La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) admitió de manera provisional la comparecencia de José Leonairo Dorado Gaviria, quien fue sargento viceprimero del Ejército Nacional y se desempeñó durante años en el área de inteligencia. Fue condenado en la justicia ordinaria por extorsión, al aprovechar información confidencial y apropiarse de 22 millones de pesos, y actualmente se encuentra privado de la libertad.En 2018, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) rechazó su sometimiento por considerar que la Jurisdicción no tenía competencia material sobre la conducta por la que fue condenado. Esa decisión fue confirmada por la Sección de Apelación, y en los años siguientes la SDSJ se mantuvo en lo ya resuelto, pese a nuevas solicitudes del compareciente para ingresar al sistema transicional.Con el paso del tiempo, Dorado Gaviria amplió sus aportes y afirmó tener conocimiento, e incluso participación, en múltiples hechos delictivos, relacionados con su labor como integrante de la inteligencia militar encubierta del Ejército.A partir de esa información, la Sala de Reconocimiento de Verdad (SRVR) lo llamó a rendir versión voluntaria dentro de los macrocasos 06 y 08 y emitió un concepto preliminar positivo sobre sus contribuciones, al considerar que podrían ser relevantes.En abril de 2024, un despacho de la SDSJ resolvió desarchivar la actuación transicional, al concluir que las nuevas solicitudes del compareciente incluían hechos y conductas que debían ser analizados para determinar si podían ser competencia de la JEP.El auto señaló que esos relatos podrían contribuir al esclarecimiento de violaciones a los derechos humanos cometidas durtante su vinculación a la Brigada XX y al Batallón Charry Solan, en particular aquellas asociadas a estructuras de inteligencia militar, como asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate, así como posibles vínculos entre miembros de la fuerza pública y grupos paramilitares en distintas regiones del país.Posteriormente, la defensa de Dorado interpuso un recurso de apelación, solicitando que se revisara la decisión que había negado beneficios transicionales y que se analizara la conexidad entre su conducta y el conflicto armado, teniendo en cuenta su rol funcional dentro del Ejército y los aportes entregados ante la JEP.En diálogo con Blu Radio, Pedro Díaz, magistrado de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, por donde pasó el proceso en una primera instancia, explicó el alcance de esta admisión provisional y lo que se espera del compareciente dentro del sistema transicional.“Eso significa que debe aportar aquello más de lo que se ha establecido en las investigaciones, los procesos y sentencias de la justicia ordinaria, que sean razonados, que sean verdades, que a la JEP le permita contrastar no solo señalamientos o expresiones reiterativas o genéricas, sino que esto permita avanzar en las investigaciones y especialmente de los hechos de desaparición forzada y asesinatos ocurridos durante esa década de los años 80 y comienzos de los 90, en que los servicios de inteligencia de las fuerzas militares fueron muy activos en este patrón y práctica criminal”, detalló el magistrado. Finalmente, el magistrado señaló que en estos casos, la prioridad es garantizar los derechos de las víctimas y conocer la verdad en crímenes que son considerados de los más graves por el derecho internacional, como la desaparición forzada.
La mesa de negociación entre el Gobierno nacional y el Clan del Golfo atraviesa un momento delicado tras el anuncio de suspensión provisional de los diálogos por parte del grupo armado ilegal. De acuerdo con la delegación del Gobierno, la decisión se habría tomado de manera unilateral y sin comunicación oficial que precise sus alcances.“Nos hemos enterado de una decisión unilateral de suspensión provisional; dicen ellos que es para algunas consultas. Esperamos una notificación formal y enterarnos bien del detalle”, aseguró Álvaro Jiménez, negociador del Gobierno con el Clan del Golfo.Según se conoció, la suspensión estaría relacionada con declaraciones realizadas en las últimas horas por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Jiménez indicó que la información conocida hasta ahora apunta a una reacción del grupo armado frente a esos pronunciamientos.“Entendí, de la información que ha sido conocida, que es a raíz de unas declaraciones que el señor ministro de Defensa hizo en la mañana de hoy y esperamos un poco los desarrollos para poder asumir un comportamiento respecto de las mismas”, añadió.Jiménez señaló que la delegación se encuentra a la espera de mayores desarrollos para definir su postura frente a la decisión anunciada, y reiteró que, hasta el momento, no existe una notificación formal que confirme la suspensión ni sus términos.El delegado del Gobierno también subrayó que las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia exclusiva de esa cartera y que no corresponde a la mesa de negociación contradecirlas.“Las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia del señor ministro; yo no las voy a contradecir, pero he podido conversar con él y el señor ministro de Defensa me ha indicado que ellos cumplirán con el compromiso que se ha hecho en las mesas; por tanto, espero que haya alguna precisión al respecto”.Por ahora, el Gobierno espera que el Clan del Golfo notifique oficialmente su decisión, precise si la suspensión será temporal y aclare qué ocurrirá con el futuro de los diálogos.
El 2025 cerró como uno de los años más críticos para la movilidad humana forzada en Colombia. De acuerdo con el balance Dinámicas de Movilidad Humana Forzada en Colombia de la Defensoría del Pueblo, durante el año se registraron 133 eventos de desplazamiento forzado masivo, que afectaron a 107.924 personas, así como 99 eventos de confinamiento, que restringieron la movilidad de 128.825 personas en distintas regiones del país.En comparación con el año anterior, el número de personas desplazadas aumentó un 318,3 %, mientras que los casos de confinamiento crecieron un 19,4 %. “El informe advierte que las cifras superaron ampliamente las de 2024 y reflejan graves afectaciones a comunidades civiles en diferentes territorios”, afirma el documento.La subregión del Catatumbo, en Norte de Santander, concentró la mayor parte de las afectaciones. La crisis registrada a comienzos de año dejó más de 73.000 personas desplazadas, equivalente al 73 % del total nacional. Municipios como Tibú y El Tarra encabezaron los reportes, y durante el resto del año se mantuvieron nuevos episodios de desplazamiento y confinamiento.Otros departamentos como Nariño, Cauca y Antioquia también reportaron desplazamientos masivos, mientras que en confinamiento los mayores impactos se registraron en Chocó, Norte de Santander, Cauca, Huila, Guaviare, Antioquia y Valle del Cauca, que concentraron el 80,3 % de los casos del país. Solo en Chocó se contabilizaron 23.645 personas confinadas, la cifra más alta a nivel nacional.Solo en diciembre de 2025, se documentaron 10 eventos de desplazamiento forzado masivo, con 4.680 personas afectadas, y 6 eventos de confinamiento, que limitaron la movilidad de 18.450 personas.Nuevamente, Catatumbo concentró la mayor parte de las emergencias, con más de 3.700 personas desplazadas y 6.283 confinadas en ese periodo. Frente a diciembre de 2024, el incremento fue drástico: 676,2 % más personas desplazadas y 921,7 % más afectadas por confinamiento.El informe también advierte sobre el impacto migratorio. Entre el 1 de enero y el 15 de diciembre de 2025, 152.858 migrantes irregulares transitaron por Colombia, un 61 % más que en 2024. A esto se suma el retorno de 20.474 personas desde Norte y Centroamérica, en su mayoría de nacionalidad venezolana.Adicionalmente, la Defensoría acompañó a 5.204 connacionales deportados desde España, Estados Unidos y Chile, por medio de 50 vuelos humanitarios.“Durante estos procesos, la entidad recibió quejas por violencia basada en género, abuso sexual, requisas inapropiadas, deficiencias en aseo, alimentación y atención médica, así como posibles actos de discriminación o xenofobia”, aseguraron desde la Defensoría.Finalmente, la entidad advirtió que “el desplazamiento forzado masivo en el país, durante 2025, creció más de tres veces en relación con el 2024, evidenciando el recrudecimiento del conflicto armado en el territorio nacional y la ineficacia del Estado con las medidas de prevención y protección de los derechos de la población”.
El informe RED-clutamiento 2.0 de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP documenta que al menos 1.749 menores de edad fueron reclutados en Colombia entre 2017 y 2026. Uno de los principales hallazgos es el uso sistemático de redes sociales para atraer a niños y adolescentes, especialmente en zonas rurales.“Desde 2021, el reclutamiento de niños y niñas es el tipo de victimización a la población civil que más rápido crece en Colombia (por encima de masacres, asesinato de líderes sociales, desplazamiento forzado y confinamiento). Esto coincide con el uso sistemático de las redes sociales”, asegura el informe.De acuerdo con el documento, el 44 % de los casos registrados en 2025 estuvieron asociados directamente al reclutamiento a través de plataformas digitales.Las cifras muestran, además, un crecimiento sostenido: mientras en 2022 se registraron 151 casos de reclutamiento, en 2023 la cifra subió a 255; en 2024 alcanzó los 362 y en 2025 llegó a 386 casos. En apenas cuatro años, el incremento supera el 150 %, convirtiéndose en una de las violencias con mayor crecimiento en el país.De acuerdo con la UIA, el uso de TikTok y Facebook ha facilitado que los casos de reclutamiento se dupliquen mensualmente en algunos territorios. Antes de la expansión del reclutamiento digital, estos hechos se concentraban en 97 municipios; hoy se registran en 248 municipios, lo que representa un aumento del 156 %.“Las redes sociales han propiciado que se presenten casos de reclutamiento en lugares donde jamás habíamos registrado hechos (inclusive en la época más álgida del conflicto armado con las Farc-EP)”, subraya el informe.Según el documento, los reclutadores digitales reproducen estereotipos de género binarios para hacer más atractiva la oferta y generar identificación entre niños y adolescentes. En algunos casos, convocan a menores a supuestos torneos de fútbol, asegurando que asistirán cazatalentos extranjeros que los llevarán a equipos profesionales fuera del país.El escrito señala que las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’, son el grupo armado que más niños recluta a través de redes sociales. Esta estructura concentra 116 cuentas activas en Facebook y TikTok, con publicaciones que alcanzan en promedio más de 20.000 visualizaciones y, en algunos casos, millones de reproducciones.Su principal zona de operación está en el suroccidente del país, especialmente en Cauca, Valle del Cauca y Nariño, departamentos donde opera el 67 % de las cuentas identificadas.En total, el informe identificó 186 cuentas en redes sociales vinculadas a actividades de reclutamiento, con un promedio de 6.700 seguidores por cuenta.La UIA alerta que, si no se adoptan medidas urgentes de prevención y control, entre 2026 y 2030 podrían registrarse más de 2.300 nuevos casos de reclutamiento, lo que equivaldría a que un menor sea vinculado a un grupo armado cada 12 horas.
En medio de la polémica por las listas del Pacto Histórico al Congreso, Mañanas Blu 10:30 retomó la conversación con el exregistrador delegado electoral Nicolás Farfán y con el representante a la Cámara Alejandro Ocampo, quienes expusieron posiciones opuestas sobre las demandas y las decisiones del Consejo Nacional Electoral (CNE).Farfán explicó que presentó 14 solicitudes de revocatoria en 13 departamentos y la circunscripción internacional, cada una con causales específicas.“Yo presenté en total 14 solicitudes de revocatoria en 13 departamentos y la circunscripción internacional. Eso sí, cada una con una causal específica, de las cuales 8 de ellas versan sobre la violación del artículo 262 de la Constitución Política por haber superado el 15% del umbral”.Sobre su motivación, aseguró que no actúa por encargo político. “A mí no me está pagando nadie, yo no le estoy haciendo el mandado a nadie. Yo estoy haciendo esto para que se cumpla la Constitución”.Según el exregistrador, el problema de fondo es que se pretende desconocer la Constitución dependiendo de la conveniencia política.“En Colombia no puede seguir echando camino que la Constitución y la ley está de adorno y que se acomoda según la conveniencia del operador político”.En cuanto a las decisiones del CNE, detalló que en San Andrés y Nariño los fallos fueron definitivos en su contra; en Caldas, la decisión inicial también fue negativa, pero interpuso recurso de reposición; mientras que en Valle del Cauca el fallo fue a su favor, aunque está pendiente de revisión.Farfán explicó que las decisiones varían según la causal analizada y defendió la postura del CNE cuando falla en contra del Pacto Histórico, al tiempo que criticó que se cuestione al organismo solo cuando las decisiones no son favorables.“Las instituciones y las autoridades que toman decisiones no pueden catalogarse como buenas o malas según como le fallan”.Sobre el caso de Bogotá, afirmó que guarda similitudes con el del Valle del Cauca y que, si el CNE mantiene la misma línea jurídica, la lista también debería ser revocada.“La Constitución en ningún lado señala que cuando uno tiene una fuerza electoral importante o mayoritaria, está facultado o autorizado para violar la Constitución”.Agregó que permitir ese tipo de situaciones sería más grave para la democracia. “Yo creo que es muy grave para la democracia colombiana que una fuerza política viole la Constitución (…) Claramente a mí me parece más grave permitirlo que no permitirlo”.Farfán también se refirió a la recusación presentada contra el magistrado Álvaro Echeverry y a la participación de Iván Cepeda en la consulta, señalando que el trámite no se ajustó a lo establecido en el reglamento del CNE.“Sorprendentemente el Consejo Nacional Electoral no le dio el trámite que establece el mismo reglamento del Consejo Nacional Electoral”.Por su parte, el representante del Pacto Histórico Alejandro Ocampo rechazó los argumentos del exregistrador y sostuvo que se trata de una acción política coordinada en contra de su colectividad.“Esto es el arte del engaño. Aquí no es un tema en derecho”. Ocampo aseguró que el CNE ha puesto obstáculos desde hace meses y cuestionó directamente a Farfán. “Esto viene armado desde adentro”.También afirmó que existe una intención de impedir que el Pacto Histórico participe con listas fuertes en departamentos como el Valle del Cauca. “Esto no es un tema político. El que presenta el fallo es el señor Álvaro Hernán Prada del Centro Democrático”.Frente a los escenarios jurídicos, Ocampo explicó que evalúan modificar las listas o presentar recursos, de acuerdo con lo permitido por la ley. “La 1475 dice que cuando hay revocatorias (…) tenemos hasta un mes antes de las elecciones para modificar la lista”.
La Misión de Observación Electoral (MOE) presentó su más reciente mapa y factores de riesgo electoral para las elecciones legislativas y presidenciales de este 2026. El estudio fue elaborado por un grupo técnico de 37 analistas e investigadores que trabajan en 17 instituciones, entre universidades, centros de pensamiento, observatorios y organizaciones no gubernamentales especializadas.Una de las principales alarmas que se encienden es la identificación de 170 municipios en los que coinciden factores indicativos de fraude electoral y violencia física. Este panorama representa un incremento del 29.77 % en comparación con los comicios nacionales de 2022, evidenciando lo que los expertos califican como un deterioro cualitativo de la integridad democrática en los territorios.También se presenta un aumento de municipios con riesgo extremo. Esta categoría, donde la amenaza es máxima, pasó de 49 municipios en el periodo anterior a 81 para las próximas elecciones, lo que supone un crecimiento del 65.31 %. Departamentos como Cauca (19 municipios) y Antioquia (18 municipios) se consolidan como los epicentros de este panorama negativo, seguidos por zonas críticas en Bolívar, Chocó y Nariño.Según la MOE, hay seis zonas prioritarias: Centro de Arauca (Arauquita, Fortul, Saravena), Norte de Antioquia y Sur de Bolívar, Andén Pacífico Colombiano (33 municipios tienen riesgo extremo), Norte del Cauca, Suroriente colombiano, Medio y Bajo Putumayo.El riesgo identificado por la MOE no es unidimensional. Por un lado, las variables de fraude analizan atipicidades estadísticas como niveles inusuales de participación, votos nulos y el dominio electoral de ciertos grupos. En total, 383 municipios presentan riesgos para la Cámara de Representantes y 334 para el Senado, con repuntes significativos de anomalías en regiones como la Amazonía (Amazonas, Guainía y Vaupés) y el Pacífico caucano.Por otro lado, la violencia condiciona la libertad del voto en 339 municipios. La injerencia de Grupos Armados Ilegales (GAI), los desplazamientos forzados, el confinamiento de comunidades y la violencia contra liderazgos políticos y periodistas han creado escenarios de “gobernanza criminal”. Estas dinámicas se ven agravadas por la inestabilidad en las negociaciones de la Paz Total, que en algunos casos ha intensificado las disputas territoriales entre el ELN, el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc.La recomendación central es priorizar la presencia institucional y las Comisiones de Seguimiento Electoral en estos 170 territorios para garantizar que los colombianos puedan ejercer su derecho al voto sin coacciones ni manipulaciones estadísticas.
De acuerdo con el reporte del Ideam, los niveles del río Magdalena registrados en la estación San Pedrito del municipio de Suan, sur del Atlántico, fueron de 5.04 metros en las últimas horas; mientras que en la estación Calamar, que se halla en el norte de Bolívar, los niveles fueron de 5.43 metros.Las mediciones anteriores activan las alarmas, si se tiene en cuenta que los niveles del río en su paso por esta zona hacia el Canal del Dique tienden a ubicarse entre los 2 y 3 metros durante esta época, días en los que más bien suele preocupar la sequía por estos bajos niveles, tanto así, que en algunos puntos a duras penas la corriente alcanza el metro de altura.Uriel Ávila, líder de la zona, afirma que la situación de nuevo pone en riesgo de inundaciones a las comunidades de Atlántico y Bolívar, mientras el Gobierno sigue poniendo trabas a la inversión que se requiere para llevar a cabo el megaproyecto del Canal del Dique."¿Qué nos preocupa a nosotros como población? Pues que las paredes están debilitadas y que se deben hacer los trabajos cuanto antes. Por eso hemos solicitado al Gobierno nacional su intervención, ya hemos realizado paro fluvial, hemos colocado tutela y no vemos respuesta de parte del Gobierno, no vemos una voluntad de las autoridades público administrativas y queremos que inicien cuanto antes las obras de mitigación", expresó Ávila.Las comunidades advierten que por los altos niveles que se están dando, se podría dar un desbordamiento inminente del canal cuando se presenten las lluvias habituales, pues la zona no tiene dónde recibir más caudal para aliviar la presión del Magdalena.
El Gobierno iraní aprobó un decreto que autoriza la expedición de permisos de conducir motocicletas a mujeres, lo que pone fin a una prohibición que se remonta a la fundación de la República Islámica hace 47 años.El vicepresidente primero de Irán, Mohamad Reza Aref, firmó el decreto que "ordena a la Policía de la República Islámica emitir permisos de conducir para mujeres", informó este miércoles la agencia ISNA.El decreto establece además que la Policía debe formar a las aspirantes a conductoras, así como llevar a cabo los exámenes para obtener el permiso.¿Por qué las mujeres no podían conducir moto? La aprobación de la medida se produce tras meses de debates en el país acerca de si se debía permitir a las mujeres conducir motos, algo que en realidad ya ocurriría con numerosas féminas haciendo uso de los vehículos de dos ruedas aunque en la práctica era ilegal.El motivo oficial era que el artículo 20 de la Ley de Tráfico iraní menciona a "hombres" en su apartado sobre los permisos de conducción de motocicletas y ello ha llevado a las autoridades a no emitir licencias a mujeres hasta ahora.Hace una semana, la vicepresidenta iraní para Asuntos de la Mujer y la Familia, Zahra Behrouz-Azar, anunció que esto cambiaría en los próximos días y explicó que las mujeres deberán atender cursos impartidos por instructoras féminas y "en caso de escasez de personal, por hombres, siempre respetando las normas religiosas e islámicas".La aprobación de la medida se produce tras las protestas más violentas en la historia de la República Islámica, que comenzaron por motivos económicos a finales de diciembre pero pronto pasaron a pedir el fin del sistema político fundado por el ayatolá Ruholá Jomeiní en 1979.Las autoridades iraníes acusan a Israel y Estados Unidos de provocar la violencia en unas protestas que según datos oficiales han causado 3.117 muertos, mientras ONG opositoras como HRANA, con sede en EE.UU., sitúa la cifra en 6.842 fallecidos, estudia otros 11.000 posibles homicidios, y más de 40.000 arrestos.En su informe anual emitido hoy, Human Rights Watch denunció que en la República Islámica las mujeres y las niñas continúan haciendo frente a una grave discriminación y violencia, debido a leyes que les niegan derechos iguales a los de los hombres, en el matrimonio, el divorcio, la herencia y la custodia de los hijos, y las relegan a ser ciudadanas de segunda clase.
