Continúa la conmoción en el departamento del Cesar por el asesinato de una pareja y la hija de la mujer, menor de edad, ocurrido tras salir de una novena en el municipio de Río de Oro. El crimen se registró en la vía que comunica a los corregimientos de Morrison y Los Ángeles.Las víctimas fueron identificadas como Nelly Geraldine García, Anderson Rocha Núñez y la menor de 12 años, Melissa López García. De acuerdo con las autoridades, el ataque ocurrió sobre las 9:45 de la noche, cuando la familia fue interceptada por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta, quienes les dispararon en repetidas ocasiones, causándoles la muerte.Aunque la menor fue trasladada de urgencia a un centro asistencial con ayuda de la comunidad, falleció debido a la gravedad de las heridas. Familiares de las víctimas señalaron que desconocen las causas que habrían motivado el ataque.El alcalde de Río de Oro, Arnoldo Osorio, lamentó lo ocurrido y expresó su preocupación por la situación de orden público en la región. “Es muy triste tener que seguir dando este tipo de noticias, más aún cuando hace pocos días siete héroes de la patria perdieron la vida en el batallón de Juncal”, indicó el mandatario local.Según informaron las autoridades a Noticias Caracol, se conformó un grupo especial de investigación para esclarecer el triple homicidio. Las primeras hipótesis apuntan a posibles disputas territoriales entre grupos armados ilegales con presencia en la zona.“Estos hechos estarían relacionados con disputas territoriales entre grupos armados ilegales que ejercen injerencia en el sector. De manera inmediata se dispuso un equipo de inteligencia para esclarecer lo sucedido y dar con los responsables”, aseguró Rodrigo Manrique Gómez, subcomandante de la Policía del Cesar.El oficial también hizo un llamado a la comunidad para que suministre información que permita avanzar en la investigación, a través de la línea contra el crimen 314 358 7212, garantizando absoluta reserva. Las autoridades recordaron que se ofrece una recompensa de hasta 30 millones de pesos por información que conduzca a la captura de los responsables.
Un teniente coronel de la Policía Nacional fue enviado a la cárcel al ser señalado de presuntamente abusar sexualmente de una subalterna en el departamento de Cundinamarca y de amenazarla con afectar su carrera policial si denunciaba los hechos. La decisión se produjo tras la imputación realizada por la Fiscalía General de la Nación, que presentó elementos materiales probatorios que comprometerían gravemente al oficial.De acuerdo con la investigación, el teniente coronel Cristhian Camilo Villamil Benavides habría aprovechado su posición como comandante del Distrito N.° 2 Sabana del Departamento de Policía de Cundinamarca para intimidar, acosar y finalmente agredir sexualmente a una auxiliar bachiller. Los hechos habrían ocurrido mientras el oficial ejercía autoridad directa sobre la víctima, lo que, según la Fiscalía, generó un escenario de poder, intimidación y estado de indefensión.Las evidencias recaudadas indican que durante varios días el oficial presuntamente persiguió, asedió y realizó insinuaciones indecorosas a la joven. Finalmente, el pasado 8 de diciembre, le habría solicitado que se dirigiera a uno de los alojamientos del Distrito de Policía de Zipaquirá, donde, con pleno conocimiento de su situación de vulnerabilidad, la habría agredido sexualmente.En el curso de la investigación, adelantada bajo un enfoque diferencial y de género, la Fiscalía estableció que el oficial también habría amenazado a la víctima para evitar que denunciara lo ocurrido. Según el ente acusador, Villamil Benavides le advirtió que podía obstruir su ingreso y desarrollo dentro de la institución policial, utilizando su rango y la autoridad que ostentaba para imponer silencio tras la agresión.Durante la audiencia de imputación, un fiscal de la Seccional Cundinamarca le formuló cargos por los delitos de acceso carnal violento agravado y acoso sexual. En su intervención ante el juez, la fiscal del caso sostuvo que el procesado, en su condición de teniente coronel y comandante de distrito, representaba una autoridad directa sobre la víctima, lo que le permitió no solo ejercer violencia psicológica y sexual, sino también intimidarla posteriormente para que guardara silencio, valiéndose de su cargo y del presunto poder que ostentaba dentro de la Policía Nacional.El teniente coronel Villamil Benavides no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía. No obstante, el juez del caso consideró que se cumplían los requisitos legales para imponer una medida de aseguramiento privativa de la libertad, la cual deberá cumplir en un centro de reclusión destinado para integrantes de la Policía Nacional, mientras avanza el proceso penal en su contra.
Las autoridades capturaron a Mario Antonio Modesti, alias ‘Mil Caras’, señalado de estafar y drogar a más de 50 personas en distintas ciudades del país, principalmente en Bogotá, Medellín y Bucaramanga. De acuerdo con la investigación, las víctimas eran en su mayoría miembros de la comunidad LGTBQ+, quienes fueron contactados a través de aplicaciones de citas.Según el reporte, Modesti, de nacionalidad venezolana, se presentaba como empresario exitoso o extranjero adinerado, incluso asegurando trabajar en el sector petrolero. Tras generar confianza, acordaba encuentros en hoteles o residencias privadas. Una vez a solas, aprovechaba descuidos para contaminar las bebidas con sustancias tóxicas, dejando a las víctimas en estado de indefensión. En entrevista con Testigo Directo, un ciudadano francés, víctima del hombre, relató que “el último recuerdo concretamente es servir la cerveza, hablar un poco y de ahí la memoria se me fue hasta tres días después”. Otra persona afectada aseguró que permaneció “casi una semana caminando como un zombi” debido a los efectos del narcótico.En ese estado, el presunto delincuente accedía a información personal y financiera, logrando vaciar cuentas bancarias y realizar millonarios retiros. En uno de los casos documentados, el hurto superó los 130 millones de pesos, además de sumas en dólares. Las autoridades también establecieron que alias ‘Mil Caras’ robaba pasaportes y documentos, los cuales modificaba para suplantar identidades y cometer nuevos delitos, una práctica que repetía hasta tres veces por semana mientras se desplazaba por diferentes regiones del país.Tras 60 días de seguimiento, la Policía Metropolitana de Bogotá logró su captura. Las investigaciones indican que Modesti tendría antecedentes por hechos similares desde 2007 en Venezuela.Una de las víctimas advirtió sobre los riesgos del uso de estas plataformas digitales, señalando que “cuando uno pone que es extranjero, para un ladrón uno se pone en la puntería”. Las autoridades continúan recopilando denuncias para establecer la totalidad de los afectados y el monto real del dinero hurtado.
El Ministerio de Justicia se pronunció sobre el pedido de extradición a Reino Unido de Zulma Guzmán, señalada de estar detrás del envenenamiento que causó la muerte de dos menores de edad en Bogotá con talio y quien fue capturada en ese país el pasado martes.Ante esto, el ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, señaló que Reino Unido aún no da el beneplácito para que Zulma Guzmán sea traída de vuelta al país.“Estamos precisamente esperando que dicho beneplácito se dé esta semana para que ya sea cuestión de coordinación entre las entidades del orden nacional de Colombia y del Reino Unido, porque recuerden que ese tipo de situaciones tienen una coordinación de máximo cinco horas. Si todo sale bien, el Gobierno del Reino Unido ya nos dé la autorización para que sea traída a Colombia”, dijo.Ante la pregunta de si existe la posibilidad de que Zulma Guzmán sea extraditada a Colombia antes de que finalice el año, el ministro de Justicia (e) aseguró que ello depende de si la defensa de ella interpone algún recurso.“Esperaríamos que antes de que termine el año llegara, eso está, por supuesto, al margen de cualquier tipo de recurso legal que interponga; entonces, si no hay recursos legales, eso tendría que materializarse esta semana”, aseveró.Zulma Guzmán Castro es requerida por la justicia por su presunta responsabilidad en un caso de homicidio agravado que dejó dos niñas muertas y otras dos personas gravemente afectadas por ingerir frambuesas envenenadas con talio.Guzmán fue detenida esta semana por las autoridades británicas tras la activación de una notificación roja de Interpol. Su localización se produjo en Londres, a orillas del río Támesis, cerca del puente Battersea, luego de un seguimiento internacional que permitió establecer su salida de Colombia y su paso por varios países de América Latina y Europa.
La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos advirtió que durante 2025 se intensificaron los focos de violencia territorial en Arauca, Arauquita, Tame, Sácama y Casanare, lo que provocó un aumento de víctimas y graves violaciones a los derechos humanos. La entidad recordó que las privaciones arbitrarias de la libertad, las desapariciones y los asesinatos en el marco del conflicto armado constituyen delitos de extrema gravedad que el Estado tiene la obligación de prevenir y sancionar.ONU Derechos Humanos insistió en la necesidad de que el Gobierno nacional refuerce la presencia institucional en los territorios, asigne recursos suficientes a las autoridades locales y garantice un acceso efectivo a la justicia, así como la atención y reparación a las víctimas.Una de las principales alertas del organismo se centra en el reclutamiento y la utilización de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos armados no estatales. Solo en 2025, la ONU documentó 55 casos de afectaciones a menores de edad en Arauca, de los cuales 35 corresponden a reclutamiento directo o utilización, y otros 36 casos adicionales entre 2024 y 2025 afectaron a niñas y niños de los pueblos indígenas Makaguán, Hitnü, Betoy y U’wa. Esta situación, señaló la entidad, genera un impacto desproporcionado sobre las comunidades indígenas y campesinas.La Oficina también verificó el asesinato de tres personas defensoras de derechos humanos en Arauca durante 2025: una con liderazgo comunal, otra gremial y una más con liderazgo político y social. Aunque las cifras son menores a las de 2024, cuando se registraron 16 homicidios, la ONU advirtió que esta reducción no refleja una mejora en la seguridad, sino el miedo, la autocensura y el desplazamiento forzado de líderes sociales.A pesar de este panorama, la ONU destacó la valentía de las personas que continúan defendiendo los derechos humanos en Arauca y reiteró su llamado al Estado colombiano para que garantice su protección y el respeto a la población civil.
Aunque ya pasaron 24 horas de la emergencia que consumió la mercancía de 12 locales comerciales en el Palacio de la Moda, el olor a humo y las marcas de las llamas les recuerdan a los dueños y empleados que tendrán que trabajar duro para recuperar las pérdidas materiales.“Hacemos un llamado para que nos ayuden, que nos compren la ropa, las lociones y todo eso… tuvimos una pérdida muy grande ayer, pero en el nombre de Dios nos vamos a recuperar. Pedimos que nos ayuden”, dijo uno de los vendedores que se ubicó en plena calle para vender lo que pudo salvar.Cabe resaltar que la Alcaldía de Bucaramanga cerró el paso vehicular en la carrera 16 entre calles 35 y 36 para ubicar carpas provisionales donde los afectados pueden ubicar sus productos, esperando que la comunidad los apoye.Pues en medio del drama aparece la esperanza. Blu Radio llegó hasta el sitio de la emergencia y presenció de primera mano la solidaridad de personas como Silvia Estupiñán, quien madrugó para apoyar a estos comerciantes.“Yo no necesitaba nada, yo tenía todas las compras, pero estaba ayer aquí en el centro cuando el incendio y no me daba el corazón para no venir. Yo creo que todos debemos venir a comprar algo, o sea, ellos necesitan el apoyo de nosotros porque en plena temporal lo perdieron todo. Allá hay un local de ropa que lo perdió absolutamente todo”, expresó Silvia.La joven contó que el momento del incendio todo fue una locura, pues llegó Policía, Ejército, tres carros de bomberos y dueños de locales tratando de salvar la mercancía que pensaban vender durante las últimas semanas del año. Todo fue un caos.Silvia Estupiñán hizo una invitación desde su corazón: “A que todos vengan a comprar. Yo sé que de pronto mucha gente no necesita nada, pero vengan, veinte mil, treinta mil, una compra sencilla, todo eso es una ayuda para ellos. En plena temporada lo han perdido todo. Lo mínimo que podemos hacer los demás es venir a comprar algo, o sea, solidaridad... solidaridad, es el punto”, recalcó.En vista de que la Alcaldía de Bucaramanga no ha manifestado claramente si reubica a este grupo de comerciantes, algunos de ellos decidieron no esperar y por el contrario madrugaron a lavar y pintar parte de la estantería que permaneció en pie. Por ahora, en medio del olor a humo, que se confunde con el de la tristeza, decenas de familia escogen y sacuden la ropa que les marcará un nuevo comienzo.
Desde el 20 de diciembre de 2025, el precio del diésel (ACPM) en Colombia registró un aumento, según la circular publicada por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG). La entidad dio a conocer los precios de referencia de venta al público que rigen en el país, con valores diferenciados por ciudad.La actualización hace parte del esquema regular de precios que tiene en cuenta los valores fijados por los ministerios de Hacienda y Minas y Energía, y aplica para las principales ciudades del país.¿Cuánto cuesta el diésel en las principales ciudades?Estos son los precios del ACPM por galón vigentes desde el 20 de diciembre de 2025 en 13 ciudades principales:Cali: $11.318Villavicencio: $11.276Pereira: $11.259Manizales: $11.245Medellín: $11.198Bogotá: $11.176Ibagué: $11.167Montería: $11.077Bucaramanga: $10.932Barranquilla: $10.861Cartagena: $10.827Pasto: $10.238Cúcuta: $8.932El precio promedio del ACPM en estas 13 ciudades quedó en $10.885 por galón, un aumento de 100 pesos.Ciudades con el diésel más caro y más baratoMás caro: Cali y Villavicencio aparecen entre las ciudades con el precio más alto del diésel, superando los $11.300 por galón.Más barato: Cúcuta mantiene el valor más bajo del país, con un precio inferior a los $9.000 por galón.¿Por qué subió el precio del diésel?La CREG explicó que los nuevos valores se publican con base en los ingresos al productor definidos por el Gobierno nacional y en los criterios legales vigentes para impuestos y sobretasas. Desde el 20 de diciembre, el ingreso al productor del ACPM quedó establecido en $5.960,02 por galón, lo que incide directamente en el precio final al consumidor.
La Cancillería de Colombia confirmó que un nuevo país de Europa dejará de exigir visa a los turistas colombianos. Se trata de la República de Belarús, también conocida como Bielorrusia, que entró oficialmente en el acuerdo de exención mutua de visados para estadías de corta duración entre ambos países. Esta medida permitirá que los ciudadanos colombianos ingresen al territorio bielorruso sin la obligación de tramitar visa cuando el viaje tenga fines turísticos.El convenio comenzó a regir antes de finalizar el año 2025 y establece una modalidad de libre tránsito e ingreso al país europeo, fortaleciendo así la movilidad internacional de los colombianos en Europa, según lo informado por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Con este acuerdo, Colombia continúa ampliando el abanico de destinos a los que sus ciudadanos pueden viajar con menos trámites migratorios.Cancillería confirma exención de visa para colombianos en BielorrusiaDe acuerdo con lo confirmado por la Cancillería, el convenio entró en vigor el 19 de diciembre de 2025, luego de que el documento fuera firmado el pasado 9 de abril y se completaran los procedimientos internos de formalización entre Colombia y la República de Belarús.La exención mutua de visados permite estadías de corta duración y aplica para ciudadanos colombianos que cuenten con pasaporte ordinario o de emergencia. Bajo este esquema, los viajeros podrán entrar, salir, permanecer y transitar por el territorio bielorruso por un período no superior a 90 días calendario.No obstante, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores se aclaró que esta medida está destinada exclusivamente a visitas de corta duración con fines turísticos. Por lo tanto, no podrá utilizarse para actividades laborales, académicas ni de residencia permanente.Este paso también busca dinamizar las relaciones bilaterales entre Colombia y Bielorrusia, facilitando un mayor contacto entre ciudadanos de ambos países y contribuyendo al impulso del turismo y el comercio. Para el Gobierno colombiano, este tipo de acuerdos representan una herramienta clave para fortalecer la presencia del país en Europa y abrir nuevas oportunidades de intercambio cultural y económico.Qué hacer en Bielorrusia y a qué otros países europeos se puede viajar sin visaPara quienes estén considerando viajar a Bielorrusia, el país ofrece una combinación de historia, cultura y naturaleza. Entre los principales atractivos se destacan:Minsk, la capital, donde sobresalen el Museo de la Gran Guerra Patriótica y la parroquia de Santa María Magdalena.Brest, reconocida por su fortaleza histórica y el Museo de Trenes.El Palacio de Mir, declarado Patrimonio de la Humanidad, ideal para quienes disfrutan de la arquitectura histórica.Polotsk, una de las ciudades más antiguas del país, con la catedral de Santa Sofía como punto emblemático.En materia de turismo natural, el Parque Nacional Belovezhskaya Pushcha es una parada obligatoria. Allí se encuentra el bosque más antiguo de Europa y es posible observar al bisonte europeo en su hábitat natural. En cuanto al clima, la mejor época para viajar es durante el verano, entre junio y agosto, cuando las temperaturas rondan los 22 grados centígrados. En contraste, el invierno puede ser bastante riguroso, con temperaturas que pueden descender hasta los -15 grados entre noviembre y marzo.Con la incorporación de Bielorrusia, Colombia amplía su lista de países europeos que permiten el ingreso sin visa para estadías de corta duración. Actualmente, los colombianos pueden viajar sin este requisito a:AlemaniaAustriaBélgicaBulgariaCroaciaChipreRepública ChecaEslovaquiaEsloveniaEspañaEstoniaFinlandiaFranciaGreciaHungríaItaliaLetoniaLituaniaLuxemburgoMaltaPaíses BajosPoloniaPortugalRumaniaSueciaDinamarcaSuizaLiechtensteinNoruegaIslandiaEste nuevo acuerdo refuerza la tendencia de facilitar la movilidad internacional de los colombianos y abre la puerta a un destino europeo poco tradicional, pero cada vez más atractivo para el turismo.
Un nuevo hecho de violencia sacudió al cantón Daule, en la provincia del Guayas, luego de que una mujer fuera asesinada a tiros poco después de salir del velorio del futbolista Mario Pineida, jugador del Barcelona Sporting Club. El crimen ocurrió la noche del viernes 19 de diciembre y generó alarma entre los habitantes del sector.La víctima fue identificada como Karen Grunaer, quien, tras asistir a las exequias realizadas en un camposanto de la zona, se movilizaba en un vehículo por la avenida 19 de Agosto, en la parroquia La Aurora. De acuerdo con información preliminar, el automotor en el que se transportaba fue interceptado por otro vehículo, desde el cual sujetos armados abrieron fuego en repetidas ocasiones.Como consecuencia del ataque, la mujer perdió la vida en el lugar de los hechos, mientras que el conductor del vehículo resultó herido y tuvo que ser trasladado de urgencia a un centro asistencial. El cuerpo de la mujer quedó tendido sobre la vía pública, escena que causó conmoción entre transeúntes y residentes del sector.Tras el crimen, unidades de la Policía Nacional acudieron al sitio para acordonar el área, recolectar indicios balísticos y adelantar las primeras diligencias investigativas. El teniente coronel Luis Obando, jefe subrogante del Distrito Daule, explicó a un medio nacional que, aunque la mujer había asistido al velorio del futbolista de Barcelona SC, de manera preliminar se descarta que el ataque tenga relación con la muerte de Mario Pineida.Las autoridades señalaron que esta hipótesis fue descartada en una primera evaluación, mientras continúan las investigaciones para establecer las verdaderas motivaciones del crimen y dar con los responsables.Según registros del sistema de la Función Judicial, Karen Grunaer no presentaba antecedentes penales. No obstante, figuran dos denuncias previas en su contra por presuntos delitos de intimidación y abuso de confianza, las cuales habrían sido archivadas por la Fiscalía General del Estado.
La Corte encontró unas posibles irregularidades en lo que tiene que ver con el transporte aéreo que prestó la Sociedad Aérea de Ibagué S.A.S.“En ese orden, la Sala, en la decisión en comento, encontró fundamento para señalar que los servicios de transporte aéreo contratados con la Sociedad Aérea de Ibagué S.A.S. y facturados a la campaña al Senado correspondieron, en realidad, a servicios negociados y ejecutados para la campaña a la consulta interna de las elecciones presidenciales del precandidato del Pacto Histórico, Gustavo Francisco Petro Urrego”, se lee en el documento.La Sala de Instrucción señala que la facturación, luego de suministrado el servicio en un tiempo que comprendió, a grandes rasgos, un mes antes de los comicios legislativos y de consulta interna, se hizo el 16 de marzo de 2022 al gerente de la campaña a la consulta interna, que era Ricardo Roa, por un valor de $2.324.664.576, valor que, el 12 de abril de 2022, fue dividido en dos facturas: una por $1.215.646.740 que fue a la campaña del Senado y otra por $1.215.646.740 respecto de la campaña a la consulta interna.Para la Corte, el total de estos gastos aéreos se habría presuntamente volado el tope de financiación autorizado de la campaña. Incluso, la Corte es clara en señalar que “durante el tiempo de ejecución de los dos contratos, los vuelos efectivamente realizados con la Sociedad Aérea de Ibagué S.A.S. correspondieron a servicios suministrados al precandidato Gustavo Francisco Petro Urrego y a su comitiva política y de seguridad en el proceso de elección de la consulta interna”.No obstante, la Sala determinó que el gasto debía reportarse exclusivamente a la campaña presidencial. “El servicio de transporte aéreo facturado a ambas campañas y que sirvió de soporte para el registro de un gasto en cada una de ellas, en realidad correspondió a un servicio unitario que fue suministrado, de manera exclusiva, a la campaña a la consulta interna”.El alto tribunal advirtió, además, que existen indicios de que la división de la factura pudo obedecer a una estrategia contable, y por eso pide a la Comisión de Acusaciones investigar al presidente Petro. Pero también compulsó copias al CNE y a la Fiscalía, en donde pide investigar al hoy presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, y al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, en su rol como gerentes de la campaña presidencial y del Pacto Histórico al Senado en 2022, respectivamente.
El Tribunal Superior de Bogotá ratificó en segunda instancia la sanción de siete años de internamiento en un centro del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) contra alias 'Tianz', el menor de edad que disparó al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay el pasado 7 de junio en Bogotá.La decisión se mantuvo en firme luego de que la defensa del joven apelara la sanción impuesta por los delitos de tentativa de homicidio y porte ilegal de armas. Sin embargo, el tribunal consideró que las pruebas demostraron plenamente su responsabilidad en el ataque.El menor fue grabado por cámaras de seguridad en el momento en que descendía de un vehículo, seguido del ataque con una pistola Glock 9 milímetros en el parque El Golfito. Minutos después intentó huir, pero fue capturado en flagrancia a pocas cuadras del lugar.De acuerdo con la Fiscalía, la investigación permitió además la captura de siete personas presuntamente involucradas en la planeación y ejecución del atentado. Entre ellos se encuentra alias 'El Costeño', señalado de reclutar al menor y de suministrar el arma utilizada en el ataque.Mientras la sanción contra alias 'Tianz' queda en firme, los demás implicados enfrentan procesos judiciales en curso por su presunta participación en el magnicidio que conmocionó al país.
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación, al Consejo Nacional Electoral (CNE) y a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes para que investiguen al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, y al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, por su papel como gerentes de la campaña presidencial de Gustavo Petro y del Pacto Histórico.La vinculación inicia cuando la Sala de Instrucción se abstuvo de abrir investigación formal contra 20 senadores del Pacto Histórico, a pesar de haber identificado inconsistencias en los informes financieros de la campaña. Según el alto tribunal, el informe consolidado de ingresos y gastos de campaña presentado al CNE contenía información “contraria a la realidad y, en consecuencia, falsa”.En la indagación se advierte que los senadores firmaron los documentos confiando en la veracidad de los reportes que estaban bajo responsabilidad del hoy ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, quienes presuntamente ayudaron a cambiar el concepto de vuelos contratados con la empresa Sociedad Aérea de Ibagué (SADI), los cuales, supuestamente, fueron utilizados para la campaña simultánea del entonces precandidato Gustavo Petro y no para los senadores.Por ello, aunque la Sala reconoció la existencia de información inexacta, decidió inhibirse de abrir investigación formal contra los congresistas. Sin embargo, ahora continuará la indagación en contra del presidente de Ecopetrol y el ministro de Salud.
El expresidente Álvaro Uribe Vélez nuevamente rechazó la decisión judicial que compulsó copias en su contra dentro del proceso por los homicidios de los defensores de derechos humanos Jesús María Valle y Jorge Eduardo Umaña, asesinados en Antioquia durante su gestión como gobernador del departamento. La medida fue adoptada dentro de la sentencia contra José Miguel Narváez por el secuestro de la exsenadora Piedad Córdoba.Uribe, a través de su cuenta de X, calificó la decisión como “un prevaricato” y aseguró que tiene una clara intención política. El exmandatario señaló que la juez omitió hechos probados y desconoció decisiones previas. Entre sus argumentos, recordó que en la fecha señalada él se encontraba en la Universidad de Oxford.Asimismo, afirmó que la compulsa ignoró la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la falta de credibilidad que la Fiscalía General de la Nación otorgó a la declaración del exparamilitar Francisco Villalba, testimonio que, según el exmandatario, fue desmentido por otros integrantes de esos grupos armados. Uribe sostuvo que el fallo fue emitido con motivaciones políticas, señalando su cercanía con las elecciones y una supuesta intención de “afectar su derecho a la acción política”.En su pronunciamiento, el expresidente también mencionó al exmagistrado Pinilla Cogollo, quien en el pasado también compulsó copias en su contra.En la sentencia que derivó la compulsa se citaron testimonios de exparamilitares, entre estos el de Enrique Villalba, quien señaló una presunta reunión en la finca La Marranera, en la que, según él, participaron el entonces gobernador Uribe, su hermano Santiago Uribe y el general identificado como Carlos Ospina, para discutir presuntas acciones contra defensores de derechos humanos como Jesús María Valle y Jorge Eduardo Umaña.La medida ordena que se investigue si, como sostiene el testigo, en esa reunión se planeó la persecución contra activistas y opositores.
La Procuraduría General de la Nación anunció la apertura de una investigación disciplinaria contra el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, por presunta participación en política. La medida se da tras recibir una queja del asesor jurídico constitucional del Movimiento Defensores de la Patria, Germán Calderón, quien cuestionó declaraciones del funcionario en una entrevista publicada por Semana el 4 de octubre de 2025.En la conversación citada en el documento, el ministro Montealegre expresó opiniones sobre distintos precandidatos presidenciales, las cuales el ente de control refiere como “en términos políticos, presuntamente transgrediendo las prohibiciones que en materia disciplinaria tienen los servidores públicos”.Sobre Iván Cepeda, el ministro señaló: “Me identifico más con el proyecto político y la concepción del mundo que tiene”. Respecto al precandidato Abelardo de la Espriella, afirmó: “Él es muy bueno para vender ron, excelente para cantar ópera, pero no lo veo con ninguna formación intelectual y ética, siendo un abogado de la mafia, para ser presidente de Colombia… No tiene la trayectoria ni la formación”.También mencionó al expresidente Álvaro Uribe, diciendo que “sería muy interesante que fuera senador y Gustavo Petro encabezara la lista de la constituyente que se va a plantear popularmente”.De acuerdo con la Procuraduría, estas declaraciones podrían constituir intervención en controversias políticas mientras ejerce un cargo público. Por ello, se ordenó la práctica de pruebas que incluyen la diligencia de ampliación y ratificación de queja con Germán Calderón España, asesor del Movimiento Defensores de la Patria; el análisis de la entrevista y publicaciones relacionadas, y solicitudes de información a la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales para verificar si se han registrado observaciones en torno a la presunta participación en política del ministro de Justicia.Además, se informó al ministro que tiene derecho a rendir versión libre.
La Fiscalía General de la Nación avanzó en la recuperación de recursos públicos presuntamente desviados en el escándalo de Centros Poblados al imponer medidas de extinción de dominio sobre 23 inmuebles que harían parte del patrimonio de algunos de los implicados en las irregularidades del contrato para llevar internet a escuelas rurales del país.Blu Radio conoció el listado de los bienes afectados, avaluados en más de 65.900 millones de pesos, que estarían vinculados a los hechos irregulares detectados en el contrato suscrito entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y la Unión Temporal Centros Poblados. De acuerdo con la investigación, estas propiedades habrían sido adquiridas con recursos provenientes de las actuaciones ilícitas identificadas en el proceso de contratación y del anticipo que fue entregado de manera irregular.Entre los bienes cobijados por las medidas cautelares se encuentran cinco inmuebles a nombre de la congresista Saray Robayo, actual esposa de Emilio José Tapia Aldana, uno de los principales vinculados al caso. Dentro de estos activos figuran un penthouse ubicado en un edificio de Coveñas; un lote localizado en el municipio de San Bernardo del Viento, en el departamento de Córdoba; y el predio conocido como El Chinchorro, en Montería.Las medidas de extinción de dominio también alcanzaron un inmueble de propiedad de la exministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Karen Abudinen. El bien afectado corresponde a un apartamento ubicado en la ciudad de Barranquilla, sobre el cual la Fiscalía impuso una medida cautelar en atención a decisiones de responsabilidad fiscal proferidas por la Contraloría General de la República en el marco del mismo proceso.Según el director de Extinción del Derecho de Dominio, José Iván Caro, los 23 bienes afectados están distribuidos en los departamentos de Cundinamarca, Atlántico, Córdoba, Sucre, Risaralda y Nariño. El portafolio de activos incluye predios urbanos y rurales, parqueaderos, establecimientos de comercio y participaciones societarias, todos bajo análisis de las autoridades judiciales.Los elementos materiales probatorios recaudados por la Fiscalía indican que parte de estos bienes habría sido adquirida mediante la mezcla de recursos lícitos con dineros de origen ilícito, lo que dio lugar a la aplicación de las causales legales de equivalencia, mezcla y destinación. Además, la investigación estableció que las sociedades que integraron la Unión Temporal Centros Poblados habrían sido utilizadas como instrumento para la comisión de las irregularidades contractuales.
La Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares con fines de extinción del derecho de dominio sobre 23 bienes que harían parte del patrimonio de varios de los presuntos responsables del escándalo de corrupción conocido como el caso Centros Poblados, relacionado con el fallido contrato para llevar internet a escuelas rurales del país.La decisión cobija bienes que pertenecerían a Emilio Tapia, Juan José Laverde, Ottomar Lascarro, Luis Fernando Duque y algunos de sus familiares, todos señalados de haber tenido participación en las irregularidades detectadas en el contrato suscrito entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y la Unión Temporal Centros Poblados.De acuerdo con el director de Extinción del Derecho de Dominio, José Iván Caro, los bienes afectados superan los 65.900 millones de pesos y se encuentran ubicados en los departamentos de Cundinamarca, Atlántico, Córdoba, Sucre, Risaralda y Nariño. Entre los activos objeto de la medida se encuentran predios urbanos y rurales, parqueaderos, establecimientos de comercio y participaciones societarias.Según los elementos materiales probatorios recaudados por la Fiscalía, estas propiedades habrían sido adquiridas con recursos provenientes de las actuaciones ilícitas identificadas en el proceso de contratación, así como del anticipo que fue recibido de manera irregular por la Unión Temporal Centros Poblados. El contrato tenía como objetivo la instalación de centros digitales en 16 departamentos del país, iniciativa que finalmente no se ejecutó conforme a lo pactado.En el desarrollo de la investigación, el ente acusador determinó que parte de los bienes fueron obtenidos mediante la combinación de recursos de origen lícito con dineros producto de actividades ilícitas, lo que dio lugar a la aplicación de las causales de equivalencia, mezcla y destinación previstas en la legislación de extinción de dominio. Además, se estableció que las sociedades que integraron la Unión Temporal habrían sido utilizadas como instrumento para la comisión de las irregularidades contractuales.De manera adicional, y en atención a decisiones de responsabilidad fiscal emitidas por la Contraloría General de la República, la Fiscalía también impuso una medida cautelar sobre un inmueble de propiedad de la exministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Karen Abudinen, en el marco del mismo proceso.Las medidas fueron adoptadas por un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, tras establecerse la imposibilidad de ubicar la totalidad de los recursos desviados en el contrato de Centros Poblados. Con esta actuación, la Fiscalía busca recuperar bienes que, presuntamente, fueron adquiridos con dineros públicos y garantizar su eventual incorporación al patrimonio del Estado, mientras avanzan los procesos judiciales contra los responsables del entramado de corrupción.
La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH, información detallada y actualizada sobre el proceso de cesión de la posición contractual en el bloque gasífero Sinú-9, un contrato que ha generado alertas por presuntas irregularidades que incluyen señalamientos de tráfico de influencias, ocultamiento de accionistas y posibles vacíos en la cadena de titularidad de los intereses económicos.El ente de control recordó que el contrato de Exploración y Producción de Hidrocarburos E&P No. 25, correspondiente al área Sinú-9, ha registrado múltiples operaciones desde su adjudicación en 2014. Según la Procuraduría, en este periodo se han presentado diversos negocios jurídicos que involucran compra y venta de participaciones e incrementos en los porcentajes de inversión.El requerimiento fue elevado por la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, en el marco de actuaciones preventivas relacionadas con la transferencia de la participación mayoritaria del contrato. Actualmente, la multinacional Maurel & Prom (M&P) firmó para adquirir el 61 por ciento de la licencia de exploración y producción del bloque Sinú-9, lo que activó la revisión del órgano de control.El bloque Sinú-9 ha estado en el centro de la atención pública por la mención del inversionista Serafino Iacono, empresario del sector de petróleo y gas, quien también ha sido relacionado con la venta del apartamento 901 a Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, un negocio por el cual la Fiscalía ya avanzó con el interrogatorio, para establecer si la compra del apartamento que hizo Roa al empresario Iacono se hizo de manera legal o si detrás de la transacción pudo haber existido una estrategia para comprometer presuntamente contratos de Ecopetrol antes de que Roa asumiera la presidencia de la compañía.Sin embargo, en un comunicado, el empresario Iacono ha señalado que ya no hace parte de la administración de NG Energy, empresa que en 2017 adquirió una participación en Sinú-9 mediante acuerdos con Clean Energy.En la solicitud, la Procuraduría advirtió que en las solicitudes recibidas se exponen presuntas irregularidades asociadas a la titularidad real de los intereses económicos, la sucesión de cesiones contractuales y el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato. Por ello, señaló la necesidad de contar con información integral que permita tener un panorama completo de la situación jurídica, contractual y administrativa tanto del contrato como del trámite de cesión en curso.En ese sentido, la Procuraduría solicitó a la ANH un informe detallado que consigne, de manera cronológica, todas las modificaciones en las participaciones de los contratistas del bloque, incluyendo la identificación de cada uno de los inversionistas que han tenido vínculo con el contrato. El requerimiento también abarca a aquellos cuya participación no es visible para el mercado, pero cuyos contratos reposan en los registros de la Agencia.Adicionalmente, el procurador Marcio Melgosa pidió establecer si la ANH ha adelantado actuaciones para verificar el estado procesal actual de los procesos judiciales relacionados con el contrato de Sinú-9, así como las pretensiones formuladas y el posible impacto que podrían tener sobre la cesión de participación actualmente en trámite.La ANH cuenta con un plazo de cinco días hábiles para responder el requerimiento de la Procuraduría. Hasta tanto no se emita un pronunciamiento posterior del órgano de control, la definición sobre la cesión de la participación en el bloque Sinú-9 quedará en suspenso, en un proceso que ahora es objeto de vigilancia preventiva por parte del Ministerio Público.
El caso de Zulma Guzmán Castro se remonta a abril de este año en Bogotá, cuando un regalo terminó convertido en una tragedia. Dos menores de edad, identificadas como Inés de Bedout, de 14 años, y Emilia Forero, de 13, fallecieron tras consumir frambuesas cubiertas con chocolate que fueron enviadas a su vivienda a través de un servicio de mensajería.Las investigaciones establecieron que las frutas contenían talio, un metal pesado altamente tóxico, incoloro e inodoro, que habría sido introducido de manera intencional. La sustancia no solo causó la muerte de las menores, sino que también afectó la salud de otros dos integrantes de la familia.Según la hipótesis de la Fiscalía, el doble homicidio estaría motivado por una venganza personal, relacionada con una presunta relación sentimental extramatrimonial que la empresaria habría sostenido con el padre de una de las víctimas.Tras la muerte de las niñas, Guzmán Castro abandonó el país y emprendió una huida por varios países de Suramérica y Europa, entre ellos Argentina, Brasil y España, hasta ingresar finalmente al Reino Unido el pasado 11 de noviembre.La ubicación de la sospechosa en Londres se logró gracias a un detalle clave: en una transmisión de video se le observó consumiendo agua embotellada de una marca que solo se comercializa en territorio británico. Días después, cerca del puente de Battersea, fue rescatada del río Támesis por la Policía Metropolitana, tras un presunto intento de suicidio.Actualmente, la Fiscalía General de la Nación formalizó ante el Gobierno británico la solicitud de extradición para que responda en Colombia por los delitos de homicidio agravado y tentativa de homicidio.De acuerdo con una investigación revelada por el diario El Tiempo, el pasado 6 de abril de 2025, cuando Forero ya había fallecido y la otra niña, De Bedout, permanecía en estado crítico en una clínica, Zulma Guzmán habría comprado nuevos paquetes de frambuesas.El primer pedido se realizó a la 1:53 de la tarde y, dos horas después, habría efectuado un segundo encargo que incluía frambuesas, tomates, cebollas y aguacates, por un valor total de 29.900 pesos.Sobre la recepción de estos pedidos, un detective entrevistado por El Tiempo indicó que Juan De Bedout —quien reconoció haber sostenido una relación extramatrimonial con Guzmán— fue interrogado. “Solo se tienen nombres, no apellidos. El señor manifestó desconocer si las receptoras pertenecen o no a su entorno, aunque admitió conocer al menos a una persona con uno de esos nombres”, señaló el investigador.Cabe recordar que Zulma Guzmán ha asegurado que dichas compras correspondían a su dieta personal y ha negado de manera reiterada cualquier responsabilidad en la muerte de las menores.
Un caso de violencia intrafamiliar ocurrido en Ciudad de México el pasado 23 de agosto de 2023 volvió a causar conmoción luego de que Pamela Rivera reconstruyera los hechos que terminaron en el asesinato de su madre y su abuela, y con la muerte posterior de su padre, Óscar Rivera, exbeisbolista profesional.Rivera tuvo una destacada trayectoria deportiva, con paso por organizaciones como los Dodgers y la liga mexicana. Sin embargo, tras su retiro del deporte profesional, su situación personal se deterioró progresivamente. Según el testimonio de su hija en el podcast Vos Podés, el ascenso laboral de su esposa, quien comenzó a ocupar cargos directivos, coincidió con una etapa marcada por depresión, consumo desmedido de alcohol y episodios de violencia psicológica y física.La convivencia familiar se agravó durante el confinamiento por la pandemia, periodo en el que, de acuerdo con Pamela, las discusiones constantes y las conductas de control se intensificaron. A pesar del entorno violento, su madre no logró alejarse del agresor, en parte por un sentimiento de compasión. “Mi mamá decía que lo quería dejar pero nunca lo pudo dejar porque decía ‘Ay pobrecito ¿a dónde se va a ir, qué va a hacer de su vida?’”, relató.La mañana del 23 de agosto, Pamela despertó tras escuchar gritos provenientes del interior del apartamento. Al salir de su habitación encontró a su abuela, de 78 años, amarrada con un cinturón y sin conocimiento. Al intentar intervenir, su padre se encerró bajo llave en la habitación principal del inmueble.Mientras las autoridades eran alertadas, Rivera envió un mensaje de texto a su hija, en el que se despedía y daba indicaciones sobre los bienes familiares. Pamela recordó el contenido del mensaje: “Me manda un mensaje larguísimo pidiendo disculpas... ‘perdóname flaquita, lo que hice no es su culpa, ni de mis hermanos. Esto es de ustedes, un terreno, la casa, es de ustedes’”.Cuando la policía logró ingresar a la vivienda, halló sin vida a la madre y a la abuela. De acuerdo con las autoridades, la madre habría sido agredida físicamente antes de recibir un disparo, mientras que la abuela murió tras ser golpeada con la cacha del arma cuando intentó defender a su hija.El agresor fue trasladado a un centro asistencial, donde permaneció en estado vegetal durante siete días. Falleció el 31 de agosto. El hecho dejó a Pamela y a su hermana menor, de nueve años, enfrentando un proceso legal por la sucesión de bienes.Además del impacto emocional, Pamela aseguró haber sido blanco de señalamientos en redes sociales y críticas por parte de familiares que la responsabilizaron por no haber evitado la tragedia. Hoy, afirma que su prioridad es la recuperación emocional y visibilizar la importancia de la atención oportuna en salud mental. “Muchas cosas se hubieran arreglado o calmado si hubieran prestado atención... ¿qué tal si en vez de las drogas y el alcohol hubiera sido la terapia o el amor propio?”, reflexionó.
La Fiscalía solicitó al Ministerio de Justicia tramitar con el gobierno del Reino Unido la extradición de Zulma Guzmán Castro, requerida por la justicia por su presunta responsabilidad en un caso de homicidio agravado que dejó dos niñas muertas y otras dos personas gravemente afectadas, por ingerir frambuesas envenenadas con talio.Guzmán fue detenida esta semana por las autoridades británicas tras la activación de una notificación roja de Interpol. Su localización se produjo en Londres, a orillas del río Támesis, cerca del puente Battersea, luego de un seguimiento internacional que permitió establecer su salida de Colombia y su paso por varios países de América Latina y Europa.La Fiscalía explicó en la solicitud dirigida al ministro de Justicia, Andrés Ibarraga que, tras abandonar el país, la mujer estuvo en Argentina, Brasil y España, antes de ingresar al Reino Unido en noviembre de este año.La investigación penal se originó luego de la muerte de dos niñas que, junto con otros miembros de su entorno familiar, consumieron frambuesas cubiertas de chocolate que estaban contaminadas con talio, un metal pesado altamente tóxico, incoloro e inodoro. El alimento llegó a la vivienda como un supuesto regalo, entregado por un domiciliario, lo que inicialmente generó confusión sobre el origen del envenenamiento y retrasó la identificación de una causa intencional.Según el expediente judicial, los estudios descartaron por completo un accidente o una contaminación fortuita. El talio habría sido incorporado deliberadamente con la intención de causar daño grave o la muerte a quienes los consumieran. La Fiscalía señala a Zulma Guzmán Castro como la persona que habría gestionado el envío de las frambuesas a la vivienda donde se encontraban las víctimas.De acuerdo con la hipótesis del ente acusador, el caso estaría relacionado con un presunto acto de venganza, motivado por una relación sentimental extramatrimonial que Guzmán habría sostenido con el padre de una de las menores fallecidas. Este aspecto, aunque mencionado en el proceso, continúa siendo materia de investigación y análisis probatorio.Tras conocerse la muerte de las niñas, Guzmán salió del país con destino a Argentina, un hecho que reforzó las sospechas en su contra. Posteriormente, la Fiscalía solicitó una orden de captura ante un juez de control de garantías y tramitó la circular roja de Interpol para facilitar su ubicación y detención en el exterior.En el documento de formalización enviado a las autoridades del Reino Unido, la Fiscalía colombiana expone los hechos, las pruebas recaudadas y los delitos por los cuales es requerida Guzmán, entre ellos homicidio agravado cuando la víctima es menor de edad y tentativa de homicidio. La solicitud se sustenta en tratados de cooperación judicial vigentes entre ambos países.
Gloria Mejía, oriunda de la zona rural de El Concilio, en Salgar, Antioquia, y sobreviviente de los ataques de Carlos Rivera, más conocido como el “monstruo de Tabio”, dio su testimonio en el pódcast Conducta Delictiva, donde relató detalles del ataque que sufrió.La mujer contó que en el pueblo comenzaron a circular rumores sobre hechos extraños relacionados con varias mujeres. “Una mujer de la tercera edad apareció muerta y había sido víctima de violación, ocho días después de que su familia estuviera buscándola”, relató.Según explicó, un año después aumentaron los rumores de ataques sexuales contra mujeres de la zona. Tras registrarse tres casos de muerte con características similares, el pánico se apoderó de la comunidad rural.Cabe recordar que este hombre es señalado de acechar y agredir a más de ocho mujeres en zonas rurales de Colombia entre 2019 y 2024. El sujeto, que solía camuflarse como un trabajador de fincas cafeteras, utilizaba hasta diez identidades falsas para evadir a las autoridades, mientras seleccionaba a sus víctimas —mujeres de diferentes edades— para atacarlas en caminos solitarios durante la madrugada.Gloria relató que aquella madrugada, fue interceptada por un hombre encapuchado que intentó golpearla con un garrote. Sin embargo, tras un forcejeo en el que el agresor cayó al suelo, ella logró huir y alertar a la comunidad.“Él me mandó el garrotazo, pero yo reaccioné de inmediato y con la mano derecha le di un puño, tumbándole el palo que tenía en la mano”, contó.Después del ataque, asumió un rol activo en la búsqueda de justicia, recolectando pruebas como la vestimenta del sospechoso y colaborando en la elaboración de un retrato hablado, el cual fue clave para que los investigadores siguieran su rastro.“Lo cogí del pelo, le quité la camisa y yo pensaba: ‘yo a este lo he visto en alguna parte’. A este hombre yo lo vi sentado en la tienda de la vecina, este hombre fue el que se me fue encima el día de los cumpleaños", recordó.Pese a que el sospechoso fue capturado en 2023 tras un incidente en Tabio, las sobrevivientes denuncian que, aunque presuntamente estaría vinculado a 11 casos de agresiones y feminicidios, actualmente solo estaría cumpliendo condena por un único proceso. Otros expedientes, incluido el de Gloria, habrían sido archivados o descuidados por el ente acusador.
En la tarde de este viernes, 19 de diciembre, fueron legalizadas las capturas de los exministros del gobierno Petro, Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, por su presunta vinculación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).Se llevó a cabo la audiencia de legalización de captura contra los exministros de Hacienda Ricardo Bonilla y del Interior Luis Fernando Velasco, quienes, según la Fiscalía, habrían hecho parte de un entramado criminal en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.Bonilla fue capturado minutos después de que finalizara la audiencia en el Tribunal Superior de Bogotá, en donde se conoció que la medida era intramural, es decir, cárcel para ambos exministros del gobierno del presidente Gustavo Petro.Mientras tanto, Luis Fernando Velasco se entregó voluntariamente en Cali, ciudad donde reside actualmente.Durante la diligencia la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría le pidieron a la magistrada Leonor Oviedo, que impartiera legalidad sobre las capturas de Velasco y Bonilla.Asimismo, ambos exministros aseguraron durante la audiencia que al momento de sus capturas les fueron respetadas todas sus garantías procesales.La magistrada Oviedo señaló que los exministros podrían ser traslados a la Cárcel la Picota de Bogotá o al sitio de reclusión que asigne el Inpec.Entre los principales argumentos expuestos por el Tribunal Superior de Bogotá para imponer medida intramural, está la persistencia del riesgo institucional y el estado en el que se encuentra la actuación procesal. La magistrada Aura Alexandra Rosero consideró que la detención domiciliaria no resulta suficiente para neutralizar los riesgos advertidos, al no impedir de manera eficaz la posibilidad de articulación indirecta, influencia institucional o interferencia funcional, propias ,según indicó, de estructuras criminales que operan desde niveles altos de poder y bajo esquemas de aparente legalidad.
La muerte de la jueza Vivian Polanía sigue rodeada de interrogantes. La funcionaria judicial fue encontrada sin vida el pasado miércoles 17 de diciembre en su apartamento, ubicado en la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander, junto a su hija de apenas dos meses de nacida, quien fue hallada en buen estado de salud.De acuerdo con el primer reporte entregado por las autoridades, el cuerpo de la jueza fue encontrado en su habitación, sobre la cama y cubierto con una cobija. “En la habitación donde residía la jueza la encontramos muerta en su cama, arropada, y al lado se encontraba un bebé de aproximadamente un mes y medio”, explicó el coronel Fabio Ojeda en diálogo con Mañanas Blu.La Policía indicó que, en una primera inspección, el cuerpo no presentaba signos visibles de violencia. No obstante, fue trasladado a Medicina Legal, entidad que deberá establecer con exactitud las causas del fallecimiento. Las autoridades también señalaron que la menor habría permanecido cerca de 12 horas sin recibir alimento antes de ser encontrada.Vivian Polanía contaba con un esquema de protección asignado por la Unidad Nacional de Protección (UNP), debido a su labor como jueza. Según se informó, la última comunicación que sostuvo fue alrededor de las 8:00 de la noche del día anterior a su muerte.Mientras avanzan las investigaciones, Luis Alexander Maldonado, abogado y amigo cercano de la jueza, entregó detalles sobre el contexto personal y profesional de Polanía. En sus declaraciones, destacó que la funcionaria había recibido múltiples amenazas por sus decisiones judiciales. “Ella tenía muchas amenazas por ser jueza de procesos contra bandas criminales. Negaba beneficios a integrantes de organizaciones delincuenciales. Por eso tenía esquema de protección. Era una jueza incorruptible”, afirmó.Maldonado también recordó que Polanía fue jueza de garantías en el caso de los responsables del asesinato del periodista Jaime Vásquez, un proceso de alto impacto que reforzó su perfil como funcionaria estricta frente al crimen organizado.El abogado rechazó las versiones que apuntan a un posible suicidio y aseguró que la jueza atravesaba un buen momento personal. “Ella estaba feliz con su bebé. Decir que se suicidó no tiene sentido. Vivía en un conjunto cerrado, al que era muy difícil que alguien ingresara. Será Medicina Legal quien determine realmente qué ocurrió”, señaló.Finalmente, frente a la circulación de unos audios en los que la jueza hablaba de presuntos conflictos con una expareja, Maldonado aclaró que esa situación ya había sido superada. “En las grabaciones se refiere a problemas de convivencia con una expareja, pero entiendo que eso ya se había solucionado”, aseguró en declaraciones a El Tiempo.
La decisión de la JEP hace parte del macrocaso que investiga las ejecuciones extrajudiciales cometidas por integrantes del Batallón de Artillería No. 2 La Popa, en el Cesar, entre 2002 y 2005, periodo durante el cual la jurisdicción acreditó la participación de miembros del Ejército en homicidios presentados como bajas en combate.El fallo también incluyó medidas de reparación simbólica dirigidas a las víctimas y a sus familias.Declaración de la defensa:Tras la notificación del fallo, el equipo jurídico del coronel Mejía afirmó que presentará y sustentará el recurso de apelación ante la JEP, al no estar conforme con la decisión de la Sala.“Lo siguiente en el caso del coronel Mejía ante la Jurisdicción Especial para la Paz es la presentación y sustentación del recurso de apelación a la sentencia que hoy nos fue notificada a las partes y al país. Este recurso será interpuesto por la defensa al no encontrarnos conformes con la decisión adoptada por la sala”, indicó la defensa.El abogado reiteró que el oficial no es responsable de los hechos por los cuales fue condenado y aseguró que la defensa acudirá a todos los mecanismos judiciales disponibles para que se le respete el debido proceso y su inocencia.“Tenemos muy claro que si él hubiese sido responsable de las conductas por las que fue condenado, la JEP tiene mecanismos para conceder beneficios a quienes aceptan esa responsabilidad y sin duda hubiese acudido a ellos. Pero reiteramos: él no es responsable y, por consiguiente, seguiremos en ese debate para demostrar su inocencia”, agregó la defensa.Medidas reparativas ordenadas por la JEP:Además de la condena, la sentencia dispuso un conjunto de medidas simbólicas de reparación. Entre ellas, ordenó al Ministerio de Defensa revocar las condecoraciones y felicitaciones otorgadas al coronel Publio Hernán Mejía por los resultados operacionales vinculados con los hechos representativos del patrón de macrocriminalidad probado en la sentencia.Asimismo, la JEP ordenó que, en coordinación con el comandante de la Segunda División del Ejército, se realice un acto público de petición de perdón en nombre de las Fuerzas Militares, en la ciudad de Valledupar, con la participación de las víctimas indirectas reconocidas en el proceso y la presencia del ministro de Defensa, el comandante del Ejército Nacional, y los comandantes de la Segunda División, la Décima Brigada y el Batallón La Popa.