La crisis humanitaria en el Catatumbo continúa agravándose. De acuerdo con cifras oficiales del Ministerio de Defensa, desde el 16 de enero del año pasado y hasta la fecha, al menos 87.438 personas han sido desplazadas como consecuencia directa de los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las Farc.En diálogo con Blu Radio, el secretario de Víctimas, Paz y Posconflicto de Cúcuta, Leandro Ugarte Mora, entregó un balance de la situación que enfrenta el municipio ante la llegada constante de familias desplazadas.“Desde el día 22 de diciembre a la fecha han llegado más de 800 familias, eso nos representa más de 2.300 personas individualmente, nuevas, o nuevos desplazamientos o personas que ya habían regresado a sus sitios de origen, y nuevamente se han desplazado”, señaló el funcionario.Ugarte recordó que, aunque las cifras actuales no alcanzan la magnitud del desplazamiento masivo registrado hace un año, el impacto sigue siendo grave. “El año pasado, ya vamos a cumplir básicamente un año del desplazamiento que se inició el 17 de enero, pero en los dos primeros días recibimos casi 5.000 personas”, precisó.Actualmente, las personas que llegan a Cúcuta se encuentran en su mayoría acogidas por familiares o redes de apoyo. Desde la administración municipal, con el respaldo de la Unidad para las Víctimas y cooperación internacional, se han dispuesto kits de alimentación y aseo, además de atención psicosocial.El secretario enfatizó que estos desplazamientos no cesarán mientras no haya una transformación real en el territorio. “Mientras el territorio del Catatumbo no sea consolidado, no haya un perfecto complejo estado social de derechos, pues la gente va a seguir en esos desplazamientos”, advirtió.Finalmente, subrayó que las familias no llegan con la intención de radicarse en la ciudad, sino buscando protección temporal: “Ellos llegan a Cúcuta pensando en que se quieren regresar lo más pronto posible a sus casas fincas, que son, pues, sus sitios donde tienen su vida, su historia, sus propiedades, su propiedad privada; es a donde quieren retornar lo más pronto posible”, aseguró.
Blu Radio conoció la apelación de 351 páginas presentada por la defensa del antiguo secretariado de las Farc contra la sentencia de la JEP a ocho años de sanciones restaurativas. Es decir, que los máximos comandantes de la guerrilla por ese tiempo deberán reparar a las víctimas, sin ir a la cárcel.Los exjefes de la guerrilla presentaron una apelación en la que hacen fuertes críticas a la JEP.En primer lugar aseguran que los magistrados cuestionan en la sentencia el carácter político de las extintas Farc.“Las rebeliones han venido inmanentemente atadas a las exigencias de los pueblos por un nuevo derecho para dar el paso adelante. Las revoluciones liberales y de independencia de los siglos XVIII y XIX, las luchas anticoloniales del siglo XX, los alzamientos revolucionarios patrióticos, las luchas por la paz y la reconciliación de finales del XX y principios de siglo XXI, atestan de este elemento ontológico de las rebeliones.Vale entonces concluir: si bien el derecho internacional no fomenta rebeliones, teniendo cuidado de no molestar mucho el orden estatal interno, tampoco las prohíbe, pues parece reconocer que la rebelión es, sin duda, el derecho más intrínsecamente atado a la realidad de los pueblos, cuando estos hacen aparición como fuerza de la historia. Y no solo no las prohíbe, sino que brinda un marco jurídico para su desarrollo en función de la protección de determinados sujetos y bienes, incluso proporcionando diferentes instancias para su resolución. A menos que la JEP haya decidido renunciar a la caracterización constitucional del conflicto colombiano como un conflicto político, yendo en contra el contenido del Acuerdo mismo, no puede hablarse de reproche al alzamiento; desnaturalizándolo y convirtiéndolo, en la práctica, en un simple concierto para delinquir”, señala el antiguo secretariado.Además, insisten en que la JEP debe emitir una única resolución de conclusiones, para no vulnerar la seguridad jurídica de los comparecientes.Otro de los cuestionamientos llega por la forma en la que la JEP hizo las imputaciones, al señalar que a algunos comparecientes se les imputó por la posición que ocuparon en el grupo armado, pero no por actos cometidos.“Prima una interpretación en la cual la asignación de responsabilidad a los máximos responsables no requiere probar su relación con los hechos adjudicados, se trata de una manifestación contraria a los principios de presunción de inocencia, legalidad y tipicidad. El dolo y la coautoría no son simples “visiones naturalísticas”, sino garantías dogmáticas que delimitan la responsabilidad penal. Relajar la exigencia de probar el acuerdo común o la intención puede derivar en imputaciones basadas en presunciones o sospechas, lo que contradice la función garantista de una Jurisdicción que surge ante los desafueros cometidos contra los rebeldes en la justicia ordinaria”, dice el documento presentando a la JEP.Es por eso que dicen que la sanción máxima se impone no porque se hayan demostrado los hechos, si no por la posición que ocupó la persona en la extinta guerrilla. Es por eso que le piden a la Sección de Apelación tumbar este tipo de imputaciones y realizarlas bajo la verificación de que la decisión tomada por los exjefes de la guerrilla generó el resultado hallado por la jurisdicción.Sobre tortura, esclavitud y tratos cruelesEn otro apartado el antiguo secretariado señala que el proyecto “político y militar de las Farc” no incluyó la tortura, los tratos crueles e inhumanos, la esclavitud, la violencia sexual ni el desplazamiento como una entrategia militar y social.“La división jerárquica de la organización, así como los miles de guerrilleros, milicianos y colaboradores que hacían parte de las filas, requería un sistema de comandancias a partir del cual se pudiere controlar más y mejor a quienes eran subordinados; cuestión que, como se ha reconocido, no se logró en todos los casos, ni con todas las estructuras, pese a esto, el fenómeno del secuestro tuvo como propósito permanente, intercambiar la libertad de las víctimas por dinero, intercambiarlas por guerrilleros presos, o ejecutarlo en medio nde acciones de seguridad o control propio de una organización irregular en los territorios en los que hacían presencia, más no aprehenderlas con el fin de hacer de ellas instrumentos para torturar, asesinar, desaparecer, esclavizar, violentar sexualmente, entre otras graves conductas”, señalan los exjefes de la guerrilla. Otro de los cuestionamientos llegó por el hallazgo de la JEP según el cual hubo un patrón que se presentó con las víctimas y fue el de malos tratos, pues aseguran que la jurisdicción no les permitió defender la idea de que estos hechos no fueron una práctica o policía de las Farc, sino unos resultados indeseados.Además, los abogados de los comparecientes señalan que la jurisdicción no probó, más allá de toda duda razonable, que los exjefes de la extinta guerrilla conocían los hechos que se estaban produciendo con los secuestrados en razón de mando y control, es decir, por la posición que ocupaban.Sobre la privación de alimentos y medicamentos a los secuestrados, los exjefes de las Farc señalan que estas situaciones se presentaban, supuestamente, por “la política contrainsurgente del Estado”, a través de diferentes acciones.“Si bien las condiciones de vida en el secuestro están al límite humano que supone el hecho de privar de la libertad a una persona, esas condiciones se agudizaron debido al impacto del accionar militarista del Estado contra la insurgencia. Tanto las víctimas como las comisiones de cuidado pueden evidenciar los efectos que generaron las políticas de seguridad y defensa, influenciadas por la presión de resultados tanto en Colombia como en Estados Unidos, especialmente considerando los elevados recursos destinados a la confrontación contra las FARC-EP. La ineficacia del Estado en la guerra y la presión por el éxito tuvo consecuencias dramáticas, como la victimización con los falsos positivos y los intentos fallidos de rescates que terminaron en tragedias”, señala el documento.Dicen, además, que por las acciones militares los secuestrados tenían que ser trasladados, los campamentos eran improvisados y las víctimas eran sometidas a caminatas largas, adjudicándole parte de la responsabilidad de las malas condiciones de los secuestrados al Estado.Piden tumbar la imputación por esclavitudNuevamente, y como lo han hecho a lo largo del proceso en la JEP, los ex comandantes de las Farc señalan que, si bien hubo casos de trabajos forzados a las víctimas, no hubo esclavitud:“Las víctimas no fueron objeto de esclavitud al no cosificarlas y que, la imposición de trabajos forzados, por sí sola, no constituía esclavitud, por lo que era relevante analizar los casos según los indicios de esclavitud que ha desarrollado la CPI”, dice el documento.Agregan que el grupo armado no buscó cosificar a las personas ni ejercer atributos del derecho de propiedad sobre su cuerpo y que en ningún caso se permitió ni se orientó que una persona fuera secuestrada para ser “un servidor derecho la organización bajo coacción, ni con fines de obtener beneficios a favor de esta”.Ante esta situación piden a la JEP desestimar el cargo de esclavitud.Desaparición forzada y asesinatoEn el mismo sentido, se refieren a los casos de secuestro extorsivo en los que no se realizaron los pagos y las personas fueron desaparecidas. Según los excomandantes de la guerrill, aseguran que las desapariciones forzadas fueron hechos excepcionales y no una consecuencia natural o automática de la falta de pago.