El Ministerio de Justicia se pronunció sobre el pedido de extradición a Reino Unido de Zulma Guzmán, señalada de estar detrás del envenenamiento que causó la muerte de dos menores de edad en Bogotá con talio y quien fue capturada en ese país el pasado martes.Ante esto, el ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, señaló que Reino Unido aún no da el beneplácito para que Zulma Guzmán sea traída de vuelta al país.“Estamos precisamente esperando que dicho beneplácito se dé esta semana para que ya sea cuestión de coordinación entre las entidades del orden nacional de Colombia y del Reino Unido, porque recuerden que ese tipo de situaciones tienen una coordinación de máximo cinco horas. Si todo sale bien, el Gobierno del Reino Unido ya nos dé la autorización para que sea traída a Colombia”, dijo.Ante la pregunta de si existe la posibilidad de que Zulma Guzmán sea extraditada a Colombia antes de que finalice el año, el ministro de Justicia (e) aseguró que ello depende de si la defensa de ella interpone algún recurso.“Esperaríamos que antes de que termine el año llegara, eso está, por supuesto, al margen de cualquier tipo de recurso legal que interponga; entonces, si no hay recursos legales, eso tendría que materializarse esta semana”, aseveró.Zulma Guzmán Castro es requerida por la justicia por su presunta responsabilidad en un caso de homicidio agravado que dejó dos niñas muertas y otras dos personas gravemente afectadas por ingerir frambuesas envenenadas con talio.Guzmán fue detenida esta semana por las autoridades británicas tras la activación de una notificación roja de Interpol. Su localización se produjo en Londres, a orillas del río Támesis, cerca del puente Battersea, luego de un seguimiento internacional que permitió establecer su salida de Colombia y su paso por varios países de América Latina y Europa.
La Fiscalía General de la Nación avanzó en la recuperación de recursos públicos presuntamente desviados en el escándalo de Centros Poblados al imponer medidas de extinción de dominio sobre 23 inmuebles que harían parte del patrimonio de algunos de los implicados en las irregularidades del contrato para llevar internet a escuelas rurales del país.Blu Radio conoció el listado de los bienes afectados, avaluados en más de 65.900 millones de pesos, que estarían vinculados a los hechos irregulares detectados en el contrato suscrito entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y la Unión Temporal Centros Poblados. De acuerdo con la investigación, estas propiedades habrían sido adquiridas con recursos provenientes de las actuaciones ilícitas identificadas en el proceso de contratación y del anticipo que fue entregado de manera irregular.Entre los bienes cobijados por las medidas cautelares se encuentran cinco inmuebles a nombre de la congresista Saray Robayo, actual esposa de Emilio José Tapia Aldana, uno de los principales vinculados al caso. Dentro de estos activos figuran un penthouse ubicado en un edificio de Coveñas; un lote localizado en el municipio de San Bernardo del Viento, en el departamento de Córdoba; y el predio conocido como El Chinchorro, en Montería.Las medidas de extinción de dominio también alcanzaron un inmueble de propiedad de la exministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Karen Abudinen. El bien afectado corresponde a un apartamento ubicado en la ciudad de Barranquilla, sobre el cual la Fiscalía impuso una medida cautelar en atención a decisiones de responsabilidad fiscal proferidas por la Contraloría General de la República en el marco del mismo proceso.Según el director de Extinción del Derecho de Dominio, José Iván Caro, los 23 bienes afectados están distribuidos en los departamentos de Cundinamarca, Atlántico, Córdoba, Sucre, Risaralda y Nariño. El portafolio de activos incluye predios urbanos y rurales, parqueaderos, establecimientos de comercio y participaciones societarias, todos bajo análisis de las autoridades judiciales.Los elementos materiales probatorios recaudados por la Fiscalía indican que parte de estos bienes habría sido adquirida mediante la mezcla de recursos lícitos con dineros de origen ilícito, lo que dio lugar a la aplicación de las causales legales de equivalencia, mezcla y destinación. Además, la investigación estableció que las sociedades que integraron la Unión Temporal Centros Poblados habrían sido utilizadas como instrumento para la comisión de las irregularidades contractuales.
La Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares con fines de extinción del derecho de dominio sobre 23 bienes que harían parte del patrimonio de varios de los presuntos responsables del escándalo de corrupción conocido como el caso Centros Poblados, relacionado con el fallido contrato para llevar internet a escuelas rurales del país.La decisión cobija bienes que pertenecerían a Emilio Tapia, Juan José Laverde, Ottomar Lascarro, Luis Fernando Duque y algunos de sus familiares, todos señalados de haber tenido participación en las irregularidades detectadas en el contrato suscrito entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y la Unión Temporal Centros Poblados.De acuerdo con el director de Extinción del Derecho de Dominio, José Iván Caro, los bienes afectados superan los 65.900 millones de pesos y se encuentran ubicados en los departamentos de Cundinamarca, Atlántico, Córdoba, Sucre, Risaralda y Nariño. Entre los activos objeto de la medida se encuentran predios urbanos y rurales, parqueaderos, establecimientos de comercio y participaciones societarias.Según los elementos materiales probatorios recaudados por la Fiscalía, estas propiedades habrían sido adquiridas con recursos provenientes de las actuaciones ilícitas identificadas en el proceso de contratación, así como del anticipo que fue recibido de manera irregular por la Unión Temporal Centros Poblados. El contrato tenía como objetivo la instalación de centros digitales en 16 departamentos del país, iniciativa que finalmente no se ejecutó conforme a lo pactado.En el desarrollo de la investigación, el ente acusador determinó que parte de los bienes fueron obtenidos mediante la combinación de recursos de origen lícito con dineros producto de actividades ilícitas, lo que dio lugar a la aplicación de las causales de equivalencia, mezcla y destinación previstas en la legislación de extinción de dominio. Además, se estableció que las sociedades que integraron la Unión Temporal habrían sido utilizadas como instrumento para la comisión de las irregularidades contractuales.De manera adicional, y en atención a decisiones de responsabilidad fiscal emitidas por la Contraloría General de la República, la Fiscalía también impuso una medida cautelar sobre un inmueble de propiedad de la exministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Karen Abudinen, en el marco del mismo proceso.Las medidas fueron adoptadas por un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, tras establecerse la imposibilidad de ubicar la totalidad de los recursos desviados en el contrato de Centros Poblados. Con esta actuación, la Fiscalía busca recuperar bienes que, presuntamente, fueron adquiridos con dineros públicos y garantizar su eventual incorporación al patrimonio del Estado, mientras avanzan los procesos judiciales contra los responsables del entramado de corrupción.
