La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reiteró su llamado al Gobierno nacional para que se sume con recursos económicos a la búsqueda de personas desaparecidas en La Escombrera, en Medellín.El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, explicó que, hasta ahora, el proceso de excavación ha sido sostenido principalmente con recursos de la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia, lo que ha permitido garantizar la continuidad de las labores en el corto plazo. No obstante, advirtió que la magnitud del trabajo que aún falta por realizar hace indispensable un respaldo económico directo del Gobierno nacional.“Es enorme lo que hay que mover de escombros y demás, pues sí es fundamental que el Gobierno nacional, digamos, de manera directa apoye económicamente para que esa búsqueda sea posible y no solamente la Alcaldía de Medellín, que es algo que yo he venido insistiendo hace mucho tiempo”, aseguró Ramelli.Desde el Tribunal para la Paz, el magistrado Gustavo Salazar Velázquez, de la Sección de Reconocimiento, explicó que el proceso en La Escombrera corresponde a una excavación continuada que demanda una alta cantidad de recursos. Según detalló, actualmente existe una bolsa conjunta de financiación integrada por aportes de la JEP, la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia.De acuerdo con el magistrado, la Jurisdicción Especial para la Paz aporta los equipos forenses y la mano de obra, mientras que la Alcaldía de Medellín ha asumido el cubrimiento del bienestar de las víctimas y el suministro de la maquinaria amarilla necesaria para las excavaciones.“En este momento estamos recontratando la maquinaria amarilla por parte de la Alcaldía de Medellín, la maquinaria retoma la semana entrante y estamos garantizando recursos hasta mediados, finales del mes de agosto y sabiendo de la alta exigencia de recursos, vinculamos al Gobierno nacional para que incorpore recursos para el proceso de excavación”, afirma el magistrado.En ese marco, explicó que ya se han iniciado conversaciones con distintas entidades para definir los mecanismos de aporte. Entre ellas, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Interior y el Ministerio de las Artes, este último involucrado en el proceso de memorialización de La Escombrera, que se adelanta desde el año pasado y que cuenta con una fase avanzada.
El abogado jurídico del Clan del Golfo aseguró que la suspensión temporal de los diálogos con el Gobierno nacional se produjo luego de las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que calificó como “supremamente graves” y como un incumplimiento de los acuerdos alcanzados en la mesa.Según Ricardo Giraldo, abogado contratado por el EGC para el proceso de paz total, las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, desconocieron un punto central del proceso: “El respeto por la identidad de las partes”.En ese sentido, recordó que existe una resolución del 5 de septiembre de 2025 mediante la cual el presidente de la República reconoce la autodenominación del grupo como Ejército Gaitanista de Colombia y no como Clan del Golfo.“Si están unos diálogos, unas conversaciones, unas negociaciones, como lo quieran llamar, para salir del conflicto, yo creo que lo más importante es el respeto a la identidad de las partes, como una primera medida. Entonces, eso fue lo primero que se incumplió”, afirmó el abogado.Giraldo cuestionó además que el grupo fuera señalado como un “cartel” y como el dueño del narcotráfico en Colombia.“Lo señala como el cartel del clan del golfo, como si ellos fuesen los dueños del narcotráfico en Colombia. Y en la mesa ha quedado demostrado que eso no es así, mis representados controlan el mercado, eso no lo puede negar nadie, pero de que sean los dueños, no”, añadió Giraldo.Finalmente, el abogado explicó que la decisión de suspender los diálogos fue adoptada de manera temporal e indefinida, sin establecer plazos para su reanudación, y que el levantamiento de la suspensión dependerá de la respuesta que entregue el Gobierno nacional frente a las declaraciones cuestionadas.Desde el Gobierno, el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, asegura que las órdenes de captura contra los principales líderes del Clan del Golfo se encuentran suspendidas, en el marco del espacio de conversación sociojurídica que adelanta el Gobierno nacional con ese grupo armado ilegal.“Desde el pasado diciembre, se encuentran suspendidas la ejecución de órdenes de captura de estos líderes conforme a lo establecido en la Resolución 274 de 2025 de la Presidencia de la República. Tanto la Fiscalía General de la Nación como el Ministerio de Defensa están informados de cada paso del proceso en el marco de la coordinación institucional correspondiente”, aseguran desde el comisionado en un comunicado.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) admitió de manera provisional la comparecencia de José Leonairo Dorado Gaviria, quien fue sargento viceprimero del Ejército Nacional y se desempeñó durante años en el área de inteligencia. Fue condenado en la justicia ordinaria por extorsión, al aprovechar información confidencial y apropiarse de 22 millones de pesos, y actualmente se encuentra privado de la libertad.En 2018, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) rechazó su sometimiento por considerar que la Jurisdicción no tenía competencia material sobre la conducta por la que fue condenado. Esa decisión fue confirmada por la Sección de Apelación, y en los años siguientes la SDSJ se mantuvo en lo ya resuelto, pese a nuevas solicitudes del compareciente para ingresar al sistema transicional.Con el paso del tiempo, Dorado Gaviria amplió sus aportes y afirmó tener conocimiento, e incluso participación, en múltiples hechos delictivos, relacionados con su labor como integrante de la inteligencia militar encubierta del Ejército.A partir de esa información, la Sala de Reconocimiento de Verdad (SRVR) lo llamó a rendir versión voluntaria dentro de los macrocasos 06 y 08 y emitió un concepto preliminar positivo sobre sus contribuciones, al considerar que podrían ser relevantes.En abril de 2024, un despacho de la SDSJ resolvió desarchivar la actuación transicional, al concluir que las nuevas solicitudes del compareciente incluían hechos y conductas que debían ser analizados para determinar si podían ser competencia de la JEP.El auto señaló que esos relatos podrían contribuir al esclarecimiento de violaciones a los derechos humanos cometidas durtante su vinculación a la Brigada XX y al Batallón Charry Solan, en particular aquellas asociadas a estructuras de inteligencia militar, como asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate, así como posibles vínculos entre miembros de la fuerza pública y grupos paramilitares en distintas regiones del país.Posteriormente, la defensa de Dorado interpuso un recurso de apelación, solicitando que se revisara la decisión que había negado beneficios transicionales y que se analizara la conexidad entre su conducta y el conflicto armado, teniendo en cuenta su rol funcional dentro del Ejército y los aportes entregados ante la JEP.En diálogo con Blu Radio, Pedro Díaz, magistrado de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, por donde pasó el proceso en una primera instancia, explicó el alcance de esta admisión provisional y lo que se espera del compareciente dentro del sistema transicional.“Eso significa que debe aportar aquello más de lo que se ha establecido en las investigaciones, los procesos y sentencias de la justicia ordinaria, que sean razonados, que sean verdades, que a la JEP le permita contrastar no solo señalamientos o expresiones reiterativas o genéricas, sino que esto permita avanzar en las investigaciones y especialmente de los hechos de desaparición forzada y asesinatos ocurridos durante esa década de los años 80 y comienzos de los 90, en que los servicios de inteligencia de las fuerzas militares fueron muy activos en este patrón y práctica criminal”, detalló el magistrado. Finalmente, el magistrado señaló que en estos casos, la prioridad es garantizar los derechos de las víctimas y conocer la verdad en crímenes que son considerados de los más graves por el derecho internacional, como la desaparición forzada.