Un grupo de peligrosos integrantes de ‘Los Mesa’, con amplio historial criminal, quedaría en libertad luego de que se adoptaran por parte de la justicia decisiones que dejaron en entredicho uno de los operativos más importantes contra esta estructura que delinque en Bello, Antioquia, y tiene expansión en Bogotá.Las capturas se produjeron el jueves 29 de enero, luego de que el mismo juzgado avalara 23 órdenes de captura por delitos de concierto para delinquir con fines de homicidio, tortura, tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas. En el operativo fueron detenidas 20 personas, entre ellas alias ‘Tavo’, señalado cabecilla, así como sicarios y financieros de la organización.Sin embargo, durante las audiencias concentradas se declararon ilegales cuatro puntos de las órdenes de allanamiento, argumentando falta de motivos fundados y una supuesta invasión grave a la intimidad, pese a que se trataba de una sola orden que cobijaba todos los inmuebles, sustentada en el mismo contexto criminal y probatorio.Entre los inmuebles afectados por la decisión judicial se encuentran aquellos donde fueron capturados alias ‘Tavo’, señalado de coordinar homicidios selectivos y ajustes de cuentas, y alias ‘Nías’, jefe de sicarios de la estructura, quien además se encontraba prófugo desde 2023 y es vinculado a múltiples asesinatos bajo la modalidad de sicariato en la localidad de Suba.También podría quedar libre alias ‘Panadero’, identificado como uno de los principales expendedores y recaudadores del microtráfico, cuya actividad fue documentada mediante agentes encubiertos, y que operaba en zonas residenciales, parques y entornos cercanos a instituciones educativas.La Fiscalía cuestionó que, pese a la gravedad de los hechos, el extenso prontuario criminal de los capturados y el impacto histórico de ‘Los Mesa’ en la seguridad ciudadana, se hayan prolongado las audiencias sin resolver la situación jurídica, dejando abierta la posibilidad de que criminales de alta peligrosidad regresen a las calles. La diligencia fue nuevamente suspendida para este 4 de febrero, sin que hasta ahora se haya definido la legalidad de las capturas.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitió esta semana una orden que busca enfrentar una de las fallas más graves del sistema forense en Colombia: la falta de capacidad técnica y financiera para identificar a miles de personas desaparecidas durante el conflicto armado.La JEP advirtió que el rezago de Medicina Legal amenaza directamente el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, pilares fundamentales del sistema transicional. Por eso, ordenó un plan de acción urgente que permita superar los cuellos de botella que hoy impiden avanzar en procesos de exhumación, análisis e identificación de restos humanos.Entre las medidas concretas que deberá adoptar el Gobierno están: La creación de una subcuenta especial dentro del Fondo Colombia en Paz para financiar las actividades forenses.La reactivación del centro forense en Soacha, un lugar clave por su cercanía a fosas comunes y cementerios con cuerpos sin identificar.El uso de predios en proceso de extinción de dominio como sedes temporales para ampliar la infraestructura forense.La JEP enfatizó que sin estos recursos y sin una estructura sólida, la búsqueda de más de 100.000 desaparecidos en Colombia seguirá estancada.Las víctimas y sus familias han esperado por décadas respuestas que no han llegado, y hoy el país enfrenta una deuda humanitaria que no se resuelve solo con voluntad política: requiere inversión, coordinación institucional y decisión estatal.La decisión fue tomada en el marco del caso 09, que investiga la situación de los desaparecidos y el accionar del Estado frente a su búsqueda. La JEP también ha señalado la urgencia de reforzar la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) y particular su trabajo con Medicina Legal y otras entidades que hacen parte del Sistema Integral para la Paz.Con este pronunciamiento, la Jurisdicción eleva el tono y marca una alerta: sin ciencia forense, no hay verdad; y sin verdad, no hay paz real ni completa para las víctimas del conflicto.
La JEP emitió el pasado 24 de julio de 2025 una resolución clave en la que argumenta que Javier Alfredo Valle Anaya ha cumplido con el régimen de condicionalidad que le permitió su ingreso como compareciente voluntario. El exfuncionario fue condenado en 2017 a 40 años de prisión por su participación en el homicidio del sociólogo Alfredo Correa de Andreis y su escolta Edelberto Ochoa, hechos relacionados con el accionar del paramilitarismo y el uso indebido de su cargo en el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).Actualmente preso en La Picota, Bogotá, Valle Anaya solicitó someterse a la JEP en 2018, y su aceptación fue condicionada al cumplimiento estricto de obligaciones de aporte a la verdad, medidas de reparación a las víctimas y garantías de no repetición.Durante el proceso, el compareciente ha presentado varias propuestas de contribución a la verdad, entre ellas, la entrega de nombres de otros responsables, la distribución de volantes pedagógicos y la realización de una misa conmemorativa y un diplomado. No obstante, la JEP determinó que tales iniciativas no representan avances significativos frente a lo ya conocido en la justicia ordinaria, ni ofrecen elementos novedosos, verificables o útiles para las víctimas y la sociedad.De manera adicional, en audiencia reciente, Valle volvió a declararse inocente, contradiciendo su obligación de reconocer responsabilidad como base del sometimiento a la justicia transicional.La resolución actual deja abierta la posibilidad de que la Subsala de Comparecientes Voluntarios lo excluya del proceso, en cuyo caso perdería todos los beneficios otorgados por la JEP y su expediente regresaría a la justicia ordinaria sin acceso a tratamientos penales especiales, incluida la libertad anticipada que ha solicitado.El caso se convierte en un precedente sobre el estándar que deben cumplir los comparecientes voluntarios en materia de verdad y reparación, dentro de un sistema que prioriza los derechos de las víctimas y la construcción de memoria histórica.
En medio de tensiones y acciones armadas que han puesto en jaque los esfuerzos por la “paz total”, alias 'Calarcá', confirmó su decisión de continuar con el proceso de diálogo con el Gobierno nacional.El anuncio se produjo durante una reunión celebrada en el departamento de Caquetá, que contó con la participación de la delegación del Gobierno encabezada por Gloria Quiceno, así como con el acompañamiento de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia y la MAPP-OEA.Durante el encuentro, las partes acordaron la realización de una reunión amplia con las comunidades y sus formas organizativas, con el objetivo de escuchar sus propuestas y definir colectivamente los temas que guiarán los próximos ciclos de negociación. Según lo pactado, una vez finalizada esta reunión comunitaria se establecerán la fecha y el lugar para el séptimo ciclo de conversaciones.La guerra que no se detienePese a la voluntad de diálogo expresada por alias 'Calarcá', la situación en terreno sigue siendo crítica. El pasado 27 de abril, una emboscada perpetrada por la estructura Jorge Suárez Briceño —bajo su línea de mando— dejó siete militares muertos en zona rural de Charras, Guaviare. El ataque se dirigió contra tropas del Batallón Joaquín París, que cumplían labores de protección a firmantes del Acuerdo de Paz en la región.Entre las víctimas se encontraban el sargento Darwin Pérez Sánchez y seis soldados profesionales. Además, cinco uniformados fueron retenidos temporalmente y luego entregados a la comunidad, lo que generó fuerte rechazo por parte del Gobierno y organismos internacionales.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Seguridad por la Paz (Sintrasepaz), expresó su rechazo a la resolución No. 1458 de 2025, expedida por la Dirección General de la Unidad Nacional de Protección (UNP), al considerar que esta vulnera de forma directa los derechos laborales de los escoltas que integran el programa especializado y afecta la operatividad del mismo.Según el comunicado oficial, la resolución impone nuevas condiciones para la legalización de viáticos, como la exigencia de facturas electrónicas expedidas por hoteles formalmente registrados. Esto, afirman desde el sindicato, desconoce el enfoque territorial del programa, que opera principalmente en veredas, corregimientos y municipios apartados donde no existe oferta hotelera formal.“La mayoría de nuestras misiones de protección se desarrollan en zonas de difícil acceso, sin infraestructura turística o comercial formalizada”, indica el documento, que alerta sobre el riesgo de que el nuevo requisito deje sin posibilidad de legalización a escoltas que cumplen sus labores en regiones históricamente excluidas.A ello se suma el incremento en los requisitos administrativos. La resolución añade controles como registros fotográficos, reportes, aplicaciones de rastreo y otros procedimientos que, según Sintrasepaz, sobrecargan al personal operativo y generan un ambiente de sospecha. Además, no se consideran las limitaciones tecnológicas en muchas zonas rurales del país.El sindicato también denunció el incumplimiento del acuerdo sindical singular, firmado en 2024, en el que se reconocía el reembolso de gastos de transporte bajo modalidad de kilometraje. La resolución 1458 elimina este reconocimiento, lo cual fue calificado por Sintrasepaz como un acto administrativo “que quebranta principios de buena fe, estabilidad normativa y respeto a la negociación colectiva”.Por todo lo anterior, Sintrasepaz exige la derogatoria inmediata de la resolución o, en su defecto, la modificación sustancial de los artículos que imponen barreras incompatibles con la realidad operativa del programa especializado.“El respeto a los derechos laborales de las y los escoltas que cumplen funciones vitales para la garantía de derechos humanos en Colombia no puede ser negociable”, concluye el sindicato.