“La evidencia judicial acumulada demuestra que la falta de pago no fue, ni en términos cuantitativos ni cualitativos, la causa directa o predominante de los asesinatos y desapariciones de secuestrados. La política de financiación mediante secuestros tuvo como eje la obtención de recursos, no la eliminación física de las víctimas. Pretender lo contrario implica desconocer los hallazgos de la propia Jurisdicción Especial para la Paz, que, lejos de confirmar esa supuesta “consecuencia natural”, ha documentado la ausencia de un patrón generalizado que vincule el impago con la ejecución del secuestrado. Por tanto, desde una perspectiva crítica y basada en evidencia, puede afirmarse que la relación entre el no pago y la desaparición o asesinato del cautivo es una inferencia infundada, sostenida más en interpretaciones simplistas del fenómeno que en un análisis riguroso de los hechos”, se lee en la apelación.Control territorialLa apelación también señala que las extintas Farc nunca ejercieron dominio absoluto ni excluyente sobre un territorio, pues siempre estuvieron en disputa con las fuerzas militares o con otros actores armados. Es por eso que consideran que carece de fundamento el hecho de que la JEP haya dicho que hubo algunos casos de secuestro que se dieron con el fin de mantener el control territorial.“Su característica fue la de una organización guerrillera que ejercía la guerra de guerrillas de carácter móvil. La información disponible, tanto en fuentes oficiales como en los relatos de los propios comparecientes, permite constatar la existencia de una presencia armada, móvil, intermitente, estratégica y disputada. Por tanto, la calificación estricta de ciertos secuestros como actos cometidos en ejercicio de un control territorial o incluso bajo la atribución de una suerte de “ejército de ocupación", carece de fundamento factico y jurídico”, argumentan los abogados.Sobre los proyectos de sanciónAl empezar a hablar de las sanciones impuestas por la JEP en la apelación dejan claro que la ausencia de un fallo único genera un riesgo jurídico y es que la jurisdicción mantenga su potestad sancionatoria por un tiempo superior al autorizado, ocho años. Por eso, le piden a la JEP un pronunciamiento en el que quede claro que a los comparecientes no se les van a imponer sanciones después de ese tiempo.Para los exfarc, en la mayoría de territorios donde se cumplirán las sanciones persiste el conflicto, por lo que podrían estar en situación de riesgo.“La decisión apelada, omite la necesidad de contar con un análisis territorializado del riesgo que identifique amenazas específicas en cada zona de cumplimiento, así como la articulación directa con los esquemas de seguridad comunitaria, las organizaciones sociales del territorio y las autoridades locales. Del mismo modo, no establece protocolos operativos diferenciados para responder de manera inmediata ante situaciones de emergencia, ni incorpora mecanismos de participación de los comparecientes en el diseño de las medidas que les afectan, lo cual es esencial para generar confianza y garantizar la eficacia de la protección”, argumentan en el documento.Como no todos los proyectos de sanción están definidos y algunos se irán definiendo durante estos ocho años, los exfarc consideran que eso también vulnera sus derechos.“Al supeditar el contenido final de la sanción a eventos futuros e inciertos como la evaluación posterior de la suficiencia de los proyectos o la eventual imposición de nuevos, la decisión pierde su carácter de acto jurisdiccional definitivo y se convierte en una resolución preliminar sujeta a revisiones permanentes. Esta situación resulta incompatible con la figura de la cosa juzgada, cuyo propósito es conferir a las decisiones judiciales un carácter inmutable, vinculante y definitivo, garantizando así la estabilidad del orden jurídico y la confianza legítima en la administración de justicia. Este asunto es un mal precedente para los Acuerdos de Paz, y socava de manera definitiva la confianza legítima en el Estado Colombiano, pues una vez más, queda demostrado el carácter de perfidia y de clase está adquiriendo esta jurisdicción en algunas de sus decisiones”, dice el documento.Por otro lado, solicitan reorientar el proyecto de búsqueda de desaparecidos, en el de desminado humanitario dicen que se requieren conocimientos técnicos y condiciones físicas, por lo que si bien el proyecto es importante hay que dejar claro qué actividades pueden hacer los comparecientes.“Los siete miembros del último Secretariado de las FARC-EP, no solo por su avanzada edad y la ausencia absoluta de experiencia o formación en labores de desminado humanitario, se encuentran en la imposibilidad material de ejecutar actividades de despeje; además, no hacen parte de los siete operadores acreditados oficialmente en Colombia para desarrollar dicha labor, conforme a lo establecido por la Autoridad Nacional de AICMA”, explican los exfarc.Sobre los derechos políticosPara los comparecientes, la sentencia podría limitar los derechos políticos, en parte, porque los magistrados aseguran que una falta a los compromisos sería que los exfarc incurran en discursos revictimizantes o negacionistas.“La sentencia termina justificando una restricción preventiva y desproporcionada de derechos, que se apoya en una presunción genérica de peligrosidad política, lo cual es contrario al estándar constitucional e interamericano en materia de libertad de expresión y participación democrática. La concordancia práctica entre los derechos de los comparecientes y las finalidades superiores del SIVJRNR exige, que las limitaciones impuestas respondan a una ponderación real y concreta: ¿qué derecho se limita?, ¿qué fin específico se busca alcanzar?, ¿qué medios alternativos menos lesivos existen?, y ¿por qué la medida adoptada es estrictamente necesaria y proporcional en sentido estricto? Estas preguntas propias del test de proporcionalidad no fueron abordadas en la decisión impugnada, lo cual evidencia un déficit de motivación y razonabilidad que compromete la validez constitucional de la restricción”, dice el documento.Es por eso que piden que esta decisión sea revisada y que la participación política sea garantizada en todas sus dimensiones. Además agregan que el hecho de que las víctimas presenten proyectos de sanción no estaba estipulado en el acuerdo.“La inclusión y valoración de proyectos de sanción presentados directamente por las víctimas, así como la habilitación de escenarios de participación no previstos en la normativa vigente, constituyen actuaciones manifiestamente contrarias al marco de competencias establecido en el Acuerdo Final de Paz y en su normativa de desarrollo. Tales decisiones exceden las atribuciones conferidas a la SeRVR, desconociendo los principios de legalidad, seguridad jurídica y debido proceso, al tiempo que comprometen la coherencia e integridad en la implementación del Acuerdo”, advierte la apelación.Situación particular de cada comparecienteEn el mismo sentido se señala que a los siete exjefes del secretariado se les impuso una sanción de ocho años, pero que esto no puede aplicarse de la misma manera a todos los comparecientes, pues algunos de ellos deberían tener menos tiempo de sanción, uno de ellos sería Rodrigo Granda.“Se solicita a la Sección de Apelación que el tiempo de privación de la libertad que han cumplido los comparecientes Rodrigo Granda Escobar y Pablo Catatumbo, de acuerdo con cada caso particular y concreto, sea reconocido y contabilizado como parte del período de ejecución de la sanción propia, en aplicación de los principios de proporcionalidad favorabilidad y justicia material que orientan el derecho sancionatorio transicional”, piden los abogados de los comparecientes.Otra de las solicitudes de los abogados es que la JEP tenga en cuenta las actividades que realizaron los comparecientes desde la dejación de armas y que esas acciones sean tenidas en cuenta como Trabajos, Obras o acciones reparadoras.“No se contabilizaron las actividades que ejecutaron los comparecientes desde el proceso de dejación de armas. Lo anterior, no sólo quebranta la confianza legítima de los comparecientes en el marco del proceso transicional, sino, la estabilidad del proceso de reincorporación y lo pactado en la Habana”, argumenta la defensa de los comparecientes.Vigilancia electrónicaPara el antiguo secretariado de las Farc, el dispositivo electrónico con el cual van a ser monitoreados hace que las sanciones se parezcan más a las de la justicia ordinaria y no a la jurisdicción transicional.