La mesa de negociación entre el Gobierno nacional y el Clan del Golfo atraviesa un momento delicado tras el anuncio de suspensión provisional de los diálogos por parte del grupo armado ilegal. De acuerdo con la delegación del Gobierno, la decisión se habría tomado de manera unilateral y sin comunicación oficial que precise sus alcances.“Nos hemos enterado de una decisión unilateral de suspensión provisional; dicen ellos que es para algunas consultas. Esperamos una notificación formal y enterarnos bien del detalle”, aseguró Álvaro Jiménez, negociador del Gobierno con el Clan del Golfo.Según se conoció, la suspensión estaría relacionada con declaraciones realizadas en las últimas horas por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Jiménez indicó que la información conocida hasta ahora apunta a una reacción del grupo armado frente a esos pronunciamientos.“Entendí, de la información que ha sido conocida, que es a raíz de unas declaraciones que el señor ministro de Defensa hizo en la mañana de hoy y esperamos un poco los desarrollos para poder asumir un comportamiento respecto de las mismas”, añadió.Jiménez señaló que la delegación se encuentra a la espera de mayores desarrollos para definir su postura frente a la decisión anunciada, y reiteró que, hasta el momento, no existe una notificación formal que confirme la suspensión ni sus términos.El delegado del Gobierno también subrayó que las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia exclusiva de esa cartera y que no corresponde a la mesa de negociación contradecirlas.“Las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia del señor ministro; yo no las voy a contradecir, pero he podido conversar con él y el señor ministro de Defensa me ha indicado que ellos cumplirán con el compromiso que se ha hecho en las mesas; por tanto, espero que haya alguna precisión al respecto”.Por ahora, el Gobierno espera que el Clan del Golfo notifique oficialmente su decisión, precise si la suspensión será temporal y aclare qué ocurrirá con el futuro de los diálogos.
Los consorcios Red Hospitalaria y Centros Guajira emitieron un comunicado en el que explican su participación en el proyecto de construcción de los Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS) en La Guajira, luego de denuncias públicas relacionadas con un contrato interadministrativo por cerca de 82.000 millones de pesos entre el Ministerio de Salud y ENTerritorio.Las empresas señalaron que fueron contratistas de ENTerritorio para desarrollar 12 de los 25 centros priorizados y que su intervención se dio a través de una licitación pública.Según el documento, los consorcios indicaron que su labor se concentró en la primera etapa de los contratos, correspondiente a estudios y diseños, los cuales afirman fueron entregados dentro de los plazos y condiciones establecidos. También explicaron que los contratos incluían una cláusula que supeditaba su continuidad a la vigencia del acuerdo interadministrativo entre las entidades públicas, cuya no prórroga derivó en la terminación anticipada de los contratos y en la suspensión de la fase de construcción, que ya había iniciado en seis proyectos.Las empresas manifestaron que no han recibido pagos por los trabajos realizados, pese a que los productos fueron entregados y revisados por la interventoría. Indicaron que esta situación ha generado afectaciones económicas y que existen inversiones en materiales y equipos en los sitios de ejecución. En el comunicado rechazaron señalamientos que los responsabilicen por retrasos o irregularidades y señalaron que la planeación, financiación y supervisión general del contrato correspondían a ENTerritorio.Finalmente, los consorcios expresaron su disposición a participar en una salida institucional que permita retomar el proyecto y plantearon como alternativa que el Ministerio de Salud asuma directamente la ejecución o la delegue en otra entidad pública. Señalaron que los CAPS están destinados a atender a cerca de 400.000 habitantes de varios municipios del departamento y reiteraron su compromiso con la continuidad de las obras.
Tras la exploción registrada en la tardes del jueves 5 de febrero en la mina Mata Siete del municipio de Guachetá, Cundinamarca, la Corporación Autonomar Regional del de partamento (CAR) confirmó que el resultado de la inspección arrojo que el sito operaba sin licencia minera. Sin embargo, ese sitio ya estaba en la mira de las autoridades ambientales, puesto que fuentes le confirmaron a este medio que la mina ya tenía proceso sancionatorios por falta de permisos.Entre tanto, aún permanecen a más de 170 metros bajo tierra seis mineros que ejercían su turno en la tarde cuando por una presunta acumulación de gas metano se produjo la explosión sobre las 5:30 p.m. A lo largo de la mañana de este viernes 6 de febrero, bomberos de Cundinamarca y técnicos de las Agencia Nacional de Hidrocarburos llegaron a la zona colocando unos ductos de ventilación y así lograr tener contaco con las personas atrapadas, que como lo confirmó el gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, no se ha logrado.“Se hace un proceso de evaluación en la mina donde se establece que hay acumulación de gas metano, lo cual hace necesario la movilización de un ventilador especializado para poder sacar este gas y poder iniciar los procesos operacionales de rescate del personal. Al momento no se ha tenido contacto ni comunicación con los mineros y continuamos en este proceso de labor de búsqueda y rescate de los mismos", concluyó el capitan de Bomberos de Cundinamarca, Alvaro Farfán.Por ahora, se completan más de 12 horas de trabajo para lograr ubicar a los mineros atrapados. Y es que a las afueras de sitio, donde además también hay cierre total por parte de las autoridades, las familias de los atrapados esperan respuestas. Sin embargo, el temor de las autoridades, es que por la inhalación de gas metano pudiera ocasionar el peor desenlace.
La Procuraduría General de la Nación encendió nuevamente las alarmas por la contratación relacionada con la expedición de pasaportes en el país. El ente de control advirtió presuntas irregularidades en un nuevo contrato interadministrativo suscrito entre la Cancillería y la Imprenta Nacional, cuyo valor asciende a más de 185.000 millones de pesos.Se trata de un contrato publicado en la plataforma SECOP el pasado 29 de enero, cuyo objetivo es la producción y expedición de pasaportes. Aunque el convenio fija su ejecución hasta el 31 de diciembre de 2026, la Procuraduría cuestionó que no se haya establecido una fecha clara de inicio.La preocupación de la Procuraduría se centra en el elevado monto comprometido que supera los 185.000 millones de pesos y por el hecho de que este es ya el cuarto contrato que suscriben la Cancillería y la Imprenta en un objeto prácticamente idéntico.Según el Ministerio Público, las sumas comprometidas en estos cuatro negocios jurídicos superan el billón de pesos y alcanzan un total de $1,49 billones, cifra que ha generado serias inquietudes sobre la planeación y transparencia del proceso contractual.El pronunciamiento se da tres meses después de que la Procuraduría presentara una demanda ante la justicia para anular el convenio internacional firmado entre la Cancillería, la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal, también relacionado con la fabricación de pasaportes y que fue cuestionado por presuntas irregularidades.Por esta razón la Procuraduría advirtió que abordará la suscripción del contrato desde las acciones preventivas que ya adelanta sobre el suministro de pasaportes, y que además revisará el tema dentro de las investigaciones disciplinarias que actualmente se encuentran en curso.
Tres municipios del Urabá antioqueño siguen sin gas natural por las graves afectaciones por las lluvias en vías del departamento. En las últimas horas la empresa de servicios públicos logró restablecer el servicio en Apartadó, Chigorodó, Turbo y San pedro de UrabáEl Urabá antioqueño no solo está teniendo que lidiar con las inundaciones que afectan a 10 de los 11 municipios de la subregión, también se vienen presentando problemas en los servicios públicos, en especial por los daños en las vías, como el colapso del puente sobre el río Mulatos, entre Necoclí y San Juan de Urabá, y otro que sufrió daños en 70%, en zona urbana.El reciente reporte de Empresas Públicas de Medellín indica que por estas dificultades viales al menos tres municipios siguen sin servicio de gas natural, que son Carepa, San Juan de Urabá y Necoclí, aunque para el primer sitio en vehículo ya va en camino. A la par, en las últimas horas se logró restablecer el abastecimiento de este en Apartadó, Chigorodó, Turbo y San Pedro de Urabá.Las afectaciones se presentan porque no había sido posible el arribo del vehículo a la estación descompresora, lo que ha generado la ausencia del suministro de gas natural para los usuarios y clientes de las mencionadas localidades. Luisa María Pérez Fernández, gerente del Gas EPM, explicó las acciones implementadas.“Desde EPM hemos ajustado toda la operación para llevar el gas comprimido al territorio cambiando la ruta de los vehículos, devolviendo por la costa, llegando hasta Medellín, comprimiendo el gas en Medellín y luego regresando, pasando por el túnel de occidente. En este momento ya están llegando nuestros vehículos al territorio para lograr el abastecimiento de gas”, afirmó.Según explicó EPM, la prestación del servicio de gas en Colombia está dividida por segmentos, y la empresa participa únicamente en la distribución y comercialización, que incluyen la operación de redes en los municipios y la atención a los usuarios.En el caso de Urabá, la subregión no se encuentra conectada al sistema nacional de transporte de gas, por lo que la compañía ha dispuesto infraestructura basada en gasoductos virtuales para llevar gas comprimido o licuado a los territorios, con inversiones que superan los 44 mil millones de pesos, para garantizar la confiabilidad y la calidad del servicio.Por lo pronto, la compañía de servicios públicos recomendó a la comunidad cerrar las perillas de todos los gasodomésticos, cerrar las válvulas de paso de los gasodomésticos y posteriormente, cerrar la válvula de corte general en el centro de medición del inmueble, si es del caso.
Hoy debe quedar definido en gran parte, el mapa político de cara a las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo.La gran duda sigue estando sobre la consulta del llamado Frente Por La Vida, que en teoría iba a ser la consulta para que el petrismo eligiera candidato único a la presidencia, pero que cambió su enfoque tras la decisión del Consejo Nacional Electoral de inhabilitar a Iván Cepeda.La consecuencia de esa decisión del CNE ha sido la de dividir en dos bandos a las fuerzas políticas que llevaron a Gustavo Petro a la presidencia: uno, el de gran parte de la izquierda tradicional que está con Iván Cepeda y lo apoya para que vaya en solitario como candidato a la primera vuelta, proponiendo a los demás aspirantes que se sumen a esa candidatura. En ese “barco” por ahora estaría montado el exgobernador de Nariño Camilo Romero.El otro bando del petrismo en contienda es el de los políticos tradicionales que no son de origen de izquierda, que insisten en ir a la consulta del 8 de marzo, barco cuyo capitán es el exsenador y exembajador Roy Barreras, contra quien se desató una durísima campaña desde el Pacto Histórico.Todavía no han tomado decisión sobre si adhieren a la candidatura de Iván Cepeda o si van a la consulta de Roy Barreras, el exministro Juan Fernando Cristo y el excanciller Luis Gilberto Murillo, que se convertirán en el fiel de la balanza en esta disputa por definir quién es el candidato de Gustavo Petro.Capítulo aparte merece el caso del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, quien de manera sorpresiva fue habilitado por el Consejo Nacional Electoral para participar en la consulta del llamado Frente Por la Vida, en contravía del concepto de la Registraduría. Pese a esta decisión, Quintero por ahora no ha confirmado si va a la consulta o si adhiere a Iván Cepeda, sobre todo porque no se sabe cómo reciba el mensaje del presidente Petro, quien hizo un llamado a la unidad de los dirigentes políticos que han apoyado a su gobierno.Por el lado del centro, la consulta quedó definida entre Claudia López y Leonardo Huertas y por el lado de la centro-derecha ya quedó definida la llamada Gran Consulta por Colombia en la que están Paloma Valencia, Vicky Dávila, Anibal Gaviria, Juan Daniel Oviedo, Juan Carlos Pinzón, Enrique Peñalosa, Juan Manuel Galán, David Luna y Mauricio Cárdenas.Y en otro bloque están quienes van directamente a primera vuelta: como lo habíamos dicho, Iván Cepeda por la izquierda, Sergio Fajardo por el centro y Abelardo De La Espriella por la derecha.Lo que veremos ahora es si las consultas de marzo siguen siendo un buen trampolín para impulsar las candidaturas a la primera vuelta presidencial, o si van perdiendo fuerza.
En el departamento del Cauca continúan los hechos violentos por parte de las disidencias de las Farc, al mando de alias ‘Iván Mordisco’, en represalia a la operación ‘Perseo’, con la que las Fuerzas Militares se tomaron varios municipios este fin de semana en contra de las rentas ilícitas de dicho grupo, en especial el corregimiento de El Plateado.El caso más reciente se dio en una vía de una vía de la vereda Guatemala del municipio de Miranda, donde integrantes del frente ‘Dagoberto Ramos’, ubicaron un cilindro bomba con el que pretendían atentar contra las tropas que se están movilizando por el norte del departamento.El afectado fue detectado gracias a labores de inteligencia y a uno de los perros entrenados, el cual permitió a los hombres del Comando Operativo Apolo y del grupo de Explosiones y Demoliciones del Ejército, acordonar y asegurar la zona para luego proceder con la destrucción controlada.Desde el sábado en la madrugada, varias unidades de las Fuerzas Militares han adelantado diferentes operaciones para recuperar el control de las zonas urbanas y rurales del departamento y garantizar el ingreso de otros funcionarios del Gobierno Nacional con la oferta social necesaria para apoyar a la población civil.Durante el desarrollo de estas actividades, se logró la incautación de material de guerra y la captura de dos integrantes de las disidencias. Sin embargo, se mantiene la alerta por el caso en que más de 15 personas resultaron heridas por uno de drones con explosivos y las amenazas que están recibiendo los alcaldes de la región.
Este martes 15 de octubre, se presentó ante el Consejo de Seguridad de la ONU, en Nueva York, el informe trimestral sobre los avances en la implementación del acuerdo de paz en Colombia.Durante la presentación del documento, el jefe de la misión de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, manifestó su preocupación por el hecho de que los recursos para la paz puedan verse afectados en el presupuesto general de la nación para el 2025.“Me preocupa que los recursos destinados a las prioridades de la paz puedan verse afectados por las restricciones fiscales generales que parecen cernirse sobre el presupuesto del Gobierno para el próximo año. Con comprensión, pero con la convicción de que no se puede escatimar en la paz, confío en que se harán todos los esfuerzos necesarios, a pesar de esas limitaciones, para garantizar que en el presupuesto nacional se protejan los recursos críticos para la implementación de la paz”, señaló Ruiz Massieu.Por otro lado, también aseguró que la JEP continúa avanzando en su labor y agregó que el país está a la expectativa de las primeras sentencias.“El éxito de la JEP radicará en lograr un delicado equilibrio entre múltiples elementos, incluyendo los derechos de las víctimas y la seguridad jurídica de quienes se encuentran bajo su jurisdicción, así como el rigor y la celeridad con la que podrá avanzar y administrar justicia. El Gobierno también tiene la importante responsabilidad de garantizar que se den todas las condiciones necesarias para la implementación práctica de las sanciones una vez dictadas. En medio de un debate continuo, a veces público, sobre aspectos de sus procedimientos, el diálogo constructivo entre las diversas partes interesadas sigue siendo fundamental, así como el respeto de su autonomía e independencia”, manifestó el jefe de la misión de Naciones Unidas en Colombia.
Por Inteligencia Técnica Militar lograron interceptar una comunicación de uno de los cabecillas de la estructura ‘Carlos Patiño’ de las disidencias de las Farc, al mando de alias ‘Iván Mordisco’, en donde estaría ordenando emplear a niños para que lleven paquetes cargados con explosivos para accionarlos en contra las tropas de las Fuerzas Militares que se encuentran desplegados en corregimiento de El Plateado, departamento del Cauca.De acuerdo al audio interceptado por Inteligencia Militar, los menores no levantarían sospechas y, aprovechando que no los pueden requisar, podrían llegar hasta donde están los vehículos blindados de las autoridades y hasta donde se encuentran los militares, con las cargas explosivas, al parecer, bajo engaños.“Oiga, qué está esperando pues para comenzar a mandar a los peladitos.. Unos chiquitos, los más pequeñitos, para que le lleven el regalito a los chulos. ¿Ah? Cinco mil pesos, hermano, cinco mil pesos, para que lleguen ahí donde están los tanques, o ahí donde ellos están durmiendo. Hermano, pero hay que hacer eso rápido, hermano, hay que sacar a la gente”, se logra escuchar en el audio conocido por Blu Radio.Esta práctica criminal, de acuerdo con las autoridades, ya ha sido empleada en el pasado, lo que pondría sin duda en grave peligro y riesgo a los niños y niñas, teniendo en cuenta que estos artefactos explosivos podrían activarse durante la marcha.Este es el audio:
Este viernes, durante un evento de reconocimiento público por parte de Salvatore Mancuso, en Bogotá, algunas víctimas manifestaron su inconformidad con el exjefe paramilitar e, incluso, con la Unidad de Víctimas, entidad que estaba organizando el evento.Primero, mientras Mancuso hablaba, algunas de las víctimas que estaban escuchando hicieron un reclamo al exjefe paramilitar, pues aseguraron que esos reconocimientos deben hacerse en los territorios afectados. En ese momento, la directora de la Unidad de Víctimas, Lilia Solano, intervino y le pidió a una de las mujeres que hacía el reclamo hablar en privado con Mancuso.“Ella va a hablar con él, vamos a seguir con el programa. La señora baje y hable con él”, señaló Solano.En ese momento, Mancuso bajo del escenario para hablar con la mujer, quien pedía que el exjefe paramilitar también se comprometiera con la búsqueda de los desaparecidos.En ese momento, algunos de los asistentes también apoyaron a la mujer que pedía hablar con Mancuso y, posteriormente, otra de las asistentes aseguró que a las víctimas no las están teniendo en cuenta en estos escenarios.“Fuimos víctimas de este conflicto y hoy nos duele porque esto nos toca el corazón. Esto -el evento- nos lleva a recordar algo que pasamos y que vivimos en nuestra comunidad y que fue ejecutado por el señor Mancuso. Me duele porque no nos han tenido en cuenta como víctimas y como personas que hemos venido de regiones que fueron azotadas por el conflicto y nos sentimos excluidos de estos procesos”, aseguró Neida Narváez, de El Salado, Bolívar.
Las palabras del presidente Gustavo Petro durante un acto de entrega de tierra a campesinos victimas del conflicto, en Córdoba, generaron polémica, pues allí planteó “la reactivación de la mesa de paz” con exjefes paramilitares y habló de "traición" en algunos procesos de extradición.Según dijo el mandatario, “el proceso no ha terminado” porque muchos de los bienes no han sido entregados por parte de la justicia; aquí se refirió a la Fiscalía del exfiscal Francisco Barbosa.El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, se pronunció en Mañanas Blu sobre parte del discurso del presidente Petro, ya que, según mencionó, envió un mensaje “muy fuerte”, pero que, insistió, tiene que ir más allá y resolver lo que realmente necesita el país en materia de paz y reparación.Incluso, Zuleta se refirió a la actuación del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, quien estuvo en el evento e intercambió un sombrero vueltiao con el jefe de Estado en un histórico gesto de perdón. El gobernador recalcó que, espera, Mancuso haya sido sincero y “tenga arrepentimiento”.“Independientemente de si el señor presidente intercambió un sombrero con Mancuso, el mensaje tiene que ir más allá. Vamos a conquistar la paz o este evento de ayer simplemente va a quedar como una legitimación a un criminal como lo fue Salvatore Mancuso”, puntualizó.Además, hizo hincapié en la necesidad de que los diferentes gobernantes, tanto a nivel nacional como territorial, tomen acciones concretas para garantizar la paz y la transformación de las regiones afectadas.En cuanto a las declaraciones de Mancuso sobre la pérdida de los bienes entregados, Zuleta afirmó que es falsa y que los pocos bienes entregados están en manos de las víctimas. Sin embargo, no se atrevió a asegurar si el exjefe paramilitar tiene una verdadera voluntad de paz, ya que no participa en la mesa de gestores de paz del Gobierno nacional.El gobernador hizo énfasis en la importancia de trazar una hoja de ruta clara y definida para la paz, con acciones y tiempos concretos. Asimismo, enfatizó que la paz no es solo responsabilidad del Gobierno, sino de todos los actores involucrados, incluyendo a los victimarios, la cooperación internacional y el sector privado.
El 2025 cerró como uno de los años más críticos para la movilidad humana forzada en Colombia. De acuerdo con el balance Dinámicas de Movilidad Humana Forzada en Colombia de la Defensoría del Pueblo, durante el año se registraron 133 eventos de desplazamiento forzado masivo, que afectaron a 107.924 personas, así como 99 eventos de confinamiento, que restringieron la movilidad de 128.825 personas en distintas regiones del país.En comparación con el año anterior, el número de personas desplazadas aumentó un 318,3 %, mientras que los casos de confinamiento crecieron un 19,4 %. “El informe advierte que las cifras superaron ampliamente las de 2024 y reflejan graves afectaciones a comunidades civiles en diferentes territorios”, afirma el documento.La subregión del Catatumbo, en Norte de Santander, concentró la mayor parte de las afectaciones. La crisis registrada a comienzos de año dejó más de 73.000 personas desplazadas, equivalente al 73 % del total nacional. Municipios como Tibú y El Tarra encabezaron los reportes, y durante el resto del año se mantuvieron nuevos episodios de desplazamiento y confinamiento.Otros departamentos como Nariño, Cauca y Antioquia también reportaron desplazamientos masivos, mientras que en confinamiento los mayores impactos se registraron en Chocó, Norte de Santander, Cauca, Huila, Guaviare, Antioquia y Valle del Cauca, que concentraron el 80,3 % de los casos del país. Solo en Chocó se contabilizaron 23.645 personas confinadas, la cifra más alta a nivel nacional.Solo en diciembre de 2025, se documentaron 10 eventos de desplazamiento forzado masivo, con 4.680 personas afectadas, y 6 eventos de confinamiento, que limitaron la movilidad de 18.450 personas.Nuevamente, Catatumbo concentró la mayor parte de las emergencias, con más de 3.700 personas desplazadas y 6.283 confinadas en ese periodo. Frente a diciembre de 2024, el incremento fue drástico: 676,2 % más personas desplazadas y 921,7 % más afectadas por confinamiento.El informe también advierte sobre el impacto migratorio. Entre el 1 de enero y el 15 de diciembre de 2025, 152.858 migrantes irregulares transitaron por Colombia, un 61 % más que en 2024. A esto se suma el retorno de 20.474 personas desde Norte y Centroamérica, en su mayoría de nacionalidad venezolana.Adicionalmente, la Defensoría acompañó a 5.204 connacionales deportados desde España, Estados Unidos y Chile, por medio de 50 vuelos humanitarios.“Durante estos procesos, la entidad recibió quejas por violencia basada en género, abuso sexual, requisas inapropiadas, deficiencias en aseo, alimentación y atención médica, así como posibles actos de discriminación o xenofobia”, aseguraron desde la Defensoría.Finalmente, la entidad advirtió que “el desplazamiento forzado masivo en el país, durante 2025, creció más de tres veces en relación con el 2024, evidenciando el recrudecimiento del conflicto armado en el territorio nacional y la ineficacia del Estado con las medidas de prevención y protección de los derechos de la población”.
El informe RED-clutamiento 2.0 de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP documenta que al menos 1.749 menores de edad fueron reclutados en Colombia entre 2017 y 2026. Uno de los principales hallazgos es el uso sistemático de redes sociales para atraer a niños y adolescentes, especialmente en zonas rurales.“Desde 2021, el reclutamiento de niños y niñas es el tipo de victimización a la población civil que más rápido crece en Colombia (por encima de masacres, asesinato de líderes sociales, desplazamiento forzado y confinamiento). Esto coincide con el uso sistemático de las redes sociales”, asegura el informe.De acuerdo con el documento, el 44 % de los casos registrados en 2025 estuvieron asociados directamente al reclutamiento a través de plataformas digitales.Las cifras muestran, además, un crecimiento sostenido: mientras en 2022 se registraron 151 casos de reclutamiento, en 2023 la cifra subió a 255; en 2024 alcanzó los 362 y en 2025 llegó a 386 casos. En apenas cuatro años, el incremento supera el 150 %, convirtiéndose en una de las violencias con mayor crecimiento en el país.De acuerdo con la UIA, el uso de TikTok y Facebook ha facilitado que los casos de reclutamiento se dupliquen mensualmente en algunos territorios. Antes de la expansión del reclutamiento digital, estos hechos se concentraban en 97 municipios; hoy se registran en 248 municipios, lo que representa un aumento del 156 %.“Las redes sociales han propiciado que se presenten casos de reclutamiento en lugares donde jamás habíamos registrado hechos (inclusive en la época más álgida del conflicto armado con las Farc-EP)”, subraya el informe.Según el documento, los reclutadores digitales reproducen estereotipos de género binarios para hacer más atractiva la oferta y generar identificación entre niños y adolescentes. En algunos casos, convocan a menores a supuestos torneos de fútbol, asegurando que asistirán cazatalentos extranjeros que los llevarán a equipos profesionales fuera del país.El escrito señala que las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’, son el grupo armado que más niños recluta a través de redes sociales. Esta estructura concentra 116 cuentas activas en Facebook y TikTok, con publicaciones que alcanzan en promedio más de 20.000 visualizaciones y, en algunos casos, millones de reproducciones.Su principal zona de operación está en el suroccidente del país, especialmente en Cauca, Valle del Cauca y Nariño, departamentos donde opera el 67 % de las cuentas identificadas.En total, el informe identificó 186 cuentas en redes sociales vinculadas a actividades de reclutamiento, con un promedio de 6.700 seguidores por cuenta.La UIA alerta que, si no se adoptan medidas urgentes de prevención y control, entre 2026 y 2030 podrían registrarse más de 2.300 nuevos casos de reclutamiento, lo que equivaldría a que un menor sea vinculado a un grupo armado cada 12 horas.
Mientras Colombia cerró 2025 como el año con la mayor crisis humanitaria de las últimas dos décadas, los territorios más golpeados por el conflicto armado continúan registrando avances en la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad.Así lo señala el V Informe del Comité de Seguimiento y Monitoreo a las Recomendaciones del Informe Final de la Comisión de la Verdad, presentado este jueves 30 de enero en Bogotá.De acuerdo con el Comité, 2025 dejó la cifra más alta de desplazamientos forzados en los últimos 18 años y más de un millón de personas confinadas por la acción de grupos armados, lo que triplicó los registros del año anterior.Para la presidenta del Comité, Julia Eva Cogollo, esta situación se explica por el traslape entre los territorios priorizados por los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y las zonas donde se ha incrementado la presencia de actores armados.Según explicó, este contexto ha llevado al Gobierno a focalizar la implementación de políticas públicas en las regiones más afectadas como una forma de mitigar el impacto humanitario. Sin embargo, el Comité advierte que la persistencia de la violencia sigue siendo un obstáculo para que las comunidades puedan ejercer plenamente sus derechos.Entre los principales avances, el informe destaca la reducción del Índice de Pobreza Multidimensional en las zonas PDET, que pasó de 39,8 % en 2018 a 23,7 % en 2023, aunque en 2024 se ubicó en 24,4 %. También resalta el fortalecimiento de iniciativas de acceso a tierras y proyectos productivos liderados por mujeres. Regiones como Montes de María, la Costa Pacífica, el norte del Cauca y el sur de Bolívar concentran avances relevantes, aunque, según el Comité, estas mismas zonas enfrentan altos niveles de riesgo por la violencia armada.De cara al escenario electoral y a la llegada de nuevos gobiernos, el Comité considera que la política PDET se encuentra blindada tras su ampliación hasta 2034. No obstante, advierte riesgos si en la actualización de los planes de acción no se incorporan las 220 recomendaciones de la Comisión de la Verdad.Frente a la continuidad de la transformación rural, la presidenta del Comité envió un mensaje directo a los próximos gobiernos y a los candidatos. “El primer mensaje que queremos enviar es a los candidatos. Uno, que saquen la violencia de la política, por favor. Y el segundo que le queremos incluir es que incluyan las recomendaciones en sus programas de gobierno y posteriormente en el plan de desarrollo”, afirmó.Finalmente, Cogollo advirtió que el mayor riesgo para la no repetición en Colombia sigue siendo la combinación entre la violencia armada y la crisis humanitaria. “El mayor riesgo que tenemos es la presencia alta de actores armados y la crisis humanitaria. Y el desbalance que hay realmente en la presencia de actores armados versus implementación de políticas públicas que no garantizan el gozo efectivo de los derechos”, concluyó.
En diálogo con Blu Radio, el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), José Luis Caballero, expresó su preocupación por los riesgos que enfrenta la democracia en Colombia en medio del contexto preelectoral, especialmente por la persistencia de la violencia armada y la exclusión social que, según advirtió, siguen afectando al país.“Nos preocupa la presencia de grupos armados no estatales desde hace mucho tiempo. Hemos advertido el esfuerzo del Acuerdo de Paz de 2016; hemos instado también, en una recomendación, a que se retome el diálogo con otros grupos armados no estatales. Es decir, es una observación que tenemos desde hace mucho tiempo”.“La coyuntura electoral debe trascenderse con paz, con diálogo, con serenidad, con las condiciones que alejen la violencia electoral, pero la perspectiva de que no haya violencia es una condición que la Comisión ha advertido en todos los mecanismos desplegados con Colombia”, añadió.En cuanto al futuro de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Caballero sostuvo que debe ser fortalecida.“Tiene que tener recursos suficientes, tiene que poder desplegar con mayor claridad su trabajo. Yo creo que ha hecho esfuerzos muy importantes; nos hemos reunido para conocer las primeras sentencias, estamos en un diálogo muy franco con la Jurisdicción Especial para la Paz y pienso que tiene que tener mucha mayor fortaleza para cumplir con su mandato”.Frente a los señalamientos de algunos sectores sobre posibles afectaciones a la libertad de expresión durante el gobierno de Gustavo Petro, el presidente de la CIDH indicó que la principal preocupación del organismo es que se garantice la libertad de expresión.“Lo que a la Comisión le preocupa es que se garantice la libertad de expresión, que se proteja la labor de los periodistas, que no se les estigmatice. La Comisión ha reconocido desde muchos años, desde épocas muy incipientes, que el periodismo es una labor fundamental para el ejercicio de la libertad de expresión, que es una piedra angular de la democracia; entonces, yo creo que los periodistas merecen respeto y merecen cumplir con su trabajo”.Sobre el asesinato de líderes sociales, que en el último año superó los 180 casos, el presidente de la CIDH fue enfático: “Tienen que proteger a los defensores y a las defensoras, tienen que proteger a los liderazgos sociales. Nosotros se lo hemos expresado mucho al Estado colombiano; es una obligación que tienen que atender con mayor prestancia”.Además, señaló que “estamos también con medidas de protección, medidas cautelares para defensores y líderes sociales. Esto es una cuestión que a la Comisión le preocupa mucho y yo creo que el Estado tiene que estar al frente con esa protección”.
El coronel (r) Juan Carlos Figueroa Suárez, excomandante del Batallón La Popa, aceptó su responsabilidad ante la JEP por falsos positivos, cometidos entre 2004 y 2005 en Valledupar.La decisión se produjo luego de la imputación formulada por la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), que documentó 24 hechos que dejaron al menos 38 personas asesinadas, entre ellas 11 víctimas de desaparición forzada y 9 casos de tortura.Durante la diligencia, Figueroa reconoció su responsabilidad por omisión, al admitir que no identificó ni detuvo a tiempo las acciones criminales cometidas por sus subalternos.“Acepto la responsabilidad en la omisión de no saber que mis subalternos estaban asesinando civiles, que las operaciones militares que siempre ordené a la luz de la Constitución Nacional, de las leyes de Colombia, de la doctrina militar, de la ley militar, del derecho internacional de conflictos armados”.Según la acusación de la UIA, los hechos respondieron a tres modalidades. La primera se caracterizó por asesinatos y desapariciones de personas que luego eran presentadas como supuestos resultados operacionales.La segunda modalidad correspondió a homicidios de civiles que algunos integrantes de los pelotones identificaban de manera arbitraria como “objetivos militares ilícitos”, para hacerlos pasar como miembros de grupos armados ilegales.La tercera estuvo marcada por el asesinato de combatientes que ya habían depuesto las armas o que se encontraban heridos tras enfrentamientos legítimos con tropas del batallón.En su declaración, Figueroa sostuvo que durante su mando no identificó el riesgo específico de los falsos positivos y aseguró que esto solo fue reconocido de manera general en la Fuerza Pública a partir de 2007, cuando estallaron los escándalos a nivel nacional.“Ese riesgo operacional no fue contemplado bajo mi mando porque los riesgos operacionales que para esa época se tenían eran el robo de armamento, robo de municiones, robo de equipo militar, infiltrados, penetrados, las nóminas paralelas, tráfico de información, miembros que posiblemente podían estar en concierto para delinquir con organizaciones armadas al margen de la ley”, afirmó.Con la aceptación de responsabilidad, el proceso ya no continuará por la vía del juicio adversarial. Ahora, la JEP aplicará la ruta de reconocimiento tardío, que contempla la realización de una audiencia restaurativa. Esta diligencia fue programada para el 24 de marzo a las 9:00 de la mañana, espacio en el que se abordarán las medidas de reparación y reconocimiento a las víctimas.Posteriormente, el tribunal deberá imponer una sanción alternativa, que implica entre 5 y 8 años de cárcel.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) concluyó que los 11 militares que reconocieron su responsabilidad por falsos positivos ocurridos entre 2007 y 2008 en Norte de Santander, cumplen las condiciones para recibir una sanción restaurativa.Según las investigaciones de la JEP, durante este periodo en el Catatumbo, hubo al menos 120 casos de falsos positivos, además de un intento de homicidio.Sin embargo, al analizar los hechos, el tribunal decidió imputar nuevos delitos a varios de los comparecientes. En ese sentido, 8 de los 11 militares serán sentenciados por el crimen de esclavitud.“La sección determinó que al menos 29 personas fueron víctimas del crimen de esclavitud en el marco de la segunda modalidad del patrón macrocriminal, al comprobarse el ejercicio de atributos propios del derecho de propiedad sobre ellas. En particular, este crimen se cometió a partir de la colaboración de organizaciones criminales y terceros reclutadores, quienes, en articulación con integrantes de unidades militares y a cambio de una remuneración económica, conseguían civiles indefensos y los entregaban a los militares para hacerlos pasar por supuestas bajas en combate”, explicó la JEP.¿Quiénes son los imputados?Los militares imputados por este delito, en calidad de coautores, son Rubén Darío Castro Gómez, Gabriel de Jesús Rincón Amado, Néstor Guillermo Gutiérrez Salazar, Álvaro Diego Tamayo Hoyos, Juan Carlos Chaparro Chaparro, Sandro Mauricio Pérez Contreras y Alexander Carretero Díaz.Además, la JEP imputó el delito de esclavitud por omisión a Paulino Coronado Gámez, general (r) del Ejército y comandante de la Brigada 30 ubicada en Cúcuta para la época de los hechos. La JEP consideró que, desde su posición de mando, permitió que estas conductas ocurrieran sin adoptar medidas para impedirlas.Adicionalmente, los militares Santiago Herrera Fajardo, Daladier Rivera Jácome, Juan Carlos Chaparro Chaparro y Sandro Mauricio Pérez Contreras fueron imputados por el crimen de guerra de tortura, en relación con hechos asociados a tres víctimas.“Para adoptar esta decisión, la sección tuvo en cuenta los relatos entregados por las víctimas y sus familiares en el proceso judicial”, aseguró la JEP.El proceso continuará con la audiencia pública de verificación, en la que se confirmará si los militares cumplen con sus compromisos de verdad y reparación. Superada esta etapa, la JEP emitirá la sentencia que definirá de manera definitiva su situación jurídica.
En su pronunciamiento, la Defensoría del Pueblo cuestionó el manejo que desde el Gobierno se le ha dado a la crisis del sistema de salud y pidió reconocer la magnitud de las afectaciones que hoy enfrentan millones de usuarios, especialmente los afiliados a la Nueva EPS.“Pedimos a @MinSaludCol mejorar los canales de comunicación y, especialmente, dejar de lado declaraciones indolentes que pongan en duda el deber del Gobierno de garantizar los derechos humanos en igualdad para todas las personas. La falta de empatía con la angustia de quienes están al frente de la atención y deben lidiar diariamente con el sufrimiento de las personas es inadmisible y preocupante. Deja el mensaje de que las autoridades no harán nada para resolverlo. Sin embargo, hacerlo es su deber”.La Defensoría aseguró que, ante la creciente vulneración del derecho a la salud, ha participado en lo que va del año en múltiples mesas interinstitucionales con EPS, hospitales, gestores farmacéuticos, usuarios y pacientes.Estos espacios, según explicaron, han buscado garantizar la atención de casos prioritarios y críticos, avanzar en la entrega pendiente de medicamentos y avanzar en compromisos relacionados con la estabilización de pagos y la conformación de redes de prestación de servicios suficientes y operativas.No obstante, el organismo advirtió que el panorama es crítico para los afiliados de la Nueva EPS, “entidad que enfrenta una situación financiera muy delicada”. Para la Defensoría, esta medida no solo profundiza la crisis de la EPS, sino que termina afectando directamente a hospitales, clínicas y dispensarios, que enfrentan dificultades para sostener la atención y la operación diaria.Aunque la problemática se extiende a todo el país, la Defensoría alertó de manera particular sobre la situación en Boyacá, Huila, Antioquia, Valle del Cauca, Santander, San Andrés y Providencia y Tolima, donde las afectaciones al derecho a la salud se estarían profundizando.
El mayor general (r) de la Policía Nacional, Luis Mendieta Ovalle, afirmó que el modelo de sanciones propias definido en la JEP terminó priorizando la financiación de los exintegrantes de las Farc y no a las víctimas del conflicto.“En este momento lo que está desfinanciado es el presupuesto que prácticamente el Estado y todas las entidades le iban a dar a las Farc para el pago de las sentencias propias. Aquí en ningún momento es reparación a las víctimas”, señaló.Mendieta sostuvo que, desde la firma del acuerdo de paz, las víctimas han sido relegadas en la implementación.También cuestionó los llamados trabajos, obras y actividades restaurativas. “Fuimos enfáticos en que no estábamos de acuerdo con esas sanciones propias y menos con todos los recursos que les iban a dar a los integrantes de la Farc para aplicar en los famosos TOAR, (…) que en nuestro sentido de restaurativas no tenían absolutamente nada, sino que eran presupuestos que iban a destinar para que los integrantes de la Farc en esos cuatro ejes centrales tuvieran burocracia y tuvieran contratos”, dijo.Según el general en retiro, distintas entidades del Estado han concentrado su acción en los comparecientes y no en las víctimas. “Aquí únicamente todas las entidades están teniendo en cuenta a los victimarios y las víctimas que la Farc ocasionaron no se les ha tenido en cuenta”, advirtió, al tiempo que recordó que el informe de la Contraloría confirma denuncias previas.En la misma línea, Sebastián Velázquez, representante legal de la Federación Colombiana de Víctimas de las Farc, explicó que el inventario inicial presentado por las Farc “por un monto de un billón de pesos no se concreta” y que, finalmente, “al fondo de reparación para las víctimas solamente llega un oro avaluado aproximadamente en 40.000 millones”.Velázquez detalló que, a partir de investigaciones y expedientes judiciales, identificaron bienes no reportados. “Encontramos un expediente por unos bienes y un testaferrato por 100.000 millones de pesos”, el cual fue solicitado para que se incorporara al Caso 01 de la JEP.Agregó que, con base en informes de inteligencia conocidos como informe Génesis, se realizó una tasación de recursos ocultos que “llegaba a 13.5 billones”.Sin embargo, aseguró que los incidentes de incumplimiento presentados no han sido estudiados de fondo: “La JEP ha sido temeraria con la representación judicial, porque, en vez de investigar, nos ha inadmitido de plano y le ha dicho a la representación judicial que sea muy consciente de qué está radicando en contra”, lo que calificó como “un constreñimiento a la representación judicial”.Finalmente, Velázquez cuestionó que el Estado haya asumido la carga principal de la reparación y advirtió que las sanciones propias hoy están desfinanciadas.“Yo no sé en qué momento eso cambió, porque la prioridad y el responsable no es el Estado (...) Yo creo que ellos no tienen ahorita ni 50.000 millones para para empezar a ejecutar esas dos sentencias”, concluyó.Las víctimas advirtieron que la situación requiere “un revolcón total” al modelo actual de reparación y una revisión del marco legal, que, según señalaron, deberá ser asumida por “un nuevo Gobierno y un nuevo Congreso”.
El delegado de la Conferencia Episcopal para las relaciones Iglesia-Estado, Monseñor Hector Fabio Henao, alertó sobre las afectaciones humanitarias que enfrentan comunidades rurales del Guaviare tras los enfrentamientos por la disputa territorial entre disidencias de alias ‘Calarcá’ y alias ‘Mordisco’ registrados en la vereda Cubay, del municipio de El Retorno, en Guaviare.Según Monseñor, la violencia ha generado un clima de temor que limita la movilidad de la población y agrava la situación de niños, niñas y adolescentes que permanecen sin acceso a la educación.“El año pasado hubo clases solamente el primer semestre. Después, las amenazas a los profesores, y en el segundo semestre no hubo clases. Claro, hubo la propuesta de suplantar esto con actividades virtuales, pero muchos niños en sus casas no tienen acceso”, afirmó el delegado.A esta problemática se suma que el Programa de Alimentación Escolar (PAE) no ha podido funcionar debido a las restricciones de seguridad.Monseñor, señaló además que una parte de la población rural evita desplazarse: “Hay una franja de población que no se atreve a salir de las veredas, porque tiene temor de pasar por ciertos registros o retenes que se establezcan, y tiene que dar muchas explicaciones, pero, en general, ha quedado una zozobra muy grande”, afirmó.El representante señaló que existía una alta expectativa entre los padres de familia por el posible retorno de las clases, pero “estas circunstancias que se están viviendo en el momento presente, como dijo, dan mucha incertidumbre, no hay una definitiva todavía”.Indicó que, aunque aún no hay decisiones definitivas, es necesario que “desde el Ministerio de Educación hasta las autoridades más territoriales en el municipio del Retorno, se acerquen a la situación y miren cómo serían las alternativas”.Finalmente, Monseñor Henao hizo un llamado a enfocarse “en una población particularmente vulnerable”.
La Defensoría del Pueblo emitió la alerta temprana 001 de 2026 para los municipios de Belén de Umbría, Mistrató y Pueblo Rico, tras identificar un riesgo alto por “graves violaciones de los derechos fundamentales a la vida, integridad y movilidad e infracciones al derecho internacional humanitario”.Según la entidad, el deterioro de la seguridad se debe a las pretensiones de consolidación territorial de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional y a la expansión del Ejército Gaitanista de Colombia, conocido como Clan del Golfo.En el caso del ELN, la alerta señala la actuación de su Frente Manuel Hernández 'El Boche' en Mistrató y Pueblo Rico, mientras que el EGC estaría incursionando en los tres municipios a través de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle.La Defensoría explica que la presencia simultánea de estos actores armados ilegales responde al interés por controlar corredores estratégicos que comunican a Risaralda con Chocó, Antioquia, Caldas y Valle del Cauca, zonas clave para el fortalecimiento de sus estructuras y para el dominio de economías ilícitas, especialmente aquellas asociadas a actividades mineras en la región.El informe advierte que esta competencia territorial podría intensificar la violencia en el corto plazo y afectar de manera particular a niñas, niños, adolescentes y jóvenes en riesgo de reclutamiento forzado; a lideresas y líderes sociales; a mujeres; autoridades locales; comunidades campesinas y pueblos étnicos, entre ellos los indígenas Embera Chami y Embera Katío. También se señala un riesgo específico para los firmantes del Acuerdo de Paz que permanecen en estos territorios.La entidad identificó afectaciones en más de 50 veredas, barrios urbanos, resguardos indígenas y consejos comunitarios de los tres municipios. En estas zonas, los grupos armados imponen normas de conducta, profieren amenazas y han provocado desplazamientos forzados y confinamientos.La Defensoría también alertó sobre el incremento de homicidios. En 2023 se registraron 15 homicidios y en 2024 otros 14 en Belén de Umbría, Mistrató y Pueblo Rico, mientras que en 2025 la cifra ascendió a 39 casos, lo que representa un incremento del 34,48 % frente al total de los dos años anteriores.Ante este panorama, la Defensoría hizo un llamado urgente para que las autoridades del orden nacional, departamental y municipal implementen los deberes de reacción rapida bajo la perspectiva de derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario.