritos y los intentos de esquivar las bengalas al menos dos de los participantes estuvieron a punto de resultar gravemente heridos. En un primer momento un hombre está disparando la pirotecnia contra los que serían sus compañeros de trabajo y es golpeado en la cabeza por una bengala.Pero la situación no paró allí, puesto que segundos después se ve como uno de los elementos pirotécnicos le cae a una mujer que en medio del susto comienza a sacudirse, pero al ver que no resultó lesionada celebra el hecho y se da por finalizada la “guerra de bengalas” que ahora es investigada minuciosamente por las autoridades locales y departamentales que buscan sancionar a los responsables de estos irresponsables hechos.De momento, según pudo conocer Blu Radio, las cuatro personas que aparecen en el video están en proceso de individualización para que una vez 100 % identificados sean sancionados como ocurrió en el caso de Remedios, en donde a las familias de las menores de edad que participaron en el juego les fueron impuestos algunos comparendos por la práctica peligrosa.Finalmente, hay que mencionar que producto de las polémicas “guerras de bengalas” una mujer resultó herida en una de sus piernas en el Nordeste antioqueño, por lo que las autoridades siguen invitando a la comunidad a abstenerse de hacer este tipo de juegos que puedan generar graves lesiones a los participantes y a otras personas.
Un grupo de docentes adelanta a esta hora una manifestación sobre la calle 26 con carrera 66, frente a las instalaciones de la Secretaría de Educación de Bogotá, lo que ha generado una fuerte afectación en la operación del sistema TransMilenio.Según informó la entidad, desde las 12:35 p. m. la flota troncal no tiene paso por el corredor, lo que obligó al cierre temporal de varias estaciones clave de la troncal Avenida El Dorado.¿Cuáles son las estaciones de TransMilenio cerradas?Las estaciones El Tiempo - CCB, Salitre - El Greco, CAN, Gobernación de Cundinamarca y Quinta Paredes suspendieron su operación de manera preventiva mientras persista el bloqueo. Entre tanto, los buses troncales están realizando retornos operacionales en Corferias y Avenida Rojas, lo que ha generado retrasos y mayores tiempos de espera para los usuarios que se movilizan entre el occidente y el centro de la ciudad.De acuerdo con la información conocida, la manifestación está relacionada con diferencias entre profesores y el Distrito. Entre las razones expuestas por los participantes se encuentran inconformidades por acuerdos que, según denuncias, no se han sentido desde el paro anterior. También se mencionan temas asociados a incapacidades, seguridad en el aula, seguridad para los estudiantes y asuntos laborales como los compensatorios por trabajos en casa.Mientras continúa el bloqueo, las estaciones mencionadas permanecen fuera de servicio y la operación troncal en la zona se mantiene con desvíos y retornos. El sistema recomendó a sus usuarios prever sus desplazamientos y tener en cuenta posibles demoras hasta que se restablezca el paso por la Calle 26 con Carrera 66. Por el momento, no se ha informado una hora estimada de normalización.
Josefa García Gómez, de 67 años, desde el pasado 22 de octubre se encuentra hospitalizada en la clínica general del norte de barranquilla a la espera de que le practiquen una cirugía para retirar unos trombos en sus arterias pulmonares, que han deteriorado su salud, al punto que ya no puede caminar.La mujer necesita con urgencia una cirugía, y aunque su EPS sura ya autorizó la operación, la intervención no se ha realizado porque la clínica asegura que hay desabastecimiento de insumos clave, específicamente el kit ECMO que incluye tubos, cánulas, un oxigenador y una bomba, además de el salvador de células que es otro dispositivo médico que recupera, filtra y procesa la propia sangre del paciente que se pierde durante cirugías mayores. Estos equipos asegura, son indispensables para para efectuar la cirugía que es de alto riesgo.Angelica Gómez, hija de la paciente, afirma que sin esas máquinas no pueden hacer el procedimiento y mientras siguen a la espera la salud de Josefa se sigue deteriorando."Ya la EPS autorizó la operación, pero me dicen lo mismo que están en espera de insumos. O sea, a mi mamá la habían programado ya para el 11 de noviembre y desde el 11 de noviembre nos dicen todas las semanas, esta semana si llegan los insumos, esta semana si llegan los insumos."Ya me llegó un insumo. No tengo dos insumos y en eso me han tenido toda la semana. Mi mamá se ahoga, tiene falta de oxigenación en los pulmones. Ella no camina. Se ha desmejorado bastante su enfermedad, su calidad de vida cada día está peor", puntualizó Angélica. La salud de Josefa se ha deteriorado rápidamente durante su larga hospitalización. Padece hipertensión pulmonar severa y falla cardíaca derecha, condiciones que se han agravado en las últimas semanas mientras espera la cirugía.Cómo si fuera poco, la paciente recibe medicamentos, pero la familia denuncia que hace un año la EPS reemplazó su tratamiento original, por unos genéricos, lo que aceleró su deterioro.Ante los retrasos, Angélica ha recurrido a distintas instancias para buscar ayuda: desde la Defensoría del Pueblo, Superintendencia de Salud y ahora a un juez ante el que interpuso una acción de tutela.
En manos de un juez de Medellín está Wilder Horacio Montoya, alias 'El Sastre', quien fue la persona encargada de entregarle a algunos delincuentes las banderas de las disidencias de alias 'Calarcá' que fueron puestas en el barrio Loreto de Medellín antes de que varias torres de energía fueran atacadas con explosivos hace algunos meses en la capital de Antioquia.Tras conocerse la situación las autoridades comenzaron a realizar algunos operativos que permitieron dar rápidamente con la ubicación de Montoya que fue capturado en el barrio San Pablo en donde se halló una vivienda en donde se halló una fábrica de uniformes de las disidencias y otros materiales de intendencia.La fiscal del caso destacó cuando las audiencias preliminares que alias 'El Sastre' recibía órdenes directamente de alias 'Primo Gay', uno de los hombres más buscados en el departamento de Antioquia y cabecilla del Frente 36 de las disidencias de alias 'Calarcá'."Y se encarga del suministro de uniformes, morrales, de campaña, camisetas personalizadas con emblemas del grupo armado. Se encarga de proveerlos a ellos de recursos de medios", relató la fiscal.Hay que mencionar que en su momento las autoridades destacaron que alias 'El Sastre' era un importante miembro de las redes de apoyo de las disidencias en Medellín y que, además, era el encargado de la logística, actividades de inteligencia y la adquisición de material de intendencia y explosivos desde la capital antioqueña.Ante las acusaciones y en vista de la condena que podría afrontar en prisión, Montoya decidió llegar a un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación, mismo que será leído en las próximas horas y con el que se espera que alias 'El Sastre' permanezca cerca de cinco años en la cárcel por el delito de concierto para delinquir agravado.
En la vereda La Vega, sector norte de Bucaramanga, la Policía capturó a Josmar Andrés García, alias ‘Arenitas’ o ‘Andrés Búcaros’, quien tenía orden vigente por homicidio y concierto para delinquir, además de una circular azul de Interpol. García es señalado de pertenecer a la banda ‘Los Bucaros’.Durante el procedimiento también fue capturado Luis Felipe Carreño, también según las autoridades integrante de ‘Los Bucaros’. A los dos hombres les incautaron una pistola, siete cartuchos calibre 9 mm, dos celulares, una motocicleta y 4.107 gramos de marihuana, que estarían destinados al expendio en la zona. La motocicleta habría sido empleada para facilitar actividades delictivas.De acuerdo con el coronel Diego Pinzón, comandante encargado de la Policía Metropolitana, “alias ‘Arenitas’ sería el cabecilla principal de ‘Los Búcaros’ y se ocultaba en Bucaramanga mientras huía de las autoridades por su presunta participación en varios homicidios ocurridos en Barrancabermeja. Las investigaciones señalan que el capturado tendría además vínculos con los grupos criminales Los del Sur y el Tren de Aragua, articulando acciones relacionadas con asesinatos y control de expendios de estupefacientes en la capital santandereana”, explicó el oficial.Los dos detenidos, junto con el arma, la droga y demás elementos incautados, quedaron a disposición de la Fiscalía para su proceso de judicialización.
La Alcaldía de Bucaramanga adelanta una la campaña de recolección de ayudas humanitarias para atender a las 58 familias damnificadas por el voraz incendio que arrasó el asentamiento humano 12 de Octubre, en el norte de la ciudad, dejando a 183 personas afectadas y decenas de viviendas destruidas.El director de Gestión del Riesgo de Bucaramanga, Didier Rodríguez, lamentó lo ocurrido y explicó que, tras la emergencia, el censo inicial pasó de 55 a 58 núcleos familiares, todos los cuales perdieron completamente sus viviendas.Desde el primer momento, la Oficina de Gestión del Riesgo activó la atención humanitaria para mitigar el impacto de la tragedia.“Las familias afectadas han recibido frazadas, colchonetas, cobijas, kits de aseo y de cocina, mercados y carpas, destinadas a cubrir sus necesidades más urgentes mientras se define una solución de fondo”, explicó el funcionario.Rodríguez destacó la solidaridad de los bumangueses, que se ha visto reflejada en la entrega constante de donaciones. Actualmente, la Alcaldía de Bucaramanga dispuso un punto de acopio en la sede administrativa, donde se instaló una carpa para la recepción de ayudas. Allí, los elementos donados son clasificados y posteriormente entregados a las familias del asentamiento 12 de Octubre.Entre los insumos más requeridos se encuentran artículos de aseo, ropa en buen estado y alimentos no perecederos, que resultan fundamentales para atender la emergencia.La caracterización de la población afectada evidenció una situación social compleja. Según la Dirección de Gestión del Riesgo, el 43 % de las personas damnificadas son menores de edad, principalmente niños entre los 0 y 10 años, y una parte importante de los núcleos familiares está conformada por población migrante venezolana.De manera paralela a la ayuda humanitaria, la Alcaldía mantiene un acompañamiento permanente en el sector. Equipos interdisciplinarios de la Unidad de Gestión del Riesgo y la Secretaría de Desarrollo Social realizan visitas diarias para brindar apoyo psicosocial a las familias, especialmente a niños y adultos mayores, afectados emocionalmente por la pérdida de sus hogares.Actualmente, algunas de las familias que no cuentan con redes de apoyo permanecen en carpas instaladas en el lugar, donde pasan las noches mientras avanzan las acciones institucionales para su atención y recuperación.
Este miércoles se reportó un accidente de tránsito con un vehículo Copetrán de placas WOL 764, con número interno 1561, el cual cayó a un abismo. El bus era conducido por un hombre identificado como Daniel Arias y cubría la ruta Bucaramanga- Arauca. En el momento del siniestro llevaba 16 personas a bordo. De acuerdo al reporte preliminar de las autoridades, una persona murió y siete más están heridos. El hecho se registró sobre la vía de La Soberanía alto de Santa Ines, en el sector El Porvenir y El Encanto, exactamente en el kilómetro 60.Sobre las hipótesis del accidente, aún están por establecerse.Tragedias en carreteras del paísUna grave tragedia se registró en el departamento de Antioquia, luego de que un bus que transportaba estudiantes se precipitara a un abismo, dejando un saldo preliminar de al menos 16 personas muertas y 20 más heridas.El accidente ocurrió en la madrugada del pasado domingo 14 de diciembre de 2025, en el sector conocido como El Chispero, en la vía que comunica a los municipios de Remedios y Zaragoza.De acuerdo con la información preliminar, el vehículo había salido desde Tolú, Sucre, con destino a Medellín, y transportaba jóvenes estudiantes del Liceo Antioqueño, institución educativa ubicada en el municipio de Bello, en el área metropolitana del Valle de Aburrá. Los estudiantes regresaban de un viaje a la costa Caribe, donde habían celebrado su ceremonia de graduación.
La tragedia que enlutó al país tras el grave accidente de tránsito ocurrido en el nordeste de Antioquia ha puesto la atención en Jonathan Taborda Lopera, conductor del bus de turismo que transportaba a los estudiantes del Liceo Antioqueño. Taborda, quien trabajaba para la empresa Precoltur, falleció en el siniestro junto a 16 jóvenes que regresaban de su viaje de grado desde Tolú y Coveñas. El accidente se registró en la madrugada del domingo 14 de diciembre, cuando el vehículo se precipitó a un abismo de aproximadamente 80 metros en el sector de Remedios. Aunque las autoridades han indicado que se maneja la hipótesis de un posible microsueño del conductor, esta versión fue desmentida por familiares y sobrevivientes, quienes señalaron que el bus habría presentado fallas mecánicas previas al siniestro, relacionadas con la batería, el motor y el sistema de aire acondicionado.Las exequias de Jonathan Taborda se realizaron en la tarde del martes 16 de diciembre, en medio de un homenaje por parte de familiares, amigos y allegados. Durante la despedida, se registraron manifestaciones simbólicas como el uso de bengalas de humo y fuegos artificiales. Los videos del homenaje, difundidos en redes sociales, estuvieron acompañados de mensajes que llamaban la atención sobre el conductor, señalando que gran parte de la atención se había centrado en los estudiantes fallecidos. Algunos de los mensajes compartidos en redes sociales por amigos señalan que: "Ni acá se terminará esta amistad de más de 20 años. Jamás te olvidarémos amigo"."Fue tu ultimo y mejor viaje, amiguit. Gracias porque fuiste un exelecte conductor", dice otro de los mensajes. Uno de los mensajes que más ha llamado la atención indica: "Para quienes lo juzgan, les comento lo que hizo este señor. De su propio bolsillo intentó reparar el vehículo. ¿Por qué decidieron viajar de noche? Porque en horas de la tarde se difundió en redes sociales y en medios de comunicación la advertencia de un posible paro armado de 72 horas. Ahora les pregunto: ¿qué habrían hecho los “santos criticones”? ¿Quedarse? Sí, pero ¿quién asumiría el costo de tres días de hospedaje?".También añade que "él tomó la decisión de regresar a Medellín con la esperanza de llevar sanos y salvos a esos niños. Quienes saben de vehículos, y más aún de motores térmicos, pueden decir qué ocurre cuando un bus circula de noche sin aire acondicionado: los vidrios se empañan por completo. Por eso se mantenía abierta la puerta de ingreso y las escotillas".Finalizó diciendo que es falsoq ue iba a alta velocidad. "Gracias, Cocacolo, porque quienes te conocimos sabemos que hiciste hasta lo imposible por traer a esos niños a salvo y que el destino te jugó una mala pasada. Estuviste detenido 15 minutos antes de la tragedia buscando señal para pedir ayuda. Tenías miedo de amanecer y exponer a esos niños a un posible reclutamiento, secuestro o una masacre. Eres un guerrero, un campeón, un HÉROE".Por su parte, la empresa Precoltur lamentó, a través de un comunicado, la muerte de los 16 estudiantes y de Jonathan Taborda, y destacó su compromiso y vocación de servicio.
El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, reveló información crucial sobre la investigación en curso contra la banda criminal autodenominada PPP, un grupo dedicado a cometer actos de vandalismo y terrorismo con epicentro en los alrededores de las universidades públicas de la capital. Durante una entrevista en Mañanas Blu, Galán afirmó que existen indicios de que la financiación de estas actividades violentas proviene de grupos armados ilegales del orden nacional.El alcalde Galán señaló que los indicios apuntan a una financiación que se origina fuera de Bogotá. Específicamente, mencionó que se está investigando un canal a través del cual recursos llegarían desde Medellín para las actividades de los PPP en la capital.Aunque la confirmación de un vínculo directo es responsabilidad de la justicia, el tipo de propaganda y reclutamiento que realiza este grupo, incluyendo el uso de "banderas rojas y blancas", se asemeja a las prácticas de grupos que están siendo investigados y enfrentados por el Estado.El alcalde indicó que hay indicios en dos direcciones, mencionando la hipótesis de que tanto el ELN como las disidencias de 'Calarcá' podrían estar financiando estas actividades, aunque será la justicia quien determine si se confirman dichos vínculos. El objetivo de esta financiación ilegal sería "generar terrorismo y para afectar el orden público" en Bogotá.Capturas por terrorismoEl grupo PPP ha sido vinculado con un modus operandi extremadamente violento, incluyendo el lanzamiento de bombas incendiarias y "papas bomba" contra buses de Transmilenio, poniendo en peligro a decenas de ciudadanos. Galán recordó que el peligro es "realmente grave" cuando se ataca un bus con 50 a 80 personas a bordo. Entre las actividades de terrorismo identificadas se encuentran el ataque con bombas incendiarias a una patrulla de la dirección antinarcóticos en la calle 26 y un caso anterior donde secuestraron un bus de Transmilenio en el entorno de una universidad para luego incendiarlo. La investigación priorizada contra este grupo comenzó luego de que, a mediados de 2023, lanzaran un artefacto explosivo a un policía, afectándolo gravemente hasta dejarlo en estado vegetativo.La Policía y la Fiscalía llevaron a cabo una investigación "sólida" que tomó más de 24 meses y permitió recopilar suficientes pruebas para la captura de 11 personas. Los capturados enfrentan cargos por varios delitos, siendo el terrorismo uno de los principales. El alcalde Galán calificó esta defensa como "totalmente absurda" y ajena al conocimiento de la investigación y las pruebas. Él enfatizó que, con los delitos que se les imputan y las pruebas existentes, pedir la liberación de estos personajes no tiene ningún sentido.Galán insistió en que las actividades del grupo, como lanzar bombas incendiarias a vehículos de transporte público, no son protesta sino terrorismo. Además, confirmó que, según la información transmitida por la policía, los capturados no son estudiantes actuales de las universidades públicas.El alcalde concluyó que la sociedad debe avanzar en un acuerdo básico para no ser permisiva con la violencia, que debe ser sancionada penalmente cuando pone en peligro la vida de ciudadanos y servidores públicos. El expediente judicial debe ser sólido para garantizar que estas personas paguen en la cárcel por los delitos cometidos.Escuche aquí la entrevista: