La Fiscalía solicitó al Ministerio de Justicia tramitar con el gobierno del Reino Unido la extradición de Zulma Guzmán Castro, requerida por la justicia por su presunta responsabilidad en un caso de homicidio agravado que dejó dos niñas muertas y otras dos personas gravemente afectadas, por ingerir frambuesas envenenadas con talio.Guzmán fue detenida esta semana por las autoridades británicas tras la activación de una notificación roja de Interpol. Su localización se produjo en Londres, a orillas del río Támesis, cerca del puente Battersea, luego de un seguimiento internacional que permitió establecer su salida de Colombia y su paso por varios países de América Latina y Europa.La Fiscalía explicó en la solicitud dirigida al ministro de Justicia, Andrés Ibarraga que, tras abandonar el país, la mujer estuvo en Argentina, Brasil y España, antes de ingresar al Reino Unido en noviembre de este año.La investigación penal se originó luego de la muerte de dos niñas que, junto con otros miembros de su entorno familiar, consumieron frambuesas cubiertas de chocolate que estaban contaminadas con talio, un metal pesado altamente tóxico, incoloro e inodoro. El alimento llegó a la vivienda como un supuesto regalo, entregado por un domiciliario, lo que inicialmente generó confusión sobre el origen del envenenamiento y retrasó la identificación de una causa intencional.Según el expediente judicial, los estudios descartaron por completo un accidente o una contaminación fortuita. El talio habría sido incorporado deliberadamente con la intención de causar daño grave o la muerte a quienes los consumieran. La Fiscalía señala a Zulma Guzmán Castro como la persona que habría gestionado el envío de las frambuesas a la vivienda donde se encontraban las víctimas.De acuerdo con la hipótesis del ente acusador, el caso estaría relacionado con un presunto acto de venganza, motivado por una relación sentimental extramatrimonial que Guzmán habría sostenido con el padre de una de las menores fallecidas. Este aspecto, aunque mencionado en el proceso, continúa siendo materia de investigación y análisis probatorio.Tras conocerse la muerte de las niñas, Guzmán salió del país con destino a Argentina, un hecho que reforzó las sospechas en su contra. Posteriormente, la Fiscalía solicitó una orden de captura ante un juez de control de garantías y tramitó la circular roja de Interpol para facilitar su ubicación y detención en el exterior.En el documento de formalización enviado a las autoridades del Reino Unido, la Fiscalía colombiana expone los hechos, las pruebas recaudadas y los delitos por los cuales es requerida Guzmán, entre ellos homicidio agravado cuando la víctima es menor de edad y tentativa de homicidio. La solicitud se sustenta en tratados de cooperación judicial vigentes entre ambos países.
Gloria Mejía, oriunda de la zona rural de El Concilio, en Salgar, Antioquia, y sobreviviente de los ataques de Carlos Rivera, más conocido como el “monstruo de Tabio”, dio su testimonio en el pódcast Conducta Delictiva, donde relató detalles del ataque que sufrió.La mujer contó que en el pueblo comenzaron a circular rumores sobre hechos extraños relacionados con varias mujeres. “Una mujer de la tercera edad apareció muerta y había sido víctima de violación, ocho días después de que su familia estuviera buscándola”, relató.Según explicó, un año después aumentaron los rumores de ataques sexuales contra mujeres de la zona. Tras registrarse tres casos de muerte con características similares, el pánico se apoderó de la comunidad rural.Cabe recordar que este hombre es señalado de acechar y agredir a más de ocho mujeres en zonas rurales de Colombia entre 2019 y 2024. El sujeto, que solía camuflarse como un trabajador de fincas cafeteras, utilizaba hasta diez identidades falsas para evadir a las autoridades, mientras seleccionaba a sus víctimas —mujeres de diferentes edades— para atacarlas en caminos solitarios durante la madrugada.Gloria relató que aquella madrugada, fue interceptada por un hombre encapuchado que intentó golpearla con un garrote. Sin embargo, tras un forcejeo en el que el agresor cayó al suelo, ella logró huir y alertar a la comunidad.“Él me mandó el garrotazo, pero yo reaccioné de inmediato y con la mano derecha le di un puño, tumbándole el palo que tenía en la mano”, contó.Después del ataque, asumió un rol activo en la búsqueda de justicia, recolectando pruebas como la vestimenta del sospechoso y colaborando en la elaboración de un retrato hablado, el cual fue clave para que los investigadores siguieran su rastro.“Lo cogí del pelo, le quité la camisa y yo pensaba: ‘yo a este lo he visto en alguna parte’. A este hombre yo lo vi sentado en la tienda de la vecina, este hombre fue el que se me fue encima el día de los cumpleaños", recordó.Pese a que el sospechoso fue capturado en 2023 tras un incidente en Tabio, las sobrevivientes denuncian que, aunque presuntamente estaría vinculado a 11 casos de agresiones y feminicidios, actualmente solo estaría cumpliendo condena por un único proceso. Otros expedientes, incluido el de Gloria, habrían sido archivados o descuidados por el ente acusador.
En la tarde de este viernes, 19 de diciembre, fueron legalizadas las capturas de los exministros del gobierno Petro, Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, por su presunta vinculación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).Se llevó a cabo la audiencia de legalización de captura contra los exministros de Hacienda Ricardo Bonilla y del Interior Luis Fernando Velasco, quienes, según la Fiscalía, habrían hecho parte de un entramado criminal en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.Bonilla fue capturado minutos después de que finalizara la audiencia en el Tribunal Superior de Bogotá, en donde se conoció que la medida era intramural, es decir, cárcel para ambos exministros del gobierno del presidente Gustavo Petro.Mientras tanto, Luis Fernando Velasco se entregó voluntariamente en Cali, ciudad donde reside actualmente.Durante la diligencia la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría le pidieron a la magistrada Leonor Oviedo, que impartiera legalidad sobre las capturas de Velasco y Bonilla.Asimismo, ambos exministros aseguraron durante la audiencia que al momento de sus capturas les fueron respetadas todas sus garantías procesales.La magistrada Oviedo señaló que los exministros podrían ser traslados a la Cárcel la Picota de Bogotá o al sitio de reclusión que asigne el Inpec.Entre los principales argumentos expuestos por el Tribunal Superior de Bogotá para imponer medida intramural, está la persistencia del riesgo institucional y el estado en el que se encuentra la actuación procesal. La magistrada Aura Alexandra Rosero consideró que la detención domiciliaria no resulta suficiente para neutralizar los riesgos advertidos, al no impedir de manera eficaz la posibilidad de articulación indirecta, influencia institucional o interferencia funcional, propias ,según indicó, de estructuras criminales que operan desde niveles altos de poder y bajo esquemas de aparente legalidad.
La muerte de la jueza Vivian Polanía sigue rodeada de interrogantes. La funcionaria judicial fue encontrada sin vida el pasado miércoles 17 de diciembre en su apartamento, ubicado en la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander, junto a su hija de apenas dos meses de nacida, quien fue hallada en buen estado de salud.De acuerdo con el primer reporte entregado por las autoridades, el cuerpo de la jueza fue encontrado en su habitación, sobre la cama y cubierto con una cobija. “En la habitación donde residía la jueza la encontramos muerta en su cama, arropada, y al lado se encontraba un bebé de aproximadamente un mes y medio”, explicó el coronel Fabio Ojeda en diálogo con Mañanas Blu.La Policía indicó que, en una primera inspección, el cuerpo no presentaba signos visibles de violencia. No obstante, fue trasladado a Medicina Legal, entidad que deberá establecer con exactitud las causas del fallecimiento. Las autoridades también señalaron que la menor habría permanecido cerca de 12 horas sin recibir alimento antes de ser encontrada.Vivian Polanía contaba con un esquema de protección asignado por la Unidad Nacional de Protección (UNP), debido a su labor como jueza. Según se informó, la última comunicación que sostuvo fue alrededor de las 8:00 de la noche del día anterior a su muerte.Mientras avanzan las investigaciones, Luis Alexander Maldonado, abogado y amigo cercano de la jueza, entregó detalles sobre el contexto personal y profesional de Polanía. En sus declaraciones, destacó que la funcionaria había recibido múltiples amenazas por sus decisiones judiciales. “Ella tenía muchas amenazas por ser jueza de procesos contra bandas criminales. Negaba beneficios a integrantes de organizaciones delincuenciales. Por eso tenía esquema de protección. Era una jueza incorruptible”, afirmó.Maldonado también recordó que Polanía fue jueza de garantías en el caso de los responsables del asesinato del periodista Jaime Vásquez, un proceso de alto impacto que reforzó su perfil como funcionaria estricta frente al crimen organizado.El abogado rechazó las versiones que apuntan a un posible suicidio y aseguró que la jueza atravesaba un buen momento personal. “Ella estaba feliz con su bebé. Decir que se suicidó no tiene sentido. Vivía en un conjunto cerrado, al que era muy difícil que alguien ingresara. Será Medicina Legal quien determine realmente qué ocurrió”, señaló.Finalmente, frente a la circulación de unos audios en los que la jueza hablaba de presuntos conflictos con una expareja, Maldonado aclaró que esa situación ya había sido superada. “En las grabaciones se refiere a problemas de convivencia con una expareja, pero entiendo que eso ya se había solucionado”, aseguró en declaraciones a El Tiempo.
El cierre del año fiscal es uno de los momentos más críticos para las empresas en Colombia, pero también uno de los más subestimados. De acuerdo con expertos, el error más común es tratar este proceso como un simple trámite operativo y no como una decisión estratégica que impacta directamente la liquidez, la reputación corporativa y la sostenibilidad del negocio. Un cierre mal gestionado puede traducirse en sanciones, intereses, reprocesos contables e incluso investigaciones de entidades como la Dian, la UGPP o las superintendencias, con efectos que se extienden hasta 2026.Entre las fallas más recurrentes se encuentran las inconsistencias en la conciliación de impuestos como IVA, ICA y autorretenciones, así como errores en la determinación de ganancias ocasionales por venta de activos, diferencias en cambio, impuesto mínimo e impuesto diferido de renta. También es frecuente la aplicación incorrecta de descuentos tributarios, rentas exentas y compensación de pérdidas fiscales, además de la omisión de intereses presuntos en cuentas por cobrar a accionistas. Estas equivocaciones no solo generan costos económicos, sino que aumentan el riesgo de fiscalizaciones profundas por parte de la autoridad tributaria.La organización documental es otro punto crítico que muchas empresas descuidan antes de finalizar el año. Contar con libros contables y de actas actualizados, contratos con impacto financiero, declaraciones presentadas y pagadas, certificados de retención, estados de cuenta ante la Dian y los municipios, nómina electrónica, planillas de seguridad social y reportes de beneficiarios finales es fundamental para un cierre ordenado. A esto se suma la importancia de realizar una proyección de renta comparada con el año anterior, una herramienta clave para anticipar impactos financieros y ajustar la planeación tributaria.El cumplimiento del calendario tributario es igualmente determinante. Desde enero, las compañías enfrentan obligaciones como la revisión de la periodicidad de IVA e ICA y la actualización del RUT; entre marzo y mayo se concentran hitos como la renovación de la matrícula mercantil, la información exógena y la declaración de renta de personas jurídicas. En el segundo semestre, entran en juego compromisos como la renta de personas naturales, precios de transferencia y el pago de la prima de diciembre, todos con impacto directo en la caja de las empresas.¿Cómo evitarlo?Para evitar estos errores, Martha Eugenia Pulido, socia fundadora Optimal Solutions, recomiendan realizar un pre-cierre contable y fiscal, seguir de manera estricta las recomendaciones del asesor tributario y presupuestar con anticipación las obligaciones del nuevo año. La tecnología se ha convertido en una aliada indispensable: aplicativos contables integrados, software tributario, repositorios documentales y calendarios automatizados permiten reducir errores y garantizar trazabilidad. Anticiparse, organizarse y apoyarse en expertos es la mejor estrategia para cerrar el año sin sobresaltos y empezar el siguiente con bases financieras sólidas.
Desde su salida de Millonarios, Falcao no ha tenido competencia profesional y ha estado alejado de las canciones, sin embargo, el delantero aún no ha confirmado un retiro y su nombre sigue generando interés a nivel internacional y desde Argentina un equipo ve como posibilidad su fichaje para 2026.Pese que muchos esperaban un "último baile" del 'Tigre' en River Plate, el colombiano no está ni cerca de los planes de Marcelo Gallardo y el interés vendría de Gimnasia de La Plata que sí ve al delantero como una gran opción para sumar a la delantera del 2026."Al igual que en enero de este año, el nombre de Radamel Falcao vuelve a estar en lista. Todavía no está en carpeta, pero hay una posibilidad. No es la única, e integra una serie de opciones pensando en reforzar la delantera", dijo el periodista Fer Pujol sobre la posibilidad de la llegada del 'Tigre', que además se podría hablar de negociaciones pronto.Falcao disputó su último partido el 19 de junio de 2025 vs. Santa Fe por los cuadrangulares de Liga BetPlay, por ende, de darse un fichaje estaría completamente fuera de ritmo y tendría que pasar por un proceso de re adaptación en cancha y, sgeún hinchas de Gimnasia de La Plata, esto no valdría la pena para un futbolista de su edad (40)."Carlos Anacleto en el cargo de presidente y con el mercado iniciándose, según le confirmaron a 0221.com.ar es una posibilidad, aunque no es la única pensando en reforzar la delantera, uno de los puestos que se pretende incorporar tras la charla que mantuvo Fernando Zaniratto con la Secretaría Técnica", indicó el medio 0221 de esta posibilidad, que ha generado diversas opiniones de una llegada o no de Radamel al fútbol argentino, país en donde comenzó su carrera hace más de 15 años.
Este 2025 fue un rotundo éxito para Beéle, no solo en materia de reproducciones, sino en materia de público al poder alcanzar ocho arenas y para cerrarlo de manera perfecta también decidió sacar su canción decembrina al lado de una leyenda como Elvis Crespo, que en poco se convirtió en un rotundo éxito.“La Patadita” es un tema vibrante y lleno de energía, creado para celebrar, bailar y disfrutar del espíritu de la temporada navideña. Combinando el estilo característico de Beéle con la voz inconfundible y la energía contagiosa de Crespo, ambos artistas entregan un himno alegre centrado en la celebración, la unión y la buena fortuna."Conozco a Beéle desde antes de que firmara con Luyan; sé que tiene un talento enorme porque la primera vez que lo vi fue cantando con su guitarra cuando tenía apenas 15 o 16 años. Esta colaboración nació en Bogotá a principios de este año, cuando me encontré con alguien de su equipo en un centro comercial; me mostró la canción, me encantó y al día siguiente coincidí con Brandon para grabarla. Estoy feliz de colaborar con un artista joven y brillante: me permite añadir algo fresco a mi carrera y conectar con nuevas generaciones", dice Elvis Crespo.El videoclip oficial de La Patadita, dirigido por Saumeth y grabado en Bogotá, reconstruye de manera creativa el universo del emblemático programa El Show de las Estrellas, renombrado para la ocasión como El Show de la Coletera. En una atmósfera cargada de nostalgia, el video presenta al propio Jorge Barón, figura central del programa original, retomando su tradicional gesto de la “patadita”, símbolo de éxito y buena suerte para generaciones de artistas.
Para cerrar el 2025, nuevamente sorprende Brandón de Jesús con su talento para poner a bailar a todos al lado de una leyenda como Elvis Crespo. Un videoclip con Jorge Barón y "La Patadita dejan un cierre movido de este año demostrando el talento del colombiano de principio a fin."Conozco a Beéle desde antes de que firmara con Luyan; sé que tiene un talento enorme porque la primera vez que lo vi fue cantando con su guitarra cuando tenía apenas 15 o 16 años. Esta colaboración nació en Bogotá a principios de este año, cuando me encontré con alguien de su equipo en un centro comercial; me mostró la canción, me encantó y al día siguiente coincidí con Brandon para grabarla. Estoy feliz de colaborar con un artista joven y brillante: me permite añadir algo fresco a mi carrera y conectar con nuevas generaciones", dice Elvis Crespo.Un bailable de Arcángel se suma a la época de NavidadÉpoca de baile y 'La Maravilla' no podía quedar por fuera, por eso, presenta una canción con un ritmo pegajoso. "Hoy se guaya", una canción en donde el sabor es protagonista para despertar a más de uno y ponerlo a bailer durante toda la noche.'Papi Arca' cierra un 2025 con grandes éxitos y todo listo para que el 2026 sea lleno de más música, por eso estará nuevamente en Colombia en concierto en solitario.Lista de estrenos este última semana del 2025Pasa otro año cargado de música y los últimos estrenos dejan el abreboca de lo que se espera sea un 2026 con más talento, música, conciertos y producciones. Esta es la última lista del año:"Bendito" de Zaider y Roc: un tema en el que se reconocen los obstáculos y las dificultades, pero se agradece por los retos superados y por cada paso recorrido. Para los artistas, este tema se define con las palabras: motivación, superación, fe y disfrute pese a las adversidades."Chapayeka (Puro Chuky)" de Carin León: una de las grandes voces del regional lanza un álbum de 17 de los más grandes éxitos de la música mexicana reimaginados junto a sus invitados y Antonio Zepeda, quien estuvo a cargo de la producción."Rompecabezas" de Maca & Gero: este dúo invita a recordar las lecciones y memorias de la vida, en una época tan profunda conmmo esta y revisar quiénes son a partir de sus propias experiencia, buenas o malas."La Última Vez" de Nath: abre un espacio para hablar de procesos internos que muchos evitan poner en palabras. “La Última Vez” se mueve entre confesiones íntimas y decisiones firmes."Llegó la Navidad" de Penelope Robin: “Desde que llegué a vivir a Colombia me sorprendí de ver cómo se vive la navidad aquí, las novenas, la familia y la energía que irradia esta época me han inspirado a hacer este proyecto especial para diciembre, quise hacer estas 2 canciones de navidad para compartir con mi público desde los 2 estilos que me caracterizan; 1 como la he vivido aquí en Latinoamérica viviendo en Colombia y con mis raíces Venezolanas y Cubanas y 2 como la vivía en USA cuando era una niña”, dijo."Letoka" de Goergy Parra Salvaje y Alan Ramírez: la popular no podía faltar para cerrar el año y que mejor forma que dos grandes representantes del género unidos, para poner una canción al mejor estilo y perfecto para la época, en especial para esos amores pasajeros."Mi Beginning" de Wanna: un álbum de 7 tracks originales que combinan reggaeton y trap con toques de pop urbano, interpretados con el flow y registro único de WANNA. que refleja su estilo fresco, atrevido y auténtico."Algo real" de Sofia Lafuente: una canción que aborda el momento de cortar una dinámica que dejó de aportar, parte del camino que Sofía viene construyendo desde Eclipse (2024) y que se suma a su trabajo como compositora para artistas como Sebastián Yatra, Morat y Marina Reche."Por si mañana no estoy" de Piso 21 y Andrés Cepeda: se convierte en una declaración íntima y necesaria en un tiempo donde el ritmo de la vida deja poco espacio para detenerse a sentir. Piso 21, referentes del pop urbano latino, y Andrés Cepeda, baluarte del romanticismo bogotano, se unen en un bolero que no busca viralidad ni cifras, sino memoria y afecto."Mi Locura" de Jorge Celedón y Los Palmeras: habla de un amor que lo cambia todo, lo irracional; lo que toca la puerta sin aviso; lo que provoca guerra entre el deseo y el miedo a enamorarse. Con una letra dedicable."Muévelo" de Kali Uchis: un sonido del reguetón vieja escuela llega como protagonista de esta canción, en donde se ve una influencia de un movimiento pegajoso y una energía abrumadora."Niño Jesús" de Pipelón: no solo celebra la Navidad como una fecha religiosa, sino como un espacio colectivo donde la familia, el encuentro y la fe se transforman en refugio emocional."El rock de la cárcel" de Mateo Castro: “La idea era revivir un clásico que todos conocemos, pero con mi estilo, con un sonido banda que lo hiciera sentir actual, cercano y listo para disfrutarse en cualquier fiesta. Es un homenaje con mucho cariño y respeto”, dijo."Soltera" de Sofi la villa: “Esta canción está hecha para todas esas mujeres que después de levantarse, sanar o reinventarse, al dejar una relación, descubrieron que están más fuertes, más hermosas y libres", dijo."Jornalero" de Kevin Montoya: una guasca con sabor a carrilera con unos arreglos muy bien logrados con el estilo característico de un artista que conoce la realidad de un Jornalero, demostrando que cuando se viene desde abajo y a punto de pulso se puede levantar y salir adelante.
