La Fiscalía solicitó al Ministerio de Justicia tramitar con el gobierno del Reino Unido la extradición de Zulma Guzmán Castro, requerida por la justicia por su presunta responsabilidad en un caso de homicidio agravado que dejó dos niñas muertas y otras dos personas gravemente afectadas, por ingerir frambuesas envenenadas con talio.Guzmán fue detenida esta semana por las autoridades británicas tras la activación de una notificación roja de Interpol. Su localización se produjo en Londres, a orillas del río Támesis, cerca del puente Battersea, luego de un seguimiento internacional que permitió establecer su salida de Colombia y su paso por varios países de América Latina y Europa.La Fiscalía explicó en la solicitud dirigida al ministro de Justicia, Andrés Ibarraga que, tras abandonar el país, la mujer estuvo en Argentina, Brasil y España, antes de ingresar al Reino Unido en noviembre de este año.La investigación penal se originó luego de la muerte de dos niñas que, junto con otros miembros de su entorno familiar, consumieron frambuesas cubiertas de chocolate que estaban contaminadas con talio, un metal pesado altamente tóxico, incoloro e inodoro. El alimento llegó a la vivienda como un supuesto regalo, entregado por un domiciliario, lo que inicialmente generó confusión sobre el origen del envenenamiento y retrasó la identificación de una causa intencional.Según el expediente judicial, los estudios descartaron por completo un accidente o una contaminación fortuita. El talio habría sido incorporado deliberadamente con la intención de causar daño grave o la muerte a quienes los consumieran. La Fiscalía señala a Zulma Guzmán Castro como la persona que habría gestionado el envío de las frambuesas a la vivienda donde se encontraban las víctimas.De acuerdo con la hipótesis del ente acusador, el caso estaría relacionado con un presunto acto de venganza, motivado por una relación sentimental extramatrimonial que Guzmán habría sostenido con el padre de una de las menores fallecidas. Este aspecto, aunque mencionado en el proceso, continúa siendo materia de investigación y análisis probatorio.Tras conocerse la muerte de las niñas, Guzmán salió del país con destino a Argentina, un hecho que reforzó las sospechas en su contra. Posteriormente, la Fiscalía solicitó una orden de captura ante un juez de control de garantías y tramitó la circular roja de Interpol para facilitar su ubicación y detención en el exterior.En el documento de formalización enviado a las autoridades del Reino Unido, la Fiscalía colombiana expone los hechos, las pruebas recaudadas y los delitos por los cuales es requerida Guzmán, entre ellos homicidio agravado cuando la víctima es menor de edad y tentativa de homicidio. La solicitud se sustenta en tratados de cooperación judicial vigentes entre ambos países.
Gloria Mejía, oriunda de la zona rural de El Concilio, en Salgar, Antioquia, y sobreviviente de los ataques de Carlos Rivera, más conocido como el “monstruo de Tabio”, dio su testimonio en el pódcast Conducta Delictiva, donde relató detalles del ataque que sufrió.La mujer contó que en el pueblo comenzaron a circular rumores sobre hechos extraños relacionados con varias mujeres. “Una mujer de la tercera edad apareció muerta y había sido víctima de violación, ocho días después de que su familia estuviera buscándola”, relató.Según explicó, un año después aumentaron los rumores de ataques sexuales contra mujeres de la zona. Tras registrarse tres casos de muerte con características similares, el pánico se apoderó de la comunidad rural.Cabe recordar que este hombre es señalado de acechar y agredir a más de ocho mujeres en zonas rurales de Colombia entre 2019 y 2024. El sujeto, que solía camuflarse como un trabajador de fincas cafeteras, utilizaba hasta diez identidades falsas para evadir a las autoridades, mientras seleccionaba a sus víctimas —mujeres de diferentes edades— para atacarlas en caminos solitarios durante la madrugada.Gloria relató que aquella madrugada, fue interceptada por un hombre encapuchado que intentó golpearla con un garrote. Sin embargo, tras un forcejeo en el que el agresor cayó al suelo, ella logró huir y alertar a la comunidad.“Él me mandó el garrotazo, pero yo reaccioné de inmediato y con la mano derecha le di un puño, tumbándole el palo que tenía en la mano”, contó.Después del ataque, asumió un rol activo en la búsqueda de justicia, recolectando pruebas como la vestimenta del sospechoso y colaborando en la elaboración de un retrato hablado, el cual fue clave para que los investigadores siguieran su rastro.“Lo cogí del pelo, le quité la camisa y yo pensaba: ‘yo a este lo he visto en alguna parte’. A este hombre yo lo vi sentado en la tienda de la vecina, este hombre fue el que se me fue encima el día de los cumpleaños", recordó.Pese a que el sospechoso fue capturado en 2023 tras un incidente en Tabio, las sobrevivientes denuncian que, aunque presuntamente estaría vinculado a 11 casos de agresiones y feminicidios, actualmente solo estaría cumpliendo condena por un único proceso. Otros expedientes, incluido el de Gloria, habrían sido archivados o descuidados por el ente acusador.
En la tarde de este viernes, 19 de diciembre, fueron legalizadas las capturas de los exministros del gobierno Petro, Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, por su presunta vinculación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).Se llevó a cabo la audiencia de legalización de captura contra los exministros de Hacienda Ricardo Bonilla y del Interior Luis Fernando Velasco, quienes, según la Fiscalía, habrían hecho parte de un entramado criminal en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.Bonilla fue capturado minutos después de que finalizara la audiencia en el Tribunal Superior de Bogotá, en donde se conoció que la medida era intramural, es decir, cárcel para ambos exministros del gobierno del presidente Gustavo Petro.Mientras tanto, Luis Fernando Velasco se entregó voluntariamente en Cali, ciudad donde reside actualmente.Durante la diligencia la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría le pidieron a la magistrada Leonor Oviedo, que impartiera legalidad sobre las capturas de Velasco y Bonilla.Asimismo, ambos exministros aseguraron durante la audiencia que al momento de sus capturas les fueron respetadas todas sus garantías procesales.La magistrada Oviedo señaló que los exministros podrían ser traslados a la Cárcel la Picota de Bogotá o al sitio de reclusión que asigne el Inpec.Entre los principales argumentos expuestos por el Tribunal Superior de Bogotá para imponer medida intramural, está la persistencia del riesgo institucional y el estado en el que se encuentra la actuación procesal. La magistrada Aura Alexandra Rosero consideró que la detención domiciliaria no resulta suficiente para neutralizar los riesgos advertidos, al no impedir de manera eficaz la posibilidad de articulación indirecta, influencia institucional o interferencia funcional, propias ,según indicó, de estructuras criminales que operan desde niveles altos de poder y bajo esquemas de aparente legalidad.
La muerte de la jueza Vivian Polanía sigue rodeada de interrogantes. La funcionaria judicial fue encontrada sin vida el pasado miércoles 17 de diciembre en su apartamento, ubicado en la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander, junto a su hija de apenas dos meses de nacida, quien fue hallada en buen estado de salud.De acuerdo con el primer reporte entregado por las autoridades, el cuerpo de la jueza fue encontrado en su habitación, sobre la cama y cubierto con una cobija. “En la habitación donde residía la jueza la encontramos muerta en su cama, arropada, y al lado se encontraba un bebé de aproximadamente un mes y medio”, explicó el coronel Fabio Ojeda en diálogo con Mañanas Blu.La Policía indicó que, en una primera inspección, el cuerpo no presentaba signos visibles de violencia. No obstante, fue trasladado a Medicina Legal, entidad que deberá establecer con exactitud las causas del fallecimiento. Las autoridades también señalaron que la menor habría permanecido cerca de 12 horas sin recibir alimento antes de ser encontrada.Vivian Polanía contaba con un esquema de protección asignado por la Unidad Nacional de Protección (UNP), debido a su labor como jueza. Según se informó, la última comunicación que sostuvo fue alrededor de las 8:00 de la noche del día anterior a su muerte.Mientras avanzan las investigaciones, Luis Alexander Maldonado, abogado y amigo cercano de la jueza, entregó detalles sobre el contexto personal y profesional de Polanía. En sus declaraciones, destacó que la funcionaria había recibido múltiples amenazas por sus decisiones judiciales. “Ella tenía muchas amenazas por ser jueza de procesos contra bandas criminales. Negaba beneficios a integrantes de organizaciones delincuenciales. Por eso tenía esquema de protección. Era una jueza incorruptible”, afirmó.Maldonado también recordó que Polanía fue jueza de garantías en el caso de los responsables del asesinato del periodista Jaime Vásquez, un proceso de alto impacto que reforzó su perfil como funcionaria estricta frente al crimen organizado.El abogado rechazó las versiones que apuntan a un posible suicidio y aseguró que la jueza atravesaba un buen momento personal. “Ella estaba feliz con su bebé. Decir que se suicidó no tiene sentido. Vivía en un conjunto cerrado, al que era muy difícil que alguien ingresara. Será Medicina Legal quien determine realmente qué ocurrió”, señaló.Finalmente, frente a la circulación de unos audios en los que la jueza hablaba de presuntos conflictos con una expareja, Maldonado aclaró que esa situación ya había sido superada. “En las grabaciones se refiere a problemas de convivencia con una expareja, pero entiendo que eso ya se había solucionado”, aseguró en declaraciones a El Tiempo.
Para cerrar el 2025, nuevamente sorprende Brandón de Jesús con su talento para poner a bailar a todos al lado de una leyenda como Elvis Crespo. Un videoclip con Jorge Barón y "La Patadita dejan un cierre movido de este año demostrando el talento del colombiano de principio a fin."Conozco a Beéle desde antes de que firmara con Luyan; sé que tiene un talento enorme porque la primera vez que lo vi fue cantando con su guitarra cuando tenía apenas 15 o 16 años. Esta colaboración nació en Bogotá a principios de este año, cuando me encontré con alguien de su equipo en un centro comercial; me mostró la canción, me encantó y al día siguiente coincidí con Brandon para grabarla. Estoy feliz de colaborar con un artista joven y brillante: me permite añadir algo fresco a mi carrera y conectar con nuevas generaciones", dice Elvis Crespo.Un bailable de Arcángel se suma a la época de NavidadÉpoca de baile y 'La Maravilla' no podía quedar por fuera, por eso, presenta una canción con un ritmo pegajoso. "Hoy se guaya", una canción en donde el sabor es protagonista para despertar a más de uno y ponerlo a bailer durante toda la noche.'Papi Arca' cierra un 2025 con grandes éxitos y todo listo para que el 2026 sea lleno de más música, por eso estará nuevamente en Colombia en concierto en solitario.Lista de estrenos este última semana del 2025Pasa otro año cargado de música y los últimos estrenos dejan el abreboca de lo que se espera sea un 2026 con más talento, música, conciertos y producciones. Esta es la última lista del año:"Bendito" de Zaider y Roc: un tema en el que se reconocen los obstáculos y las dificultades, pero se agradece por los retos superados y por cada paso recorrido. Para los artistas, este tema se define con las palabras: motivación, superación, fe y disfrute pese a las adversidades."Chapayeka (Puro Chuky)" de Carin León: una de las grandes voces del regional lanza un álbum de 17 de los más grandes éxitos de la música mexicana reimaginados junto a sus invitados y Antonio Zepeda, quien estuvo a cargo de la producción."Rompecabezas" de Maca & Gero: este dúo invita a recordar las lecciones y memorias de la vida, en una época tan profunda conmmo esta y revisar quiénes son a partir de sus propias experiencia, buenas o malas."La Última Vez" de Nath: abre un espacio para hablar de procesos internos que muchos evitan poner en palabras. “La Última Vez” se mueve entre confesiones íntimas y decisiones firmes."Llegó la Navidad" de Penelope Robin: “Desde que llegué a vivir a Colombia me sorprendí de ver cómo se vive la navidad aquí, las novenas, la familia y la energía que irradia esta época me han inspirado a hacer este proyecto especial para diciembre, quise hacer estas 2 canciones de navidad para compartir con mi público desde los 2 estilos que me caracterizan; 1 como la he vivido aquí en Latinoamérica viviendo en Colombia y con mis raíces Venezolanas y Cubanas y 2 como la vivía en USA cuando era una niña”, dijo."Letoka" de Goergy Parra Salvaje y Alan Ramírez: la popular no podía faltar para cerrar el año y que mejor forma que dos grandes representantes del género unidos, para poner una canción al mejor estilo y perfecto para la época, en especial para esos amores pasajeros."Mi Beginning" de Wanna: un álbum de 7 tracks originales que combinan reggaeton y trap con toques de pop urbano, interpretados con el flow y registro único de WANNA. que refleja su estilo fresco, atrevido y auténtico."Algo real" de Sofia Lafuente: una canción que aborda el momento de cortar una dinámica que dejó de aportar, parte del camino que Sofía viene construyendo desde Eclipse (2024) y que se suma a su trabajo como compositora para artistas como Sebastián Yatra, Morat y Marina Reche."Por si mañana no estoy" de Piso 21 y Andrés Cepeda: se convierte en una declaración íntima y necesaria en un tiempo donde el ritmo de la vida deja poco espacio para detenerse a sentir. Piso 21, referentes del pop urbano latino, y Andrés Cepeda, baluarte del romanticismo bogotano, se unen en un bolero que no busca viralidad ni cifras, sino memoria y afecto."Mi Locura" de Jorge Celedón y Los Palmeras: habla de un amor que lo cambia todo, lo irracional; lo que toca la puerta sin aviso; lo que provoca guerra entre el deseo y el miedo a enamorarse. Con una letra dedicable."Muévelo" de Kali Uchis: un sonido del reguetón vieja escuela llega como protagonista de esta canción, en donde se ve una influencia de un movimiento pegajoso y una energía abrumadora."Niño Jesús" de Pipelón: no solo celebra la Navidad como una fecha religiosa, sino como un espacio colectivo donde la familia, el encuentro y la fe se transforman en refugio emocional."El rock de la cárcel" de Mateo Castro: “La idea era revivir un clásico que todos conocemos, pero con mi estilo, con un sonido banda que lo hiciera sentir actual, cercano y listo para disfrutarse en cualquier fiesta. Es un homenaje con mucho cariño y respeto”, dijo."Soltera" de Sofi la villa: “Esta canción está hecha para todas esas mujeres que después de levantarse, sanar o reinventarse, al dejar una relación, descubrieron que están más fuertes, más hermosas y libres", dijo."Jornalero" de Kevin Montoya: una guasca con sabor a carrilera con unos arreglos muy bien logrados con el estilo característico de un artista que conoce la realidad de un Jornalero, demostrando que cuando se viene desde abajo y a punto de pulso se puede levantar y salir adelante.