“Así se advierte que, la Sentencia objeto de apelación introduce disposiciones atentatorias contra la dignidad humana y contrarias a los principios restaurativos que orientan la justicia transicional, al establecer consideraciones que permiten entender que los sancionados estarán mmonitoreados 24/7, lo que desnaturaliza las sanciones propias y las convierte, en la práctica, en una forma encubierta de restricción punitiva incompatible con el modelo adoptado en el Acuerdo Final de Paz y la Ley Estatutaria de la JEP”, se lee en el texto.Para ellos los mecanismos de monitoreo electrónico son invasivos, por eso creem que se deben aplicar otros mecanismos de seguimiento como informes que deben ser presentados periódicamente y que den cuenta del cumplimiento de la sanción, que la supervisión la hagan entidades encargadas de la reincorporación y que se registren las actividades restaurativas realizadas por los comparecientes.Además dicen que el acuerdo de paz no obliga a los exintegrantes de las Farc a vivir en el mismo espacio donde se ejecuten las sanciones y que de ser así se vulneraría el principio de legalidad.“Esto significa que la ubicación de un proyecto restaurativo no puede obligar a un compareciente a abandonar o poner en riesgo los avances que ha logrado en su arraigo familiar, social o productivo”, argumentan los exfarc.Por eso, para ellos, los proyectos de sanción deben tener en cuenta varias cosas: condiciones de seguridad, arraigo familiar y comunitario, avances en la reincorporación de los comparecientes.Además ellos dicen que ya han cumplido con la restricción efectiva de la libertad desde que firmaron el acuerdo, pues para salir del país deben pedir permiso a la JEP.“La obligación impuesta a los comparecientes del extinto Secretariado de solicitar autorización para la salida del país, ha sido cumplida de manera efectiva durante el período correspondiente. Este cumplimiento debe ser valorado por la Sección de Apelaciones como un elemento relevante al momento de definir el alcance y ejecución de la sanción propia, en la medida en que implicó una restricción real a la libertad de locomoción y evidenció un comportamiento constante de sujeción al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. En consecuencia, y conforme a los principios de proporcionalidad, razonabilidad y gradualidad, resulta jurídicamente procedente reconocer dicho período para efectos del cómputo del cumplimiento de la sanción impuesta, evitando así una carga desproporcionada y garantizando la coherencia del régimen sancionatorio de la Jurisdicción Especial para la Paz”, piden los comparecientes.Ante esta situación los exfarc le piden a la JEP que modifique, aclare o revoque algunos puntos de la sentencia relacionada con los temas desarrollados anteriormente.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que alias ‘Iván Mordisco’, máximo cabecilla de las disidencias de las Farc, atraviesa su momento más crítico tras un año de ofensiva sostenida de la fuerza pública. Según el funcionario, la presión militar y policial ha sido tan fuerte que el cabecilla estaría recurriendo a otros carteles del narcotráfico para evitar ser capturado o neutralizado.“Alias 'Mordisco' ha sido afectado tan críticamente durante los últimos 12 meses que recurre ahora a un llamado de auxilio a los demás carteles del narcotráfico para que lo protejan y no termine neutralizado por una acción de la fuerza pública”, afirmó el ministro, al referirse al impacto de las operaciones desplegadas en distintas regiones del país contra su estructura criminal.Sánchez reiteró que la persecución contra ‘Iván Mordisco’ no se detendrá y recordó que el Gobierno mantiene vigente una millonaria recompensa por información que conduzca a su captura. “Por Mordisco, por quien ofrecemos hasta 5 mil millones de pesos, no descansará la fuerza pública hasta encontrarlo y que pague por sus delitos”, subrayó, dejando claro que se trata de uno de los objetivos prioritarios del Estado.En un tono contundente, el ministro describió el historial criminal del cabecilla, al asegurar que su nombre quedará marcado como uno de los más violentos del conflicto armado y del narcotráfico. “Alias 'Mordisco' pasará a la historia como uno de los peores asesinos, criminales, reclutador de menores, de niños, niñas y adolescentes, asesino de indígenas, extorsionador y uno de los capos del narcotráfico que mucho daño le ha hecho a Colombia”, señaló.El jefe de la cartera de Defensa insistió en que, pese a los discursos con los que estas estructuras intentan justificarse, su verdadera motivación es exclusivamente criminal. “Estos criminales solamente les interesa el narcotráfico”, dijo, al advertir que incluso las disputas y alianzas entre grupos armados ilegales giran alrededor de ese negocio ilícito. En ese contexto, explicó que “mientras se pelean en el Catatumbo, se unen en el sur de Bolívar”, demostrando, según él, que el narcotráfico es el eje de sus decisiones.Sánchez también envió un mensaje directo a ‘Iván Mordisco’ y a quienes integran su organización, invitándolos a abandonar las armas antes de ser capturados. “La invitación es a que se desmovilice, a que dejen de causarle tanto daño a Colombia y que lo hagan antes de que el Estado los encuentre y los lleve a la justicia”, afirmó.Finalmente, el ministro hizo un llamado a la ciudadanía para que colabore con información que permita ubicar a este cabecilla y desarticular su red criminal. “Denuncien llamando al 107 o al 157”, pidió, al concluir que el narcotráfico no solo une a estos grupos, sino que “también los lleva a la autodestrucción”.
El cabecilla de las disidencias de las Farc, alias ‘Iván Mordisco’ reapareció en un vídeo en el que le hace un llamado al ELN, a la Segunda Marquetalia y a la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano para que hagan una alianza criminal, lo anterior, tras la operación de Estados Unidos en Venezuela que llevó a la captura de Nicolás Maduro.“Los convocamos con necesidad imperiosa a una cumbre de comandantes insurgentes de Colombia y de toda nuestra América. Basta intervenciones militares”, señala en el video alias ‘Iván Mordisco’.Es importante recordar que, según información de inteligencia, la operación de Estados Unidos en Venezuela ha llevado a algunos cabecillas de grupos armados como el ELN y la Segunda Marquetalia a huir del vecino país, en donde se refugiaban bajo el auspicio del régimen de Maduro.Venezuela también ha sido país garante en las negociaciones de paz que ha adelantado el Gobierno nacional con diferentes grupos armados, como la Segunda Marquetalia y el ELN.Actualmente la Segunda Marquetalia es comandada por alias 'Iván Márquez', cuya última aparición fue justamente en Caracas.Por su parte, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano es una disidencia de la Segunda Marquetalia que actualmente está en negociaciones de paz con el Gobierno.
Movilizatorio, una organización nacida en Colombia y con alcance global, acaba de recibir uno de los reconocimientos más importantes del mundo en materia de innovación social. La iniciativa fue galardonada con el Schwab Foundation Social Innovation Awards 2026, en alianza con el Foro Económico Mundial, un premio que será entregado oficialmente el próximo 20 de enero en Davos, Suiza .El reconocimiento no solo pone en el radar internacional el trabajo colectivo que se gesta desde el país, sino que confirma que las metodologías impulsadas desde el Sur Global están marcando la agenda en temas como clima, democracia y participación ciudadana. Movilizatorio fue la única organización colombiana ganadora en esta categoría y la primera del país en recibir este galardón .Movilizatorio obtiene premio internacional en el Foro Económico MundialEl premio reconoce casi una década de trabajo de Movilizatorio, organización fundada y liderada por mujeres. Desde la Schwab Foundation se destacó que la iniciativa “ha utilizado la tecnología para empoderar a más de 150.000 líderes ciudadanos que, de otro modo, se enfrentarían a una exclusión sistémica de la participación cívica y la toma de decisiones” .Para Juliana Uribe Villegas, fundadora y CEO de Movilizatorio, este logro reafirma el sentido de su apuesta colectiva: “Creemos en el poder de unir esfuerzos y actuar para cambiar el mundo. Este reconocimiento de la Schwab Foundation y el Foro Económico Mundial nos motiva a seguir construyendo alianzas por el clima, la democracia, la paz y la educación digital a nivel global” .El Funeral de los Combustibles Fósiles, una acción que dio de que hablarUno de los hitos que más pesó en la decisión del jurado fue el impacto del Funeral de los Combustibles Fósiles, una acción simbólica realizada durante la Marcha Mundial por el Clima en la COP de Brasil. Según explicó Lina Torres, cofundadora de Movilizatorio, “la movilización reunió a 70.000 personas de comunidades indígenas y locales, convirtiéndose en una de las imágenes más potentes de la cumbre climática” .Esta acción tuvo lugar en un contexto especialmente complejo para la agenda ambiental global. “En un contexto marcado por la presencia récord de más de 1.600 lobistas de combustibles fósiles dentro de la cumbre, este acto devolvió poder y visibilidad a comunidades que históricamente han sido silenciadas”, señaló Torres .Una organización colombiana con impacto globalHoy, Movilizatorio cuenta con más de 70 profesionales en América Latina y África y lidera proyectos en países como Colombia, México, Chile y Sudáfrica. Para Mariana Díaz Kraus, cofundadora de la organización, “lo que comenzó en Colombia como una iniciativa pequeña, hoy es una organización que lidera proyectos globales, abordando algunos de los desafíos más urgentes de la acción colectiva en el mundo contemporáneo” .El reconocimiento en Davos valida un camino construido desde la colaboración y confirma que la acción colectiva sigue siendo una herramienta clave para enfrentar los grandes retos globales.
El municipio de Málaga, en la provincia de García Rovira, vivió una de las noches más recordadas de sus ferias y fiestas con la presentación del cantante de música popular Yeison Jiménez, quien ofreció un concierto multitudinario el viernes pasado en el estadio municipal, ante cientos de asistentes que corearon sus canciones hasta altas horas de la madrugada.Durante el show, el artista interpretó gran parte de su repertorio, con especial énfasis en sus temas más románticos, muchos de ellos dedicados a las mujeres, lo que generó una conexión permanente con el público. La presentación se extendió más de lo previsto, luego de que Yeison Jiménez regresara al escenario para cantar varias canciones adicionales, en medio de los aplausos y ovaciones de los asistentes.El alcalde de Málaga, Rubén Darío Moreno, destacó la calidad artística y humana del cantante, así como la cercanía que mantuvo con el público durante todo el concierto.“Fue un concierto muy bueno, un artista excelente, con una calidad musical y vocal increíble, muy integrado con la gente. Todos los que estuvimos allí nos fuimos muy contentos y felices”, señaló el mandatario local.Moreno también resaltó el mensaje que el artista compartió durante su presentación, al recordar sus orígenes humildes y el esfuerzo que lo llevó a consolidarse en la música popular.“Narraba su historia de vida, contaba que incluso llegó a vender empanadas. Era una persona que venía de abajo y que hizo su carrera a pulso, logrando llegar muy alto como artista y como ser humano”, agregó.Al finalizar el concierto, Yeison Jiménez se despidió visiblemente emocionado del público de Málaga.Posteriormente, el artista y su equipo emprendieron viaje por carretera hacia Paipa, para luego tomar un vuelo con destino a Medellín, cerrando así una noche que quedó marcada en la memoria de los habitantes del municipio.El concierto se consolidó como uno de los eventos centrales de las ferias y fiestas de Málaga.
Hoy en día, la puntualidad es uno de los principales indicadores de desempeño en la industria aérea, especialmente en un mundo marcado por una mayor capacidad de volar que la que se tenía hace varios años.Cada año, la consultora especializada Cirium publica el On-Time Performance Review, un informe que evalúa el comportamiento operativo del sector a partir de datos recopilados en tiempo real. Para la edición correspondiente a 2025, el análisis se nutrió de información proveniente de más de 600 fuentes, incluidas aerolíneas, aeropuertos, sistemas globales de distribución y entidades de aviación civil.¿Cuál fue la aerolínea más puntual en 2025?Cirium elaboró el ranking global de 2025, que permitió identificar a la aerolínea con mejor desempeño en este indicador. De acuerdo con el informe, el primer lugar no fue ocupado ni por Emirates ni por Iberia. La aerolínea más puntual del mundo fue Aeroméxico, que alcanzó un índice del 90,02 %.Este resultado le permitió a la compañía mexicana obtener el reconocimiento por segundo año consecutivo, convirtiéndose además en la segunda aerolínea en lograr victorias globales consecutivas en esta categoría. Durante el periodo evaluado, Aeroméxico operó 188.859 vuelos en 23 países, un volumen que, según el informe, refuerza la relevancia de su desempeño operativo.Top 10 aerolíneas más puntuales en el mundoEl ranking global de puntualidad de Cirium incluyó a otras aerolíneas que superaron el umbral del 80 %. El listado de las compañías que completaron el top 10 mundial en 2025 quedó conformado de la siguiente manera:Aeroméxico, con un 90.02 %Saudia, segundo lugar del ranking, con un índice de puntualidad del 86,53 %.SAS (Scandinavian Airlines), tercera en la clasificación global, con 86,09 %.Azul, la aerolínea brasileña, con un desempeño del 85,18 %.Qatar Airways, que registró una puntualidad del 84,42 % en más de 198.000 vuelos operados en seis continentes.Iberia, con un índice del 83,52 %.Latam Airlines, que alcanzó un 82,40 % de vuelos a tiempo.Avianca, con un registro del 81,73 %.Turkish Airlines, que cerró el año con 81,41 %.Delta Air Lines, décima en el ranking global, con 80,90 %.Jeremy Bowen, director ejecutivo de Cirium, explicó que mantener niveles elevados de puntualidad requiere una planificación de red sofisticada, coordinación operativa y capacidad de recuperación ante irregularidades. Según señaló, estos factores distinguen a las aerolíneas con mejores resultados frente a sus competidores.¿Qué es una aerolínea puntual?El estudio utiliza una definición técnica precisa para medir la puntualidad. En el caso de las aerolíneas, un vuelo se considera puntual cuando llega a la puerta de embarque dentro de los 14 minutos y 59 segundos posteriores a la hora programada. Para los aeropuertos, el criterio se aplica a las salidas que se realizan dentro de ese mismo margen frente al horario previsto de despegue.En ese sentido, el informe también destacó a los líderes regionales. En Norteamérica, Delta Air Lines fue reconocida como la más puntual por quinto año consecutivo. En Europa, el primer lugar correspondió a Iberia; en Asia-Pacífico, a Philippine Airlines; y en América Latina, a Copa Airlines, que alcanzó su undécimo reconocimiento regional.En cuanto a infraestructura aeroportuaria, Cirium reconoció al Aeropuerto Arturo Merino Benítez, en Santiago de Chile, como el más puntual entre los aeropuertos grandes, y al Aeropuerto Internacional de Tocumen, en Panamá, como el líder en la categoría de aeropuertos medianos.
Vecinos del barrio La Estancia, en Ciudad Bolívar, denuncian que en reiteradas ocasiones, desde un vehículo de placa blanca, abandonan escombros sobre una vía del sector. Según señalan, esto ocurre en la avenida calle 57R Sur con carrera 73I. Precisamente, el pasado fin de semana, usuarios de redes sociales y habitantes de la zona grabaron el momento exacto en el que dos sujetos dejaron tiradas varias bolsas de lona llenas de escombros.En el video que circula en redes sociales se observa un vehículo gris, tipo camioneta, de placa WDG 982, cargado con varias de estas bolsas, así como a dos sujetos: uno vestido con prendas oscuras y otro con gorra azul, camiseta gris y pantalón de tono claro, quienes serían los responsables de dejar más de cinco bolsas abandonadas sobre esta calle del barrio La Estancia.Según los vecinos, no es la primera vez que esto sucede y, como ellos mismos cuentan, literalmente convirtieron esa cuadra en un botadero, ya que, como se evidencia en las imágenes, se trata de una vía destapada, con bastante flujo vehicular, pero sin presencia de autoridades de control.Entre tanto, el Distrito no se ha pronunciado oficialmente sobre el hecho; sin embargo, se indicó que, de encontrar a los responsables, se impondrán las sanciones correspondientes por dejar residuos en lugares no autorizados. Cabe recordar que, según lo estipulado por la Alcaldía de Bogotá, quien sea responsable de arrojar residuos en la vía pública que generen problemas de salubridad podrá enfrentar una multa superior a los 760.000 pesos.
La Policía del Magdalena Medio dispuso un equipo especial de investigación criminal, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, para desarrollar las investigaciones que permitan identificar y capturar a los responsables del asesinato del patrullero Hammer Guisseppe Martínez Sarmiento, quien fue atacado mientras se encontraba de descanso en Barrancabermeja el pasado sábado, 10 de enero.De acuerdo con las primeras informaciones el patrullero Martínez Sarmiento fue asesinado en medio de lo que sería un intento de hurto en el barrio San Judas, también conocido como el sector Internacional.El uniformado, quien estaba adscrito a la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional, fue abordado por sujetos armados que, al parecer, intentaron despojarlo de una cadena de oro que llevaba puesta. En medio del asalto, Martínez Sarmiento recibió cuatro impactos de bala, que le ocasionaron heridas de extrema gravedad.Gravemente herido, el policía fue trasladado de urgencia al Hospital Regional del Magdalena Medio, donde pese a los esfuerzos del personal médico, falleció minutos después debido a la magnitud de las lesiones.Desde la Alcaldía Distrital de Barrancabermeja expresaron su rechazo por el asesinato del patrullero Martínez Sarmiento. El secretario de Seguridad y Convivencia, Eduardo Ramírez Alipio, confirmó 15 millones de pesos de recompensa para quien brinde información que permita la captura de los 2 hombres que en motocicleta cometieron el crimen.“Rechazamos el asesinato del patrullero Hammer Guisseppe Martínez Sarmiento en el municipio de Barrancabermeja, Santander, nos unimos en solidaridad con su familia y desde la Alcaldía pedimos la colaboración de los buenos habitantes para que nos brinden información que permita capturar a los responsables”, expresó el funcionario.Se espera que en las próximas horas la Policía del Magdalena Medio entregue avances sobre la investigación, pues la comunidad exige que se haga justicia no solo en este caso, sino en todos los homicidios que casi a diario ocurren en el Puerto Petrolero. Cabe recordar que el año 2025 cerró con un balance de 158 asesinatos.
