Continúa la conmoción en el departamento del Cesar por el asesinato de una pareja y la hija de la mujer, menor de edad, ocurrido tras salir de una novena en el municipio de Río de Oro. El crimen se registró en la vía que comunica a los corregimientos de Morrison y Los Ángeles.Las víctimas fueron identificadas como Nelly Geraldine García, Anderson Rocha Núñez y la menor de 12 años, Melissa López García. De acuerdo con las autoridades, el ataque ocurrió sobre las 9:45 de la noche, cuando la familia fue interceptada por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta, quienes les dispararon en repetidas ocasiones, causándoles la muerte.Aunque la menor fue trasladada de urgencia a un centro asistencial con ayuda de la comunidad, falleció debido a la gravedad de las heridas. Familiares de las víctimas señalaron que desconocen las causas que habrían motivado el ataque.El alcalde de Río de Oro, Arnoldo Osorio, lamentó lo ocurrido y expresó su preocupación por la situación de orden público en la región. “Es muy triste tener que seguir dando este tipo de noticias, más aún cuando hace pocos días siete héroes de la patria perdieron la vida en el batallón de Juncal”, indicó el mandatario local.Según informaron las autoridades a Noticias Caracol, se conformó un grupo especial de investigación para esclarecer el triple homicidio. Las primeras hipótesis apuntan a posibles disputas territoriales entre grupos armados ilegales con presencia en la zona.“Estos hechos estarían relacionados con disputas territoriales entre grupos armados ilegales que ejercen injerencia en el sector. De manera inmediata se dispuso un equipo de inteligencia para esclarecer lo sucedido y dar con los responsables”, aseguró Rodrigo Manrique Gómez, subcomandante de la Policía del Cesar.El oficial también hizo un llamado a la comunidad para que suministre información que permita avanzar en la investigación, a través de la línea contra el crimen 314 358 7212, garantizando absoluta reserva. Las autoridades recordaron que se ofrece una recompensa de hasta 30 millones de pesos por información que conduzca a la captura de los responsables.
Un teniente coronel de la Policía Nacional fue enviado a la cárcel al ser señalado de presuntamente abusar sexualmente de una subalterna en el departamento de Cundinamarca y de amenazarla con afectar su carrera policial si denunciaba los hechos. La decisión se produjo tras la imputación realizada por la Fiscalía General de la Nación, que presentó elementos materiales probatorios que comprometerían gravemente al oficial.De acuerdo con la investigación, el teniente coronel Cristhian Camilo Villamil Benavides habría aprovechado su posición como comandante del Distrito N.° 2 Sabana del Departamento de Policía de Cundinamarca para intimidar, acosar y finalmente agredir sexualmente a una auxiliar bachiller. Los hechos habrían ocurrido mientras el oficial ejercía autoridad directa sobre la víctima, lo que, según la Fiscalía, generó un escenario de poder, intimidación y estado de indefensión.Las evidencias recaudadas indican que durante varios días el oficial presuntamente persiguió, asedió y realizó insinuaciones indecorosas a la joven. Finalmente, el pasado 8 de diciembre, le habría solicitado que se dirigiera a uno de los alojamientos del Distrito de Policía de Zipaquirá, donde, con pleno conocimiento de su situación de vulnerabilidad, la habría agredido sexualmente.En el curso de la investigación, adelantada bajo un enfoque diferencial y de género, la Fiscalía estableció que el oficial también habría amenazado a la víctima para evitar que denunciara lo ocurrido. Según el ente acusador, Villamil Benavides le advirtió que podía obstruir su ingreso y desarrollo dentro de la institución policial, utilizando su rango y la autoridad que ostentaba para imponer silencio tras la agresión.Durante la audiencia de imputación, un fiscal de la Seccional Cundinamarca le formuló cargos por los delitos de acceso carnal violento agravado y acoso sexual. En su intervención ante el juez, la fiscal del caso sostuvo que el procesado, en su condición de teniente coronel y comandante de distrito, representaba una autoridad directa sobre la víctima, lo que le permitió no solo ejercer violencia psicológica y sexual, sino también intimidarla posteriormente para que guardara silencio, valiéndose de su cargo y del presunto poder que ostentaba dentro de la Policía Nacional.El teniente coronel Villamil Benavides no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía. No obstante, el juez del caso consideró que se cumplían los requisitos legales para imponer una medida de aseguramiento privativa de la libertad, la cual deberá cumplir en un centro de reclusión destinado para integrantes de la Policía Nacional, mientras avanza el proceso penal en su contra.
Las autoridades capturaron a Mario Antonio Modesti, alias ‘Mil Caras’, señalado de estafar y drogar a más de 50 personas en distintas ciudades del país, principalmente en Bogotá, Medellín y Bucaramanga. De acuerdo con la investigación, las víctimas eran en su mayoría miembros de la comunidad LGTBQ+, quienes fueron contactados a través de aplicaciones de citas.Según el reporte, Modesti, de nacionalidad venezolana, se presentaba como empresario exitoso o extranjero adinerado, incluso asegurando trabajar en el sector petrolero. Tras generar confianza, acordaba encuentros en hoteles o residencias privadas. Una vez a solas, aprovechaba descuidos para contaminar las bebidas con sustancias tóxicas, dejando a las víctimas en estado de indefensión. En entrevista con Testigo Directo, un ciudadano francés, víctima del hombre, relató que “el último recuerdo concretamente es servir la cerveza, hablar un poco y de ahí la memoria se me fue hasta tres días después”. Otra persona afectada aseguró que permaneció “casi una semana caminando como un zombi” debido a los efectos del narcótico.En ese estado, el presunto delincuente accedía a información personal y financiera, logrando vaciar cuentas bancarias y realizar millonarios retiros. En uno de los casos documentados, el hurto superó los 130 millones de pesos, además de sumas en dólares. Las autoridades también establecieron que alias ‘Mil Caras’ robaba pasaportes y documentos, los cuales modificaba para suplantar identidades y cometer nuevos delitos, una práctica que repetía hasta tres veces por semana mientras se desplazaba por diferentes regiones del país.Tras 60 días de seguimiento, la Policía Metropolitana de Bogotá logró su captura. Las investigaciones indican que Modesti tendría antecedentes por hechos similares desde 2007 en Venezuela.Una de las víctimas advirtió sobre los riesgos del uso de estas plataformas digitales, señalando que “cuando uno pone que es extranjero, para un ladrón uno se pone en la puntería”. Las autoridades continúan recopilando denuncias para establecer la totalidad de los afectados y el monto real del dinero hurtado.
El Ministerio de Justicia se pronunció sobre el pedido de extradición a Reino Unido de Zulma Guzmán, señalada de estar detrás del envenenamiento que causó la muerte de dos menores de edad en Bogotá con talio y quien fue capturada en ese país el pasado martes.Ante esto, el ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, señaló que Reino Unido aún no da el beneplácito para que Zulma Guzmán sea traída de vuelta al país.“Estamos precisamente esperando que dicho beneplácito se dé esta semana para que ya sea cuestión de coordinación entre las entidades del orden nacional de Colombia y del Reino Unido, porque recuerden que ese tipo de situaciones tienen una coordinación de máximo cinco horas. Si todo sale bien, el Gobierno del Reino Unido ya nos dé la autorización para que sea traída a Colombia”, dijo.Ante la pregunta de si existe la posibilidad de que Zulma Guzmán sea extraditada a Colombia antes de que finalice el año, el ministro de Justicia (e) aseguró que ello depende de si la defensa de ella interpone algún recurso.“Esperaríamos que antes de que termine el año llegara, eso está, por supuesto, al margen de cualquier tipo de recurso legal que interponga; entonces, si no hay recursos legales, eso tendría que materializarse esta semana”, aseveró.Zulma Guzmán Castro es requerida por la justicia por su presunta responsabilidad en un caso de homicidio agravado que dejó dos niñas muertas y otras dos personas gravemente afectadas por ingerir frambuesas envenenadas con talio.Guzmán fue detenida esta semana por las autoridades británicas tras la activación de una notificación roja de Interpol. Su localización se produjo en Londres, a orillas del río Támesis, cerca del puente Battersea, luego de un seguimiento internacional que permitió establecer su salida de Colombia y su paso por varios países de América Latina y Europa.
