En dialogo con Blu Radio, Scott Campbell, representante en el país de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, fue claro en que, aunque existen múltiples negociaciones con grupos armados en el marco de la llamada “Paz Total”, no se observan reducciones concretas en las principales violaciones.“En la mayoría de casos de situaciones porque hay múltiples negociaciones, no hemos visto reducciones concretas en términos de reclutamiento de los niños, asesinatos de personas defensoras de derechos humanos, desplazamiento, confinamiento y con mucho impacto el confinamiento”, aseguró Campbell.Según la verificación de la ONU, en 2025 se registraron 53 masacres que dejaron 174 víctimas, así como el asesinato de 99 personas defensoras de derechos humanos por causas vinculadas a su liderazgo y trabajo comunitario. Para el organismo, estos indicadores evidencian que la violencia se está reconfigurando en varias regiones del país.El confinamiento, explicó, implica que comunidades enteras no pueden salir de sus casas para trabajar, estudiar o acceder a alimentos, lo que profundiza la crisis humanitaria en los territorios.Uno de los puntos más críticos señalados por el Alto Comisionado es el reclutamiento de niños y niñas, especialmente a través de redes sociales. La ONU ha documentado cómo grupos armados utilizan plataformas digitales para atraer menores con promesas económicas y falsas oportunidades.Ante esta situación, Campbell hizo un llamado directo a las empresas tecnológicas para asumir mayor responsabilidad.“No estamos diciendo que es fácil borrar todas las cuentas y eliminar el problema. Pero urgimos a las empresas de invertir los recursos necesarios. Porque el impacto sobre la niñez de Colombia, la familia es el futuro de Colombia. Es como los grupos armados están robando Colombia de su futuro. A través del reclutamiento forzado. Las empresas pueden y deben hacer más”, afirmó.La Oficina concluyó que, frente a este escenario, se requieren medidas más firmes y efectivas para proteger a la niñez, a las personas defensoras de derechos humanos y a las comunidades que permanecen bajo presión de grupos armados en distintas regiones del país.El Alto Comisionado también se refirió al proceso electoral, e hizo un llamado a reforzar la seguridad de candidatos y líderes políticos ante el aumento de amenazas y hechos de violencia.“Medidas para la protección colectiva de comunidades en riesgo por facilitar una participación efectiva. Y seguramente el último mensaje es que el Gobierno y otros tienen una oportunidad para fortalecer mensajes públicos para calmar la situación. Si puedo decir, para reducir los discursos de odio, la polarización, la estigmatización que está en las redes sociales”.El último informe advierte que en 2025 se registraron 18 homicidios y 126 ataques y amenazas contra lideresas y líderes políticos, incluidos concejales y funcionarios municipales. Para la ONU, garantizar la seguridad en este periodo no es solo una cuestión de orden público, sino una condición esencial para proteger el ejercicio libre y seguro de los derechos políticos.En ese sentido, Campbell subrayó que el proceso electoral representa una oportunidad decisiva para fortalecer la democracia y evitar un retroceso mayor en materia de derechos humanos.
El mensaje fue expresado por monseñor Héctor Fabio Henao, obispo delegado para las relaciones Iglesia-Estado, quien insistió en que el país necesita “hacer unos ejercicios muy concretos” para garantizar que las elecciones sean libres.“El país necesita, indudablemente, hacer unos ejercicios muy concretos para proteger que las elecciones sean libres, que la gente pueda votar de manera informada”, afirmó.En esa línea, subrayó que los ciudadanos deben contar con “los elementos suficientes para votar” y que el debate democrático debe darse sin poner en riesgo la vida.Uno de sus mensajes centrales fue el rechazo al uso del miedo como herramienta política. “El miedo no puede ser el condicionamiento para votar, el miedo no puede ser el elemento que domine las elecciones en un momento tan histórico como este”, enfatizó.Para monseñor Henao, Colombia atraviesa “un momento muy clave de la vida del país”, lo que exige no solo garantías materiales y de seguridad, sino también una transformación en la manera como se construye el debate público.“Hay que hacer un ayuno del lenguaje del odio, hay que hacer un ayuno del lenguaje que humille, que excluya y que estigmatice”, sostuvo. Según explicó, si se quieren elecciones libres y manejadas de manera responsable y ética, es necesario renunciar a los discursos que descalifican completamente al otro y que no aportan a la democracia.El obispo concluyó que el país necesita un lenguaje “propositivo y generador de democracia, diálogo y encuentro”, como base para que el proceso electoral no solo sea formalmente válido, sino también legítimo y libre de presiones.
La Defensoría del Pueblo alertó que, de acuerdo con los registros de la Fiscalía General de la Nación, durante 2025 se reportaron 118 feminicidios y 333 tentativas, además de 28 transfeminicidios.En términos de tasas por cada 100.000 mujeres, Caquetá, Amazonas y Casanare encabezan los indicadores más altos del país, seguidos por San Andrés, lo que muestra una concentración en regiones de la Amazonía y zonas de frontera.En lo corrido de enero de 2026 ya se han registrado 2 feminicidios y 26 tentativas.Violencia sexual: niñas y adolescentes, las principales víctimasLa Defensoría subraya que los delitos sexuales continúan siendo uno de los delitos con mayor volumen de casos. En 2025 se registraron 15.729 hechos contra mujeres, de los cuales 8.644 corresponden a niñas y adolescentes, es decir, más de la mitad de las víctimas.Las tasas más elevadas se concentran en Vaupés, Guaviare, Guainía y Amazonas. En enero de 2026 ya se contabilizan 963 casos, 453 de ellos contra menores.Trata de personas en territorios de fronteraEn 2025, 193 mujeres fueron víctimas de trata de personas; 95 eran mayores de edad y 41 niñas o adolescentes. Las tasas más altas se registran en Norte de Santander y San Andrés, seguidos por Meta y Bogotá.Explotación sexual infantil y violencia intrafamiliarLa explotación sexual de niñas y adolescentes suma 151 casos en 2025. Guaviare, Vichada, Amazonas y Antioquia presentan las mayores tasas.Por su parte, la violencia intrafamiliar continúa siendo una de las expresiones más recurrentes de agresión contra las mujeres, con 14.860 casos registrados en 2025. Los departamentos con tasas más elevadas son Vaupés, Boyacá, Guaviare y Guainía.“Las cifras de violencias basadas en género durante 2025 y enero de 2026 evidencian que los feminicidios, la violencia intrafamiliar, los delitos sexuales, la explotación sexual de niñas y adolescentes y la trata de personas siguen siendo una realidad persistente que exige una acción urgente e integral”, aseguró la Defensoría del Pueblo.Finalmente, la entidad insistió en que “la garantía y protección de los derechos de las mujeres es una responsabilidad ineludible del Estado colombiano”.
Las consecuencias de los enfrentamientos armados entre el ELN y el frente 33 de las disidencias de las Farc en zona rural de Tibú, siguen impactando la vida cotidiana de cientos de familias.El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) entregó asistencia humanitaria a más de 770 personas que resultaron afectadas por recientes hechos de violencia en tres comunidades del municipio.“Recientemente la población civil se vio afectada por confrontaciones y otros riesgos. Muchas personas tuvieron que desplazarse, mientras otras se quedaron confinadas en sus casas, impedidas de acceder a sus alimentos y a la pesca”, subrayó Georgia Kramer, delegada del CIRC.La ayuda consistió en kits de higiene y alimentación, priorizados tras una evaluación realizada por un equipo de la organización. Según el CICR, la visita permitió identificar las afectaciones que enfrentan las comunidades, entre ellas desplazamientos forzados, confinamientos y limitaciones para movilizarse dentro y fuera de sus veredas.“Estos elementos que han sido bien recibidos por la comunidad en un momento en el que tienen muchas dificultades para poder acceder a sus medios de ingresos y obviamente para el consumo de alimentos”, aseguró Oswaldo Mancilla, responsable de seguridad económica de la subdelegación del CICR en Cúcuta.La organización señaló que durante el diálogo con líderes comunitarios y habitantes de la zona, se evidenció que varias familias tuvieron que abandonar temporalmente sus viviendas, mientras otras permanecieron confinadas por temor a nuevos enfrentamientos.Esta situación no solo restringió su movilidad, sino que también les impidió acceder a sus cultivos, trabajos y fuentes de ingreso, aumentando la dificultad para conseguir alimentos y productos básicos.Con base en lo anterior, el CICR concentró su respuesta en las comunidades con mayores niveles de afectación y urgencia.“La comunidad no cuenta hoy en día con trabajos, se han puesto los trabajos escasos y muchos hogares no cuentan con los alimentos necesarios para los niños ya que la comunidad cuenta con una gran cantidad de niños”, señaló una de las personas beneficiarias, al referirse a la inestabilidad económica que atraviesan tras los hechos de violencia.Otro de los beneficiarios insistió en que la prioridad sigue siendo garantizar condiciones para el retorno de quienes salieron desplazados.“Lo que necesitamos es alimentos que aún no tenemos por la situación que vivimos de esta guerra que estamos viviendo dentro de nuestro Catatumbo. Pues nosotros queremos que nuestras comunidades desplazadas, nuestros habitantes desplazados vuelvan a nuestro territorio para que estemos todos unidos ya que esto está quedando totalmente solo”.
Un nuevo elemento revelado por las autoridades se convirtió en pieza determinante para esclarecer el crimen que estremeció a una familia y causó conmoción en la opinión pública. Se trata de una fotografía que el secretario de Gobierno municipal Thales Machado envió a su esposa minutos antes de que ocurriera el crimen. El registro fue hallado durante el análisis de los dispositivos móviles del funcionario y permitió a los investigadores reconstruir los momentos previos a la tragedia.El caso ocurrió en el municipio de Itumbiara, en el estado de Goiás, en Brasil, donde la Policía Civil de Goiás confirmó el cierre de la investigación tras establecer que el propio funcionario fue el responsable de la muerte de sus dos hijos y posteriormente falleció en la misma vivienda. La alerta inicial fue emitida por vecinos del sector que escucharon detonaciones y notificaron a las autoridades, que al llegar encontraron la escena dentro de una de las habitaciones.¿Cuál es la imagen que envió el secretario municipal antes de cometer el crimen?Fue en el tercer análisis del material digital cuando los investigadores confirmaron el contenido de la imagen enviada. En la fotografía aparecían sus hijos, Miguel Araújo Machado, de 12 años, y Benício Araújo, de 8, mientras descansaban en su habitación. Este elemento permitió establecer con mayor precisión la cronología de los hechos y reforzó la conclusión de que no hubo participación de otras personas en el crimen.La imagen fue enviada a Sarah Tinoco, quien en ese momento se encontraba de viaje en São Paulo. Según el reporte oficial, este mensaje fue clave para confirmar que el funcionario se encontraba solo con los menores en la vivienda y que los acontecimientos ocurrieron en un corto intervalo de tiempo. El arma fue hallada junto al cuerpo del funcionario, lo que también respaldó la hipótesis principal de los investigadores.El jefe de la Policía, Pedro Sala, explicó que el análisis incluyó la revisión de mensajes, publicaciones en redes sociales y otros documentos. Entre ellos, se encontró un escrito divulgado por el funcionario en el que expresaba su situación personal y emocional en los días previos.De acuerdo con las autoridades, el caso también estuvo marcado por una crisis familiar. El expediente señala que el funcionario habría recibido previamente imágenes que sugerían una relación entre su esposa y otro hombre, identificado como Jhonathan Ribeiro. Este hecho habría afectado profundamente su estado emocional, según los investigadores.Otra de las líneas examinadas fue la posible contratación de un investigador privado para confirmar sus sospechas. Aunque este aspecto continúa bajo verificación, no cambia la conclusión central del caso, que ya fue cerrado oficialmente.La tragedia ha generado una fuerte reacción en la comunidad, donde el funcionario era conocido por su rol público.
A pocos días de las elecciones del próximo 8 de marzo, las autoridades anunciaron un refuerzo de seguridad y medidas logísticas especiales para garantizar una jornada electoral tranquila en Barrancabermeja.Durante el Comité de Seguimiento Electoral Departamental, en el que participaron la Alcaldía Distrital, la Gobernación de Santander, la fuerza pública, la Procuraduría y la Registraduría Nacional del Estado Civil, se confirmó el aumento del pie de fuerza con 86 uniformados adicionales de la Policía Nacional.El despliegue contempla acompañamiento permanente en los seis corregimientos y presencia reforzada en las siete comunas urbanas, especialmente en sectores de difícil acceso como Ciénaga del Opón y San Rafael de Chucurí, que anteriormente habían sido catalogados con riesgo electoral.“Para el 8 de marzo vamos a contar con más pie de fuerza de la Policía Nacional, lo cual permitirá acompañar más puestos de votación y garantizar los derechos electorales de los ciudadanos”, aseguró la alcaldesa (e), Laura Cotrina.En materia logística, las autoridades confirmaron el traslado de un puesto de votación del corregimiento El Llanito; la mesa que funcionaba en la sede preescolar de la Institución Educativa San Marcos fue reubicada en el antiguo casino La Troco.Asimismo, se realizó la inspección de los lugares de escrutinio, que este año se concentrarán en la Megaludoteca, y se designaron 15 funcionarios públicos como garantes del proceso. También se activará un Puesto de Mando Unificado (PMU) para atender cualquier eventualidad en tiempo real.Desde la Gobernación de Santander, el secretario del Interior, Óscar Hernández, indicó que existe articulación total entre las instituciones para asegurar la normalidad de la jornada.Las autoridades reiteraron que, por ahora, no hay alertas que comprometan el desarrollo de las elecciones y que el objetivo es brindar plenas garantías para que la ciudadanía ejerza su derecho al voto con tranquilidad.
Sigue la preocupación por el enorme deslizamiento que taponó la autopista Medellín - Bogotá a la altura del municipio de San Luis el pasado martes, que deja graves pérdidas económicas para los transportadores de pasajeros y de carga y afectaciones para las comunidades que deben hacer largos trasbordos y tener recorridos más largos por los desvíos.El Invías confirmó que en el sitio continúan las labores para dar apertura a la vía, que inicialmente estaba presupuestado para el sábado, pero las lluvias continúan y no lo han permitido. El balance hasta ahora es de 13.000 metros cúbicos de tierra removidos de los 60.000 que se estima cayeron a la altura del km 50 del tramo Santuario - Caño Alegre.Para restablecer la normalidad del tránsito en la zona lo antes posible, las labores de remoción se extenderán durante todo el fin de semana en un horario de 7:00 de la mañana a 7:00 de la noche.Todavía no hay fecha en la que haya apertura de la vía. Según confirmó la entidad del Gobierno nacional, un equipo de especialistas en geotecnia realizó una visita de inspección técnica en el punto crítico, y tras la evaluación, los expertos emitieron una serie de recomendaciones para el manejo de la inestabilidad localizada y que se logre la apertura gradual de la vía de forma segura.Por lo pronto las vías alternas son la comprendida entre Medellín – Cisneros – Puerto Berrío, y Medellín – Manizales - Bogotá.Afectaciones al transporteSamir Echeverri, director de la Asociación de Transportadores de Pasajeros de Antioquia, aseguró que hay 15 empresas de buses afectadas y que, incluso, no solo por las personas que están dejando de transportar, sino que tienen que pagar un peaje más de lo habitual."Los que van de Medellín a Bogotá, pues tienen un insumo diferente y son más kilómetros de recorrido, pero también un peaje adicional que incrementa los sobrecostos de las empresas. Esto repercute en que son cerca de 100 millones de pesos de pérdidas económicas de las empresas que hacen uso de este corredor”, expresó.
La noche del 27 de febrero, Bogotá volvió a vivir una escena de terror en la localidad de Kennedy, al sur de la capital. Se encontró un cuerpo sin vida abandonado en plena vía pública, hecho que quedó registrado por cámaras de seguridad del sector.Las imágenes, que se encuentran en poder de las autoridades, muestran cómo cuatro personas descendieron de un vehículo y dejaron el cadáver sobre la calle en apenas un par de segundos.El hecho ocurrió en una zona con vegetación, donde el carro se detuvo brevemente antes de abandonar el cuerpo. Según los registros, permaneció alrededor de un minuto y medio antes de que el vehículo huyera del lugar.Cuatro personas dejaron un cadáver en vía públicaEn los videos se observa a dos hombres y dos mujeres bajar del carro y, para cubrir parcialmente lo que ocurría, utilizar una colchoneta mientras dejaban el cadáver sobre el asfalto.De acuerdo con lo revelado por CityTV, un testigo, quien protegió su identidad por seguridad, aseguró que el vehículo “parqueó en una zona llena de pasto” y que las cuatro personas actuaron con precisión y rapidez. El comportamiento encendió la alerta de los vecinos, que hicieron un llamado inmediato a la Policía.Según el relato, el carro se estacionó brevemente; al descender, las cuatro personas sacaron una colchoneta, dejaron el cuerpo frente al punto donde se detuvieron y, en menos de dos minutos, huyeron del lugar.Ante esto, los videos de seguridad han sido claves en la investigación para esclarecer lo ocurrido la noche del 27.Investigación está en manos de las autoridadesLa Fiscalía General de la Nación adelanta la recolección de pruebas para establecer la identidad tanto de la víctima como de los presuntos responsables. Por su parte, Medicina Legal aún debe confirmar la causa de la muerte, dato determinante para plantear una hipótesis sobre el caso.El hallazgo se produjo semanas después de otro hecho violento en la capital, cuando en Barrios Unidos encontraron restos humanos en un canal del río Arzobispo, situación que también sigue bajo investigación.Ante ello, Kennedy vuelve a sentir temor, pues habitantes del sector aseguraron que en las últimas semanas los episodios de inseguridad han sido recurrentes. Aunque se ha buscado mayor presencia de las autoridades y respuestas frente a estructuras criminales, Bogotá continúa golpeada por la inseguridad.
Un operativo militar de escala, con más de 150 unidades desplegadas, se adelanta desde la tarde del pasado 28 de febrero en zona de media y alta montaña de Tuluá, como parte de una ofensiva del Estado para reducir la presencia de grupos armados ilegales que operan en esta región del centro del Valle del Cauca.Las acciones son ejecutadas por tropas de la Tercera Brigada del Ejército Nacional, que realizan operaciones de control, búsqueda y ubicación de las disidencias de las Farc, estructuras que, según las autoridades, mantienen una disputa territorial que ha incrementado los hechos violentos en esta zona del departamento.Uno de los principales objetivos del operativo es alias 'Óscar Barreto', señalado como cabecilla del frente 57 y considerado objetivo prioritario del Estado. Por información que permita su captura, las autoridades ofrecen una recompensa de hasta 640 millones de pesos. Este hombre cuenta con más de 15 años de vida criminal, integrando tanto al ELN, las Farc y las disidencias, donde ahora es cabecilla de uno de sus frentes; a su vez es acusado de delitos como tráfico de estupefacientes y armas, reclutamiento forzado, extorsión, terrorismo y desplazamiento forzado, entre otros.Este sujeto tendría injerencia en los municipios de Sevilla, Tuluá, Guacarí, Ginebra, Buga, Palmira y Cerrito.Tras finalizar un consejo de seguridad realizado en Cartago, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó el alcance del operativo y envió un mensaje directo a este cabecilla: “Por alias 'Óscar Barreto', cabecilla de la estructura criminal del frente 57, las autoridades ofrecen una recompensa de hasta 640 millones de pesos. Se trata de uno de los objetivos prioritarios del Estado. El mensaje es claro: existen todas las garantías constitucionales y legales para que se entregue. De no hacerlo, enfrentará la fuerza legítima del Estado. No le haga más daño al país, no le haga más daño a Colombia. Esta puede ser una oportunidad para cambiar el rumbo de sus acciones. De lo contrario, será neutralizado con toda la fuerza legítima del Estado”.Por su parte, el secretario de Gobierno de Tuluá, Martín Hincapié, advirtió que estas estructuras armadas no solo sostienen una disputa territorial, sino que además estarían vinculadas con el homicidio de líderes y lideresas sociales, así como con múltiples afectaciones a la comunidad en general.Las autoridades confirmaron que la intervención militar se mantendrá en esta zona montañosa del centro del Valle del Cauca y que, de acuerdo con los resultados operacionales, se extenderá hacia el norte del departamento, con el objetivo de restablecer el control territorial y garantizar la seguridad de las comunidades.