Un conjunto de documentos de inteligencia internacional y territorial revela con detalle la arquitectura clandestina que sostiene la presencia del ELN y las redes del narcotráfico en el estado Zulia, Venezuela. Lejos de ser asentamientos improvisados, las bases guerrilleras y las pistas aéreas ilegales responden a una lógica estratégica que combina geografía, ocultamiento y conectividad fluvial.El análisis identifica al menos diez zonas clave de asentamiento del ELN ubicadas en la franja Catatumbo–Zulia y en los piedemontes de la Serranía de Perijá. Se trata de territorios dominados por planicies inundables, selvas húmedas, marismas y corredores ribereños, entornos que ofrecen protección natural, abundancia de agua y una movilidad silenciosa a través de ríos y caños.Estas áreas, como Encontrados, Udón Pérez, Valderrama o Machiques de Perijá, presentan un patrón recurrente: baja densidad poblacional, escasa presencia estatal y múltiples rutas de aproximación secundarias, lo que dificulta la detección aérea y terrestre. En varios puntos, la vegetación densa y los obstáculos por inundación actúan como barreras naturales frente a operativos convencionales.En paralelo, los documentos detallan al menos diez pistas aéreas irregulares utilizadas para el narcotráfico, con longitudes que oscilan entre 1.300 y 2.300 metros, suficientes para aeronaves ligeras cargadas con droga o insumos ilícitos. Estas pistas se encuentran estratégicamente alineadas con riberas, planicies aluviales y claros rectilíneos en medio del bosque, muchas de ellas conectadas por trochas o canales fluviales.Llama la atención la superposición geográfica entre las zonas de presencia del ELN y las pistas clandestinas. Municipios como Jesús María Semprún, Catatumbo y Rosario de Perijá aparecen de forma reiterada, lo que refuerza la hipótesis de coexistencia operativa o acuerdos funcionales entre estructuras armadas y organizaciones narcotraficantes.La orientación de las pistas, la baja huella nocturna y el acceso anfibio en varios sectores evidencian una planificación técnica orientada a evadir radares, patrullajes y controles fronterizos. No se trata solo de esconderse, sino de garantizar flujos constantes de movilidad, abastecimiento y salida de cargamentos.En conjunto, los documentos pintan un mapa preciso de cómo la criminalidad organizada ha convertido el sur y occidente del Zulia en un santuario logístico, donde la selva, el agua y la geografía no son obstáculos, sino aliados estratégicos.
La ONU Derechos Humanos Colombia exigió la liberación inmediata de los cinco integrantes de la Policía Nacional que habrían sido secuestrados por el ELN en zona rural del municipio de Tibú, en el departamento de Norte de Santander.En un pronunciamiento oficial, pidieron al grupo armado que tendría en su poder a los policías José Ricardo Carrillo Romero, Carlos Eduardo Barrera Ruiz, Edwin Fabián Manosalva Contreras, Ramón Alberto Coronel Medina y Daniel de Jesús Granada Quiroz, a respetar en todo momento su vida e integridad personal.“Rechazamos la privación de la libertad de estos cinco funcionarios de la @PoliciaColombia de Norte de Santander”, señalaron en el comunicado.De acuerdo con la información recopilada por la entidad, los uniformados se movilizaban vestidos de civil, a bordo de un vehículo de transporte público, cuando fueron privados de la libertad en la vía que comunica a Tibú con otras zonas del Catatumbo.El organismo rechazó de manera categórica este hecho y reiteró a los grupos armados no estatales su obligación de respetar el Derecho Internacional Humanitario y los derechos humanos aun en contextos de conflicto armado.
La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas lanzó una alerta tras las advertencias de la Defensoría del Pueblo, que señala a los municipios de Riohacha y San Juan del Cesar en riesgo extremo por el aumento de combates entre grupos armados ilegales en inmediaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta.Desde el 26 de diciembre de 2025, al menos 195 personas, pertenecientes a 43 familias, se han visto obligadas a abandonar sus territorios rurales debido a los enfrentamientos armados. Los hechos han afectado de manera directa a comunidades indígenas del pueblo Wiwa, así como a población campesina, niños, niñas y adolescentes, docentes y liderazgos sociales.Uno de los casos más críticos es el desplazamiento total de la comunidad indígena Wiwa de La Múkura, una situación que, según el informe, “afecta su relación histórica, espiritual y colectiva con el territorio”. Estas comunidades ya habían enfrentado crisis humanitarias recurrentes en los últimos dos años, lo que ha debilitado sus procesos organizativos y de protección colectiva.A esto se suman restricciones al acceso a alimentos y servicios básicos, especialmente en territorios con vocación agrícola, además de amenazas y agresiones contra docentes, líderes comunitarios e integrantes del pueblo Wiwa, así como restricciones a la movilidad y al acceso a la información.La OCHA también advierte que las alcaldías de Riohacha y San Juan del Cesar no cuentan con recursos para brindar asistencia humanitaria inmediata y que, hasta el momento, no se ha entregado ayuda a las familias afectadas. Aunque se han activado algunas rutas de protección, Naciones Unidas mantiene el monitoreo permanente de la situación ante la gravedad de los riesgos humanitarios.
En los últimos días, diversas organizaciones sociales, líderes comunitarios y entidades del Estado colombiano han venido reportando una nueva escalada de violencia en el corregimiento de Filogringo, jurisdicción de El Tarra (Norte de Santander), como resultado de enfrentamientos entre las disidencias de las Farc y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Según los reportes de habitantes locales y personeros de la región, los combates se han intensificado desde mediados de diciembre, con hechos que incluyen uso de drones armados, ataques con artefactos explosivos y enfrentamientos directos entre los grupos armados ilegales. Estos incidentes han ocurrido tanto en zonas rurales como en las cercanías del casco urbano de Filogringo, lo cual ha puesto en alerta máxima a las comunidades. Los habitantes han compartido en redes sociales y medios locales grabaciones donde se muestra la llegada de grupos armados al área y el intercambio de disparos que se prolongan durante horas. Los reportes coinciden en que estos hechos han generado pánico, con detonaciones escuchadas de noche y presencia de artefactos aéreos no tripulados sobre zonas pobladas, lo que impide que muchas familias se desplacen libremente o busquen refugio seguro. Organizaciones comunitarias han señalado que más de 300 personas están siendo desplazadas o confinadas como consecuencia de estos combates. Además, el uso de drones ha sido descrito como especialmente preocupante, ya que estos ataques indiscriminados elevan el riesgo de víctimas civiles y daños a infraestructura habitacional. La Defensoría del Pueblo y personeros del Catatumbo han publicado comunicados oficiales en los que instan a las partes armadas a cesar las acciones violentas y respetar el Derecho Internacional Humanitario, enfatizando que la población civil no forma parte del conflicto y no debe ser expuesta a estas hostilidades. Estas entidades también han pedido al gobierno nacional fortalecer la presencia institucional para proteger a las comunidades afectadas. Los reportes coinciden con alertas humanitarias emitidas previamente este año, en donde se advirtió sobre el riesgo de nuevos enfrentamientos en diciembre debido al histórico de tensiones entre el ELN y las disidencias de las Farc, especialmente en áreas como El Tarra y Tibú. La continuidad de estos combates en Filogringo ha evidenciado cómo las advertencias generadas por organismos de derechos humanos se han cumplido, resultando en un aumento de desplazamientos forzados y deterioro de las condiciones de seguridad en la región. Estos reportes se suman a la grave crisis humanitaria que atraviesa el Catatumbo, donde se han documentado más de 78.000 desplazados como consecuencia de la violencia sostenida durante 2025, con Tibú y El Tarra entre los municipios más afectados. Las organizaciones sociales han resaltado que la situación no solo implica combates armados, sino también restricciones de movilidad, bloqueos a servicios básicos y afectaciones directas al acceso a alimentos y atención médica para la población civil. En síntesis, los reportes sobre la llegada y escalada de violencia en Filogringo coinciden en que se trata de una dinámica compleja y peligrosa, con impactos directos en la seguridad y los derechos humanos de las comunidades locales, que ahora enfrentan no solo la confrontación armada entre grupos ilegales, sino también las consecuencias humanitarias de un conflicto prolongado y en constante evolución.
La Defensoría del Pueblo alertó sobre la grave crisis humanitaria que atraviesa la subregión del Catatumbo, en Norte de Santander, donde los enfrentamientos entre grupos armados ilegales han provocado más de 78.000 desplazamientos forzados durante 2025. Tibú y El Tarra figuran entre los municipios más afectados por un conflicto que no da tregua y que ha generado confinamientos, amenazas y violaciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH).El organismo emitió la Alerta Temprana de Inminencia 017 de 2025 ante el recrudecimiento de la violencia entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las extintas Farc —Frente 33 y Bloque Magdalena Medio—, así como por el control territorial ejercido por el ELN en amplias zonas rurales. En este escenario confluyen economías ilegales, débil presencia estatal y una estructura de poder paralelo que impone restricciones de movilidad, normas de conducta y prácticas de coerción social sobre la población civil.En mayo, el Gobierno nacional autorizó la creación de una Zona de Ubicación Temporal (ZUT) para miembros del Frente 33 en Tibú, medida que fue prorrogada el 23 de diciembre sin que hasta la fecha existan los protocolos necesarios para su funcionamiento. La Defensoría advirtió que la persistencia del conflicto armado en el área hace inviable esta iniciativa y podría aumentar los riesgos humanitarios para las comunidades cercanas.Los hechos más recientes agravan el panorama. Desde el 14 de diciembre se registran nuevos enfrentamientos en Tibú y El Tarra, que han dejado decenas de familias desplazadas y miles confinadas. Solo en el corregimiento de Pachelli, cerca de 1.500 familias —unas 6.000 personas— permanecen sin acceso a alimentos ni servicios básicos por los combates y el paro armado del ELN. En la vereda Kilómetro 16, 223 personas tuvieron que abandonar sus hogares, mientras que los ataques con drones en Filo Gringo mantienen aisladas a varias comunidades rurales.La Defensoría alertó además que las alcaldías de Cúcuta y Tibú no tienen la capacidad operativa ni presupuestal para responder a la emergencia, debido al vencimiento de contratos del personal de atención y del operador logístico. La falta de seguridad en el territorio ha impedido verificar de manera directa los nuevos desplazamientos, por lo que se presume un subregistro significativo.Ante esta situación, el organismo pidió al Gobierno nacional y a las autoridades locales fortalecer las rutas de atención humanitaria, garantizar el envío de ayuda inmediata y activar corredores humanitarios para las zonas más afectadas. También llamó a los grupos armados ilegales a cesar las hostilidades y respetar el Derecho Internacional Humanitario, para evitar que la crisis siga cobrando víctimas en el Catatumbo.Al llamado de la Defensoría del Pueblo se suma la alerta que emiten cerca de 28 organizaciones sociales de la región del Catatumbo en la que claman acciones inmediatas por parte de los grupos armados ilegales y los organismos del Estado."Alertamos sobre la grave escalada de la crisis humanitaria en el Catatumbo en los últimos días. Las confrontaciones armadas han generado más de 300 personas desplazadas, cierre de vías, presencia de artefactos explosivos, bloqueo a misiones médicas y graves afectaciones a la población civil", indicaron.Agregaron que la actual situación que ya había sido advertida por la mesa humanitaria desde noviembre, pone en alto riesgo a las comunidades campesinas e indígenas, especialmente a niñas, niños, personas mayores y líderes sociales."Exigimos acciones inmediatas de protección y atención humanitaria por parte del Estado y el respeto al DIH por los actores armados. Seguiremos acompañando a las comunidades por la vida, la paz y la permanencia digna en el Catatumbo".La crisis humanitaria que vive actualmente el Catatumbo empezó el 16 de enero de este año.
El senador Iván Cepeda reveló que se creará un “gabinete de la paz” para la ambiciosa propuesta del gobierno de Gustavo Petro de crear una paz total en todo el país, para lo cual habrá zonas de ubicación temporal, las cuales llamó “regiones de paz” y tendrán sus propias políticas.Cepeda, quien además será el arquitecto de este proyecto, dijo en Mañanas Blu que la política de paz ya no será vista como un tema secundario, sino como una política completa de Estado, es decir, que “concierne a todos los poderes públicos, niveles de Estado y a los gobiernos siguientes”.“Se va a crear el gabinete de paz, que es una figura que corresponde a que cada ministro o ministra debe tener en su cartera unos objetivos concretos frente a la política de paz y, el presidente convocará para ver cómo se desarrolla en conjunto. También habrá una presencia de la oficina del alto comisionado de Paz más fuerte”, comentó.Explicó que “en las regiones de paz” se va a desarrollar una política especifica “para que el Estado pueda atender la paz”, esto, enfocado en problemas humanitarios que se presenten en cada territorio.“No hay mesas regionales de paz, lo que existe son regiones de paz, donde habrá posibilidad de diálogos puntuales relacionados a situaciones humanitarias. Los mandatarios locales ya están desarrollando está modalidad, ahora, se busca un control”, describió.El senador Cepeda añadió que en las regiones de paz “no habrá despejes ni nada que se le parezca”, pues el proyecto establece que los comisionados de paz, que serán designados por el mismo presidente Petro, estarán en cada región y podrá desarrollar acercamientos para resolver los problemas humanitarios.Así, detalló que se tendrá prioridad en las regiones "donde hay una situación más grave”, cerca de 10 en total. Según dijo, son las que están ubicadas cerca a la frontera con Venezuela, también algunas del Pacifico norte y sur, parte de la costa Caribe y los llanos orientales; allí es posible que haya “comisionados de paz territoriales”, serán nueve.Agregó que podrían entrar en el proyecto el Meta, Guaviare, Putumayo, una parte de Nariño y el Valle del Cauca, donde “se requiere presencia de una institucionalidad de paz”.Le puede interesar:
El senador Humberto de la Calle Lombana, exnegociador de paz con las Farc, habló en Mañanas Blu sobre las dudas que le generan los anuncios de paz del presidente Gustavo Petro.“La mayor discusión va a ser qué se negocia. Habrá que ver cuáles son los límites hasta donde va a llegar la sociedad y de qué tipo de soluciones estamos hablando. Comenzar por el cese del fuego puede ser una equivocación. Esos anuncios me parecen anticipados”, declaró el congresista, quien reconoció que no ha leído todo el proyecto que presentará la administración nacional al poder legislativo."Ojalá le vaya bien, pero yo creo que son cartas muy poderosas para lograr cerrar una negociación", sostuvo.De la Calle aseguró que uno de los retos más duros lo representa el negocio del narcotráfico, que podría generar una oferta para que otros grupos armados tomen el lugar de movimientos paramilitares y guerrilleros que lleguen a acuerdos con el Gobierno.“Mientras siga siendo un negocio tan lucrativo, siempre está la tentación para nuevos protagonistas que llenan los vacíos de quienes han negociado”, sostuvo.Otra duda planteada por De la Calle tiene que ver con el ambicioso planteamiento de “paz total”, que según el legislador eclipsa otras aristas importantes del conflicto."La paz total ha desplazado los otros temas, no sé qué tanto le sea útil al Gobierno con el paso del tiempo. La llamada paz total encarna una cantidad de riesgos. Ojalá los temas sociales fuera el peso de Petro”, indicó.Según el legislador, un acierto del Gobierno Petro tiene que ver con la semántica que está usando al referirse con el término de sometimiento para el procesamiento. “Puede obtener resultados aceptables en términos de comunidad internacional y de la sociedad colombiana, pero eso depende, porque allí la discriminación sobre sanciones y elementos de sanciones ordinarias, de prisión común y corriente me parece que sí son imposibles de eludir”, afirmó.