La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH, información detallada y actualizada sobre el proceso de cesión de la posición contractual en el bloque gasífero Sinú-9, un contrato que ha generado alertas por presuntas irregularidades que incluyen señalamientos de tráfico de influencias, ocultamiento de accionistas y posibles vacíos en la cadena de titularidad de los intereses económicos.El ente de control recordó que el contrato de Exploración y Producción de Hidrocarburos E&P No. 25, correspondiente al área Sinú-9, ha registrado múltiples operaciones desde su adjudicación en 2014. Según la Procuraduría, en este periodo se han presentado diversos negocios jurídicos que involucran compra y venta de participaciones e incrementos en los porcentajes de inversión.El requerimiento fue elevado por la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, en el marco de actuaciones preventivas relacionadas con la transferencia de la participación mayoritaria del contrato. Actualmente, la multinacional Maurel & Prom (M&P) firmó para adquirir el 61 por ciento de la licencia de exploración y producción del bloque Sinú-9, lo que activó la revisión del órgano de control.El bloque Sinú-9 ha estado en el centro de la atención pública por la mención del inversionista Serafino Iacono, empresario del sector de petróleo y gas, quien también ha sido relacionado con la venta del apartamento 901 a Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, un negocio por el cual la Fiscalía ya avanzó con el interrogatorio, para establecer si la compra del apartamento que hizo Roa al empresario Iacono se hizo de manera legal o si detrás de la transacción pudo haber existido una estrategia para comprometer presuntamente contratos de Ecopetrol antes de que Roa asumiera la presidencia de la compañía.Sin embargo, en un comunicado, el empresario Iacono ha señalado que ya no hace parte de la administración de NG Energy, empresa que en 2017 adquirió una participación en Sinú-9 mediante acuerdos con Clean Energy.En la solicitud, la Procuraduría advirtió que en las solicitudes recibidas se exponen presuntas irregularidades asociadas a la titularidad real de los intereses económicos, la sucesión de cesiones contractuales y el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato. Por ello, señaló la necesidad de contar con información integral que permita tener un panorama completo de la situación jurídica, contractual y administrativa tanto del contrato como del trámite de cesión en curso.En ese sentido, la Procuraduría solicitó a la ANH un informe detallado que consigne, de manera cronológica, todas las modificaciones en las participaciones de los contratistas del bloque, incluyendo la identificación de cada uno de los inversionistas que han tenido vínculo con el contrato. El requerimiento también abarca a aquellos cuya participación no es visible para el mercado, pero cuyos contratos reposan en los registros de la Agencia.Adicionalmente, el procurador Marcio Melgosa pidió establecer si la ANH ha adelantado actuaciones para verificar el estado procesal actual de los procesos judiciales relacionados con el contrato de Sinú-9, así como las pretensiones formuladas y el posible impacto que podrían tener sobre la cesión de participación actualmente en trámite.La ANH cuenta con un plazo de cinco días hábiles para responder el requerimiento de la Procuraduría. Hasta tanto no se emita un pronunciamiento posterior del órgano de control, la definición sobre la cesión de la participación en el bloque Sinú-9 quedará en suspenso, en un proceso que ahora es objeto de vigilancia preventiva por parte del Ministerio Público.
La vida puede cambiar en cuestión de minutos. Una cita médica, un resultado inesperado y una conversación que nadie está realmente preparado para tener pueden marcar el inicio de un camino desconocido: el diagnóstico de cáncer. En ese instante surgen el miedo, la confusión y una necesidad urgente de respuestas. No obstante, hoy la información, la ciencia y el acompañamiento médico permiten afrontar esta enfermedad con mayor control y esperanza.Lejos de ser una sentencia definitiva, el cáncer se ha convertido en una condición que puede abordarse de manera estratégica cuando el paciente entiende su diagnóstico y participa activamente en las decisiones sobre su tratamiento. Por eso, saber qué hacer desde el primer momento es clave.Entender el diagnóstico: el primer paso para recuperar el controlTras recibir la noticia, es común que el paciente se sienta desorientado. En esta etapa, el rol del médico va mucho más allá de confirmar una enfermedad. Su labor consiste en explicar, orientar y acompañar. Un diagnóstico bien comunicado permite que la persona comprenda qué sucede en su cuerpo y qué acciones deben tomarse a continuación.Tener claridad sobre el tipo de cáncer, su estado y los estudios necesarios reduce la ansiedad y evita decisiones apresuradas. La información confiable es una herramienta poderosa que ayuda a transformar el miedo en acción.No todos los cánceres son igualesUno de los errores más comunes es pensar que todos los tumores se comportan de la misma manera. Identificar con precisión el subtipo del cáncer es fundamental para definir el tratamiento adecuado. Alejandra Toro, fundadora de la Corporación Luz Rosa, asegura que conocer las características específicas del tumor —lo que muchos expertos llaman su “nombre y apellido”— permite al paciente comprender mejor su situación y asumir un rol activo en su proceso de atención.Este conocimiento no solo orienta al equipo médico, sino que también le devuelve al paciente la sensación de control en un momento de alta vulnerabilidad emocional.El temor al tratamiento suele ser tan grande como el miedo al diagnóstico. Preguntas sobre los efectos secundarios, la duración del proceso y la calidad de vida son inevitables. Aquí cobra relevancia la medicina de precisión, un enfoque que ha transformado la atención oncológica.Según explica Andrés Felipe Aristizábal, Ph.D. en genética y director de investigaciones de la Fundación FICMAC, hoy el cáncer se aborda desde su composición molecular. Dos tumores ubicados en el mismo órgano pueden requerir tratamientos completamente distintos. Gracias a estudios genéticos, es posible elegir terapias dirigidas que atacan directamente las alteraciones del tumor, logrando mejores resultados y reduciendo impactos innecesarios en el organismo.El diagnóstico de cáncer no solo afecta al cuerpo, también impacta la salud emocional del paciente y su familia. Por eso, la empatía, la escucha activa y una comunicación clara son esenciales desde el primer encuentro médico.Un paciente que se siente acompañado y bien informado toma decisiones con mayor tranquilidad y se adhiere mejor a su tratamiento. Contar con un plan claro, sustentado en evidencia científica, disminuye la ansiedad y ayuda a enfrentar el proceso con mayor confianza.Qué hacer ante un diagnóstico inicial de cáncerLos especialistas recomiendan tener en cuenta algunas acciones fundamentales al inicio del proceso:Solicitar información detallada sobre el tipo de tumor y los resultados de patología.Preguntar si se requieren estudios adicionales, como pruebas genéticas o moleculares.Conocer todas las opciones de tratamiento antes de iniciar cualquiera.Considerar una segunda opinión médica si persisten dudas.Buscar apoyo en asociaciones de pacientes y redes de acompañamiento.Un diagnóstico de cáncer representa un reto enorme, pero no tiene por qué vivirse desde la desinformación o el aislamiento. Hoy, la combinación de ciencia, información clara y acompañamiento humano permite tomar decisiones más acertadas y construir un camino con mayor esperanza y calidad de vida.
A través de sus redes sociales, una amiga de Vanessa Rada relató el grave accidente que sufrió la joven mientras preparaba los tradicionales buñuelos de Navidad, un hecho que le ocasionó severas quemaduras.Según el testimonio, el incidente ocurrió de manera repentina mientras cocinaba, cuando, de un momento a otro, “a una amiga mía se le reventó, se le explotó un buñuelo en la cara”.El contacto con el aceite hirviendo provocó graves lesiones. La muejr aseguró que su amiga sufrió quemaduras en varias partes del cuerpo, pues “se le quemaron las manos, se le quemó la cara, el cuello”, producto del estallido del buñuelo.La mujer explicó que decidió publicar el video con el objetivo de generar conciencia sobre los cuidados que se deben tener al cocinar buñuelos durante la temporada navideña, especialmente ante la falta de información sobre los riesgos. “Por lo menos yo tengo 32 años y yo no sabía que esto podía pasar”, afirmó.Posteriormente, Vanessa Rada publicó un video en el que mostró sus heridas y relató lo ocurrido. En su testimonio, resaltó la importancia de actuar rápidamente durante la primera hora tras una quemadura, en caso de que una situación similar llegue a suceder.También explicó que es fundamental aplicar “el agua fría, no hielo, porque el hielo quema la piel, sino de una echarse agua, bien sea en el lavaplatos, en el lavamanos, en la ducha, donde sea que les quede más fácil refrescar esa parte que se quemó”.También insistió en la necesidad de acudir de inmediato al médico para tratar las lesiones y evitar que estas avancen. A través de varios videos, la mujer mostró cómo han evolucionado sus ampollas y cicatrices tras el accidente.De acuerdo con lo indicado, inmediatamente después de lo sucedido, Vanessa llamó a su hermano, quien es médico. Él llegó de inmediato a su casa, realizó una primera curación y posteriormente se dirigieron a un hospital para recibir atención especializada.Además, la joven compartió imágenes del estado en el que quedó la cocina tras el incidente, evidenciando restos de masa de los buñuelos esparcidos por todo el lugar, incluso en el piso y el techo.¿Por qué pueden explotar los buñuelos?La joven explicó que existen varias razones por las cuales un buñuelo puede explotar. Entre ellas mencionó la “humedad de la masa, no dejarla reposar lo suficiente, muy caliente el aceite”. Según advirtió, “son demasiadas las variables que pueden ocurrir para que explote un buñuelo”.
La transformación digital se ha convertido en uno de los pilares para garantizar la sostenibilidad de los sistemas de salud en el mundo. Sin embargo, en América Latina el avance sigue siendo lento y desigual. De acuerdo con cifras del Observatorio de Desarrollo Digital de las Naciones Unidas, apenas el 23 % de los hospitales de la región cuenta con funcionalidades digitales básicas, una proporción que evidencia una brecha profunda frente a las necesidades actuales de pacientes e instituciones.Aunque algunos servicios han comenzado a migrar a entornos virtuales, el panorama sigue siendo limitado. Cerca del 49 % de las instituciones de salud ofrece agendamiento en línea y el 45 % permite consultar resultados de exámenes por medios digitales. No obstante, estas cifras no se traducen necesariamente en una transformación estructural. En muchos casos, la tecnología se implementa de manera fragmentada y sin una estrategia clara, lo que impide que genere valor real en la operación diaria.Para Robert Parada, CEO de COCO Tecnologías, empresa healthtech que acompaña procesos de digitalización en clínicas y hospitales de varios países de la región, el problema no es la falta de soluciones tecnológicas en el mercado. “El verdadero reto está en la capacidad de las organizaciones para integrar estas herramientas en la ruta de atención y en la forma como los equipos asumen el cambio”, señala.Según el directivo, persiste una fuerte resistencia cultural dentro de las instituciones de salud. Muchos profesionales continúan aferrados a procesos manuales y esquemas tradicionales, bajo la percepción de que ofrecen mayor control o rapidez. A esto se suman estructuras internas rígidas, protocolos poco flexibles y el temor de que la tecnología represente más trabajo, sobrecostos o resultados inciertos. El escepticismo frente al retorno de la inversión termina frenando decisiones clave.Cuando la digitalización se introduce sin una metodología definida, los efectos pueden ser contraproducentes. Duplicidad de tareas, reprocesos, agendas desorganizadas y sobrecarga operativa son algunos de los problemas que surgen. Esto no solo afecta la productividad y los costos administrativos, sino que también puede poner en riesgo la experiencia y la seguridad del paciente.No obstante, la experiencia muestra que la resistencia disminuye cuando el personal percibe beneficios concretos en el corto plazo. Menos trámites repetidos, mejor organización de las agendas y reducción de la carga administrativa suelen marcar la diferencia. En ese sentido, el éxito de la digitalización depende menos del software y más de la gestión del cambio, del acompañamiento y de la comunicación interna.COCO Tecnologías, por ejemplo, ha desarrollado un enfoque basado en interoperabilidad, capacitación continua e inteligencia artificial. Su plataforma se integra a los sistemas existentes para evitar fricciones, mientras que los procesos de formación práctica y el soporte permanente buscan facilitar la adopción y generar confianza en los equipos.“La clave está en explicar claramente el propósito del cambio y cómo impacta positivamente al paciente. Sin empatía, comunicación y soporte constante, cualquier intento de digitalización está condenado a quedarse a medias”, concluye Parada. La cifra del 23 % deja claro que el reto no es menor y que el camino hacia una salud verdaderamente digital en Latinoamérica aún tiene varios obstáculos por superar.
Por medio de Prosperidad Social se ejecutan programas y proyectos para asistencia, atención y reparación de la violencia, la inclusión social, la atención a grupos vulnerables y su reintegración social y económica.Es decir que, la entidad se encarga de que los recursos de los programas que tiene a su cargo como Renta Ciudadana, Renta Joven, Colombia Mayor, Devolución del IVA, entre otros, lleguen a los que más lo necesitan y hacen parte de cada uno de ellos.En este sentido, el organismo del Gobierno constantemente actualiza su base de datos para determinar quiénes son beneficiaros de los subsidios, por ello es importante que las personas hagan un trámite obligatorio para evitar quedar fuera del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales, conocido como Sisbén IV.El trámite que necesita hacer para seguir en el Sisbén en 2026De acuerdo con la entidad, todas las personas que hacen parte de los programas sociales y que apliquen para alguno de estos casos deben actualizar su información ante el Sisbén, por medio de su página web o en las sedes de atención al público.La incorporación o exclusión de personas de la encuesta.Cambio de domicilio en el mismo municipio o por cambio de municipio.Por inconformidad con la información registrada.Cambio de información en alguna de las secciones de la encuesta: vivienda, hogar, personas, salud, atención a menores, educación, ocupación e ingresos.Esto con el fin de que la entidad evalúe correctamente los datos y haga una calcificación precisa de los grupos.El puntaje que debe tener para permanecer en el Sisbén en 2026En el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales existen cuatro grupos de clasificación, al momento en que las personas se registran o solicitan una encuesta para determinar a qué grupo pertenecen, la entidad los clasifica teniendo en cuenta factores como:Lea también: (¿Cuánto subirían los arriendos en 2026 en el país? Esto dicen las proyecciones del IPC).Vivienda y servicios públicos.Educación.Salud.Ocupación e ingresos. Antecedentes sociodemográficos.Índice de pobreza multidimensional.Según lo evaluado, la persona o el hogar es colocado entre uno de estos grupos: A, B, C y D. La ubicación se hace según su capacidad para generar ingresos y sus condiciones de vida.Grupo A: pobreza extrema (población con menor capacidad de generación de ingresos).Grupo B: pobreza moderada (población con mayor capacidad de generar ingresos que los del grupo A).Grupo C: vulnerable (población en riesgo de caer en pobreza).Grupo D: población no pobre, no vulnerable.Cada grupo está compuesto por subgrupos, identificados por una letra y un número, que permiten clasificar más detalladamente a las personas:Grupo A: conformado por 5 subgrupos (desde A1 hasta A5).Grupo B: conformado por 7 subgrupos (desde B1 hasta B7).Grupo C: conformado por 18 subgrupos (desde C1 hasta C18).Grupo D: conformado por 21 subgrupos (desde D1 hasta D21).En ese sentido, una persona en el nivel A1 tendrá una menor capacidad de generar ingresos y menor calidad de vida que la del A5. Por lo cual, los grupos A y B recibirán mayores beneficios en los programas de Prosperidad Social.
Blu 4.0 presenta una edición especial este domingo 21 de diciembre, dedicada a explorar cómo la tecnología, la innovación y el conocimiento están transformando el consumo, la movilidad, la comunicación digital y la formación del talento en Colombia, en el cierre del año.José Rafael Arango, sommelier: explicó cómo elegir vinos para las celebraciones de fin de año sin caer en mitos ni precios excesivos. Ofreció recomendaciones prácticas para maridar vinos con platos típicos colombianos y aprovechar la oferta del mercado local.Juan Cardona, vicepresidente de ventas de Geotab para Latinoamérica: analizó el impacto del estrés y la salud mental en la seguridad vial del transporte de carga. Explicó cómo la telemetría y la inteligencia artificial ayudan a prevenir accidentes y mejorar la gestión de flotas.Diego Jiménez, CEO de la Agencia Informa: reflexionó sobre el futuro del marketing digital en 2026 y el papel de la inteligencia artificial. Señaló que la tecnología exige estrategias más claras, criterio humano y adaptación constante de las marcas.Pedro José Romero, oficial de ciberseguridad de Huawei: presentó la Huawei ICT Competition 2025–2026, una iniciativa global que impulsa la formación de talento digital. Detalló cómo los estudiantes colombianos pueden participar y acceder a oportunidades internacionales.Una edición pensada para entender cómo la tecnología ya está moldeando decisiones cotidianas y el futuro del país.
En una decisión proferida por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, se reabre el debate sobre las condenas por actos vandálicos durante las protestas en Colombia. En este caso, la Corte negó cerrar el proceso penal contra Anderson Felipe Novoa, condenado a casi dos años de prisión por el delito de daño en bien ajeno agravado.Novoa rompió varios vidrios de una estación de TransMilenio durante las protestas de 2019 en Bogotá, y su abogado le pidió al alto tribunal decretar la extinción penal argumentando que su cliente ya había pagado los daños.De acuerdo con el expediente, el señalado golpeó con una varilla los vidrios de la estación ubicada en el barrio Marcella la Nueva, ocasionando perjuicios avaluados en $6.160.000.Por estos hechos, fue condenado por el delito de daño en bien ajeno agravado a una pena de 21 meses de prisión, cuya ejecución fue suspendida condicionalmente.De esos seis millones, Novoa pagó $843.100 a TransMilenio como reparación del daño, y por eso su abogado pidió la extinción penal. Sin embargo, la Corte determinó que no se demostró una reparación integral de los perjuicios, pues el monto consignado no permite inferir que se cubrió la totalidad de los daños ocasionados ni existe constancia formal de la empresa afectada que certifique el pago total.El alto tribunal recordó que, si bien la jurisprudencia y la reciente Ley 2477 de 2025 permiten aplicar este beneficio a procesos tramitados bajo la Ley 906 de 2004, el procesado debe acreditar plenamente que el daño fue reparado en su totalidad, lo cual no ocurrió en este caso.“El solicitante está en libertad de allegar una solicitud en la que acredite a cabalidad los requisitos previstos en la norma en mención, antes de que la Sala tome una decisión sobre la demanda de casación”, se lee en el fallo.Lo anterior significa que la Corte Suprema de Justicia no cierra la puerta a que el señalado presente nuevamente un recurso donde pueda demostrar que sí hubo una indemnización completa.
El caso del asesinato de Juan Felipe Rincón, hijo del general retirado de la Policía William Rincón, dio un giro crucial casi un año después de su muerte. El joven, de 21 años, fue asesinado el 24 de noviembre de 2024 tras recibir un disparo en el barrio Quiroga, al sur de Bogotá.Nuevas pruebas inéditas, reveladas por el programa Séptimo Día de Caracol Televisión, han sacado a la luz detalles clave del homicidio, incluyendo audios y videos de cámaras de seguridad que abren nuevas hipótesis sobre lo ocurrido.Según los chats y evidencias obtenidas, Juan Felipe mantenía comunicación con una joven de 15 años, con quien decidió encontrarse un día antes del crimen.Hacia las 10 de la noche, ambos se encontraron en el centro comercial Titán Plaza. Después de permanecer juntos cerca de una hora, se dirigieron al apartamento del joven, ubicado en la Calle 170 con Carrera 8.Videos de seguridad muestran a la pareja desplazándose en moto hacia la vivienda de Rincón. Posteriormente, se observa a la menor registrando su ingreso al edificio y subiendo por el ascensor.En su testimonio ante las autoridades, al que tuvo acceso Séptimo Día, la joven aseguró que durante su estadía en el apartamento, Rincón intentó tener relaciones sexuales con ella, pero no lo logró. “Se ganó un empujón y le dije ‘no más’”, declaró la menor.A la mañana siguiente, alrededor de las 10:20, ambos salieron del apartamento y se dirigieron hacia el sur de la ciudad. En ese momento, una cámara captó al escolta de Rincón, Sergio Rico, saliendo de su vivienda. Juan Felipe dejó su motocicleta en el parqueadero y los tres continuaron el trayecto en una camioneta.Cerca de la Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe, la joven y Rincón descendieron del vehículo, tomando distancia del escolta. En otro video inédito se observa a Katherine Sotelo, de 33 años, llamar a la menor y preguntarle: “¿Dónde está?”, lo que, según los investigadores, podría indicar una coordinación previa para ejecutar el ataque.Minutos después, aparece Andrés Sotelo, quien contaba con antecedentes por intento de homicidio. Ambos, acompañados de un perro rottweiler, se dirigen hacia el punto donde se encontraban los jóvenes. La menor presenta a Rincón ante Katherine, y ambos se saludan con un beso.A las 11:19 de la mañana, Andrés Sotelo y Tatiana Vega, su pareja, irrumpen violentamente en la escena y atacan a Rincón. En ese instante, el escolta intenta intervenir.Los audios revelados por Séptimo Día registran parte del enfrentamiento:Escolta: “¡Quieto, quieto, quieto! Policía Nacional”.Tatiana Vega: “¿Me va a disparar?, ¿me va a disparar?”.Mientras tanto, dos personas golpean a Juan Felipe y le quitan la chaqueta. El escolta realiza un disparo al aire como advertencia.Escolta: “¡Suéltenlo, suéltenlo!”Instantes después, aparece un hombre con un arma cortopunzante. Cuando el escolta intenta detener a Katherine, alguien le grita: “¿Qué le pasa? ¡Es una mujer!”. Las imágenes muestran cómo varias personas agreden al joven, incluso la menor con la que había pasado la noche. En medio de los gritos, se escucha una voz masculina que dice: “¡Pi***o vi***dor! Escolta: “¡Si lo tocan, se llevan! No le peguen, escuchen, vamos a arreglarlo por las buenas”.Una de las revelaciones más impactantes muestra a Andrés Sotelo y Tatiana Vega armados con un revólver, golpeando a Juan Felipe. Segundos después, se escuchan cuatro disparos, uno de los cuales terminó con la vida del joven.Aquí puede encontrar todos los audios y videos
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia rechazó la nulidad presentada por la defensa del excongresista Carlos Ferro y dejó intacta la acusación en su contra por el delito de concusión.Según la investigación, entre los años 2007 y 2010, Ferro, quien fue senador por tres periodos consecutivos, habría condicionado el nombramiento y la permanencia de Roque Julio Díaz en su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) a cambio de que este le entregara la totalidad de su salario mensual.De acuerdo con el expediente, Díaz Pinzón, quien buscaba completar las semanas necesarias para pensionarse, realizó consignaciones periódicas a cuentas de terceros, entre ellos Luis Enrique Jaramillo Quintero, persona cercana a la UTL del excongresista.En el proceso reposan comprobantes de transferencias realizadas por más de dos millones de pesos mensuales en 2009 y 2010, hechos que la Corte Suprema de Justicia consideró suficientes para inferir una exigencia indebida de dinero por parte de Ferro.El caso se remonta a 2014, cuando el alto tribunal abrió investigación previa contra Ferro y, tras varios años de práctica de pruebas y versiones libres, el exsenador fue formalmente vinculado al proceso en septiembre de 2023, cuando rindió indagatoria por los delitos de concusión y enriquecimiento ilícito de servidor público.Posteriormente se decidió romper la unidad procesal y continuar de manera independiente la investigación por el delito de concusión, mientras que el cargo por enriquecimiento ilícito quedó en un expediente aparte.En su defensa, Ferro negó rotundamente los hechos y calificó el proceso como una persecución política, señalando directamente a la exsenadora Leonor Serrano de Camargo, con quien tuvo diferencias políticas y personales.Con la decisión, el proceso pasará ahora a la Sala de Primera Instancia que será la encargada de determinar si Ferro es responsable o no del delito imputado.
En febrero de este año la Corte Suprema de Justicia revivió el caso del exministro de comunicaciones en el Gobierno de Ernesto Samper Saulo Arboleda, condenado por el escándalo del 'Miti miti' y el alto tribunal decidió conceder, solo en este caso, la revisión de la sentencia en su contra acudiendo al mecanismo de impugnación especial.En noviembre de 2024, la Corte IDH, condenó al Estado por no garantizar segunda instancia al exministro Saulo Arboleda y allí, el tribunal internacional determinó que se violaron los derechos a recurrir al fallo condenatorio y a la protección judicial.Ahora, bajo esa misma figura varios condenados por la justicia colombiana han pretendido que sus casos sean también revisados, como por ejemplo el excongresista Álvaro García Romero, condenado por el delito de desplazamiento forzado por la denominada “masacre de Macayepo” en el año 2000, petición que la misma Corte rechazó.El caso más recienteSe conoció que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, declaró improcedente el recurso de impugnación especial presentado por la defensa del excongresista Carlos Alonso Lucio, quien fue condenado a 2 años y 6 meses de cárcel por el delito de falsa denuncia en el año 2000, en un proceso derivado de una denuncia que interpuso contra un particular por abuso de confianza en un negocio de compraventa de un local en el norte de Bogotá. La Fiscalía, sin embargo, precluyó la investigación a favor del denunciado y compulsó copias para que se indagara al excongresista por falsa denuncia y fraude procesal.Según el expediente, el negocio habría sido ficticio y habría hecho parte de una estrategia financiera para conseguir recursos destinados a la campaña de Lucio a la Alcaldía de Bogotá en marzo de 1992, en su recurso, la defensa del excongresista pidió que se garantizara su derecho a la igualdad, citando como precedente el caso del exministro Saulo Arboleda.No obstante, la Corte Suprema recordó que la doble instancia para aforados solo fue incorporada al ordenamiento colombiano mediante el Acto Legislativo 01 de 2018, con aplicación hacia el futuro, a partir del 18 de enero de ese año."Finalmente, consideró que el Estado colombiano no está obligado a garantizar la doble conformidad para todas las primeras condenas dictadas desde cuando ratificó su adhesión a la Convención Americana de Derechos Humanos o desde cuando reconoció las atribuciones contenciosas de la Corte IDH", se lee en la decisión de la Corte.Dado que la condena contra el excongresista fue emitida en agosto del 2000, la Corte Suprema de Justicia determinó que no cumple los requisitos temporales para acceder a esa figura.
Felipe Rocha Medina fue condenado a 74 meses de prisión, equivalentes a seis años y dos meses, por los delitos de estafa agravada por la cuantía en modalidad masa y captación masiva y habitual de dineros. La sentencia incluye una multa de 209.253 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV) y la inhabilitación para ejercer derechos y funciones públicas durante el mismo periodo.La juez negó los beneficios de suspensión condicional de la pena y prisión domiciliaria, por lo que deberá cumplir la condena en un establecimiento carcelario.El fallo se profirió luego de que Rocha llegara a un preacuerdo con la Fiscalía en julio pasado, en el cual aceptó su responsabilidad penal. Según la investigación, el empresario ideó un supuesto negocio de ganado en el que ofrecía rentabilidades atractivas a inversionistas, principalmente de familias prestigiosas. Sin embargo, la compra del ganado nunca se realizó y los recursos fueron destinados a otros fines ajenos al propósito pactado.La Fiscalía estableció que las víctimas invirtieron 36.000 millones de pesos, de los cuales se han reintegrado 23.000 millones y el saldo de la deuda asciende a 16.000 millones de pesos, que ya están custodiados y embargados a la familia de Rocha.Para el abogado de las víctimas, Juan Felipe Criollo, esta condena representa un precedente en los delitos financieros de cuello blanco. “Como es sabido en Colombia, muchos de los delitos de cuello blanco quedan en la impunidad (…) Hoy la justicia deja una sentencia sin precedente y falta otro camino por avanzar en la reparación integral de las víctimas”, afirmó.El jurista añadió que esta decisión envía un mensaje claro: “Quienes se aprovechan de sus condiciones sociales y económicas no están por encima de la ley”.
