El abogado jurídico del Clan del Golfo aseguró que la suspensión temporal de los diálogos con el Gobierno nacional se produjo luego de las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que calificó como “supremamente graves” y como un incumplimiento de los acuerdos alcanzados en la mesa.Según Ricardo Giraldo, abogado contratado por el EGC para el proceso de paz total, las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, desconocieron un punto central del proceso: “El respeto por la identidad de las partes”.En ese sentido, recordó que existe una resolución del 5 de septiembre de 2025 mediante la cual el presidente de la República reconoce la autodenominación del grupo como Ejército Gaitanista de Colombia y no como Clan del Golfo.“Si están unos diálogos, unas conversaciones, unas negociaciones, como lo quieran llamar, para salir del conflicto, yo creo que lo más importante es el respeto a la identidad de las partes, como una primera medida. Entonces, eso fue lo primero que se incumplió”, afirmó el abogado.Giraldo cuestionó además que el grupo fuera señalado como un “cartel” y como el dueño del narcotráfico en Colombia.“Lo señala como el cartel del clan del golfo, como si ellos fuesen los dueños del narcotráfico en Colombia. Y en la mesa ha quedado demostrado que eso no es así, mis representados controlan el mercado, eso no lo puede negar nadie, pero de que sean los dueños, no”, añadió Giraldo.Finalmente, el abogado explicó que la decisión de suspender los diálogos fue adoptada de manera temporal e indefinida, sin establecer plazos para su reanudación, y que el levantamiento de la suspensión dependerá de la respuesta que entregue el Gobierno nacional frente a las declaraciones cuestionadas.Desde el Gobierno, el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, asegura que las órdenes de captura contra los principales líderes del Clan del Golfo se encuentran suspendidas, en el marco del espacio de conversación sociojurídica que adelanta el Gobierno nacional con ese grupo armado ilegal.“Desde el pasado diciembre, se encuentran suspendidas la ejecución de órdenes de captura de estos líderes conforme a lo establecido en la Resolución 274 de 2025 de la Presidencia de la República. Tanto la Fiscalía General de la Nación como el Ministerio de Defensa están informados de cada paso del proceso en el marco de la coordinación institucional correspondiente”, aseguran desde el comisionado en un comunicado.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) admitió de manera provisional la comparecencia de José Leonairo Dorado Gaviria, quien fue sargento viceprimero del Ejército Nacional y se desempeñó durante años en el área de inteligencia. Fue condenado en la justicia ordinaria por extorsión, al aprovechar información confidencial y apropiarse de 22 millones de pesos, y actualmente se encuentra privado de la libertad.En 2018, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) rechazó su sometimiento por considerar que la Jurisdicción no tenía competencia material sobre la conducta por la que fue condenado. Esa decisión fue confirmada por la Sección de Apelación, y en los años siguientes la SDSJ se mantuvo en lo ya resuelto, pese a nuevas solicitudes del compareciente para ingresar al sistema transicional.Con el paso del tiempo, Dorado Gaviria amplió sus aportes y afirmó tener conocimiento, e incluso participación, en múltiples hechos delictivos, relacionados con su labor como integrante de la inteligencia militar encubierta del Ejército.A partir de esa información, la Sala de Reconocimiento de Verdad (SRVR) lo llamó a rendir versión voluntaria dentro de los macrocasos 06 y 08 y emitió un concepto preliminar positivo sobre sus contribuciones, al considerar que podrían ser relevantes.En abril de 2024, un despacho de la SDSJ resolvió desarchivar la actuación transicional, al concluir que las nuevas solicitudes del compareciente incluían hechos y conductas que debían ser analizados para determinar si podían ser competencia de la JEP.El auto señaló que esos relatos podrían contribuir al esclarecimiento de violaciones a los derechos humanos cometidas durtante su vinculación a la Brigada XX y al Batallón Charry Solan, en particular aquellas asociadas a estructuras de inteligencia militar, como asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate, así como posibles vínculos entre miembros de la fuerza pública y grupos paramilitares en distintas regiones del país.Posteriormente, la defensa de Dorado interpuso un recurso de apelación, solicitando que se revisara la decisión que había negado beneficios transicionales y que se analizara la conexidad entre su conducta y el conflicto armado, teniendo en cuenta su rol funcional dentro del Ejército y los aportes entregados ante la JEP.En diálogo con Blu Radio, Pedro Díaz, magistrado de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, por donde pasó el proceso en una primera instancia, explicó el alcance de esta admisión provisional y lo que se espera del compareciente dentro del sistema transicional.“Eso significa que debe aportar aquello más de lo que se ha establecido en las investigaciones, los procesos y sentencias de la justicia ordinaria, que sean razonados, que sean verdades, que a la JEP le permita contrastar no solo señalamientos o expresiones reiterativas o genéricas, sino que esto permita avanzar en las investigaciones y especialmente de los hechos de desaparición forzada y asesinatos ocurridos durante esa década de los años 80 y comienzos de los 90, en que los servicios de inteligencia de las fuerzas militares fueron muy activos en este patrón y práctica criminal”, detalló el magistrado. Finalmente, el magistrado señaló que en estos casos, la prioridad es garantizar los derechos de las víctimas y conocer la verdad en crímenes que son considerados de los más graves por el derecho internacional, como la desaparición forzada.
La mesa de negociación entre el Gobierno nacional y el Clan del Golfo atraviesa un momento delicado tras el anuncio de suspensión provisional de los diálogos por parte del grupo armado ilegal. De acuerdo con la delegación del Gobierno, la decisión se habría tomado de manera unilateral y sin comunicación oficial que precise sus alcances.“Nos hemos enterado de una decisión unilateral de suspensión provisional; dicen ellos que es para algunas consultas. Esperamos una notificación formal y enterarnos bien del detalle”, aseguró Álvaro Jiménez, negociador del Gobierno con el Clan del Golfo.Según se conoció, la suspensión estaría relacionada con declaraciones realizadas en las últimas horas por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Jiménez indicó que la información conocida hasta ahora apunta a una reacción del grupo armado frente a esos pronunciamientos.“Entendí, de la información que ha sido conocida, que es a raíz de unas declaraciones que el señor ministro de Defensa hizo en la mañana de hoy y esperamos un poco los desarrollos para poder asumir un comportamiento respecto de las mismas”, añadió.Jiménez señaló que la delegación se encuentra a la espera de mayores desarrollos para definir su postura frente a la decisión anunciada, y reiteró que, hasta el momento, no existe una notificación formal que confirme la suspensión ni sus términos.El delegado del Gobierno también subrayó que las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia exclusiva de esa cartera y que no corresponde a la mesa de negociación contradecirlas.“Las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia del señor ministro; yo no las voy a contradecir, pero he podido conversar con él y el señor ministro de Defensa me ha indicado que ellos cumplirán con el compromiso que se ha hecho en las mesas; por tanto, espero que haya alguna precisión al respecto”.Por ahora, el Gobierno espera que el Clan del Golfo notifique oficialmente su decisión, precise si la suspensión será temporal y aclare qué ocurrirá con el futuro de los diálogos.
El 2025 cerró como uno de los años más críticos para la movilidad humana forzada en Colombia. De acuerdo con el balance Dinámicas de Movilidad Humana Forzada en Colombia de la Defensoría del Pueblo, durante el año se registraron 133 eventos de desplazamiento forzado masivo, que afectaron a 107.924 personas, así como 99 eventos de confinamiento, que restringieron la movilidad de 128.825 personas en distintas regiones del país.En comparación con el año anterior, el número de personas desplazadas aumentó un 318,3 %, mientras que los casos de confinamiento crecieron un 19,4 %. “El informe advierte que las cifras superaron ampliamente las de 2024 y reflejan graves afectaciones a comunidades civiles en diferentes territorios”, afirma el documento.La subregión del Catatumbo, en Norte de Santander, concentró la mayor parte de las afectaciones. La crisis registrada a comienzos de año dejó más de 73.000 personas desplazadas, equivalente al 73 % del total nacional. Municipios como Tibú y El Tarra encabezaron los reportes, y durante el resto del año se mantuvieron nuevos episodios de desplazamiento y confinamiento.Otros departamentos como Nariño, Cauca y Antioquia también reportaron desplazamientos masivos, mientras que en confinamiento los mayores impactos se registraron en Chocó, Norte de Santander, Cauca, Huila, Guaviare, Antioquia y Valle del Cauca, que concentraron el 80,3 % de los casos del país. Solo en Chocó se contabilizaron 23.645 personas confinadas, la cifra más alta a nivel nacional.Solo en diciembre de 2025, se documentaron 10 eventos de desplazamiento forzado masivo, con 4.680 personas afectadas, y 6 eventos de confinamiento, que limitaron la movilidad de 18.450 personas.Nuevamente, Catatumbo concentró la mayor parte de las emergencias, con más de 3.700 personas desplazadas y 6.283 confinadas en ese periodo. Frente a diciembre de 2024, el incremento fue drástico: 676,2 % más personas desplazadas y 921,7 % más afectadas por confinamiento.El informe también advierte sobre el impacto migratorio. Entre el 1 de enero y el 15 de diciembre de 2025, 152.858 migrantes irregulares transitaron por Colombia, un 61 % más que en 2024. A esto se suma el retorno de 20.474 personas desde Norte y Centroamérica, en su mayoría de nacionalidad venezolana.Adicionalmente, la Defensoría acompañó a 5.204 connacionales deportados desde España, Estados Unidos y Chile, por medio de 50 vuelos humanitarios.“Durante estos procesos, la entidad recibió quejas por violencia basada en género, abuso sexual, requisas inapropiadas, deficiencias en aseo, alimentación y atención médica, así como posibles actos de discriminación o xenofobia”, aseguraron desde la Defensoría.Finalmente, la entidad advirtió que “el desplazamiento forzado masivo en el país, durante 2025, creció más de tres veces en relación con el 2024, evidenciando el recrudecimiento del conflicto armado en el territorio nacional y la ineficacia del Estado con las medidas de prevención y protección de los derechos de la población”.
2:30 de la tarde. La hora exacta en la que el silencio clínico de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal del Hospital Federico Lleras Acosta, sede Francia, fue quebrado por el sonido del miedo.Un hombre ingresó abruptamente al área más sensible del centro asistencial. En su mano, un cuchillo. Frente a él, personal médico, auxiliares de enfermería y recién nacidos luchando por vivir. En segundos, la UCI neonatal se convirtió en escenario de pánico.Según confirmó la institución, el agresor, padre del recién nacido, amenazó de muerte al personal de salud, violando de forma grave la misión médica. Bajo intimidación, logró sustraer al bebé, desatando una emergencia de alto riesgo dentro y fuera del hospital.Mientras algunos funcionarios intentaban proteger a los demás pacientes, otros resultaron lesionados física y emocionalmente. Uno de ellos estuvo a punto de ser atacado directamente con el arma blanca.La huida fue corta. Gracias a la activación inmediata de los protocolos de seguridad y a la reacción conjunta con la Policía Nacional, el hombre fue capturado a pocas cuadras del hospital.Minutos después, el alivio: el bebé fue recuperado sano y salvoActualmente, el menor permanece bajo estricta vigilancia médica especializada, con exámenes de rigor para garantizar que el violento episodio no haya comprometido su estado de salud. Por su parte, el presunto responsable quedó a disposición de la autoridad judicial y enfrentará un proceso por secuestro, violencia intrafamiliar, lesiones personales, agresión a la misión médica y tentativa de homicidio, entre otros delitos que podrían derivarse de la investigación.En un pronunciamiento contundente, la gerente del Hospital Federico Lleras Acosta, Martha Palacios Uribe, rechazó de manera categórica lo ocurrido y lanzó un llamado urgente a la comunidad:“Hoy se puso en riesgo la vida de nuestros funcionarios, del personal de seguridad y del equipo de salud que día a día trabaja por salvaguardar la vida. La UCI neonatal es un área fundamental y lo ocurrido es un hecho extraordinario y profundamente lamentable. Rechazamos cualquier acto de violencia o agresión contra la misión médica”, afirmó.Palacios confirmó que el hospital ya inició las acciones legales correspondientes ante la Fiscalía General de la Nación, así como las notificaciones a las entidades competentes para el restablecimiento de los derechos del menor y de los trabajadores afectados, en coordinación con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).“Hoy garantizamos la atención integral del neonato y el acompañamiento a nuestros funcionarios, quienes no solo fueron agredidos físicamente, sino también emocionalmente”, agregó la gerente.El Hospital Federico Lleras Acosta reiteró su compromiso con la protección de la vida, la seguridad de los pacientes y el respeto absoluto por la misión médica, tras un episodio que dejó al descubierto la vulnerabilidad incluso de los espacios destinados a salvar vidas.
En el cierre de la cuarta fecha de la Liga BetPlay I-2026, Atlético Nacional recibió al América en el estadio Atanasio Girardot de Medellín. Los dirigidos por Diego Arias sumaron tres nuevos puntos tras imponerse 2-1.El partido comenzó con goles tempraneros. El marcador se abrió al minuto 12, cuando Milton Casco aprovechó un error del arquero Jorge Soto y anotó el 1-0 para Nacional. Dos minutos después, al 14, América empató el encuentro: Omar Bertel desbordó por la izquierda, envió el centro y Dylan Borrero definió dentro del área para el 1-1 parcial.El segundo tiempo inició con el marcador igualado. Sin embargo, al minuto 61, la figura del partido, Juan Manuel Rengifo, marcó el gol de la victoria. Tras el tanto, América de Cali buscó la remontada, pero no lo consiguió. Al minuto 70, Nicolás Hernández fue sancionado con tarjeta roja por una falta sobre Juan Manuel Zapata.En el minuto 73, el cuadro escarlata sustituyó a Dylan Borrero y Kevin Angulo por Jan Lucumí y Andrés Mosquera. Más adelante, al 85, también salieron Yeison Guzmán y Tilman Palacios, quienes fueron reemplazados por Yojan Garcés y Joel Romero. Pese a las variantes, América no logró empatar el compromiso.Con este resultado, Nacional consiguió su segundo triunfo consecutivo en la liga, mientras que América obtuvo su primera derrota, que se añade a sus dos primeras victorias y al empate previo frente a Once Caldas.El conjunto verdolaga se ubica en la sexta posición de la tabla con 6 puntos y dos partidos pendientes. Por su parte, América conservó los 7 puntos con los que inició la jornada y se mantiene cuarto en la clasificación. De manera provisional, y con el cierre de la fecha, Pasto, Bucaramanga, Tolima, América, Internacional de Bogotá, Atlético Nacional, Deportivo Cali y Llaneros serían los ocho equipos que avanzarían a los play-offs de la Liga BetPlay.La próxima jornada será la quinta y se abrirá el sábado a las 8:30 de la noche con el partido entre Junior y Boyacá Chicó.
El Tribunal Administrativo de Antioquia se volvió a pronunciar sobre la acción popular que interpuso la Alcaldía de Medellín para que el Gobierno nacional salde la deuda con la red hospitalaria que, hasta hoy, no ha sido pagada. Ahora se ha iniciado el proceso de incidente de desacato contra varios funcionarios que no han dado respuesta ante el incumplimiento.En la más reciente decisión, se otorgaron dos días al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo; al ministro de Hacienda, Germán Ávila; al superintendente de Salud, Bernardo Camacho; y a los interventores de varias EPS para que explicaran las acciones implementadas con el fin de cumplir las medidas cautelares ordenadas. Dicho plazo ya se cumplió.Debido a que no se conoce respuesta por parte de los funcionarios del Gobierno nacional, ya se iniciaron los trámites para formalizar el incidente de desacato por el no pago de los recursos destinados a los hospitales públicos y privados de la capital de Antioquia.Hay que recordar que esta decisión judicial llega luego de que se responsabilizara a la Nación y a las EPS intervenidas por la crisis del sistema de salud, bajo el argumento de que la falta de recursos ha puesto en riesgo el derecho fundamental a la salud de millones de colombianos.Según recoge la demanda, muchos hospitales en Medellín están recibiendo apenas una fracción de los recursos que se les adeudan por los servicios prestados. Esto ha generado una crisis de liquidez extrema, como en el caso del Hospital General de Medellín, al que se le adeudan cerca de 200.000 millones de pesos.
Cerca de 400 policías participaron en un operativo de seguridad adelantado en el barrio 7 de Agosto, en el centro-occidente de Bogotá, una zona que ha sido señalada por las autoridades como punto crítico por la presencia de actividades delincuenciales.La intervención estuvo acompañada por el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y dejó como resultado tres capturas en flagrancia, el cierre temporal de siete establecimientos comerciales y la incautación de armas y municiones, entre otros objetos.El operativo se concentró principalmente en pagadiarios y comercios del sector, espacios que, según las autoridades, han sido utilizados por estructuras criminales para esconder armas, municiones y vehículos robados, así como para ejercer control sobre personas vulnerables.De acuerdo con el balance entregado por la Policía Metropolitana de Bogotá, durante la jornada fueron identificadas y registradas 1.800 personas y verificados 476 vehículos que transitaban por la zona. Además, se realizaron tres capturas en flagrancia: una por porte ilegal de armas y municiones, y dos más por el delito de falsedad marcaria.En el procedimiento también se incautó un arma traumática, 13 cartuchos calibre 38 y seis cartuchos calibre 12, y se logró recuperar una motocicleta que había sido hurtada días atrás. Adicionalmente, se impusieron seis comparendos por infracciones al Código Nacional de Tránsito y se ordenó la suspensión temporal de la actividad económica de siete establecimientos que no cumplían con los requisitos legales para su funcionamiento.El alcalde Carlos Fernando Galán aseguró que este tipo de intervenciones buscan recuperar zonas afectadas por la delincuencia y garantizar la seguridad de quienes viven y trabajan allí. “La apuesta aquí es proteger estas zonas y garantizar que podamos proteger a la comunidad donde, infortunadamente, se cuelan esos delincuentes y buscan desarrollar sus actividades criminales”, afirmó.Galán explicó que estos operativos de gran escala se seguirán realizando en diferentes puntos críticos de la ciudad, de acuerdo con las capacidades de la Policía y las necesidades de seguridad de cada sector. “Es una presencia que requiere la ciudadanía y que nos está pidiendo, y con la Policía estamos logrando impactar estas zonas y garantizar la seguridad de los ciudadanos”.Durante su intervención, el alcalde también insistió en la necesidad de una reforma de fondo al sistema judicial. Señaló que no es razonable que personas capturadas por delitos graves, especialmente aquellos cometidos con armas de fuego, queden en libertad por no tener antecedentes. “Una persona que pone en riesgo la vida de otra con un arma no debería quedar libre. Tiene que haber garantías también para la sociedad”, enfatizó.Por su parte, el secretario de Seguridad, César Restrepo Flórez, explicó que estos resultados son posibles gracias al refuerzo de pie de fuerza que recibió la Policía Metropolitana de Bogotá a finales de 2025, con la asignación de cerca de mil nuevos uniformados. Según Restrepo, esto ha permitido desplegar operativos más flexibles y focalizados en zonas de alto impacto.Restrepo advirtió que en estos sectores los delincuentes buscan esconder municiones, motos robadas y ejercer control ilegal en pagadiarios. “Estas tareas no solo son de registro y control, sino también de protección a la gente que vive en estas zonas, debilitando a las organizaciones criminales”, concluyó.
El próximo jueves 5 de febrero, Bogotá vivirá su primera jornada de Día sin Carro y sin Moto de 2026, una medida que restringe la movilidad de vehículos particulares entre las 5:00 a. m. y las 9:00 p. m.Esta iniciativa, que surge del mandato de la consulta popular del año 2000, busca incentivar medios sostenibles de transporte. La secretaria Distrital de Movilidad, Claudia Díaz, destacó que para el 70 % de los bogotanos todos los días son días sin carro al usar transporte público o bicicleta, e invitó al resto de la ciudadanía a 'conectarse con la ciudad desde otra perspectiva'.Excepciones para motocicletas de mensajería y domiciliosUna de las dudas más frecuentes entre los ciudadanos es la operación de los servicios de entrega. Según el decreto distrital, las motocicletas vinculadas a empresas, plataformas tecnológicas o establecimientos de comercio que prestan servicios de mensajería y domicilio están exentas de la restricción y podrán circular con normalidad para cumplir sus labores.Además de los domiciliarios, también podrán transitar los vehículos eléctricos, de emergencia, transporte escolar, transporte para personas con discapacidad, vehículos de carga (bajo regulación habitual) y aquellos destinados a servicios públicos domiciliarios.Sanciones y transporte público por Día sin Carro en BogotáQuienes incumplan la medida y transiten en vehículos no autorizados se exponen a una multa de 633.000 pesos y la inmovilización del automotor. Para los usuarios del Pico y Placa Solidario, el Distrito confirmó que se les repondrá el día al final de su periodo adquirido.Para garantizar el desplazamiento, TransMilenio dispondrá de su flota máxima con más de 10.000 buses y 163 cabinas de TransMiCable. "Tendremos disponible toda nuestra capacidad operativa para responder a la demanda", señaló María Fernanda Ortiz, gerente de la entidad. Adicionalmente, estarán habilitados 683 kilómetros de ciclorrutas y más de 37.000 taxis para cubrir las necesidades de movilidad.
El informe RED-clutamiento 2.0 de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP documenta que al menos 1.749 menores de edad fueron reclutados en Colombia entre 2017 y 2026. Uno de los principales hallazgos es el uso sistemático de redes sociales para atraer a niños y adolescentes, especialmente en zonas rurales.“Desde 2021, el reclutamiento de niños y niñas es el tipo de victimización a la población civil que más rápido crece en Colombia (por encima de masacres, asesinato de líderes sociales, desplazamiento forzado y confinamiento). Esto coincide con el uso sistemático de las redes sociales”, asegura el informe.De acuerdo con el documento, el 44 % de los casos registrados en 2025 estuvieron asociados directamente al reclutamiento a través de plataformas digitales.Las cifras muestran, además, un crecimiento sostenido: mientras en 2022 se registraron 151 casos de reclutamiento, en 2023 la cifra subió a 255; en 2024 alcanzó los 362 y en 2025 llegó a 386 casos. En apenas cuatro años, el incremento supera el 150 %, convirtiéndose en una de las violencias con mayor crecimiento en el país.De acuerdo con la UIA, el uso de TikTok y Facebook ha facilitado que los casos de reclutamiento se dupliquen mensualmente en algunos territorios. Antes de la expansión del reclutamiento digital, estos hechos se concentraban en 97 municipios; hoy se registran en 248 municipios, lo que representa un aumento del 156 %.“Las redes sociales han propiciado que se presenten casos de reclutamiento en lugares donde jamás habíamos registrado hechos (inclusive en la época más álgida del conflicto armado con las Farc-EP)”, subraya el informe.Según el documento, los reclutadores digitales reproducen estereotipos de género binarios para hacer más atractiva la oferta y generar identificación entre niños y adolescentes. En algunos casos, convocan a menores a supuestos torneos de fútbol, asegurando que asistirán cazatalentos extranjeros que los llevarán a equipos profesionales fuera del país.El escrito señala que las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’, son el grupo armado que más niños recluta a través de redes sociales. Esta estructura concentra 116 cuentas activas en Facebook y TikTok, con publicaciones que alcanzan en promedio más de 20.000 visualizaciones y, en algunos casos, millones de reproducciones.Su principal zona de operación está en el suroccidente del país, especialmente en Cauca, Valle del Cauca y Nariño, departamentos donde opera el 67 % de las cuentas identificadas.En total, el informe identificó 186 cuentas en redes sociales vinculadas a actividades de reclutamiento, con un promedio de 6.700 seguidores por cuenta.La UIA alerta que, si no se adoptan medidas urgentes de prevención y control, entre 2026 y 2030 podrían registrarse más de 2.300 nuevos casos de reclutamiento, lo que equivaldría a que un menor sea vinculado a un grupo armado cada 12 horas.
Mientras Colombia cerró 2025 como el año con la mayor crisis humanitaria de las últimas dos décadas, los territorios más golpeados por el conflicto armado continúan registrando avances en la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad.Así lo señala el V Informe del Comité de Seguimiento y Monitoreo a las Recomendaciones del Informe Final de la Comisión de la Verdad, presentado este jueves 30 de enero en Bogotá.De acuerdo con el Comité, 2025 dejó la cifra más alta de desplazamientos forzados en los últimos 18 años y más de un millón de personas confinadas por la acción de grupos armados, lo que triplicó los registros del año anterior.Para la presidenta del Comité, Julia Eva Cogollo, esta situación se explica por el traslape entre los territorios priorizados por los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y las zonas donde se ha incrementado la presencia de actores armados.Según explicó, este contexto ha llevado al Gobierno a focalizar la implementación de políticas públicas en las regiones más afectadas como una forma de mitigar el impacto humanitario. Sin embargo, el Comité advierte que la persistencia de la violencia sigue siendo un obstáculo para que las comunidades puedan ejercer plenamente sus derechos.Entre los principales avances, el informe destaca la reducción del Índice de Pobreza Multidimensional en las zonas PDET, que pasó de 39,8 % en 2018 a 23,7 % en 2023, aunque en 2024 se ubicó en 24,4 %. También resalta el fortalecimiento de iniciativas de acceso a tierras y proyectos productivos liderados por mujeres. Regiones como Montes de María, la Costa Pacífica, el norte del Cauca y el sur de Bolívar concentran avances relevantes, aunque, según el Comité, estas mismas zonas enfrentan altos niveles de riesgo por la violencia armada.De cara al escenario electoral y a la llegada de nuevos gobiernos, el Comité considera que la política PDET se encuentra blindada tras su ampliación hasta 2034. No obstante, advierte riesgos si en la actualización de los planes de acción no se incorporan las 220 recomendaciones de la Comisión de la Verdad.Frente a la continuidad de la transformación rural, la presidenta del Comité envió un mensaje directo a los próximos gobiernos y a los candidatos. “El primer mensaje que queremos enviar es a los candidatos. Uno, que saquen la violencia de la política, por favor. Y el segundo que le queremos incluir es que incluyan las recomendaciones en sus programas de gobierno y posteriormente en el plan de desarrollo”, afirmó.Finalmente, Cogollo advirtió que el mayor riesgo para la no repetición en Colombia sigue siendo la combinación entre la violencia armada y la crisis humanitaria. “El mayor riesgo que tenemos es la presencia alta de actores armados y la crisis humanitaria. Y el desbalance que hay realmente en la presencia de actores armados versus implementación de políticas públicas que no garantizan el gozo efectivo de los derechos”, concluyó.
En diálogo con Blu Radio, el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), José Luis Caballero, expresó su preocupación por los riesgos que enfrenta la democracia en Colombia en medio del contexto preelectoral, especialmente por la persistencia de la violencia armada y la exclusión social que, según advirtió, siguen afectando al país.“Nos preocupa la presencia de grupos armados no estatales desde hace mucho tiempo. Hemos advertido el esfuerzo del Acuerdo de Paz de 2016; hemos instado también, en una recomendación, a que se retome el diálogo con otros grupos armados no estatales. Es decir, es una observación que tenemos desde hace mucho tiempo”.“La coyuntura electoral debe trascenderse con paz, con diálogo, con serenidad, con las condiciones que alejen la violencia electoral, pero la perspectiva de que no haya violencia es una condición que la Comisión ha advertido en todos los mecanismos desplegados con Colombia”, añadió.En cuanto al futuro de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Caballero sostuvo que debe ser fortalecida.“Tiene que tener recursos suficientes, tiene que poder desplegar con mayor claridad su trabajo. Yo creo que ha hecho esfuerzos muy importantes; nos hemos reunido para conocer las primeras sentencias, estamos en un diálogo muy franco con la Jurisdicción Especial para la Paz y pienso que tiene que tener mucha mayor fortaleza para cumplir con su mandato”.Frente a los señalamientos de algunos sectores sobre posibles afectaciones a la libertad de expresión durante el gobierno de Gustavo Petro, el presidente de la CIDH indicó que la principal preocupación del organismo es que se garantice la libertad de expresión.“Lo que a la Comisión le preocupa es que se garantice la libertad de expresión, que se proteja la labor de los periodistas, que no se les estigmatice. La Comisión ha reconocido desde muchos años, desde épocas muy incipientes, que el periodismo es una labor fundamental para el ejercicio de la libertad de expresión, que es una piedra angular de la democracia; entonces, yo creo que los periodistas merecen respeto y merecen cumplir con su trabajo”.Sobre el asesinato de líderes sociales, que en el último año superó los 180 casos, el presidente de la CIDH fue enfático: “Tienen que proteger a los defensores y a las defensoras, tienen que proteger a los liderazgos sociales. Nosotros se lo hemos expresado mucho al Estado colombiano; es una obligación que tienen que atender con mayor prestancia”.Además, señaló que “estamos también con medidas de protección, medidas cautelares para defensores y líderes sociales. Esto es una cuestión que a la Comisión le preocupa mucho y yo creo que el Estado tiene que estar al frente con esa protección”.
El coronel (r) Juan Carlos Figueroa Suárez, excomandante del Batallón La Popa, aceptó su responsabilidad ante la JEP por falsos positivos, cometidos entre 2004 y 2005 en Valledupar.La decisión se produjo luego de la imputación formulada por la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), que documentó 24 hechos que dejaron al menos 38 personas asesinadas, entre ellas 11 víctimas de desaparición forzada y 9 casos de tortura.Durante la diligencia, Figueroa reconoció su responsabilidad por omisión, al admitir que no identificó ni detuvo a tiempo las acciones criminales cometidas por sus subalternos.“Acepto la responsabilidad en la omisión de no saber que mis subalternos estaban asesinando civiles, que las operaciones militares que siempre ordené a la luz de la Constitución Nacional, de las leyes de Colombia, de la doctrina militar, de la ley militar, del derecho internacional de conflictos armados”.Según la acusación de la UIA, los hechos respondieron a tres modalidades. La primera se caracterizó por asesinatos y desapariciones de personas que luego eran presentadas como supuestos resultados operacionales.La segunda modalidad correspondió a homicidios de civiles que algunos integrantes de los pelotones identificaban de manera arbitraria como “objetivos militares ilícitos”, para hacerlos pasar como miembros de grupos armados ilegales.La tercera estuvo marcada por el asesinato de combatientes que ya habían depuesto las armas o que se encontraban heridos tras enfrentamientos legítimos con tropas del batallón.En su declaración, Figueroa sostuvo que durante su mando no identificó el riesgo específico de los falsos positivos y aseguró que esto solo fue reconocido de manera general en la Fuerza Pública a partir de 2007, cuando estallaron los escándalos a nivel nacional.“Ese riesgo operacional no fue contemplado bajo mi mando porque los riesgos operacionales que para esa época se tenían eran el robo de armamento, robo de municiones, robo de equipo militar, infiltrados, penetrados, las nóminas paralelas, tráfico de información, miembros que posiblemente podían estar en concierto para delinquir con organizaciones armadas al margen de la ley”, afirmó.Con la aceptación de responsabilidad, el proceso ya no continuará por la vía del juicio adversarial. Ahora, la JEP aplicará la ruta de reconocimiento tardío, que contempla la realización de una audiencia restaurativa. Esta diligencia fue programada para el 24 de marzo a las 9:00 de la mañana, espacio en el que se abordarán las medidas de reparación y reconocimiento a las víctimas.Posteriormente, el tribunal deberá imponer una sanción alternativa, que implica entre 5 y 8 años de cárcel.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) concluyó que los 11 militares que reconocieron su responsabilidad por falsos positivos ocurridos entre 2007 y 2008 en Norte de Santander, cumplen las condiciones para recibir una sanción restaurativa.Según las investigaciones de la JEP, durante este periodo en el Catatumbo, hubo al menos 120 casos de falsos positivos, además de un intento de homicidio.Sin embargo, al analizar los hechos, el tribunal decidió imputar nuevos delitos a varios de los comparecientes. En ese sentido, 8 de los 11 militares serán sentenciados por el crimen de esclavitud.“La sección determinó que al menos 29 personas fueron víctimas del crimen de esclavitud en el marco de la segunda modalidad del patrón macrocriminal, al comprobarse el ejercicio de atributos propios del derecho de propiedad sobre ellas. En particular, este crimen se cometió a partir de la colaboración de organizaciones criminales y terceros reclutadores, quienes, en articulación con integrantes de unidades militares y a cambio de una remuneración económica, conseguían civiles indefensos y los entregaban a los militares para hacerlos pasar por supuestas bajas en combate”, explicó la JEP.¿Quiénes son los imputados?Los militares imputados por este delito, en calidad de coautores, son Rubén Darío Castro Gómez, Gabriel de Jesús Rincón Amado, Néstor Guillermo Gutiérrez Salazar, Álvaro Diego Tamayo Hoyos, Juan Carlos Chaparro Chaparro, Sandro Mauricio Pérez Contreras y Alexander Carretero Díaz.Además, la JEP imputó el delito de esclavitud por omisión a Paulino Coronado Gámez, general (r) del Ejército y comandante de la Brigada 30 ubicada en Cúcuta para la época de los hechos. La JEP consideró que, desde su posición de mando, permitió que estas conductas ocurrieran sin adoptar medidas para impedirlas.Adicionalmente, los militares Santiago Herrera Fajardo, Daladier Rivera Jácome, Juan Carlos Chaparro Chaparro y Sandro Mauricio Pérez Contreras fueron imputados por el crimen de guerra de tortura, en relación con hechos asociados a tres víctimas.“Para adoptar esta decisión, la sección tuvo en cuenta los relatos entregados por las víctimas y sus familiares en el proceso judicial”, aseguró la JEP.El proceso continuará con la audiencia pública de verificación, en la que se confirmará si los militares cumplen con sus compromisos de verdad y reparación. Superada esta etapa, la JEP emitirá la sentencia que definirá de manera definitiva su situación jurídica.
El alto comisionado para la paz, Otty Patiño, confirmó que el Gobierno colombiano adelanta conversaciones con Venezuela para lograr un acuerdo de Estado que permita declarar como “organizaciones no gratas” a grupos armados ilegales como el ELN y las disidencias de las Farc en territorio venezolano.En diálogo con El Radar de Ricardo Ospina, Patiño explicó que el objetivo es que las autoridades del vecino país no toleren la presencia ni las actividades de estas estructuras criminales, que históricamente han operado en zonas de frontera. “Se busca que no haya tolerancia con la ilegalidad de ningún aspecto”, aseguró.El comisionado señaló que, aunque en el pasado se habían dado conversaciones parciales sobre este tema, el actual Gobierno de Gustavo Petro propone un enfoque distinto, basado en la cooperación institucional y no en la confrontación política. “Este Gobierno no va a emprender una guerra ni una conspiración como la del gobierno anterior, ni va a impulsar bloqueos que afectan a la población”, puntualizó.Según Otty Patiño, ya se han evidenciado acciones por parte de Venezuela, como incautaciones importantes de cocaína y operaciones contra redes criminales. Sin embargo, advirtió que la delincuencia en la frontera es de carácter binacional y que también involucra actores venezolanos.El acuerdo, que podría articularse con la reciente propuesta de una zona económica binacional en el Catatumbo, busca enfrentar la economía ilícita transnacional que financia a estos grupos. “El ELN intentó consolidar una retaguardia en el Catatumbo, como la tiene en Arauca (...) y creo que, hasta el momento, no lo ha logrado”, afirmó, destacando que la estrategia de paz ha debilitado sus planes.Patiño reconoció que la creación de una franja económica compartida también implica riesgos, como que estas organizaciones se apropien del territorio. No obstante, considera que la salida está en “pensar como Estados” para recuperar la soberanía y generar una economía legal que beneficie a las comunidades de ambos lados de la frontera.
La política de paz total del gobierno del presidente Gustavo Petro ha enfrentado una gran desilusión, principalmente debido al proceso fallido con el ELN, que era considerado el más importante. Según el excomisionado Otty Patiño en conversación con El Radar de Ricardo Ospina, en una reciente entrevista, esta desilusión tiene sus raíces en un encuentro que el actual mandatario sostuvo con líderes del ELN incluso antes de ser elegido presidente.Patiño reveló que, siendo Gustavo Petro candidato presidencial, se entrevistó con uno o dos miembros del comando central del ELN. Durante esta reunión, los representantes del grupo guerrillero le habrían prometido que si él ganaba las elecciones, la negociación de paz con ellos sería "muy rápida". Sin embargo, la realidad post-elección fue otra. Una vez en la presidencia, cuando Petro intentó hacer efectiva esa promesa, el ELN "no quisieron realmente avanzar". Según Patiño, a pesar de esta situación, el presidente Petro demostró una "extremada paciencia" con el ELN, tardando más de dos años en determinar que el grupo realmente no tenía voluntad de paz.La ruptura en la relación y el fracaso del proceso se atribuyen a varios factores, según Patiño. Una de las razones principales fue la falta de un propósito político claro por parte del ELN. Patiño concluyó que el ELN no tiene una intención ni un propósito claro de paz, y que se encuentran "muy amañados con la situación de guerra", especialmente en el cordón fronterizo colombiano-venezolano.Además de la falta de voluntad política, Patiño reveló que su relación personal con el comando central del ELN se rompió debido a una amenaza de tipo personal en su contra y contra uno de sus principales asesores, Álvaro Jiménez. Estas amenazas, que Patiño hizo públicas, fueron descritas no solo como "amenazas de muerte", sino como "decisiones de matar, que es peor aún". Patiño explicó que, al descubrir sus intenciones y apoyar el proceso de paz con la disidencia positiva del ELN, los Comuneros, el ELN "se sintieron muy ofendidos y tomaron la decisión en el caso de Álvaro de asesinarlo".El punto de quiebre definitivo para el gobierno ocurrió a principios de este año, cuando el ELN cometió el asesinato de personas en Catatumbo, además de desplazar a otras cien y desaparecer y desplazar a cerca de 16.000 personas. Fue entonces cuando el gobierno decidió suspender los diálogos con ellos.
El alto comisionado para la paz, Otty Patiño, se pronunció sobre la compleja realidad de la política de paz total del Gobierno del presidente Gustavo Petro, haciendo un diagnóstico sobre los procesos en curso con diferentes grupos armados.En diálogo con El Radar de Blu Radio, habló específicamente de uno de los temas centrales y más controvertidos, que tiene que ver con la suspensión de algunas extradiciones, especialmente para aquellos cabecillas vinculados con el narcotráfico que buscan acogerse a los diálogos de paz.“La paz total empezó con una gran desilusión, fundamentalmente por el proceso fallido con el ELN y como era el proceso, al parecer, más importante, esa desilusión empezó a generar un ambiente muy negativo en el conjunto de los procesos”, describió.Sin embargo, aseveró que con otros procesos que “eran un poco despreciados por mucha gente”, siguen avanzando. En ese sentido, recalcó que la paz “ha ido abriendo camino” con sectores que “sí quieren la paz”.Grupos armados y sus negocios con el narcotráficoFue enfático al reconocer la implicación de los actores armados en el negocio del narcotráfico, una preocupación compartida por entidades internacionales como Estados Unidos, que están al tanto de estas situaciones. “Somos plenamente conscientes que todos los actores armados que hay ahora están involucradas en negocio de narcotráfico. De eso no nos metemos engaños, de que hay actores políticos y que hay otros actores que son puramente delincuenciales, en eso tenemos perfecta claridad”, señaló.Ante los cuestionamientos sobre el uso del “ropaje” de actores políticos o de grupos armados ilegales con motivaciones políticas para evitar la extradición, mencionó que el Gobierno tiene una postura clara.Explicó que, aunque se abre la puerta a aquellos que manifiestan una voluntad de transitar hacia la legalidad, la suspensión de las órdenes de captura, incluso con fines de extradición, es una medida condicionada y no absoluta.“Ahora bien, algunos de estos actores o partes de estos actores han mostrado una voluntad de transitar hacia una legalidad y en ese sentido abrimos la puerta para que ello suceda y, sobre todo, que veamos que esos procesos han avanzado tanto que me ameritan que las órdenes de captura, aún con motivos de extradición, sean suspendidas”, puntualizó.Y es que el Gobierno no niega la posibilidad de extradición ni la acepta de inmediato, sino que opta por una tercera vía: “Aceptar que la extradición de ellos, pero que no se aplica de inmediato mientras estén avanzando”.Aclaró que esta estrategia busca mantener los tratados con Estados Unidos, evitando una ruptura en la cooperación bilateral. La suspensión es, de acuerdo con el comisionado, una herramienta para facilitar el avance de los procesos de paz sujeta a la demostración de compromisos reales por parte de los grupos armados.En ese sentido, detalló los dos elementos fundamentales que el Gobierno evalúa para determinar si un grupo está cumpliendo y avanzando lo suficiente como para mantener la suspensión de la extradición:Vocación de ubicarse en una zona de ubicación temporal: este, según recalcó, es un “elemento muy importante” que demuestra la voluntad de concentrarse y desmovilizarse en un espacio geográfico definido.Voluntad de erradicar cultivos ilícitos: aclaró que se trata de la disposición a participar en la sustitución de cultivos de uso ilícito es otro indicador crucial de compromiso con la legalidad.Patiño mencionó ejemplos concretos de esta voluntad, como la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, que ha planteado la posibilidad de erradicar 15.000 hectáreas en Nariño y otras en Putumayo.Asimismo, los Comuneros del Sur han proyectado la erradicación de unas 5.000 de 7.000 hectáreas sembradas con coca en la zona de Abades, Nariño. Incluso el frente 33 y otros grupos en Tibú, una de las zonas con más coca en el Catatumbo, también han expresado su deseo de participar en la sustitución, según explicó.
El coronel retirado Publio Hernán Mejía tuvo la última oportunidad de reconocer su responsabilidad en los falsos positivos del Batallón de La Popa, y esta fue su respuesta: “Y eso no es negociable, no acepto los cargos, honorables magistrados”.Minutos después de mantenerse en la ausencia de responsabilidad, el coronel Mejía, desde la comodidad de uno de los hoteles más exclusivos de Valledupar, recibió a Blu Radio para, una vez más, mantenerse en la defensa de su inocencia.“Era mi misión, y todas y cada una de las operaciones tienen ese respaldo legítimo cuando salían las unidades al área”.Niega que haya existido una política de incentivos a cambio de resultados sin verificación: “No, el protocolo militar es muy claro, y los estímulos, así como las sanciones, obedecen a unos reglamentos y a unos manuales, y nadie puede inventarse nada en las Fuerzas Militares”.Para Mejía, mantenerse en la ausencia de reconocimiento es un tema de honor. “Hay algo que está por encima de eso, y es la verdad, y es el honor de un soldado. Por esas dos cosas, y por el nombre y la dignidad mía y de mi familia, pues estoy dispuesto a dar la vida”, dijo. Esto respondió el coronel retirado ante la posibilidad de apelar la decisión que se conozca en noviembre desde la JEP sobre su caso: “Pues yo tengo mucha fe en que va a brillar la verdad. Tengo esperanza porque así me lo hicieron ver el comportamiento durante el juicio y a lo largo de todo el proceso”.Es tajante en desconocer el argumento de la Fiscalía de la JEP de que hubo un patrón criminal.“¿Cuál es el patrón criminal del que ellos hablan? ¿De un tema sistemático de desaparición, arrastrados por los resultados? Un batallón sistemáticamente hace operaciones”.Para él, lo que hubo fue una traición a su confianza: “Si alguno de ellos desvió la orden legal y se salió de los límites de la legalidad, debe responder, pero no debe responder atribuyéndole responsabilidad a sus superiores, que emitieron bien la orden”.Entre 2002 y 2005 se reportaron al menos 135 ejecuciones extrajudiciales, según la información que tiene la JEP, en el Batallón de La Popa. Los datos de la Fiscalía del caso hablan de que el coronel Hernán Mejía tuvo responsabilidad en por lo menos 72 de esos casos.
En su pronunciamiento, la Defensoría del Pueblo cuestionó el manejo que desde el Gobierno se le ha dado a la crisis del sistema de salud y pidió reconocer la magnitud de las afectaciones que hoy enfrentan millones de usuarios, especialmente los afiliados a la Nueva EPS.“Pedimos a @MinSaludCol mejorar los canales de comunicación y, especialmente, dejar de lado declaraciones indolentes que pongan en duda el deber del Gobierno de garantizar los derechos humanos en igualdad para todas las personas. La falta de empatía con la angustia de quienes están al frente de la atención y deben lidiar diariamente con el sufrimiento de las personas es inadmisible y preocupante. Deja el mensaje de que las autoridades no harán nada para resolverlo. Sin embargo, hacerlo es su deber”.La Defensoría aseguró que, ante la creciente vulneración del derecho a la salud, ha participado en lo que va del año en múltiples mesas interinstitucionales con EPS, hospitales, gestores farmacéuticos, usuarios y pacientes.Estos espacios, según explicaron, han buscado garantizar la atención de casos prioritarios y críticos, avanzar en la entrega pendiente de medicamentos y avanzar en compromisos relacionados con la estabilización de pagos y la conformación de redes de prestación de servicios suficientes y operativas.No obstante, el organismo advirtió que el panorama es crítico para los afiliados de la Nueva EPS, “entidad que enfrenta una situación financiera muy delicada”. Para la Defensoría, esta medida no solo profundiza la crisis de la EPS, sino que termina afectando directamente a hospitales, clínicas y dispensarios, que enfrentan dificultades para sostener la atención y la operación diaria.Aunque la problemática se extiende a todo el país, la Defensoría alertó de manera particular sobre la situación en Boyacá, Huila, Antioquia, Valle del Cauca, Santander, San Andrés y Providencia y Tolima, donde las afectaciones al derecho a la salud se estarían profundizando.
El mayor general (r) de la Policía Nacional, Luis Mendieta Ovalle, afirmó que el modelo de sanciones propias definido en la JEP terminó priorizando la financiación de los exintegrantes de las Farc y no a las víctimas del conflicto.“En este momento lo que está desfinanciado es el presupuesto que prácticamente el Estado y todas las entidades le iban a dar a las Farc para el pago de las sentencias propias. Aquí en ningún momento es reparación a las víctimas”, señaló.Mendieta sostuvo que, desde la firma del acuerdo de paz, las víctimas han sido relegadas en la implementación.También cuestionó los llamados trabajos, obras y actividades restaurativas. “Fuimos enfáticos en que no estábamos de acuerdo con esas sanciones propias y menos con todos los recursos que les iban a dar a los integrantes de la Farc para aplicar en los famosos TOAR, (…) que en nuestro sentido de restaurativas no tenían absolutamente nada, sino que eran presupuestos que iban a destinar para que los integrantes de la Farc en esos cuatro ejes centrales tuvieran burocracia y tuvieran contratos”, dijo.Según el general en retiro, distintas entidades del Estado han concentrado su acción en los comparecientes y no en las víctimas. “Aquí únicamente todas las entidades están teniendo en cuenta a los victimarios y las víctimas que la Farc ocasionaron no se les ha tenido en cuenta”, advirtió, al tiempo que recordó que el informe de la Contraloría confirma denuncias previas.En la misma línea, Sebastián Velázquez, representante legal de la Federación Colombiana de Víctimas de las Farc, explicó que el inventario inicial presentado por las Farc “por un monto de un billón de pesos no se concreta” y que, finalmente, “al fondo de reparación para las víctimas solamente llega un oro avaluado aproximadamente en 40.000 millones”.Velázquez detalló que, a partir de investigaciones y expedientes judiciales, identificaron bienes no reportados. “Encontramos un expediente por unos bienes y un testaferrato por 100.000 millones de pesos”, el cual fue solicitado para que se incorporara al Caso 01 de la JEP.Agregó que, con base en informes de inteligencia conocidos como informe Génesis, se realizó una tasación de recursos ocultos que “llegaba a 13.5 billones”.Sin embargo, aseguró que los incidentes de incumplimiento presentados no han sido estudiados de fondo: “La JEP ha sido temeraria con la representación judicial, porque, en vez de investigar, nos ha inadmitido de plano y le ha dicho a la representación judicial que sea muy consciente de qué está radicando en contra”, lo que calificó como “un constreñimiento a la representación judicial”.Finalmente, Velázquez cuestionó que el Estado haya asumido la carga principal de la reparación y advirtió que las sanciones propias hoy están desfinanciadas.“Yo no sé en qué momento eso cambió, porque la prioridad y el responsable no es el Estado (...) Yo creo que ellos no tienen ahorita ni 50.000 millones para para empezar a ejecutar esas dos sentencias”, concluyó.Las víctimas advirtieron que la situación requiere “un revolcón total” al modelo actual de reparación y una revisión del marco legal, que, según señalaron, deberá ser asumida por “un nuevo Gobierno y un nuevo Congreso”.
El delegado de la Conferencia Episcopal para las relaciones Iglesia-Estado, Monseñor Hector Fabio Henao, alertó sobre las afectaciones humanitarias que enfrentan comunidades rurales del Guaviare tras los enfrentamientos por la disputa territorial entre disidencias de alias ‘Calarcá’ y alias ‘Mordisco’ registrados en la vereda Cubay, del municipio de El Retorno, en Guaviare.Según Monseñor, la violencia ha generado un clima de temor que limita la movilidad de la población y agrava la situación de niños, niñas y adolescentes que permanecen sin acceso a la educación.“El año pasado hubo clases solamente el primer semestre. Después, las amenazas a los profesores, y en el segundo semestre no hubo clases. Claro, hubo la propuesta de suplantar esto con actividades virtuales, pero muchos niños en sus casas no tienen acceso”, afirmó el delegado.A esta problemática se suma que el Programa de Alimentación Escolar (PAE) no ha podido funcionar debido a las restricciones de seguridad.Monseñor, señaló además que una parte de la población rural evita desplazarse: “Hay una franja de población que no se atreve a salir de las veredas, porque tiene temor de pasar por ciertos registros o retenes que se establezcan, y tiene que dar muchas explicaciones, pero, en general, ha quedado una zozobra muy grande”, afirmó.El representante señaló que existía una alta expectativa entre los padres de familia por el posible retorno de las clases, pero “estas circunstancias que se están viviendo en el momento presente, como dijo, dan mucha incertidumbre, no hay una definitiva todavía”.Indicó que, aunque aún no hay decisiones definitivas, es necesario que “desde el Ministerio de Educación hasta las autoridades más territoriales en el municipio del Retorno, se acerquen a la situación y miren cómo serían las alternativas”.Finalmente, Monseñor Henao hizo un llamado a enfocarse “en una población particularmente vulnerable”.
La Defensoría del Pueblo emitió la alerta temprana 001 de 2026 para los municipios de Belén de Umbría, Mistrató y Pueblo Rico, tras identificar un riesgo alto por “graves violaciones de los derechos fundamentales a la vida, integridad y movilidad e infracciones al derecho internacional humanitario”.Según la entidad, el deterioro de la seguridad se debe a las pretensiones de consolidación territorial de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional y a la expansión del Ejército Gaitanista de Colombia, conocido como Clan del Golfo.En el caso del ELN, la alerta señala la actuación de su Frente Manuel Hernández 'El Boche' en Mistrató y Pueblo Rico, mientras que el EGC estaría incursionando en los tres municipios a través de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle.La Defensoría explica que la presencia simultánea de estos actores armados ilegales responde al interés por controlar corredores estratégicos que comunican a Risaralda con Chocó, Antioquia, Caldas y Valle del Cauca, zonas clave para el fortalecimiento de sus estructuras y para el dominio de economías ilícitas, especialmente aquellas asociadas a actividades mineras en la región.El informe advierte que esta competencia territorial podría intensificar la violencia en el corto plazo y afectar de manera particular a niñas, niños, adolescentes y jóvenes en riesgo de reclutamiento forzado; a lideresas y líderes sociales; a mujeres; autoridades locales; comunidades campesinas y pueblos étnicos, entre ellos los indígenas Embera Chami y Embera Katío. También se señala un riesgo específico para los firmantes del Acuerdo de Paz que permanecen en estos territorios.La entidad identificó afectaciones en más de 50 veredas, barrios urbanos, resguardos indígenas y consejos comunitarios de los tres municipios. En estas zonas, los grupos armados imponen normas de conducta, profieren amenazas y han provocado desplazamientos forzados y confinamientos.La Defensoría también alertó sobre el incremento de homicidios. En 2023 se registraron 15 homicidios y en 2024 otros 14 en Belén de Umbría, Mistrató y Pueblo Rico, mientras que en 2025 la cifra ascendió a 39 casos, lo que representa un incremento del 34,48 % frente al total de los dos años anteriores.Ante este panorama, la Defensoría hizo un llamado urgente para que las autoridades del orden nacional, departamental y municipal implementen los deberes de reacción rapida bajo la perspectiva de derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario.
La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla emitió sentencia condenatoria contra el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso Gómez por su responsabilidad en 117 hechos delictivos cometidos contra la población indígena wayúu y otras comunidades del departamento de La Guajira.De acuerdo con la decisión judicial, los crímenes fueron ejecutados entre los años 2002 y 2006 por integrantes del autodenominado Frente Contrainsurgencia Wayúu, una estructura armada adscrita al Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que actuó siguiendo los lineamientos definidos por sus máximos cabecillas, entre ellos Mancuso. Durante ese periodo, el grupo ilegal perpetró homicidios, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, hechos de violencia basada en género y otras graves conductas ilícitas contra la población civil.La sentencia atribuyó de manera específica la incursión armada a la ranchería Manaki, ubicada en el municipio de Uribia, ocurrida el 10 de octubre de 2003. En ese hecho, varios indígenas wayúu fueron golpeados y sometidos a maltratos durante aproximadamente cuatro horas. Además, los hombres armados destruyeron y se apropiaron de bienes simbólicos de la cultura wayúu, como chinchorros, mochilas, sombreros y mantas bordadas, elementos que constituían el sustento económico y cultural de las familias afectadas.Asimismo, el tribunal estableció la responsabilidad del Frente Contrainsurgencia Wayúu en el homicidio de dos indígenas ocurrido el 17 de marzo de 2002 en la ranchería Kepischon, también en jurisdicción de Uribia. Estos hechos, junto con otros documentados en el proceso, evidenciaron un patrón de violencia sistemática contra comunidades indígenas en distintas zonas del departamento.Según lo probado en el proceso, el Frente Contrainsurgencia Wayúu fue creado en marzo de 2002 y, en sus inicios, contó con aproximadamente 150 integrantes. Esta estructura permitió a las AUC ampliar su presencia y accionar armado hacia sectores de La Guajira y la Sierra Nevada de Santa Marta, con el objetivo de consolidar el control territorial.En su decisión, la Sala de Justicia y Paz reconoció como sujetos de reparación colectiva a las comunidades indígenas wayúu asentadas en las regiones de Carraipia, Majayura y Malaki, en el municipio de Uribia, así como a la comunidad de Matitas, en Riohacha. El tribunal concluyó que estas poblaciones fueron afectadas de manera directa y reiterada por el accionar del grupo paramilitar.Por estos hechos, Salvatore Mancuso Gómez fue condenado a una pena de 40 años de prisión, al pago de una multa equivalente a 30.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes y a la inhabilidad para ejercer cargos públicos por el mismo periodo. No obstante, en aplicación de los beneficios previstos en la Ley 975 de 2005, conocida como Ley de Justicia y Paz, la sentencia contempla una pena alternativa de ocho años de prisión, condicionada al cumplimiento de las obligaciones de verdad, reparación y no repetición establecidas en el fallo.
El cabecilla de la guerrilla del ELN, alias 'Antonio García', aseguró a la agencia a AFP que respalda la propuesta de unificar a las guerrillas del país para combatir a Estados Unidos, luego de amenazas de ataques terrestres de Donald Trump contra narcotraficantes.Si se trata de una iniciativa "para defender la Patria contra el agresor extranjero", "nos encontraremos en la lucha", dijo García en un intercambio de correspondencia electrónica con la AFP.La semana pasada el criminal más buscado de Colombia, Néstor Gregorio Vera, alias 'Iván Mordisco', propuso la unión con ELN tras el ataque de EE.UU. en Venezuela en el que fue capturado el presidente Nicolás Maduro."Los convocamos, con necesidad imperiosa, a una cumbre de comandantes insurgentes de Colombia y toda nuestra América. Basta de intervenciones militares (...) de dominación cultural, que cese toda forma de agresión imperialista", expresó Iván Mordisco en un video publicado en redes sociales.El jefe del EMC, por el que el Gobierno colombiano ofrece una recompensa de 5.000 millones de pesos (unos 1,3 millones de dólares), invitó a la cumbre a los comandantes de la Segunda Marquetalia y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), que son otras dos disidencias, y al ELN, que opera principalmente en la frontera colombo-venezolana."Ante ustedes dejamos esta propuesta, no somos fuerzas dispersas, somos herederos de una misma causa (...) Forjemos el gran bloque insurgente que hará retroceder a los enemigos de la patria grande", expresó el jefe del EMC.En ese sentido, resaltó que aunque "existen diferencias heredadas del pasado", hoy enfrentan "al mismo enemigo, la sombra del águila intervencionista se cierne sobre todos por igual"."Los convocamos a dejar a un lado estas diferencias, ya habrá momento para sentarnos en camaradería para discutir estos desencuentros", manifestó y agregó: "El destino nos grita que es hora de juntarnos (...) en la trinchera común".Las disidencias de las FARC y el ELN tienen violentas disputas por el control territorial y el negocio de la coca en varias partes de Colombia, especialmente en la región del Catatumbo y el departamento de Arauca, ambos en zonas fronterizas con Venezuela.Tras la captura de Maduro el sábado pasado, el ELN saludó el llamado de autoridades venezolanas, como el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, a resistir tras el ataque de Estados Unidos."Saludamos los llamados de las autoridades venezolanas a resistir ante esta brutal intervención militar y a seguir defendiendo el legado de (el expresidente) Hugo Chávez", afirmó el Comando Central, máxima autoridad de mando de la guerrilla, en un comunicado publicado el domingo.Colombia y Venezuela comparten una frontera terrestre de 2.219 kilómetros que se extiende desde el Caribe hasta la Amazonía y que en su mayor parte son territorios despoblados.El ELN, incluido por Estados Unidos en su lista de organizaciones terroristas extranjeras y a la que el propio presidente colombiano, Gustavo Petro, acusa de haberse convertido en una banda narcotraficante, es el grupo armado con mayor poder en la frontera y por ende tiene una fuerte presencia en Venezuela.