Estos fueron los temas tratados en Recap Blu este viernes, 19 de diciembre:Legalizaron las capturas de los exministros del Gobierno Petro Bonilla y Velasco por su presunta vinculación en el escándalo de corrupción de la UNGRD.El coronel (r) Publio Hernán Mejía Gutiérrez anunció que interpondrá un recurso de apelación contra la sentencia de 20 años de prisión impuesta por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), al considerar que el oficial es inocente de los crímenes por los que fue condenado.A Bogotá fueron trasladados cuatro de los soldados que resultaron heridos en el ataque a la base militar en zona rural de Aguachica, Cesar.El Gobierno nacional evalúa aumentar el gravamen a los movimientos financieros de 4 a 5 x 1.000,Un incendio de grandes proporciones se registró en una fábrica de pinturas ubicada en la Unidad Industrial Sierra Morena, sobre la carrera 50, en el municipio de La Estrella, Antioquia.
La Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena contra dos exfuncionarios del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) por su participación en los actos de tortura psicológica cometidos contra la periodista Claudia Julieta Duque, reconocida por sus investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos y crímenes de Estado.En una decisión del 15 de octubre de 2025, la Sala de Casación Penal inadmitió los recursos de casación interpuestos por los exagentes condenados, Emiro Rojas Granados, quien fue director de operaciones del DAS, y Néstor Javier Pachón Bermúdez, quien se desempeñó como detective de la Subdirección de Contrainteligencia dependiente de la Dirección General de Inteligencia.Con esta determinación, las sentencias impuestas en instancias anteriores quedan en firme, consolidando uno de los fallos más emblemáticos en materia de justicia para la prensa. Los hechos ocurrieron entre 2001 y 2004, cuando la periodista Duque fue objeto de seguimientos ilegales, hostigamientos, amenazas y agresiones psicológicas por parte de funcionarios del DAS, en represalia por su trabajo periodístico sobre el asesinato del humorista Jaime Garzón.De acuerdo con las investigaciones judiciales, el DAS ejecutó una operación de inteligencia ilegal denominada “Transmilenio”, cuyo objetivo era “neutralizar” el trabajo de la periodista mediante una estrategia de acoso sistemático. Los jueces calificaron estas actuaciones como una forma de tortura psicológica, al estar orientadas a destruir la estabilidad emocional y la seguridad personal de la víctima.En su decisión, la Corte Suprema concluyó que los recursos presentados por las defensas no cumplían con los requisitos técnicos exigidos para la procedencia de la casación. Esto implica que los argumentos de los condenados no lograron demostrar la existencia de errores procesales o violaciones al debido proceso que justificaran la revisión del fallo.En consecuencia, la sentencia condenatoria, dictada por el Tribunal Superior de Bogotá, mantiene plena validez jurídica y debe ser ejecutada, donde Emiro Rojas había sido condenado a 14 años y 8 meses de prisión y Néstor Pachón a 12 años y 6 meses. La Corte además aclaró que tras esta decisión ya no hay ninguna instancia a la que puedan apelar.Entre los condenados por este caso también se encuentran exdirectivos y agentes del DAS que desempeñaron cargos en las áreas de inteligencia y operaciones. Todos fueron hallados responsables de los delitos de tortura agravada y concierto para delinquir, en relación con las acciones dirigidas contra Duque.El pasado 25 de agosto, por ejemplo, el juzgado décimo penal especializado de Bogotá declaró culpable a Giancarlo Auque de Silvestri, quien fue director de inteligencia del DAS. Además de condenarlo a 12 años y medio de cárcel, el juzgado también pidió que se emitiera circular roja de Interpol para ubicar al exfuncionario.
Continúan las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación para esclarecer el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien fue asesinado el pasado 7 de junio en el barrio Modelia, en el sur de Bogotá. Ahora, el ente investigador reveló nuevas pruebas que apuntan a "un asesinato planeado con antelación".En las últimas horas, la Fiscalía develó que Simeón Pérez, alias El Viejo, concurrió a una reunión política del precandidato, el 30 de marzo de este año en el suroccidente de la capital del país, con el fin de seguirlo y tomar fotografías en medio de la planificación del atentado."Para el desarrollo del crimen, Simeón contacta a Elder Arteaga, alias Chipi, quien es la persona encargada de llevar a cabo la logística e identificar qué rol haría cada una de las personas que hoy se encuentran privadas de la libertad", expresó la delegada para la seguridad territorial, Deicy Jaramillo Rivera.Hay que recordar que la juez 18 penal con función de control de garantías avaló la solicitud de medida de aseguramiento en centro carcelario contra Pérez Marroquín, por su presunta responsabilidad en el magnicidio de Uribe Turbay, al considerarlo un riesgo para la sociedad. “Bajo tales premisas, considera el despacho que, en la solicitud elevada por la señora fiscal, existe de manera clara una inferencia razonable de autoría, debidamente respaldada por los elementos probatorios allegados”.Según el material probatorio de la Fiscalía, es posible que ‘El Viejo’ sea uno de los cabecillas de la organización delincuencial que llevo a cabo el ataque sicarial que, en últimas, causó la muerte del congresista. Además, el ente investigador determinó que Simeón Pérez Marroquín, presuntamente, fue quien organizó y lideró las acciones delictivas relacionadas con la preparación del atentado.Por lo anterior, se concluyó que alias El Viejo habría desempeñado un rol fundamental en la logística y en las comunicaciones entre los autores intelectuales del crimen y los sicarios que llevaron a cabo el ataque. Según la investigación, habría servido como enlace entre quienes ordenaron el homicidio y quienes lo ejecutaron.