El caso de Zulma Guzmán Castro se remonta a abril de este año en Bogotá, cuando un regalo terminó convertido en una tragedia. Dos menores de edad, identificadas como Inés de Bedout, de 14 años, y Emilia Forero, de 13, fallecieron tras consumir frambuesas cubiertas con chocolate que fueron enviadas a su vivienda a través de un servicio de mensajería.Las investigaciones establecieron que las frutas contenían talio, un metal pesado altamente tóxico, incoloro e inodoro, que habría sido introducido de manera intencional. La sustancia no solo causó la muerte de las menores, sino que también afectó la salud de otros dos integrantes de la familia.Según la hipótesis de la Fiscalía, el doble homicidio estaría motivado por una venganza personal, relacionada con una presunta relación sentimental extramatrimonial que la empresaria habría sostenido con el padre de una de las víctimas.Tras la muerte de las niñas, Guzmán Castro abandonó el país y emprendió una huida por varios países de Suramérica y Europa, entre ellos Argentina, Brasil y España, hasta ingresar finalmente al Reino Unido el pasado 11 de noviembre.La ubicación de la sospechosa en Londres se logró gracias a un detalle clave: en una transmisión de video se le observó consumiendo agua embotellada de una marca que solo se comercializa en territorio británico. Días después, cerca del puente de Battersea, fue rescatada del río Támesis por la Policía Metropolitana, tras un presunto intento de suicidio.Actualmente, la Fiscalía General de la Nación formalizó ante el Gobierno británico la solicitud de extradición para que responda en Colombia por los delitos de homicidio agravado y tentativa de homicidio.De acuerdo con una investigación revelada por el diario El Tiempo, el pasado 6 de abril de 2025, cuando Forero ya había fallecido y la otra niña, De Bedout, permanecía en estado crítico en una clínica, Zulma Guzmán habría comprado nuevos paquetes de frambuesas.El primer pedido se realizó a la 1:53 de la tarde y, dos horas después, habría efectuado un segundo encargo que incluía frambuesas, tomates, cebollas y aguacates, por un valor total de 29.900 pesos.Sobre la recepción de estos pedidos, un detective entrevistado por El Tiempo indicó que Juan De Bedout —quien reconoció haber sostenido una relación extramatrimonial con Guzmán— fue interrogado. “Solo se tienen nombres, no apellidos. El señor manifestó desconocer si las receptoras pertenecen o no a su entorno, aunque admitió conocer al menos a una persona con uno de esos nombres”, señaló el investigador.Cabe recordar que Zulma Guzmán ha asegurado que dichas compras correspondían a su dieta personal y ha negado de manera reiterada cualquier responsabilidad en la muerte de las menores.
Un caso de violencia intrafamiliar ocurrido en Ciudad de México el pasado 23 de agosto de 2023 volvió a causar conmoción luego de que Pamela Rivera reconstruyera los hechos que terminaron en el asesinato de su madre y su abuela, y con la muerte posterior de su padre, Óscar Rivera, exbeisbolista profesional.Rivera tuvo una destacada trayectoria deportiva, con paso por organizaciones como los Dodgers y la liga mexicana. Sin embargo, tras su retiro del deporte profesional, su situación personal se deterioró progresivamente. Según el testimonio de su hija en el podcast Vos Podés, el ascenso laboral de su esposa, quien comenzó a ocupar cargos directivos, coincidió con una etapa marcada por depresión, consumo desmedido de alcohol y episodios de violencia psicológica y física.La convivencia familiar se agravó durante el confinamiento por la pandemia, periodo en el que, de acuerdo con Pamela, las discusiones constantes y las conductas de control se intensificaron. A pesar del entorno violento, su madre no logró alejarse del agresor, en parte por un sentimiento de compasión. “Mi mamá decía que lo quería dejar pero nunca lo pudo dejar porque decía ‘Ay pobrecito ¿a dónde se va a ir, qué va a hacer de su vida?’”, relató.La mañana del 23 de agosto, Pamela despertó tras escuchar gritos provenientes del interior del apartamento. Al salir de su habitación encontró a su abuela, de 78 años, amarrada con un cinturón y sin conocimiento. Al intentar intervenir, su padre se encerró bajo llave en la habitación principal del inmueble.Mientras las autoridades eran alertadas, Rivera envió un mensaje de texto a su hija, en el que se despedía y daba indicaciones sobre los bienes familiares. Pamela recordó el contenido del mensaje: “Me manda un mensaje larguísimo pidiendo disculpas... ‘perdóname flaquita, lo que hice no es su culpa, ni de mis hermanos. Esto es de ustedes, un terreno, la casa, es de ustedes’”.Cuando la policía logró ingresar a la vivienda, halló sin vida a la madre y a la abuela. De acuerdo con las autoridades, la madre habría sido agredida físicamente antes de recibir un disparo, mientras que la abuela murió tras ser golpeada con la cacha del arma cuando intentó defender a su hija.El agresor fue trasladado a un centro asistencial, donde permaneció en estado vegetal durante siete días. Falleció el 31 de agosto. El hecho dejó a Pamela y a su hermana menor, de nueve años, enfrentando un proceso legal por la sucesión de bienes.Además del impacto emocional, Pamela aseguró haber sido blanco de señalamientos en redes sociales y críticas por parte de familiares que la responsabilizaron por no haber evitado la tragedia. Hoy, afirma que su prioridad es la recuperación emocional y visibilizar la importancia de la atención oportuna en salud mental. “Muchas cosas se hubieran arreglado o calmado si hubieran prestado atención... ¿qué tal si en vez de las drogas y el alcohol hubiera sido la terapia o el amor propio?”, reflexionó.
La Fiscalía solicitó al Ministerio de Justicia tramitar con el gobierno del Reino Unido la extradición de Zulma Guzmán Castro, requerida por la justicia por su presunta responsabilidad en un caso de homicidio agravado que dejó dos niñas muertas y otras dos personas gravemente afectadas, por ingerir frambuesas envenenadas con talio.Guzmán fue detenida esta semana por las autoridades británicas tras la activación de una notificación roja de Interpol. Su localización se produjo en Londres, a orillas del río Támesis, cerca del puente Battersea, luego de un seguimiento internacional que permitió establecer su salida de Colombia y su paso por varios países de América Latina y Europa.La Fiscalía explicó en la solicitud dirigida al ministro de Justicia, Andrés Ibarraga que, tras abandonar el país, la mujer estuvo en Argentina, Brasil y España, antes de ingresar al Reino Unido en noviembre de este año.La investigación penal se originó luego de la muerte de dos niñas que, junto con otros miembros de su entorno familiar, consumieron frambuesas cubiertas de chocolate que estaban contaminadas con talio, un metal pesado altamente tóxico, incoloro e inodoro. El alimento llegó a la vivienda como un supuesto regalo, entregado por un domiciliario, lo que inicialmente generó confusión sobre el origen del envenenamiento y retrasó la identificación de una causa intencional.Según el expediente judicial, los estudios descartaron por completo un accidente o una contaminación fortuita. El talio habría sido incorporado deliberadamente con la intención de causar daño grave o la muerte a quienes los consumieran. La Fiscalía señala a Zulma Guzmán Castro como la persona que habría gestionado el envío de las frambuesas a la vivienda donde se encontraban las víctimas.De acuerdo con la hipótesis del ente acusador, el caso estaría relacionado con un presunto acto de venganza, motivado por una relación sentimental extramatrimonial que Guzmán habría sostenido con el padre de una de las menores fallecidas. Este aspecto, aunque mencionado en el proceso, continúa siendo materia de investigación y análisis probatorio.Tras conocerse la muerte de las niñas, Guzmán salió del país con destino a Argentina, un hecho que reforzó las sospechas en su contra. Posteriormente, la Fiscalía solicitó una orden de captura ante un juez de control de garantías y tramitó la circular roja de Interpol para facilitar su ubicación y detención en el exterior.En el documento de formalización enviado a las autoridades del Reino Unido, la Fiscalía colombiana expone los hechos, las pruebas recaudadas y los delitos por los cuales es requerida Guzmán, entre ellos homicidio agravado cuando la víctima es menor de edad y tentativa de homicidio. La solicitud se sustenta en tratados de cooperación judicial vigentes entre ambos países.
Gloria Mejía, oriunda de la zona rural de El Concilio, en Salgar, Antioquia, y sobreviviente de los ataques de Carlos Rivera, más conocido como el “monstruo de Tabio”, dio su testimonio en el pódcast Conducta Delictiva, donde relató detalles del ataque que sufrió.La mujer contó que en el pueblo comenzaron a circular rumores sobre hechos extraños relacionados con varias mujeres. “Una mujer de la tercera edad apareció muerta y había sido víctima de violación, ocho días después de que su familia estuviera buscándola”, relató.Según explicó, un año después aumentaron los rumores de ataques sexuales contra mujeres de la zona. Tras registrarse tres casos de muerte con características similares, el pánico se apoderó de la comunidad rural.Cabe recordar que este hombre es señalado de acechar y agredir a más de ocho mujeres en zonas rurales de Colombia entre 2019 y 2024. El sujeto, que solía camuflarse como un trabajador de fincas cafeteras, utilizaba hasta diez identidades falsas para evadir a las autoridades, mientras seleccionaba a sus víctimas —mujeres de diferentes edades— para atacarlas en caminos solitarios durante la madrugada.Gloria relató que aquella madrugada, fue interceptada por un hombre encapuchado que intentó golpearla con un garrote. Sin embargo, tras un forcejeo en el que el agresor cayó al suelo, ella logró huir y alertar a la comunidad.“Él me mandó el garrotazo, pero yo reaccioné de inmediato y con la mano derecha le di un puño, tumbándole el palo que tenía en la mano”, contó.Después del ataque, asumió un rol activo en la búsqueda de justicia, recolectando pruebas como la vestimenta del sospechoso y colaborando en la elaboración de un retrato hablado, el cual fue clave para que los investigadores siguieran su rastro.“Lo cogí del pelo, le quité la camisa y yo pensaba: ‘yo a este lo he visto en alguna parte’. A este hombre yo lo vi sentado en la tienda de la vecina, este hombre fue el que se me fue encima el día de los cumpleaños", recordó.Pese a que el sospechoso fue capturado en 2023 tras un incidente en Tabio, las sobrevivientes denuncian que, aunque presuntamente estaría vinculado a 11 casos de agresiones y feminicidios, actualmente solo estaría cumpliendo condena por un único proceso. Otros expedientes, incluido el de Gloria, habrían sido archivados o descuidados por el ente acusador.
En la tarde de este viernes, 19 de diciembre, fueron legalizadas las capturas de los exministros del gobierno Petro, Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, por su presunta vinculación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).Se llevó a cabo la audiencia de legalización de captura contra los exministros de Hacienda Ricardo Bonilla y del Interior Luis Fernando Velasco, quienes, según la Fiscalía, habrían hecho parte de un entramado criminal en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.Bonilla fue capturado minutos después de que finalizara la audiencia en el Tribunal Superior de Bogotá, en donde se conoció que la medida era intramural, es decir, cárcel para ambos exministros del gobierno del presidente Gustavo Petro.Mientras tanto, Luis Fernando Velasco se entregó voluntariamente en Cali, ciudad donde reside actualmente.Durante la diligencia la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría le pidieron a la magistrada Leonor Oviedo, que impartiera legalidad sobre las capturas de Velasco y Bonilla.Asimismo, ambos exministros aseguraron durante la audiencia que al momento de sus capturas les fueron respetadas todas sus garantías procesales.La magistrada Oviedo señaló que los exministros podrían ser traslados a la Cárcel la Picota de Bogotá o al sitio de reclusión que asigne el Inpec.Entre los principales argumentos expuestos por el Tribunal Superior de Bogotá para imponer medida intramural, está la persistencia del riesgo institucional y el estado en el que se encuentra la actuación procesal. La magistrada Aura Alexandra Rosero consideró que la detención domiciliaria no resulta suficiente para neutralizar los riesgos advertidos, al no impedir de manera eficaz la posibilidad de articulación indirecta, influencia institucional o interferencia funcional, propias ,según indicó, de estructuras criminales que operan desde niveles altos de poder y bajo esquemas de aparente legalidad.
La muerte de la jueza Vivian Polanía sigue rodeada de interrogantes. La funcionaria judicial fue encontrada sin vida el pasado miércoles 17 de diciembre en su apartamento, ubicado en la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander, junto a su hija de apenas dos meses de nacida, quien fue hallada en buen estado de salud.De acuerdo con el primer reporte entregado por las autoridades, el cuerpo de la jueza fue encontrado en su habitación, sobre la cama y cubierto con una cobija. “En la habitación donde residía la jueza la encontramos muerta en su cama, arropada, y al lado se encontraba un bebé de aproximadamente un mes y medio”, explicó el coronel Fabio Ojeda en diálogo con Mañanas Blu.La Policía indicó que, en una primera inspección, el cuerpo no presentaba signos visibles de violencia. No obstante, fue trasladado a Medicina Legal, entidad que deberá establecer con exactitud las causas del fallecimiento. Las autoridades también señalaron que la menor habría permanecido cerca de 12 horas sin recibir alimento antes de ser encontrada.Vivian Polanía contaba con un esquema de protección asignado por la Unidad Nacional de Protección (UNP), debido a su labor como jueza. Según se informó, la última comunicación que sostuvo fue alrededor de las 8:00 de la noche del día anterior a su muerte.Mientras avanzan las investigaciones, Luis Alexander Maldonado, abogado y amigo cercano de la jueza, entregó detalles sobre el contexto personal y profesional de Polanía. En sus declaraciones, destacó que la funcionaria había recibido múltiples amenazas por sus decisiones judiciales. “Ella tenía muchas amenazas por ser jueza de procesos contra bandas criminales. Negaba beneficios a integrantes de organizaciones delincuenciales. Por eso tenía esquema de protección. Era una jueza incorruptible”, afirmó.Maldonado también recordó que Polanía fue jueza de garantías en el caso de los responsables del asesinato del periodista Jaime Vásquez, un proceso de alto impacto que reforzó su perfil como funcionaria estricta frente al crimen organizado.El abogado rechazó las versiones que apuntan a un posible suicidio y aseguró que la jueza atravesaba un buen momento personal. “Ella estaba feliz con su bebé. Decir que se suicidó no tiene sentido. Vivía en un conjunto cerrado, al que era muy difícil que alguien ingresara. Será Medicina Legal quien determine realmente qué ocurrió”, señaló.Finalmente, frente a la circulación de unos audios en los que la jueza hablaba de presuntos conflictos con una expareja, Maldonado aclaró que esa situación ya había sido superada. “En las grabaciones se refiere a problemas de convivencia con una expareja, pero entiendo que eso ya se había solucionado”, aseguró en declaraciones a El Tiempo.
La decisión de la JEP hace parte del macrocaso que investiga las ejecuciones extrajudiciales cometidas por integrantes del Batallón de Artillería No. 2 La Popa, en el Cesar, entre 2002 y 2005, periodo durante el cual la jurisdicción acreditó la participación de miembros del Ejército en homicidios presentados como bajas en combate.El fallo también incluyó medidas de reparación simbólica dirigidas a las víctimas y a sus familias.Declaración de la defensa:Tras la notificación del fallo, el equipo jurídico del coronel Mejía afirmó que presentará y sustentará el recurso de apelación ante la JEP, al no estar conforme con la decisión de la Sala.“Lo siguiente en el caso del coronel Mejía ante la Jurisdicción Especial para la Paz es la presentación y sustentación del recurso de apelación a la sentencia que hoy nos fue notificada a las partes y al país. Este recurso será interpuesto por la defensa al no encontrarnos conformes con la decisión adoptada por la sala”, indicó la defensa.El abogado reiteró que el oficial no es responsable de los hechos por los cuales fue condenado y aseguró que la defensa acudirá a todos los mecanismos judiciales disponibles para que se le respete el debido proceso y su inocencia.“Tenemos muy claro que si él hubiese sido responsable de las conductas por las que fue condenado, la JEP tiene mecanismos para conceder beneficios a quienes aceptan esa responsabilidad y sin duda hubiese acudido a ellos. Pero reiteramos: él no es responsable y, por consiguiente, seguiremos en ese debate para demostrar su inocencia”, agregó la defensa.Medidas reparativas ordenadas por la JEP:Además de la condena, la sentencia dispuso un conjunto de medidas simbólicas de reparación. Entre ellas, ordenó al Ministerio de Defensa revocar las condecoraciones y felicitaciones otorgadas al coronel Publio Hernán Mejía por los resultados operacionales vinculados con los hechos representativos del patrón de macrocriminalidad probado en la sentencia.Asimismo, la JEP ordenó que, en coordinación con el comandante de la Segunda División del Ejército, se realice un acto público de petición de perdón en nombre de las Fuerzas Militares, en la ciudad de Valledupar, con la participación de las víctimas indirectas reconocidas en el proceso y la presencia del ministro de Defensa, el comandante del Ejército Nacional, y los comandantes de la Segunda División, la Décima Brigada y el Batallón La Popa.
La Fiscalía General de la Nación desarticuló una red criminal trasnacional dedicada al almacenamiento y distribución de material sexual explícito de niños, niñas y adolescentes, que operaba a través de plataformas de mensajería instantánea y tenía alcance en varios países de América Latina y Europa.La operación se realizó en coordinación con el Centro Cibernético Policial y la Comunidad de Policías de América y es que de acuerdo con la investigación, liderada por una fiscal de la Seccional Bogotá, la estructura ilegal utilizaba una aplicación de mensajería en la que participaban cerca de 100 personas ubicadas en España, Paraguay, Brasil, Ecuador, Perú, Honduras y Colombia.A través de ese canal se compartieron más de 1.275 videos y 539 imágenes que evidencian graves vulneraciones contra menores de entre 5 y 10 años.En las diligencias de registro y allanamiento realizadas en Cali, Medellín y Barranquilla, las autoridades capturaron a tres presuntos integrantes de la red e incautaron dispositivos electrónicos que contienen material probatorio relacionado con abusos sexuales y otras agresiones contra la integridad y formación sexual de menores de edad.Los detenidos fueron presentados ante un juez de control de garantías por fiscales de la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes y les fue imputado el delito de pornografía con menor de 18 años.Se trata de Óscar Luis Espejo Vanegas, Darwin Steven Lara y Juan José Silva Vásquez, quienes no aceptaron los cargos y deberán estar recluidos en la cárcel mientras avanza el proceso.
La decisión del Tribunal Superior de Bogotá de mantener la detención intramural de los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, pese a la apelación presentada por sus defensas, dejó a ambos privados de la libertad mientras avanza el proceso por el escándalo de corrupción en la UNGRD. Es así como Bonilla permanece en el búnker de la Fiscalía en Bogotá y Velasco en una sede de la Dijín en Cali, tras una determinación que, aunque fue inicialmente solicitada como domiciliaria por la Fiscalía, terminó siendo más severa.Desde la defensa del exministro de Hacienda, el abogado penalista Mauricio Pava insistió en que la medida de aseguramiento no puede interpretarse como una condena anticipada. “La decisión de la magistrada es preliminar, precautelativa, no es la imposición de una pena anticipada”, aseguró, al tiempo que recalcó que el eje central del proceso debe ser la presunción de inocencia. Según explicó, una vez el ciudadano entra a los estrados judiciales, “todo lo que se discute legítimamente por fuera, en los medios o en el debate público, queda afuera”.Pava fue enfático en señalar que la discusión de fondo apenas comienza y que las conclusiones de la magistrada responden a una valoración inicial. “Esto se tiene que analizar en el juicio. Para nosotros, los abogados litigantes, la presunción de inocencia es estructural en el debate jurídico”, afirmó, dejando claro que la defensa no comparte la tesis de la Fiscalía según la cual Bonilla habría hecho parte de una organización criminal.Al referirse a los hechos concretos del caso, el abogado sostuvo que existen tres grandes ejes en la investigación y que, a su juicio, ninguno compromete penalmente a su defendido. “El tema de los carrotanques de La Guajira no tiene nada que ver con el profesor Bonilla. El de los maletines, tampoco. Y el tercero es una hipótesis de la Fiscalía que nosotros hemos denominado, de manera prosaica, una tentativa de ‘mermelada’”, explicó. Esa hipótesis, agregó, fue acogida preliminarmente por la magistrada, pero tiene un amplio campo de discusión jurídica.Frente a los delitos imputados —concierto para delinquir, cohecho e interés indebido en la celebración de contratos—, Pava precisó que se trata de interpretaciones sobre conversaciones y actuaciones administrativas que deberán ser controvertidas en juicio. “No es que las pruebas hablen por sí solas; lo que existe es la interpretación que cada parte hace de ellas: la Fiscalía, la magistrada, la defensa”, señaló.El abogado también defendió la actuación personal de Bonilla durante el proceso. Recordó que renunció a su cargo y que se comprometió a comparecer ante la justicia como cualquier ciudadano. “Ha encarado este proceso con integridad y dignidad, asistiendo a todas las diligencias y asumiendo las consecuencias de las decisiones judiciales”, dijo.Sobre la sorpresa que generó la decisión de enviarlo a la cárcel, pese a que la Fiscalía y la Procuraduría habían solicitado detención domiciliaria, Pava aseguró que no le resultó inesperada. “Llevo 30 años en el ejercicio profesional y he visto posiciones muy estrictas de los jueces. No estamos de acuerdo, por eso recurrimos, pero no me sorprendió”, afirmó.
La JEP condenó al coronel en retiro Hernán Mejía a 20 años de prisión por 72 casos de falsos positivos que se dieron mientras él comando el Batallón La Popa con sede en Valledupar.“Declarar al coronel (r) Publio Hernán Mejía Gutierrez penalmente responsable por los hechos ocurridos mientras se desempeñaba como comandante del Batallón de Artilleria La Popa No 2 de Valledupar como coautor de los delitos que se cometieron en el marco de la primera modalidad del patron de macrocriminalidad consistente en una alianza entre el ilegal aparato organizado de poder bajo su mando con el Frente Mártires del Cesar de las Autodefensas Unidas de Colombia”, señala la JEP.Las conductas punibles que cometió Mejia, según la JEP, son homicidio en persona protegida, tortura en persona protegida y desaparición forzada, entre otros.El coronel en retiro Hernán Mejía deberá cumplir una pena de 20 años de prisión y no se le concederá prisión domiciliaria ni medidas alternativas.Es importante recordar que Mejia ha negado su responsabilidad en estos casos de falsos positivos y tuvo que enfrentar un juicio en la JEP.Esta es la primera condena de la JEP en la que un compareciente enfrenta la cárcel.