El ministro del Interior, Alfonso Prada, habló en Mañanas Blu del alcance de la propuesta del Gobierno de Gustavo Petro para dialogar con grupos al margen de la ley. El funcionario dijo que si las agrupaciones armadas llegan a participar en esos espacios, se buscará una ruta legal para cada una. "Vamos a abrir un diálogo regional con los actores sociales con la institucionalidad, van a estar sentadas en la mesa todas las personas que tienen la responsabilidad de la productividad, de las inversiones sociales, en la vida en cada territorio. Si a esa mesa llegan actores ilegales, hay que comunicar inmediatamente esa situación a nuestro comisionado de paz, al Gobierno nacional y ahí se señalará la ruta de ese diálogo. Los componentes estructurales de violencia cambian según la región y solamente un diálogo, con componente social y de seguridad, es lo que logra pacificar", sostuvo el ministro. De acuerdo con Alfonso Prada en ningún se ha hablado de un cese al fuego multilateral que bloquee a la fuerza pública. “No se está dando una orden de desmovilización del Ejército y la Policía, se está dirigiendo a los que están por fuera del marco constitucional”, sostuvo el funcionario. El ministro dijo que se abrirán Puestos de Mando Unificados en 65 municipios del país, los cuales han sido detectados desde el Gobierno, con inteligencia y plataformas de derechos humanos, como las poblaciones donde se está asesinando sistemáticamente a líderes sociales, así como sometiendo a hostigamientos a la comunidad. Mecánica de los diálogosDe acuerdo con el ministro del Interior, el Gobierno tiene una voluntad de diálogo regional, con el objetivo de escuchar a los líderes en los territorios. El funcionario aseguró que habrá dos directrices en estos acercamientos, con un primer fin de que sean de carácter social y vinculantes, para que desde las regiones los líderes opinen sobre lo que debe ser la priorización de la inversión. "Los resultados deben ir directamente al plan de desarrollo y a los presupuestos. Buscamos con ello el efecto de que la misma comunidad y los líderes, con sus instituciones, al definir la priorización, corren totalmente a los violentos. No hay ninguna excusa para que un violento pretenda suplantar la autoridad institucional cuando la misma comunidad con sus autoridades define qué es lo que quiere en su territorio", sostuvo Prada. De acuerdo con Prada, en la medida en que se logren concretar las aspiraciones de los líderes de las regiones en el orden presupuestal nacional, los actores violentos perderán razón de ser. “La segunda columna o el segundo efecto que buscamos es que se habilite un diálogo que permita que todos los actores sociales, e incluso los actores violentos, tengan la posibilidad de articular en el territorio posibilidades de diálogo real, que permita alcanzar la paz integral, la paz total”, declaró. Poder para los alcaldesEl ministro del Interior dijo que para llevar a cabo los acercamientos se empoderará a los alcaldes, para que cuenten con mayor apoyo institucional en materia de seguridad."El sentido de la orden del presidente es que el alcalde cuente con el apoyo de las Fuerzas Militares y de Policía para proteger en el instante la vida de las personas. Un Puesto de Mando Unificado, coordinado desde aquí desde el ministerio del Interior, que pretenda tener presencia inmediata para la protección de vidas en el territorio es imposible. Por eso debemos tener a los alcaldes para que coordinen medidas inmediatas", declaró. Prada sostuvo que no se va a desconfiar de entrada de las autoridades elegidas y constituidas democrática y constitucionalmente en los territorios, pero que en la medida en que haya algún tipo de abuso o extralimitación, tanto el Gobierno como organismos de control tomarán cartas. “Un alcalde tiene la posibilidad de conducir el orden público al interior de su municipio. Tiene la Constitución y la ley, unas instituciones que tienen la función de proteger la vida. No va a dar la orden, perdóneme lo brutal y lo gráfico, dispárele a la comunidad porque están haciendo una propuesta. No, ahí termina en la cárcel. El alcalde tiene marco constitucional y legal. La única competencia que le estamos entregando es una que ya tiene constitucionalmente, es el jefe de la Policía, responsable del orden público en su municipio, pero no ejerce autoridad. Le estamos dando autoridad para que pueda ejercer”, sostuvo Prada.
Desde el municipio de Ituango, en el departamento de Antioquia, el presidente Gustavo Petro propuso que los diálogos con los grupos armados pueden comenzar con un cese multilateral de las hostilidades, porque este propiciaría el clima más apropiado para poder legitimar un fin definitivo de la violencia.El primer mandatario no detalló en cómo se daría este cese al fuego multilateral, pero los analistas en materia de conflicto armado en el país ya dan las primeras pistas de este mecanismo de mediación.Para el politólogo y ahora senador de la Alianza Verde, Áriel Ávila, ya existen las condiciones para un cese al fuego bilateral entre el estado y el ELN, y que llegar a ese punto sería relativamente fácil. Esto por cuenta de las condiciones que quedaron prácticamente listas desde finales del gobierno del ex presidente Juan Manuel Santos.Sin embargo, Ávila aseguró que la implementación de la propuesta debe incluir a más actores para que el proceso de diálogo prospere.“Esto significa que este país va a arrancar seguramente con un cese al fuego bilateral al fuego y lo ideal es que se vayan sumando fuerzas para garantizar los derechos humanos y el DIH en esos territorios. De no ser así, las posibilidades de violación son muy altas y las crisis serían muy altas” dijo.Le puede interesar:El politólogo también se refirió a las declaraciones del máximo jefe del ELN, alias ‘Antonio García’, en las que aseguró que esa guerrilla no reclutaba a menores ni a nadie. "Todo el mundo sabe hay menores de edad en el ELN, que reclutan menores de edad. Eso ni siquiera amerita una discusión”, afirmó.El argumento del ahora congresista radica en que como el grupo armado ilegal está en plan de negociación de paz, lo que quiere es congraciarse con la comunidad internacional, enviando estos mensajes mediáticos para darle legitimidad al proceso de negociación con el Estado.Asimismo, la exdirectora del ICBF, Cristina Plazas rechazó estos mensajes enviados por el máximo jefe del ELN y pidió al gobierno que no se cometan los mismos errores que, según ella, se cometieron durante el proceso de paz con la guerrilla de las FARC.“El ELN es un grupo terrorista que ha secuestrado, asesinado y reclutado niños. Los colombianos no podemos permitir esa clase de mensajes sobre todo de este terrorista criminal, Antonio García, que es un reclutador de niños. Le exigimos al presidente Gustavo Petro que se pronuncie sobre este trino y lo rechace de inmediato. El gobierno no puede cometer los mismos atropellos que se cometieron con los niños en el proceso de paz con las FARC, la entrega de unos cuantos fue cruel y una burla para el país. Tristemente los niños en el país no importan”, dijo Plazas a Blu Radio.Por su parte, el senador del Pacto Histórico, Iván Cepeda quien aseguró que la propuesta del cese al fuego multilateral es una forma de avanzar optima hacia la posibilidad de acuerdos de paz.“No es una condición, lo aclaro de manera tajante, no se trata que deba haber un alto al fuego como condición o precondición de cualquier diálogo, pero sí de buscar que en este momento en el país pueda haber una situación de desescalamiento de la violencia que como se sabe bajo el anterior gobierno alcanzó unos niveles que hace que la situación en muchos municipios sea compleja”, indicó.El senador aseguró que el panorama para un diálogo con las guerrillas alzadas en armas es más complejo hoy porque según él se perdieron cuatro años en los que no se avanzó en los diálogos y el desarme de esas estructuras criminales.“Efectivamente tenemos hoy, por el tiempo perdido en el gobierno anterior, una situación más compleja en muchos territorios en los cuales ante la confrontación que existe las Fuerzas Militares del Estado y la organización guerrillera se han sumado otros conflictos que enfrentan a otros grupos. Efectivamente una condición a la que se podía acceder o que sería óptima es a que se produzca un cese multilateral, lo que no significa que no pueda haber un alto al fuego bilateral”, señaló.Escuche el podcast “Zorros y Erizos” y conozca la polémica que desencadenó la orden del gobierno Petro a la fuerza pública de cesar bombardeos donde haya menores.
La paz en Colombia dejó de ser una promesa abstracta para convertirse en una realidad tangible en distintos territorios del país. Así lo demuestra el balance presentado por la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), que durante 2025 impulsó iniciativas, proyectos productivos e inversiones clave para fortalecer la reincorporación y evitar la repetición del conflicto armado.El siguiente video recoge los principales hitos de este proceso y evidencia cómo el trabajo articulado entre el Estado, las comunidades y las personas firmantes de paz ha permitido abrir nuevas oportunidades y sembrar arraigo a la vida civil.Durante el año, la educación se consolidó como uno de los principales pilares de la construcción de paz. Más de 10.200 personas en proceso de reincorporación lograron elevar su nivel de escolaridad, mientras que firmantes del Acuerdo de Paz y sus hijos e hijas accedieron a educación superior, gracias a convenios estratégicos como el firmado con el Icetex. Estas acciones no solo fortalecen las capacidades individuales, sino que también impactan de manera directa la sostenibilidad económica de las familias.En materia productiva, la ARN impulsó 6.097 proyectos —tanto individuales como colectivos— que recibieron inversiones superiores a los 104.000 millones de pesos. A esto se suman los convenios con el Fondo Emprender del SENA y el Banco Agrario, que abrieron nuevas puertas para el emprendimiento, el acceso a crédito y la generación de ingresos en los territorios.Sin embargo, el avance hacia la paz no se limita a lo económico. La reconstrucción del tejido social fue otro eje fundamental en 2025. A través de las agendas comunitarias, diálogos para el futuro, se promovieron espacios de reconciliación y convivencia pacífica en 66 territorios, con la participación de más de 9.540 personas entre comunidades y firmantes de paz.El año también marcó un hito histórico en el cumplimiento de compromisos: cerca de 18.500 hectáreas adquiridas y 347 viviendas entregadas o en proceso de entrega desde la firma del Acuerdo de Paz, fortaleciendo el arraigo territorial y los proyectos de vida de quienes apostaron por dejar las armas.Para 2026, la ARN y el Gobierno del Cambio reiteran su compromiso de seguir llegando a los territorios históricamente marginados, entendiendo que la paz crece cuando la reincorporación se fortalece desde lo local y se traduce en transformaciones reales para Colombia.
La Defensoría del Pueblo advirtió que entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2025 se registraron 165 asesinatos de líderes, lideresas y defensores de derechos humanos en el país. Del total de casos confirmados, 143 corresponden a hombres y 22 a mujeres, lo que refleja una grave y sostenida vulneración a quienes promueven la defensa de los derechos y la paz en los territorios.Los datos revelan que los meses con mayor número de homicidios fueron marzo (20 casos), julio (19) y noviembre (18). Desde enero de 2016 hasta noviembre de 2025, la Defensoría ha documentado 1.653 asesinatos de líderes y defensores, una cifra que pone en evidencia la magnitud de la crisis y la necesidad de reforzar la protección institucional.A las cifras de la Defensoría se suman los datos de Indepaz, que confirman la persistencia de un patrón sistemático de violencia y silenciamiento contra quienes defienden la vida, los derechos humanos y la implementación del Acuerdo de Paz. El instituto señala que el asesinato de líderes sociales, de firmantes de paz y la repetición de masacres en distintos departamentos no solo responde a la acción de grupos armados ilegales, sino también a profundas fallas estructurales del Estado en materia de prevención, protección y garantías de no repetición.Las organizaciones defensoras de derechos humanos coinciden en que el Estado colombiano sigue en deuda con las comunidades rurales y los procesos sociales que, a pesar de los riesgos, continúan promoviendo la reconciliación y la defensa del territorio.Mientras tanto, colectivos como las Tejedoras de Vida del Putumayo mantienen viva la voz de resistencia con una pregunta que se repite en cada marcha y conmemoración: “¿Por qué nos matan?”.El llamado de las entidades es urgente: fortalecer los mecanismos de seguridad para los líderes sociales, garantizar justicia frente a los crímenes y avanzar en una política integral de protección que ponga fin a la impunidad y al miedo que sigue acechando a quienes defienden la paz.
“En la mesa no estamos negociando la impunidad para los miembros del grupo ni hemos pactado ni pactaremos ningún acuerdo que vulnere el Estado social de derecho”, dijo Armando Novoa, jefe negociador del Gobierno, tras responder críticas del excoronel Jaime Ariza.Novoa insistió que, durante un año y seis meses de diálogos, con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano se han presentado diferentes posturas de personas que han generado disensos los cuales se han debatido con respeto y altura, además, dijo que la presencia de todos los integrantes de la delegación del Gobierno es a título personal y no representan a ningún gremio u organización.Según el jefe negociador del Gobierno, cada uno de los miembros de la delegación asumen sus propias responsabilidades y lamentó el retiro del coronel Ariza como integrante del equipo de paz del Gobierno.La reacción del jefe negociador se da horas después que el coronel Jaime Ariza manifestará su inconformidad por lo que llamó “beneficios a personas detenidas con fines de extradición”, como es el caso de Andrés Rojas, comandante del grupo ilegal Comandos de Frontera, que hace parte de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano.Novoa negó cualquier choque interno con agremiaciones como Acore y señaló que todas las preocupaciones expresadas por las comunidades, autoridades locales y departamentales sobre la paz total han sido tenidas en cuenta, asimismo, afirmó que hay plena confianza entre los integrantes de la delegación del Gobierno.Este es el comunicado emitido por la delegación del Gobierno nacional en diálogos de paz.
El Gobierno nacional oficializó, mediante la Resolución 471 del 22 de diciembre de 2025, la creación de Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) para los integrantes del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (AGC), conocido como Clan del Golfo, como parte del proceso de conversación sociojurídico con ese grupo armado.De acuerdo con el documento, las ZUT estarán activas hasta el 31 de diciembre de 2026 y se ubicarán en áreas rurales de los municipios de Belén de Bajirá y Unguía (Chocó), así como en Tierralta (Córdoba). Estas zonas serán espacios monitoreados y vigilados que permitirán la transición de los integrantes del AGC hacia su sometimiento a la justicia y su eventual reincorporación a la vida civil, en el marco de la política de Paz Total impulsada por el Gobierno Nacional.La medida busca garantizar seguridad jurídica y humana a los miembros del grupo armado que ingresen al proceso, al tiempo que asegura la protección de las comunidades y la presencia del Estado en los territorios. La Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP/OEA) acompañará el monitoreo y la verificación de las condiciones en las zonas, junto con el Ministerio de Defensa Nacional y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.El decreto también contempla la suspensión temporal de órdenes de captura y extradición para los miembros del AGC incluidos en los listados oficiales aprobados por la Oficina del Alto Comisionado, mientras dure su permanencia en las zonas de ubicación.El Gobierno recalcó que esta decisión no implica impunidad, sino que busca crear las condiciones necesarias para avanzar en el sometimiento judicial y la reparación a las víctimas. Además, dejó claro que en las zonas establecidas seguirá vigente la autoridad civil y militar, con pleno ejercicio del Estado de derecho.
El reciente fallo de la Corte Constitucional que ordena rectificar afirmaciones públicas contra la senadora Sandra Ramírez, exintegrante de las Farc y actual miembro del partido Comunes, ha generado un fuerte rechazo entre las víctimas del conflicto armado. La decisión, con ponencia del magistrado Miguel Polo Rosero, argumenta que Ramírez se ha reincorporado plenamente a la vida civil y que no existen investigaciones vigentes en su contra por hechos cometidos durante la guerra.Sin embargo, las víctimas calificaron la decisión como una “mordaza judicial” que limita su derecho a la libertad de expresión y a llamar a los responsables de la violencia por su nombre. Consideran que el fallo protege a victimarios y desprotege a las víctimas, en un contexto en el que muchos de los casos de reclutamiento forzado, secuestro y abuso sexual aún no han tenido respuesta efectiva en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).La presidenta de la Federación Colombiana de Víctimas, Sofía Gaviria, fue una de las voces más críticas frente a la decisión. En un pronunciamiento público, afirmó:“Rechazamos con toda la contundencia, como cualquier persona de bien lo debe hacer, que a quienes hemos defendido a las víctimas se nos cercene el derecho a llamar a nuestros victimarios como lo que son. La señora Sandra Ramírez era la responsable de entregarles como carne de cañón los niños reclutados al Secretariado de las Farc. Repudiamos completamente la decisión”.Gaviria señaló que el fallo no solo desconoce el suffarcrimiento de miles de víctimas, sino que envía un mensaje de impunidad al impedir que se hable libremente de los crímenes cometidos por los exintegrantes de la antigua guerrilla. “Lo que la Corte está haciendo es castigar la verdad”, manifestó la dirigente.Organizaciones de víctimas coincidieron en que la decisión restringe el derecho a la memoria histórica y la denuncia, pilares fundamentales del proceso de reconciliación. Advirtieron que la reparación y la justicia no pueden construirse sobre el silencio ni sobre el olvido, y pidieron a las instituciones del Estado garantizar que sus voces sigan siendo escuchadas.
El coronel (r) Jaime Ariza, quien integró la delegación del Gobierno Nacional en los diálogos con la antigua Segunda Marquetalia, hoy Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, aseguró que su retiro del proceso respondió a discrepancias profundas con el manejo que el jefe negociador, Armando Novoa, dio a varios episodios críticos durante las conversaciones de paz.Según explicó Ariza, su participación se dio a solicitud del alto comisionado para la Paz, quien en 2024 invitó a la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro (Acore) a vincular algunos de sus miembros al esfuerzo de la Paz Total. “Acore presentó varios nombres y fui designado para representar al componente de retirados de las Fuerzas Militares y de Policía”, precisó.Durante los primeros ciclos de negociación se alcanzaron acuerdos parciales importantes, entre ellos la entrega de 14 toneladas de material de guerra y la sustitución de 30.000 hectáreas de cultivos ilícitos en Nariño y Putumayo. También se avanzó en la definición de zonas de ubicación temporal para procesos de desarme, desmovilización y reincorporación.Sin embargo, las conversaciones se vieron afectadas tras un grave hecho ocurrido en el Putumayo, donde un teniente y un soldado fueron incinerados por una turba manipulada por el grupo armado, en medio de una operación contra el narcotráfico. Ariza explicó que solicitó a la mesa exigir responsabilidades, pero la respuesta de la Coordinadora fue “insuficiente” y sin reconocimiento alguno.“No se puede seguir permitiendo que la Fuerza Pública sea atacada mientras se habla de paz. La población es manipulada por quienes controlan la economía ilegal”, afirmó.Acore elaboró luego un documento reservado con observaciones y recomendaciones sobre el proceso, que —según Ariza— “no fue bien recibido” por el jefe negociador. Las diferencias se profundizaron cuando se solicitó una posición frente al caso de extradición de Andrés Rosas Taraña, frente al cual Ariza propuso condicionar cualquier pronunciamiento a una desmovilización irreversible en 30 días, lo que marcó su ruptura definitiva con la delegación.El oficial en retiro también señaló que posteriormente el Gobierno desconoció su papel como representante de Acore, asegurando que participaba “a título personal”. Esa decisión, sumada al silencio del Ejecutivo, llevó a la organización de oficiales retirados a cerrar unilateralmente su participación.“Los hechos son los hechos. El Gobierno pidió nuestro apoyo y luego nos desconoció. Guardaron silencio, y quien calla, otorga”, concluyó Ariza.