La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) admitió de manera provisional la comparecencia de José Leonairo Dorado Gaviria, quien fue sargento viceprimero del Ejército Nacional y se desempeñó durante años en el área de inteligencia. Fue condenado en la justicia ordinaria por extorsión, al aprovechar información confidencial y apropiarse de 22 millones de pesos, y actualmente se encuentra privado de la libertad.En 2018, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) rechazó su sometimiento por considerar que la Jurisdicción no tenía competencia material sobre la conducta por la que fue condenado. Esa decisión fue confirmada por la Sección de Apelación, y en los años siguientes la SDSJ se mantuvo en lo ya resuelto, pese a nuevas solicitudes del compareciente para ingresar al sistema transicional.Con el paso del tiempo, Dorado Gaviria amplió sus aportes y afirmó tener conocimiento, e incluso participación, en múltiples hechos delictivos, relacionados con su labor como integrante de la inteligencia militar encubierta del Ejército.A partir de esa información, la Sala de Reconocimiento de Verdad (SRVR) lo llamó a rendir versión voluntaria dentro de los macrocasos 06 y 08 y emitió un concepto preliminar positivo sobre sus contribuciones, al considerar que podrían ser relevantes.En abril de 2024, un despacho de la SDSJ resolvió desarchivar la actuación transicional, al concluir que las nuevas solicitudes del compareciente incluían hechos y conductas que debían ser analizados para determinar si podían ser competencia de la JEP.El auto señaló que esos relatos podrían contribuir al esclarecimiento de violaciones a los derechos humanos cometidas durtante su vinculación a la Brigada XX y al Batallón Charry Solan, en particular aquellas asociadas a estructuras de inteligencia militar, como asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate, así como posibles vínculos entre miembros de la fuerza pública y grupos paramilitares en distintas regiones del país.Posteriormente, la defensa de Dorado interpuso un recurso de apelación, solicitando que se revisara la decisión que había negado beneficios transicionales y que se analizara la conexidad entre su conducta y el conflicto armado, teniendo en cuenta su rol funcional dentro del Ejército y los aportes entregados ante la JEP.En diálogo con Blu Radio, Pedro Díaz, magistrado de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, por donde pasó el proceso en una primera instancia, explicó el alcance de esta admisión provisional y lo que se espera del compareciente dentro del sistema transicional.“Eso significa que debe aportar aquello más de lo que se ha establecido en las investigaciones, los procesos y sentencias de la justicia ordinaria, que sean razonados, que sean verdades, que a la JEP le permita contrastar no solo señalamientos o expresiones reiterativas o genéricas, sino que esto permita avanzar en las investigaciones y especialmente de los hechos de desaparición forzada y asesinatos ocurridos durante esa década de los años 80 y comienzos de los 90, en que los servicios de inteligencia de las fuerzas militares fueron muy activos en este patrón y práctica criminal”, detalló el magistrado. Finalmente, el magistrado señaló que en estos casos, la prioridad es garantizar los derechos de las víctimas y conocer la verdad en crímenes que son considerados de los más graves por el derecho internacional, como la desaparición forzada.
La mesa de negociación entre el Gobierno nacional y el Clan del Golfo atraviesa un momento delicado tras el anuncio de suspensión provisional de los diálogos por parte del grupo armado ilegal. De acuerdo con la delegación del Gobierno, la decisión se habría tomado de manera unilateral y sin comunicación oficial que precise sus alcances.“Nos hemos enterado de una decisión unilateral de suspensión provisional; dicen ellos que es para algunas consultas. Esperamos una notificación formal y enterarnos bien del detalle”, aseguró Álvaro Jiménez, negociador del Gobierno con el Clan del Golfo.Según se conoció, la suspensión estaría relacionada con declaraciones realizadas en las últimas horas por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Jiménez indicó que la información conocida hasta ahora apunta a una reacción del grupo armado frente a esos pronunciamientos.“Entendí, de la información que ha sido conocida, que es a raíz de unas declaraciones que el señor ministro de Defensa hizo en la mañana de hoy y esperamos un poco los desarrollos para poder asumir un comportamiento respecto de las mismas”, añadió.Jiménez señaló que la delegación se encuentra a la espera de mayores desarrollos para definir su postura frente a la decisión anunciada, y reiteró que, hasta el momento, no existe una notificación formal que confirme la suspensión ni sus términos.El delegado del Gobierno también subrayó que las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia exclusiva de esa cartera y que no corresponde a la mesa de negociación contradecirlas.“Las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia del señor ministro; yo no las voy a contradecir, pero he podido conversar con él y el señor ministro de Defensa me ha indicado que ellos cumplirán con el compromiso que se ha hecho en las mesas; por tanto, espero que haya alguna precisión al respecto”.Por ahora, el Gobierno espera que el Clan del Golfo notifique oficialmente su decisión, precise si la suspensión será temporal y aclare qué ocurrirá con el futuro de los diálogos.
El 2025 cerró como uno de los años más críticos para la movilidad humana forzada en Colombia. De acuerdo con el balance Dinámicas de Movilidad Humana Forzada en Colombia de la Defensoría del Pueblo, durante el año se registraron 133 eventos de desplazamiento forzado masivo, que afectaron a 107.924 personas, así como 99 eventos de confinamiento, que restringieron la movilidad de 128.825 personas en distintas regiones del país.En comparación con el año anterior, el número de personas desplazadas aumentó un 318,3 %, mientras que los casos de confinamiento crecieron un 19,4 %. “El informe advierte que las cifras superaron ampliamente las de 2024 y reflejan graves afectaciones a comunidades civiles en diferentes territorios”, afirma el documento.La subregión del Catatumbo, en Norte de Santander, concentró la mayor parte de las afectaciones. La crisis registrada a comienzos de año dejó más de 73.000 personas desplazadas, equivalente al 73 % del total nacional. Municipios como Tibú y El Tarra encabezaron los reportes, y durante el resto del año se mantuvieron nuevos episodios de desplazamiento y confinamiento.Otros departamentos como Nariño, Cauca y Antioquia también reportaron desplazamientos masivos, mientras que en confinamiento los mayores impactos se registraron en Chocó, Norte de Santander, Cauca, Huila, Guaviare, Antioquia y Valle del Cauca, que concentraron el 80,3 % de los casos del país. Solo en Chocó se contabilizaron 23.645 personas confinadas, la cifra más alta a nivel nacional.Solo en diciembre de 2025, se documentaron 10 eventos de desplazamiento forzado masivo, con 4.680 personas afectadas, y 6 eventos de confinamiento, que limitaron la movilidad de 18.450 personas.Nuevamente, Catatumbo concentró la mayor parte de las emergencias, con más de 3.700 personas desplazadas y 6.283 confinadas en ese periodo. Frente a diciembre de 2024, el incremento fue drástico: 676,2 % más personas desplazadas y 921,7 % más afectadas por confinamiento.El informe también advierte sobre el impacto migratorio. Entre el 1 de enero y el 15 de diciembre de 2025, 152.858 migrantes irregulares transitaron por Colombia, un 61 % más que en 2024. A esto se suma el retorno de 20.474 personas desde Norte y Centroamérica, en su mayoría de nacionalidad venezolana.Adicionalmente, la Defensoría acompañó a 5.204 connacionales deportados desde España, Estados Unidos y Chile, por medio de 50 vuelos humanitarios.“Durante estos procesos, la entidad recibió quejas por violencia basada en género, abuso sexual, requisas inapropiadas, deficiencias en aseo, alimentación y atención médica, así como posibles actos de discriminación o xenofobia”, aseguraron desde la Defensoría.Finalmente, la entidad advirtió que “el desplazamiento forzado masivo en el país, durante 2025, creció más de tres veces en relación con el 2024, evidenciando el recrudecimiento del conflicto armado en el territorio nacional y la ineficacia del Estado con las medidas de prevención y protección de los derechos de la población”.
El informe RED-clutamiento 2.0 de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP documenta que al menos 1.749 menores de edad fueron reclutados en Colombia entre 2017 y 2026. Uno de los principales hallazgos es el uso sistemático de redes sociales para atraer a niños y adolescentes, especialmente en zonas rurales.“Desde 2021, el reclutamiento de niños y niñas es el tipo de victimización a la población civil que más rápido crece en Colombia (por encima de masacres, asesinato de líderes sociales, desplazamiento forzado y confinamiento). Esto coincide con el uso sistemático de las redes sociales”, asegura el informe.De acuerdo con el documento, el 44 % de los casos registrados en 2025 estuvieron asociados directamente al reclutamiento a través de plataformas digitales.Las cifras muestran, además, un crecimiento sostenido: mientras en 2022 se registraron 151 casos de reclutamiento, en 2023 la cifra subió a 255; en 2024 alcanzó los 362 y en 2025 llegó a 386 casos. En apenas cuatro años, el incremento supera el 150 %, convirtiéndose en una de las violencias con mayor crecimiento en el país.De acuerdo con la UIA, el uso de TikTok y Facebook ha facilitado que los casos de reclutamiento se dupliquen mensualmente en algunos territorios. Antes de la expansión del reclutamiento digital, estos hechos se concentraban en 97 municipios; hoy se registran en 248 municipios, lo que representa un aumento del 156 %.“Las redes sociales han propiciado que se presenten casos de reclutamiento en lugares donde jamás habíamos registrado hechos (inclusive en la época más álgida del conflicto armado con las Farc-EP)”, subraya el informe.Según el documento, los reclutadores digitales reproducen estereotipos de género binarios para hacer más atractiva la oferta y generar identificación entre niños y adolescentes. En algunos casos, convocan a menores a supuestos torneos de fútbol, asegurando que asistirán cazatalentos extranjeros que los llevarán a equipos profesionales fuera del país.El escrito señala que las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’, son el grupo armado que más niños recluta a través de redes sociales. Esta estructura concentra 116 cuentas activas en Facebook y TikTok, con publicaciones que alcanzan en promedio más de 20.000 visualizaciones y, en algunos casos, millones de reproducciones.Su principal zona de operación está en el suroccidente del país, especialmente en Cauca, Valle del Cauca y Nariño, departamentos donde opera el 67 % de las cuentas identificadas.En total, el informe identificó 186 cuentas en redes sociales vinculadas a actividades de reclutamiento, con un promedio de 6.700 seguidores por cuenta.La UIA alerta que, si no se adoptan medidas urgentes de prevención y control, entre 2026 y 2030 podrían registrarse más de 2.300 nuevos casos de reclutamiento, lo que equivaldría a que un menor sea vinculado a un grupo armado cada 12 horas.
En una operación conjunta adelantada en zona rural de Puerto Asís, Putumayo, la Armada confirmó la captura de alias ‘Pitufo’, cabecilla financiero de la Estructura 48 de las disidencias de las Farc y requerido con fines de extradición por una Corte Federal del Distrito Sur de California, en Estados Unidos, por los delitos de narcotráfico y terrorismo.El operativo se llevó a cabo en la vereda El Águila, como resultado de varios años de labores de inteligencia naval desarrolladas por la Fuerza Naval de la Amazonía, con el apoyo de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJÍN) de la Policía, la DEA y la Aviación Naval. Según las autoridades, la captura representa un golpe directo a las finanzas y al andamiaje criminal de esta estructura armada ilegal que delinque en el sur del país.De acuerdo con la información oficial, alias ‘Pitufo’ haría parte del extinto Bloque Sur del Frente 48 de las antiguas Farc y habría sido hombre de confianza de los abatidos cabecillas alias ‘Edgar Tovar’ y alias ‘Oliver Solarte’. Tras el proceso de desmovilización en 2016, el hoy capturado habría retomado las actividades ilícitas, posicionándose desde 2021 como uno de los principales responsables del control financiero del grupo armado en el alto Putumayo.Las autoridades señalan que el detenido cumplía un rol estratégico dentro de la organización, al encargarse de administrar los recursos producto del narcotráfico, coordinar rutas internacionales de tráfico de drogas y armas, y facilitar alianzas criminales con cárteles de Ecuador y México.Su accionar se concentraba en municipios como Puerto Asís, Puerto Caicedo, Villagarzón y La Hormiga, así como en sectores fronterizos del vecino país, como Puerto Nuevo, General Farfán y Puerto El Carmen, impactando de manera directa la seguridad en la región amazónica.
Tras la emergencia climática provocada por un frente frío en el Caribe colombiano, la Armada activó un operativo de atención humanitaria en el municipio de Lorica, Córdoba, para asistir a las comunidades afectadas por las inundaciones derivadas del desbordamiento del río Sinú.A través de la Fuerza Naval del Caribe, unidades del Batallón de Infantería de Marina No. 14 y del GAULA Militar Sucre, adscritas a la Brigada de Infantería de Marina No. 1, adelantan labores de llenado y disposición de costales con el fin de construir barreras de contención y mitigar el impacto de la creciente en sectores vulnerables del municipio.De acuerdo con el reporte oficial, las acciones se concentran en zonas ribereñas como Cotocá Arriba, Sarandelo e Isla de Sabá, donde el aumento del nivel del agua generó el ingreso del río a varias viviendas, afectando a familias tanto en áreas rurales como urbanas.Además de las labores de contención, la Armada dispuso vehículos y personal para apoyar la evacuación de los damnificados hacia centros de atención, en caso de ser necesario, como medida preventiva para salvaguardar la vida de las personas afectadas por la emergencia.Paralelamente, las unidades navales participan en el Puesto de Mando Unificado (PMU) activado en el departamento de Córdoba, con el objetivo de articular esfuerzos con los organismos de gestión del riesgo, así como con entidades gubernamentales y organizaciones no gubernamentales, para garantizar una atención integral a la población damnificada.Desde la Brigada de Infantería de Marina No. 1, la Armada de Colombia reiteró su compromiso con la protección de la vida y el apoyo a las comunidades, especialmente en las zonas ribereñas del Caribe colombiano, mientras se mantienen las acciones de monitoreo y respuesta ante la evolución de la emergencia climática.
El ministro de Defensa, general en retiro Pedro Sánchez, reveló que el presidente Donald Trump avaló la iniciativa del presidente Gustavo Petro de ejecutar operaciones conjuntas con Venezuela para combatir estructuras del ELN. La declaración la hizo durante una entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, luego del encuentro oficial sostenido el martes en la Casa Blanca.“El presidente Trump dijo que estaba totalmente de acuerdo, que nos uniéramos todos, obviamente respetando siempre la soberanía”, señaló Sánchez al destacar que en la reunión se enfatizó el fortalecimiento de la cooperación bilateral en materia de inteligencia y lucha contra las drogas. Según el ministro, el mandatario estadounidense consideró la propuesta como “una idea muy acertada” para enfrentar la amenaza transnacional del narcotráfico.Durante la cita en Washington, el ministro presentó un documento con los compromisos de seguridad para los próximos dos meses, que incluye como “objetivos de alto valor” a alias Chiquito Malo, jefe del Clan del Golfo; Pablito, del ELN; e Iván Mordisco, de las disidencias de las FARC.Sánchez explicó que la meta acordada con Estados Unidos es “neutralizar” a esos líderes criminales, reforzando las operaciones militares y de inteligencia. “La seguridad que hay es que vamos a emplear todas las capacidades para neutralizarlos, y son las capacidades de dos naciones”, afirmó, al enfatizar que se usarán tecnologías compartidas y mecanismos de información conjunta sin comprometer la soberanía de Colombia.El alto funcionario también precisó que “no habrá acciones letales coordinadas por Estados Unidos en territorio nacional”, sino una cooperación en materia de inteligencia y tecnología. Se prevé el establecimiento de un centro integrado de fusión de información para decisiones operativas en tiempo real, especialmente en zonas críticas como el Catatumbo, Cauca, Nariño, Sur de Bolívar y Bajo Cauca antioqueño.Operaciones contra el ELN con ayuda de VenezuelaUno de los puntos más sensibles de la conversación bilateral fue la colaboración con Venezuela. Según Sánchez, el presidente Petro informó a Trump que Colombia adelanta acciones para consolidar la cooperación militar con Caracas, incluyendo la designación de un agregado militar colombiano en territorio venezolano. Esto permitiría coordinar con mayor eficacia operaciones contra cabecillas del ELN refugiados al otro lado de la frontera.“El presidente Petro ha avanzado en mejorar esa interacción con Venezuela. Las acciones contra esos grupos deben ser articuladas entre ambas naciones”, explicó Sánchez.La tensión y diálogos con el Clan del GolfoLas declaraciones del ministro generaron reacción inmediata. Minutos después de la entrevista, el Clan del Golfo anunció la suspensión provisional de su participación en las negociaciones de paz, argumentando que el ofrecimiento de sus cabecillas como objetivo militar “atentaba contra la buena fe y los compromisos de Doha”.Sánchez respondió señalando que el Gobierno no suspenderá operaciones contra grupos delincuenciales. “Si estos grupos criminales siguen delinquiendo, se debe actuar con total contundencia”, advirtió. Asimismo, aclaró que los diálogos se mantienen bajo los parámetros definidos por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, y que “ninguna mesa de diálogo inhibe a la Fuerza Pública de cumplir su misión constitucional”.El ministro puntualizó además que “no hay suspensión de orden de captura” contra alias 'Chiquito Malo', pese a su papel en las conversaciones. “Lo que hay es la orden de actuar contra este bandido. Si traicionan el proceso y el presidente ordena actuar, pues se debe actuar”, reiteró.Fortalecer autonomía y capacidades tecnológicasEl encuentro con Trump también abordó temas de modernización militar. Sánchez explicó que se discutió la posibilidad de reemplazar la flota de helicópteros de la Policía Nacional con aeronaves de propiedad colombiana, buscando autonomía operativa. “La idea es que seamos nosotros los dueños de esas aeronaves”, subrayó, al mencionar que se evaluarán opciones de financiamiento con respaldo norteamericano.En materia de defensa estratégica, el ministro confirmó que la cooperación incluirá tecnología antidrones, sistemas de movilidad y programas para mejorar las capacidades nacionales. Además, reafirmó que la adquisición de los aviones Saab Gripen —cuya compra generó tensiones previas con Washington— “no fue objeto de objeciones por parte de Estados Unidos” y que se trató de una decisión “transparente y estratégica”.
En Salgar, Antioquia, fue capturado alias 'Sotelo', cabecilla del Clan del Golfo señalado de coordinar homicidios y extorsiones en el Suroeste antioqueño. En la operación fueron capturados otros dos hombres importantes para la estructura delincuencial.En una ofensiva realizada por el Batallón de Infantería Cacique Nutibara se logró la captura en flagrancia de tres hombres vinculados a la Subestructura Edwin Román Velásquez Valle del Clan del Golfo. El procedimiento fue realizado por el Ejército Nacional en la vereda Gulunga Abajo del municipio de Salgar.Según destacó la Fuerza Pública, entre los capturados está alias 'Sotelo', presunto cabecilla urbano del Clan del Golfo y quien tendría más de 5 años de trayectoria criminal. Las autoridades lo señalan de ser el responsable de coordinar homicidios y extorsiones en el Suroeste antioqueño.El general Carlos Caycedo, comandante de la Cuarta Brigada, explicó que, durante el operativo militar, también se realizó la captura de otro dos sujetos, cercanos a alias 'Sotelo' e importantes dentro de la estructura del Clan del Golfo en la zona.“Asimismo, fue capturado alias 'político' o Andrés, quien presuntamente coordinaba reuniones con los campesinos de la región y recolectaba los dineros producto de la extorsión y alias Flaco, quien al parecer se desempeñaba como hombre de seguridad de alias Sotelo”, indicó el general Caycedo.Mencionaron las autoridades que durante el procedimiento se incautó un fusil M4, un revólver, una mini uzi automática, más de 200 cartuchos, proveedores para fusil, material de intendencia, dos motocicletas y cuatro equipos de telefonía celular que eran usados en municipios como Salgar, Concordia y Ciudad Bolívar.Por su parte, en una segunda acción se logró evitar la ejecución de un homicidio en el municipio de Ciudad Bolívar en donde fue capturado en flagrancia un hombre que portaba una mini uzi y munición calibre 9 milímetros, quien al parecer sería integrante del grupo delincuencial organizado Carne Rancia.
Los magistrados del Consejo Nacional Electoral Álvaro Echeverry, Fabiola Márquez y Alba Lucía Velásquez radicaron una ponencia planteando a dicho organismo la posibilidad de permitirle a Daniel Quintero participar en la consulta presidencial de la izquierda ‘Frente por la vida’ prevista para el próximo 8 de marzo.La discusión en el caso del exalcalde de Medellín ha estado centrada en que no podría estar en dicha consulta pues ya participó y perdió en la consulta del Pacto Histórico del pasado 26 de octubre; la misma que dio por ganador a Iván Cepeda.Y aunque Quintero ha insistido en que había renunciado antes dentro de los tiempos establecidos, la Registraduría dijo, por ejemplo, que la salida del mismo no podía hacerse de manera personal, sino oficializarla el partido que lo había registrado.En medio de esto, la ponencia conocida este martes plantea que Quintero no participó jurídicamente en la consulta del 26 de octubre de 2025 y no está impedido para que pueda inscribirse en la nueva jornada.Dice la ponencia que la sola aparición del nombre de un ciudadano en un proceso consultivo no equivale, por sí misma, a una participación política válida, si no coincidente elementos como la voluntad expresa, la aceptación de un aval y la permanencia efectiva en el mecanismo de selección interna.“Cualquier interpretación en sentido contrario supondría equiparar una habilitación formal y transitoria con una participación política efectiva, desnaturalizando la finalidad y el alcance jurídico de las consultas partidistas como mecanismos de democracia interna”, dice la ponencia.Cabe recordar que en septiembre del año pasado, el CNE aprobó reconocer la personería de Pacto autorizando la fusión del Polo Democrático Alternativo, Unión Patriótica y Partido Comunista Colombiano, pero condicionó su entrada en vigencia a que primero terminaran las investigaciones contra los otros partidos interesados en sumarse: Progresistas, Colombia Humana y el movimiento Minga Indígena Social y Popular.Ante eso, el Pacto buscó revertir la decisión con una tutela, que fue aceptada para estudio y esto permitió, vía medida cautelar, la inscripción de Quintero como precandidato, pero por esa misma condición, dicen los magistrados, que fue un registro provisional y como esa tutela finalmente fue negada, desaparece la decisión judicial que había permitido la inscripción.“Sin embargo, una vez dicha acción constitucional fue declarada improcedente y quedó en evidencia la ausencia de firmeza del acto administrativo que otorgaba la personería jurídica al Movimiento Político Pacto Histórico, el presupuesto jurídico que habilitó la inscripción inicial perdió sustento, lo que condujo a una reconfiguración del mecanismo de consulta, ahora bajo el aval exclusivo del Partido Polo Democrático Alternativo”, agrega la ponencia.En esa línea, la ponencia reseña además que, al momento de la consulta del 26 de octubre de 2025, el Pacto Histórico no contaba con personería jurídica en firme, solo condicionada, lo que le impedía jurídicamente convocar una consulta válida y otorgar avales con efectos plenos.Otro punto clave de la ponencia fue la renuncia expresa y previa de Daniel Quintero a participar en cualquier consulta que no correspondiera al Pacto Histórico unificado. Los magistrados resaltan que Quintero negó de manera clara y oportuna haber aceptado aval alguno de partidos como el Polo Democrático, la Unión Patriótica o el Partido Comunista, y que comunicó formalmente su retiro antes de la jornada electoral.Esta posición quedó reflejada en el acta final de escrutinio del Polo Democrático, donde se dejó constancia de que su renuncia fue aceptada antes del 26 de octubre y que los votos eventualmente marcados a su favor serían considerados como inexistentes. Para la comisión, este documento confirma que no hubo participación efectiva ni incidencia jurídica en la consulta.“Esta manifestación inequívoca de voluntad excluye, desde el punto de vista jurídico, la posibilidad de entender configurada una participación efectiva en la consulta, en la medida en que desaparece uno de los elementos esenciales del mecanismo: la decisión libre y consciente de someterse al proceso de selección interna y a su resultado. La ausencia de aceptación del aval y la negación expresa de la inscripción impiden atribuir al ciudadano la condición de participante del referido mecanismo democrático”, amplió la ponencia.Teniendo en cuenta la posición de los magistrados frente a la situación del Pacto Histórico y la renuncia de Quintero, estos emiten también un cuestionamiento al rol de la Registraduría al no aceptar la inscripción en la nueva consulta.Dice la ponencia que esta entidad interpretó de manera excesiva de sus funciones y se habría extralimitado en sus competencias.“.... la facultad de rechazo prevista en la ley a favor de la Registraduría se encuentra estrictamente delimitada al trámite de inscripción de candidaturas a cargos de elección popular, esto es, a una fase posterior y distinta a la de las consultas. (...) En ningún caso habilita a la Registraduría para intervenir en la definición de quiénes participan como precandidatos en una consulta, ni para atribuir efectos jurídicos definitivos a situaciones provisionales o inexistentes”, explicó la ponencia.Frente al argumento de que su nombre apareció en el tarjetón, los magistrados sostienen que dicha circunstancia obedeció a razones logísticas y de economía administrativa, y que no puede interpretarse como prueba de voluntad política ni de participación jurídica.Asimismo, el CNE le recordó a la Registraduría tiene un rol técnico y reglado, limitado a la verificación formal de requisitos, y que no está facultada para crear consecuencias jurídicas a partir de inscripciones provisionales o de hechos carentes de eficacia legal.“...se encuentra demostrado que las circunstancias que rodearon la inscripción transitoria del ciudadano Quintero Calle no pueden ser interpretadas como una renuncia, desistimiento o agotamiento del derecho fundamental a ser elegido, consagrado en el artículo 40 de la Constitución Política, ni como la materialización de una participación excluyente que le impida concurrir a un nuevo mecanismo de consulta. Por el contrario, cualquier interpretación en ese sentido implicaría desconocer el carácter fundamental del derecho a elegir y ser elegido, así como su aplicación preferente y expansiva dentro del orden constitucional colombiano”, puntualizó la ponencia.Ahora la decisión final estará en manos de la la Sala Plena del CNE, que deberá acoger o no la ponencia, con una mayoría de 6 votos a favor.
Mientras Colombia cerró 2025 como el año con la mayor crisis humanitaria de las últimas dos décadas, los territorios más golpeados por el conflicto armado continúan registrando avances en la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad.Así lo señala el V Informe del Comité de Seguimiento y Monitoreo a las Recomendaciones del Informe Final de la Comisión de la Verdad, presentado este jueves 30 de enero en Bogotá.De acuerdo con el Comité, 2025 dejó la cifra más alta de desplazamientos forzados en los últimos 18 años y más de un millón de personas confinadas por la acción de grupos armados, lo que triplicó los registros del año anterior.Para la presidenta del Comité, Julia Eva Cogollo, esta situación se explica por el traslape entre los territorios priorizados por los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y las zonas donde se ha incrementado la presencia de actores armados.Según explicó, este contexto ha llevado al Gobierno a focalizar la implementación de políticas públicas en las regiones más afectadas como una forma de mitigar el impacto humanitario. Sin embargo, el Comité advierte que la persistencia de la violencia sigue siendo un obstáculo para que las comunidades puedan ejercer plenamente sus derechos.Entre los principales avances, el informe destaca la reducción del Índice de Pobreza Multidimensional en las zonas PDET, que pasó de 39,8 % en 2018 a 23,7 % en 2023, aunque en 2024 se ubicó en 24,4 %. También resalta el fortalecimiento de iniciativas de acceso a tierras y proyectos productivos liderados por mujeres. Regiones como Montes de María, la Costa Pacífica, el norte del Cauca y el sur de Bolívar concentran avances relevantes, aunque, según el Comité, estas mismas zonas enfrentan altos niveles de riesgo por la violencia armada.De cara al escenario electoral y a la llegada de nuevos gobiernos, el Comité considera que la política PDET se encuentra blindada tras su ampliación hasta 2034. No obstante, advierte riesgos si en la actualización de los planes de acción no se incorporan las 220 recomendaciones de la Comisión de la Verdad.Frente a la continuidad de la transformación rural, la presidenta del Comité envió un mensaje directo a los próximos gobiernos y a los candidatos. “El primer mensaje que queremos enviar es a los candidatos. Uno, que saquen la violencia de la política, por favor. Y el segundo que le queremos incluir es que incluyan las recomendaciones en sus programas de gobierno y posteriormente en el plan de desarrollo”, afirmó.Finalmente, Cogollo advirtió que el mayor riesgo para la no repetición en Colombia sigue siendo la combinación entre la violencia armada y la crisis humanitaria. “El mayor riesgo que tenemos es la presencia alta de actores armados y la crisis humanitaria. Y el desbalance que hay realmente en la presencia de actores armados versus implementación de políticas públicas que no garantizan el gozo efectivo de los derechos”, concluyó.
En diálogo con Blu Radio, el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), José Luis Caballero, expresó su preocupación por los riesgos que enfrenta la democracia en Colombia en medio del contexto preelectoral, especialmente por la persistencia de la violencia armada y la exclusión social que, según advirtió, siguen afectando al país.“Nos preocupa la presencia de grupos armados no estatales desde hace mucho tiempo. Hemos advertido el esfuerzo del Acuerdo de Paz de 2016; hemos instado también, en una recomendación, a que se retome el diálogo con otros grupos armados no estatales. Es decir, es una observación que tenemos desde hace mucho tiempo”.“La coyuntura electoral debe trascenderse con paz, con diálogo, con serenidad, con las condiciones que alejen la violencia electoral, pero la perspectiva de que no haya violencia es una condición que la Comisión ha advertido en todos los mecanismos desplegados con Colombia”, añadió.En cuanto al futuro de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Caballero sostuvo que debe ser fortalecida.“Tiene que tener recursos suficientes, tiene que poder desplegar con mayor claridad su trabajo. Yo creo que ha hecho esfuerzos muy importantes; nos hemos reunido para conocer las primeras sentencias, estamos en un diálogo muy franco con la Jurisdicción Especial para la Paz y pienso que tiene que tener mucha mayor fortaleza para cumplir con su mandato”.Frente a los señalamientos de algunos sectores sobre posibles afectaciones a la libertad de expresión durante el gobierno de Gustavo Petro, el presidente de la CIDH indicó que la principal preocupación del organismo es que se garantice la libertad de expresión.“Lo que a la Comisión le preocupa es que se garantice la libertad de expresión, que se proteja la labor de los periodistas, que no se les estigmatice. La Comisión ha reconocido desde muchos años, desde épocas muy incipientes, que el periodismo es una labor fundamental para el ejercicio de la libertad de expresión, que es una piedra angular de la democracia; entonces, yo creo que los periodistas merecen respeto y merecen cumplir con su trabajo”.Sobre el asesinato de líderes sociales, que en el último año superó los 180 casos, el presidente de la CIDH fue enfático: “Tienen que proteger a los defensores y a las defensoras, tienen que proteger a los liderazgos sociales. Nosotros se lo hemos expresado mucho al Estado colombiano; es una obligación que tienen que atender con mayor prestancia”.Además, señaló que “estamos también con medidas de protección, medidas cautelares para defensores y líderes sociales. Esto es una cuestión que a la Comisión le preocupa mucho y yo creo que el Estado tiene que estar al frente con esa protección”.
El coronel (r) Juan Carlos Figueroa Suárez, excomandante del Batallón La Popa, aceptó su responsabilidad ante la JEP por falsos positivos, cometidos entre 2004 y 2005 en Valledupar.La decisión se produjo luego de la imputación formulada por la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), que documentó 24 hechos que dejaron al menos 38 personas asesinadas, entre ellas 11 víctimas de desaparición forzada y 9 casos de tortura.Durante la diligencia, Figueroa reconoció su responsabilidad por omisión, al admitir que no identificó ni detuvo a tiempo las acciones criminales cometidas por sus subalternos.“Acepto la responsabilidad en la omisión de no saber que mis subalternos estaban asesinando civiles, que las operaciones militares que siempre ordené a la luz de la Constitución Nacional, de las leyes de Colombia, de la doctrina militar, de la ley militar, del derecho internacional de conflictos armados”.Según la acusación de la UIA, los hechos respondieron a tres modalidades. La primera se caracterizó por asesinatos y desapariciones de personas que luego eran presentadas como supuestos resultados operacionales.La segunda modalidad correspondió a homicidios de civiles que algunos integrantes de los pelotones identificaban de manera arbitraria como “objetivos militares ilícitos”, para hacerlos pasar como miembros de grupos armados ilegales.La tercera estuvo marcada por el asesinato de combatientes que ya habían depuesto las armas o que se encontraban heridos tras enfrentamientos legítimos con tropas del batallón.En su declaración, Figueroa sostuvo que durante su mando no identificó el riesgo específico de los falsos positivos y aseguró que esto solo fue reconocido de manera general en la Fuerza Pública a partir de 2007, cuando estallaron los escándalos a nivel nacional.“Ese riesgo operacional no fue contemplado bajo mi mando porque los riesgos operacionales que para esa época se tenían eran el robo de armamento, robo de municiones, robo de equipo militar, infiltrados, penetrados, las nóminas paralelas, tráfico de información, miembros que posiblemente podían estar en concierto para delinquir con organizaciones armadas al margen de la ley”, afirmó.Con la aceptación de responsabilidad, el proceso ya no continuará por la vía del juicio adversarial. Ahora, la JEP aplicará la ruta de reconocimiento tardío, que contempla la realización de una audiencia restaurativa. Esta diligencia fue programada para el 24 de marzo a las 9:00 de la mañana, espacio en el que se abordarán las medidas de reparación y reconocimiento a las víctimas.Posteriormente, el tribunal deberá imponer una sanción alternativa, que implica entre 5 y 8 años de cárcel.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) concluyó que los 11 militares que reconocieron su responsabilidad por falsos positivos ocurridos entre 2007 y 2008 en Norte de Santander, cumplen las condiciones para recibir una sanción restaurativa.Según las investigaciones de la JEP, durante este periodo en el Catatumbo, hubo al menos 120 casos de falsos positivos, además de un intento de homicidio.Sin embargo, al analizar los hechos, el tribunal decidió imputar nuevos delitos a varios de los comparecientes. En ese sentido, 8 de los 11 militares serán sentenciados por el crimen de esclavitud.“La sección determinó que al menos 29 personas fueron víctimas del crimen de esclavitud en el marco de la segunda modalidad del patrón macrocriminal, al comprobarse el ejercicio de atributos propios del derecho de propiedad sobre ellas. En particular, este crimen se cometió a partir de la colaboración de organizaciones criminales y terceros reclutadores, quienes, en articulación con integrantes de unidades militares y a cambio de una remuneración económica, conseguían civiles indefensos y los entregaban a los militares para hacerlos pasar por supuestas bajas en combate”, explicó la JEP.¿Quiénes son los imputados?Los militares imputados por este delito, en calidad de coautores, son Rubén Darío Castro Gómez, Gabriel de Jesús Rincón Amado, Néstor Guillermo Gutiérrez Salazar, Álvaro Diego Tamayo Hoyos, Juan Carlos Chaparro Chaparro, Sandro Mauricio Pérez Contreras y Alexander Carretero Díaz.Además, la JEP imputó el delito de esclavitud por omisión a Paulino Coronado Gámez, general (r) del Ejército y comandante de la Brigada 30 ubicada en Cúcuta para la época de los hechos. La JEP consideró que, desde su posición de mando, permitió que estas conductas ocurrieran sin adoptar medidas para impedirlas.Adicionalmente, los militares Santiago Herrera Fajardo, Daladier Rivera Jácome, Juan Carlos Chaparro Chaparro y Sandro Mauricio Pérez Contreras fueron imputados por el crimen de guerra de tortura, en relación con hechos asociados a tres víctimas.“Para adoptar esta decisión, la sección tuvo en cuenta los relatos entregados por las víctimas y sus familiares en el proceso judicial”, aseguró la JEP.El proceso continuará con la audiencia pública de verificación, en la que se confirmará si los militares cumplen con sus compromisos de verdad y reparación. Superada esta etapa, la JEP emitirá la sentencia que definirá de manera definitiva su situación jurídica.
En su pronunciamiento, la Defensoría del Pueblo cuestionó el manejo que desde el Gobierno se le ha dado a la crisis del sistema de salud y pidió reconocer la magnitud de las afectaciones que hoy enfrentan millones de usuarios, especialmente los afiliados a la Nueva EPS.“Pedimos a @MinSaludCol mejorar los canales de comunicación y, especialmente, dejar de lado declaraciones indolentes que pongan en duda el deber del Gobierno de garantizar los derechos humanos en igualdad para todas las personas. La falta de empatía con la angustia de quienes están al frente de la atención y deben lidiar diariamente con el sufrimiento de las personas es inadmisible y preocupante. Deja el mensaje de que las autoridades no harán nada para resolverlo. Sin embargo, hacerlo es su deber”.La Defensoría aseguró que, ante la creciente vulneración del derecho a la salud, ha participado en lo que va del año en múltiples mesas interinstitucionales con EPS, hospitales, gestores farmacéuticos, usuarios y pacientes.Estos espacios, según explicaron, han buscado garantizar la atención de casos prioritarios y críticos, avanzar en la entrega pendiente de medicamentos y avanzar en compromisos relacionados con la estabilización de pagos y la conformación de redes de prestación de servicios suficientes y operativas.No obstante, el organismo advirtió que el panorama es crítico para los afiliados de la Nueva EPS, “entidad que enfrenta una situación financiera muy delicada”. Para la Defensoría, esta medida no solo profundiza la crisis de la EPS, sino que termina afectando directamente a hospitales, clínicas y dispensarios, que enfrentan dificultades para sostener la atención y la operación diaria.Aunque la problemática se extiende a todo el país, la Defensoría alertó de manera particular sobre la situación en Boyacá, Huila, Antioquia, Valle del Cauca, Santander, San Andrés y Providencia y Tolima, donde las afectaciones al derecho a la salud se estarían profundizando.
Blu Radio tuvo acceso a un documento de inteligencia de autoridades en Colombia que da evidencia no solo de la existencia de la llamada ‘Nueva Junta del Narcotráfico’, sino de toda su estructura que delinque bajo un esquema asociativo horizontal.Según el documento, esta estructura, que en el pasado operó como una poderosa mafia ya extinta, ha resurgido bajo un esquema sofisticado, integrando a viejos capos reincidentes, sectores vinculados con las esmeraldas, ganaderos y nuevas generaciones de delincuentes nacionales y extranjeros. El informe describe que este entramado no solo busca controlar la producción de cocaína en Colombia, sino también articular alianzas con mafias internacionales para garantizar la expansión de sus negocios y el flujo de armas.Entre enero y agosto de 2025, las autoridades han capturado a 20 narcotraficantes extranjeros en territorio colombiano, varios de ellos asociados al Cartel de los Balcanes y a la mafia italiana ‘Ndrangheta, lo que evidencia la consolidación de un “portafolio criminal” con nuevos mecanismos como el uso de criptomonedas para mover dinero y expandir redes.“Estos capos, especialmente de mafias europeas, evidenciarían nuevos portafolios criminales y movimiento en criptomonedas. Mafias internacionales garantizarían la demanda y expansión del mercado, así como la interconexión con centros financieros, disponibilidad de armas y tecnologías”, indica el informe de inteligencia.Estas estructuras han extendido sus tentáculos a ciudades clave como Medellín, Bogotá, Cali, Cartagena, Barranquilla y Pasto, donde se han detectado contactos directos con redes de Europa.El alcance de la Junta trasciende América Latina. Grupos logísticos dominicanos y ecuatorianos han asumido el papel de compradores directos, creando rutas hacia la península balcánica, Oceanía y Medio Oriente, mientras que el Clan del Golfo articula buena parte de la cooperación criminal para abastecer de cocaína al continente europeo. Las capturas en Abu Dabi de alias ‘El Gerente’, un ecuatoriano vinculado a los Comandos de Frontera, y del albanés Dritan Gjika, confirmaron la magnitud de estas conexiones.Los carteles mexicanos mantienen un rol determinante en la ‘Nueva Junta del Narcotráfico’, el Cártel de Sinaloa controla la compra de cocaína en la frontera del Catatumbo, mientras que el Jalisco Nueva Generación ha instalado redes en Putumayo y Nariño para enviar cargamentos a Estados Unidos. En paralelo, Bogotá, Cali y Medellín se consolidan como centros urbanos estratégicos para la articulación de operaciones internacionales.La violencia sigue siendo el combustible de esta reconfiguración criminal, el informe describe como extraditados reincidentes y exjefes de bandas en el Valle y el Eje Cafetero han conformado nuevas oficinas de sicariato, como La Alianza y Rastrojos Nueva Generación, encargadas de ajustes de cuentas, recuperación de bienes y control de rentas ilícitas. De igual forma, las autoridades han identificado negocios de trueque de cocaína por armas en regiones como Amazonas, Vichada y Chocó, con carteles mexicanos y organizaciones ecuatorianas como principales proveedores.El impacto de esta recomposición se refleja en el terreno, teniendo en cuenta que según describe el documento, el 32 % de las acciones armadas en 2025 se han concentrado en 60 municipios con más de mil hectáreas de coca, escenarios donde además se han registrado 112 enfrentamientos entre bandas. Todo esto confirma, indica el informe conocido por este medio, que la ‘Junta del Narcotráfico’ delinque como un consejo criminal global, en el que confluyen capos nacionales, redes europeas y carteles mexicanos, reciclándose en nuevas generaciones pero manteniendo intacta su capacidad de violencia y corrupción.
El subteniente Miguel Ángel Mejía Gutiérrez, uno de los soldados que resultó gravemente herido luego de que los quemaran vivos en zona rural de Villagarzón, Putumayo, ya está en el Hospital Militar Central de Bogotá.El traslado se dio en la tarde de este viernes con apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana luego de que en un primer intento, el pasado miércoles, no se lograra su evacuación por problemas en la conexión con el ventilador del avión medicalizado.El subteniente Mejía Gutiérrez, según informó el hospital, permanece en la Unidad de Cuidado Intensivo, en estado crítico, con pronóstico reservado y bajo estricta observación.Mejía es quién está más grave luego del vil ataque con gasolina del que blanco él y otro compañero cuando terminaban una operación de destrucción de laboratorios de cocaína en zona rural de Villagarzón, Putumayo.Allí, campesinos instrumentalizados por las disidencias ‘Comandos de Frontera’ según varias denuncias, rociaron gasolina contra los militares y luego les encendieron fuego.El otro militar que resultó herido de manera directa fue el soldado profesional Sebastián Díaz Amaya y el soldado Daniel Fierro Rubiano, también tiene quemaduras provocadas cuando intentó auxiliar a sus compañeros.Ambos, según el hospital, han presentado evolución satisfactoria y están hospitalizados, en condiciones clínicas estables bajo supervisión médica permanente.
Dos soldados profesionales fueron asesinados en medio de combates que el Ejército sostuvo en la tarde de este jueves, 4 de septiembre, contra las disidencias en el departamento de Cauca.La confrontación se dio puntualmente en la vereda Cascadas del municipio Sucre entre militares del batallón de Alta Montaña y miembros de las disidencias ‘Carlos Patiño’ que tienen alta injerencia en la zona.Las víctimas fueron identificadas como Jaduer Córdoba Ruiz, José Puchaina Barliza y de acuerdo con la información preliminar, se solicitó el apoyo aéreo para su evacuación de la zona.Allí, persisten las operaciones en contra de esta estructura que se ha convertido en uno de los grupos ilegales con mayor control de la región con su poder sobre las rutas del narcotráfico y la confrontación con otros grupos ilegales.Justamente esa facción es la responsable del atentado con explosivos contra la estación de Policía del corregimiento de Piedra Sentada en El Patía, donde murió el subintendente Jeiner Lucumí Caracas.En los últimos días, por ejemplo, se entregaron a las autoridades los cabecillas disidentes alias ‘Kevin’ y alias ‘Giovanni’, luego de que el máximo jefe de las disidencias de las Farc, alias ‘Iván Mordisco’ ordenara asesinarlos por la pérdida de un cargamento de cocaína.La entrega de ambos jefes criminales marca un giro en el control del frente ‘Carlos Patiño’, debilitando una de las estructuras más violentas en el suroccidente del país. Las autoridades sostienen que la orden de asesinato impartida por ‘Iván Mordisco’ evidencia fracturas internas en las disidencias, donde la pérdida de cargamentos de droga se paga con la vida y los cabecillas optan por entregarse antes de ser ejecutados por sus propios compañeros.
Un oficial y un soldado profesional, integrantes de la Brigada 27 del Ejército, resultaron gravemente heridos luego de que civiles les rociaron combustible y les prendieron fuego en la vereda Siloé de Villagarzón, Putumayo.El grave ataque se dio en medio de operaciones contra laboratorios de procesamiento de droga que la comunidad pretendió detener.“Nuestro subteniente, quien presenta quemaduras en el 75 % de su cuerpo en tercer grado, y nuestro soldado profesional, quien presenta quemaduras en aproximadamente el 30%, están fuera de peligro. Son atendidos en una clínica en Florencia, y estamos haciendo las gestiones para evacuarlos hacia Bogotá y atenderlos en nuestro hospital militar”, contó el general Erick Rodríguez, segundo comandante del Ejército Nacional.Uno de los agravantes, según denunció la Defensoría, es que este hecho habría sido cometido por civiles amenazados por las disidencias Comandos de la Frontera, que hacen parte de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, un grupo en conversación de paz con el Gobierno.En esa medida, la Defensoría además de expresar su solidaridad con los heridos, planteó la necesidad de suspender los diálogos con el grupo ilegal asegurando que el constreñimiento a civiles va en contra de los principios de buena fe, humanidad y compromiso con el desescalamiento de la violencia.“En la medida en que el grupo armado ilegal adelanta una mesa de diálogo de paz con el Gobierno nacional, hemos pedido al Gobierno hacer un alto en el proceso hasta no lograr un compromiso del grupo armado de repudio de estos hechos y compromisos de no repetición”, agregaron en el comunicado.Por su parte, el Ministerio de Defensa Nacional ofreció una recompensa de hasta $200 millones para ubicar a los dos responsables.“Estas dos personas incurrieron en delitos, entre muchos otros, tentativa de homicidio, lesiones personales, violencia contra servidor público y concierto para delinquir. No podemos permitir que mientras las tropas se arriesgan y cumplen la misión constitucional para garantizar la estabilidad, la seguridad y la paz en las regiones más afectadas del país, nuestros soldados sean atacados de esta manera y que haya participación de la población civil en ello”, puntualizó Rodríguez.
El mayor general (r) de la Policía Nacional, Luis Mendieta Ovalle, afirmó que el modelo de sanciones propias definido en la JEP terminó priorizando la financiación de los exintegrantes de las Farc y no a las víctimas del conflicto.“En este momento lo que está desfinanciado es el presupuesto que prácticamente el Estado y todas las entidades le iban a dar a las Farc para el pago de las sentencias propias. Aquí en ningún momento es reparación a las víctimas”, señaló.Mendieta sostuvo que, desde la firma del acuerdo de paz, las víctimas han sido relegadas en la implementación.También cuestionó los llamados trabajos, obras y actividades restaurativas. “Fuimos enfáticos en que no estábamos de acuerdo con esas sanciones propias y menos con todos los recursos que les iban a dar a los integrantes de la Farc para aplicar en los famosos TOAR, (…) que en nuestro sentido de restaurativas no tenían absolutamente nada, sino que eran presupuestos que iban a destinar para que los integrantes de la Farc en esos cuatro ejes centrales tuvieran burocracia y tuvieran contratos”, dijo.Según el general en retiro, distintas entidades del Estado han concentrado su acción en los comparecientes y no en las víctimas. “Aquí únicamente todas las entidades están teniendo en cuenta a los victimarios y las víctimas que la Farc ocasionaron no se les ha tenido en cuenta”, advirtió, al tiempo que recordó que el informe de la Contraloría confirma denuncias previas.En la misma línea, Sebastián Velázquez, representante legal de la Federación Colombiana de Víctimas de las Farc, explicó que el inventario inicial presentado por las Farc “por un monto de un billón de pesos no se concreta” y que, finalmente, “al fondo de reparación para las víctimas solamente llega un oro avaluado aproximadamente en 40.000 millones”.Velázquez detalló que, a partir de investigaciones y expedientes judiciales, identificaron bienes no reportados. “Encontramos un expediente por unos bienes y un testaferrato por 100.000 millones de pesos”, el cual fue solicitado para que se incorporara al Caso 01 de la JEP.Agregó que, con base en informes de inteligencia conocidos como informe Génesis, se realizó una tasación de recursos ocultos que “llegaba a 13.5 billones”.Sin embargo, aseguró que los incidentes de incumplimiento presentados no han sido estudiados de fondo: “La JEP ha sido temeraria con la representación judicial, porque, en vez de investigar, nos ha inadmitido de plano y le ha dicho a la representación judicial que sea muy consciente de qué está radicando en contra”, lo que calificó como “un constreñimiento a la representación judicial”.Finalmente, Velázquez cuestionó que el Estado haya asumido la carga principal de la reparación y advirtió que las sanciones propias hoy están desfinanciadas.“Yo no sé en qué momento eso cambió, porque la prioridad y el responsable no es el Estado (...) Yo creo que ellos no tienen ahorita ni 50.000 millones para para empezar a ejecutar esas dos sentencias”, concluyó.Las víctimas advirtieron que la situación requiere “un revolcón total” al modelo actual de reparación y una revisión del marco legal, que, según señalaron, deberá ser asumida por “un nuevo Gobierno y un nuevo Congreso”.
El delegado de la Conferencia Episcopal para las relaciones Iglesia-Estado, Monseñor Hector Fabio Henao, alertó sobre las afectaciones humanitarias que enfrentan comunidades rurales del Guaviare tras los enfrentamientos por la disputa territorial entre disidencias de alias ‘Calarcá’ y alias ‘Mordisco’ registrados en la vereda Cubay, del municipio de El Retorno, en Guaviare.Según Monseñor, la violencia ha generado un clima de temor que limita la movilidad de la población y agrava la situación de niños, niñas y adolescentes que permanecen sin acceso a la educación.“El año pasado hubo clases solamente el primer semestre. Después, las amenazas a los profesores, y en el segundo semestre no hubo clases. Claro, hubo la propuesta de suplantar esto con actividades virtuales, pero muchos niños en sus casas no tienen acceso”, afirmó el delegado.A esta problemática se suma que el Programa de Alimentación Escolar (PAE) no ha podido funcionar debido a las restricciones de seguridad.Monseñor, señaló además que una parte de la población rural evita desplazarse: “Hay una franja de población que no se atreve a salir de las veredas, porque tiene temor de pasar por ciertos registros o retenes que se establezcan, y tiene que dar muchas explicaciones, pero, en general, ha quedado una zozobra muy grande”, afirmó.El representante señaló que existía una alta expectativa entre los padres de familia por el posible retorno de las clases, pero “estas circunstancias que se están viviendo en el momento presente, como dijo, dan mucha incertidumbre, no hay una definitiva todavía”.Indicó que, aunque aún no hay decisiones definitivas, es necesario que “desde el Ministerio de Educación hasta las autoridades más territoriales en el municipio del Retorno, se acerquen a la situación y miren cómo serían las alternativas”.Finalmente, Monseñor Henao hizo un llamado a enfocarse “en una población particularmente vulnerable”.
La Defensoría del Pueblo emitió la alerta temprana 001 de 2026 para los municipios de Belén de Umbría, Mistrató y Pueblo Rico, tras identificar un riesgo alto por “graves violaciones de los derechos fundamentales a la vida, integridad y movilidad e infracciones al derecho internacional humanitario”.Según la entidad, el deterioro de la seguridad se debe a las pretensiones de consolidación territorial de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional y a la expansión del Ejército Gaitanista de Colombia, conocido como Clan del Golfo.En el caso del ELN, la alerta señala la actuación de su Frente Manuel Hernández 'El Boche' en Mistrató y Pueblo Rico, mientras que el EGC estaría incursionando en los tres municipios a través de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle.La Defensoría explica que la presencia simultánea de estos actores armados ilegales responde al interés por controlar corredores estratégicos que comunican a Risaralda con Chocó, Antioquia, Caldas y Valle del Cauca, zonas clave para el fortalecimiento de sus estructuras y para el dominio de economías ilícitas, especialmente aquellas asociadas a actividades mineras en la región.El informe advierte que esta competencia territorial podría intensificar la violencia en el corto plazo y afectar de manera particular a niñas, niños, adolescentes y jóvenes en riesgo de reclutamiento forzado; a lideresas y líderes sociales; a mujeres; autoridades locales; comunidades campesinas y pueblos étnicos, entre ellos los indígenas Embera Chami y Embera Katío. También se señala un riesgo específico para los firmantes del Acuerdo de Paz que permanecen en estos territorios.La entidad identificó afectaciones en más de 50 veredas, barrios urbanos, resguardos indígenas y consejos comunitarios de los tres municipios. En estas zonas, los grupos armados imponen normas de conducta, profieren amenazas y han provocado desplazamientos forzados y confinamientos.La Defensoría también alertó sobre el incremento de homicidios. En 2023 se registraron 15 homicidios y en 2024 otros 14 en Belén de Umbría, Mistrató y Pueblo Rico, mientras que en 2025 la cifra ascendió a 39 casos, lo que representa un incremento del 34,48 % frente al total de los dos años anteriores.Ante este panorama, la Defensoría hizo un llamado urgente para que las autoridades del orden nacional, departamental y municipal implementen los deberes de reacción rapida bajo la perspectiva de derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario.
La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla emitió sentencia condenatoria contra el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso Gómez por su responsabilidad en 117 hechos delictivos cometidos contra la población indígena wayúu y otras comunidades del departamento de La Guajira.De acuerdo con la decisión judicial, los crímenes fueron ejecutados entre los años 2002 y 2006 por integrantes del autodenominado Frente Contrainsurgencia Wayúu, una estructura armada adscrita al Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que actuó siguiendo los lineamientos definidos por sus máximos cabecillas, entre ellos Mancuso. Durante ese periodo, el grupo ilegal perpetró homicidios, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, hechos de violencia basada en género y otras graves conductas ilícitas contra la población civil.La sentencia atribuyó de manera específica la incursión armada a la ranchería Manaki, ubicada en el municipio de Uribia, ocurrida el 10 de octubre de 2003. En ese hecho, varios indígenas wayúu fueron golpeados y sometidos a maltratos durante aproximadamente cuatro horas. Además, los hombres armados destruyeron y se apropiaron de bienes simbólicos de la cultura wayúu, como chinchorros, mochilas, sombreros y mantas bordadas, elementos que constituían el sustento económico y cultural de las familias afectadas.Asimismo, el tribunal estableció la responsabilidad del Frente Contrainsurgencia Wayúu en el homicidio de dos indígenas ocurrido el 17 de marzo de 2002 en la ranchería Kepischon, también en jurisdicción de Uribia. Estos hechos, junto con otros documentados en el proceso, evidenciaron un patrón de violencia sistemática contra comunidades indígenas en distintas zonas del departamento.Según lo probado en el proceso, el Frente Contrainsurgencia Wayúu fue creado en marzo de 2002 y, en sus inicios, contó con aproximadamente 150 integrantes. Esta estructura permitió a las AUC ampliar su presencia y accionar armado hacia sectores de La Guajira y la Sierra Nevada de Santa Marta, con el objetivo de consolidar el control territorial.En su decisión, la Sala de Justicia y Paz reconoció como sujetos de reparación colectiva a las comunidades indígenas wayúu asentadas en las regiones de Carraipia, Majayura y Malaki, en el municipio de Uribia, así como a la comunidad de Matitas, en Riohacha. El tribunal concluyó que estas poblaciones fueron afectadas de manera directa y reiterada por el accionar del grupo paramilitar.Por estos hechos, Salvatore Mancuso Gómez fue condenado a una pena de 40 años de prisión, al pago de una multa equivalente a 30.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes y a la inhabilidad para ejercer cargos públicos por el mismo periodo. No obstante, en aplicación de los beneficios previstos en la Ley 975 de 2005, conocida como Ley de Justicia y Paz, la sentencia contempla una pena alternativa de ocho años de prisión, condicionada al cumplimiento de las obligaciones de verdad, reparación y no repetición establecidas en el fallo.
El cabecilla de la guerrilla del ELN, alias 'Antonio García', aseguró a la agencia a AFP que respalda la propuesta de unificar a las guerrillas del país para combatir a Estados Unidos, luego de amenazas de ataques terrestres de Donald Trump contra narcotraficantes.Si se trata de una iniciativa "para defender la Patria contra el agresor extranjero", "nos encontraremos en la lucha", dijo García en un intercambio de correspondencia electrónica con la AFP.La semana pasada el criminal más buscado de Colombia, Néstor Gregorio Vera, alias 'Iván Mordisco', propuso la unión con ELN tras el ataque de EE.UU. en Venezuela en el que fue capturado el presidente Nicolás Maduro."Los convocamos, con necesidad imperiosa, a una cumbre de comandantes insurgentes de Colombia y toda nuestra América. Basta de intervenciones militares (...) de dominación cultural, que cese toda forma de agresión imperialista", expresó Iván Mordisco en un video publicado en redes sociales.El jefe del EMC, por el que el Gobierno colombiano ofrece una recompensa de 5.000 millones de pesos (unos 1,3 millones de dólares), invitó a la cumbre a los comandantes de la Segunda Marquetalia y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), que son otras dos disidencias, y al ELN, que opera principalmente en la frontera colombo-venezolana."Ante ustedes dejamos esta propuesta, no somos fuerzas dispersas, somos herederos de una misma causa (...) Forjemos el gran bloque insurgente que hará retroceder a los enemigos de la patria grande", expresó el jefe del EMC.En ese sentido, resaltó que aunque "existen diferencias heredadas del pasado", hoy enfrentan "al mismo enemigo, la sombra del águila intervencionista se cierne sobre todos por igual"."Los convocamos a dejar a un lado estas diferencias, ya habrá momento para sentarnos en camaradería para discutir estos desencuentros", manifestó y agregó: "El destino nos grita que es hora de juntarnos (...) en la trinchera común".Las disidencias de las FARC y el ELN tienen violentas disputas por el control territorial y el negocio de la coca en varias partes de Colombia, especialmente en la región del Catatumbo y el departamento de Arauca, ambos en zonas fronterizas con Venezuela.Tras la captura de Maduro el sábado pasado, el ELN saludó el llamado de autoridades venezolanas, como el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, a resistir tras el ataque de Estados Unidos."Saludamos los llamados de las autoridades venezolanas a resistir ante esta brutal intervención militar y a seguir defendiendo el legado de (el expresidente) Hugo Chávez", afirmó el Comando Central, máxima autoridad de mando de la guerrilla, en un comunicado publicado el domingo.Colombia y Venezuela comparten una frontera terrestre de 2.219 kilómetros que se extiende desde el Caribe hasta la Amazonía y que en su mayor parte son territorios despoblados.El ELN, incluido por Estados Unidos en su lista de organizaciones terroristas extranjeras y a la que el propio presidente colombiano, Gustavo Petro, acusa de haberse convertido en una banda narcotraficante, es el grupo armado con mayor poder en la frontera y por ende tiene una fuerte presencia en Venezuela.
El antiguo secretariado de las Farc ha apelado la sentencia de la JEP en el caso de secuestro. En uno de los puntos de la apelación, señalan que no van a utilizar los dispositivos electrónicos que la JEP quiere implementar para monitorear el cumplimiento de las sanciones, pues dicen que ese sistema se parece más al de la justicia ordinaria que al de la justicia transicional.Este punto ha generado polémica y rechazo en las víctimas. El general en retiro Luis Mendieta, quien estuvo secuestrado por 12 años, se refirió a las condiciones en las que estuvieron en cautiverio y cuestionó esta apelación de los exFarc.“Nos tuvieron encadenados, atados a árboles para comer y caminar en medio de la selva, y ahora les incomoda tener dispositivos. Reyezuelos con coronas de sangre”, dijo Mendieta.Otra de las reacciones llegó por parte de la candidata al Senado, Ingrid Betancourt, quien fue secuestrada en 2002 en el departamento del Caquetá.“Mientras ellos nos mantenían encadenados por el cuello a un árbol durante años, ahora les parece muy feo llevar estos dispositivos electrónicos para ser rastreados. Era con pérdida de libertad que tenían que condenarlos. Ahora quieren ser sus propios jueces. Nuestra justicia perdió autoridad por años de querer congraciarse con ellos. Esto no puede seguir así”, señala Betancourt.En la sentencia, los exFarc también dicen que la JEP está negando el carácter político de las Farc; además, niegan nuevamente el delito de esclavitud y piden a la jurisdicción tumbar esa imputación.Por su parte Sofia Gaviria Correa, presidenta de la Federación Colombiana de Víctimas de las Farc, Fevcol, aseguró que esta apelación era un “descaro”, de los comparecientes.“Las víctimas no podemos quedarnos calladas. Yo invito a los colombianos a que rechacemos esta indignación. El Pacto de La Habana es generoso para los victimarios y ha negado a las víctimas el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación. Todas las formas de lucha las están utilizando las Farc en este momento y esta es una prueba de que efectivamente pretenden negar la atrocidad que cometieron”, dijo Gaviria.