Desde las 11 de la mañana, los promotores del no encabezados por el senador Álvaro Uribe y sus delegados, Óscar Iván Zuluaga, Carlos Holmes Trujillo e Iván Duque; así como Marta Lucía Ramírez, Camilo Gómez, en representación del expresidente Andrés Pastrana, y Alejandro Ordóñez, se reúnen con los delegados del gobierno, Humberto de la Calle, Sergio Jaramillo, Frank Pearl, los ministros del Interior, Juan Fernando Cristo, y de Defensa, Luis Carlos Villegas, y los senadores Roy Barreras y Armando Benedetti, para definir las últimas propuestas en puntos del acuerdo de paz para llevarlas a la mesa de La Habana. Los puntos que tratan son elegibilidad política, víctimas y justicia transicional, que quedaron pendientes luego de la reunión de este sábado en ese mismo lugar. En ese encuentro, que duró más de ocho horas, ambas delegaciones coincidieron en afirmar que se llegaron a "avances" en los dos primeros puntos del acuerdo: reforma rural y participación en política. "Llegamos a coincidencias, a avances en dos temas: el de reforma rural y participación en política y abrimos una discusión amplia en el tema de elegibilidad política", dijo Óscar Iván Zuluaga. Entretanto, Humberto de la Calle agregó: "en el tema de reforma rural se llegaron a varios avances, con el entendido que los acuerdos ocurren en La Habana entre el Gobierno y las Farc (...) Llegamos al tema de elegibilidad, hubo una discusión extraordinariamente larga, pero repito, siempre en un ambiente positivo tratando de encontrar un acuerdo nacional”, concluyó.
La senadora liberal Vivian Morales manifestó que son importantes las precisiones en los acuerdos de paz que los cristianos lograron en la reunión con las Farc y agregó que tras este hecho es probable que desaparezca el temor de la llamada “ideología de género”. “Se discutieron durante dos tardes los temas que preocupaban a los rectores cristianos, hubo respeto y receptividad por parte de las Farc. Podría decir que desaparezca el temor porque desaparece la posibilidad de que en este acuerdo se implemente esta ideología”, manifestó. Entre las precisiones, según la senadora liberal, están la libertad religiosa, el reconocimiento de las víctimas por razones religiosas y la participación de la iglesia en la implementación de los acuerdos. De otro lado, el pastor John Milton Rodríguez manifestó que en el nuevo acuerdo con las Farc estará incluida la familia como víctima del conflicto. “Logramos una reunión donde se profundizaron nuestras propuestas. Tratamos un tema que la familia es la víctima central del conflicto armado. Eso fue entendido por ellos”, dijo. Agregó que otro tema que se trató fue el de enfoque de género, sobre el cual dijo que el nuevo documento dará igualdad a la mujer frente al hombre. “Aclaramos con ellos el enfoque de género porque había mucha desinformación sobre el tema. Lo que aclaramos es que debe haber un enfoque en igualdad de derechos para hombres y mujeres revindicando a la mujer como víctima del conflicto”, manifestó. Indicó que en un eventual nuevo plebiscito las iglesias cristianas estarían dispuestas a promover el voto por SÍ, pero siempre y cuando se respete el estado social de derecho y la Constitución. “Sería incoherente que la sociedad civil se exprese y que el acuerdo registre una aceptación o un involucramiento de la sociedad civil y que esta se expresara negativamente”, dijo.
Desde Barranquilla, el presidente Juan Manuel Santos informó que ya se han concretado varios “avances importantes” con los líderes del NO en el Plebiscito por la Paz, mostrándose optimista de un pronto acuerdo. Explicó que en la reunión del sábado se lograron varios acuerdos y que este lunes se volverán a reunir los negociadores de paz del Gobierno con los opositores al acuerdo de paz. Además, reiteró que les dio instrucciones a los voceros del Gobierno para que “no se paren de la mesa porque podemos lograr un acuerdo muy rápido”. Santos informó que “ya todo está estudiado”, por lo que todo el camino a seguir es tener voluntad de logar acuerdos. Los negociadores de paz volverán a La Habana el jueves para reencontrarse con los negociadores de las Farc y exponerles lo hablado con los opositores. Proceso con el ELN El presidente Juan Manuel Santos también se refirió al proceso que se adelanta con la guerrilla del ELN y reiteró que no se instalará la mesa pública de diálogos hasta que no liberen al excongresista chocoano Odín Sánchez. “Hasta que no vea a Odín Sánchez libre, sano y salvo, no va a haber ninguna reunión con el ELN”, finalizó. Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias: -Durante este fin de semana la Policía de menores y la Alcaldía de Bogotá encontraron a más de 100 menores en chiquitecas de diferentes lugares de la capital. -Las autoridades de salud de Ibagué confirmaron la presencia de latas de atún con mercurio del lote reportado por el Invima. -Un militar que había sido reportado como desaparecido en el departamento de Guainía fue hallado muerto. -En Bucaramanga un hombre destruyó y prendió fuego a su motocicleta porque las autoridades lo detuvieron por estar conduciendo borracho. -El expresidente de El Salvador Elías Antonio Saca, fue detenido junto a otros exfuncionarios acusados de varios delitos. -Con un enfrentamiento entre colombianos continuará la fecha 11 del fútbol italiano. -El enviado de la ONU para Siria condenó hoy los ataques con cohetes lanzados por grupos rebeldes contra la sección occidental de Alepo, que controla el Gobierno. -Al menos 41 soldados del Ejército Nacional Afgano se entregaron a combatientes talibanes después de un asedio de dos meses a su base militar en la ciudad de Trinkot, en el sur del país. -El primer ministro islandés, Sigurdur Johannsson, anunció su dimisión tras no haber logrado mayoría en las elecciones legislativas celebradas el sábado.
El presidente colombiano Juan Manuel Santos afirmó querer concluir un nuevo acuerdo con las Farc "antes de Navidad" para evitar que el proceso de paz "estalle", en una entrevista divulgada el domingo. "Todos los negociadores y yo mismo, nos reunimos con casi todas las organizaciones y actualmente estudiamos más de 500 propuestas y conversamos con las Farc para llegar a un nuevo acuerdo finalizado y aprobado antes de Navidad. Ese es mi objetivo", explicó el jefe de Estado en una entrevista con el dominical británico The Observer. "La incertidumbre" actual es "muy arriesgada", dijo Santos. "Muchas cosas pueden suceder y hacer estallar el proceso. Es por eso que mi equipo y yo trabajamos las 24 horas, los siete días de la semana, para encontrar un nuevo acuerdo", agregó. Ganador este año del premio Nobel de la Paz, el presidente desea encontrar una salida a la crisis política que sacude Colombia desde que el pacto por la paz firmado con las Farc - que ponía fin a 52 años de conflicto -, fue rechazado por los colombianos en el referendo del 2 de octubre. Entrevistado antes de su visita oficial de tres días a Londres e Irlanda del Norte que iniciará el martes, Santos precisó que desearía que el ex presidente Alvaro Uribe, líder del "no" al acuerdo, "se siente en la mesa" de las negociaciones a fin de obtener "el mayor consenso posible". Uribe juzgó que el acuerdo negociado ofrecía una "impunidad absoluta" a los jefes guerrilleros. Para alcanzar sus objetivos, Juan Manuel Santos, que prolongó el cese el fuego con las FARC hasta fines de diciembre, decidió negociar también con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias: -El expresidente Álvaro Uribe le respondió en su cuenta de Twitter al periodista Daniel Coronell sobre su columna en la que el comunicador afirma que cuando Uribe era jefe de Estado sostenía públicamente que para hacer la paz era necesario hacer cosas con las que hoy no está de acuerdo. -En el departamento de Santander existen más de 500 fosas de víctimas del conflicto armado, según la Fiscalía. -Para evitar emergencias por arroyos, las autoridades hicieron recomendaciones a los conductores para que no intenten cruzar los arroyos de Barranquilla. -El primer ministro de Italia, Matteo Renzi, aseguró hoy a los damnificados por los terremotos que han azotado en los últimos meses el centro de Italia que el Gobierno "reconstruirá todos" los edificios e infraestructuras destrozadas. -Se juega el partido entre Milán y Pescara con Carlos Bacca como titular. -Los moldavos comenzaron a votar hoy en la primera elección presidencial por sufragio universal desde 1997. Un escrutinio que enfrenta a partidarios de un acercamiento con Rusia con defensores de una integración en la Unión Europea. -Los combates entre el régimen sirio y los rebeldes siguen hoy en la ciudad Siria de Alepo, donde 38 civiles murieron por disparos de cohetes de la insurgencia, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. -La Unión Europea y Canadá firmaron en Bruselas el acuerdo de libre comercio conocido como CETA, que pretende incrementar en 20.000 millones de euros al año los intercambios comerciales entre ambas economías.
En un operativo adelantado en zona rural de Ituango, tropas del Ejército lograron el sometimiento voluntario a la justicia de tres presuntos integrantes de la Subestructura 18 de las disidencias de las Farc y la recuperación de una menor de edad que habría sido reclutada por esa organización ilegal.La acción se desarrolló en el corregimiento Santa Rita, donde unidades del Batallón de Infantería N.° 10 Coronel Atanasio Girardot, adscrito a la Cuarta Brigada, ejecutaron la operación con apoyo de la Policía Nacional de Colombia, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y el CTI de la Fiscalía General de la Nación. El despliegue permitió extraer con vida a los desmovilizados y garantizar la protección de la adolescente de 14 años.Según información oficial, los hombres harían parte de la comisión armada de seguridad de alias 'Ramiro', señalado cabecilla principal de la estructura ilegal. Uno de los sometidos relató que llevaba cerca de cuatro años en el grupo, luego de haber sido reclutado de forma forzada cuando era menor de edad.Durante el procedimiento, los desmovilizados entregaron una pistola, 51 cartuchos y dos radios de comunicación, material que quedó en manos de las autoridades para su judicialización. La menor, por su parte, fue puesta bajo rutas de protección para restablecer sus derechos.El Ejército señaló que este resultado evidencia el impacto de la ofensiva militar sostenida en el norte antioqueño, que ha debilitado las estructuras armadas ilegales y abierto espacios para que integrantes abandonen las armas. Las autoridades destacaron que estas acciones también permiten obtener información estratégica para futuras operaciones contra grupos residuales
Con el inicio de la Cuaresma, la Conferencia Episcopal de Colombia, a través del Secretariado Nacional de Pastoral Social–Cáritas Colombiana, lanzó la Campaña de Comunicación Cristiana de Bienes 2026, una iniciativa que se desarrollará en todo el país y que este año prioriza la atención a departamentos como Córdoba, Sucre y la región del Urabá, donde las lluvias han generado graves afectaciones."Para que, más allá de nuestras diferencias, pongamos en el corazón de nuestra preocupación a todos nuestros hermanos y hermanas que están experimentando un sufrimiento muy grande, y que no es de poco tiempo, sino que va a requerir un esfuerzo muy grande para ayudar también a todos los procesos de reconstrucción de viviendas, de caminos, de escuelas”, aseguró Monseñor Francisco Javier Múnera, presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia.Según explicó la Iglesia, los recursos recaudados fortalecerán el Servicio Nacional de Emergencias de Cáritas Colombiana, que durante 2025 respondió a 25 emergencias. En ese periodo atendieron a más de 12.000 personas, correspondientes a 3.336 familias, mediante la entrega de kits de alimentos, higiene, elementos de noche, cocina y apoyo para bebés, con una inversión cercana a los 832 millones de pesos.Según el balance entregado, en lo corrido de 2026, la organización ya ha destinado 228 millones de pesos para apoyar a comunidades afectadas en municipios como Montelíbano, Apartadó, Riohacha, Guapi e Istmina, en un contexto que, según advirtieron los obispos, requerirá esfuerzos sostenidos para la reconstrucción de viviendas, infraestructura comunitaria y medios de vida.La Iglesia hizo un llamado a los colombianos a sumarse a la campaña a través de las parroquias del país o mediante donaciones al fondo nacional de emergencias, con el fin de “convertir la fe en acción concreta, estructurada y transparente, para que la caridad se traduzca en esperanza real para miles de familias que hoy enfrentan la adversidad”.
En Colombia, más de 9 millones de ciudadanos han sido obligados a abandonar sus hogares como consecuencia del conflicto armado, el control territorial de grupos ilegales y las disputas por economías ilícitas, un fenómeno que durante décadas ha profundizado la pobreza, la exclusión y la desigualdad en amplias regiones del país.En este contexto, el Departamento Nacional de Planeación, la Unidad para las Víctimas y Prosperidad Social, presentó el CONPES 4180, una nueva política pública que proyecta una inversión de 10,1 billones de pesos, que busca establecer soluciones duraderas para las víctimas de desplazamiento forzado. El documento, aprobado el 30 de diciembre de 2025, traza una hoja de ruta con 66 acciones orientadas a facilitar la estabilización socioeconómica de esta población.De acuerdo con el DNP, el objetivo es coordinar una respuesta institucional que permita superar las condiciones de vulnerabilidad que enfrentan millones de víctimas. “Es un documento que coordina acciones, 66 acciones intersistémicas, intersectoriales, con un presupuesto indicativo de 10 billones de pesos”, explicó la directora de la entidad, Natalia Irene Molina.La meta es que al menos el 75 % de las víctimas logre superar su situación de vulnerabilidad mediante el acceso a empleo, generación de ingresos e integración social, ya sea a través del retorno a sus territorios, la reubicación o su permanencia en las comunidades donde reconstruyeron sus vidas.Desde la Mesa Nacional de Víctimas, Odorico Guerra Salgado, coordinador del eje temático de desplazamiento forzado, advirtió que el principal desafío será que las medidas anunciadas se traduzcan en acciones concretas en los territorios.“Nosotros primero que todo esperamos que haya una verdadera voluntad política por parte de las instituciones del gobierno nacional para que esa implementación del CONPES de soluciones duraderas sea exitosa en los territorios y que ojalá no sea una ni dos, sino todas las 66 acciones que están contenidas en el CONPES 4180 se puedan hacer realidad”, señaló.Giovanni Lepri, representante en Colombia de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), aseguró que la política representa un avance, aunque sus resultados se verán con el tiempo. “El CONPES para nosotros es un punto de partida, no es un punto de llegada, pero es un punto de partida muy relevante porque es la primera vez que hay una política pública estructurada alrededor de buscar soluciones”, afirmó.Lepri también advirtió que muchas víctimas han vivido durante años en condiciones de vulnerabilidad, especialmente en entornos urbanos, donde la integración social y el acceso efectivo a derechos siguen siendo un desafío.“Hay personas que llevan una situación de vulnerabilidad causada por el desplazamiento desde hace muchos años, entonces ya por ejemplo vemos que el 70 % más de la población desplazada quiere quedarse en áreas urbanas, (…) lo que van a hacer van a ser ciudadanos de las ciudades que ya los han recibido hace muchos años, pero le ha faltado esta parte de regularización y de un acceso a derechos de coste efectivo de sus derechos”, explicó.El documento contempla la articulación de 24 entidades del orden nacional y territorial, responsables de ejecutar las acciones previstas. No obstante, el propio Departamento Nacional de Planeación reconoció que los recursos dependerán de la disponibilidad fiscal y de las decisiones presupuestales de cada entidad.
La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, le pidió a la Corte Constitucional declarar inconstitucional el Decreto 1390 de 2025, mediante el cual el Gobierno declaró el estado de emergencia económica y social en todo el país.No obstante, solicitó que la Corte “declare la inconstitucionalidad del Decreto 1390 de 2025, modulando sus efectos para que sean diferidos únicamente en lo que respecta a la vigencia de las medidas destinadas a conjurar la crisis en el sector salud”.En un documento enviado al magistrado Carlos Camargo Assis, la defensora examinó tres de las causas que el Gobierno presentó como fundamento de la emergencia: el cumplimiento de órdenes judiciales relacionadas con la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y la financiación del sistema de salud; el deterioro de la seguridad territorial y los riesgos para líderes sociales, defensores de derechos humanos y candidatos electorales; y el atraso en el pago de indemnizaciones a víctimas del conflicto armado.Crisis en salud y financiación de la UPCEn materia de salud, la Defensoría recuerda que desde 2016 se estableció como estándar mínimo que la UPC del régimen subsidiado no sea inferior al 95 % de la del régimen contributivo. La persistencia en los incumplimientos ha generado incluso incidentes de desacato.Según cifras recopiladas por la entidad, en 2025 la Adres destinó $88,4 billones a la UPC, lo que representa el 88 % de los recursos del sistema. Para 2026 se proyectan $101 billones, un incremento del 14,3 %.“No obstante, las EPS reportaron una siniestralidad del 109,5 %, que implicó un déficit presupuestal estimado de $5,95 billones, sin incluir los $5,2 billones adicionales correspondientes a gastos administrativos”, señala el documento.La Defensoría advierte que “la evidencia disponible indica que el ajuste proyectado de la UPC para 2026 corrige solo parcialmente el problema, pues subsisten déficits estructurales acumulados de vigencias anteriores. De hecho, el requerimiento fiscal de 3,3 billones que indica el Gobierno en el Decreto 1390 puede incrementarse si se consideran las deudas acumuladas del sistema, estimadas entre $10 y $30 billones, respecto de las cuales no existe consenso”.La entidad también señala que el desfinanciamiento ha impactado directamente el acceso a medicamentos y servicios. “En definitiva, el panorama descrito permite concluir que la desfinanciación de la UPC configura una situación de gravedad e inminencia que exige una respuesta urgente del Estado orientada a asegurar la búsqueda de fuentes adicionales de recursos que facilite la estabilidad de los pagos en la cadena de atención y la protección efectiva de las personas, especialmente las más vulnerables”.Las cifras respaldan esa advertencia. Las quejas por fallas en la prestación del servicio aumentaron 78 % entre 2023 y 2025. Solo en 2025 se registraron más de 46.000 reclamaciones. También crecieron las tutelas y los reclamos ante la Superintendencia de Salud, con cerca de 685.000 quejas por medicamentos. Además, el gasto de bolsillo de los hogares alcanzó su nivel más alto en años, llegando en algunos departamentos hasta el 30 % de los ingresos familiares.Sin embargo, pese a reconocer la gravedad de la situación, la Defensoría argumentó que “ninguna de estas causas cumple el presupuesto fáctico de sobreviniencia” y que el Gobierno “no demostró la insuficiencia de los mecanismos ordinarios”, entre ellos la “reasignación del presupuesto flexible” y las “operaciones de crédito público”.Seguridad y orden públicoEl segundo argumento del Gobierno fue el deterioro del orden público, los ataques con drones en departamentos como Cauca, Cesar y Norte de Santander, y el aumento del riesgo para líderes sociales y candidatos en el contexto electoral.La Defensoría señala que solo en 2025 se documentaron 177 homicidios de personas defensoras de derechos humanos. También aumentaron las amenazas contra actores políticos.Sin embargo, la entidad sostiene que la violencia contra líderes sociales ha sido advertida durante años a través del Sistema de Alertas Tempranas. Incluso el uso de drones con explosivos ya había sido documentado antes de la declaratoria de emergencia.“Si bien los riesgos para la población líder y defensora de derechos humanos, así como para los y las candidatas son graves, el Decreto no identifica un riesgo efectivo capaz de materializarse en un daño concreto e inminente”.Además, recuerda que el Congreso ya había aprobado aumentos presupuestales para el sector defensa y para la Unidad Nacional de Protección.Reparación a víctimasEl tercer punto analizado fue el atraso en el pago de indemnizaciones a víctimas del desplazamiento forzado.Según el documento, “el gobierno había pagado indemnizaciones a un total de 1.769.413 víctimas”, cifra que “corresponde únicamente al 19% de las 9.226.775 personas susceptibles de recibir la medida”.Pero la Defensoría insiste en que tampoco se trata de un problema reciente. Desde la expedición de la Ley de Víctimas en 2011 se advertía que la financiación sería insuficiente frente al universo real de afectados.“En 2022, la entonces directora de la Unidad para las Víctimas indicó que, de no adoptar medidas adicionales, tardaríamos más de 60 años en reparar a todas las víctimas registradas hasta ese momento.32 Esto evidencia que el problema de los pagos atrasados por concepto de reparación no es nuevo y que obedece a un problema estructural advertido por el gobierno desde tiempo atrás”.Inconstitucionalidad con efectos diferidosCon base en todo este análisis, la Defensoría concluye que el Decreto es inconstitucional porque no se cumplieron los requisitos para declarar un estado de excepción.No obstante, hace una precisión clave sobre la salud. Advierte que “la falta de liquidez financiera en el sistema de salud demanda medidas inmediatas y certeras para conjurar el progresivo agravamiento de los problemas de acceso equitativo a medicamentos, tratamientos y procedimientos incluidos en el PBS”. Y agrega que “ante la duda, la solución debe contemplar todas las medidas posibles para conjurar la extensión de la crisis”.Por eso insiste en que la Corte declare la inconstitucionalidad, pero con efectos diferidos en lo relacionado con las medidas tributarias.“Declarar la inconstitucionalidad del Decreto 1390 de 2025, modulando sus efectos para que sean diferidos únicamente en lo que respecta a la vigencia de las medidas destinadas a conjurar la crisis en el sector salud”, y “preservar las medidas tributarias adoptadas en el Decreto 1474 de 2025 por el término de la vigencia fiscal de 2026”, con destinación específica al sistema de salud.También pide que la Procuraduría, la Contraloría y la Sala Especial de Seguimiento ejerzan vigilancia estricta sobre esos recursos, y exhorta al Gobierno y al Congreso a tramitar una ley de financiamiento que estabilice estructuralmente el sistema.
Un operativo conjunto el Ejército y la Policía permitió ubicar y neutralizar un arsenal de alto poder perteneciente a las disidencias de las Farc al mando de alias 'Iván Mordisco', en zona rural del departamento del Meta. El material de guerra estaba oculto en la vereda La Floresta, jurisdicción de El Castillo, y según inteligencia, iba a ser usado en ataques contra la Fuerza Pública y comunidades de Meta y Guaviare.En el depósito ilegal fueron halladas 190 granadas adaptadas para drones, 56 granadas de mortero, 88 minas antipersonal y 100 detonadores. El hallazgo confirma la evolución de las tácticas de esta estructura armada criminal, que está apostándole al uso de explosivos lanzados desde el aire para maximizar daño y alcance.El director de la Policía, el general William Rincón Zambrano, aseguró que el resultado golpea directamente las capacidades logísticas del grupo armado y evita posibles acciones violentas. Según dijo, el arsenal representaba una amenaza directa para uniformados y población civil.Desde el departamento de Policía Meta también advirtieron que el material incautado permitiría ataques con drones cargados de explosivos, una modalidad que ha encendido alertas en varias regiones del país. Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar movimientos sospechosos que permitan anticipar atentados.La operación contó con el apoyo de la Fiscalía y sigue en desarrollo para ubicar a los responsables del almacenamiento del material y debilitar la estructura 'Martín Villa', señalada de operar bajo el mando de Mordisco. Mientras tanto, las autoridades mantienen presencia reforzada en la zona ante posibles retaliaciones.
El pronunciamiento de la JEP se da luego de la denuncia presentada por los familiares del dirigente social Pedro Julio Movilla Galarcio, junto con el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) y el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), quienes alertaron sobre una excavación ilegal realizada el 3 de febrero de 2025 en las instalaciones de la Escuela de Logística del Ejército, antigua sede de la Brigada XX en Bogotá.Según indicaron, el punto intervenido había sido identificado como un posible sitio donde podrían encontrarse restos de Movilla.En ese mismo sentido, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó a la JEP que encontró rastros de sangre humana en uno de los elementos materiales recuperados, el cual se encuentra protegido por una medida cautelar adoptada en septiembre de 2024, a solicitud de víctimas del conflicto armado.Según explicó la Jurisdicción, el rastro biológico fue identificado en un elemento recuperado en la zona que la propia JEP reportó como vulnerada en febrero de 2025, cuando detectó una excavación no autorizada en áreas de interés forense que estaban bajo protección judicial.Tras conocer esa intervención, la JEP interpuso denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, solicitó la apertura de investigaciones disciplinarias e inició un incidente de desacato.“Como resultado de esta última decisión, la JEP sancionó al director de la Escuela de Logística, teniente coronel Jorge Emerson Melgarejo Escobar, con tres días de arresto y una multa de diez salarios mínimos legales vigentes, al hallarlo responsable de permitir una intervención no autorizada en el predio protegido, ubicado en la localidad de San Cristóbal, en Bogotá. La sanción de multa fue confirmada por la Sección de Apelación el 8 de octubre de 2025”, aseguran en el comunicado.La Jurisdicción aseguró que la información sobre el hallazgo fue comunicada directamente a la familia de Pedro Julio Movilla y a las organizaciones solicitantes de la medida cautelar.
Aunque grupos armados ilegales han manifestado que no interferirán en el proceso democrático, en terreno persisten situaciones que afectan el ejercicio político.El presidente de Indepaz, Camilo González, señaló que estructuras como el ELN, el Clan del Golfo y algunas disidencias de las Farc han firmado declaraciones en las mesas de conversación con el Gobierno Nacional en las que se comprometen a no intervenir en las elecciones. Sin embargo, advirtió que posteriormente se presentan hechos que alteran la actividad política.“Se presentan situaciones que luego ellos mismos explican como situaciones inmanejables, errores por el control de territorios, porque tienen la pretensión de ser los dueños y los que dan permiso o no. Entonces eso, por supuesto, tiene repercusiones muy negativas para el ejercicio de la política”, aseguró González.Según el directivo, estas justificaciones generan restricciones para candidatos, líderes sociales y comunidades, afectando el desarrollo democrático.El presidente de Indepaz señaló que actualmente hay al menos 81 municipios con alertas graves frente a la perspectiva electoral. No obstante, afirmó que esto no significa necesariamente que en todos ellos se vaya a impedir la instalación de puestos de votación o que se produzcan sabotajes directos, pero sí refleja un contexto delicado para el normal desarrollo de las campañas.Además, subrayó que en cerca de 300 municipios se registran alteraciones y riesgos asociados a prácticas tradicionales como la compra y el rastreo de votos.“En cerca de 300 municipios, las alteraciones y los peligros para las elecciones tienen que ver con las tradicionales formas de corrupción, como la compraventa y el rastreo de votos, además del manejo del clientelismo. Pero la parte de la violencia directa, que ya hemos visto en disparos y atentados, incluso en Bogotá, sigue presente en diferentes regiones”, agregó.Aunque los grupos en negociación han reiterado su voluntad de no interferir en el proceso electoral, la situación en terreno evidencia que persisten dinámicas de presión armada y control territorial que podrían impactar el ejercicio democrático.
Desde hace tres días se intensificaron los hostigamientos en El Carmen, Norte de Santander. Los enfrentamientos armados en pleno casco urbano no solo han dejado un policía muerto y ataques contra la fuerza pública, sino que mantienen a los menores fuera de las aulas y expuestos al fuego cruzado.Según Luis Fernando Niño, consejero de Paz de Norte de Santander, entre 300 y 350 estudiantes permanecen sin asistir a clases debido a los combates y a la presencia de hombres armados en el casco urbano.“Ayer, cuando se dio el primer ataque, inició a las seis y cuarto de la mañana aproximadamente, que es la hora de ingreso de los estudiantes al colegio. Hoy fue igual, en las horas de la mañana. La persona que nos ha dado información desde la institución educativa habla de aproximadamente entre 300 y 350 menores que no han podido ir a clases”, aseguró Niño.La suspensión de las clases también implica que los estudiantes no tengan acceso al Plan de Alimentación Escolar.“A esto hay que sumarle no solo las clases, sino el tema del Plan de Alimentación Escolar, que es parte de este suplemento importante para que los niños puedan realizar sus labores diarias. Todo esto, obviamente, se ve afectado en medio del fuego cruzado que se está dando, reitero, en el casco urbano, con población civil en medio, violando así el derecho internacional humanitario”, agregó el consejero de Paz.Sin embargo, la principal preocupación es el riesgo que enfrentan los menores ante la posibilidad de quedar en medio del fuego cruzado o ser víctimas de reclutamiento forzado.“Ahorita, con los enfrentamientos, se ha deteriorado mucho más esto, pero en otras zonas del Catatumbo también, por el miedo al reclutamiento forzado, los padres de familia no envían a sus hijos porque pueden pisar un campo minado, pueden quedar en medio del fuego cruzado o también pueden ser reclutados”, añadió.Las autoridades reiteraron que, mientras persistan los hostigamientos en El Carmen, más de 300 menores seguirán sin poder regresar a clases, en medio de una escalada violenta que aumenta el riesgo de reclutamiento forzado en el Catatumbo.
La Sección de Apelación de la JEP ratificó la competencia de esa jurisdicción para investigar el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, asesinado el 2 de noviembre de 1995 en Bogotá, cuando salía de dictar clases en la Universidad Sergio Arboleda.La familia del líder conservador había solicitado a la JEP revocar esa competencia y enviar el caso a la Fiscalía; sin embargo, la jurisdicción consideró que existen elementos suficientes para mantener la investigación en su órbita.“La JEP tiene competencia material para adelantar la investigación por el presente caso. Aunado a ello, y reconociendo el interés legítimo que asiste a las víctimas en reclamar que se haga justicia por los hechos, la SA identifica que le corresponde al Estado encauzar de manera objetiva la totalidad de las acciones que resulten conducentes para garantizar el cumplimiento efectivo de su obligación de investigar y sancionar a los responsables”, señala la resolución de la Sección de Apelación.La jurisdicción precisó que, aunque mantiene la competencia, la justicia ordinaria puede avanzar en otras hipótesis, ya que la JEP se concentrará en la relacionada con la presunta responsabilidad de la extinta guerrilla de las Farc.“La Sección de Apelación insiste en que debe tenerse presente que la competencia que asume la JEP para investigar los homicidios de Álvaro Gómez Hurtado y José del Cristo Huertas Hastamorir solamente cobija la hipótesis relacionada con la presunta responsabilidad de exmiembros de las Farc-EP y, en consecuencia, no configura ningún tipo de interferencia con los avances que puedan seguir obteniéndose en la JPO por parte de las instituciones que se encuentran indagando la responsabilidad de otros agentes estatales y no estatales que no estarían sujetos a la competencia del órgano judicial transicional, por lo menos hasta la fecha. En ese sentido, como ya lo indicó la Sala de Reconocimiento, la Fiscalía y la Comisión de Investigación y Acusación podrán continuar con su función constitucional, en tanto siguen ostentando la titularidad de la acción penal de las investigaciones ya reseñadas y que no son objeto de estudio por la JEP”, agregaron los magistrados.La familia de Álvaro Gómez ha reiterado que no cree en la versión de la extinta guerrilla de las Farc, según la cual esa organización es responsable del magnicidio. Sus familiares sostienen que habría una responsabilidad de Estado e incluso han señalado por su presunta responsabilidad al expresidente Ernesto Samper.En la resolución también se indica: “Aunque no existe un nivel de certeza determinante, tampoco es descartable la responsabilidad de las Farc-EP y, en esa medida, se entiende que esta hipótesis podrá encontrar una evolución mientras avanza la investigación y el esclarecimiento de los patrones de violencia y hasta que se logre determinar de manera contundente la existencia, o no, de la responsabilidad penal que ha sido formulada por los comparecientes. Lo anterior, bajo la debida garantía de que en cada etapa del proceso las víctimas y demás intervinientes tendrán las oportunidades correspondientes para presentar, de acuerdo con las reglas procesales aplicables, las objeciones que estimen pertinentes”.La Sección recordó además que la jurisdicción tiene competencia prevalente para investigar hechos relacionados con el conflicto armado. En ese sentido, explicó que miembros del antiguo Secretariado de las Farc-EP afirmaron que el asesinato obedeció a una retaliación por las posturas políticas de Gómez Hurtado en la época del surgimiento de esa guerrilla, cuando los calificó como “repúblicas independientes”.
Miroslav Jenca, jefe de la Misión de Verificación de la ONU, explicó que uno de los mayores desafíos se concentra en regiones como el Catatumbo, donde el desplazamiento forzado y el confinamiento continúan afectando a miles de personas. Según señaló, en el marco de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep) y las Curules de Paz, cerca de 100.000 personas no pueden ejercer su derecho al voto debido a que se ven obligadas a desplazarse constantemente de un lugar a otro como consecuencia de la violencia.“Hay alrededor de 100.000 personas que prácticamente no pueden votar porque se desplazan de un lugar al otro”, aseguró.El jefe de la misión relató que durante sus recientes visitas a esta región, incluida la zona rural del municipio de Tibú y sectores como Versalles, pudo constatar la complejidad de la situación humanitaria y de seguridad. “Hablé con la gente en Versalles, y allá la situación de veras es muy, muy compleja, muy difícil”, afirmó.En ese contexto, Jenca insistió en que garantizar el derecho al voto es esencial para la democracia colombiana. “Yo pienso que es muy importante asegurar, garantizar el derecho al voto a todos los votantes y todas las votantes aquí en Colombia”, reiteró, haciendo énfasis en la necesidad de adoptar medidas para las regiones más afectadas por el conflicto.El jefe de la misión también se refirió a las responsabilidades frente al desarrollo de la campaña electoral. Señaló que el gobierno colombiano tiene un papel central en la protección del proceso democrático, al ser el único con el uso legítimo de la fuerza. En ese sentido, recalcó que el Gobierno debe garantizar un entorno seguro para todos los precandidatos y precandidatas, de manera que puedan hacer campaña sin amenazas ni restricciones indebidas.No obstante, Jenca aseguró que los propios precandidatos también deben contribuir activamente a la construcción de elecciones libres y en paz, respetando las reglas del juego democrático y promoviendo un ambiente de tolerancia y no violencia durante la contienda electoral.“Claro que los precandidatos también tienen responsabilidad de contribuir a las elecciones libres y en paz”, añadió.Finalmente, expresó el interés de la comunidad internacional en que todos los actores políticos respalden y firmen compromisos públicos "por que aquí hablamos de la democracia en Colombia".