La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), alertó que desde el 21 de junio de 2025, al menos 347 personas (141 familias), incluyendo 117 niños, niñas y adolescentes, permanecen confinadas en las veredas Dos Quebradas (89 personas), Puerto Nuevo Ité (113), Caño Tigre (24) y Tamar Bajo (121) del municipio de Remedios, Antioquia, a causa de enfrentamientos armados entre grupos ilegales.Según el informe de OCHA, el conflicto en la zona enfrenta al Clan del Golfo (AGC) y a una alianza conformada por disidencias de las Farc y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). La disputa por el control territorial ha generado una emergencia humanitaria que limita la movilidad y pone en riesgo la vida y la integridad de las comunidades.La población afectada enfrenta restricciones severas, especialmente por la suspensión del transporte público, lo que impide el acceso a alimentos, medicamentos y otros bienes esenciales. Además, los habitantes han dejado de acceder a sus cultivos de pancoger por miedo a quedar atrapados en medio de los combates, lo que agrava su inseguridad alimentaria.OCHA también reporta la presencia de retenes ilegales, presuntas violaciones al Derecho Internacional Humanitario, uso de artefactos explosivos improvisados (AEI) que dañaron al menos cuatro viviendas, así como la ocupación de inmuebles civiles por parte de los actores armados. También se han restringido los movimientos de las misiones médicas, dificultando la atención en salud.La extorsión a la población por parte de los grupos armados es otro factor que ha empeorado la situación económica y amenaza con provocar un desabastecimiento progresivo de alimentos para las familias confinadas.El informe de OCHA advierte que el riesgo de confinamiento también se extiende a otras veredas de Remedios, como Camelias Dos, Plaza Nueva y Campo Vijao, y a zonas del municipio de San Pablo (Bolívar), como Ojos Claros y El Paraíso, donde también se presentan restricciones a la movilidad y presencia armada.La Organización de Naciones Unidas hace un llamado urgente para que se garantice el acceso humanitario, se proteja a la población civil y se tomen medidas inmediatas que permitan restablecer condiciones mínimas de seguridad y movilidad para estas comunidades.
Mientras Colombia cerró 2025 como el año con la mayor crisis humanitaria de las últimas dos décadas, los territorios más golpeados por el conflicto armado continúan registrando avances en la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad.Así lo señala el V Informe del Comité de Seguimiento y Monitoreo a las Recomendaciones del Informe Final de la Comisión de la Verdad, presentado este jueves 30 de enero en Bogotá.De acuerdo con el Comité, 2025 dejó la cifra más alta de desplazamientos forzados en los últimos 18 años y más de un millón de personas confinadas por la acción de grupos armados, lo que triplicó los registros del año anterior.Para la presidenta del Comité, Julia Eva Cogollo, esta situación se explica por el traslape entre los territorios priorizados por los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y las zonas donde se ha incrementado la presencia de actores armados.Según explicó, este contexto ha llevado al Gobierno a focalizar la implementación de políticas públicas en las regiones más afectadas como una forma de mitigar el impacto humanitario. Sin embargo, el Comité advierte que la persistencia de la violencia sigue siendo un obstáculo para que las comunidades puedan ejercer plenamente sus derechos.Entre los principales avances, el informe destaca la reducción del Índice de Pobreza Multidimensional en las zonas PDET, que pasó de 39,8 % en 2018 a 23,7 % en 2023, aunque en 2024 se ubicó en 24,4 %. También resalta el fortalecimiento de iniciativas de acceso a tierras y proyectos productivos liderados por mujeres. Regiones como Montes de María, la Costa Pacífica, el norte del Cauca y el sur de Bolívar concentran avances relevantes, aunque, según el Comité, estas mismas zonas enfrentan altos niveles de riesgo por la violencia armada.De cara al escenario electoral y a la llegada de nuevos gobiernos, el Comité considera que la política PDET se encuentra blindada tras su ampliación hasta 2034. No obstante, advierte riesgos si en la actualización de los planes de acción no se incorporan las 220 recomendaciones de la Comisión de la Verdad.Frente a la continuidad de la transformación rural, la presidenta del Comité envió un mensaje directo a los próximos gobiernos y a los candidatos. “El primer mensaje que queremos enviar es a los candidatos. Uno, que saquen la violencia de la política, por favor. Y el segundo que le queremos incluir es que incluyan las recomendaciones en sus programas de gobierno y posteriormente en el plan de desarrollo”, afirmó.Finalmente, Cogollo advirtió que el mayor riesgo para la no repetición en Colombia sigue siendo la combinación entre la violencia armada y la crisis humanitaria. “El mayor riesgo que tenemos es la presencia alta de actores armados y la crisis humanitaria. Y el desbalance que hay realmente en la presencia de actores armados versus implementación de políticas públicas que no garantizan el gozo efectivo de los derechos”, concluyó.
En diálogo con Blu Radio, el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), José Luis Caballero, expresó su preocupación por los riesgos que enfrenta la democracia en Colombia en medio del contexto preelectoral, especialmente por la persistencia de la violencia armada y la exclusión social que, según advirtió, siguen afectando al país.“Nos preocupa la presencia de grupos armados no estatales desde hace mucho tiempo. Hemos advertido el esfuerzo del Acuerdo de Paz de 2016; hemos instado también, en una recomendación, a que se retome el diálogo con otros grupos armados no estatales. Es decir, es una observación que tenemos desde hace mucho tiempo”.“La coyuntura electoral debe trascenderse con paz, con diálogo, con serenidad, con las condiciones que alejen la violencia electoral, pero la perspectiva de que no haya violencia es una condición que la Comisión ha advertido en todos los mecanismos desplegados con Colombia”, añadió.En cuanto al futuro de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Caballero sostuvo que debe ser fortalecida.“Tiene que tener recursos suficientes, tiene que poder desplegar con mayor claridad su trabajo. Yo creo que ha hecho esfuerzos muy importantes; nos hemos reunido para conocer las primeras sentencias, estamos en un diálogo muy franco con la Jurisdicción Especial para la Paz y pienso que tiene que tener mucha mayor fortaleza para cumplir con su mandato”.Frente a los señalamientos de algunos sectores sobre posibles afectaciones a la libertad de expresión durante el gobierno de Gustavo Petro, el presidente de la CIDH indicó que la principal preocupación del organismo es que se garantice la libertad de expresión.“Lo que a la Comisión le preocupa es que se garantice la libertad de expresión, que se proteja la labor de los periodistas, que no se les estigmatice. La Comisión ha reconocido desde muchos años, desde épocas muy incipientes, que el periodismo es una labor fundamental para el ejercicio de la libertad de expresión, que es una piedra angular de la democracia; entonces, yo creo que los periodistas merecen respeto y merecen cumplir con su trabajo”.Sobre el asesinato de líderes sociales, que en el último año superó los 180 casos, el presidente de la CIDH fue enfático: “Tienen que proteger a los defensores y a las defensoras, tienen que proteger a los liderazgos sociales. Nosotros se lo hemos expresado mucho al Estado colombiano; es una obligación que tienen que atender con mayor prestancia”.Además, señaló que “estamos también con medidas de protección, medidas cautelares para defensores y líderes sociales. Esto es una cuestión que a la Comisión le preocupa mucho y yo creo que el Estado tiene que estar al frente con esa protección”.
El coronel (r) Juan Carlos Figueroa Suárez, excomandante del Batallón La Popa, aceptó su responsabilidad ante la JEP por falsos positivos, cometidos entre 2004 y 2005 en Valledupar.La decisión se produjo luego de la imputación formulada por la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), que documentó 24 hechos que dejaron al menos 38 personas asesinadas, entre ellas 11 víctimas de desaparición forzada y 9 casos de tortura.Durante la diligencia, Figueroa reconoció su responsabilidad por omisión, al admitir que no identificó ni detuvo a tiempo las acciones criminales cometidas por sus subalternos.“Acepto la responsabilidad en la omisión de no saber que mis subalternos estaban asesinando civiles, que las operaciones militares que siempre ordené a la luz de la Constitución Nacional, de las leyes de Colombia, de la doctrina militar, de la ley militar, del derecho internacional de conflictos armados”.Según la acusación de la UIA, los hechos respondieron a tres modalidades. La primera se caracterizó por asesinatos y desapariciones de personas que luego eran presentadas como supuestos resultados operacionales.La segunda modalidad correspondió a homicidios de civiles que algunos integrantes de los pelotones identificaban de manera arbitraria como “objetivos militares ilícitos”, para hacerlos pasar como miembros de grupos armados ilegales.La tercera estuvo marcada por el asesinato de combatientes que ya habían depuesto las armas o que se encontraban heridos tras enfrentamientos legítimos con tropas del batallón.En su declaración, Figueroa sostuvo que durante su mando no identificó el riesgo específico de los falsos positivos y aseguró que esto solo fue reconocido de manera general en la Fuerza Pública a partir de 2007, cuando estallaron los escándalos a nivel nacional.“Ese riesgo operacional no fue contemplado bajo mi mando porque los riesgos operacionales que para esa época se tenían eran el robo de armamento, robo de municiones, robo de equipo militar, infiltrados, penetrados, las nóminas paralelas, tráfico de información, miembros que posiblemente podían estar en concierto para delinquir con organizaciones armadas al margen de la ley”, afirmó.Con la aceptación de responsabilidad, el proceso ya no continuará por la vía del juicio adversarial. Ahora, la JEP aplicará la ruta de reconocimiento tardío, que contempla la realización de una audiencia restaurativa. Esta diligencia fue programada para el 24 de marzo a las 9:00 de la mañana, espacio en el que se abordarán las medidas de reparación y reconocimiento a las víctimas.Posteriormente, el tribunal deberá imponer una sanción alternativa, que implica entre 5 y 8 años de cárcel.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) concluyó que los 11 militares que reconocieron su responsabilidad por falsos positivos ocurridos entre 2007 y 2008 en Norte de Santander, cumplen las condiciones para recibir una sanción restaurativa.Según las investigaciones de la JEP, durante este periodo en el Catatumbo, hubo al menos 120 casos de falsos positivos, además de un intento de homicidio.Sin embargo, al analizar los hechos, el tribunal decidió imputar nuevos delitos a varios de los comparecientes. En ese sentido, 8 de los 11 militares serán sentenciados por el crimen de esclavitud.“La sección determinó que al menos 29 personas fueron víctimas del crimen de esclavitud en el marco de la segunda modalidad del patrón macrocriminal, al comprobarse el ejercicio de atributos propios del derecho de propiedad sobre ellas. En particular, este crimen se cometió a partir de la colaboración de organizaciones criminales y terceros reclutadores, quienes, en articulación con integrantes de unidades militares y a cambio de una remuneración económica, conseguían civiles indefensos y los entregaban a los militares para hacerlos pasar por supuestas bajas en combate”, explicó la JEP.¿Quiénes son los imputados?Los militares imputados por este delito, en calidad de coautores, son Rubén Darío Castro Gómez, Gabriel de Jesús Rincón Amado, Néstor Guillermo Gutiérrez Salazar, Álvaro Diego Tamayo Hoyos, Juan Carlos Chaparro Chaparro, Sandro Mauricio Pérez Contreras y Alexander Carretero Díaz.Además, la JEP imputó el delito de esclavitud por omisión a Paulino Coronado Gámez, general (r) del Ejército y comandante de la Brigada 30 ubicada en Cúcuta para la época de los hechos. La JEP consideró que, desde su posición de mando, permitió que estas conductas ocurrieran sin adoptar medidas para impedirlas.Adicionalmente, los militares Santiago Herrera Fajardo, Daladier Rivera Jácome, Juan Carlos Chaparro Chaparro y Sandro Mauricio Pérez Contreras fueron imputados por el crimen de guerra de tortura, en relación con hechos asociados a tres víctimas.“Para adoptar esta decisión, la sección tuvo en cuenta los relatos entregados por las víctimas y sus familiares en el proceso judicial”, aseguró la JEP.El proceso continuará con la audiencia pública de verificación, en la que se confirmará si los militares cumplen con sus compromisos de verdad y reparación. Superada esta etapa, la JEP emitirá la sentencia que definirá de manera definitiva su situación jurídica.
En su pronunciamiento, la Defensoría del Pueblo cuestionó el manejo que desde el Gobierno se le ha dado a la crisis del sistema de salud y pidió reconocer la magnitud de las afectaciones que hoy enfrentan millones de usuarios, especialmente los afiliados a la Nueva EPS.“Pedimos a @MinSaludCol mejorar los canales de comunicación y, especialmente, dejar de lado declaraciones indolentes que pongan en duda el deber del Gobierno de garantizar los derechos humanos en igualdad para todas las personas. La falta de empatía con la angustia de quienes están al frente de la atención y deben lidiar diariamente con el sufrimiento de las personas es inadmisible y preocupante. Deja el mensaje de que las autoridades no harán nada para resolverlo. Sin embargo, hacerlo es su deber”.La Defensoría aseguró que, ante la creciente vulneración del derecho a la salud, ha participado en lo que va del año en múltiples mesas interinstitucionales con EPS, hospitales, gestores farmacéuticos, usuarios y pacientes.Estos espacios, según explicaron, han buscado garantizar la atención de casos prioritarios y críticos, avanzar en la entrega pendiente de medicamentos y avanzar en compromisos relacionados con la estabilización de pagos y la conformación de redes de prestación de servicios suficientes y operativas.No obstante, el organismo advirtió que el panorama es crítico para los afiliados de la Nueva EPS, “entidad que enfrenta una situación financiera muy delicada”. Para la Defensoría, esta medida no solo profundiza la crisis de la EPS, sino que termina afectando directamente a hospitales, clínicas y dispensarios, que enfrentan dificultades para sostener la atención y la operación diaria.Aunque la problemática se extiende a todo el país, la Defensoría alertó de manera particular sobre la situación en Boyacá, Huila, Antioquia, Valle del Cauca, Santander, San Andrés y Providencia y Tolima, donde las afectaciones al derecho a la salud se estarían profundizando.
El mayor general (r) de la Policía Nacional, Luis Mendieta Ovalle, afirmó que el modelo de sanciones propias definido en la JEP terminó priorizando la financiación de los exintegrantes de las Farc y no a las víctimas del conflicto.“En este momento lo que está desfinanciado es el presupuesto que prácticamente el Estado y todas las entidades le iban a dar a las Farc para el pago de las sentencias propias. Aquí en ningún momento es reparación a las víctimas”, señaló.Mendieta sostuvo que, desde la firma del acuerdo de paz, las víctimas han sido relegadas en la implementación.También cuestionó los llamados trabajos, obras y actividades restaurativas. “Fuimos enfáticos en que no estábamos de acuerdo con esas sanciones propias y menos con todos los recursos que les iban a dar a los integrantes de la Farc para aplicar en los famosos TOAR, (…) que en nuestro sentido de restaurativas no tenían absolutamente nada, sino que eran presupuestos que iban a destinar para que los integrantes de la Farc en esos cuatro ejes centrales tuvieran burocracia y tuvieran contratos”, dijo.Según el general en retiro, distintas entidades del Estado han concentrado su acción en los comparecientes y no en las víctimas. “Aquí únicamente todas las entidades están teniendo en cuenta a los victimarios y las víctimas que la Farc ocasionaron no se les ha tenido en cuenta”, advirtió, al tiempo que recordó que el informe de la Contraloría confirma denuncias previas.En la misma línea, Sebastián Velázquez, representante legal de la Federación Colombiana de Víctimas de las Farc, explicó que el inventario inicial presentado por las Farc “por un monto de un billón de pesos no se concreta” y que, finalmente, “al fondo de reparación para las víctimas solamente llega un oro avaluado aproximadamente en 40.000 millones”.Velázquez detalló que, a partir de investigaciones y expedientes judiciales, identificaron bienes no reportados. “Encontramos un expediente por unos bienes y un testaferrato por 100.000 millones de pesos”, el cual fue solicitado para que se incorporara al Caso 01 de la JEP.Agregó que, con base en informes de inteligencia conocidos como informe Génesis, se realizó una tasación de recursos ocultos que “llegaba a 13.5 billones”.Sin embargo, aseguró que los incidentes de incumplimiento presentados no han sido estudiados de fondo: “La JEP ha sido temeraria con la representación judicial, porque, en vez de investigar, nos ha inadmitido de plano y le ha dicho a la representación judicial que sea muy consciente de qué está radicando en contra”, lo que calificó como “un constreñimiento a la representación judicial”.Finalmente, Velázquez cuestionó que el Estado haya asumido la carga principal de la reparación y advirtió que las sanciones propias hoy están desfinanciadas.“Yo no sé en qué momento eso cambió, porque la prioridad y el responsable no es el Estado (...) Yo creo que ellos no tienen ahorita ni 50.000 millones para para empezar a ejecutar esas dos sentencias”, concluyó.Las víctimas advirtieron que la situación requiere “un revolcón total” al modelo actual de reparación y una revisión del marco legal, que, según señalaron, deberá ser asumida por “un nuevo Gobierno y un nuevo Congreso”.
El delegado de la Conferencia Episcopal para las relaciones Iglesia-Estado, Monseñor Hector Fabio Henao, alertó sobre las afectaciones humanitarias que enfrentan comunidades rurales del Guaviare tras los enfrentamientos por la disputa territorial entre disidencias de alias ‘Calarcá’ y alias ‘Mordisco’ registrados en la vereda Cubay, del municipio de El Retorno, en Guaviare.Según Monseñor, la violencia ha generado un clima de temor que limita la movilidad de la población y agrava la situación de niños, niñas y adolescentes que permanecen sin acceso a la educación.“El año pasado hubo clases solamente el primer semestre. Después, las amenazas a los profesores, y en el segundo semestre no hubo clases. Claro, hubo la propuesta de suplantar esto con actividades virtuales, pero muchos niños en sus casas no tienen acceso”, afirmó el delegado.A esta problemática se suma que el Programa de Alimentación Escolar (PAE) no ha podido funcionar debido a las restricciones de seguridad.Monseñor, señaló además que una parte de la población rural evita desplazarse: “Hay una franja de población que no se atreve a salir de las veredas, porque tiene temor de pasar por ciertos registros o retenes que se establezcan, y tiene que dar muchas explicaciones, pero, en general, ha quedado una zozobra muy grande”, afirmó.El representante señaló que existía una alta expectativa entre los padres de familia por el posible retorno de las clases, pero “estas circunstancias que se están viviendo en el momento presente, como dijo, dan mucha incertidumbre, no hay una definitiva todavía”.Indicó que, aunque aún no hay decisiones definitivas, es necesario que “desde el Ministerio de Educación hasta las autoridades más territoriales en el municipio del Retorno, se acerquen a la situación y miren cómo serían las alternativas”.Finalmente, Monseñor Henao hizo un llamado a enfocarse “en una población particularmente vulnerable”.
La Defensoría del Pueblo emitió la alerta temprana 001 de 2026 para los municipios de Belén de Umbría, Mistrató y Pueblo Rico, tras identificar un riesgo alto por “graves violaciones de los derechos fundamentales a la vida, integridad y movilidad e infracciones al derecho internacional humanitario”.Según la entidad, el deterioro de la seguridad se debe a las pretensiones de consolidación territorial de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional y a la expansión del Ejército Gaitanista de Colombia, conocido como Clan del Golfo.En el caso del ELN, la alerta señala la actuación de su Frente Manuel Hernández 'El Boche' en Mistrató y Pueblo Rico, mientras que el EGC estaría incursionando en los tres municipios a través de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle.La Defensoría explica que la presencia simultánea de estos actores armados ilegales responde al interés por controlar corredores estratégicos que comunican a Risaralda con Chocó, Antioquia, Caldas y Valle del Cauca, zonas clave para el fortalecimiento de sus estructuras y para el dominio de economías ilícitas, especialmente aquellas asociadas a actividades mineras en la región.El informe advierte que esta competencia territorial podría intensificar la violencia en el corto plazo y afectar de manera particular a niñas, niños, adolescentes y jóvenes en riesgo de reclutamiento forzado; a lideresas y líderes sociales; a mujeres; autoridades locales; comunidades campesinas y pueblos étnicos, entre ellos los indígenas Embera Chami y Embera Katío. También se señala un riesgo específico para los firmantes del Acuerdo de Paz que permanecen en estos territorios.La entidad identificó afectaciones en más de 50 veredas, barrios urbanos, resguardos indígenas y consejos comunitarios de los tres municipios. En estas zonas, los grupos armados imponen normas de conducta, profieren amenazas y han provocado desplazamientos forzados y confinamientos.La Defensoría también alertó sobre el incremento de homicidios. En 2023 se registraron 15 homicidios y en 2024 otros 14 en Belén de Umbría, Mistrató y Pueblo Rico, mientras que en 2025 la cifra ascendió a 39 casos, lo que representa un incremento del 34,48 % frente al total de los dos años anteriores.Ante este panorama, la Defensoría hizo un llamado urgente para que las autoridades del orden nacional, departamental y municipal implementen los deberes de reacción rapida bajo la perspectiva de derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario.
La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla emitió sentencia condenatoria contra el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso Gómez por su responsabilidad en 117 hechos delictivos cometidos contra la población indígena wayúu y otras comunidades del departamento de La Guajira.De acuerdo con la decisión judicial, los crímenes fueron ejecutados entre los años 2002 y 2006 por integrantes del autodenominado Frente Contrainsurgencia Wayúu, una estructura armada adscrita al Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que actuó siguiendo los lineamientos definidos por sus máximos cabecillas, entre ellos Mancuso. Durante ese periodo, el grupo ilegal perpetró homicidios, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, hechos de violencia basada en género y otras graves conductas ilícitas contra la población civil.La sentencia atribuyó de manera específica la incursión armada a la ranchería Manaki, ubicada en el municipio de Uribia, ocurrida el 10 de octubre de 2003. En ese hecho, varios indígenas wayúu fueron golpeados y sometidos a maltratos durante aproximadamente cuatro horas. Además, los hombres armados destruyeron y se apropiaron de bienes simbólicos de la cultura wayúu, como chinchorros, mochilas, sombreros y mantas bordadas, elementos que constituían el sustento económico y cultural de las familias afectadas.Asimismo, el tribunal estableció la responsabilidad del Frente Contrainsurgencia Wayúu en el homicidio de dos indígenas ocurrido el 17 de marzo de 2002 en la ranchería Kepischon, también en jurisdicción de Uribia. Estos hechos, junto con otros documentados en el proceso, evidenciaron un patrón de violencia sistemática contra comunidades indígenas en distintas zonas del departamento.Según lo probado en el proceso, el Frente Contrainsurgencia Wayúu fue creado en marzo de 2002 y, en sus inicios, contó con aproximadamente 150 integrantes. Esta estructura permitió a las AUC ampliar su presencia y accionar armado hacia sectores de La Guajira y la Sierra Nevada de Santa Marta, con el objetivo de consolidar el control territorial.En su decisión, la Sala de Justicia y Paz reconoció como sujetos de reparación colectiva a las comunidades indígenas wayúu asentadas en las regiones de Carraipia, Majayura y Malaki, en el municipio de Uribia, así como a la comunidad de Matitas, en Riohacha. El tribunal concluyó que estas poblaciones fueron afectadas de manera directa y reiterada por el accionar del grupo paramilitar.Por estos hechos, Salvatore Mancuso Gómez fue condenado a una pena de 40 años de prisión, al pago de una multa equivalente a 30.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes y a la inhabilidad para ejercer cargos públicos por el mismo periodo. No obstante, en aplicación de los beneficios previstos en la Ley 975 de 2005, conocida como Ley de Justicia y Paz, la sentencia contempla una pena alternativa de ocho años de prisión, condicionada al cumplimiento de las obligaciones de verdad, reparación y no repetición establecidas en el fallo.
El cabecilla de la guerrilla del ELN, alias 'Antonio García', aseguró a la agencia a AFP que respalda la propuesta de unificar a las guerrillas del país para combatir a Estados Unidos, luego de amenazas de ataques terrestres de Donald Trump contra narcotraficantes.Si se trata de una iniciativa "para defender la Patria contra el agresor extranjero", "nos encontraremos en la lucha", dijo García en un intercambio de correspondencia electrónica con la AFP.La semana pasada el criminal más buscado de Colombia, Néstor Gregorio Vera, alias 'Iván Mordisco', propuso la unión con ELN tras el ataque de EE.UU. en Venezuela en el que fue capturado el presidente Nicolás Maduro."Los convocamos, con necesidad imperiosa, a una cumbre de comandantes insurgentes de Colombia y toda nuestra América. Basta de intervenciones militares (...) de dominación cultural, que cese toda forma de agresión imperialista", expresó Iván Mordisco en un video publicado en redes sociales.El jefe del EMC, por el que el Gobierno colombiano ofrece una recompensa de 5.000 millones de pesos (unos 1,3 millones de dólares), invitó a la cumbre a los comandantes de la Segunda Marquetalia y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), que son otras dos disidencias, y al ELN, que opera principalmente en la frontera colombo-venezolana."Ante ustedes dejamos esta propuesta, no somos fuerzas dispersas, somos herederos de una misma causa (...) Forjemos el gran bloque insurgente que hará retroceder a los enemigos de la patria grande", expresó el jefe del EMC.En ese sentido, resaltó que aunque "existen diferencias heredadas del pasado", hoy enfrentan "al mismo enemigo, la sombra del águila intervencionista se cierne sobre todos por igual"."Los convocamos a dejar a un lado estas diferencias, ya habrá momento para sentarnos en camaradería para discutir estos desencuentros", manifestó y agregó: "El destino nos grita que es hora de juntarnos (...) en la trinchera común".Las disidencias de las FARC y el ELN tienen violentas disputas por el control territorial y el negocio de la coca en varias partes de Colombia, especialmente en la región del Catatumbo y el departamento de Arauca, ambos en zonas fronterizas con Venezuela.Tras la captura de Maduro el sábado pasado, el ELN saludó el llamado de autoridades venezolanas, como el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, a resistir tras el ataque de Estados Unidos."Saludamos los llamados de las autoridades venezolanas a resistir ante esta brutal intervención militar y a seguir defendiendo el legado de (el expresidente) Hugo Chávez", afirmó el Comando Central, máxima autoridad de mando de la guerrilla, en un comunicado publicado el domingo.Colombia y Venezuela comparten una frontera terrestre de 2.219 kilómetros que se extiende desde el Caribe hasta la Amazonía y que en su mayor parte son territorios despoblados.El ELN, incluido por Estados Unidos en su lista de organizaciones terroristas extranjeras y a la que el propio presidente colombiano, Gustavo Petro, acusa de haberse convertido en una banda narcotraficante, es el grupo armado con mayor poder en la frontera y por ende tiene una fuerte presencia en Venezuela.