La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reiteró su llamado al Gobierno nacional para que se sume con recursos económicos a la búsqueda de personas desaparecidas en La Escombrera, en Medellín.El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, explicó que, hasta ahora, el proceso de excavación ha sido sostenido principalmente con recursos de la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia, lo que ha permitido garantizar la continuidad de las labores en el corto plazo. No obstante, advirtió que la magnitud del trabajo que aún falta por realizar hace indispensable un respaldo económico directo del Gobierno nacional.“Es enorme lo que hay que mover de escombros y demás, pues sí es fundamental que el Gobierno nacional, digamos, de manera directa apoye económicamente para que esa búsqueda sea posible y no solamente la Alcaldía de Medellín, que es algo que yo he venido insistiendo hace mucho tiempo”, aseguró Ramelli.Desde el Tribunal para la Paz, el magistrado Gustavo Salazar Velázquez, de la Sección de Reconocimiento, explicó que el proceso en La Escombrera corresponde a una excavación continuada que demanda una alta cantidad de recursos. Según detalló, actualmente existe una bolsa conjunta de financiación integrada por aportes de la JEP, la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia.De acuerdo con el magistrado, la Jurisdicción Especial para la Paz aporta los equipos forenses y la mano de obra, mientras que la Alcaldía de Medellín ha asumido el cubrimiento del bienestar de las víctimas y el suministro de la maquinaria amarilla necesaria para las excavaciones.“En este momento estamos recontratando la maquinaria amarilla por parte de la Alcaldía de Medellín, la maquinaria retoma la semana entrante y estamos garantizando recursos hasta mediados, finales del mes de agosto y sabiendo de la alta exigencia de recursos, vinculamos al Gobierno nacional para que incorpore recursos para el proceso de excavación”, afirma el magistrado.En ese marco, explicó que ya se han iniciado conversaciones con distintas entidades para definir los mecanismos de aporte. Entre ellas, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Interior y el Ministerio de las Artes, este último involucrado en el proceso de memorialización de La Escombrera, que se adelanta desde el año pasado y que cuenta con una fase avanzada.
El abogado jurídico del Clan del Golfo aseguró que la suspensión temporal de los diálogos con el Gobierno nacional se produjo luego de las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que calificó como “supremamente graves” y como un incumplimiento de los acuerdos alcanzados en la mesa.Según Ricardo Giraldo, abogado contratado por el EGC para el proceso de paz total, las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, desconocieron un punto central del proceso: “El respeto por la identidad de las partes”.En ese sentido, recordó que existe una resolución del 5 de septiembre de 2025 mediante la cual el presidente de la República reconoce la autodenominación del grupo como Ejército Gaitanista de Colombia y no como Clan del Golfo.“Si están unos diálogos, unas conversaciones, unas negociaciones, como lo quieran llamar, para salir del conflicto, yo creo que lo más importante es el respeto a la identidad de las partes, como una primera medida. Entonces, eso fue lo primero que se incumplió”, afirmó el abogado.Giraldo cuestionó además que el grupo fuera señalado como un “cartel” y como el dueño del narcotráfico en Colombia.“Lo señala como el cartel del clan del golfo, como si ellos fuesen los dueños del narcotráfico en Colombia. Y en la mesa ha quedado demostrado que eso no es así, mis representados controlan el mercado, eso no lo puede negar nadie, pero de que sean los dueños, no”, añadió Giraldo.Finalmente, el abogado explicó que la decisión de suspender los diálogos fue adoptada de manera temporal e indefinida, sin establecer plazos para su reanudación, y que el levantamiento de la suspensión dependerá de la respuesta que entregue el Gobierno nacional frente a las declaraciones cuestionadas.Desde el Gobierno, el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, asegura que las órdenes de captura contra los principales líderes del Clan del Golfo se encuentran suspendidas, en el marco del espacio de conversación sociojurídica que adelanta el Gobierno nacional con ese grupo armado ilegal.“Desde el pasado diciembre, se encuentran suspendidas la ejecución de órdenes de captura de estos líderes conforme a lo establecido en la Resolución 274 de 2025 de la Presidencia de la República. Tanto la Fiscalía General de la Nación como el Ministerio de Defensa están informados de cada paso del proceso en el marco de la coordinación institucional correspondiente”, aseguran desde el comisionado en un comunicado.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) admitió de manera provisional la comparecencia de José Leonairo Dorado Gaviria, quien fue sargento viceprimero del Ejército Nacional y se desempeñó durante años en el área de inteligencia. Fue condenado en la justicia ordinaria por extorsión, al aprovechar información confidencial y apropiarse de 22 millones de pesos, y actualmente se encuentra privado de la libertad.En 2018, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) rechazó su sometimiento por considerar que la Jurisdicción no tenía competencia material sobre la conducta por la que fue condenado. Esa decisión fue confirmada por la Sección de Apelación, y en los años siguientes la SDSJ se mantuvo en lo ya resuelto, pese a nuevas solicitudes del compareciente para ingresar al sistema transicional.Con el paso del tiempo, Dorado Gaviria amplió sus aportes y afirmó tener conocimiento, e incluso participación, en múltiples hechos delictivos, relacionados con su labor como integrante de la inteligencia militar encubierta del Ejército.A partir de esa información, la Sala de Reconocimiento de Verdad (SRVR) lo llamó a rendir versión voluntaria dentro de los macrocasos 06 y 08 y emitió un concepto preliminar positivo sobre sus contribuciones, al considerar que podrían ser relevantes.En abril de 2024, un despacho de la SDSJ resolvió desarchivar la actuación transicional, al concluir que las nuevas solicitudes del compareciente incluían hechos y conductas que debían ser analizados para determinar si podían ser competencia de la JEP.El auto señaló que esos relatos podrían contribuir al esclarecimiento de violaciones a los derechos humanos cometidas durtante su vinculación a la Brigada XX y al Batallón Charry Solan, en particular aquellas asociadas a estructuras de inteligencia militar, como asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate, así como posibles vínculos entre miembros de la fuerza pública y grupos paramilitares en distintas regiones del país.Posteriormente, la defensa de Dorado interpuso un recurso de apelación, solicitando que se revisara la decisión que había negado beneficios transicionales y que se analizara la conexidad entre su conducta y el conflicto armado, teniendo en cuenta su rol funcional dentro del Ejército y los aportes entregados ante la JEP.En diálogo con Blu Radio, Pedro Díaz, magistrado de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, por donde pasó el proceso en una primera instancia, explicó el alcance de esta admisión provisional y lo que se espera del compareciente dentro del sistema transicional.“Eso significa que debe aportar aquello más de lo que se ha establecido en las investigaciones, los procesos y sentencias de la justicia ordinaria, que sean razonados, que sean verdades, que a la JEP le permita contrastar no solo señalamientos o expresiones reiterativas o genéricas, sino que esto permita avanzar en las investigaciones y especialmente de los hechos de desaparición forzada y asesinatos ocurridos durante esa década de los años 80 y comienzos de los 90, en que los servicios de inteligencia de las fuerzas militares fueron muy activos en este patrón y práctica criminal”, detalló el magistrado. Finalmente, el magistrado señaló que en estos casos, la prioridad es garantizar los derechos de las víctimas y conocer la verdad en crímenes que son considerados de los más graves por el derecho internacional, como la desaparición forzada.
