Las autoridades capturaron a Mario Antonio Modesti, alias ‘Mil Caras’, señalado de estafar y drogar a más de 50 personas en distintas ciudades del país, principalmente en Bogotá, Medellín y Bucaramanga. De acuerdo con la investigación, las víctimas eran en su mayoría miembros de la comunidad LGTBQ+, quienes fueron contactados a través de aplicaciones de citas.Según el reporte, Modesti, de nacionalidad venezolana, se presentaba como empresario exitoso o extranjero adinerado, incluso asegurando trabajar en el sector petrolero. Tras generar confianza, acordaba encuentros en hoteles o residencias privadas. Una vez a solas, aprovechaba descuidos para contaminar las bebidas con sustancias tóxicas, dejando a las víctimas en estado de indefensión. En entrevista con Testigo Directo, un ciudadano francés, víctima del hombre, relató que “el último recuerdo concretamente es servir la cerveza, hablar un poco y de ahí la memoria se me fue hasta tres días después”. Otra persona afectada aseguró que permaneció “casi una semana caminando como un zombi” debido a los efectos del narcótico.En ese estado, el presunto delincuente accedía a información personal y financiera, logrando vaciar cuentas bancarias y realizar millonarios retiros. En uno de los casos documentados, el hurto superó los 130 millones de pesos, además de sumas en dólares. Las autoridades también establecieron que alias ‘Mil Caras’ robaba pasaportes y documentos, los cuales modificaba para suplantar identidades y cometer nuevos delitos, una práctica que repetía hasta tres veces por semana mientras se desplazaba por diferentes regiones del país.Tras 60 días de seguimiento, la Policía Metropolitana de Bogotá logró su captura. Las investigaciones indican que Modesti tendría antecedentes por hechos similares desde 2007 en Venezuela.Una de las víctimas advirtió sobre los riesgos del uso de estas plataformas digitales, señalando que “cuando uno pone que es extranjero, para un ladrón uno se pone en la puntería”. Las autoridades continúan recopilando denuncias para establecer la totalidad de los afectados y el monto real del dinero hurtado.
El Ministerio de Justicia se pronunció sobre el pedido de extradición a Reino Unido de Zulma Guzmán, señalada de estar detrás del envenenamiento que causó la muerte de dos menores de edad en Bogotá con talio y quien fue capturada en ese país el pasado martes.Ante esto, el ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, señaló que Reino Unido aún no da el beneplácito para que Zulma Guzmán sea traída de vuelta al país.“Estamos precisamente esperando que dicho beneplácito se dé esta semana para que ya sea cuestión de coordinación entre las entidades del orden nacional de Colombia y del Reino Unido, porque recuerden que ese tipo de situaciones tienen una coordinación de máximo cinco horas. Si todo sale bien, el Gobierno del Reino Unido ya nos dé la autorización para que sea traída a Colombia”, dijo.Ante la pregunta de si existe la posibilidad de que Zulma Guzmán sea extraditada a Colombia antes de que finalice el año, el ministro de Justicia (e) aseguró que ello depende de si la defensa de ella interpone algún recurso.“Esperaríamos que antes de que termine el año llegara, eso está, por supuesto, al margen de cualquier tipo de recurso legal que interponga; entonces, si no hay recursos legales, eso tendría que materializarse esta semana”, aseveró.Zulma Guzmán Castro es requerida por la justicia por su presunta responsabilidad en un caso de homicidio agravado que dejó dos niñas muertas y otras dos personas gravemente afectadas por ingerir frambuesas envenenadas con talio.Guzmán fue detenida esta semana por las autoridades británicas tras la activación de una notificación roja de Interpol. Su localización se produjo en Londres, a orillas del río Támesis, cerca del puente Battersea, luego de un seguimiento internacional que permitió establecer su salida de Colombia y su paso por varios países de América Latina y Europa.
La Fiscalía General de la Nación avanzó en la recuperación de recursos públicos presuntamente desviados en el escándalo de Centros Poblados al imponer medidas de extinción de dominio sobre 23 inmuebles que harían parte del patrimonio de algunos de los implicados en las irregularidades del contrato para llevar internet a escuelas rurales del país.Blu Radio conoció el listado de los bienes afectados, avaluados en más de 65.900 millones de pesos, que estarían vinculados a los hechos irregulares detectados en el contrato suscrito entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y la Unión Temporal Centros Poblados. De acuerdo con la investigación, estas propiedades habrían sido adquiridas con recursos provenientes de las actuaciones ilícitas identificadas en el proceso de contratación y del anticipo que fue entregado de manera irregular.Entre los bienes cobijados por las medidas cautelares se encuentran cinco inmuebles a nombre de la congresista Saray Robayo, actual esposa de Emilio José Tapia Aldana, uno de los principales vinculados al caso. Dentro de estos activos figuran un penthouse ubicado en un edificio de Coveñas; un lote localizado en el municipio de San Bernardo del Viento, en el departamento de Córdoba; y el predio conocido como El Chinchorro, en Montería.Las medidas de extinción de dominio también alcanzaron un inmueble de propiedad de la exministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Karen Abudinen. El bien afectado corresponde a un apartamento ubicado en la ciudad de Barranquilla, sobre el cual la Fiscalía impuso una medida cautelar en atención a decisiones de responsabilidad fiscal proferidas por la Contraloría General de la República en el marco del mismo proceso.Según el director de Extinción del Derecho de Dominio, José Iván Caro, los 23 bienes afectados están distribuidos en los departamentos de Cundinamarca, Atlántico, Córdoba, Sucre, Risaralda y Nariño. El portafolio de activos incluye predios urbanos y rurales, parqueaderos, establecimientos de comercio y participaciones societarias, todos bajo análisis de las autoridades judiciales.Los elementos materiales probatorios recaudados por la Fiscalía indican que parte de estos bienes habría sido adquirida mediante la mezcla de recursos lícitos con dineros de origen ilícito, lo que dio lugar a la aplicación de las causales legales de equivalencia, mezcla y destinación. Además, la investigación estableció que las sociedades que integraron la Unión Temporal Centros Poblados habrían sido utilizadas como instrumento para la comisión de las irregularidades contractuales.
La Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares con fines de extinción del derecho de dominio sobre 23 bienes que harían parte del patrimonio de varios de los presuntos responsables del escándalo de corrupción conocido como el caso Centros Poblados, relacionado con el fallido contrato para llevar internet a escuelas rurales del país.La decisión cobija bienes que pertenecerían a Emilio Tapia, Juan José Laverde, Ottomar Lascarro, Luis Fernando Duque y algunos de sus familiares, todos señalados de haber tenido participación en las irregularidades detectadas en el contrato suscrito entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y la Unión Temporal Centros Poblados.De acuerdo con el director de Extinción del Derecho de Dominio, José Iván Caro, los bienes afectados superan los 65.900 millones de pesos y se encuentran ubicados en los departamentos de Cundinamarca, Atlántico, Córdoba, Sucre, Risaralda y Nariño. Entre los activos objeto de la medida se encuentran predios urbanos y rurales, parqueaderos, establecimientos de comercio y participaciones societarias.Según los elementos materiales probatorios recaudados por la Fiscalía, estas propiedades habrían sido adquiridas con recursos provenientes de las actuaciones ilícitas identificadas en el proceso de contratación, así como del anticipo que fue recibido de manera irregular por la Unión Temporal Centros Poblados. El contrato tenía como objetivo la instalación de centros digitales en 16 departamentos del país, iniciativa que finalmente no se ejecutó conforme a lo pactado.En el desarrollo de la investigación, el ente acusador determinó que parte de los bienes fueron obtenidos mediante la combinación de recursos de origen lícito con dineros producto de actividades ilícitas, lo que dio lugar a la aplicación de las causales de equivalencia, mezcla y destinación previstas en la legislación de extinción de dominio. Además, se estableció que las sociedades que integraron la Unión Temporal habrían sido utilizadas como instrumento para la comisión de las irregularidades contractuales.De manera adicional, y en atención a decisiones de responsabilidad fiscal emitidas por la Contraloría General de la República, la Fiscalía también impuso una medida cautelar sobre un inmueble de propiedad de la exministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Karen Abudinen, en el marco del mismo proceso.Las medidas fueron adoptadas por un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, tras establecerse la imposibilidad de ubicar la totalidad de los recursos desviados en el contrato de Centros Poblados. Con esta actuación, la Fiscalía busca recuperar bienes que, presuntamente, fueron adquiridos con dineros públicos y garantizar su eventual incorporación al patrimonio del Estado, mientras avanzan los procesos judiciales contra los responsables del entramado de corrupción.
Con el arribo de 80 nuevos policías, Bucaramanga refuerza su esquema de seguridad durante las festividades de diciembre y en medio de la alerta nacional por los recientes ataques terroristas registrados en el oriente del país. La Alcaldía de Bucaramanga destacó que este refuerzo permitirá blindar la ciudad y fortalecer la presencia institucional en puntos estratégicos.El brigadier general William Quintero Salazar, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, explicó que los uniformados, hombres y mujeres provenientes de distintas escuelas del país, llegan capacitados y entrenados para cumplir diversas funciones operativas. “Estos policías entrarán a reforzar la vigilancia de los cuadrantes, que es nuestro eje fundamental en el área metropolitana. En buena hora llegan a una ciudad que necesita fortalecer la seguridad, como lo vienen solicitando los ciudadanos”, señaló el oficial.El despliegue no se limita a los nuevos patrulleros. Las labores de control y vigilancia estarán respaldadas por el Grupo de Operaciones Especiales (GOES), cuyas unidades cuentan con entrenamiento avanzado en tácticas de reacción y control. Bajo el liderazgo del brigadier general Quintero y el alcalde Cristian Portilla, el operativo se desplegó de inmediato en el sector bancario y las zonas comerciales del centro de la ciudad.Durante los recorridos, las autoridades visitaron puntos estratégicos como La Isla, donde interactuaron con comerciantes y transeúntes para entregar recomendaciones de seguridad y cerrar los canales a delitos como el hurto y la extorsión, especialmente en esta época de alta actividad comercial.El comando de la Policía Metropolitana de Bucaramanga reiteró dos servicios clave para la ciudadanía durante la temporada decembrina. El primero es el acompañamiento bancario, un servicio gratuito que puede solicitarse a través de la línea 123 para el retiro de grandes sumas de dinero. El segundo es la lucha contra la extorsión, a través de la campaña del GAULA, invitando a comerciantes y ciudadanos a denunciar cualquier intimidación mediante la línea 165.“Estamos en las calles, de cara a la gente. Con estos nuevos uniformados y el apoyo del GOES, buscamos que cada bumangués se sienta seguro al realizar sus compras y trámites bancarios”, puntualizó el general Quintero.
La justicia de El Salvador, donde el presidente Nayib Bukele mantiene una "guerra" contra las pandillas, condenó a decenas de miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13) a varios siglos de prisión, incluido uno a más de mil años de encierro, informó este domingo la Fiscalía.Desde marzo de 2022, Bukele enfrenta a las pandillas amparado en un régimen de excepción que permite arrestos sin orden judicial. Más de 90.000 personas han sido detenidas y unas 8.000 fueron liberadas por ser inocentes, según fuentes oficiales.La Fiscalía señaló en X que 248 pandilleros de la MS-13 fueron condenados por 43 homicidios y 42 desapariciones de personas, entre otros delitos, sin detallar la fecha de la sentencia o si son parte de juicios colectivos.Uno de los miembros de la pandilla, catalogada como "terrorista" por Estados Unidos, recibió una pena de 1.335 años de prisión. Otros 10 fueron condenados, respectivamente, a 958, 880, 739, 745, 739, 702, 639, 543, 530 y 463 años de cárcel.Dentro de los crímenes cometidos entre 2014 y 2022, se encuentra el asesinato de un estudiante universitario y una futbolista, además de casos de extorsión y tráfico de drogas.Los pandilleros "crearon bases en diferentes sectores" de la provincia de La Libertad que "eran utilizadas para planificar" actos delictivos, agregó.El grupo extorsionaba a "víctimas que tenían negocios, exigiéndoles diferentes cantidades de dinero a cambio de no atentar contra sus vidas", añadió la Fiscalía, afín a Bukele.Samuel Ramírez, líder de un movimiento de familiares de presos detenidos por el régimen de excepción que claman su inocencia, dijo a la AFP que comparte que se le "aplique la ley a los delincuentes", pero cuestionó que la sentencia haya cumplido con el "debido proceso"."Lamentablemente, por ahora, no hay transparencia en los procesos judiciales" en El Salvador, señaló Ramírez, quien consideró que las altas penas son "una estrategia populista de marketing" a favor de Bukele.La "guerra" de Bukele redujo los homicidios a niveles históricos en el país, pero grupos de derechos humanos critican su estrategia al denunciar abusos de las fuerzas de seguridad. Desde 2022 han muerto 454 salvadoreños en cárceles, según oenegés.Pese a las críticas, otros gobiernos de la región han anunciado que implementarán medidas similares contra la delincuencia.Bukele acordó recientemente compartir su experiencia con el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, quien enfrenta un aumento de la criminalidad en su país y planea construir una prisión similar al Cecot, la megacárcel salvadoreña símbolo del combate a las pandillas.
Con el inicio de la temporada de Navidad y Año Nuevo, la Policía Nacional reforzó su presencia en Antioquia con la llegada de siete oficiales y 299 patrulleros que se suman al dispositivo de seguridad en el departamento. El objetivo es acompañar a la ciudadanía en una de las épocas de mayor movilidad y concentración de personas, especialmente en zonas turísticas y corredores viales estratégicos.El coronel Luis Muñoz, comandante encargado de la Policía Antioquia, explicó que el refuerzo hace parte del Plan Navidad y se integra a un pie de fuerza que supera los 3.500 uniformados en todo el territorio. Los operativos se enfocan principalmente en municipios del Oriente y el Suroeste antioqueño, donde se incrementan las actividades comerciales y recreativas durante estas fechas."Llevamos a cabo todo el tiempo de manera permanente, contundente, lo que tiene que ver con las capturas por diferentes delitos, la incautación de armas de fuego, lo que tiene que ver con la incautación de pólvora. Continuamos en esa tarea de llevar a cabo esos controles de incautación en este elemento que tanto daño está causando a la comunidad", destacó.Las autoridades mantienen acciones permanentes contra distintos delitos, con capturas, incautación de armas de fuego y controles estrictos al uso y comercialización de pólvora.Según el Sistema de Información Turística de Antioquia, se estima que, por el departamento, se movilicen por vía aérea un millón 300.000 pasajeros, entre vuelos nacionales e internacionales. Por el Aeropuerto Internacional José María Córdova ingresarán cerca de 115.000 viajeros internacionales durante este mes. Desde las terminales de transporte de Medellín se prevé la movilización de un 1.100.000 pasajeros. Igualmente, el sector hotelero proyecta una tasa de ocupación del 70 %. Sobre este punto se refirió el gobernador Andrés Julián Rendón."Para que muchos de los antioqueños y también visitantes que van a ir a las 21 festividades que se van a celebrar en distintos rincones de Antioquia lo puedan hacer de manera segura, para que los retornos puedan transcurrir, no solamente en los viajes de ida, sino los regresos de manera tranquila, sin traumatismos", señaló el gobernador.El dispositivo incluye personal de tránsito y transporte desplegado en las principales vías del departamento, así como 22 zonas de intervención para atención inmediata de emergencias viales. A esto se suman capacidades especializadas como Policía de Turismo, Infancia y Adolescencia, Gaula, Sijín y vigilancia por cuadrantes.La Policía reiteró el llamado a la corresponsabilidad ciudadana: evitar conducir bajo los efectos del alcohol, respetar las normas de tránsito, proteger a los menores y promover la tolerancia como parte de una celebración segura y en paz en todo Antioquia.
Los comerciantes del pasaje comercial Centro de la Moda, ubicado en la carrera 16 entre calles 35 y 36 de Bucaramanga, pidieron a las autoridades una investigación rigurosa para establecer las causas del incendio que este domingo 21 de diciembre destruyó 12 locales y consumió la totalidad de las mercancías. Hasta el momento, se desconoce si la emergencia fue provocada por un cortocircuito o por otra situación.Tras el incendio, el alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, anunció medidas de apoyo para los afectados y se comprometió a avanzar en la reubicación de los comerciantes en diferentes puntos de la ciudad.El mandatario aseguró que en un plazo máximo de 24 horas se brindará una ayuda inicial y se les plantearán alternativas para que puedan continuar con su actividad económica.“La idea es poder darles una ayuda en las próximas horas y definir la reubicación de cada uno de sus establecimientos en puntos importantes de la ciudad, donde Bucaramanga unida pueda ir a apoyarlos”, señaló.Entre tanto, los comerciantes manifestaron su preocupación por las pérdidas económicas, especialmente por tratarse de una temporada clave para las ventas. Marisel Mantilla, propietaria de uno de los locales afectados, aseguró que lo ocurrido deja una situación crítica para quienes dependían de este espacio comercial.“Eso es lo que más duele, porque los locales estaban llenos y hay compromisos de pago de mercancías, sobre todo en esta época que es una buena temporada”, expresó.Las autoridades continúan evaluando los daños mientras avanzan las investigaciones para esclarecer el origen del incendio. Los comerciantes del pasaje comercial Centro de la Moda, ubicado en la carrera 16 entre calles 35 y 36 de Bucaramanga, pidieron a las autoridades una investigación rigurosa para establecer las causas del incendio que este domingo 21 de diciembre destruyó 12 locales y consumió la totalidad de las mercancías. Hasta el momento, se desconoce si la emergencia fue provocada por un cortocircuito o por otra situación.Tras el incendio, el alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, anunció medidas de apoyo para los afectados y se comprometió a avanzar en la reubicación de los comerciantes en diferentes puntos de la ciudad.El mandatario aseguró que en un plazo máximo de 24 horas se brindará una ayuda inicial y se les plantearán alternativas para que puedan continuar con su actividad económica.“La idea es poder darles una ayuda en las próximas 24 horas y definir la reubicación de cada uno de sus establecimientos en puntos importantes de la ciudad, donde Bucaramanga unida pueda ir a apoyarlos”, señaló.Entre tanto, los comerciantes manifestaron su preocupación por las pérdidas económicas, especialmente por tratarse de una temporada clave para las ventas. Marisel Mantilla, propietaria de uno de los locales afectados, aseguró que lo ocurrido deja una situación crítica para quienes dependían de este espacio comercial.“Eso es lo que más duele, porque los locales estaban llenos y hay compromisos de pago de mercancías, sobre todo en esta época que es una buena temporada”, expresó.Las autoridades continúan evaluando los daños mientras avanzan las investigaciones para esclarecer el origen del incendio.
En las próximas horas podrían ser liberados los 18 militares del Ejército Nacional que permanecen secuestrados en el municipio de Carmen del Atrato, Chocó, tras una serie de tensiones entre las comunidades indígenas del resguardo La Puria y la fuerza pública.El hecho se registró el domingo 21 de diciembre de 2025, cuando una unidad del Ejército adelantaba operaciones de vigilancia y control territorial en una zona de fuerte presencia del ELN. De acuerdo con la información oficial, cerca de 200 personas rodearon al grupo de soldados y los trasladaron por la fuerza hasta el resguardo indígena, impidiéndoles continuar su misión constitucional.La Defensoría del Pueblo confirmó que acompañará una misión humanitaria con el objetivo de garantizar el retorno seguro de los uniformados a sus hogares y a su unidad militar. Según la entidad, la situación fue comunicada por la Gobernación del Chocó, que activó los canales institucionales para promover una solución pacífica.Aunque no se ha reportado violencia contra los secuestrados, el Ejército Nacional calificó la acción como una vulneración de la libertad y la integridad personal de sus hombres. Las comunidades, por su parte, habrían solicitado la presencia de organismos del Estado y expresaron su inconformidad con las operaciones militares en su territorio, lo que refleja la compleja relación entre las autoridades y los pueblos étnicos en esta región del país.El departamento del Chocó sigue siendo uno de los más golpeados por el conflicto armado y la ausencia estatal. En esta zona confluyen grupos como el ELN, las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo, que disputan el control de los corredores estratégicos del Pacífico y del occidente antioqueño. Esta realidad ha incrementado la tensión social y la percepción de riesgo entre las comunidades indígenas y afrodescendientes.La Defensoría del Pueblo reiteró su compromiso de proteger los derechos humanos tanto de los soldados como de las comunidades, y aseguró que continuará acompañando las gestiones para lograr la liberación de los 18 militares y fortalecer los espacios de diálogo que eviten nuevas crisis humanitarias en el territorio.
La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH, información detallada y actualizada sobre el proceso de cesión de la posición contractual en el bloque gasífero Sinú-9, un contrato que ha generado alertas por presuntas irregularidades que incluyen señalamientos de tráfico de influencias, ocultamiento de accionistas y posibles vacíos en la cadena de titularidad de los intereses económicos.El ente de control recordó que el contrato de Exploración y Producción de Hidrocarburos E&P No. 25, correspondiente al área Sinú-9, ha registrado múltiples operaciones desde su adjudicación en 2014. Según la Procuraduría, en este periodo se han presentado diversos negocios jurídicos que involucran compra y venta de participaciones e incrementos en los porcentajes de inversión.El requerimiento fue elevado por la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, en el marco de actuaciones preventivas relacionadas con la transferencia de la participación mayoritaria del contrato. Actualmente, la multinacional Maurel & Prom (M&P) firmó para adquirir el 61 por ciento de la licencia de exploración y producción del bloque Sinú-9, lo que activó la revisión del órgano de control.El bloque Sinú-9 ha estado en el centro de la atención pública por la mención del inversionista Serafino Iacono, empresario del sector de petróleo y gas, quien también ha sido relacionado con la venta del apartamento 901 a Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, un negocio por el cual la Fiscalía ya avanzó con el interrogatorio, para establecer si la compra del apartamento que hizo Roa al empresario Iacono se hizo de manera legal o si detrás de la transacción pudo haber existido una estrategia para comprometer presuntamente contratos de Ecopetrol antes de que Roa asumiera la presidencia de la compañía.Sin embargo, en un comunicado, el empresario Iacono ha señalado que ya no hace parte de la administración de NG Energy, empresa que en 2017 adquirió una participación en Sinú-9 mediante acuerdos con Clean Energy.En la solicitud, la Procuraduría advirtió que en las solicitudes recibidas se exponen presuntas irregularidades asociadas a la titularidad real de los intereses económicos, la sucesión de cesiones contractuales y el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato. Por ello, señaló la necesidad de contar con información integral que permita tener un panorama completo de la situación jurídica, contractual y administrativa tanto del contrato como del trámite de cesión en curso.En ese sentido, la Procuraduría solicitó a la ANH un informe detallado que consigne, de manera cronológica, todas las modificaciones en las participaciones de los contratistas del bloque, incluyendo la identificación de cada uno de los inversionistas que han tenido vínculo con el contrato. El requerimiento también abarca a aquellos cuya participación no es visible para el mercado, pero cuyos contratos reposan en los registros de la Agencia.Adicionalmente, el procurador Marcio Melgosa pidió establecer si la ANH ha adelantado actuaciones para verificar el estado procesal actual de los procesos judiciales relacionados con el contrato de Sinú-9, así como las pretensiones formuladas y el posible impacto que podrían tener sobre la cesión de participación actualmente en trámite.La ANH cuenta con un plazo de cinco días hábiles para responder el requerimiento de la Procuraduría. Hasta tanto no se emita un pronunciamiento posterior del órgano de control, la definición sobre la cesión de la participación en el bloque Sinú-9 quedará en suspenso, en un proceso que ahora es objeto de vigilancia preventiva por parte del Ministerio Público.
El caso de Zulma Guzmán Castro se remonta a abril de este año en Bogotá, cuando un regalo terminó convertido en una tragedia. Dos menores de edad, identificadas como Inés de Bedout, de 14 años, y Emilia Forero, de 13, fallecieron tras consumir frambuesas cubiertas con chocolate que fueron enviadas a su vivienda a través de un servicio de mensajería.Las investigaciones establecieron que las frutas contenían talio, un metal pesado altamente tóxico, incoloro e inodoro, que habría sido introducido de manera intencional. La sustancia no solo causó la muerte de las menores, sino que también afectó la salud de otros dos integrantes de la familia.Según la hipótesis de la Fiscalía, el doble homicidio estaría motivado por una venganza personal, relacionada con una presunta relación sentimental extramatrimonial que la empresaria habría sostenido con el padre de una de las víctimas.Tras la muerte de las niñas, Guzmán Castro abandonó el país y emprendió una huida por varios países de Suramérica y Europa, entre ellos Argentina, Brasil y España, hasta ingresar finalmente al Reino Unido el pasado 11 de noviembre.La ubicación de la sospechosa en Londres se logró gracias a un detalle clave: en una transmisión de video se le observó consumiendo agua embotellada de una marca que solo se comercializa en territorio británico. Días después, cerca del puente de Battersea, fue rescatada del río Támesis por la Policía Metropolitana, tras un presunto intento de suicidio.Actualmente, la Fiscalía General de la Nación formalizó ante el Gobierno británico la solicitud de extradición para que responda en Colombia por los delitos de homicidio agravado y tentativa de homicidio.De acuerdo con una investigación revelada por el diario El Tiempo, el pasado 6 de abril de 2025, cuando Forero ya había fallecido y la otra niña, De Bedout, permanecía en estado crítico en una clínica, Zulma Guzmán habría comprado nuevos paquetes de frambuesas.El primer pedido se realizó a la 1:53 de la tarde y, dos horas después, habría efectuado un segundo encargo que incluía frambuesas, tomates, cebollas y aguacates, por un valor total de 29.900 pesos.Sobre la recepción de estos pedidos, un detective entrevistado por El Tiempo indicó que Juan De Bedout —quien reconoció haber sostenido una relación extramatrimonial con Guzmán— fue interrogado. “Solo se tienen nombres, no apellidos. El señor manifestó desconocer si las receptoras pertenecen o no a su entorno, aunque admitió conocer al menos a una persona con uno de esos nombres”, señaló el investigador.Cabe recordar que Zulma Guzmán ha asegurado que dichas compras correspondían a su dieta personal y ha negado de manera reiterada cualquier responsabilidad en la muerte de las menores.
Un caso de violencia intrafamiliar ocurrido en Ciudad de México el pasado 23 de agosto de 2023 volvió a causar conmoción luego de que Pamela Rivera reconstruyera los hechos que terminaron en el asesinato de su madre y su abuela, y con la muerte posterior de su padre, Óscar Rivera, exbeisbolista profesional.Rivera tuvo una destacada trayectoria deportiva, con paso por organizaciones como los Dodgers y la liga mexicana. Sin embargo, tras su retiro del deporte profesional, su situación personal se deterioró progresivamente. Según el testimonio de su hija en el podcast Vos Podés, el ascenso laboral de su esposa, quien comenzó a ocupar cargos directivos, coincidió con una etapa marcada por depresión, consumo desmedido de alcohol y episodios de violencia psicológica y física.La convivencia familiar se agravó durante el confinamiento por la pandemia, periodo en el que, de acuerdo con Pamela, las discusiones constantes y las conductas de control se intensificaron. A pesar del entorno violento, su madre no logró alejarse del agresor, en parte por un sentimiento de compasión. “Mi mamá decía que lo quería dejar pero nunca lo pudo dejar porque decía ‘Ay pobrecito ¿a dónde se va a ir, qué va a hacer de su vida?’”, relató.La mañana del 23 de agosto, Pamela despertó tras escuchar gritos provenientes del interior del apartamento. Al salir de su habitación encontró a su abuela, de 78 años, amarrada con un cinturón y sin conocimiento. Al intentar intervenir, su padre se encerró bajo llave en la habitación principal del inmueble.Mientras las autoridades eran alertadas, Rivera envió un mensaje de texto a su hija, en el que se despedía y daba indicaciones sobre los bienes familiares. Pamela recordó el contenido del mensaje: “Me manda un mensaje larguísimo pidiendo disculpas... ‘perdóname flaquita, lo que hice no es su culpa, ni de mis hermanos. Esto es de ustedes, un terreno, la casa, es de ustedes’”.Cuando la policía logró ingresar a la vivienda, halló sin vida a la madre y a la abuela. De acuerdo con las autoridades, la madre habría sido agredida físicamente antes de recibir un disparo, mientras que la abuela murió tras ser golpeada con la cacha del arma cuando intentó defender a su hija.El agresor fue trasladado a un centro asistencial, donde permaneció en estado vegetal durante siete días. Falleció el 31 de agosto. El hecho dejó a Pamela y a su hermana menor, de nueve años, enfrentando un proceso legal por la sucesión de bienes.Además del impacto emocional, Pamela aseguró haber sido blanco de señalamientos en redes sociales y críticas por parte de familiares que la responsabilizaron por no haber evitado la tragedia. Hoy, afirma que su prioridad es la recuperación emocional y visibilizar la importancia de la atención oportuna en salud mental. “Muchas cosas se hubieran arreglado o calmado si hubieran prestado atención... ¿qué tal si en vez de las drogas y el alcohol hubiera sido la terapia o el amor propio?”, reflexionó.
La Fiscalía solicitó al Ministerio de Justicia tramitar con el gobierno del Reino Unido la extradición de Zulma Guzmán Castro, requerida por la justicia por su presunta responsabilidad en un caso de homicidio agravado que dejó dos niñas muertas y otras dos personas gravemente afectadas, por ingerir frambuesas envenenadas con talio.Guzmán fue detenida esta semana por las autoridades británicas tras la activación de una notificación roja de Interpol. Su localización se produjo en Londres, a orillas del río Támesis, cerca del puente Battersea, luego de un seguimiento internacional que permitió establecer su salida de Colombia y su paso por varios países de América Latina y Europa.La Fiscalía explicó en la solicitud dirigida al ministro de Justicia, Andrés Ibarraga que, tras abandonar el país, la mujer estuvo en Argentina, Brasil y España, antes de ingresar al Reino Unido en noviembre de este año.La investigación penal se originó luego de la muerte de dos niñas que, junto con otros miembros de su entorno familiar, consumieron frambuesas cubiertas de chocolate que estaban contaminadas con talio, un metal pesado altamente tóxico, incoloro e inodoro. El alimento llegó a la vivienda como un supuesto regalo, entregado por un domiciliario, lo que inicialmente generó confusión sobre el origen del envenenamiento y retrasó la identificación de una causa intencional.Según el expediente judicial, los estudios descartaron por completo un accidente o una contaminación fortuita. El talio habría sido incorporado deliberadamente con la intención de causar daño grave o la muerte a quienes los consumieran. La Fiscalía señala a Zulma Guzmán Castro como la persona que habría gestionado el envío de las frambuesas a la vivienda donde se encontraban las víctimas.De acuerdo con la hipótesis del ente acusador, el caso estaría relacionado con un presunto acto de venganza, motivado por una relación sentimental extramatrimonial que Guzmán habría sostenido con el padre de una de las menores fallecidas. Este aspecto, aunque mencionado en el proceso, continúa siendo materia de investigación y análisis probatorio.Tras conocerse la muerte de las niñas, Guzmán salió del país con destino a Argentina, un hecho que reforzó las sospechas en su contra. Posteriormente, la Fiscalía solicitó una orden de captura ante un juez de control de garantías y tramitó la circular roja de Interpol para facilitar su ubicación y detención en el exterior.En el documento de formalización enviado a las autoridades del Reino Unido, la Fiscalía colombiana expone los hechos, las pruebas recaudadas y los delitos por los cuales es requerida Guzmán, entre ellos homicidio agravado cuando la víctima es menor de edad y tentativa de homicidio. La solicitud se sustenta en tratados de cooperación judicial vigentes entre ambos países.
Gloria Mejía, oriunda de la zona rural de El Concilio, en Salgar, Antioquia, y sobreviviente de los ataques de Carlos Rivera, más conocido como el “monstruo de Tabio”, dio su testimonio en el pódcast Conducta Delictiva, donde relató detalles del ataque que sufrió.La mujer contó que en el pueblo comenzaron a circular rumores sobre hechos extraños relacionados con varias mujeres. “Una mujer de la tercera edad apareció muerta y había sido víctima de violación, ocho días después de que su familia estuviera buscándola”, relató.Según explicó, un año después aumentaron los rumores de ataques sexuales contra mujeres de la zona. Tras registrarse tres casos de muerte con características similares, el pánico se apoderó de la comunidad rural.Cabe recordar que este hombre es señalado de acechar y agredir a más de ocho mujeres en zonas rurales de Colombia entre 2019 y 2024. El sujeto, que solía camuflarse como un trabajador de fincas cafeteras, utilizaba hasta diez identidades falsas para evadir a las autoridades, mientras seleccionaba a sus víctimas —mujeres de diferentes edades— para atacarlas en caminos solitarios durante la madrugada.Gloria relató que aquella madrugada, fue interceptada por un hombre encapuchado que intentó golpearla con un garrote. Sin embargo, tras un forcejeo en el que el agresor cayó al suelo, ella logró huir y alertar a la comunidad.“Él me mandó el garrotazo, pero yo reaccioné de inmediato y con la mano derecha le di un puño, tumbándole el palo que tenía en la mano”, contó.Después del ataque, asumió un rol activo en la búsqueda de justicia, recolectando pruebas como la vestimenta del sospechoso y colaborando en la elaboración de un retrato hablado, el cual fue clave para que los investigadores siguieran su rastro.“Lo cogí del pelo, le quité la camisa y yo pensaba: ‘yo a este lo he visto en alguna parte’. A este hombre yo lo vi sentado en la tienda de la vecina, este hombre fue el que se me fue encima el día de los cumpleaños", recordó.Pese a que el sospechoso fue capturado en 2023 tras un incidente en Tabio, las sobrevivientes denuncian que, aunque presuntamente estaría vinculado a 11 casos de agresiones y feminicidios, actualmente solo estaría cumpliendo condena por un único proceso. Otros expedientes, incluido el de Gloria, habrían sido archivados o descuidados por el ente acusador.
En la tarde de este viernes, 19 de diciembre, fueron legalizadas las capturas de los exministros del gobierno Petro, Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, por su presunta vinculación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).Se llevó a cabo la audiencia de legalización de captura contra los exministros de Hacienda Ricardo Bonilla y del Interior Luis Fernando Velasco, quienes, según la Fiscalía, habrían hecho parte de un entramado criminal en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.Bonilla fue capturado minutos después de que finalizara la audiencia en el Tribunal Superior de Bogotá, en donde se conoció que la medida era intramural, es decir, cárcel para ambos exministros del gobierno del presidente Gustavo Petro.Mientras tanto, Luis Fernando Velasco se entregó voluntariamente en Cali, ciudad donde reside actualmente.Durante la diligencia la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría le pidieron a la magistrada Leonor Oviedo, que impartiera legalidad sobre las capturas de Velasco y Bonilla.Asimismo, ambos exministros aseguraron durante la audiencia que al momento de sus capturas les fueron respetadas todas sus garantías procesales.La magistrada Oviedo señaló que los exministros podrían ser traslados a la Cárcel la Picota de Bogotá o al sitio de reclusión que asigne el Inpec.Entre los principales argumentos expuestos por el Tribunal Superior de Bogotá para imponer medida intramural, está la persistencia del riesgo institucional y el estado en el que se encuentra la actuación procesal. La magistrada Aura Alexandra Rosero consideró que la detención domiciliaria no resulta suficiente para neutralizar los riesgos advertidos, al no impedir de manera eficaz la posibilidad de articulación indirecta, influencia institucional o interferencia funcional, propias ,según indicó, de estructuras criminales que operan desde niveles altos de poder y bajo esquemas de aparente legalidad.
La muerte de la jueza Vivian Polanía sigue rodeada de interrogantes. La funcionaria judicial fue encontrada sin vida el pasado miércoles 17 de diciembre en su apartamento, ubicado en la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander, junto a su hija de apenas dos meses de nacida, quien fue hallada en buen estado de salud.De acuerdo con el primer reporte entregado por las autoridades, el cuerpo de la jueza fue encontrado en su habitación, sobre la cama y cubierto con una cobija. “En la habitación donde residía la jueza la encontramos muerta en su cama, arropada, y al lado se encontraba un bebé de aproximadamente un mes y medio”, explicó el coronel Fabio Ojeda en diálogo con Mañanas Blu.La Policía indicó que, en una primera inspección, el cuerpo no presentaba signos visibles de violencia. No obstante, fue trasladado a Medicina Legal, entidad que deberá establecer con exactitud las causas del fallecimiento. Las autoridades también señalaron que la menor habría permanecido cerca de 12 horas sin recibir alimento antes de ser encontrada.Vivian Polanía contaba con un esquema de protección asignado por la Unidad Nacional de Protección (UNP), debido a su labor como jueza. Según se informó, la última comunicación que sostuvo fue alrededor de las 8:00 de la noche del día anterior a su muerte.Mientras avanzan las investigaciones, Luis Alexander Maldonado, abogado y amigo cercano de la jueza, entregó detalles sobre el contexto personal y profesional de Polanía. En sus declaraciones, destacó que la funcionaria había recibido múltiples amenazas por sus decisiones judiciales. “Ella tenía muchas amenazas por ser jueza de procesos contra bandas criminales. Negaba beneficios a integrantes de organizaciones delincuenciales. Por eso tenía esquema de protección. Era una jueza incorruptible”, afirmó.Maldonado también recordó que Polanía fue jueza de garantías en el caso de los responsables del asesinato del periodista Jaime Vásquez, un proceso de alto impacto que reforzó su perfil como funcionaria estricta frente al crimen organizado.El abogado rechazó las versiones que apuntan a un posible suicidio y aseguró que la jueza atravesaba un buen momento personal. “Ella estaba feliz con su bebé. Decir que se suicidó no tiene sentido. Vivía en un conjunto cerrado, al que era muy difícil que alguien ingresara. Será Medicina Legal quien determine realmente qué ocurrió”, señaló.Finalmente, frente a la circulación de unos audios en los que la jueza hablaba de presuntos conflictos con una expareja, Maldonado aclaró que esa situación ya había sido superada. “En las grabaciones se refiere a problemas de convivencia con una expareja, pero entiendo que eso ya se había solucionado”, aseguró en declaraciones a El Tiempo.
La decisión de la JEP hace parte del macrocaso que investiga las ejecuciones extrajudiciales cometidas por integrantes del Batallón de Artillería No. 2 La Popa, en el Cesar, entre 2002 y 2005, periodo durante el cual la jurisdicción acreditó la participación de miembros del Ejército en homicidios presentados como bajas en combate.El fallo también incluyó medidas de reparación simbólica dirigidas a las víctimas y a sus familias.Declaración de la defensa:Tras la notificación del fallo, el equipo jurídico del coronel Mejía afirmó que presentará y sustentará el recurso de apelación ante la JEP, al no estar conforme con la decisión de la Sala.“Lo siguiente en el caso del coronel Mejía ante la Jurisdicción Especial para la Paz es la presentación y sustentación del recurso de apelación a la sentencia que hoy nos fue notificada a las partes y al país. Este recurso será interpuesto por la defensa al no encontrarnos conformes con la decisión adoptada por la sala”, indicó la defensa.El abogado reiteró que el oficial no es responsable de los hechos por los cuales fue condenado y aseguró que la defensa acudirá a todos los mecanismos judiciales disponibles para que se le respete el debido proceso y su inocencia.“Tenemos muy claro que si él hubiese sido responsable de las conductas por las que fue condenado, la JEP tiene mecanismos para conceder beneficios a quienes aceptan esa responsabilidad y sin duda hubiese acudido a ellos. Pero reiteramos: él no es responsable y, por consiguiente, seguiremos en ese debate para demostrar su inocencia”, agregó la defensa.Medidas reparativas ordenadas por la JEP:Además de la condena, la sentencia dispuso un conjunto de medidas simbólicas de reparación. Entre ellas, ordenó al Ministerio de Defensa revocar las condecoraciones y felicitaciones otorgadas al coronel Publio Hernán Mejía por los resultados operacionales vinculados con los hechos representativos del patrón de macrocriminalidad probado en la sentencia.Asimismo, la JEP ordenó que, en coordinación con el comandante de la Segunda División del Ejército, se realice un acto público de petición de perdón en nombre de las Fuerzas Militares, en la ciudad de Valledupar, con la participación de las víctimas indirectas reconocidas en el proceso y la presencia del ministro de Defensa, el comandante del Ejército Nacional, y los comandantes de la Segunda División, la Décima Brigada y el Batallón La Popa.
La Fiscalía General de la Nación desarticuló una red criminal trasnacional dedicada al almacenamiento y distribución de material sexual explícito de niños, niñas y adolescentes, que operaba a través de plataformas de mensajería instantánea y tenía alcance en varios países de América Latina y Europa.La operación se realizó en coordinación con el Centro Cibernético Policial y la Comunidad de Policías de América y es que de acuerdo con la investigación, liderada por una fiscal de la Seccional Bogotá, la estructura ilegal utilizaba una aplicación de mensajería en la que participaban cerca de 100 personas ubicadas en España, Paraguay, Brasil, Ecuador, Perú, Honduras y Colombia.A través de ese canal se compartieron más de 1.275 videos y 539 imágenes que evidencian graves vulneraciones contra menores de entre 5 y 10 años.En las diligencias de registro y allanamiento realizadas en Cali, Medellín y Barranquilla, las autoridades capturaron a tres presuntos integrantes de la red e incautaron dispositivos electrónicos que contienen material probatorio relacionado con abusos sexuales y otras agresiones contra la integridad y formación sexual de menores de edad.Los detenidos fueron presentados ante un juez de control de garantías por fiscales de la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes y les fue imputado el delito de pornografía con menor de 18 años.Se trata de Óscar Luis Espejo Vanegas, Darwin Steven Lara y Juan José Silva Vásquez, quienes no aceptaron los cargos y deberán estar recluidos en la cárcel mientras avanza el proceso.
Mañanas Blu 10:30 conoció unos chats de Whatsapp entre la fiscal Andrea Muñoz y el exabogado de Sandra Ortiz que dejaría en evidencia el control de la fiscal general Luz Adriana Camargo en el caso de la exconsejera, así como la falta de independencia de quienes están llevando dicho expediente. Cabe recordar que Ortiz es relacionada con el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y es señalada de haberle entregado tres mil millones de pesos al presidente del Senado Iván Name.El cuestionamiento a la injerencia de la fiscal Camargo tiene sustento en una directriz que ella misma expidió para dejar este caso en manos de los fiscales delegados ante la Corte Suprema y en la que ella facultó la independencia en la toma de decisiones de los mismos. Camargo podría, incluso, retomar la facultad. Sin embargo, la nuez del asunto, o la irregularidad, tiene que ver con que ella ha dicho que no tiene conocimiento y ha negado su participación en la toma de decisiones.Los chats que serían prueba del control de CamargoMuñoz, fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, quien era titular de la investigación de la UNGRD, fue apartada del mismo en mayo del 2024 por la fiscal general; siguió en el proceso pero como una fiscal auxiliar.La conversación conocida por Blu Radio fue en marzo del 2025, pues a pesar de que Muñoz no era la fiscal principal, ni gozaba para ese momento de poder de decisión. De acuerdo con fuentes cercanas al proceso, sí tenía labores de comunicación en temas de procedimiento, entre otros; y en ese contexto se da la comunicación. Para esa época se revisaba el principio de oportunidad y una solicitud de seguridad para las hijas de la exsenadora de la Alianza Verde.Es importante anotar que para la presentación de esta información, los periodistas lograron corroborar con tres fuentes la veracidad y validez de los aquí publicados.La comunicación inicia el 24 de marzo con un mensaje de la fiscal Andrea Muñoz.“Doctor buenos días. Ayer se solicitó la no remisión de la señora S.O ya que no se ha podido realizar la reunión con la señora Fiscal. Ayer le timbré en la tarde para avisarle pero se iba a buzón, por eso le dejo hoy el mensaje. Gracias doctor”.Al siguiente día el defensor de Sandra Ortiz le envía el link de una noticia que tiene la foto de la exconsejera y en el que se plantea que vienen imputaciones en el caso UNGRD.Se habla de la no remisión del expediente de Sandra Ortiz: en derecho colombiano, la no remisión significa que un caso, investigación, proceso o expediente no se envía o transfiere a otra autoridad o despacho judicial/administrativo para su conocimiento o trámite.. Si se habla de que no se remitió el mismo porque no había reunión con la fiscal aún, se reforzaría la idea de que la fiscal sí estaba teniendo injerencia en la toma de decisiones.Posteriormente, el 26 de marzo Muñoz saluda al abogado, le dice que “la fiscal general está de viaje y no ha podido concretar la doctora María Cristina la reunión con ella, para definir lo de su cliente”. María Cristina Patiño es una de las fiscales titulares actualmente de dicha investigación.Al día siguiente, el 27 de marzo, el abogado le hace una llamada que no es contestada por Muñoz. Pero, al paso de las horas, ella le deja el siguiente mensaje:“Doctor buenas tardes. Espero esté muy bien. Doctor para comentarle que ya me hicieron la entrevista los de protección y mañana la tienen con la doctora María Cristina, el tema se está moviendo. La fiscal está por fuera esta semana, entonces la doctora está pendiente de la reunión con ella, igualmente la próxima semana”.Estos chats cobran relevancia porque dejaría en evidencia cómo, para la toma de decisiones, en un caso donde se han pedido garantías y el respeto por la autonomía de los fiscales delegados, la fiscal general Luz Adriana Camargo es consultada y no se dispone nada sin su aprobación, pero Camargo ha insistido en el rechazo a estos señalamientos.¿Tiene o no injerencia o no la fiscal general en este caso?Cabe recordar que este medio de comunicación reveló en junio de este año la resolución que da respuesta a Sandra Ortiz sobre dicha solicitud de protección para sus hijas y que sería otra de de las pruebas que dan cuenta de la injerencia de la fiscal general en las decisiones del caso de la exconsejera.El documento en el que le niegan la protección a las hijas de Ortiz lo firma Juana Marcela Cárdenas, jefe del departamento de protección y asistencia de la Fiscalía (e). En la tercera página, se cita a la fiscal de conocimiento con lo siguiente: “Lo único presentado por la evaluada y su defensa jurídica, fue una matriz de colaboración donde detalla la información que aportaría a la Fiscalía en virtud de un eventual principio de oportunidad que se encontraba negociando y pendiente de autorización por parte de la señora fiscal general de la Nación”. La resolución detalla las razones por las cuales, según la Fiscalía, Sandra Ortiz y su familia no cumplen con los requisitos para tener este esquema de protección, entre ellas que no tiene un “alto perfil de riesgo”. Sin embargo, lo revelador de la resolución es que la funcionaria dice que la exsenadora no cuenta todavía con un principio de oportunidad que debería aprobar Luz Adriana Camargo.La respuesta de Camargo en junioEn ese momento, Camargo salió a refutar los hechos y en una rueda de prensa dijo que había un error en el documento. Aseguró que le iba a pedir a la “Oficina de Protección y Asistencia que corrija ese acto administrativo, porque ese acto administrativo tiene falsa motivación”.A renglón seguido, subrayó que “no existe ninguna actividad pendiente de aprobación de mi parte, como lo reitera la conducta que yo he seguido desde el día uno frente a la fiscalía y como lo pueden certificar todos los fiscales y directores que han tramitado principios de oportunidad, que dicho sea de paso, junto con sentencias preacordadas, han aumentado exponencialmente en el último año”.Agregó que “no existe esa autorización y por supuesto a quien se niega la protección se le deben dar razones verdaderas sobre esa negativa y no razones simuladas, esa es una razón simulada y es ahí donde está la falsedad”.Fue enfática en señalar que “no he dicho ninguna mentira, lo que dije en ese escrito donde no acepto la recusación que se propuso en el sentido de que no soy yo quien tramita el principio de oportunidad es la única verdad, como lo pueden certificar todos”.En esta última parte, la fiscal se refiere a otra respuesta a una recusación presentada por Pablo Bustos, defensor de las víctimas en el caso de la UNGRD, en la que ella insiste que no tiene injerencia en el caso y que los fiscales delegados gozan de total independencia.La fiscal respondió a la recusación el 13 de mayo en un documento de siete páginas, en el cual no aceptó la solicitud de Bustos. Uno de los argumentos para negarse a ser recusada es que las fiscales asignadas al caso “cuentan con independencia y autonomía para el desarrollo de sus funciones y adoptar decisiones en la investigación a su cargo”, entre ellas María Cristina Patiño, fiscal delegada ante la Corte Suprema de JusticiaBustos argumentó en la recusación que la jefe de la Fiscalía tiene relación directa con implicados clave en un caso que afectará al Gobierno Nacional. Específicamente se refiere al actual magistrado de la Corte Constitucional Vladimir Fernández, quien fungió como secretario jurídico de la Casa de Nariño del actual Gobierno y en su momento, al exdirector del Dapre, Carlos Ramón Gonzalez, sobre quien hoy pesa una circular roja de Interpol por estos hechos de corrupción.Cabe recordar que la Corte en julio de este año rechazó la recusación al concluir que la fiscal no tendría que apartarse de cualquier conocimiento del caso en vista de que Luz Adriana Camargo no es la que instruye el proceso investigativo, para lo cual hay fiscales encargados quienes en su autonomía han tomado decisiones frente a la procesada. Sin embargo, la Corte habla de autonomía en decisiones y lo que aquí se revela es que no existe tal autonomía para la concreción de las mismas.Comisión de Acusación investiga preliminarmente a la fiscal generalEl mismo Pablo Bustos denunció a la fiscal ante la Comisión de Acusación e Investigación por su actuación en este caso y ya fue llamado a ratificar. Bustos pidió que se escuche en esa célula legislativa a Sandra Ortiz y a otros implicados en el proceso.Bustos ha aportado evidencias de que “los hechos para imputar a la exconsejera Sandra Ortiz, eran los mismos para imputar al exdirector del Dapre Carlos Ramón González y, además, solicitar la imposición de medida de aseguramiento”.El defensor insiste en que “la Fiscalía ha negado el preacuerdo y principio de oportunidad a Sandra Ortiz y, por el contrario, los fiscales denunciados se negaron a imputar y solicitar medida de aseguramiento a Carlos Ramón González ni a César Manrique”.Además denunció una “presunta connivencia entre la fiscal general de la Nación y los fiscales 9 y 11 delegados ante la Corte Suprema de Justicia para permitir o facilitar que Carlos Ramón González abandonara el país hacia Nicaragua para evadir la acción penal”.También se revisan los documentos aquí mencionados de junio de este año, que darían cuenta de que, contrario a lo que Luz Adriana Camargo ha afirmado ante la opinión pública, sí estaría tomando decisiones y tiene ascendencia sobre los fiscales que formalmente llevan el caso.¿Qué respuestas hay de todo esto?Preliminarmente, desde la Fiscalía señalaron que estas actuaciones van en concordancia con la que aseguró la Corte Suprema en la respuesta a la recusaciones de Bustos y Ortiz, que la fiscal general sí puede conocer del caso. Y allegaron a este medio la siguiente respuesta: ¿Qué dice el exabogado? Afirmó que revisará la situación antes de cualquier pronunciamiento. ¿Qué respondió la fiscal Andrea Muñoz? Al cierre de este informe este medio no obtuvo una respuesta a la consulta sobre el tema.
La Fiscalía General de la Nación reveló detalles de la investigación que destapó un grave entramado de infiltración en el Ejército, que permitió a Luisa Fernanda Salgado Fernández, una civil que se hacía pasar por capitán, asistir a varias reuniones de coordinación interinstitucional y participar en operaciones tácticas.Según el expediente, la maniobra habría sido posible gracias a la complicidad del mayor Pedronel Jiménez Cárdenas y del suboficial Cristian Padilla Villanueva, quienes presentaron a Salgado como oficial de inteligencia del Batallón de Fuerzas Urbanas n.º 5 (Bafur 5).En los encuentros se destacan eventos como: una reunión de coordinación entre el Gaula y el Bafur 5, en la que se expusieron actividades de inteligencia contra la extorsión y el secuestro en Bogotá y Cundinamarca; un encuentro en las instalaciones del Batallón de Policía Militar n.º 15 (Cantón Norte) con participación de la Policía Militar y la Fiscalía. Una reunión celebrada el 27 de febrero de 2025 en el Batallón de Policía Militar n.º 15 con el Bafur 5, la Policía Nacional, la Fuerza Aérea y la Secretaría Distrital de Seguridad; como también, un encuentro en ese mismo lugar, esta vez entre la Policía Nacional, el Batallón de Contrainteligencia n.º 01, fronteras del Ejército Nacional, Unipol y el Bafur 5.Además, participó en Allanamientos y registros en la localidad de Usme, sector El Refugio, en compañía del Ejército Nacional y CTI de la Fiscalía.También, presentó información presuntamente obtenida en su supuesta calidad de capitán y remitió información a un investigador de Policía Nacional, lo que permitió que el funcionario incorporara esos datos en un reporte oficial. Seguido, se radicó un informe con solicitud de allanamiento a inmuebles, anexando declaraciones juradas y formatos de fuente no formal, por lo cual la civil Salgado intervino en la diligencia de allanamiento en la localidad de Los Mártires, el barrio La Sabana.El expediente describe también una actividad realizada en la Escuela de Caballería, donde, haciéndose pasar como oficial, convocó a un polígono con armamento de uso privativo de las Fuerzas Militares, al que asistieron fiscales, asistentes de fiscal, familiares y hasta menores de edad allegados a Salgado.Con estos hallazgos, la Fiscalía concluyó que Jiménez y Padilla no solo avalaron la presencia de Salgado en escenarios de inteligencia y seguridad nacional, sino que facilitaron la filtración de información clasificada. Los tres fueron judicializados por los delitos de concierto para delinquir agravado, simulación de investidura, revelación de secreto y fraude procesal.
La reciente captura de dos militares y un civil, entre ellos una mujer señalada de haberse hecho pasar por capitán de la Policía, abrió un nuevo capítulo de controversia en la Fuerza Pública. Aunque las autoridades sostienen que los cuatro fueron capturados por un presunto plan de infiltración en unidades estratégicas y áreas cercanas a la Casa de Nariño, salió a la luz una nueva versión cuyo trasfondo estaría vinculado a las operaciones en curso contra el ‘Tren de Aragua’.Según el abogado defensor del mayor Pedro Nel Jiménez, Fernando Vargas, la mujer acusada de hacerse pasar como capitán, no sería una impostora, sino una colaboradora de inteligencia cuya información habría permitido la captura de un importante número de integrantes del grupo criminal de origen venezolano, labor de la cual estuvo al frente el mayor. De hecho, destaca que varios de los uniformados que hoy la señalan, la conocían previamente como informante, por lo que sus ingresos a instalaciones militares se habrían dado precisamente en el marco de esa labor.El abogado advirtió que, probablemente, las capturas de la colaboradora, el mayor y el sargento, terminarían frenando las operaciones que venían desarrollándose contra la red criminal trasnacional. Los hechos por los cuales fueron capturadas estas personas habrían ocurrido dentro de instalaciones militares, teniendo en cuenta que la mujer habría tenido acceso a espacios de alta sensibilidad como la Dirección de Protección de la Policía y el Batallón Guardia Presidencial.Trayectorias en entredichoEntre los capturados figura el mayor del Ejército Pedro Nel Jiménez, comandante del Batallón de Fuerzas Especiales N.º 5, quien durante dos años lideró esa unidad sin que en su hoja de vida se registraran quejas ni investigaciones. De acuerdo con el abogado Vargas, el mayor estaba en lista para ascender en el escalafón militar, pero la situación judicial no solo truncaría su carrera, sino que lo obligaría a salir del país junto a su esposa y tres hijos por las amenazas del ‘Tren de Aragua’.Junto a él fue capturado un sargento con 14 años de servicio en la institución, quien también formó parte mismo batallón, y quien también hizo parte del tercer anillo de seguridad presidencial, muy lejano al presidente Gustavo Petro, por lo que no existió riesgo para la seguridad del mandatario, tal y como confirmó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.Los cargos que enfrentan los cuatro capturados incluyen revelación de secreto, concierto para delinquir, fraude procesal y prevaricato por omisión. La versión oficial indica que se trataba de un plan de infiltración; sin embargo, esta nueva versión estaría desdibujando la supuesta labor de inteligencia contra el Tren de Aragua.Los implicados fueron citados a audiencia a las 8:00 de la mañana, en la que se definirá si deben continuar el proceso en libertad o bajo medida de aseguramiento.
En un operativo conjunto entre el Gaula y la Fiscalía, fueron capturados dos hombres y tres mujeres señalados de integrar la banda conocida como ‘Los Pepos’, dedicada a la extorsión y estafa de ciudadanos desde un centro carcelario.La investigación, que se extendió por ocho meses, permitió establecer que esta red criminal manejaba dos modalidades principales: la ciberextorsión y la denominada falsa encomienda.En la primera, los delincuentes creaban perfiles ficticios en páginas de adultos y redes sociales, simulando ser hombres o mujeres atractivos. Tras ganar la confianza de las víctimas, exigían sumas de dinero y, en algunos casos, manipulaban fotografías para difamar a las personas con mensajes como “pedófilo” o “violador de niñas”, con el fin de aumentar la presión.La segunda modalidad consistía en realizar llamadas suplantando a funcionarios públicos, miembros de la Fuerza Pública o empleados de aerolíneas y aduanas. Los extorsionistas afirmaban que había encomiendas retenidas desde el extranjero y exigían altas sumas de dinero a cambio de evitar supuestas órdenes de captura o procesos judiciales.Detrás de esta operación estaba alias ‘Camilo’, considerado cabecilla del grupo, quien desde la cárcel La Modelo en Bogotá por delitos de hurto y tráfico de estupefacientes, coordinaba toda la estructura. Alias ‘Marlon’ se encargaba de manejar el dinero recaudado, mientras que alias ‘Maritza’, esposa de Camilo, y otros cómplices identificados como ‘Wendy Yurany’, ‘Angie’, ‘Deiver’ y ‘John Jairo’ cumplían funciones como recolectores de las sumas exigidas.De acuerdo con el expediente, fueron identificadas al menos siete víctimas directas, en su mayoría hombres, que perdieron más de 65 millones de pesos. Sin embargo, se estima que la organización llegó a recaudar hasta 1.000 millones de pesos con estas modalidades delictivas.En las diligencias de allanamiento, realizadas en Soacha, Neiva y Medellín, las autoridades incautaron 13 celulares, 14 comprobantes de consignación, 14 tarjetas SIM y varias copias de documentos de identidad que eran utilizados para las operaciones fraudulentas. Los capturados fueron imputados por concierto para delinquir y extorsión agravada, y un juez les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.
El presidente Gustavo Petro, que continúa en Nueva York, en el marco de la Asamblea General de la ONU, respondió a una decisión del Consejo de Estado conocida el pasado 18 de septiembre que le ordenaba borrar una publicación y retractarse en redes tras determinar que tenía afirmaciones sin pruebas contra el gremio de la Andi.Y aunque ya borró el trino en cuestión que había sido publicado el 19 de marzo de 2025, el mandatario aseguró que no comparte la decisión del alto tribunal aclarando que no quiso referirse de manera directa al líder gremial.“Mis expresiones del 19 de marzo, no referían que Bruce Mac Master hubiese incurrido en los ilícitos de discriminación o esclavismo en el sentido literal. Utilice un recurso lingüístico, propio del discurso político. Está figura, ya fue analizada y avalada por el Consejo de Estado, en el fallo del 2 de abril de 2025”, argumentó Petro.En dicha publicación, que tenía 18 párrafos, Petro señalaba a “la Andi de Bruce MacMaster” de “destruir el Gobierno por literal odio étnico” y también la señaló de defender el esclavismo.Para la agremiación, estos términos causaban un daño a su buen nombre y la relacionaba con conductas reprochables y por ello iniciaron la respectiva reclamación.Sin embargo, en la publicación de este miércoles que el presidente reseñó cómo respuesta a la orden del Consejo de Estado, este insistió en que este sector del comercio y la industria sí ha estado en contra de sus programas de Gobierno. Petro pidió no judicializar el debate.“Lo que sí está demostrado, en entrevistas otorgadas, como consecuencia del fallo de tutela, es que el señor Mac Master, enarbolando la representación gremial que ostenta, ha expresado una férrea oposición a las reformas promovidas por mi gobierno, empleando medios y redes sociales, creando ese denominado “foro público” que se me reprocha”, puntualizó Petro.Ante esto, Bruce Mac Master, presidente de la Andi, reaccionó destacando la respuesta del presidente aunque no haya cumplido todas las instrucciones del Consejo de Estado.
La Fiscalía General de la Nación confirmó que un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Jose Urbano Medina Villa, quien en la noche del lunes, 22 de septiembre, atacó con un martillo a su compañera sentimental.La víctima es Fabiana Karina Rincón, una mujer de 35 años, conocida por ser ingeniera ambiental y excandidata a edil. Dentro de su apartamento en el conjunto residencial Prados de Capellanía, en el sector La Felicidad, en Fontibón, el lunes el agresor la golpeó en repetidas ocasiones, ocasionándole serias heridas en el rostro.La gravedad del ataque fue tal que la mujer actualmente permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos con evolución favorable, según la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. En su reporte, la subred informó que, víctima de violencia intrafamiliar, Karina tuvo que ser atendida de urgencia por los equipos de neurocirugía y cirugía maxilofacial, al tener múltiples lesiones ocasionadas con un objeto corto contundente.Tras la agresión, el hombre que además es la pareja sentimental de la víctima, abandonó el inmueble y entregó las llaves a los guardas de seguridad del conjunto residencial, quienes alertaron de inmediato a la Policía Nacional.Horas más tarde, Medina Villa se presentó voluntariamente en el CAI Hayuelos, donde fue capturado y puesto a disposición de un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) Engativá, adscrita a la Seccional Bogotá.Durante las audiencias, la Fiscalía le imputó el delito de feminicidio agravado en grado de tentativa, cargo que el procesado no aceptó. No obstante, el ente acusador presentó elementos de prueba que indicarían que este no sería un hecho aislado, sino parte de un ciclo de violencia física y psicológica ejercida contra la víctima, quien ya habría denunciado previamente el maltrato.El juez del caso acogió la solicitud de la Fiscalía e impuso medida de aseguramiento en centro carcelario, argumentando la gravedad de las lesiones, la presunta reiteración de violencia y el riesgo para la vida de la mujer.Por su parte, la Secretaría Distrital de la Mujer no dio detalles de un acompañamiento previo al caso, pero sí informó que ya está acompañando a la víctima y que asumió su representación en el proceso judicial.