La juez 18 penal con función de control de garantías avaló la solicitud de medida de aseguramiento en centro carcelario presentada por la Fiscalía General contra Simeón Pérez Marroquín, alias ‘El Viejo’, por su presunta responsabilidad en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, al considerarlo un riesgo para la sociedad. “Bajo tales premisas, considera el despacho que, en la solicitud elevada por la señora fiscal, existe de manera clara una inferencia razonable de autoría, debidamente respaldada por los elementos probatorios allegados”.La decisión también fue sustentada por la justicia, destacando la importancia de evitar la modificación o alteración del material probatorio de la investigación. “El despacho considera que el procesado tiene la posibilidad de destruir, modificar, dirigir, impedir u ocultar elementos de prueba, pues está más que motivada y fundamentada. Hay declaraciones directas sobre cuál fue el rol de la persona denominada como El Viejo, quien daba la orden de destruir los celulares, quitarles y extraerles la SIM card de los dispositivos móviles, cambiar de dispositivo, ocultarse, dirigirse y organizar a dónde debería llegar esta persona con el fin de ocultarse”.Según la juez, el testimonio de alias “Gabriela” fue fundamental para identificar la figura de 'El Viejo' y dar con su paradero. “Y lo presenta una persona de nombre Andrés Cruz, alias El Flaco, quien también hace parte de la organización y que, según este último, trabaja para El Viejo, quien les daba órdenes y les conseguía trabajo. Indica la interrogada que, para el mes de febrero aproximadamente, alias 'El Viejo' se contactó con ella para que le llevara un arma que tenía que recoger en el sur. Por este trabajo le pagaron quinientos mil pesos”.Además, en la decisión se consideró que el daño causado por el imputado afectó a todo el país. “Este atentado fue contra el país entero, contra la estabilidad de nuestras instituciones y contra nuestro sistema democrático. Se realizaron seguimientos, se ubicó a las personas, se preparó el arma, se hicieron seguimientos, se tomaron fotografías que identificaron a la víctima, los sitios donde se reunía y se estableció con anterioridad el lugar donde se iba a cometer el delito”.Durante la diligencia judicial, la Fiscalía, la Procuraduría y la representación de las víctimas solicitaron la medida de aseguramiento, considerando a 'El Viejo' un riesgo para la sociedad y destacando la necesidad de su aprehensión para evitar una posible fuga.“Se imputaron cuatro conductas punibles y todas extremadamente graves. La existencia de sentencias condenatorias por delito doloso. La Fiscalía también dio cuenta de las sentencias que existen en contra de Pérez Marroquín. La utilización de armas de fuego y la pertenencia a un grupo de delincuencia organizada sustentan la imputación de concierto para delinquir (...) ese pronóstico de un peligro futuro para la seguridad de la comunidad. Luego, también procede la medida de aseguramiento para conjurar ese bien constitucional y garantizar la seguridad de la comunidad”, aseguró el representante del Ministerio Público en su solicitud.El ente acusador imputó los cargos de homicidio agravado, concierto para delinquir, uso de menores de edad para la comisión de delitos y porte ilegal de armas de fuego. Sin embargo, el imputado no aceptó los cargos.Según las autoridades, alias 'El Viejo' habría desempeñado un papel clave en la coordinación logística y en las comunicaciones entre los autores intelectuales del crimen y los sicarios que ejecutaron el ataque.La Policía Nacional afirmó que la hipótesis principal apunta a que la Segunda Marquetalia sería el grupo criminal detrás del magnicidio de Miguel Uribe Turbay.
La corrupción al interior de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD) tiene varias líneas de investigación y una de esas tiene que ver con César Manrique, el exdirector de la Función Pública y quien hoy está prófugo de la justicia con una circular roja vigente en su contra.Y es que, de acuerdo con la investigación que adelanta la Fiscalía, Manrique junto a otras 7 personas direccionaron presuntamente contratos relacionados con la compra de 40 carrotanques, el suministro de plantas desalinizadoras y la adecuación de pozos de agua potable en La Guajira.Uno de los contratos, suscrito en octubre de 2023 con la Corporación Mixta Yapurutú por 29.000 millones de pesos, presentó sobrecostos superiores a 11.000 millones.La lista en esta línea de la investigación es larga, están: Édgar Eduardo Riveros, su hija Ana María Riveros y su cuñada Sonia Rocío Romero, quienes eran contratistas de la UNGRD. Además, el representante legal y el jefe de ventas de la Corporación Mixta Yupurutu, Édgar Echeverri y Francisco Estupiñán quien fungió como asesor de la Dirección de la Función Pública, Jorge Aristizábal Rodríguez y el contratista de la UNGRD Óscar Cárdenas.Todo apunta a que César Manrique habría gestionado la entrega de 100.000 millones de pesos provenientes de un convenio entre la Agencia Nacional de Tierras y el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo, a cambio de que los contratos derivados fueran adjudicados a oferentes específicos.Según ha informado la propia Fiscalía, Manrique junto a los 7 presuntos implicados, serán acusados por su presunta responsabilidad en la corrupción al interior de la UNGRD, por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación propio y en favor de terceros, lavado de activos, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público.
Natalia Restrepo, una joven de 23 años, conoció a su presunto agresor en la Universidad Antonio José Camacho, donde ambos estudiaban la carrera de Diseño Visual.La pareja mantuvo una relación que se prolongó durante cinco años. En entrevista con Blu Radio, Natalia relató que los primeros tres años fueron agradables, describiendo a su pareja como “respetuoso, amable y cariñoso”. Sin embargo, con el paso del tiempo, la dinámica cambió. Según ella, él se transformó en “un hombre muy celoso y posesivo”, al punto de prohibirle salir con amigas y “alejarme de mi familia”.Aunque convivieron por más de tres años, al momento de los hechos, el 14 de octubre de 2024, la relación ya había terminado, y Natalia residía en otro lugar. No obstante, “él todavía seguía escribiéndome, hostigándome, incluso me perseguía”, contó.Durante el fin de semana previo al brutal ataque, la joven relató que el agresor la siguió y la obligó a ir con él. “Esa persona fue a perseguirme al evento, luego me amenazó con que tenía que irme con él para la casa”, recordó.El lunes 14 de octubre, alrededor de las 8:00 de la mañana, Natalia se dirigió a la vivienda de su expareja con la intención de recuperar algunas pertenencias que había dejado allí. La víctima aseguró que antes de ingresar verificó que la familia del hombre, incluidos sus padres, se encontrara en la casa.Una vez dentro, su expareja comenzó a recriminarle por haberse ido y, de manera repentina, cerró con candado la puerta de metal de la habitación. “Yo le dije que por favor abriera la puerta, que me quería ir, que ya estaba muy asustada”, relató. Puede ver el video de denuncia completo aquíTras intentar gritar y recibir amenazas de ser golpeada, Natalia alzó más la voz, momento en el que el agresor se abalanzó sobre ella. “Él se me lanzó encima, me tiró contra la pared, sacó un cu***llo de su cintura y empezó a apuñ***rme. La primera puñ***da fue en la pierna izquierda”, narró.Además, recordó: “En total fueron 34 puñ***das en diferentes partes del cuerpo. Yo siento que me morí, porque estuve inconsciente por varios minutos. Cuando volví a abrir los ojos, él estaba frente a mí; tomó una botella de cerveza Poker, la rompió y se cor*ó el cuello”, contó.El ataque afectó distintas partes de su cuerpo, incluyendo las manos —con las que intentó defenderse—, el pecho, el estómago y las costillas. En un principio, la víctima fue ingresada al hospital como si se tratara de una riña callejera, pero luego de una cirugía se activó el Código Rosa, tras revelar que había sido víctima de un intento de feminicidio.El sujeto fue acusado por el delito de tentativa de feminicidio, aunque “en ningún momento aceptó los cargos”. Pese a la gravedad del ataque, actualmente se encuentra en “detención domiciliaria”, una medida concedida por el juez, quien determinó que no representaba “ningún peligro”, dado que residía en otro lugar.“El procesado puede intentar extender el proceso penal hasta lograr un eventual vencimiento de términos, que es una sanción a la administración de justicia cuando los plazos establecidos no se cumplen; sin embargo, si existen maniobras dilatorias o injustificadas, el juez que conozca de la solicitud debe categóricamente rechazarla”, explicó Daniel Solarte, abogado penalista.Por su parte, Jimmy Erazo, abogado experto en casos de violencia de género, afirmó que “el delito de tentativa de feminicidio contempla penas altas, acordes con la gravedad de la conducta. Estaríamos hablando de sanciones que oscilan entre 250 y 500 meses de prisión”.
La decisión de la JEP hace parte del macrocaso que investiga las ejecuciones extrajudiciales cometidas por integrantes del Batallón de Artillería No. 2 La Popa, en el Cesar, entre 2002 y 2005, periodo durante el cual la jurisdicción acreditó la participación de miembros del Ejército en homicidios presentados como bajas en combate.El fallo también incluyó medidas de reparación simbólica dirigidas a las víctimas y a sus familias.Declaración de la defensa:Tras la notificación del fallo, el equipo jurídico del coronel Mejía afirmó que presentará y sustentará el recurso de apelación ante la JEP, al no estar conforme con la decisión de la Sala.“Lo siguiente en el caso del coronel Mejía ante la Jurisdicción Especial para la Paz es la presentación y sustentación del recurso de apelación a la sentencia que hoy nos fue notificada a las partes y al país. Este recurso será interpuesto por la defensa al no encontrarnos conformes con la decisión adoptada por la sala”, indicó la defensa.El abogado reiteró que el oficial no es responsable de los hechos por los cuales fue condenado y aseguró que la defensa acudirá a todos los mecanismos judiciales disponibles para que se le respete el debido proceso y su inocencia.“Tenemos muy claro que si él hubiese sido responsable de las conductas por las que fue condenado, la JEP tiene mecanismos para conceder beneficios a quienes aceptan esa responsabilidad y sin duda hubiese acudido a ellos. Pero reiteramos: él no es responsable y, por consiguiente, seguiremos en ese debate para demostrar su inocencia”, agregó la defensa.Medidas reparativas ordenadas por la JEP:Además de la condena, la sentencia dispuso un conjunto de medidas simbólicas de reparación. Entre ellas, ordenó al Ministerio de Defensa revocar las condecoraciones y felicitaciones otorgadas al coronel Publio Hernán Mejía por los resultados operacionales vinculados con los hechos representativos del patrón de macrocriminalidad probado en la sentencia.Asimismo, la JEP ordenó que, en coordinación con el comandante de la Segunda División del Ejército, se realice un acto público de petición de perdón en nombre de las Fuerzas Militares, en la ciudad de Valledupar, con la participación de las víctimas indirectas reconocidas en el proceso y la presencia del ministro de Defensa, el comandante del Ejército Nacional, y los comandantes de la Segunda División, la Décima Brigada y el Batallón La Popa.
La Fiscalía General de la Nación desarticuló una red criminal trasnacional dedicada al almacenamiento y distribución de material sexual explícito de niños, niñas y adolescentes, que operaba a través de plataformas de mensajería instantánea y tenía alcance en varios países de América Latina y Europa.La operación se realizó en coordinación con el Centro Cibernético Policial y la Comunidad de Policías de América y es que de acuerdo con la investigación, liderada por una fiscal de la Seccional Bogotá, la estructura ilegal utilizaba una aplicación de mensajería en la que participaban cerca de 100 personas ubicadas en España, Paraguay, Brasil, Ecuador, Perú, Honduras y Colombia.A través de ese canal se compartieron más de 1.275 videos y 539 imágenes que evidencian graves vulneraciones contra menores de entre 5 y 10 años.En las diligencias de registro y allanamiento realizadas en Cali, Medellín y Barranquilla, las autoridades capturaron a tres presuntos integrantes de la red e incautaron dispositivos electrónicos que contienen material probatorio relacionado con abusos sexuales y otras agresiones contra la integridad y formación sexual de menores de edad.Los detenidos fueron presentados ante un juez de control de garantías por fiscales de la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes y les fue imputado el delito de pornografía con menor de 18 años.Se trata de Óscar Luis Espejo Vanegas, Darwin Steven Lara y Juan José Silva Vásquez, quienes no aceptaron los cargos y deberán estar recluidos en la cárcel mientras avanza el proceso.
La decisión del Tribunal Superior de Bogotá de mantener la detención intramural de los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, pese a la apelación presentada por sus defensas, dejó a ambos privados de la libertad mientras avanza el proceso por el escándalo de corrupción en la UNGRD. Es así como Bonilla permanece en el búnker de la Fiscalía en Bogotá y Velasco en una sede de la Dijín en Cali, tras una determinación que, aunque fue inicialmente solicitada como domiciliaria por la Fiscalía, terminó siendo más severa.Desde la defensa del exministro de Hacienda, el abogado penalista Mauricio Pava insistió en que la medida de aseguramiento no puede interpretarse como una condena anticipada. “La decisión de la magistrada es preliminar, precautelativa, no es la imposición de una pena anticipada”, aseguró, al tiempo que recalcó que el eje central del proceso debe ser la presunción de inocencia. Según explicó, una vez el ciudadano entra a los estrados judiciales, “todo lo que se discute legítimamente por fuera, en los medios o en el debate público, queda afuera”.Pava fue enfático en señalar que la discusión de fondo apenas comienza y que las conclusiones de la magistrada responden a una valoración inicial. “Esto se tiene que analizar en el juicio. Para nosotros, los abogados litigantes, la presunción de inocencia es estructural en el debate jurídico”, afirmó, dejando claro que la defensa no comparte la tesis de la Fiscalía según la cual Bonilla habría hecho parte de una organización criminal.Al referirse a los hechos concretos del caso, el abogado sostuvo que existen tres grandes ejes en la investigación y que, a su juicio, ninguno compromete penalmente a su defendido. “El tema de los carrotanques de La Guajira no tiene nada que ver con el profesor Bonilla. El de los maletines, tampoco. Y el tercero es una hipótesis de la Fiscalía que nosotros hemos denominado, de manera prosaica, una tentativa de ‘mermelada’”, explicó. Esa hipótesis, agregó, fue acogida preliminarmente por la magistrada, pero tiene un amplio campo de discusión jurídica.Frente a los delitos imputados —concierto para delinquir, cohecho e interés indebido en la celebración de contratos—, Pava precisó que se trata de interpretaciones sobre conversaciones y actuaciones administrativas que deberán ser controvertidas en juicio. “No es que las pruebas hablen por sí solas; lo que existe es la interpretación que cada parte hace de ellas: la Fiscalía, la magistrada, la defensa”, señaló.El abogado también defendió la actuación personal de Bonilla durante el proceso. Recordó que renunció a su cargo y que se comprometió a comparecer ante la justicia como cualquier ciudadano. “Ha encarado este proceso con integridad y dignidad, asistiendo a todas las diligencias y asumiendo las consecuencias de las decisiones judiciales”, dijo.Sobre la sorpresa que generó la decisión de enviarlo a la cárcel, pese a que la Fiscalía y la Procuraduría habían solicitado detención domiciliaria, Pava aseguró que no le resultó inesperada. “Llevo 30 años en el ejercicio profesional y he visto posiciones muy estrictas de los jueces. No estamos de acuerdo, por eso recurrimos, pero no me sorprendió”, afirmó.
La JEP condenó al coronel en retiro Hernán Mejía a 20 años de prisión por 72 casos de falsos positivos que se dieron mientras él comando el Batallón La Popa con sede en Valledupar.“Declarar al coronel (r) Publio Hernán Mejía Gutierrez penalmente responsable por los hechos ocurridos mientras se desempeñaba como comandante del Batallón de Artilleria La Popa No 2 de Valledupar como coautor de los delitos que se cometieron en el marco de la primera modalidad del patron de macrocriminalidad consistente en una alianza entre el ilegal aparato organizado de poder bajo su mando con el Frente Mártires del Cesar de las Autodefensas Unidas de Colombia”, señala la JEP.Las conductas punibles que cometió Mejia, según la JEP, son homicidio en persona protegida, tortura en persona protegida y desaparición forzada, entre otros.El coronel en retiro Hernán Mejía deberá cumplir una pena de 20 años de prisión y no se le concederá prisión domiciliaria ni medidas alternativas.Es importante recordar que Mejia ha negado su responsabilidad en estos casos de falsos positivos y tuvo que enfrentar un juicio en la JEP.Esta es la primera condena de la JEP en la que un compareciente enfrenta la cárcel.
La Fiscalía General de la Nación imputó el delito de homicidio agravado a José Eduardo Chalá, un taxista que, en estado de embriaguez, atropelló a 11 personas el pasado 8 de noviembre en el barrio Santa Rita, localidad de San Cristóbal, en el sur de Bogotá.De acuerdo con la Fiscalía, las pruebas indican que el conductor se movilizaba a exceso de velocidad y presentaba grado tres de alcoholemia, condición certificada por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Estas circunstancias, según el ente acusador habrían provocado que perdiera el control del vehículo y embistiera a un grupo de peatones.El taxista fue capturado en flagrancia y judicializado inicialmente por los delitos de homicidio en grado de tentativa y lesiones personales dolosas, cargos que aceptó en su momento.Esta nueva imputación se da luego de que el 11 de noviembre, una de las víctimas, menor de 15 años, falleciera debido a la gravedad de las lesiones.José Eduardo Chala seguirá en la cárcel mientras avanza el proceso en su contra por este caso que generó gran indignación.Las inspecciones realizadas en el sitio del accidente y los elementos probatorios recolectados mostraron que el conductor perdió el control del vehículo debido a su estado de embriaguez, impactó a varios peatones que se encontraban en una esquina y terminó colisionando contra la fachada de una vivienda.
El exministro del Interior Luis Velasco fue reseñado por las autoridades en Cali luego de presentarse voluntariamente para cumplir la orden de captura en su contra, esto en medio del proceso judicial que se adelanta por el presunto direccionamiento irregular de millonarios contratos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).La diligencia se realizó tras la decisión del Tribunal Superior de Bogotá, que ordenó medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario.Esta es la foto de reseña del exministro del Interior, Luis Fernando Velasco:La misma determinación cobija al exministro de Hacienda Ricardo Bonilla. Ambos exfuncionarios son investigados como presuntos autores de los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer, en una investigación que busca esclarecer la presunta existencia de una estructura organizada para manipular procesos contractuales al interior de la UNGRD.La decisión fue adoptada por la magistrada Alexandra Rosero, quien se apartó de la solicitud presentada por la Fiscalía General de la Nación, que había pedido la imposición de una medida de detención domiciliaria. En su análisis jurídico, el Tribunal concluyó que la gravedad de los hechos investigados y los riesgos advertidos para el proceso hacen necesaria una medida de carácter intramural.En el auto judicial, la magistrada ordenó librar órdenes de captura contra Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla para hacer efectiva la medida de aseguramiento. Asimismo, dispuso que, una vez se materialicen las capturas, se comunique la decisión a las autoridades competentes para que los imputados sean puestos a disposición del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC).Entre los principales argumentos expuestos por el Tribunal se encuentra la persistencia del riesgo institucional y el estado en el que se encuentra la actuación procesal. La magistrada Rosero consideró que la detención domiciliaria no resulta suficiente para neutralizar los riesgos advertidos, al no impedir de manera eficaz la posibilidad de articulación indirecta, influencia institucional o interferencia funcional, características —según indicó— de estructuras criminales que operan desde altos niveles de poder bajo esquemas de aparente legalidad.Finalmente, el Tribunal sostuvo que la gravedad concreta de los hechos, la posición atribuida a los procesados dentro del entramado investigado, la persistencia de actores no judicializados, la existencia de vinculados evadidos y la incertidumbre sobre la totalidad de la presunta organización criminal imponen la necesidad de una medida de aseguramiento intramural como la única compatible con los fines constitucionales de protección de la comunidad y preservación del orden institucional.
En la noche de este jueves, 18 de diciembre, se registró la captura conta el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, señalado de estar vinculado en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).Blu Radio captó el momento en el que es capturado en plena audiencia el exministro de Hacienda tras la orden de una magistrada por su presunta responsabilidad en el escándalo de corrupción de la entidad.Después de ser capturado, Bonilla fue trasladado al búnker de la Fiscalía donde seguirá su proceso judicial. Ante esto, la defensa del exministro recalcó que apelarán la orden de captura."Es una decisión que está sometida a un recurso de apelación y allí terminan de definir que al profesor Bonilla lo protege la presunción de inocencia y la presunción de inocencia implica que sea tratado así hasta una sentencia después de un juicio”, dijo el abogado.Petro defendió a Bonilla antes de capturaEl presidente Gustavo Petro defendió públicamente a su exministro Bonilla luego de que el Tribunal Superior de Bogotá ordenara prisión preventiva por el escándalo de corrupción en la UNGRD. A través de un mensaje en X, el mandatario aseguró que, según su conciencia, Bonilla es inocente y destacó su trayectoria académica como economista y profesor.En su pronunciamiento, Petro afirmó que Bonilla ha sido víctima de extorsión y que se le ha convertido en un “chivo expiatorio”. Además, atribuyó su situación judicial a una supuesta ingenuidad política, al señalar que el exministro se apoyó en sectores de la oposición uribista durante su gestión al frente del Ministerio de Hacienda.El jefe de Estado también sostuvo que fue su Gobierno el que frenó los intentos de tráfico de influencias en la UNGRD, recordando que se tomó la decisión de sacar al entonces director de la entidad, Olmedo López, tras detectarse hechos de corrupción. Según Petro, estas acciones evidencian que no hubo tolerancia frente a prácticas irregulares dentro de su administración.La medida judicial también cobijó al exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, a quienes la magistrada señaló como presuntos líderes de una organización criminal que habría desviado recursos públicos entre 2023 y 2024 para comprar apoyos legislativos. Ambos se convierten en los exfuncionarios de más alto rango del Gobierno Petro enviados a prisión por este caso, que ya había salpicado a los expresidentes del Congreso Iván Name y Andrés Calle, tras revelaciones del exsubdirector de la UNGRD, Sneyder Pinilla.
Desde la Casa de Nariño, el presidente Gustavo Petro se refirió a la decisión de la magistrada Aura Rosero Baquero, del Tribunal Superior de Bogotá, quien impuso la medida de aseguramiento en contra de los exjefes de las carteras de Hacienda y del Interior, investigados por su presunta participación en el desfalco a la UNGRD. El mandatario defendió a Ricardo Bonilla, asegurando que conoce su trayectoria.“Yo conozco a Bonilla porque es un profesor de universidad, lo conocemos, y sé de su doctorado en economía y de su obsesión por la teoría económica. Sé también que es ingenuo, le advertí muchas veces eso, ojo la extorsión, pero la extorsión no proviene del extorsionado sino del extorsionista, pero no me meto en eso porque es tema de la investigación”, dijo.El mandatario no mencionó a Velasco en su intervención y advirtió que cualquier funcionario corrupto saldría del Gobierno. Cabe mencionar que el escándalo de corrupción de la UNGRD salpicó a los funcionarios más cercanos al jefe de Estado. Por un lado, Carlos Ramón González, señalado de ser el cerebro de este entramado de corrupción y quien hoy está prófugo de la justicia en Nicaragua. Por otro lado, Sandra Ortiz, consejera para las regiones; los dos ministros del Gobierno Petro, y Olmedo López, quien fue director de la entidad.Por otro, menos cercano, los congresistas Andrés Calle e Iván Name, quienes habrían recibido dineros a cambio de apoyar las reformas en el Legislativo.
Zulma Guzmán Castro, la mujer señalada por las autoridades colombianas de envenenar con talio a dos menores en Bogotá, intenta ahora evitar ser procesada judicialmente argumentando presuntos problemas de salud mental, según confirmaron fuentes oficiales en el Reino Unido. La mujer se encuentra bajo custodia de las autoridades británicas en Londres, luego de ser rescatada del río Támesis tras un aparente intento de suicidio.El episodio ocurrió en la mañana del martes 16 de diciembre, en inmediaciones del puente Battersea, al occidente de la capital británica. De acuerdo con los reportes policiales, la alerta se activó a las 06:45 a. m., cuando se recibió una llamada de emergencia advirtiendo que una mujer estaba en riesgo de lanzarse al río.Según pudo establecer Blu Radio, la llamada habría sido realizada por la propia Guzmán, quien informó a las autoridades que planeaba arrojarse al agua. Esa comunicación se habría dado porque la mujer ya sabía de la existencia de una circular roja de Interpol en su contra y que su captura era inminente.Minutos después del aviso, unidades de la Policía Marina del Reino Unido lograron ubicarla, rescatarla del agua y trasladarla a un centro asistencial, donde recibió atención médica. Tras el procedimiento, quedó bajo custodia mientras se evalúa su estado de salud física y mental.La ubicación de la mujer fue el resultado de un extenso rastreo internacional. Para dar con su paradero, Interpol tuvo que realizar verificaciones en al menos 12 países. En su recorrido, Castro Guzmán estuvo inicialmente en Argentina, luego se desplazó a Brasil, posteriormente a España y finalmente llegó al Reino Unido, donde fue localizada.De acuerdo con las autoridades, la mujer ingresó al Reino Unido el pasado 11 de noviembre y desde entonces era buscada activamente por la Agencia Nacional del Crimen, en atención a la circular roja emitida en su contra por las autoridades colombianas.Mientras se define su situación médica y jurídica en territorio británico, las autoridades colombianas mantienen activos los canales de cooperación judicial, a la espera de que se resuelva si Guzmán Castro será procesada, extraditada o sometida a evaluaciones psiquiátricas que puedan incidir en su responsabilidad penal.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) confirmó la identificación de una quinta víctima en La Escombrera, al cumplirse un año de los primeros hallazgos que revelaron el uso de este lugar como fosa común en la Comuna 13 de Medellín. Se trata de una niña de 17 años desaparecida por paramilitares del Bloque Cacique Nutibara el 24 de agosto de 2002, cuyo cuerpo fue hallado por el Grupo de Apoyo Técnico Forense (GATEF) el pasado 15 de julio y plenamente identificado por el Instituto Nacional de Medicina Legal.Con esta identificación, ya son siete los cuerpos exhumados en el sitio desde 2024, de los cuales cinco han sido identificados y cuatro entregados de manera digna a sus familias. Estos avances confirman la relevancia de La Escombrera como lugar clave para el esclarecimiento de casos de desaparición forzada en la Comuna 13, donde las víctimas y sus organizaciones han denunciado durante años la existencia de fosas comunes utilizadas en el contexto del conflicto armado.Durante 2025, la JEP mantuvo activa la intervención judicial en La Escombrera bajo las medidas cautelares vigentes, con el apoyo logístico y financiero de la Alcaldía de Medellín. Gracias a esta articulación institucional, se amplió el área de excavación y se reforzaron las capacidades técnicas del GATEF, lo que permitió avanzar en las labores forenses, fortalecer los procesos de identificación y brindar acompañamiento psicosocial y jurídico a las familias de las víctimas.La continuidad de esta búsqueda depende ahora del cumplimiento del Auto AI-48 de 2025, que vinculó a los ministerios de Hacienda y del Interior para garantizar la sostenibilidad financiera e institucional de la intervención. La JEP resaltó que contar con recursos estables, maquinaria y personal especializado será determinante para continuar con las excavaciones durante 2026 y consolidar los resultados obtenidos este año.Asimismo, la Jurisdicción recordó que en mayo de 2025 se ordenó al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, en coordinación con la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín, diseñar un proceso de memoria y reparación simbólica en La Escombrera. Esta propuesta, ya presentada y actualmente en revisión, busca honrar a las víctimas y convertir el sitio en un espacio de memoria y reconocimiento.La intervención del GATEF en La Escombrera hace parte del Subcaso Antioquia del Caso 08, que investiga crímenes cometidos por miembros de la fuerza pública en alianza con grupos paramilitares. Estos esfuerzos judiciales y forenses contribuyen al esclarecimiento de la verdad, a la reconstrucción de los hechos y al reconocimiento de las víctimas de desaparición forzada en la Comuna 13, uno de los capítulos más dolorosos del conflicto armado en Medellín.