Estos fueron los temas tratados en Recap Blu este viernes, 19 de diciembre:Legalizaron las capturas de los exministros del Gobierno Petro Bonilla y Velasco por su presunta vinculación en el escándalo de corrupción de la UNGRD.El coronel (r) Publio Hernán Mejía Gutiérrez anunció que interpondrá un recurso de apelación contra la sentencia de 20 años de prisión impuesta por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), al considerar que el oficial es inocente de los crímenes por los que fue condenado.A Bogotá fueron trasladados cuatro de los soldados que resultaron heridos en el ataque a la base militar en zona rural de Aguachica, Cesar.El Gobierno nacional evalúa aumentar el gravamen a los movimientos financieros de 4 a 5 x 1.000,Un incendio de grandes proporciones se registró en una fábrica de pinturas ubicada en la Unidad Industrial Sierra Morena, sobre la carrera 50, en el municipio de La Estrella, Antioquia.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) condenó al coronel en retiro Publio Hernán Mejía a 20 años de prisión por su responsabilidad en 72 casos de falsos positivos ocurridos entre 2002 y 2003, cuando comandaba el Batallón La Popa en Valledupar. Se trata de la primera sentencia con pena de cárcel impuesta por la JEP contra un militar retirado por ejecuciones extrajudiciales, una decisión que marca un precedente en el proceso de justicia transicional.En entrevista exclusiva con Blu Radio, Mejía rechazó de manera categórica la condena de la JEP y negó haber dado órdenes ilegales durante su carrera militar. "Nunca voy a aceptar que actúe de manera irresponsable o ilegal y nunca a cambio de una libertad deshonrosa voy a aceptar lo que no hice. Hasta el último suspiro de mi vida lucharé por la verdad, por mi limpieza como soldado, porque allá se hicieron más de 600 operaciones, todas ordenadas dentro de la legalidad. Jamás emití una orden legal y jamás voy a aceptar lo que no hice, cuésteme lo que me cueste", aseveró Mejía.La sentencia de la JEP señala supuestas alianzas entre miembros del Batallón La Popa y estructuras paramilitares para presentar civiles como bajas en combate. Frente a ello, Mejía negó cualquier vínculo con grupos armados ilegales y aseguró que nunca tuvo acuerdos con paramilitares. Incluso afirmó que en el proceso existen pruebas de planes para asesinarlo por parte de esos mismos grupos, lo que, en su criterio, desvirtúa la tesis de una supuesta alianza."Jamás. Con ningún elemento armado al margen de la ley, con ningún delincuente", afirmó.El coronel retirado también cuestionó los testimonios de militares que estuvieron bajo su mando y que reconocieron su participación en los hechos ante la JEP. Según Mejía, esas declaraciones contradicen versiones entregadas previamente ante otras instancias judiciales y habrían sido acordadas para obtener beneficios. "Una libertad deshonrosa a cambio de beneficios no es digna de un soldado. Yo combatí el terrorismo durante muchos años", añadió.Tras conocer la decisión de la JEP, Mejía anunció que apelará la sentencia. Manifestó una profunda desilusión con la justicia transicional, a la que acusó de “faltarle a la verdad” y de buscar un caso emblemático para presionar reconocimientos de responsabilidad. Acompañado por su equipo jurídico, aseguró que agotará todas las vías legales disponibles con la esperanza de que, en una segunda instancia, “brille la verdad” sobre su actuación como comandante del Batallón La Popa.
El Pueblito Paisa, uno de los principales atractivos turísticos de Medellín, tendrá durante diciembre un pesebre de flores elaborado por silleteros de Santa Elena. La iniciativa hace parte de la programación navideña del lugar y busca atraer cerca de 50.000 visitantes durante la temporada.Ubicado en el cerro Nutibara, este espacio emblemático se prepara para recibir turistas locales, nacionales y extranjeros con una propuesta que combina tradición, cultura y patrimonio. El pesebre floral se convertirá en uno de los principales símbolos del recorrido decembrino.El sendero de acceso al Pueblito Paisa, desde la calle 30A, estará iluminado con figuras navideñas como estrellas, copos, renos y pinos. El recorrido culmina con el pesebre de flores, cuyas imágenes alcanzan hasta 1,50 metros de altura.Programación cultural en el Pueblito PaisaDurante diciembre, el sitio contará con una agenda cultural que incluye presentaciones musicales, actividades artísticas, teatro y danza. La programación se concentrará especialmente los fines de semana, como parte de la estrategia para dinamizar el turismo en la zona.También se realizarán ferias artesanales, mercados campesinos y muestras culturales que resaltan las tradiciones antioqueñas. A esto se suman las tradicionales novenas de Navidad, pensadas para el disfrute de familias y visitantes.El Pueblito Paisa mantiene, además, su oferta permanente de artesanías y gastronomía típica. Los turistas podrán encontrar desde platos tradicionales como la bandeja paisa hasta dulces típicos y productos locales.Como parte del fortalecimiento turístico, se implementará una ruta interna que facilita el ascenso y descenso al cerro Nutibara los fines de semana y días festivos. Esta medida busca mejorar la movilidad y la experiencia de quienes visitan uno de los sitios más representativos de Medellín.
Antioquia llega a este fin de semana con 30 frentes de trabajo activos para atender emergencias viales y puntos críticos en distintas subregiones, en medio de una temporada de lluvias que ha obligado a reforzar la presencia de maquinaria y personal técnico en las carreteras del departamento, además por la alta afluencia de vehículos en medio de la temporada decembrina.Aunque se presentan afectaciones puntuales, las autoridades reportan que los corredores con mayor flujo vehicular permanecen habilitados y recomiendan a los conductores transitar con precaución, respetar la señalización y acatar las indicaciones en cada tramo.Antioquia llega a este fin de semana con 30 frentes de trabajo activos para atender emergencias viales y puntos críticos en distintas subregiones, en medio de una temporada de lluvias que ha obligado a reforzar la presencia de maquinaria y personal técnico en las carreteras del departamento, además de la alta afluencia de vehículos en la temporada decembrina.Aunque se presentan afectaciones puntuales, las autoridades reportan que los corredores con mayor flujo vehicular permanecen habilitados y recomiendan a los conductores transitar con precaución, respetar la señalización y acatar las indicaciones en cada tramo.En el Suroeste, Occidente, Oriente, Norte, Magdalena Medio, Urabá, Bajo Cauca, Nordeste y el área metropolitana se concentran labores de atención por deslizamientos, pérdida de banca y deterioro de la calzada, especialmente en vías secundarias y terciarias que conectan municipios como Fredonia, Andes, Jardín, San Carlos, Granada, Urrao, Santa Rosa de Osos, El Bagre y Remedios, entre otros.“Estamos llevando un afirmado en gran parte del territorio antioqueño para que tengamos una muy buena transitabilidad a fin de año y a inicios del próximo. Además de eso, contamos con los contratos de mantenimiento de reacción inmediata que tenemos en cada una de las subregiones, trabajando para dar esa transitabilidad que merecemos los antioqueños”, declaró el secretario de Infraestructura del departamento, Horacio Gallón.Las autoridades mantienen instalado un Puesto de Mando Unificado (PMU) para monitorear la operación por la alta demanda de viajeros en las dos terminales terrestres de la ciudad, que proyectan movilizar a más de 5.400.000 viajeros en la temporada de fin de año, siendo las fechas de mayor afluencia del 23 de diciembre al 1 de enero, así como durante el puente de Reyes (del 9 al 12 de enero).Para quienes viajan entre Medellín y el Oriente antioqueño, se informó que el domingo 21 de diciembre el Túnel de Oriente operará con tránsito unidireccional entre las 5:00 de la tarde y las 9:00 de la noche, en sentido Rionegro–Medellín. Ese mismo día, la vía Las Palmas tendrá ciclovía en la mañana, por lo que la circulación será en un solo carril de ascenso hasta el mediodía.Adicionalmente, continúa la restricción para vehículos con peso superior a 17 toneladas en el Puente Iglesias. Los camiones de mayor capacidad deberán tomar como ruta alterna el corredor Medellín–Bolombolo–Santa Fe de Antioquia–La Pintada, mientras que solo vehículos livianos y de dos ejes tienen permitido el paso por este puente.
La decisión de la JEP hace parte del macrocaso que investiga las ejecuciones extrajudiciales cometidas por integrantes del Batallón de Artillería No. 2 La Popa, en el Cesar, entre 2002 y 2005, periodo durante el cual la jurisdicción acreditó la participación de miembros del Ejército en homicidios presentados como bajas en combate.El fallo también incluyó medidas de reparación simbólica dirigidas a las víctimas y a sus familias.Declaración de la defensa:Tras la notificación del fallo, el equipo jurídico del coronel Mejía afirmó que presentará y sustentará el recurso de apelación ante la JEP, al no estar conforme con la decisión de la Sala.“Lo siguiente en el caso del coronel Mejía ante la Jurisdicción Especial para la Paz es la presentación y sustentación del recurso de apelación a la sentencia que hoy nos fue notificada a las partes y al país. Este recurso será interpuesto por la defensa al no encontrarnos conformes con la decisión adoptada por la sala”, indicó la defensa.El abogado reiteró que el oficial no es responsable de los hechos por los cuales fue condenado y aseguró que la defensa acudirá a todos los mecanismos judiciales disponibles para que se le respete el debido proceso y su inocencia.“Tenemos muy claro que si él hubiese sido responsable de las conductas por las que fue condenado, la JEP tiene mecanismos para conceder beneficios a quienes aceptan esa responsabilidad y sin duda hubiese acudido a ellos. Pero reiteramos: él no es responsable y, por consiguiente, seguiremos en ese debate para demostrar su inocencia”, agregó la defensa.Medidas reparativas ordenadas por la JEP:Además de la condena, la sentencia dispuso un conjunto de medidas simbólicas de reparación. Entre ellas, ordenó al Ministerio de Defensa revocar las condecoraciones y felicitaciones otorgadas al coronel Publio Hernán Mejía por los resultados operacionales vinculados con los hechos representativos del patrón de macrocriminalidad probado en la sentencia.Asimismo, la JEP ordenó que, en coordinación con el comandante de la Segunda División del Ejército, se realice un acto público de petición de perdón en nombre de las Fuerzas Militares, en la ciudad de Valledupar, con la participación de las víctimas indirectas reconocidas en el proceso y la presencia del ministro de Defensa, el comandante del Ejército Nacional, y los comandantes de la Segunda División, la Décima Brigada y el Batallón La Popa.
La Fiscalía General de la Nación desarticuló una red criminal trasnacional dedicada al almacenamiento y distribución de material sexual explícito de niños, niñas y adolescentes, que operaba a través de plataformas de mensajería instantánea y tenía alcance en varios países de América Latina y Europa.La operación se realizó en coordinación con el Centro Cibernético Policial y la Comunidad de Policías de América y es que de acuerdo con la investigación, liderada por una fiscal de la Seccional Bogotá, la estructura ilegal utilizaba una aplicación de mensajería en la que participaban cerca de 100 personas ubicadas en España, Paraguay, Brasil, Ecuador, Perú, Honduras y Colombia.A través de ese canal se compartieron más de 1.275 videos y 539 imágenes que evidencian graves vulneraciones contra menores de entre 5 y 10 años.En las diligencias de registro y allanamiento realizadas en Cali, Medellín y Barranquilla, las autoridades capturaron a tres presuntos integrantes de la red e incautaron dispositivos electrónicos que contienen material probatorio relacionado con abusos sexuales y otras agresiones contra la integridad y formación sexual de menores de edad.Los detenidos fueron presentados ante un juez de control de garantías por fiscales de la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes y les fue imputado el delito de pornografía con menor de 18 años.Se trata de Óscar Luis Espejo Vanegas, Darwin Steven Lara y Juan José Silva Vásquez, quienes no aceptaron los cargos y deberán estar recluidos en la cárcel mientras avanza el proceso.
La decisión del Tribunal Superior de Bogotá de mantener la detención intramural de los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, pese a la apelación presentada por sus defensas, dejó a ambos privados de la libertad mientras avanza el proceso por el escándalo de corrupción en la UNGRD. Es así como Bonilla permanece en el búnker de la Fiscalía en Bogotá y Velasco en una sede de la Dijín en Cali, tras una determinación que, aunque fue inicialmente solicitada como domiciliaria por la Fiscalía, terminó siendo más severa.Desde la defensa del exministro de Hacienda, el abogado penalista Mauricio Pava insistió en que la medida de aseguramiento no puede interpretarse como una condena anticipada. “La decisión de la magistrada es preliminar, precautelativa, no es la imposición de una pena anticipada”, aseguró, al tiempo que recalcó que el eje central del proceso debe ser la presunción de inocencia. Según explicó, una vez el ciudadano entra a los estrados judiciales, “todo lo que se discute legítimamente por fuera, en los medios o en el debate público, queda afuera”.Pava fue enfático en señalar que la discusión de fondo apenas comienza y que las conclusiones de la magistrada responden a una valoración inicial. “Esto se tiene que analizar en el juicio. Para nosotros, los abogados litigantes, la presunción de inocencia es estructural en el debate jurídico”, afirmó, dejando claro que la defensa no comparte la tesis de la Fiscalía según la cual Bonilla habría hecho parte de una organización criminal.Al referirse a los hechos concretos del caso, el abogado sostuvo que existen tres grandes ejes en la investigación y que, a su juicio, ninguno compromete penalmente a su defendido. “El tema de los carrotanques de La Guajira no tiene nada que ver con el profesor Bonilla. El de los maletines, tampoco. Y el tercero es una hipótesis de la Fiscalía que nosotros hemos denominado, de manera prosaica, una tentativa de ‘mermelada’”, explicó. Esa hipótesis, agregó, fue acogida preliminarmente por la magistrada, pero tiene un amplio campo de discusión jurídica.Frente a los delitos imputados —concierto para delinquir, cohecho e interés indebido en la celebración de contratos—, Pava precisó que se trata de interpretaciones sobre conversaciones y actuaciones administrativas que deberán ser controvertidas en juicio. “No es que las pruebas hablen por sí solas; lo que existe es la interpretación que cada parte hace de ellas: la Fiscalía, la magistrada, la defensa”, señaló.El abogado también defendió la actuación personal de Bonilla durante el proceso. Recordó que renunció a su cargo y que se comprometió a comparecer ante la justicia como cualquier ciudadano. “Ha encarado este proceso con integridad y dignidad, asistiendo a todas las diligencias y asumiendo las consecuencias de las decisiones judiciales”, dijo.Sobre la sorpresa que generó la decisión de enviarlo a la cárcel, pese a que la Fiscalía y la Procuraduría habían solicitado detención domiciliaria, Pava aseguró que no le resultó inesperada. “Llevo 30 años en el ejercicio profesional y he visto posiciones muy estrictas de los jueces. No estamos de acuerdo, por eso recurrimos, pero no me sorprendió”, afirmó.
La JEP condenó al coronel en retiro Hernán Mejía a 20 años de prisión por 72 casos de falsos positivos que se dieron mientras él comando el Batallón La Popa con sede en Valledupar.“Declarar al coronel (r) Publio Hernán Mejía Gutierrez penalmente responsable por los hechos ocurridos mientras se desempeñaba como comandante del Batallón de Artilleria La Popa No 2 de Valledupar como coautor de los delitos que se cometieron en el marco de la primera modalidad del patron de macrocriminalidad consistente en una alianza entre el ilegal aparato organizado de poder bajo su mando con el Frente Mártires del Cesar de las Autodefensas Unidas de Colombia”, señala la JEP.Las conductas punibles que cometió Mejia, según la JEP, son homicidio en persona protegida, tortura en persona protegida y desaparición forzada, entre otros.El coronel en retiro Hernán Mejía deberá cumplir una pena de 20 años de prisión y no se le concederá prisión domiciliaria ni medidas alternativas.Es importante recordar que Mejia ha negado su responsabilidad en estos casos de falsos positivos y tuvo que enfrentar un juicio en la JEP.Esta es la primera condena de la JEP en la que un compareciente enfrenta la cárcel.
La Fiscalía General de la Nación imputó el delito de homicidio agravado a José Eduardo Chalá, un taxista que, en estado de embriaguez, atropelló a 11 personas el pasado 8 de noviembre en el barrio Santa Rita, localidad de San Cristóbal, en el sur de Bogotá.De acuerdo con la Fiscalía, las pruebas indican que el conductor se movilizaba a exceso de velocidad y presentaba grado tres de alcoholemia, condición certificada por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Estas circunstancias, según el ente acusador habrían provocado que perdiera el control del vehículo y embistiera a un grupo de peatones.El taxista fue capturado en flagrancia y judicializado inicialmente por los delitos de homicidio en grado de tentativa y lesiones personales dolosas, cargos que aceptó en su momento.Esta nueva imputación se da luego de que el 11 de noviembre, una de las víctimas, menor de 15 años, falleciera debido a la gravedad de las lesiones.José Eduardo Chala seguirá en la cárcel mientras avanza el proceso en su contra por este caso que generó gran indignación.Las inspecciones realizadas en el sitio del accidente y los elementos probatorios recolectados mostraron que el conductor perdió el control del vehículo debido a su estado de embriaguez, impactó a varios peatones que se encontraban en una esquina y terminó colisionando contra la fachada de una vivienda.
El exministro del Interior Luis Velasco fue reseñado por las autoridades en Cali luego de presentarse voluntariamente para cumplir la orden de captura en su contra, esto en medio del proceso judicial que se adelanta por el presunto direccionamiento irregular de millonarios contratos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).La diligencia se realizó tras la decisión del Tribunal Superior de Bogotá, que ordenó medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario.Esta es la foto de reseña del exministro del Interior, Luis Fernando Velasco:La misma determinación cobija al exministro de Hacienda Ricardo Bonilla. Ambos exfuncionarios son investigados como presuntos autores de los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer, en una investigación que busca esclarecer la presunta existencia de una estructura organizada para manipular procesos contractuales al interior de la UNGRD.La decisión fue adoptada por la magistrada Alexandra Rosero, quien se apartó de la solicitud presentada por la Fiscalía General de la Nación, que había pedido la imposición de una medida de detención domiciliaria. En su análisis jurídico, el Tribunal concluyó que la gravedad de los hechos investigados y los riesgos advertidos para el proceso hacen necesaria una medida de carácter intramural.En el auto judicial, la magistrada ordenó librar órdenes de captura contra Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla para hacer efectiva la medida de aseguramiento. Asimismo, dispuso que, una vez se materialicen las capturas, se comunique la decisión a las autoridades competentes para que los imputados sean puestos a disposición del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC).Entre los principales argumentos expuestos por el Tribunal se encuentra la persistencia del riesgo institucional y el estado en el que se encuentra la actuación procesal. La magistrada Rosero consideró que la detención domiciliaria no resulta suficiente para neutralizar los riesgos advertidos, al no impedir de manera eficaz la posibilidad de articulación indirecta, influencia institucional o interferencia funcional, características —según indicó— de estructuras criminales que operan desde altos niveles de poder bajo esquemas de aparente legalidad.Finalmente, el Tribunal sostuvo que la gravedad concreta de los hechos, la posición atribuida a los procesados dentro del entramado investigado, la persistencia de actores no judicializados, la existencia de vinculados evadidos y la incertidumbre sobre la totalidad de la presunta organización criminal imponen la necesidad de una medida de aseguramiento intramural como la única compatible con los fines constitucionales de protección de la comunidad y preservación del orden institucional.
En la noche de este jueves, 18 de diciembre, se registró la captura conta el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, señalado de estar vinculado en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).Blu Radio captó el momento en el que es capturado en plena audiencia el exministro de Hacienda tras la orden de una magistrada por su presunta responsabilidad en el escándalo de corrupción de la entidad.Después de ser capturado, Bonilla fue trasladado al búnker de la Fiscalía donde seguirá su proceso judicial. Ante esto, la defensa del exministro recalcó que apelarán la orden de captura."Es una decisión que está sometida a un recurso de apelación y allí terminan de definir que al profesor Bonilla lo protege la presunción de inocencia y la presunción de inocencia implica que sea tratado así hasta una sentencia después de un juicio”, dijo el abogado.Petro defendió a Bonilla antes de capturaEl presidente Gustavo Petro defendió públicamente a su exministro Bonilla luego de que el Tribunal Superior de Bogotá ordenara prisión preventiva por el escándalo de corrupción en la UNGRD. A través de un mensaje en X, el mandatario aseguró que, según su conciencia, Bonilla es inocente y destacó su trayectoria académica como economista y profesor.En su pronunciamiento, Petro afirmó que Bonilla ha sido víctima de extorsión y que se le ha convertido en un “chivo expiatorio”. Además, atribuyó su situación judicial a una supuesta ingenuidad política, al señalar que el exministro se apoyó en sectores de la oposición uribista durante su gestión al frente del Ministerio de Hacienda.El jefe de Estado también sostuvo que fue su Gobierno el que frenó los intentos de tráfico de influencias en la UNGRD, recordando que se tomó la decisión de sacar al entonces director de la entidad, Olmedo López, tras detectarse hechos de corrupción. Según Petro, estas acciones evidencian que no hubo tolerancia frente a prácticas irregulares dentro de su administración.La medida judicial también cobijó al exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, a quienes la magistrada señaló como presuntos líderes de una organización criminal que habría desviado recursos públicos entre 2023 y 2024 para comprar apoyos legislativos. Ambos se convierten en los exfuncionarios de más alto rango del Gobierno Petro enviados a prisión por este caso, que ya había salpicado a los expresidentes del Congreso Iván Name y Andrés Calle, tras revelaciones del exsubdirector de la UNGRD, Sneyder Pinilla.
Desde la Casa de Nariño, el presidente Gustavo Petro se refirió a la decisión de la magistrada Aura Rosero Baquero, del Tribunal Superior de Bogotá, quien impuso la medida de aseguramiento en contra de los exjefes de las carteras de Hacienda y del Interior, investigados por su presunta participación en el desfalco a la UNGRD. El mandatario defendió a Ricardo Bonilla, asegurando que conoce su trayectoria.“Yo conozco a Bonilla porque es un profesor de universidad, lo conocemos, y sé de su doctorado en economía y de su obsesión por la teoría económica. Sé también que es ingenuo, le advertí muchas veces eso, ojo la extorsión, pero la extorsión no proviene del extorsionado sino del extorsionista, pero no me meto en eso porque es tema de la investigación”, dijo.El mandatario no mencionó a Velasco en su intervención y advirtió que cualquier funcionario corrupto saldría del Gobierno. Cabe mencionar que el escándalo de corrupción de la UNGRD salpicó a los funcionarios más cercanos al jefe de Estado. Por un lado, Carlos Ramón González, señalado de ser el cerebro de este entramado de corrupción y quien hoy está prófugo de la justicia en Nicaragua. Por otro lado, Sandra Ortiz, consejera para las regiones; los dos ministros del Gobierno Petro, y Olmedo López, quien fue director de la entidad.Por otro, menos cercano, los congresistas Andrés Calle e Iván Name, quienes habrían recibido dineros a cambio de apoyar las reformas en el Legislativo.
Zulma Guzmán Castro, la mujer señalada por las autoridades colombianas de envenenar con talio a dos menores en Bogotá, intenta ahora evitar ser procesada judicialmente argumentando presuntos problemas de salud mental, según confirmaron fuentes oficiales en el Reino Unido. La mujer se encuentra bajo custodia de las autoridades británicas en Londres, luego de ser rescatada del río Támesis tras un aparente intento de suicidio.El episodio ocurrió en la mañana del martes 16 de diciembre, en inmediaciones del puente Battersea, al occidente de la capital británica. De acuerdo con los reportes policiales, la alerta se activó a las 06:45 a. m., cuando se recibió una llamada de emergencia advirtiendo que una mujer estaba en riesgo de lanzarse al río.Según pudo establecer Blu Radio, la llamada habría sido realizada por la propia Guzmán, quien informó a las autoridades que planeaba arrojarse al agua. Esa comunicación se habría dado porque la mujer ya sabía de la existencia de una circular roja de Interpol en su contra y que su captura era inminente.Minutos después del aviso, unidades de la Policía Marina del Reino Unido lograron ubicarla, rescatarla del agua y trasladarla a un centro asistencial, donde recibió atención médica. Tras el procedimiento, quedó bajo custodia mientras se evalúa su estado de salud física y mental.La ubicación de la mujer fue el resultado de un extenso rastreo internacional. Para dar con su paradero, Interpol tuvo que realizar verificaciones en al menos 12 países. En su recorrido, Castro Guzmán estuvo inicialmente en Argentina, luego se desplazó a Brasil, posteriormente a España y finalmente llegó al Reino Unido, donde fue localizada.De acuerdo con las autoridades, la mujer ingresó al Reino Unido el pasado 11 de noviembre y desde entonces era buscada activamente por la Agencia Nacional del Crimen, en atención a la circular roja emitida en su contra por las autoridades colombianas.Mientras se define su situación médica y jurídica en territorio británico, las autoridades colombianas mantienen activos los canales de cooperación judicial, a la espera de que se resuelva si Guzmán Castro será procesada, extraditada o sometida a evaluaciones psiquiátricas que puedan incidir en su responsabilidad penal.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) confirmó la identificación de una quinta víctima en La Escombrera, al cumplirse un año de los primeros hallazgos que revelaron el uso de este lugar como fosa común en la Comuna 13 de Medellín. Se trata de una niña de 17 años desaparecida por paramilitares del Bloque Cacique Nutibara el 24 de agosto de 2002, cuyo cuerpo fue hallado por el Grupo de Apoyo Técnico Forense (GATEF) el pasado 15 de julio y plenamente identificado por el Instituto Nacional de Medicina Legal.Con esta identificación, ya son siete los cuerpos exhumados en el sitio desde 2024, de los cuales cinco han sido identificados y cuatro entregados de manera digna a sus familias. Estos avances confirman la relevancia de La Escombrera como lugar clave para el esclarecimiento de casos de desaparición forzada en la Comuna 13, donde las víctimas y sus organizaciones han denunciado durante años la existencia de fosas comunes utilizadas en el contexto del conflicto armado.Durante 2025, la JEP mantuvo activa la intervención judicial en La Escombrera bajo las medidas cautelares vigentes, con el apoyo logístico y financiero de la Alcaldía de Medellín. Gracias a esta articulación institucional, se amplió el área de excavación y se reforzaron las capacidades técnicas del GATEF, lo que permitió avanzar en las labores forenses, fortalecer los procesos de identificación y brindar acompañamiento psicosocial y jurídico a las familias de las víctimas.La continuidad de esta búsqueda depende ahora del cumplimiento del Auto AI-48 de 2025, que vinculó a los ministerios de Hacienda y del Interior para garantizar la sostenibilidad financiera e institucional de la intervención. La JEP resaltó que contar con recursos estables, maquinaria y personal especializado será determinante para continuar con las excavaciones durante 2026 y consolidar los resultados obtenidos este año.Asimismo, la Jurisdicción recordó que en mayo de 2025 se ordenó al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, en coordinación con la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín, diseñar un proceso de memoria y reparación simbólica en La Escombrera. Esta propuesta, ya presentada y actualmente en revisión, busca honrar a las víctimas y convertir el sitio en un espacio de memoria y reconocimiento.La intervención del GATEF en La Escombrera hace parte del Subcaso Antioquia del Caso 08, que investiga crímenes cometidos por miembros de la fuerza pública en alianza con grupos paramilitares. Estos esfuerzos judiciales y forenses contribuyen al esclarecimiento de la verdad, a la reconstrucción de los hechos y al reconocimiento de las víctimas de desaparición forzada en la Comuna 13, uno de los capítulos más dolorosos del conflicto armado en Medellín.
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema De Justicia tomó la decisión de no imponer medidas de aseguramiento, es decir, no enviar a la cárcel al ministro del interior Armando Benedetti por enriquecimiento ilícito y lavado de activo.s este es uno de los 7 procesos que tiene el alto tribunal contra el jefe de la cartera política.Este proceso sobre la más reciente decisión tiene que ver con la compra de un inmueble en la urbanización Prado Mar, en Puerto Colombia Atlántico, que fue adquirida por la esposa del ministro del interior Adelina Guerrero.La investigación contra el hoy ministro del interior sigue viva por estos dos delitos la ponencia que votaron los magistrados de la Sala de Instrucción, venía de parte del magistrado César Reyes quién es el presidente de la sala y que quedó a cargo de este proceso, luego de una recusación contra la magistrada Cristina Lombana.La decisión de la Sala de Instrucción de no imponer una medida aseguramiento contra el ministro del Interior, Armando Benedetti, tiene como argumento que no existe un riesgo de obstrucción a la justicia.Los otros procesos de Benedetti en la CorteEn total son seis los procesos contra el ministro del Interior, Armando Benedetti, por presuntos actos de corrupción, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, entre otros hechos.De esos seis, 4 están a cargo de la magistrada Cristina Lombana, quien ordenó el allanamiento de una de las casas en Barranquilla de Benedetti, lo que generó todo un caos. Otros casos tienen que ver con Fonade que ya está en etapa de juicio en la Sala de Primera Instancia de la Corte.
El Tribunal Superior de Bogotá impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, dentro del proceso judicial que se adelanta por el presunto direccionamiento irregular de millonarios contratos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Ambos exfuncionarios son investigados como presuntos autores de los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer.La decisión fue adoptada por la magistrada Alexandra Rosero, quien se apartó de la solicitud presentada por la Fiscalía General de la Nación, que había pedido detención domiciliaria. En su análisis, el Tribunal concluyó que la gravedad de los hechos y los riesgos advertidos hacen necesaria una medida de carácter intramural.La magistrada ordenó librar órdenes de captura contra Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla para hacer efectiva la medida de aseguramiento. Asimismo, dispuso que, una vez se materialicen las capturas, se comunique la decisión a las autoridades competentes para que los imputados sean puestos a disposición del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, entidad que definirá el establecimiento de reclusión correspondiente, garantizando la verificación, custodia y el respeto de sus derechos fundamentales.Entre los principales argumentos expuestos por el Tribunal se encuentra la persistencia del riesgo institucional y el estado en el que se encuentra la actuación procesal. La magistrada consideró que la detención domiciliaria no resulta suficiente para neutralizar los riesgos advertidos, al no impedir de manera eficaz la posibilidad de articulación indirecta, influencia institucional o interferencia funcional, propias ,según indicó, de estructuras criminales que operan desde niveles altos de poder y bajo esquemas de aparente legalidad.Rosero sostuvo que la gravedad concreta de los hechos, la posición atribuida a los procesados dentro del entramado investigado, la persistencia de actores no judicializados, la existencia de vinculados evadidos y la incertidumbre sobre la totalidad de la organización criminal imponen la necesidad de una medida de aseguramiento intramural como la única compatible con los fines constitucionales de protección de la comunidad y preservación del orden institucional.Durante la audiencia, también se reiteró la importancia de imponer oportunamente una medida restrictiva de la libertad, haciendo referencia a antecedentes como la fuga y posterior asilo en Nicaragua de Carlos Ramón González. Este argumento fue cuestionado por las defensas, que advirtieron que no deben utilizarse situaciones de terceros para influir en la valoración individual de los procesados.Al explicar el peligro que representan los hechos investigados, la magistrada señaló que el riesgo para la comunidad no se limita a la eventual reiteración inmediata de las conductas, sino al impacto institucional que genera la normalización de prácticas corruptas cuando se producen desde cargos de alta jerarquía y con capacidad de influencia estructural. En su criterio, la afectación es sistemática y trasciende los casos individuales.El Tribunal concluyó que, con el estándar probatorio propio de esta etapa procesal, existen elementos suficientes para inferir la existencia de un acuerdo criminal con vocación de permanencia. Según la magistrada, las actuaciones analizadas permiten sostener que no se trató de hechos aislados, sino de una concertación organizada orientada a la comisión reiterada de delitos contra la administración pública.“La evidencia permite inferir que ese cónclave constituye un acto donde se expresó la concertación ya existente”, afirmó Rosero, al sostener que dicho encuentro refuerza la conclusión preliminar sobre la existencia de un acuerdo criminal organizado.La decisión también abordó la presunta injerencia indebida de los exministros en el trámite legislativo. Para el Tribunal, los elementos recaudados evidencian una normalización del intercambio ilícito de favores como mecanismo para asegurar mayorías parlamentarias y estabilidad política, una práctica que, según se indicó, vulnera los principios de separación de poderes, legalidad y moralidad administrativa.Finalmente, la magistrada cuestionó el manejo de los recursos públicos, al advertir que la contratación estatal habría sido utilizada como instrumento de presión política, materializada en documentos informales y cuadros en formato Excel, incompatibles con los estándares de planeación, transparencia y legalidad que deben regir la gestión de la hacienda pública.
Este jueves 18 de diciembre se conoció una imagen que mostraría el momento en el que Zulma Guzmán, empresaria colombiana y principal sospechosa del caso de envenenamiento con frambuesas en Bogotá, ingresó al Reino Unido el pasado 11 de noviembre. De acuerdo con la información disponible, Guzmán logró entrar al país europeo en medio de un operativo de búsqueda internacional solicitado por Colombia. Desde entonces, las autoridades británicas mantenían labores de seguimiento tras la notificación emitida por Interpol Colombia y la Fiscalía General de la Nación, en el marco de la investigación que la señala por un grave hecho ocurrido en la capital del país. La fotografía corresponde a su llegada a territorio británico, semanas antes de que fuera ubicada por las autoridades, y mientras continúa bajo atención médica en un centro hospitalario de Londres. La empresaria fue noticia nuevamente luego de que, en la madrugada del martes 16 de diciembre, fuera rescatada del río Támesis, cerca del puente de Battersea, al suroeste de Londres. Según reportes de medios locales, la Policía Metropolitana recibió una llamada de emergencia hacia las 06:45 de la mañana, alertando sobre una mujer que se encontraba en peligro. Minutos después, la Unidad Policial Marítima logró sacarla del agua y trasladarla a un hospital. Las autoridades indicaron que presentaba lesiones que no ponían en riesgo su vida. La fotografía corresponde a su llegada a territorio británico, semanas antes de que fuera ubicada por las autoridades, y mientras continúa bajo atención médica en un centro hospitalario de Londres.Versiones publicadas en el Reino Unido señalan que la mujer auxiliada corresponde a Zulma Guzmán, quien habría permanecido en el país pese a la orden de arresto emitida en su contra a comienzos de diciembre. Su ubicación se habría confirmado días después de una entrevista virtual concedida por la propia empresaria.En dicho diálogo, Guzmán cuestionó el actuar de la justicia colombiana y aseguró ser víctima de una estrategia para afectar su imagen antes de enfrentar un proceso judicial. No obstante, durante la transmisión se habría producido un detalle clave: consumió agua de una botella de la marca Buxton, un producto que solo se comercializa en el Reino Unido. Este elemento habría despertado sospechas y contribuido a confirmar su presencia en ese país.Zulma Guzmán está acusada del asesinato de las menores Inés de Bedout, de 14 años, y Emilia Forero, de 13, quienes fallecieron en abril de este año en Bogotá tras ingerir frambuesas presuntamente contaminadas con talio, un metal altamente tóxico. La empresaria ha negado de forma reiterada cualquier responsabilidad en los hechos, mientras el proceso judicial en su contra continúa avanzando con cooperación internacional.
Luego de que la jueza Vivian Polanía fuera encontrada muerta en la noche de este miércoles en su apartamento en Cúcuta, se han ido conociendo diversos detalles alrededor del mencionado caso, a la par que avanzan las investigaciones de las autoridades para determinar qué fue lo que sucedió con la vida de la mujer.En medio de esas investigaciones, se ha conocido que, además de que el cuerpo de su hija fue hallado cerca de ella, en el apartamento habían 26 papeletas de cocaína, al parecer, pertenecientes a Polania. Además, según contó Néstor Morales en Mañanas Blu, desde la Fiscalía indicaron que hay denuncias de la propia Vivian Polanía -cuyo cadáver fue encontrado sin signos de violencia- por mlatrato intrafamiliar contra el padre de su hijo, con quien entonces, al parecer, mantenía una mala relación.Cabe recordar que, horas antes, se conoció también que uno de los últimos contactos que tuvo la juez con alguien más fue, vía telefónica, con un integrante de su esquema de seguridad, como relató el coronel Fabio Ojeda, comandante de la Policía de Cúcuta, en Mañanas Blu: ""Antenoche a las 8 de la noche se comunicó por última vez con su esquema de seguridad, eso lo dijeron en entrevista.", señaló el oficial. El coronel Ojeda también resaltó que, mientras continúa avanzando la investigación por la muerte de la juez, desde la Policía se realizó el restablecimiento de derechos de la menor: "Ayer salvaguardamos la vida de la menor de edad, creemos que llevaba más de 12 horas sin recibir alimento y presentaba grado de deshidratación, pero ya está estable", informó, agregando que "será entregado al ICBF para que entregue el menor a las personas que corresponda", pues "esos son los protocolos".
La Fiscalía General imputó este 17 de diciembre a dos exfuncionarios del Ministerio de Defensa y a un coronel del Ejército Nacional por su presunta participación en graves irregularidades detectadas en un contrato millonario para el mantenimiento de helicópteros rusos MI-17, una de las flotas estratégicas de la fuerza pública.Los procesados son el exsecretario general del Ministerio de Defensa Hugo Alejandro Mora Tamayo, el exasesor de la Dirección de Proyección de Capacidades e Innovación de esa cartera Diego Alejandro Manrique Cabezas y el coronel Julián Ferney Rincón Ricaurte, de la Brigada de Aviación No. 32 del Ejército Nacional.¿Cómo amañaron el contrato?Durante la audiencia de imputación de cargos, el fiscal del caso expuso que entre septiembre y octubre de 2024 los tres hombres habrían participado en un entramado que corrupción en el que se otorgó un contrato por cerca de 32 millones de dólares, destinado al mantenimiento de los helicópteros MI-17.“Carlos Martín Forero, representante de la empresa MI-Series Perssonel & Parts, en asocio con James Lester Montgomerie, ciudadano estadounidense, lograron cohesionar a varios servidores públicos del Ministerio de Defensa con el fin de que direccionaran el proceso contractual que se debía tramitar para el mantenimiento de la flota de helicópteros MI-17 del Ejército Nacional”, señaló el fiscal.En este proceso, el coronel Rincón Ricaurte, quien fungía como gerente del proyecto, habría refrendado prórrogas injustificadas para la presentación de cotizaciones, participado de forma indebida en la etapa precontractual y certificado, sin respaldo técnico, que la empresa Vertol Systems Company sí contaba con la experiencia e idoneidad necesarias para ejecutar el contrato, a pesar de que el comité evaluador había descartado a ese oferente.Ricaurte también es señalado de intervenir para modificar los estudios financieros del proceso y avalar condiciones que impidieron verificar la real capacidad económica del contratista, lo que terminó afectando los mecanismos de control y selección objetiva.En el caso de Diego Alejandro Manrique, la Fiscalía indicó que presuntamente intervino en la elaboración y evaluación del estudio económico previo y cambió los requisitos financieros habilitantes. Esto permitió que se aprobara una propuesta sin que fuera posible establecer indicadores clave como liquidez, rentabilidad y capacidad organizacional, exigidos por la normativa vigente en contratación estatal.El tercer implicado, Hugo Alejandro Mora, habría firmado el contrato No. 012 de 2024 el 31 de diciembre de ese año, pese a conocer las irregularidades del proceso y la falta de cumplimiento de los requisitos legales.“A pesar de que tenía conocimiento de que el documento mediante el cual se habilitaba la propuesta no era legal y que el contratista no cumplía con los requisitos habilitantes de experiencia, capacidad económica y jurídica ante la ausencia un poder de representación en Colombia, y de que el representante de Vertol Systems, James Lester Montgomerie, no estaba en el país en ese momento, procedió a suscribir el contrato”, argumentó el fiscal.Mora también habría autorizado una modificación en la forma de pago que permitió un anticipo del 50 % del valor total del contrato, equivalente a más de 16 millones de dólares, consignados en una cuenta del contratista en Estados Unidos.Dicho anticipo fue desembolsado el 15 de abril de 2025, pese a que el contrato no podía ejecutarse debido a los incumplimientos del proveedor. Según la Fiscalía, del valor total del contrato solo se ejecutaron actividades por cerca de 2,6 millones de dólares, sin que hasta la fecha se haya reintegrado al Ministerio de Defensa el saldo restante, superior a 13 millones de dólares, tras la declaratoria formal de incumplimiento.Durante la audiencia, la Fiscalía imputó a los tres investigados, de acuerdo con su presunta responsabilidad individual, delitos como falsedad ideológica en documento público, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, tráfico de influencias de servidor público, prevaricato por acción, abuso de función pública, fraude procesal y peculado por apropiación.Ninguno de los cargos fue aceptado por Rincón, Mora ni Manrique y la audiencia deberá continuar el próximo viernes, 19 de diciembre, para que la Fiscalía exponga la acusación de estos delitos y aporte las pruebas necesarias.