Un nuevo episodio de violencia en el Catatumbo obligó a 11 familias —unas 30 personas en total— a abandonar la vereda Mineiro, en el municipio de Tibú, Norte de Santander. Las familias, que permanecían confinadas desde la semana pasada debido a los enfrentamientos entre el ELN y el Frente 33 de las disidencias de las Farc, tuvieron que desplazarse hacia Cúcuta para salvaguardar sus vidas.El confinamiento se produjo durante el paro armado decretado por el ELN entre el 14 y el 17 de diciembre, una situación que dejó a las comunidades rurales sin posibilidad de movilidad ni acceso a alimentos, salud o educación. La tensión en la zona sigue siendo alta, mientras persiste la disputa entre los grupos armados por el control del territorio y las rutas ilegales.La Defensoría del Pueblo, en articulación con la Procuraduría General de la Nación y la Unidad para las Víctimas, acompaña a las familias desplazadas y realiza seguimiento al cumplimiento de la ruta de atención integral. En este momento, los afectados se preparan para recibir las primeras ayudas humanitarias que garanticen su alojamiento y alimentación temporal.La Defensoría reiteró su llamado urgente a los grupos armados ilegales para que respeten los derechos de la población civil y cesen las acciones que siguen poniendo en riesgo la vida y la integridad de comunidades enteras en el Catatumbo, una de las regiones más golpeadas por el conflicto armado en el país.
El exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, anunció que se suma a la consulta del Pacto Amplio junto a Roy Barreras, Camilo Romero e Iván Cepeda. “Gracias por la invitación; vamos a trabajar para que esta consulta sea la más votada y derrote a la planteada por la extrema derecha”, afirmó.Quintero tendría un impedimento para participar, ya que la Registraduría considera que hizo parte de la consulta del Pacto Histórico realizada en octubre. Aunque presentó su renuncia, esta se dio fuera de los plazos y sin que un partido confirmara formalmente su dimisión. Además, apareció en el tarjetón y obtuvo más de 1,7 millones de votos.Según Quintero, su inscripción a esa consulta estaba condicionada a que el CNE aprobara la personería jurídica del Pacto Histórico. Tras una medida provisional del Tribunal Superior de Bogotá, en septiembre, que permitió la inscripción de precandidatos, se registró ante la Registraduría. Sin embargo, en octubre el tribunal dejó sin efectos esa decisión y declaró improcedente una tutela previa. Esto también le impidió postularse a la Presidencia recolectando firmas.Cabe mencionar que la Registraduría sostiene que la consulta del Pacto Histórico fue interpartidista, lo que impediría también la participación en la contienda de Iván Cepeda y le obligaría a ir solo a primera vuelta, fraccionando los votos de la izquierda. Cepeda asegura que esto no es verdad, pero la decisión final está en manos del CNE.
Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este lunes, 22 de diciembre de 2025:En el norte de Bogotá, manifestaciones por parte de los recicladores, quienes piden que se cambie el decreto con el que se hace la recolección de los residuos en la capital, mantienen caos en la movilidad desde las 6:00 a. m.En el corregimiento de Santa Helena, en Medellín, un bus de servicio público presuntamente se quedó sin frenos, colisionando con una vivienda y, después, cayendo a un abismo. Hasta el momento, no se reportan personas fallecidas.La Superintendencia de Transporte suspendió por seis meses a la comercializadora ServiSuper LTDA, Centro de Diagnóstido Automotor que expidió la revisión tecnicomecánica del bus en el que se accidentaron y fallecieron los 16 jóvenes del Liceo Antioqueño de Bello, en Antioquia.En el Aeropuerto Internacional El Dorado, se espera que se desplacen más de 7.5 millones de personas durante esta temporada de fiestas de fin de año.En Villavicencio, al menos 7 habitantes de calle resultaron intoxicados por haber consumido lechona presuntamente entregada por una obra de caridad.Pese a que se había anunciado la presunta liberación de los 18 militares secuestrados por una comunidad indígena, la gobernadora del Chocó confirmó que la liberación de los militares aún no se ha realizado y anunció que ya lograron identificar a 4 presuntos líderes de la organización.Escuche el programa completo aquí:
Este lunes, 22 de diciembre, miles de hogares en Colombia se congregan espiritualmente en torno a una de las tradiciones religiosas más entrañables del país: la Novena de Aguinaldos. Celebrada en las noches previas al 24 de diciembre, esta devoción católica reúne a familias, amigos y comunidades para preparar el corazón al nacimiento del Niño Jesús.Hoy corresponde el día 7 de la Novena de Aguinaldos 2025, cuya estructura litúrgica permite una vivencia profunda de la espera navideña. La jornada se acompaña con oraciones solemnes, villancicos populares y momentos de reflexión que enmarcan el significado espiritual del Adviento.Novena de Aguinaldos Día 7 2025 - 22 de diciembrePDF Novena de AguinaldosPara quienes desean seguir la tradición completa, existe la opción de descargar la Novena de Aguinaldos 2025 en formato PDF, facilitando su lectura y uso durante las nueve noches de oración. También puede dirigirse a este enlace para descargarla directamente: Novena de Aguinaldos completa y en PDF.Orden Novena de Aguinaldos: estructura hoy 22 de diciembrePara quienes desean seguir la tradición completa, la Novena de Aguinaldos 2025 mantiene un orden litúrgico que se repite durante los nueve días:Oración para todos los díasConsideraciones del díaOración a la Virgen MaríaOración a San JoséGozos o aspiraciones para la venida del Niño DiosOración al Niño JesúsOración Día 7 Novena de AguinaldosEl séptimo día de la Novena de Aguinaldos recuerda el momento decisivo en que María y José, obedeciendo el edicto del emperador romano Augusto, se ponen en marcha hacia Belén para el empadronamiento, a pesar de la dureza del viaje y del avanzado estado de gestación de la Virgen.Esta escena, aparentemente sencilla, encierra un misterio profundamente espiritual: el Creador del universo, aún no nacido, se somete a las leyes humanas, permitiendo ser contado como un súbdito más del Imperio."Representémonos el viaje de María y José hacia Belén, llevando consigo, aún no nacido, al Creador del universo hecho hombre. Contemplemos la humanidad y la obediencia de este Divino Niño que, aunque de raza judía y habiendo amado durante siglos a su pueblo con una predilección inexplicable, obedece así a un príncipe extranjero que forma el censo de población de su provincia, como si hubiese para Él en esa circunstancia algo que le halagase, y quisiese apresurarse a aprovechar la ocasión de hacerse empadronar oficial y auténticamente como súbdito en el momento en el que venía al mundo. ¿No es extraño que la humillación, que causa tan invencible repugnancia a la criatura, parezca ser la única cosa creada que tenga atractivos para el Creador? ¿No nos enseñará la humildad de Jesús a amar esa hermosa virtud?¡Ah! Que llegue el momento en que aparezca el deseado de las naciones, porque todo clama por este feliz acontecimiento, El mundo, sumido en la oscuridad y el malestar buscando y no encontrando el alivio de sus males, suspira por su Libertador. El anhelo de José, la expectativa de María, son cosa que no puede expresar el lenguaje humano. El Padre Eterno se halla, si es lícito emplear esta expresión adorablemente impaciente por dar a su Hijo único al mundo, y verle ocupar su puesto entre las criaturas visibles. El Espíritu Santo arde en deseos de presentar a la luz del día esta santa humanidad tan bella que Él mismo ha formado con tan especial y divino esmero. En cuando al Divino Niño, objeto de tantos anhelos, recordemos que hacia nosotros avanza lo mismo que hacia Belén. Apresuremos con nuestro deseo el momento de su llegada; purifiquemos nuestras almas para que sean su mística morada, y nuestros corazones para que sean su Manis terrenal; que nuestros actos de mortificación desprendimiento "preparen los caminos del Señor y hagan rectos sus senderos".Las oraciones a la Virgen y a San José: figuras de humildad y fortalezaLa Novena de Aguinaldos 2025 también da un lugar especial a la figura de San José, esposo de María y custodio de Jesús, y a la Virgen, madre del Salvador."¡Oh, Santísimo José, ¡esposo de María y padre putativo de Jesús! Infinitas gracias doy a Dios porque te escogió para tan altos ministerios y te adornó con todos los dones proporcionados a tan excelente grandezaTe ruego por el amor que le tuviste al Divino Niño, me abraces en fervorosos deseos de verle y recibirle sacramentalmente, mientras en su divina esencia le veo y le gozo en el cielo. Amén".Por su parte, la Virgen María es invocada con profunda devoción y gratitud:"Soberana María, que por tus grandes virtudes y especialmente por tu humildad, mereciste que todo un Dios te escogiera para madre suya, te suplico que tú misma prepares y dispongas mi alma y la de todos los que en este tiempo hagan esta novena, para el nacimiento espiritual de tu adorado hijo.¡Oh dulcísima madre!, comunícame algo del profundo recogimiento y divina ternura con que lo aguardaste tú, para que nos hagas menos indignos de verle, amarle y adorarle por toda la eternidad. Amén".Gozos Novena de AguinaldosUno de los momentos más esperados por los niños y adultos son los Gozos de la Novena de Aguinaldos, composiciones líricas que mezclan la súplica espiritual con la alegría popular. Cada estrofa está dirigida al Niño Jesús y finaliza con el famoso estribillo: “Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto”.¡Oh, ¡Sapiencia suma del Diossoberano, que a infantil alcance terebajas sacro! ¡Oh, ¡Divino Niño, venpara enseñarnos la prudencia quehace verdaderos sabios!¡Ven a nuestras almas,Ven no tardes tanto!¡Oh, Adonai potente que Moiséshablando, de Israel al pueblo distelos mandatos! ¡Ah, ven prontamentepara rescatarnos, y que un niñodébil muestre fuerte el brazo!¡Ven a nuestras almas,Ven no tardes tanto!¡Oh, raíz sagrada de José que en loalto presenta al orbe tu fragantenardo! Dulcísimo Niño que has sidollamado Lirio de los valles, Bellaflor del campo.¡Ven a nuestras almas,Ven no tardes tanto!¡Llave de David que abre aldesterrado las cerradas puertasde regio palacio! ¡Sácanos. ¡OhNiño con tu blanca mano, de lacárcel triste que labró el pecado!¡Ven a nuestras almas,Ven no tardes tanto!¡Oh, lumbre de Oriente, sol deeternos rayos, que entre lastinieblas tu esplendor veamos!Niño tan precioso, dicha delcristiano, luzca la sonrisa de tusdulces labios.¡Ven a nuestras almas,Ven no tardes tanto!¡Espejo sin mancha, santo de lossantos, sin igual imagen del Diossoberano! ¡Borra nuestras culpas,salva al desterrado y en forma deniño, da al mísero amparo.¡Ven a nuestras almas,Ven no tardes tanto!¡Rey de las naciones, Emmanuelpreclaro, De Israel anhelo Pastordel rebaño! ¡Niño que apacientascon suave cayado ya la oveja arisca,ya el cordero manso!¡Ven a nuestras almas,Ven no tardes tanto!¡Ábranse los cielos y llueva de loalto bienhechor rocío como riegosanto! ¡Ven hermoso Niño, ven Dioshumanado! ¡Luce, Dios estrella!¡Brota, flor del campo!¡Ven a nuestras almas,Ven no tardes tanto!¡Ven, que ya María previene susbrazos, do sus niños vean, entiempo cercanos! ¡Ven, que ya José,con anhelo sacro, se dispone ahacerse de tu amor sagrario!¡Ven a nuestras almas,Ven no tardes tanto!¡Del débil auxilio, del dolienteamparo, consuelo del triste, luzdel desterrado! ¡Vida de mi vida,mi dueño adorado, mi constanteamigo, mi divino hermano!¡Ven a nuestras almas,Ven no tardes tanto!¡Ven ante mis ojos, de tienamorados! ¡Bese ya tus plantas!¡Bese ya tus manos! ¡Prosternadoen tierra, te tiendo los brazos, yaún más que mis frases, te dice millanto!¡Ven a nuestras almas,Ven no tardes tanto!¡Ven Salvador nuestro por quiensuspiramos.¡Ven a nuestras almas,Ven no tardes tanto!Oración al Niño Jesús: súplica y confianza en la promesa divinaLa Novena finaliza cada noche con la Oración al Niño Jesús, que es una de las más sentidas por los fieles. En ella, se presentan peticiones personales, necesidades familiares y anhelos comunitarios, bajo la certeza de que Jesús escucha a quien ora con fe.Esta oración está inspirada en las revelaciones hechas a Santa Margarita del Santísimo Sacramento, quien transmitió la promesa del Niño Jesús: “Todo lo que quieras pedir, pídelo por los méritos de mi infancia, y nada te será negado”."Acuérdate, ¡Oh dulcísimo Niño Jesús!, que dijiste a la venerable Margarita del Santísimo Sacramento, y en persona suya a todos tus devotos, estas palabras tan consoladoras para nuestra pobre humanidad agobiada y doliente: "Todo lo que quieras pedir, pídelo por los méritos de mi infancia, y nada te será negado.Llenos de confianza en ti, ¡Oh Jesús, que eres la misma verdad!, venimos a exponerte toda nuestra miseria. Ayúdanos a llevar una vida santa, para conseguir una eternidad bienaventurada.Concédenos, por los méritos infinitos de tu encarnación y de tu infancia, la gracia, de la cual necesitamos tanto.Nos entregamos a ti, ¡Oh Niño omnipotente!, seguros de que no quedará frustrada nuestra esperanza, y de que en virtud de tu divina promesa, acogerás y despacharás favorablemente nuestra súplica. Amén".
Las autoridades colombianas suspendieron por seis meses a la compañía Precolombina de Turismo Especializado (Precoltur), dueña del autobús involucrado el 14 de diciembre en un accidente que dejó 16 menores de edad y al conductor del vehículo muertos al caer a un abismo en una carretera del departamento de Antioquia (noroeste).El superintendente de Transporte, Alfredo Enrique Piñeres, detalló este lunes que el autobús accidentado "no cumplió ni siquiera con el 20 %" de la revisión técnico-mecánica, una inspección obligatoria que deben realizar cada año todos los vehículos en Colombia para verificar que cumplan con condiciones mecánicas, eléctricas y de emisiones contaminantes para poder transitar.Por esa razón, la Superintendencia no solo suspendió por seis meses a la compañía Precoltur, sino también al Centro de Diagnóstico Automotriz (CDA) Comercializadora Servisuper, que fue la institución que emitió la revisión técnico-mecánica del autobús accidentado."La Superintendencia abrió una investigación para una próxima sanción tanto al CDA como a la empresa. Pero, de manera preventiva, se acaba de suspender la habilitación del CDA y la habilitación de la empresa Precoltur por un término de seis meses mientras salen las sanciones", expresó Piñeres en una rueda de prensa.Ante esta decisión, Precoltur señaló que "no ha sido notificada oficialmente de esta decisión" y recordó que desde el 15 de diciembre ha recibido en sus instalaciones a "las autoridades competentes" y ha entregado "toda la información solicitada"."Reiteramos nuestro compromiso de colaboración con las autoridades correspondientes. Asimismo, informamos que nuestro equipo jurídico se encuentra trabajando con el fin de que no se vean afectados nuestros afiliados", agregó la empresa en un comunicado.El autobús había partido de la localidad turística de Tolú, en el departamento caribeño de Sucre, lugar donde los estudiantes se encontraban de excursión. El accidente, cuyas causas aún se desconocen, ocurrió en el sector El Chispero, del municipio de Remedios.La Superintendencia, agregó Piñeres, ya empezó "a recoger todas las pruebas de lo ocurrido con el bus" y encontró "cosas bastante (...) terroríficas".
La Fiscalía General de la Nación avanzó en la recuperación de recursos públicos presuntamente desviados en el escándalo de Centros Poblados al imponer medidas de extinción de dominio sobre 23 inmuebles que harían parte del patrimonio de algunos de los implicados en las irregularidades del contrato para llevar internet a escuelas rurales del país.Blu Radio conoció el listado de los bienes afectados, avaluados en más de 65.900 millones de pesos, que estarían vinculados a los hechos irregulares detectados en el contrato suscrito entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y la Unión Temporal Centros Poblados. De acuerdo con la investigación, estas propiedades habrían sido adquiridas con recursos provenientes de las actuaciones ilícitas identificadas en el proceso de contratación y del anticipo que fue entregado de manera irregular.Entre los bienes cobijados por las medidas cautelares se encuentran cinco inmuebles a nombre de la congresista Saray Robayo, actual esposa de Emilio José Tapia Aldana, uno de los principales vinculados al caso. Dentro de estos activos figuran un penthouse ubicado en un edificio de Coveñas; un lote localizado en el municipio de San Bernardo del Viento, en el departamento de Córdoba; y el predio conocido como El Chinchorro, en Montería.Las medidas de extinción de dominio también alcanzaron un inmueble de propiedad de la exministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Karen Abudinen. El bien afectado corresponde a un apartamento ubicado en la ciudad de Barranquilla, sobre el cual la Fiscalía impuso una medida cautelar en atención a decisiones de responsabilidad fiscal proferidas por la Contraloría General de la República en el marco del mismo proceso.Según el director de Extinción del Derecho de Dominio, José Iván Caro, los 23 bienes afectados están distribuidos en los departamentos de Cundinamarca, Atlántico, Córdoba, Sucre, Risaralda y Nariño. El portafolio de activos incluye predios urbanos y rurales, parqueaderos, establecimientos de comercio y participaciones societarias, todos bajo análisis de las autoridades judiciales.Los elementos materiales probatorios recaudados por la Fiscalía indican que parte de estos bienes habría sido adquirida mediante la mezcla de recursos lícitos con dineros de origen ilícito, lo que dio lugar a la aplicación de las causales legales de equivalencia, mezcla y destinación. Además, la investigación estableció que las sociedades que integraron la Unión Temporal Centros Poblados habrían sido utilizadas como instrumento para la comisión de las irregularidades contractuales.
La Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares con fines de extinción del derecho de dominio sobre 23 bienes que harían parte del patrimonio de varios de los presuntos responsables del escándalo de corrupción conocido como el caso Centros Poblados, relacionado con el fallido contrato para llevar internet a escuelas rurales del país.La decisión cobija bienes que pertenecerían a Emilio Tapia, Juan José Laverde, Ottomar Lascarro, Luis Fernando Duque y algunos de sus familiares, todos señalados de haber tenido participación en las irregularidades detectadas en el contrato suscrito entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y la Unión Temporal Centros Poblados.De acuerdo con el director de Extinción del Derecho de Dominio, José Iván Caro, los bienes afectados superan los 65.900 millones de pesos y se encuentran ubicados en los departamentos de Cundinamarca, Atlántico, Córdoba, Sucre, Risaralda y Nariño. Entre los activos objeto de la medida se encuentran predios urbanos y rurales, parqueaderos, establecimientos de comercio y participaciones societarias.Según los elementos materiales probatorios recaudados por la Fiscalía, estas propiedades habrían sido adquiridas con recursos provenientes de las actuaciones ilícitas identificadas en el proceso de contratación, así como del anticipo que fue recibido de manera irregular por la Unión Temporal Centros Poblados. El contrato tenía como objetivo la instalación de centros digitales en 16 departamentos del país, iniciativa que finalmente no se ejecutó conforme a lo pactado.En el desarrollo de la investigación, el ente acusador determinó que parte de los bienes fueron obtenidos mediante la combinación de recursos de origen lícito con dineros producto de actividades ilícitas, lo que dio lugar a la aplicación de las causales de equivalencia, mezcla y destinación previstas en la legislación de extinción de dominio. Además, se estableció que las sociedades que integraron la Unión Temporal habrían sido utilizadas como instrumento para la comisión de las irregularidades contractuales.De manera adicional, y en atención a decisiones de responsabilidad fiscal emitidas por la Contraloría General de la República, la Fiscalía también impuso una medida cautelar sobre un inmueble de propiedad de la exministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Karen Abudinen, en el marco del mismo proceso.Las medidas fueron adoptadas por un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, tras establecerse la imposibilidad de ubicar la totalidad de los recursos desviados en el contrato de Centros Poblados. Con esta actuación, la Fiscalía busca recuperar bienes que, presuntamente, fueron adquiridos con dineros públicos y garantizar su eventual incorporación al patrimonio del Estado, mientras avanzan los procesos judiciales contra los responsables del entramado de corrupción.
La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH, información detallada y actualizada sobre el proceso de cesión de la posición contractual en el bloque gasífero Sinú-9, un contrato que ha generado alertas por presuntas irregularidades que incluyen señalamientos de tráfico de influencias, ocultamiento de accionistas y posibles vacíos en la cadena de titularidad de los intereses económicos.El ente de control recordó que el contrato de Exploración y Producción de Hidrocarburos E&P No. 25, correspondiente al área Sinú-9, ha registrado múltiples operaciones desde su adjudicación en 2014. Según la Procuraduría, en este periodo se han presentado diversos negocios jurídicos que involucran compra y venta de participaciones e incrementos en los porcentajes de inversión.El requerimiento fue elevado por la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, en el marco de actuaciones preventivas relacionadas con la transferencia de la participación mayoritaria del contrato. Actualmente, la multinacional Maurel & Prom (M&P) firmó para adquirir el 61 por ciento de la licencia de exploración y producción del bloque Sinú-9, lo que activó la revisión del órgano de control.El bloque Sinú-9 ha estado en el centro de la atención pública por la mención del inversionista Serafino Iacono, empresario del sector de petróleo y gas, quien también ha sido relacionado con la venta del apartamento 901 a Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, un negocio por el cual la Fiscalía ya avanzó con el interrogatorio, para establecer si la compra del apartamento que hizo Roa al empresario Iacono se hizo de manera legal o si detrás de la transacción pudo haber existido una estrategia para comprometer presuntamente contratos de Ecopetrol antes de que Roa asumiera la presidencia de la compañía.Sin embargo, en un comunicado, el empresario Iacono ha señalado que ya no hace parte de la administración de NG Energy, empresa que en 2017 adquirió una participación en Sinú-9 mediante acuerdos con Clean Energy.En la solicitud, la Procuraduría advirtió que en las solicitudes recibidas se exponen presuntas irregularidades asociadas a la titularidad real de los intereses económicos, la sucesión de cesiones contractuales y el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato. Por ello, señaló la necesidad de contar con información integral que permita tener un panorama completo de la situación jurídica, contractual y administrativa tanto del contrato como del trámite de cesión en curso.En ese sentido, la Procuraduría solicitó a la ANH un informe detallado que consigne, de manera cronológica, todas las modificaciones en las participaciones de los contratistas del bloque, incluyendo la identificación de cada uno de los inversionistas que han tenido vínculo con el contrato. El requerimiento también abarca a aquellos cuya participación no es visible para el mercado, pero cuyos contratos reposan en los registros de la Agencia.Adicionalmente, el procurador Marcio Melgosa pidió establecer si la ANH ha adelantado actuaciones para verificar el estado procesal actual de los procesos judiciales relacionados con el contrato de Sinú-9, así como las pretensiones formuladas y el posible impacto que podrían tener sobre la cesión de participación actualmente en trámite.La ANH cuenta con un plazo de cinco días hábiles para responder el requerimiento de la Procuraduría. Hasta tanto no se emita un pronunciamiento posterior del órgano de control, la definición sobre la cesión de la participación en el bloque Sinú-9 quedará en suspenso, en un proceso que ahora es objeto de vigilancia preventiva por parte del Ministerio Público.
El caso de Zulma Guzmán Castro se remonta a abril de este año en Bogotá, cuando un regalo terminó convertido en una tragedia. Dos menores de edad, identificadas como Inés de Bedout, de 14 años, y Emilia Forero, de 13, fallecieron tras consumir frambuesas cubiertas con chocolate que fueron enviadas a su vivienda a través de un servicio de mensajería.Las investigaciones establecieron que las frutas contenían talio, un metal pesado altamente tóxico, incoloro e inodoro, que habría sido introducido de manera intencional. La sustancia no solo causó la muerte de las menores, sino que también afectó la salud de otros dos integrantes de la familia.Según la hipótesis de la Fiscalía, el doble homicidio estaría motivado por una venganza personal, relacionada con una presunta relación sentimental extramatrimonial que la empresaria habría sostenido con el padre de una de las víctimas.Tras la muerte de las niñas, Guzmán Castro abandonó el país y emprendió una huida por varios países de Suramérica y Europa, entre ellos Argentina, Brasil y España, hasta ingresar finalmente al Reino Unido el pasado 11 de noviembre.La ubicación de la sospechosa en Londres se logró gracias a un detalle clave: en una transmisión de video se le observó consumiendo agua embotellada de una marca que solo se comercializa en territorio británico. Días después, cerca del puente de Battersea, fue rescatada del río Támesis por la Policía Metropolitana, tras un presunto intento de suicidio.Actualmente, la Fiscalía General de la Nación formalizó ante el Gobierno británico la solicitud de extradición para que responda en Colombia por los delitos de homicidio agravado y tentativa de homicidio.De acuerdo con una investigación revelada por el diario El Tiempo, el pasado 6 de abril de 2025, cuando Forero ya había fallecido y la otra niña, De Bedout, permanecía en estado crítico en una clínica, Zulma Guzmán habría comprado nuevos paquetes de frambuesas.El primer pedido se realizó a la 1:53 de la tarde y, dos horas después, habría efectuado un segundo encargo que incluía frambuesas, tomates, cebollas y aguacates, por un valor total de 29.900 pesos.Sobre la recepción de estos pedidos, un detective entrevistado por El Tiempo indicó que Juan De Bedout —quien reconoció haber sostenido una relación extramatrimonial con Guzmán— fue interrogado. “Solo se tienen nombres, no apellidos. El señor manifestó desconocer si las receptoras pertenecen o no a su entorno, aunque admitió conocer al menos a una persona con uno de esos nombres”, señaló el investigador.Cabe recordar que Zulma Guzmán ha asegurado que dichas compras correspondían a su dieta personal y ha negado de manera reiterada cualquier responsabilidad en la muerte de las menores.
Un caso de violencia intrafamiliar ocurrido en Ciudad de México el pasado 23 de agosto de 2023 volvió a causar conmoción luego de que Pamela Rivera reconstruyera los hechos que terminaron en el asesinato de su madre y su abuela, y con la muerte posterior de su padre, Óscar Rivera, exbeisbolista profesional.Rivera tuvo una destacada trayectoria deportiva, con paso por organizaciones como los Dodgers y la liga mexicana. Sin embargo, tras su retiro del deporte profesional, su situación personal se deterioró progresivamente. Según el testimonio de su hija en el podcast Vos Podés, el ascenso laboral de su esposa, quien comenzó a ocupar cargos directivos, coincidió con una etapa marcada por depresión, consumo desmedido de alcohol y episodios de violencia psicológica y física.La convivencia familiar se agravó durante el confinamiento por la pandemia, periodo en el que, de acuerdo con Pamela, las discusiones constantes y las conductas de control se intensificaron. A pesar del entorno violento, su madre no logró alejarse del agresor, en parte por un sentimiento de compasión. “Mi mamá decía que lo quería dejar pero nunca lo pudo dejar porque decía ‘Ay pobrecito ¿a dónde se va a ir, qué va a hacer de su vida?’”, relató.La mañana del 23 de agosto, Pamela despertó tras escuchar gritos provenientes del interior del apartamento. Al salir de su habitación encontró a su abuela, de 78 años, amarrada con un cinturón y sin conocimiento. Al intentar intervenir, su padre se encerró bajo llave en la habitación principal del inmueble.Mientras las autoridades eran alertadas, Rivera envió un mensaje de texto a su hija, en el que se despedía y daba indicaciones sobre los bienes familiares. Pamela recordó el contenido del mensaje: “Me manda un mensaje larguísimo pidiendo disculpas... ‘perdóname flaquita, lo que hice no es su culpa, ni de mis hermanos. Esto es de ustedes, un terreno, la casa, es de ustedes’”.Cuando la policía logró ingresar a la vivienda, halló sin vida a la madre y a la abuela. De acuerdo con las autoridades, la madre habría sido agredida físicamente antes de recibir un disparo, mientras que la abuela murió tras ser golpeada con la cacha del arma cuando intentó defender a su hija.El agresor fue trasladado a un centro asistencial, donde permaneció en estado vegetal durante siete días. Falleció el 31 de agosto. El hecho dejó a Pamela y a su hermana menor, de nueve años, enfrentando un proceso legal por la sucesión de bienes.Además del impacto emocional, Pamela aseguró haber sido blanco de señalamientos en redes sociales y críticas por parte de familiares que la responsabilizaron por no haber evitado la tragedia. Hoy, afirma que su prioridad es la recuperación emocional y visibilizar la importancia de la atención oportuna en salud mental. “Muchas cosas se hubieran arreglado o calmado si hubieran prestado atención... ¿qué tal si en vez de las drogas y el alcohol hubiera sido la terapia o el amor propio?”, reflexionó.
La Fiscalía solicitó al Ministerio de Justicia tramitar con el gobierno del Reino Unido la extradición de Zulma Guzmán Castro, requerida por la justicia por su presunta responsabilidad en un caso de homicidio agravado que dejó dos niñas muertas y otras dos personas gravemente afectadas, por ingerir frambuesas envenenadas con talio.Guzmán fue detenida esta semana por las autoridades británicas tras la activación de una notificación roja de Interpol. Su localización se produjo en Londres, a orillas del río Támesis, cerca del puente Battersea, luego de un seguimiento internacional que permitió establecer su salida de Colombia y su paso por varios países de América Latina y Europa.La Fiscalía explicó en la solicitud dirigida al ministro de Justicia, Andrés Ibarraga que, tras abandonar el país, la mujer estuvo en Argentina, Brasil y España, antes de ingresar al Reino Unido en noviembre de este año.La investigación penal se originó luego de la muerte de dos niñas que, junto con otros miembros de su entorno familiar, consumieron frambuesas cubiertas de chocolate que estaban contaminadas con talio, un metal pesado altamente tóxico, incoloro e inodoro. El alimento llegó a la vivienda como un supuesto regalo, entregado por un domiciliario, lo que inicialmente generó confusión sobre el origen del envenenamiento y retrasó la identificación de una causa intencional.Según el expediente judicial, los estudios descartaron por completo un accidente o una contaminación fortuita. El talio habría sido incorporado deliberadamente con la intención de causar daño grave o la muerte a quienes los consumieran. La Fiscalía señala a Zulma Guzmán Castro como la persona que habría gestionado el envío de las frambuesas a la vivienda donde se encontraban las víctimas.De acuerdo con la hipótesis del ente acusador, el caso estaría relacionado con un presunto acto de venganza, motivado por una relación sentimental extramatrimonial que Guzmán habría sostenido con el padre de una de las menores fallecidas. Este aspecto, aunque mencionado en el proceso, continúa siendo materia de investigación y análisis probatorio.Tras conocerse la muerte de las niñas, Guzmán salió del país con destino a Argentina, un hecho que reforzó las sospechas en su contra. Posteriormente, la Fiscalía solicitó una orden de captura ante un juez de control de garantías y tramitó la circular roja de Interpol para facilitar su ubicación y detención en el exterior.En el documento de formalización enviado a las autoridades del Reino Unido, la Fiscalía colombiana expone los hechos, las pruebas recaudadas y los delitos por los cuales es requerida Guzmán, entre ellos homicidio agravado cuando la víctima es menor de edad y tentativa de homicidio. La solicitud se sustenta en tratados de cooperación judicial vigentes entre ambos países.
Gloria Mejía, oriunda de la zona rural de El Concilio, en Salgar, Antioquia, y sobreviviente de los ataques de Carlos Rivera, más conocido como el “monstruo de Tabio”, dio su testimonio en el pódcast Conducta Delictiva, donde relató detalles del ataque que sufrió.La mujer contó que en el pueblo comenzaron a circular rumores sobre hechos extraños relacionados con varias mujeres. “Una mujer de la tercera edad apareció muerta y había sido víctima de violación, ocho días después de que su familia estuviera buscándola”, relató.Según explicó, un año después aumentaron los rumores de ataques sexuales contra mujeres de la zona. Tras registrarse tres casos de muerte con características similares, el pánico se apoderó de la comunidad rural.Cabe recordar que este hombre es señalado de acechar y agredir a más de ocho mujeres en zonas rurales de Colombia entre 2019 y 2024. El sujeto, que solía camuflarse como un trabajador de fincas cafeteras, utilizaba hasta diez identidades falsas para evadir a las autoridades, mientras seleccionaba a sus víctimas —mujeres de diferentes edades— para atacarlas en caminos solitarios durante la madrugada.Gloria relató que aquella madrugada, fue interceptada por un hombre encapuchado que intentó golpearla con un garrote. Sin embargo, tras un forcejeo en el que el agresor cayó al suelo, ella logró huir y alertar a la comunidad.“Él me mandó el garrotazo, pero yo reaccioné de inmediato y con la mano derecha le di un puño, tumbándole el palo que tenía en la mano”, contó.Después del ataque, asumió un rol activo en la búsqueda de justicia, recolectando pruebas como la vestimenta del sospechoso y colaborando en la elaboración de un retrato hablado, el cual fue clave para que los investigadores siguieran su rastro.“Lo cogí del pelo, le quité la camisa y yo pensaba: ‘yo a este lo he visto en alguna parte’. A este hombre yo lo vi sentado en la tienda de la vecina, este hombre fue el que se me fue encima el día de los cumpleaños", recordó.Pese a que el sospechoso fue capturado en 2023 tras un incidente en Tabio, las sobrevivientes denuncian que, aunque presuntamente estaría vinculado a 11 casos de agresiones y feminicidios, actualmente solo estaría cumpliendo condena por un único proceso. Otros expedientes, incluido el de Gloria, habrían sido archivados o descuidados por el ente acusador.
En la tarde de este viernes, 19 de diciembre, fueron legalizadas las capturas de los exministros del gobierno Petro, Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, por su presunta vinculación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).Se llevó a cabo la audiencia de legalización de captura contra los exministros de Hacienda Ricardo Bonilla y del Interior Luis Fernando Velasco, quienes, según la Fiscalía, habrían hecho parte de un entramado criminal en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.Bonilla fue capturado minutos después de que finalizara la audiencia en el Tribunal Superior de Bogotá, en donde se conoció que la medida era intramural, es decir, cárcel para ambos exministros del gobierno del presidente Gustavo Petro.Mientras tanto, Luis Fernando Velasco se entregó voluntariamente en Cali, ciudad donde reside actualmente.Durante la diligencia la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría le pidieron a la magistrada Leonor Oviedo, que impartiera legalidad sobre las capturas de Velasco y Bonilla.Asimismo, ambos exministros aseguraron durante la audiencia que al momento de sus capturas les fueron respetadas todas sus garantías procesales.La magistrada Oviedo señaló que los exministros podrían ser traslados a la Cárcel la Picota de Bogotá o al sitio de reclusión que asigne el Inpec.Entre los principales argumentos expuestos por el Tribunal Superior de Bogotá para imponer medida intramural, está la persistencia del riesgo institucional y el estado en el que se encuentra la actuación procesal. La magistrada Aura Alexandra Rosero consideró que la detención domiciliaria no resulta suficiente para neutralizar los riesgos advertidos, al no impedir de manera eficaz la posibilidad de articulación indirecta, influencia institucional o interferencia funcional, propias ,según indicó, de estructuras criminales que operan desde niveles altos de poder y bajo esquemas de aparente legalidad.
La muerte de la jueza Vivian Polanía sigue rodeada de interrogantes. La funcionaria judicial fue encontrada sin vida el pasado miércoles 17 de diciembre en su apartamento, ubicado en la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander, junto a su hija de apenas dos meses de nacida, quien fue hallada en buen estado de salud.De acuerdo con el primer reporte entregado por las autoridades, el cuerpo de la jueza fue encontrado en su habitación, sobre la cama y cubierto con una cobija. “En la habitación donde residía la jueza la encontramos muerta en su cama, arropada, y al lado se encontraba un bebé de aproximadamente un mes y medio”, explicó el coronel Fabio Ojeda en diálogo con Mañanas Blu.La Policía indicó que, en una primera inspección, el cuerpo no presentaba signos visibles de violencia. No obstante, fue trasladado a Medicina Legal, entidad que deberá establecer con exactitud las causas del fallecimiento. Las autoridades también señalaron que la menor habría permanecido cerca de 12 horas sin recibir alimento antes de ser encontrada.Vivian Polanía contaba con un esquema de protección asignado por la Unidad Nacional de Protección (UNP), debido a su labor como jueza. Según se informó, la última comunicación que sostuvo fue alrededor de las 8:00 de la noche del día anterior a su muerte.Mientras avanzan las investigaciones, Luis Alexander Maldonado, abogado y amigo cercano de la jueza, entregó detalles sobre el contexto personal y profesional de Polanía. En sus declaraciones, destacó que la funcionaria había recibido múltiples amenazas por sus decisiones judiciales. “Ella tenía muchas amenazas por ser jueza de procesos contra bandas criminales. Negaba beneficios a integrantes de organizaciones delincuenciales. Por eso tenía esquema de protección. Era una jueza incorruptible”, afirmó.Maldonado también recordó que Polanía fue jueza de garantías en el caso de los responsables del asesinato del periodista Jaime Vásquez, un proceso de alto impacto que reforzó su perfil como funcionaria estricta frente al crimen organizado.El abogado rechazó las versiones que apuntan a un posible suicidio y aseguró que la jueza atravesaba un buen momento personal. “Ella estaba feliz con su bebé. Decir que se suicidó no tiene sentido. Vivía en un conjunto cerrado, al que era muy difícil que alguien ingresara. Será Medicina Legal quien determine realmente qué ocurrió”, señaló.Finalmente, frente a la circulación de unos audios en los que la jueza hablaba de presuntos conflictos con una expareja, Maldonado aclaró que esa situación ya había sido superada. “En las grabaciones se refiere a problemas de convivencia con una expareja, pero entiendo que eso ya se había solucionado”, aseguró en declaraciones a El Tiempo.
El nombre de Pedro Rodríguez era prácticamente desconocido para la opinión pública, pero en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) ejerció un papel central. Fue asesor jurídico y la mano derecha de Olmedo López, exdirector de la entidad, en medio del escándalo por el supuesto pago de coimas con recursos destinados a atender a poblaciones vulnerables.Desde la cárcel, Rodríguez decidió colaborar con la justicia y entregó a la Fiscalía una matriz de colaboración que revela un entramado de direccionamientos contractuales, sobrecostos y favorecimientos que salpican a figuras políticas y exfuncionarios de alto nivel, reveló Noticia Caracol.Uno de los casos más delicados corresponde a la reconstrucción de Mocoa, Putumayo, tras la avalancha de 2017. Según Rodríguez, Olmedo López y Alethia Arango, quien llegó a la UNGRD tras ocupar cargos en la Alcaldía de Medellín, modificaron convenios interadministrativos para adjudicar a dedo contratos millonarios. Entre ellos, el de casi mil viviendas en el predio Sauces 2, entregado al contratista Ramón España Gutiérrez, un arquitecto cuestionado por su falta de idoneidad.Noticias Caracol reveló que España visitó en repetidas ocasiones la sede de la UNGRD en Bogotá y también participó en reuniones en Mocoa, siempre acompañado de figuras políticas vinculadas a Antioquia. Según la matriz, la selección de este contratista fue avalada directamente por López y facilitada jurídicamente por Arango.Las confesiones de Rodríguez no se detienen allí. En su declaración también involucra al precandidato presidencial y exgobernador de Nariño, Camilo Romero. Señala que durante su administración se habría direccionado un contrato de licores en favor de empresarios locales, entre ellos Richard Portilla, quien habría aportado recursos y apoyo logístico a su campaña de 2015. Según el testimonio, Romero habría delegado a su primo Andrés Arango Romero como enlace para concretar esos acuerdos.Rodríguez, condenado en mayo pasado por falsedad en documento público y concierto para delinquir, pidió perdón y firmó un principio de oportunidad con la Fiscalía. En este marco, se comprometió a revelar detalles de cómo operaba el esquema de corrupción dentro de la UNGRD y en la Gobernación de Nariño.Camilo Romero, por su parte, niega las acusaciones. Asegura que el proceso en su contra responde a una persecución política y recuerda que el propio Rodríguez, en un audio en poder de su defensa, reconoció que el exgobernador nunca le dio instrucciones ilegales. “Podrán intentar usar a Rodríguez como testigo en mi contra, pero no existe una sola prueba”, afirmó.El próximo 25 de septiembre un juez definirá si avala el principio de oportunidad de Pedro Rodríguez, una decisión que podría marcar un nuevo capítulo en el escándalo de la UNGRD.
Un juez de Bucaramanga ordenó tres días de arresto domiciliario al director de la Dian, Luis Eduardo Llinás, por desacatar un fallo de tutela que le ordenaba garantizar el uso de listas de elegibles en la provisión de cargos de carrera administrativa. Este caso se suma al ordenado por un juez de Medellín por otra tutela que no cumplió.La medida surge de un fallo de tutela emitido el 8 de mayo de 2025, en el que se protegieron los derechos de Yessica Sánchez, quien reclamaba el acceso a la carrera administrativa y la aplicación del principio de mérito en el empleo público.La decisión obligaba a la Dian a solicitar, en un plazo de 48 horas, a la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) la autorización para usar la lista de elegibles."Este despacho estima que en las respuestas dadas tanto en sede inicial, en instancia de impugnación y en sede de requerimientos previos a este trámite de desacato, no controvierten de fondo la materia debatida, sino que revelan una actitud evasiva orientada a restringir el uso de la lista de elegibles, en contravención de los principios que rigen la carrera administrativa y el mérito como pilar estructural del acceso al empleo público", se lee en la decisión.Aunque el fallo fue confirmado el 18 de junio por el Tribunal Superior de Bucaramanga, la Dian no cumplió lo ordenado en los términos fijados.El juzgado concluyó que la entidad adoptó una actitud evasiva y dilatoria, al limitarse a citar oficios y resoluciones previas sin justificar por qué no había tramitado de fondo la provisión de las vacantes.La CNSC, por su parte, señaló que el incumplimiento obedecía a la falta de reportes completos por parte de la Dian, lo que le impedía realizar los estudios técnicos necesarios para avalar el uso de la lista de elegibles.La sanción contra Llinás Chica será enviada en consulta al superior jerárquico para su revisión, pero no lo exime de cumplir con la orden judicial de proveer los cargos conforme a la lista de elegibles.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Octavio Tejeiro, se refirió a la reciente decisión de ratificar la libertad del expresidente Álvaro Uribe. El magistrado aseguró que esta medida fue de carácter técnico-jurídico, declaraciones que dio en medio de su intervención en el Congreso de Colfecar en Cartagena."La Corte Suprema de Justicia confirmó la sentencia que, en primera instancia, habia proferido un tribunal. De manera que ese fue el enfoque. Es una decisión técnica que tiene que ver, precisamente, con la libertad pero desde un punto de vista técnico-jurídico", dijo el presidente de la Corte, Octavio Tejeiro.Este pronunciamiengo se da luego de que la Corte Suprema confirmara en segunda instancia el fallo del Tribunal Superior de Bogotá que, el pasado 19 de agosto, revocó la detención domiciliaria del expresidente y ordenó su libertad. Con esta decisión, Uribe permanecerá libre mientras se resuelve la apelación de la condena de 12 años en su contra por manipulación de testigos.El exmandatario había sido sentenciado en primera instancia, el 1 de agosto, a 12 años de prisión domiciliaria por soborno en actuación penal y fraude procesal. Aunque la jueza Sandra Heredia le concedió el beneficio de detención en casa, también ordenó su captura inmediata.La defensa cuestionó esa medida, alegando que vulneraba derechos fundamentales como la libertad, el debido proceso y la presunción de inocencia. La Sala a quo acogió esos argumentos, al considerar que Uribe había cumplido con las citaciones judiciales y que no existía riesgo de fuga ni de manipulación de pruebas.El presidente de la Corte añadió que, sobre la posibilidad de que el exmandatario pueda o no hacer política, será un asunto que deberá evaluarse más adelante.
Ya fue radicada la primera apelación en contra de la sentencia de la JEP que condenó a siete exjefes de la extinta guerrilla de las Farc por lo más de 20.000 secuestros que se dieron durante el conflicto armado y que son responsabilidad de la guerrilla. El abogado Juan Camilo Sanclemente, en representación de algunos de los familiares de los diputados del Valle, le pidió a la JEP revocar la sentencia asegurando que las víctimas no están de acuerdo con la decisión."La sentencia, si bien reconoce la responsabilidad de los miembros del último Secretariado de las Farc-EP por crímenes como toma de rehenes, graves privaciones de la libertad y tratos inhumanos (secciones 4.2 y 5.8), incurre en graves deficiencias que la hacen incompatible con los estándares internacionales de justicia restaurativa y con los compromisos asumidos en el Acuerdo Final de Paz. Estas deficiencias afectan directamente los derechos de las víctimas, en particular la de los familiares de los diputados del Valle que representa la Fundación Defensa de Inocentes, cuyo caso ilustra el patrón de macrocriminalidad descrito en la sentencia, exactamente en las secciones 4.2.2 y 5.2.1.4, pero no recibe un tratamiento restaurativo adecuado", sustenta Sanclemente en la apelación.En el mismo sentido, los familiares de los diputados del Valle señalan que en la sentencia no se tuvieron en cuenta las propuestas que hicieron sobre las sanciones contra los exjefes de la guerrilla. Además, señalan que las sanciones no son suficientes ni proporcionales al daño causado."Las sanciones impuestas (sección 5.15 y 5.19), como trabajos de memoria “Huellas de la Memoria” y desminado -AICMA, son retributivas pero no restaurativas en su esencia. No abordan el daño específico sufrido por nuestros apoderados, como son: la pérdida irreparable de vidas, el trauma psicológico prolongado y la estigmatización social sufrida por el único sobreviviente del secuestro y la masacre Sigifredo López Tobón y su familia", se lee en el documento.En el mismo sentido, Sanclemente argumenta que se está incumpliendo el acuerdo de paz, pues no se está reparando de manera integral a las víctimas, además, menciona que los comparecientes no aportaron verdad plena durante el proceso en la jurisdicción."El Acuerdo (Punto 5.1.1) obliga a una verdad “extrajudicial y judicial” que satisfaga a las víctimas. La sentencia reconoce patrones generales (sección 5.2.1), pero no profundiza en el caso específico de los diputados, omitiendo detalles sobre la cadena de mando responsable del asesinato, atribuido vagamente al Secretariado de las Farc-Ep en la sección 5.7. Nuestros representados han esperado 23 años por una verdad completa, detallada y exhaustiva; por lo que esta omisión viola el derecho a la verdad establecido en el Acuerdo y en los parámetros de la Corte IDH", dicen los familiares de los diputados.Ante esta situación las víctimas le piden a la JEP revocar la sentencia, por no cumplir con los estándares consagrados en el Acuerdo de Paz"El régimen de condicionalidad (sección 5.14) permite descuentos por cumplimiento anticipado (sección 5.21), pero sin verificación estricta de las contribuciones de los comparecientes, ejemplo: Rodrigo Londoño Echeverri, sección 5.20.2.4, además de las TOARS presentados anteriormente por los comparecientes como estudios de Pablo Catatumbo, donaciones de libros, creación de letrinas, entre otras, son acciones no reparan a ninguna victima y menos estas se se sienten reparadas con estos actos inocuos, sino que por el contrario constituyen una burla y revictimización, máxime que nunca fueron escuchadas las victimas y tenidas en cuenta las victimas", dice la apelación de las víctimas.
Un juzgado de conocimiento de Pasto, en Nariño, condenó a los cabecillas del Comando Central del ELN por el homicidio de tres firmantes de paz, un caso que se registró en el 2018 cuando las tres personas se encontraban en la vereda La Florida de Santa Cruz de Guachavés, Nariño, y fueron sacadas de sus viviendas contra su voluntad. Posteriormente fueron asesinados y sus cuerpos fueron abandonados en una fosa."La Fiscalía demostró que estas personas por cadena de mando dentro del grupo ilegal ordenaron la desaparición forzada de las víctimas, quienes fueron sacadas en contra de su voluntad de sus viviendas en la vereda La Florida de Santa Cruz de Guachavés", señala un comunicado de la Fiscalía.Entre la lista de los condenados están los cabecillas del ELN alias 'Antonio García', alias 'Gabino' y alias 'Pablo Beltrán'; sin embargo, también está Gabriel Yepes, conocido con el alias de 'HH' y quien actualmente comanda el grupo Comuneros del Sur, una disidencia del ELN que está en proceso de paz con el Gobierno y tiene presencia en Nariño."En ese sentido un juzgado de conocimiento de Pasto declaró culpables a los integrantes del Comando Central del ELN: Nicolás Rodríguez Bautista, alias 'Gabino'; Israel Ramírez Pineda, alias 'Pablo Beltrán'; Eliecer Erlinto Chamorro Acosta, alias 'Antonio García'; Rafael Sierra Granados, alias 'Ramiro Vargas'; y Gustavo Aníbal Giraldo Quinchia, alias 'Carlos Marín'. Asimismo, a Gabriel Yepes Mejía, alias 'HH' y Jorge Wilfrido Rosero Marín, alias 'Fercho', como cabecillas del frente de este grupo ilegal que operaba en la zona donde ocurrió el crimen", explicó la Fiscalía.Estos cabecillas fueron condenados a a 58 años y 6 meses de prisión por los delitos homicidio en persona protegida, rebelión y desaparición forzada."Los integrantes de este grupo armado ilegal fueron condenados como personas ausentes por los delitos homicidio en persona protegida, rebelión y desaparición forzada. En la sentencia les fue impuesta una multa de 6.216 salarios mínimos mensuales legales vigentes a 2018 y libró las órdenes de captura correspondientes. Está sentencia es de primera instancia y en su contra proceden los recursos de ley", agregó la Fiscalía.
La Fiscalía General de la Nación imputó a dos exfuncionarios de la Gobernación del Atlántico por presuntas irregularidades en la contratación de cascos en fibra de vidrio para lanchas de pesca artesanal. Entre los procesados se encuentra Milagros del Carmen Sarmiento Ortiz, quien en la actualidad ocupa el cargo de gerente Jurídica de la Previsora Seguros.De acuerdo con la investigación de la Dirección Especializada contra la Corrupción, Sarmiento Ortiz, en su calidad de exsecretaria de Desarrollo Económico de Atlántico, habría ordenado en mayo de 2014 la apertura de una licitación por 1.000 millones de pesos para la compra de 170 cascos, fijando un precio de 5,8 millones de pesos por unidad, pese a que una consultoría previa había establecido un valor inferior. La licitación se declaró desierta por falta de oferentes.Posteriormente, dispuso un proceso de selección abreviada que culminó con la adjudicación de un contrato de 980 millones de pesos a una fundación privada sin experiencia ni capacidad técnica. Según la Fiscalía, los pliegos de condiciones fueron modificados de forma irregular, se validaron documentos con información falsa y se vinculó, mediante un contrato de prestación de servicios, a un profesional para asesorar al contratista favorecido.La ejecución del contrato también presentó fallas graves. Un día antes del plazo de entrega, solo se habían suministrado 32 cascos de los 200 pactados. El contrato fue suspendido bajo el argumento de las lluvias y luego reactivado en diciembre de 2014, cuando finalmente se entregaron los elementos faltantes.Junto a Sarmiento Ortiz también fue imputado Martín Rafael Atencio García, exsubsecretario de Gestión Agropecuaria, quien como parte del comité evaluador habría recomendado de manera indebida la adjudicación, sobrevalorando documentos del contratista, y posteriormente, en calidad de supervisor, no advirtió sobre los incumplimientos en la entrega.A los dos exfuncionarios se les atribuyen delitos como contratos sin cumplimiento de requisitos legales, falsedad ideológica en documento público y peculado por apropiación. En el caso de Sarmiento Ortiz, además, se suman cargos por falsedad en documento privado y fraude procesal.