La mesa de negociación entre el Gobierno nacional y el Clan del Golfo atraviesa un momento delicado tras el anuncio de suspensión provisional de los diálogos por parte del grupo armado ilegal. De acuerdo con la delegación del Gobierno, la decisión se habría tomado de manera unilateral y sin comunicación oficial que precise sus alcances.“Nos hemos enterado de una decisión unilateral de suspensión provisional; dicen ellos que es para algunas consultas. Esperamos una notificación formal y enterarnos bien del detalle”, aseguró Álvaro Jiménez, negociador del Gobierno con el Clan del Golfo.Según se conoció, la suspensión estaría relacionada con declaraciones realizadas en las últimas horas por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Jiménez indicó que la información conocida hasta ahora apunta a una reacción del grupo armado frente a esos pronunciamientos.“Entendí, de la información que ha sido conocida, que es a raíz de unas declaraciones que el señor ministro de Defensa hizo en la mañana de hoy y esperamos un poco los desarrollos para poder asumir un comportamiento respecto de las mismas”, añadió.Jiménez señaló que la delegación se encuentra a la espera de mayores desarrollos para definir su postura frente a la decisión anunciada, y reiteró que, hasta el momento, no existe una notificación formal que confirme la suspensión ni sus términos.El delegado del Gobierno también subrayó que las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia exclusiva de esa cartera y que no corresponde a la mesa de negociación contradecirlas.“Las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia del señor ministro; yo no las voy a contradecir, pero he podido conversar con él y el señor ministro de Defensa me ha indicado que ellos cumplirán con el compromiso que se ha hecho en las mesas; por tanto, espero que haya alguna precisión al respecto”.Por ahora, el Gobierno espera que el Clan del Golfo notifique oficialmente su decisión, precise si la suspensión será temporal y aclare qué ocurrirá con el futuro de los diálogos.
La Lotería del Cauca llevó a cabo su sorteo número 2597 la noche de este sábado, brindando una nueva oportunidad a miles de apostadores de todo el país de convertirse en millonarios. En esta edición, el premio mayor asciende a 8.000 millones de pesos, uno de los más atractivos del mercado de juegos de azar en Colombia.Número ganador de Lotería del Cauca hoy, sábado 7 de febrero de 2026El número ganador del Premio Mayor del sábado 7 defebrero de 2026 fue el 1156 de la serie 099. Un resultado que convirtió a un nuevo apostador en millonario y marcó la noche del sorteo.Ganadores de los secos de la Lotería del CaucaA continuación, se detallan todos los premios secos que cayeron en este sorteo de la Lotería del Cauca. Se recomienda a los apostadores revisar cuidadosamente su billete para confirmar si resultaron ganadores de alguno de estos premios adicionales.Premio mayor de $8.000 millonesNúmero 1156 – Serie 099Premio de $300 millonesNúmero 5054 – Serie 308Premio de $200 millonesNúmero 1998 – Serie 007Dos premios de $100 millonesNúmero 8024 – Serie 146Número 6326 – Serie 110Tres premios de $50 millonesNúmero 9496 – Serie 162Número 7883 – Serie 061Número 2981 – Serie 04229 premios de $10 millonesNúmero 1314 – Serie 231Número 5900 – Serie 123Número 1835 – Serie 091Número 0151 – Serie 245Número 5909 – Serie 191Número 4111 – Serie 211Número 0246 – Serie 034Número 8182 – Serie 202Número 9267 – Serie 267Número 1432 – Serie 253Número 1708 – Serie 215Número 8151 – Serie 296Número 8811 – Serie 124Número 6176 – Serie 226Número 1801 – Serie 046Número 8104 – Serie 001Número 5385 – Serie 233Número 1130 – Serie 018Número 4826 – Serie 175Número 1098 – Serie 035Número 8813 – Serie 254Número 2506 – Serie 068Número 2987 – Serie 241Número 7505 – Serie 117Número 7906 – Serie 026Número 2016 – Serie 159Número 7080 – Serie 183Número 1453 – Serie 251Número 5741 – Serie 105Asimismo, se comparte la imagen oficial del resultado del sorteo 2597 de la Lotería del Cauca. Comparar el número y la serie del billete con esta imagen es fundamental para verificar de manera precisa si se obtuvo algún premio.¿Cómo reclamar los premios de la Lotería del Cauca?Quienes resulten ganadores del Premio Mayor deben acercarse a la Oficina Comercial de la Lotería del Cauca con el billete o las fracciones ganadoras, el RUT, una certificación bancaria y la cédula de ciudadanía. Allí se realizará la verificación del billete y se levantará el acta correspondiente para iniciar el proceso de pago de forma segura y eficiente.En el caso de las aproximaciones, estas pueden reclamarse directamente con el lotero de confianza, ya sea para recibir el dinero en efectivo o para intercambiar las fracciones por nuevos billetes y seguir participando en próximos sorteos.Si el premio es superior a $2.036.000, monto que genera retención en la fuente, el ganador deberá presentar el RUT expedido por la DIAN y una copia de su cédula de ciudadanía al momento del cobro.Para los premios secos, el ganador puede acudir a un distribuidor autorizado. Dependiendo de su capacidad de pago, el distribuidor podrá cancelar el premio de inmediato o tomar los datos del ganador para remitirlos a la Lotería del Cauca y validar la autenticidad del billete antes de efectuar el pago.¿A qué hora juega la Lotería de Cauca?La Lotería del Cauca juega todos los sábados a las 11:00 p.m. y su sorteo es transmitido por el Canal UNO. Recuerde que el próximo sorteo de la Lotería del Cauca se realizará el sábado 14 de febrero de 2026. Comprar el billete a tiempo puede marcar la diferencia y cambiarle la vida.
En la noche del sábado 7 de febrero de 2026, se llevó a cabo el sorteo número 2.615 de Baloto y Revancha, uno de los juegos de suerte y azar más emblemáticos de Colombia. Tras la verificación oficial de las esferas, el reporte de la entidad operadora confirmó que los premios mayores no fueron entregados en esta ocasión, lo que genera un nuevo incremento en las bolsas de premios para el próximo lunes.Detalles de la combinación ganadora de BalotoPara la modalidad tradicional de Baloto, que jugaba por un acumulado de $20.800 millones, los resultados oficiales fueron los siguientes:Números ganadores: 09 - 12 - 26 - 27 - 31Superbalota: 03Total de ganadores: 24.707 personas.Inversión social: Se distribuyó una premiación total de $194.869.550 entre todas las categorías de aciertos.Premios destacados: 5 apostadores lograron 4 aciertos más la Superbalota, recibiendo cada uno $1.857.750.Detalles de la combinación ganadora de RevanchaPor su parte, la modalidad de Revancha, que permite a los ciudadanos participar con los mismos números por un costo adicional, sorteaba un acumulado de $14.900 millones. El reporte indica:Números ganadores: 05 - 07 - 12 - 13 - 27Superbalota: 04Total de ganadores: 22.778 personas.Inversión social: La bolsa de premios entregada alcanzó los $90.263.950.Premio destacado: Un único ganador acertó 4 números más la Superbalota, llevándose una suma de $4.393.750.Nuevos acumulados para el lunes 9 de febreroAnte la ausencia de ganadores del premio "Gran Acumulado" en ambas modalidades, las cifras se han actualizado para el sorteo programado para el inicio de semana. Estos son los nuevos montos en juego:Nuevo Acumulado Baloto: $21.200 millones de pesos.Nuevo Acumulado Revancha: $15.100 millones de pesos.Cifra total en juego: $36.300 millones de pesos.Marco legal y transparenciaEs importante destacar que todos los sorteos de Baloto son realizados bajo la estricta supervisión de delegados de la Secretaría de Gobierno y entes de control, garantizando la transparencia mediante procesos automatizados de selección de esferas. Además, de acuerdo con la Ley 1393 de 2010, un porcentaje significativo de los ingresos por la venta de estos tiquetes se transfiere directamente al sector salud en Colombia, contribuyendo al financiamiento del sistema público.Los jugadores tienen un plazo de 365 días calendario para reclamar sus premios. En caso de que el monto supere las 182 UVT (Unidades de Valor Tributario), el trámite debe realizarse ante las entidades fiduciarias autorizadas presentando el documento de identidad original y el tiquete físico o digital en perfecto estado.
En medio de la emergencia que registra Antioquia por las fuertes lluvias que ya dejan más de 9.000 familias damnificadas, se conoció otro caso en el que una familia, conformada por la madre y sus dos hijos menores de edad, quedaron atrapados al otro lado del río en Necoclí, por lo que no habían podido recibir atención médica.Hasta la vereda Algodón Abajo llegaron los organismos de socorro, quienes lograron ingresar al sector y evacuar a la familia con una garrucha, por lo que la madre se transportó anclada a unas cuerdas con sus hijos para pasar por la zona inundada.Según el gobernador Andrés Julián Rendón, el rescate se realizó luego de que las autoridades fueran alertadas de que dos menores, uno de ellos un bebé de ocho meses, presentaban un cuadro febril desde hacía más de tres días.Por lo pronto, desde el Hospital San Sebastián de Urabá informaron que el bebé de 8 meses permanece bajo observación médica con tratamiento por una afección respiratoria, mientras que su hermanito y la mamá están bien de salud.Fue en horas de la noche que se llevó a cabo la extracción, por parte de un equipo de rescate enviado desde el casco urbano, en el que participaron funcionarios de la Secretaría de Salud, Bomberos, Defensa Civil y el equipo de rescate Garsa.Entrega de ayudas humanitariasA la par, el ente departamental confirmó que en las últimas horas logró llegar con las ayudas humanitarias a zonas rurales dispersas de los municipios de Arboletes, San Pedro de Urabá y Turbo; a Urrao y luego de dos días de recorrido por el Golfo de Urabá y el río Atrato, a Murindó.Por ejemplo, este sábado llegaron al municipio de Murindó 312 ayudas tras 48 horas de recorrido marítimo fluvial desde el Batallón Fluvial N° 16 de la Armada Nacional, en Turbo, atravesando el Golfo de Urabá y el río Atrato para llegar hasta esta población.Ese recorrido se adelantó en buque y en bote fluvial y mañana completa tres días para llevar otras 312 ayudas a Vigía del Fuerte.De otro lado, en el Suroeste antioqueño, vía aérea, al municipio de Urrao llegaron 400 ayudas humanitarias y se espera que este domingo se realicen más vuelos que lleguen directamente a comunidades rurales afectadas de este municipio.Otras zonas alejadas donde las autoridades lograron ingresar fueron el sur de San Pedro de Urabá, corregimiento El Rayo y la vereda La Cabaña; en Turbo arribaron al Consejo Comunitario Los Manatíes y a la vereda Las Puyas, una de las más lejanas y de difícil acceso de este municipio; los corregimientos El Carmelo y La Trinidad, en Arboletes.Por ahora, la Gobernación de Antioquia reporta haber entregado 8.768 ayudas humanitarias a 13 municipios que han declarado la calamidad pública. Este domingo planean llegar con estas ayudas a la vereda Siete Vueltas, en San Juan de Urabá.
El Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte anunciaron un plan de choque para enfrentar la crisis por acumulación de contenedores vacíos y mejorar el proceso logístico en el puerto de Buenaventura, uno de los puntos estratégicos para el comercio exterior del país.Tras una visita en territorio liderada por la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, las autoridades expidieron una resolución con órdenes administrativas y una circular conjunta con reglas obligatorias para los actores de la cadena logística portuaria.Entre las principales medidas se destaca la operación continua 24 horas al día, los siete días de la semana, en los patios de contenedores vacíos, con el fin de garantizar la recepción, entrega, carga, descarga e inspección permanente. También se ordenó la evacuación inmediata de contenedores almacenados en depósitos externos para reducir la congestión y recuperar la capacidad operativa del puerto.Además, los operadores deberán presentar un plan de acción verificable con metas de reducción del represamiento, entregar informes periódicos de cumplimiento y registrar diariamente el movimiento de contenedores en una plataforma de la Supertransporte, para fortalecer la trazabilidad y el control institucional.“Uno de los efectos que va a traer esta par de resoluciones es que en los patios de contenedores la ocupación debe ser máximo del 70 %, pero en general tomamos medidas para que haya una descongestión inmediata de estas zonas, no se cobren recargos indebidos a los transportadores y se mejore la logística. Vienen otras medidas que también buscan mejorar todos estos procesos en el puerto de Buenaventura”, aseguró la ministra de transporte, María Fernanda Rojas.Las autoridades advirtieron que habrá sanciones para quienes incumplan las instrucciones, y reiteraron que mantendrán seguimiento permanente a la implementación de las medidas para garantizar la competitividad del puerto, proteger a los transportadores y asegurar el flujo normal de carga en Colombia.
Como Ángel David Méndez Ribón fue identificado en las últimas horas el joven de 20 años de edad que perdió la vida tras los al menos cuatros disparos que recibió en diferentes partes de su cuerpo durante una Lectura del Bando carnavalera, la cual tuvo lugar anoche viernes 06 de febrero en el barrio Cinco Esquinas del municipio de Betulia, en Sucre.Los hechos, según el reporte de las autoridades, también dejaron heridas a seis personas más llamadas, Johana Rodríguez, Mary de la Ossa y Jesús Torres, mientras que en el resto de la lista se encuentran tres adolescentes entre 15 y 16 años.De estos lesionados puntualmente en la diagonal 3 con transversal 9, de la municipalidad mencionada, se puede decir que dos de ellos ya fueron dados de alta, mientras que los otros cuatro permanecen en observación médica.Dos de los lesionados que son menores de edad recibieron un impacto por arma de fuego en la pierna derecha, el otro adolescente fue baleado en su puerta izquierda.Con respecto a los mayores, Johana Rodríguez tiene heridas de bala en su pierna izquierda al igual que Mary de la Ossa, mientras tanto a Jesús Torres se le reportó una lesión superficial ocasionada en su cabeza.Del mismo modo, aún no hay indicios que esclarezcan las razones por las que propició el ataque, solo se sabe que la víctima residía en una vereda llamada El Rodeo, en el corregimiento Loma Alta, de San Juan de Betulia.El evento había recibido el aval de la Alcaldía municipal y todo transcurría en orden hasta que el reloj marcó las 11:50 de la noche aproximadamente, hora de la violencia.“Frente al hecho se adelantan todas las acciones investigativas y operativas necesarias para esclarecer lo ocurrido e identificar al responsable”, manifestaron las autoridades.
El presidente Gustavo Petro aseguró este martes en Barranquilla que "el camino de la paz" no es volver "el cuerpo humano una mercancía", en respuesta a la decisión de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de poner fin a la suspensión de los secuestros con fines económicos."El secuestro no lleva sino al traqueteo (narcotráfico) (...) El camino de la paz no es volver (...) el cuerpo humano una mercancía, lo esencialmente humano tiene que salir del mercado", expresó el mandatario durante la jornada del 'Gobierno con los Barrios Populares' en la capital del departamento caribeño del Atlántico.El ELN anunció el lunes que daba "por terminada" la suspensión de los secuestros con fines económicos, al considerar que el Ejecutivo ha incumplido con la creación de un "fondo multidonante para el proceso de paz", a lo que el Gobierno respondió que la "eliminación" de ese crimen no es negociable con el Estado.En ese sentido, Petro manifestó que "quienes quieren construir una nueva sociedad lo primero que tienen que sacar es al ser humano del mercado, no puede ser materia mercantil"."Un secuestro no es más que la transacción mercantil del ser humano", recalcó el jefe de Estado.El Gobierno y el ELN anunciaron en diciembre del año pasado, en el quinto ciclo de negociación, celebrado en Ciudad de México, que esa guerrilla cesaría los secuestros con fines económicos.Se tiene previsto que las delegaciones del Gobierno y el ELN se reúnan en Caracas entre el 20 y el 25 de mayo para firmar un nuevo acuerdo en el marco de la negociación de paz, que retomaron en noviembre de 2022, pero no se sabe qué pasará tras la decisión del ELN de reanudar los secuestros.
El pasado mes de enero el ELN se había comprometido a suspender el secuestro extorsivo por seis meses, tras el sexto ciclo de negociaciones de paz con el Gobierno nacional. En esa ronda de diálogos se acordó la creación de un fondo multidonante para financiar las iniciativas del proceso de paz, más no al grupo. Aún el fondo no está constituido y por eso la guerrilla decidió levantar su compromiso frente a la suspensión del secuestro."A la fecha, 3 de mayo, el fondo aún no está constituido, el Gobierno muestra poca voluntad para avanzar en este campo. Dado lo anterior, el ELN da por terminado su oferta de suspensión unilateral de retenciones económicas", señaló el Comando Central de la guerrilla en un comunicado.En una rueda de prensa, la jefe de la delegación del Gobierno en los diálogos con la guerrilla, Vera Grabe, dijo que el fondo está pensado para desarrollar actividades de paz y no está ligado de ninguna manera al fin del secuestro.Delegación de paz del Gobierno con el ELN está maniatada por divisiones en NariñoPor otro lado, el senador Iván Cepeda, quien hace parte de la delegación del Gobierno, aseguró que esta decisión constituía un incumplimiento por parte del ELN."El fondo no está pactado como una contraprestación y no es parte de una especie de transacción que haya hecho el Gobierno, es un compromiso distinto y tiene que ver con financiar actividades de paz, así que es claro que hay un incumplimiento del ELN a su compromiso ante el país y ante la comunidad internacional. Esa circunstancia obviamente motivará una reflexión en la delegación del Gobierno y estamos estudiando qué viene", manifestó Iván Cepeda.
La Sala de Amnistía o Indulto de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó a entidades como la Interpol, la Dijin, la Registraduría Nacional y la Policía Nacional eliminar los antecedentes judiciales de 9.600 antiguos miembros de las extintas Farc que se acogieron al acuerdo de paz de 2016.De acuerdo con la JEP, estas personas no están vinculadas con crímenes de guerra o de lesa humanidad, sino delitos meramente políticos, es decir, el hecho de haber pertenecido a un grupo insurgente como lo fueron las Farc en su momento.Frente a esto, la JEP considera que debe garantizarse la amnistía otorgada en 2017 por el entonces presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ya que no todas han sido materializadas.A la decisión, la JEP dio un plazo de 30 días para que se brinde la información a las autoridades correspondientes e inicie el proceso de limpiar los expedientes criminales que estén a nombre de los 9.600 firmantes.Siendo así, apenas se materialice el proceso de amnistía, ninguna de estas 9.600 personas tendrá registros negativos y podrán acceder a una estabilidad laboral, así como a la libertad financiera.
En una reveladora declaración ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el exdirector del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), Carlos Eduardo Reyes Jiménez, reveló los detalles de su conexión con grupos paramilitares en el marco del subcaso Gran Magdalena del Caso 08, que investiga crímenes ocurridos durante el conflicto armado.Reyes señaló nombres de funcionarios públicos y terceros civiles que, aprovechando su posición en el Incoder, facilitaron operaciones que promovieron desplazamientos forzados, legalización del despojo de tierras mediante compras a precios ínfimos, acaparamiento y reasignación de tierras a través de trámites irregulares en municipios del corredor minero de Cesar.Salvatore Mancuso definió su posición frente a tutela que pretende tumbar ingreso a la JEPEstas acciones sé habrían realizado en colaboración con los frentes 'Mártires del Cacique de Upar' y 'Juan Andrés Álvarez Pastrana' del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), además de satisfacer intereses de actores económicos privados locales.El exdirector también explicó ante la magistratura cómo se manipulaban los mecanismos legales para desplazar y despojar de sus tierras a campesinos, y cómo posteriormente esos predios eran legalizados y transferidos a testaferros de las AUC o terceros civiles afines a estos grupos.“Farc sometieron a trabajos forzados a secuestrados en su poder para sancionarlos”: JEPLa información que logró recopilar la magistratura permitirá analizar, identificar y entender los patrones de delitos graves en esta área del país dirigidos contra propietarios de tierras en al menos 11 sitios, y mostrar cómo el desplazamiento forzado y la confiscación de tierras están vinculados directamente con redes criminales.La diligencia se realizó de manera reservada y fue presidida por el magistrado Óscar Parra Vera, relator del subcaso Gran Magdalena, del Caso 08.
El Tribunal de la Paz de la JEP confirmó la acusación de esclavitud y secuestro contra el exsecretariado de las Farc-EP por su participación en crímenes de guerra, incluyendo la toma de rehenes y severas privaciones de libertad, además de otros delitos cometidos por la disuelta guerrilla.Al respecto, el magistrado Camilo Suárez explicó en Meridiano Blu los detalles de esta decisión en la JEP. Para esta imputación se tuvo en cuenta la verificación, contrastación y análisis de las diferentes pruebas que recaudó la sala de macrocasos durante, aproximadamente, cinco años."En el macrocaso 01, que tiene que ver con la toma de rehenes, lo que hace la sección es verificar las conductas, hechos y calificaciones jurídicas se corresponden, es decir, si es adecuadamente conforme a la ley. La sala ya había planteado que el secretariado de las Farc había cometido el crimen de esclavitud y lo que está haciendo el tribunal es, conforme a las pruebas que se recaudaron, encontrar que el delito de esclavitud sí se dio y por esa razón es un crimen concurrente", detalló el magistrado Suárez.Procuraduría interpone tutela para ‘tumbar’ la acogida de Mancuso en la JEPEl magistrado recalcó que, desde el secretariado de las Farc, se creó una política y unos patrones que realizaron los diferentes bloques de la estructura criminal para realizar la toma de rehenes o secuestro."Lo que se evidencia es que hubo falta de control, a pesar de tener información, antes, durante y después de la conducta por parte de quienes integraban la cúpula de esta organización no se tomó ninguna acción para que evitar que esta conducta se cometiera", añadió el magistrado.Trabajo forzadoLos secuestrados también fueron sometidos a trabajo forzado en la selva, desmonte de estructuras, es decir, realizar actividades que eran de interés de las Farc."Muchos de estos trabajos eran para sancionar o para castigar o acciones a quienes se consideraban enemigos. Varios de los comparecientes reconocieron esas actividades", añadió el magistrado Camilo Suárez.
El 2025 cerró como uno de los años más críticos para la movilidad humana forzada en Colombia. De acuerdo con el balance Dinámicas de Movilidad Humana Forzada en Colombia de la Defensoría del Pueblo, durante el año se registraron 133 eventos de desplazamiento forzado masivo, que afectaron a 107.924 personas, así como 99 eventos de confinamiento, que restringieron la movilidad de 128.825 personas en distintas regiones del país.En comparación con el año anterior, el número de personas desplazadas aumentó un 318,3 %, mientras que los casos de confinamiento crecieron un 19,4 %. “El informe advierte que las cifras superaron ampliamente las de 2024 y reflejan graves afectaciones a comunidades civiles en diferentes territorios”, afirma el documento.La subregión del Catatumbo, en Norte de Santander, concentró la mayor parte de las afectaciones. La crisis registrada a comienzos de año dejó más de 73.000 personas desplazadas, equivalente al 73 % del total nacional. Municipios como Tibú y El Tarra encabezaron los reportes, y durante el resto del año se mantuvieron nuevos episodios de desplazamiento y confinamiento.Otros departamentos como Nariño, Cauca y Antioquia también reportaron desplazamientos masivos, mientras que en confinamiento los mayores impactos se registraron en Chocó, Norte de Santander, Cauca, Huila, Guaviare, Antioquia y Valle del Cauca, que concentraron el 80,3 % de los casos del país. Solo en Chocó se contabilizaron 23.645 personas confinadas, la cifra más alta a nivel nacional.Solo en diciembre de 2025, se documentaron 10 eventos de desplazamiento forzado masivo, con 4.680 personas afectadas, y 6 eventos de confinamiento, que limitaron la movilidad de 18.450 personas.Nuevamente, Catatumbo concentró la mayor parte de las emergencias, con más de 3.700 personas desplazadas y 6.283 confinadas en ese periodo. Frente a diciembre de 2024, el incremento fue drástico: 676,2 % más personas desplazadas y 921,7 % más afectadas por confinamiento.El informe también advierte sobre el impacto migratorio. Entre el 1 de enero y el 15 de diciembre de 2025, 152.858 migrantes irregulares transitaron por Colombia, un 61 % más que en 2024. A esto se suma el retorno de 20.474 personas desde Norte y Centroamérica, en su mayoría de nacionalidad venezolana.Adicionalmente, la Defensoría acompañó a 5.204 connacionales deportados desde España, Estados Unidos y Chile, por medio de 50 vuelos humanitarios.“Durante estos procesos, la entidad recibió quejas por violencia basada en género, abuso sexual, requisas inapropiadas, deficiencias en aseo, alimentación y atención médica, así como posibles actos de discriminación o xenofobia”, aseguraron desde la Defensoría.Finalmente, la entidad advirtió que “el desplazamiento forzado masivo en el país, durante 2025, creció más de tres veces en relación con el 2024, evidenciando el recrudecimiento del conflicto armado en el territorio nacional y la ineficacia del Estado con las medidas de prevención y protección de los derechos de la población”.
El informe RED-clutamiento 2.0 de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP documenta que al menos 1.749 menores de edad fueron reclutados en Colombia entre 2017 y 2026. Uno de los principales hallazgos es el uso sistemático de redes sociales para atraer a niños y adolescentes, especialmente en zonas rurales.“Desde 2021, el reclutamiento de niños y niñas es el tipo de victimización a la población civil que más rápido crece en Colombia (por encima de masacres, asesinato de líderes sociales, desplazamiento forzado y confinamiento). Esto coincide con el uso sistemático de las redes sociales”, asegura el informe.De acuerdo con el documento, el 44 % de los casos registrados en 2025 estuvieron asociados directamente al reclutamiento a través de plataformas digitales.Las cifras muestran, además, un crecimiento sostenido: mientras en 2022 se registraron 151 casos de reclutamiento, en 2023 la cifra subió a 255; en 2024 alcanzó los 362 y en 2025 llegó a 386 casos. En apenas cuatro años, el incremento supera el 150 %, convirtiéndose en una de las violencias con mayor crecimiento en el país.De acuerdo con la UIA, el uso de TikTok y Facebook ha facilitado que los casos de reclutamiento se dupliquen mensualmente en algunos territorios. Antes de la expansión del reclutamiento digital, estos hechos se concentraban en 97 municipios; hoy se registran en 248 municipios, lo que representa un aumento del 156 %.“Las redes sociales han propiciado que se presenten casos de reclutamiento en lugares donde jamás habíamos registrado hechos (inclusive en la época más álgida del conflicto armado con las Farc-EP)”, subraya el informe.Según el documento, los reclutadores digitales reproducen estereotipos de género binarios para hacer más atractiva la oferta y generar identificación entre niños y adolescentes. En algunos casos, convocan a menores a supuestos torneos de fútbol, asegurando que asistirán cazatalentos extranjeros que los llevarán a equipos profesionales fuera del país.El escrito señala que las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’, son el grupo armado que más niños recluta a través de redes sociales. Esta estructura concentra 116 cuentas activas en Facebook y TikTok, con publicaciones que alcanzan en promedio más de 20.000 visualizaciones y, en algunos casos, millones de reproducciones.Su principal zona de operación está en el suroccidente del país, especialmente en Cauca, Valle del Cauca y Nariño, departamentos donde opera el 67 % de las cuentas identificadas.En total, el informe identificó 186 cuentas en redes sociales vinculadas a actividades de reclutamiento, con un promedio de 6.700 seguidores por cuenta.La UIA alerta que, si no se adoptan medidas urgentes de prevención y control, entre 2026 y 2030 podrían registrarse más de 2.300 nuevos casos de reclutamiento, lo que equivaldría a que un menor sea vinculado a un grupo armado cada 12 horas.
Mientras Colombia cerró 2025 como el año con la mayor crisis humanitaria de las últimas dos décadas, los territorios más golpeados por el conflicto armado continúan registrando avances en la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad.Así lo señala el V Informe del Comité de Seguimiento y Monitoreo a las Recomendaciones del Informe Final de la Comisión de la Verdad, presentado este jueves 30 de enero en Bogotá.De acuerdo con el Comité, 2025 dejó la cifra más alta de desplazamientos forzados en los últimos 18 años y más de un millón de personas confinadas por la acción de grupos armados, lo que triplicó los registros del año anterior.Para la presidenta del Comité, Julia Eva Cogollo, esta situación se explica por el traslape entre los territorios priorizados por los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y las zonas donde se ha incrementado la presencia de actores armados.Según explicó, este contexto ha llevado al Gobierno a focalizar la implementación de políticas públicas en las regiones más afectadas como una forma de mitigar el impacto humanitario. Sin embargo, el Comité advierte que la persistencia de la violencia sigue siendo un obstáculo para que las comunidades puedan ejercer plenamente sus derechos.Entre los principales avances, el informe destaca la reducción del Índice de Pobreza Multidimensional en las zonas PDET, que pasó de 39,8 % en 2018 a 23,7 % en 2023, aunque en 2024 se ubicó en 24,4 %. También resalta el fortalecimiento de iniciativas de acceso a tierras y proyectos productivos liderados por mujeres. Regiones como Montes de María, la Costa Pacífica, el norte del Cauca y el sur de Bolívar concentran avances relevantes, aunque, según el Comité, estas mismas zonas enfrentan altos niveles de riesgo por la violencia armada.De cara al escenario electoral y a la llegada de nuevos gobiernos, el Comité considera que la política PDET se encuentra blindada tras su ampliación hasta 2034. No obstante, advierte riesgos si en la actualización de los planes de acción no se incorporan las 220 recomendaciones de la Comisión de la Verdad.Frente a la continuidad de la transformación rural, la presidenta del Comité envió un mensaje directo a los próximos gobiernos y a los candidatos. “El primer mensaje que queremos enviar es a los candidatos. Uno, que saquen la violencia de la política, por favor. Y el segundo que le queremos incluir es que incluyan las recomendaciones en sus programas de gobierno y posteriormente en el plan de desarrollo”, afirmó.Finalmente, Cogollo advirtió que el mayor riesgo para la no repetición en Colombia sigue siendo la combinación entre la violencia armada y la crisis humanitaria. “El mayor riesgo que tenemos es la presencia alta de actores armados y la crisis humanitaria. Y el desbalance que hay realmente en la presencia de actores armados versus implementación de políticas públicas que no garantizan el gozo efectivo de los derechos”, concluyó.
En diálogo con Blu Radio, el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), José Luis Caballero, expresó su preocupación por los riesgos que enfrenta la democracia en Colombia en medio del contexto preelectoral, especialmente por la persistencia de la violencia armada y la exclusión social que, según advirtió, siguen afectando al país.“Nos preocupa la presencia de grupos armados no estatales desde hace mucho tiempo. Hemos advertido el esfuerzo del Acuerdo de Paz de 2016; hemos instado también, en una recomendación, a que se retome el diálogo con otros grupos armados no estatales. Es decir, es una observación que tenemos desde hace mucho tiempo”.“La coyuntura electoral debe trascenderse con paz, con diálogo, con serenidad, con las condiciones que alejen la violencia electoral, pero la perspectiva de que no haya violencia es una condición que la Comisión ha advertido en todos los mecanismos desplegados con Colombia”, añadió.En cuanto al futuro de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Caballero sostuvo que debe ser fortalecida.“Tiene que tener recursos suficientes, tiene que poder desplegar con mayor claridad su trabajo. Yo creo que ha hecho esfuerzos muy importantes; nos hemos reunido para conocer las primeras sentencias, estamos en un diálogo muy franco con la Jurisdicción Especial para la Paz y pienso que tiene que tener mucha mayor fortaleza para cumplir con su mandato”.Frente a los señalamientos de algunos sectores sobre posibles afectaciones a la libertad de expresión durante el gobierno de Gustavo Petro, el presidente de la CIDH indicó que la principal preocupación del organismo es que se garantice la libertad de expresión.“Lo que a la Comisión le preocupa es que se garantice la libertad de expresión, que se proteja la labor de los periodistas, que no se les estigmatice. La Comisión ha reconocido desde muchos años, desde épocas muy incipientes, que el periodismo es una labor fundamental para el ejercicio de la libertad de expresión, que es una piedra angular de la democracia; entonces, yo creo que los periodistas merecen respeto y merecen cumplir con su trabajo”.Sobre el asesinato de líderes sociales, que en el último año superó los 180 casos, el presidente de la CIDH fue enfático: “Tienen que proteger a los defensores y a las defensoras, tienen que proteger a los liderazgos sociales. Nosotros se lo hemos expresado mucho al Estado colombiano; es una obligación que tienen que atender con mayor prestancia”.Además, señaló que “estamos también con medidas de protección, medidas cautelares para defensores y líderes sociales. Esto es una cuestión que a la Comisión le preocupa mucho y yo creo que el Estado tiene que estar al frente con esa protección”.
El coronel (r) Juan Carlos Figueroa Suárez, excomandante del Batallón La Popa, aceptó su responsabilidad ante la JEP por falsos positivos, cometidos entre 2004 y 2005 en Valledupar.La decisión se produjo luego de la imputación formulada por la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), que documentó 24 hechos que dejaron al menos 38 personas asesinadas, entre ellas 11 víctimas de desaparición forzada y 9 casos de tortura.Durante la diligencia, Figueroa reconoció su responsabilidad por omisión, al admitir que no identificó ni detuvo a tiempo las acciones criminales cometidas por sus subalternos.“Acepto la responsabilidad en la omisión de no saber que mis subalternos estaban asesinando civiles, que las operaciones militares que siempre ordené a la luz de la Constitución Nacional, de las leyes de Colombia, de la doctrina militar, de la ley militar, del derecho internacional de conflictos armados”.Según la acusación de la UIA, los hechos respondieron a tres modalidades. La primera se caracterizó por asesinatos y desapariciones de personas que luego eran presentadas como supuestos resultados operacionales.La segunda modalidad correspondió a homicidios de civiles que algunos integrantes de los pelotones identificaban de manera arbitraria como “objetivos militares ilícitos”, para hacerlos pasar como miembros de grupos armados ilegales.La tercera estuvo marcada por el asesinato de combatientes que ya habían depuesto las armas o que se encontraban heridos tras enfrentamientos legítimos con tropas del batallón.En su declaración, Figueroa sostuvo que durante su mando no identificó el riesgo específico de los falsos positivos y aseguró que esto solo fue reconocido de manera general en la Fuerza Pública a partir de 2007, cuando estallaron los escándalos a nivel nacional.“Ese riesgo operacional no fue contemplado bajo mi mando porque los riesgos operacionales que para esa época se tenían eran el robo de armamento, robo de municiones, robo de equipo militar, infiltrados, penetrados, las nóminas paralelas, tráfico de información, miembros que posiblemente podían estar en concierto para delinquir con organizaciones armadas al margen de la ley”, afirmó.Con la aceptación de responsabilidad, el proceso ya no continuará por la vía del juicio adversarial. Ahora, la JEP aplicará la ruta de reconocimiento tardío, que contempla la realización de una audiencia restaurativa. Esta diligencia fue programada para el 24 de marzo a las 9:00 de la mañana, espacio en el que se abordarán las medidas de reparación y reconocimiento a las víctimas.Posteriormente, el tribunal deberá imponer una sanción alternativa, que implica entre 5 y 8 años de cárcel.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) concluyó que los 11 militares que reconocieron su responsabilidad por falsos positivos ocurridos entre 2007 y 2008 en Norte de Santander, cumplen las condiciones para recibir una sanción restaurativa.Según las investigaciones de la JEP, durante este periodo en el Catatumbo, hubo al menos 120 casos de falsos positivos, además de un intento de homicidio.Sin embargo, al analizar los hechos, el tribunal decidió imputar nuevos delitos a varios de los comparecientes. En ese sentido, 8 de los 11 militares serán sentenciados por el crimen de esclavitud.“La sección determinó que al menos 29 personas fueron víctimas del crimen de esclavitud en el marco de la segunda modalidad del patrón macrocriminal, al comprobarse el ejercicio de atributos propios del derecho de propiedad sobre ellas. En particular, este crimen se cometió a partir de la colaboración de organizaciones criminales y terceros reclutadores, quienes, en articulación con integrantes de unidades militares y a cambio de una remuneración económica, conseguían civiles indefensos y los entregaban a los militares para hacerlos pasar por supuestas bajas en combate”, explicó la JEP.¿Quiénes son los imputados?Los militares imputados por este delito, en calidad de coautores, son Rubén Darío Castro Gómez, Gabriel de Jesús Rincón Amado, Néstor Guillermo Gutiérrez Salazar, Álvaro Diego Tamayo Hoyos, Juan Carlos Chaparro Chaparro, Sandro Mauricio Pérez Contreras y Alexander Carretero Díaz.Además, la JEP imputó el delito de esclavitud por omisión a Paulino Coronado Gámez, general (r) del Ejército y comandante de la Brigada 30 ubicada en Cúcuta para la época de los hechos. La JEP consideró que, desde su posición de mando, permitió que estas conductas ocurrieran sin adoptar medidas para impedirlas.Adicionalmente, los militares Santiago Herrera Fajardo, Daladier Rivera Jácome, Juan Carlos Chaparro Chaparro y Sandro Mauricio Pérez Contreras fueron imputados por el crimen de guerra de tortura, en relación con hechos asociados a tres víctimas.“Para adoptar esta decisión, la sección tuvo en cuenta los relatos entregados por las víctimas y sus familiares en el proceso judicial”, aseguró la JEP.El proceso continuará con la audiencia pública de verificación, en la que se confirmará si los militares cumplen con sus compromisos de verdad y reparación. Superada esta etapa, la JEP emitirá la sentencia que definirá de manera definitiva su situación jurídica.
En su pronunciamiento, la Defensoría del Pueblo cuestionó el manejo que desde el Gobierno se le ha dado a la crisis del sistema de salud y pidió reconocer la magnitud de las afectaciones que hoy enfrentan millones de usuarios, especialmente los afiliados a la Nueva EPS.“Pedimos a @MinSaludCol mejorar los canales de comunicación y, especialmente, dejar de lado declaraciones indolentes que pongan en duda el deber del Gobierno de garantizar los derechos humanos en igualdad para todas las personas. La falta de empatía con la angustia de quienes están al frente de la atención y deben lidiar diariamente con el sufrimiento de las personas es inadmisible y preocupante. Deja el mensaje de que las autoridades no harán nada para resolverlo. Sin embargo, hacerlo es su deber”.La Defensoría aseguró que, ante la creciente vulneración del derecho a la salud, ha participado en lo que va del año en múltiples mesas interinstitucionales con EPS, hospitales, gestores farmacéuticos, usuarios y pacientes.Estos espacios, según explicaron, han buscado garantizar la atención de casos prioritarios y críticos, avanzar en la entrega pendiente de medicamentos y avanzar en compromisos relacionados con la estabilización de pagos y la conformación de redes de prestación de servicios suficientes y operativas.No obstante, el organismo advirtió que el panorama es crítico para los afiliados de la Nueva EPS, “entidad que enfrenta una situación financiera muy delicada”. Para la Defensoría, esta medida no solo profundiza la crisis de la EPS, sino que termina afectando directamente a hospitales, clínicas y dispensarios, que enfrentan dificultades para sostener la atención y la operación diaria.Aunque la problemática se extiende a todo el país, la Defensoría alertó de manera particular sobre la situación en Boyacá, Huila, Antioquia, Valle del Cauca, Santander, San Andrés y Providencia y Tolima, donde las afectaciones al derecho a la salud se estarían profundizando.
El mayor general (r) de la Policía Nacional, Luis Mendieta Ovalle, afirmó que el modelo de sanciones propias definido en la JEP terminó priorizando la financiación de los exintegrantes de las Farc y no a las víctimas del conflicto.“En este momento lo que está desfinanciado es el presupuesto que prácticamente el Estado y todas las entidades le iban a dar a las Farc para el pago de las sentencias propias. Aquí en ningún momento es reparación a las víctimas”, señaló.Mendieta sostuvo que, desde la firma del acuerdo de paz, las víctimas han sido relegadas en la implementación.También cuestionó los llamados trabajos, obras y actividades restaurativas. “Fuimos enfáticos en que no estábamos de acuerdo con esas sanciones propias y menos con todos los recursos que les iban a dar a los integrantes de la Farc para aplicar en los famosos TOAR, (…) que en nuestro sentido de restaurativas no tenían absolutamente nada, sino que eran presupuestos que iban a destinar para que los integrantes de la Farc en esos cuatro ejes centrales tuvieran burocracia y tuvieran contratos”, dijo.Según el general en retiro, distintas entidades del Estado han concentrado su acción en los comparecientes y no en las víctimas. “Aquí únicamente todas las entidades están teniendo en cuenta a los victimarios y las víctimas que la Farc ocasionaron no se les ha tenido en cuenta”, advirtió, al tiempo que recordó que el informe de la Contraloría confirma denuncias previas.En la misma línea, Sebastián Velázquez, representante legal de la Federación Colombiana de Víctimas de las Farc, explicó que el inventario inicial presentado por las Farc “por un monto de un billón de pesos no se concreta” y que, finalmente, “al fondo de reparación para las víctimas solamente llega un oro avaluado aproximadamente en 40.000 millones”.Velázquez detalló que, a partir de investigaciones y expedientes judiciales, identificaron bienes no reportados. “Encontramos un expediente por unos bienes y un testaferrato por 100.000 millones de pesos”, el cual fue solicitado para que se incorporara al Caso 01 de la JEP.Agregó que, con base en informes de inteligencia conocidos como informe Génesis, se realizó una tasación de recursos ocultos que “llegaba a 13.5 billones”.Sin embargo, aseguró que los incidentes de incumplimiento presentados no han sido estudiados de fondo: “La JEP ha sido temeraria con la representación judicial, porque, en vez de investigar, nos ha inadmitido de plano y le ha dicho a la representación judicial que sea muy consciente de qué está radicando en contra”, lo que calificó como “un constreñimiento a la representación judicial”.Finalmente, Velázquez cuestionó que el Estado haya asumido la carga principal de la reparación y advirtió que las sanciones propias hoy están desfinanciadas.“Yo no sé en qué momento eso cambió, porque la prioridad y el responsable no es el Estado (...) Yo creo que ellos no tienen ahorita ni 50.000 millones para para empezar a ejecutar esas dos sentencias”, concluyó.Las víctimas advirtieron que la situación requiere “un revolcón total” al modelo actual de reparación y una revisión del marco legal, que, según señalaron, deberá ser asumida por “un nuevo Gobierno y un nuevo Congreso”.
El delegado de la Conferencia Episcopal para las relaciones Iglesia-Estado, Monseñor Hector Fabio Henao, alertó sobre las afectaciones humanitarias que enfrentan comunidades rurales del Guaviare tras los enfrentamientos por la disputa territorial entre disidencias de alias ‘Calarcá’ y alias ‘Mordisco’ registrados en la vereda Cubay, del municipio de El Retorno, en Guaviare.Según Monseñor, la violencia ha generado un clima de temor que limita la movilidad de la población y agrava la situación de niños, niñas y adolescentes que permanecen sin acceso a la educación.“El año pasado hubo clases solamente el primer semestre. Después, las amenazas a los profesores, y en el segundo semestre no hubo clases. Claro, hubo la propuesta de suplantar esto con actividades virtuales, pero muchos niños en sus casas no tienen acceso”, afirmó el delegado.A esta problemática se suma que el Programa de Alimentación Escolar (PAE) no ha podido funcionar debido a las restricciones de seguridad.Monseñor, señaló además que una parte de la población rural evita desplazarse: “Hay una franja de población que no se atreve a salir de las veredas, porque tiene temor de pasar por ciertos registros o retenes que se establezcan, y tiene que dar muchas explicaciones, pero, en general, ha quedado una zozobra muy grande”, afirmó.El representante señaló que existía una alta expectativa entre los padres de familia por el posible retorno de las clases, pero “estas circunstancias que se están viviendo en el momento presente, como dijo, dan mucha incertidumbre, no hay una definitiva todavía”.Indicó que, aunque aún no hay decisiones definitivas, es necesario que “desde el Ministerio de Educación hasta las autoridades más territoriales en el municipio del Retorno, se acerquen a la situación y miren cómo serían las alternativas”.Finalmente, Monseñor Henao hizo un llamado a enfocarse “en una población particularmente vulnerable”.
La Defensoría del Pueblo emitió la alerta temprana 001 de 2026 para los municipios de Belén de Umbría, Mistrató y Pueblo Rico, tras identificar un riesgo alto por “graves violaciones de los derechos fundamentales a la vida, integridad y movilidad e infracciones al derecho internacional humanitario”.Según la entidad, el deterioro de la seguridad se debe a las pretensiones de consolidación territorial de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional y a la expansión del Ejército Gaitanista de Colombia, conocido como Clan del Golfo.En el caso del ELN, la alerta señala la actuación de su Frente Manuel Hernández 'El Boche' en Mistrató y Pueblo Rico, mientras que el EGC estaría incursionando en los tres municipios a través de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle.La Defensoría explica que la presencia simultánea de estos actores armados ilegales responde al interés por controlar corredores estratégicos que comunican a Risaralda con Chocó, Antioquia, Caldas y Valle del Cauca, zonas clave para el fortalecimiento de sus estructuras y para el dominio de economías ilícitas, especialmente aquellas asociadas a actividades mineras en la región.El informe advierte que esta competencia territorial podría intensificar la violencia en el corto plazo y afectar de manera particular a niñas, niños, adolescentes y jóvenes en riesgo de reclutamiento forzado; a lideresas y líderes sociales; a mujeres; autoridades locales; comunidades campesinas y pueblos étnicos, entre ellos los indígenas Embera Chami y Embera Katío. También se señala un riesgo específico para los firmantes del Acuerdo de Paz que permanecen en estos territorios.La entidad identificó afectaciones en más de 50 veredas, barrios urbanos, resguardos indígenas y consejos comunitarios de los tres municipios. En estas zonas, los grupos armados imponen normas de conducta, profieren amenazas y han provocado desplazamientos forzados y confinamientos.La Defensoría también alertó sobre el incremento de homicidios. En 2023 se registraron 15 homicidios y en 2024 otros 14 en Belén de Umbría, Mistrató y Pueblo Rico, mientras que en 2025 la cifra ascendió a 39 casos, lo que representa un incremento del 34,48 % frente al total de los dos años anteriores.Ante este panorama, la Defensoría hizo un llamado urgente para que las autoridades del orden nacional, departamental y municipal implementen los deberes de reacción rapida bajo la perspectiva de derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario.