El informe fue dado a conocer por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) durante una sesión de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación al Acuerdo de Paz (CSIVI), donde se detalló que entre julio de 2021 y diciembre de 2022 se monetizaron más de 45.900 millones de pesos provenientes de estos activos.“Estos recursos han financiado 21 indemnizaciones colectivas y 2.335 individuales, además de la adquisición de 76 bienes de inversión destinados a fortalecer los procesos de reparación, beneficiando a 2.356 sujetos de reparación”.No obstante, el balance final muestra que los bienes efectivamente entregados y monetizados son menores frente al inventario reportado por las extintas Farc durante el proceso de dejación de armas.“Esta diferencia responde a diversas realidades del ejercicio, entre ellas, la ausencia de criterios técnicos para la realización del inventario, la imposibilidad de recuperar ciertos activos —especialmente inmuebles—, debido a condiciones de seguridad que impidieron las visitas de reconocimiento por parte de los firmantes y los funcionarios de la SAE S.A.S., y llevaron al hurto de algunos de ellos. Otros bienes no pudieron ser monetizados por estar destinados a la chatarrización o carecer de valor comercial”, aseguraron.El proceso, que se extendió por cerca de diez años y contó con la participación de entidades del Estado, los firmantes y el acompañamiento de la Misión de Verificación de Naciones Unidas, marca el cierre de una de las obligaciones del Acuerdo en materia de reparación material.Tras esta etapa, el Gobierno deberá avanzar en la monetización de los bienes restantes y su traslado al Fondo de Víctimas.“La CSIVI continuará verificando que la monetización de estos recursos se destine de manera ágil y efectiva a los programas de reparación integral, asegurando que el esfuerzo de coordinación entre el Estado y firmantes del Acuerdo Final de Paz se traduzca en beneficios tangibles para las víctimas del conflicto”.Finalmente, subrayaron que le corresponde a la JEP “pronunciarse sobre el cumplimiento de las obligaciones de las extintas Farc-EP y los resultados del proceso de justicia transicional previsto en el Acuerdo Final de Paz”.
Entre 2016 y 2026, cerca de 700.000 personas han sido afectadas por el confinamiento en Colombia desde la firma del acuerdo de paz del Gobierno nacional con la extinta guerrilla de las Farc.“Entre enero del 2025 y marzo del 2026, a fecha de hoy, la misma situación ha afectado a 170.000 personas. Si hacemos un cálculo sencillo nos dan unas cifras bien preocupantes que vienen a ser 380 personas diariamente a lo largo del país”, aseguró Boris Aristin, gerente del consorcio Miremas.De acuerdo con el Consejo Noruego para Refugiados, Acción Contra el Hambre y Médicos por el Mundo, estas personas enfrentan restricciones a la movilidad, limitaciones en el acceso a alimentos, salud y educación, y condiciones que vulneran su dignidad.“La situación de confinamiento está bastante extendida a lo largo del país”, explicó el gerente de Miremas, quien detalló que los departamentos más afectados son Chocó, Cauca, Valle del Cauca, Bolívar y Norte de Santander, territorios donde la presencia de grupos armados ilegales mantiene bajo presión a las comunidades.Agregó además que el confinamiento, a diferencia del desplazamiento forzado, es menos visible, pero igual de grave. “Es más complicado que definir que cuando hay un ataque directo o cuando hay un desplazamiento, simplemente porque es menos visible. Pero esto no significa que no tenga el mismo impacto hacia la población que se está viendo afectada. Es parte del conflicto armado en Colombia que tenemos que tomar en su justa medida y como una prioridad dentro de la respuesta”, advirtió.Frente a este escenario, aseguran que las organizaciones humanitarias enfrentan importantes desafíos. El principal, según Ignacio García, coordinador de Mecanismos de Respuesta en Emergencias en Acción contra el Hambre, es el acceso a las zonas afectadas.“Muchas comunidades pues tienen dificultades para salir de esos territorios y por lo tanto también para ingresar distintos tipos de ayuda a sus comunidades”, señaló.A esto se suman complejidades logísticas y de seguridad, especialmente en contextos donde operan múltiples actores armados. “El acceso y todo el proceso logístico para ingresar las ayudas siempre es muy complejo”, agregó García.Pese a las dificultades, el consorcio Miremas, integrado por el Consejo Noruego para los Refugiados, Acción contra el Hambre y Médicos del Mundo, asegura que su labor se centra en llegar a los territorios más aislados.“Llegamos donde otros actores no llegan”, afirmó Aristin. Allí brindan atención integral que incluye salud, asistencia legal, agua y saneamiento, seguridad alimentaria y educación.Sin embargo, advierten que la respuesta humanitaria no es suficiente, insisten en que se requiere una acción más amplia y sostenida por parte del Gobierno.Aristin enfatizó en que el confinamiento debe ser tratado como una prioridad, al tiempo que recordó no caer en el olvido.En medio de este panorama, el consorcio presentó en Bogotá una exposición que retrata la vida cotidiana de las comunidades confinadas. Una muestra que, según las organizaciones, busca acercar a la ciudadanía a una realidad que, aunque muchas veces invisible, sigue afectando a miles de personas en el país.La exposición estará abierta al público entre las 8:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde en la Universidad EAN hasta el 27 de marzo.
La Defensoría del Pueblo alertó sobre una escalada de violencia en el corregimiento San José de los Chorros, en Rionegro, Santander, tras la presencia de grupos armados ilegales en disputa, que ya deja al menos dos personas asesinadas, denuncias de tortura, amenazas contra la población civil y restricciones a la movilidad.De acuerdo con la entidad, los hechos se registraron el pasado 22 de marzo y estarían relacionados con la presencia armada de integrantes de ‘Los Pachenca’, en medio de su confrontación con el Clan del Golfo en esta zona del departamento.Según los reportes recibidos por la Defensoría, presuntos integrantes del ACSN grupo retuvieron, torturaron y posteriormente asesinaron a un hombre, a quien señalaron de pertenecer al Clan del Golfo. Horas después, se conoció un segundo homicidio en el mismo territorio.La Defensoría advirtió que, en medio de esta disputa, la población civil ha sido víctima de amenazas, estigmatización y señalamientos, al ser acusada de permitir el tránsito de integrantes del Clan del Golfo.“De manera paralela, se conocieron presuntas intimidaciones por parte de integrantes del ACSN, que manifestaron su intención de confrontar violentamente al Clan del Golfo, incluso en medio de la población civil, advirtiendo posibles acciones de carácter masivo contra personas señaladas de colaborar con el grupo contrario”.A esto se suman restricciones a la movilidad y presuntos casos de privación de la libertad, incluyendo afectaciones a líderes sociales.La entidad recordó que ya había advertido sobre estos riesgos mediante la Alerta Temprana 016 de 2025, por lo que instó a las autoridades locales, departamentales y nacionales a adoptar medidas urgentes para proteger a la población.Finalmente, hizo un llamado a los grupos armados ilegales a cesar las acciones de violencia e intimidación, y a las autoridades a avanzar en las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.
La reunión entre el Gobierno nacional, la Defensoría del Pueblo y las misiones de la ONU y la OEA concluyó sin anuncios concretos, luego de que las disidencias de las FARC advirtieran que no permitirán su ingreso a los territorios donde operan. El viceministro de Diálogo Social informó que este viernes se realizará un segundo encuentro, así como un consejo de seguridad encabezado por el presidente Gustavo PetroA la reunión asistieron delegados del ministerio de Defensa, de la oficina del comisionado de paz, la defensora del Pueblo, Iris Marín, que se conectó de forma virtual, y representantes de las misiones de la OEA y la ONU en colombia. El viceministro de diálogo social del Ministerio del Interior, Gabriel Rondón, lideró este encuentro y al término, entregó declaraciones a medios.“Hay que entender que son instituciones neutrales e imparciales y tener un policía o un soldado al lado rompe la dinámica propia. Haremos lo propio dentro de nuestras capacidades, estuvimos con el Ministerio de Defensa, tendremos un Consejo de Seguridad muy rápido para tomar medidas, pero ante todo es decirle a la comunidad que el Gobierno Nacional está en capacidad de garantizar el desarrollo de las acciones de estas instituciones en todo el país. Todas estas instituciones entrarán a su propia evaluación y el día de mañana a las 2 de la tarde tendremos otra reunión para evaluar las acciones que hemos tomado de manera inmediata”, dijo.Cabe mencionar que, a través de un comunicado, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA señaló que los anuncios que buscan limitar el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, la Misión de Verificación de Naciones Unidas y la propia MAPP/OEA afectan directamente su labor en las regiones más impactadas por el conflicto armado."A la vez desmiente categóricamente los señalamientos sobre falta de imparcialidad y la supuesta filtración de información para favorecer acciones militares, a través de su labor", se lee en el documento.El viceministro también insistió en que el Gobierno se mantiene en la postura de buscar el diálogo con estos grupos al margen de la ley, pero pidió que no haya amenazas. “Los invitamos a que esa energía y tiempo que gastan haciendo un panfleto para amenazar, nos pongamos a hacer un acuerdo que lleve a la paz. Seguimos con las puertas al diálogo pero no vamos a detener las operaciones. Ni la OEA, ni la ONU, ni la Defensoria ni ninguna misión le colabora a la Fuerza Pública para los operativos, nada tiene que ver”, concluyó.
Un nuevo hecho de violencia enluta a la Policía Nacional en el departamento de Santander, tras el asesinato del patrullero Oswaldo Orduz Pérez, ocurrido en zona rural del municipio de San Andrés.De acuerdo con el comunicado oficial de la Policía, el crimen se registró en la vía que conduce de San Andrés a Málaga. El uniformado, adscrito a la Estación de Policía de Capitanejo, se encontraba de vacaciones y se movilizaba en motocicleta en compañía de un menor de cuatro años, quien resultó ileso.Inicialmente, el caso fue reportado como un posible accidente de tránsito. Sin embargo, al llegar al lugar, las autoridades evidenciaron que el patrullero presentaba heridas ocasionadas con arma de fuego, confirmando que se trató de un ataque armado por hombres desconocidos. La Policía Nacional rechazó de manera contundente este hecho, calificándolo como un acto criminal que no solo enluta a una familia, sino que constituye una agresión directa contra la institución y el país.Además, se confirmó que el uniformado se encontraba en periodo de vacaciones al momento del ataque, lo que ha generado aún más indignación en la opinión pública. Tras lo ocurrido, se activaron de inmediato todas las capacidades operativas e investigativas, logrando avances en la identificación de los responsables. Las autoridades hicieron un llamado a los implicados para que se entreguen voluntariamente y respondan ante la justicia.“Este hecho no quedará en la impunidad. Vamos tras los responsables”, señaló la institución, que dispuso un equipo especial para esclarecer el crimen y materializar capturas en el menor tiempo posible.La Policía invitó a la comunidad a suministrar información que permita avanzar en la investigación a través de la línea de emergencia 123 o la línea contra el crimen 314 358 7212, garantizando absoluta reserva.Finalmente, la institución expresó sus condolencias y solidaridad con los familiares, compañeros y amigos del patrullero Oswaldo Orduz Pérez, reiterando su compromiso de continuar enfrentando el crimen y trabajando por la seguridad de los colombianos.Este homicidio se suma a la preocupante situación de orden público que atraviesa el departamento, donde recientemente se han reportado hechos de violencia en distintas zonas, aumentando la alerta de las autoridades.
La Lotería de Manizales realizó en la noche del miércoles 25 de marzo de 2026 su sorteo número 4948, una jornada que volvió a captar la atención de miles de jugadores en distintas regiones de Colombia. En esta edición, los participantes compitieron por un premio mayor de $2.600 millones, además de una amplia lista de premios secos distribuidos en diferentes categorías.Premio mayor de la Lotería de Manizales – sorteo 4948El premio mayor de $2.600 millones cayó en el número 6375 de la serie 067. resultado que dejó un nuevo ganador y renovó la expectativa entre quienes participaron en esta edición. La Lotería de Manizales mantiene una mecánica accesible para los jugadores, ya que el billete completo tiene un valor de $12.000, mientras que cada fracción cuesta $3.000, permitiendo aspirar a premios millonarios con una inversión relativamente baja.Además del premio principal, el sorteo 4948 entregó múltiples premios secos en varias categorías:Gana Siempre – $1.500.000Número: 3350Secos $300 millonesNúmero: 4608, Serie: 013Número: 5720, Serie: 234Secos $200 millonesNúmero: 1256, Serie: 141Número: 5420, Serie: 024Número: 1175, Serie: 314Secos $100 millonesNúmero: 9604, Serie: 249Número: 0608, Serie: 154Número: 4936, Serie: 187Número: 5044, Serie: 199Número: 9896, Serie: 309Secos $80 millonesNúmero: 2537, Serie: 029Número: 7309, Serie: 286Número: 7247, Serie: 050Número: 1819, Serie: 125Número: 9268, Serie: 116Número: 4150, Serie: 057Número: 8239, Serie: 102Número: 4771, Serie: 100Número: 4397, Serie: 087Número: 9000, Serie: 123Secos $60 millonesNúmero: 2855, Serie: 272Número: 3529, Serie: 074Número: 7304, Serie: 292Número: 8829, Serie: 333Número: 4254, Serie: 299Número: 5294, Serie: 010Número: 7091, Serie: 342Número: 0481, Serie: 042Número: 1878, Serie: 106Número: 7993, Serie: 058Secos $50 millonesNúmero: 1899, Serie: 232Número: 7100, Serie: 148Número: 7896, Serie: 113Número: 3931, Serie: 132Número: 2147, Serie: 161Número: 4495, Serie: 204Número: 6902, Serie: 025Número: 6022, Serie: 024Número: 9900, Serie: 076Número: 1252, Serie: 111Secos $40 millonesNúmero: 4240, Serie: 271Número: 4424, Serie: 066Número: 8275, Serie: 072Número: 9249, Serie: 176Número: 2861, Serie: 092Número: 4487, Serie: 157Número: 9804, Serie: 252Número: 9002, Serie: 110Número: 0432, Serie: 196Número: 5200, Serie: 146¿Cuándo juega la Lotería de Manizales?La Lotería de Manizales realiza sus sorteos todos los miércoles entre las 10:30 p. m. y las 11:00 p. m.. En caso de que la fecha coincida con un día festivo, el sorteo puede ser reprogramado para el martes o jueves, según lo determine la organización.¿Cómo reclamar un premio de la Lotería de Manizales?Los ganadores tienen un plazo máximo de un año a partir de la fecha del sorteo para reclamar su premio. Una vez se cumpla ese tiempo, el derecho al cobro prescribe.Documentos necesarios para reclamarBillete original en buen estado, sin tachaduras ni enmendadurasCédula de ciudadanía originalCopia ampliada al 150 % de la cédulaCertificado del RUT, especialmente en el caso de premios mayores por efectos tributariosAntes de iniciar cualquier trámite, se recomienda verificar cuidadosamente el billete y confirmar los resultados únicamente en canales oficiales.Un sorteo tradicional que sigue generando expectativaCon cada sorteo semanal, la Lotería de Manizales continúa consolidándose como una de las loterías más tradicionales de Colombia. Su plan de premios, el valor accesible del billete y la ilusión de obtener un premio millonario la mantienen como una de las opciones favoritas entre miles de colombianos.Si una persona participó en el sorteo 4948 del 25 de marzo de 2026, es importante revisar con detalle tanto el número como la serie, ya que ambos datos son fundamentales para validar cualquier premio.
La Lotería del Valle realizó en la noche del miércoles 25 de marzo de 2026 su sorteo número 4841, una jornada que volvió a captar la atención de miles de jugadores en distintas regiones de Colombia. En esta edición estuvo en juego un premio mayor de $9.000 millones, uno de los más atractivos dentro de las loterías tradicionales del país.Premio mayor de la Lotería del Valle – sorteo 4841El premio mayor de $9.000 millones fue para el número 1414 de la serie 237. De esta manera, el poseedor del billete con esa combinación se convirtió en el ganador principal de esta edición de la Lotería del Valle.Además del premio mayor, el plan de premios del sorteo 4841 incluyó varias categorías de premios secos, distribuidas de la siguiente manera:Seco $500 millonesNúmero: 9325, Serie: 065Secos $100 millonesNúmero: 5206, Serie: 244Número: 9236, Serie: 090Secos $60 millonesNúmero: 1691, Serie: 075Número: 1375, Serie: 034Número: 2079, Serie: 024Seco $40 millonesNúmero: 7706, Serie: 022Secos $30 millonesNúmero: 1144, Serie: 288Número: 9616, Serie: 135Número: 7030, Serie: 306Número: 8218, Serie: 166Número: 7642, Serie: 043Número: 9038, Serie: 243Número: 4348, Serie: 215Número: 9649, Serie: 065Número: 0255, Serie: 176Número: 8692, Serie: 041Número: 4062, Serie: 208Número: 1774, Serie: 034Número: 1729, Serie: 139Número: 0471, Serie: 129Número: 9918, Serie: 072Número: 9932, Serie: 227Número: 5399, Serie: 030Número: 2030, Serie: 048Número: 1287, Serie: 201Número: 4546, Serie: 203Número: 9445, Serie: 070Número: 0085, Serie: 009Número: 0029, Serie: 028Número: 0108, Serie: 213Número: 7508, Serie: 007Las autoridades recomiendan a los jugadores verificar cuidadosamente tanto el número como la serie del billete frente a la publicación oficial del sorteo, ya que ambos datos son indispensables para confirmar cualquier premio.¿Cómo reclamar un premio de la Lotería del Valle?Los premios de la Lotería del Valle pueden reclamarse en puntos autorizados de venta o directamente con el lotero que vendió el billete ganador.En el caso de los premios superiores a $20 millones, el ganador debe presentarse en la sede principal ubicada en:Calle 9 # 4-50, CaliAllí se adelanta el proceso oficial de validación y pago, conforme a los requisitos establecidos por la entidad.Requisitos para cobrar un premioPara reclamar un premio, el ganador debe cumplir con el siguiente proceso de validación:Verificar el número y la serie en el listado oficial.Firmar el billete e incluir número de cédula y huella.Entregar copia del billete, documento de identidad y certificación bancaria.Permitir la revisión de las medidas de seguridad y de la tira de control del billete.Si el premio supera los $20 millones, también se exige una certificación de autenticidad del proveedor impresor.Una vez completada la revisión y validada la información, la entidad emite la resolución de pago y realiza la consignación al ganador en un plazo máximo de 30 días hábiles.¿Cuándo juega la Lotería del Valle?La Lotería del Valle se juega todos los miércoles a las 10:30 p.m. mediante baloteras electroneumáticas, un sistema que busca garantizar la transparencia y seguridad del sorteo. Además, la transmisión se realiza en vivo por el canal regional Telepacífico, lo que permite a los jugadores seguir el sorteo y consultar los resultados en tiempo real.Recomendación final para los jugadoresLos resultados publicados corresponden únicamente al sorteo más reciente de la Lotería del Valle. Para efectos de pago y validación, siempre se recomienda confirmar la información a través de los canales oficiales y conservar el billete en buen estado hasta completar el proceso de reclamación.
Un partido de fútbol entre amigos terminó en un hurto que ahora es investigado por las autoridades en Soacha después de que delincuentes se llevaron una camioneta estacionada frente a una cancha sintética en el barrio San Mateo, al sur de Bogotá, con una perrita de apenas dos meses que estaba dentro del vehículo.Los hechos ocurrieron en la noche, cerca de la autopista Sur, mientras varias personas jugaban en una cancha de fútbol. De acuerdo con el reporte del Ojo de la Noche para Mañanas Blu, dos jóvenes llegaron al lugar haciéndose pasar por jugadores de otros equipos, permanecieron en la zona y observaron durante varios minutos dónde eran dejadas las pertenencias.¿Cómo robaron la camioneta?Las cámaras de seguridad muestran cómo uno de ellos se acerca a la reja donde estaban las maletas, introduce la mano y toma las llaves de una camioneta Renault Duster que estaba parqueada a pocos metros. Posteriormente, entrega las llaves a un cómplice que se encontraba afuera, quien espera el momento en que todos están distraídos para encender el vehículo y huir. El robo se ejecutó en menos de un minuto.Dentro del carro estaba Lupita, una perrita raza pincher de dos meses, que había sido dejada allí minutos antes por uno de los asistentes al partido debido al frío.La víctima relató que “llegamos aproximadamente como a las 10:20 de la noche (…) mi cuñado venía con una perrita de 2 mesesitos (…) como tenía frío, yo le dije pues guárdela en el carro (…) él las dejó debajo de la chaqueta donde siempre dejamos los elementos dentro de la cancha”. Añadió que “en cuestión de un minuto realmente se lleva el vehículo”.Según el testimonio, uno de los ladrones estuvo tan cerca del grupo que incluso fue invitado a jugar para completar un equipo, pero se negó argumentando que no tenía el calzado adecuado.Tras el hurto, la familia ha recibido llamadas de supuestos delincuentes que exigen dinero a cambio de devolver la camioneta, asegurando que está en un parqueadero. Sin embargo, las víctimas señalan que esta información ha resultado ser falsa.La Policía en Soacha adelanta operativos en la zona y revisa las grabaciones de las cámaras de seguridad para identificar y ubicar a los responsables, mientras la familia afectada continúa la búsqueda del vehículo y de la mascota.Escuche el reporte completo en el audio adjunto:
La historia de Noelia Castillo ha estremecido a España en las últimas semanas. Con apenas 25 años, la joven tomó una decisión que generó grandes críticas en su familia: acceder a la eutanasia este jueves 26 de marzo, tras un largo y complejo proceso legal que incluso enfrentó la oposición de sus propios padres.Su caso ha llamado la atención no solo por el desenlace, sino por el camino que la llevó hasta allí. En octubre de 2022, Noelia sufrió una grave caída desde un quinto piso que le provocó una lesión medular irreversible. Desde entonces, vive con una paraplejia que le impide moverse de cintura para abajo, acompañada de dolores constantes, problemas para dormir y limitaciones que han afectado profundamente su calidad de vida.En medio de ese panorama, la joven decidió acogerse a la legislación vigente en España que permite la eutanasia en casos de sufrimiento grave e incurable. Aunque mantiene cierta autonomía en su rutina diaria, asegura que el dolor físico y emocional es permanente. “No tengo ganas de hacer nada, ni de salir ni de comer… Dormir se me hace muy difícil y tengo dolor de espalda y de piernas”, relató en una entrevista reciente a un medio local.Detrás de su estado de salud hay un episodio aún más doloroso. Según su testimonio, días antes de la caída fue víctima de una agresión sexual múltiple, un hecho que no denunció en su momento. “No lo denuncié porque fue días antes de intentar quitarme la vida”, explicó, al referirse al contexto en el que ocurrió el suceso que cambió su vida.La historia de Noelia también está atravesada por dificultades familiares y emocionales desde temprana edad. Ha contado que vivió situaciones de maltrato psicológico y conflictos en su entorno cercano, lo que derivó en una constante sensación de soledad. “Siempre me he sentido sola, nunca me he sentido comprendida, nunca han empatizado conmigo”, afirmó.Además, ha enfrentado problemas de salud mental que incluyeron ingresos en centros psiquiátricos. “Antes de pedir la eutanasia veía mi mundo muy oscuro, veía un final muy oscuro. No tenía metas ni objetivos ni nada”, dijo sobre el proceso que la llevó a tomar esta decisión.El trámite para acceder a la eutanasia no fue sencillo. Su padre se opuso, lo que derivó en una batalla judicial que retrasó el procedimiento. La relación entre ambos terminó completamente deteriorada. “No entiendo por qué me quiere viva si no me hace caso”, cuestionó la joven.Aunque su madre manifestó su intención de acompañarla en sus últimos momentos, Noelia decidió lo contrario. “Me dijo que igual que me ha visto nacer, me quiere cerrar los ojitos, pero la respuesta es no”, señaló.Pese a todo, en medio del dolor también hubo espacio para recordar momentos felices. Durante una entrevista, madre e hija compartieron fotografías de la infancia, evocando recuerdos que, según la joven, “eran momentos felices”.Ahora, con la fecha definida, Noelia asegura sentirse tranquila con su decisión. “Por fin lo he conseguido. A ver si por fin puedo descansar. No puedo más con esta familia, no puedo más con los dolores, no puedo más con todo lo que me atormenta en la cabeza”, concluyó.Su historia, más allá del debate legal, refleja el drama personal de una joven que asegura haber llegado al límite de su sufrimiento.
A través de un comunicado, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA rechazó y señaló que los anuncios que buscan limitar el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, la Misión de Verificación de Naciones Unidas y la propia MAPP/OEA afectan directamente su labor en las regiones más impactadas por el conflicto armado.“A la vez, desmiente categóricamente los señalamientos sobre falta de imparcialidad y la supuesta filtración de información para favorecer acciones militares, a través de su labor”.En el documento, la Misión advirtió que las limitaciones a la acción humanitaria no solo son contrarias al Derecho Internacional Humanitario, sino que impactan principalmente a las comunidades más apartadas del país.“Las limitaciones que se pretenden imponer, además de ser contrarias al Derecho Internacional Humanitario, afectan principalmente a la población de las regiones más apartadas, para quienes la presencia y permanencia de organismos nacionales e internacionales resulta fundamental para la protección de todos sus derechos”, aseguraron.Pese a las restricciones anunciadas por el grupo armado, la MAPP/OEA reiteró que continuará haciendo presencia en los territorios.“En apego a su mandato y fiel a sus principios institucionales, la MAPP/OEA continuará haciendo presencia en los territorios donde la población requiera de su acompañamiento, y apoyando los esfuerzos de construcción de paz en Colombia”.Finalmente, hizo un llamado a los actores armados a no interferir en la labor de los organismos humanitarios y de derechos humanos en el país.
El presbítero Jorge Ernesto Zapata Ochoa, vicario general de la diócesis de Istmina-Tadó, en Chocó, advirtió que la situación en terreno es crítica y que ya hay comunidades directamente afectadas.“La comunidad de Santa Rosa ha tenido que desplazarse; se han dirigido hacia la comunidad de Puerto Meluk. Tenemos otras que, por el tema del confinamiento, se han visto afectadas en temas de alimentación y en temas laborales”, explicó.El sacerdote detalló que ya se registran desplazamientos y confinamientos en varias zonas. “De la comunidad desplazada tenemos 24 familias, son unas 120 personas, pero si pensamos en los que están confinados, llegamos a tener un gran número, casi unas 400 o 500 personas de distintos sectores que no se pueden movilizar”, señaló.Además, describió las dificultades del territorio, que agravan la emergencia. “Son regiones en las que no tenemos movilidad carreteable, sino que todo es fluvial; se utilizan solamente los ríos. Los caminos en el sendero por la selva son escasos, no se pueden utilizar. Todo lo que se consume, los alimentos en su mayoría vienen de afuera, vienen de la capital, vienen de Pizarro, de Buenaventura, y entonces obviamente no tienen acceso”, indicó.A esto se suma la falta de reservas en las comunidades. “No hay reservas alimenticias en las despensas; esto significa que, si no se puede ingresar a los campos para ir a buscar su comida, pues todo se va quedando. Entonces, la situación alimenticia, la situación en salud, la atención de los niños y de los mayores se vuelve cada vez más compleja”, advirtió.Asegura además que, en educación, la afectación es inmediata. “Ni los profesores pueden tener acceso ni tampoco tenemos una red de internet que nos permita que los chicos puedan tener seguimiento escolar vía virtual. Entonces, les ha tocado esperar en sus casas y esto se agrava porque se van aproximando también los días de Semana Santa”, explicó.Alertó que incluso la Iglesia enfrenta limitaciones para acompañar a las comunidades. “También estamos sufriendo las restricciones, no podemos movilizarnos y, por lo tanto, lo que vamos haciendo desde fuera es ir realizando los balances, porque nos tocaría generar unos puentes a alto nivel para ver qué podemos lograr, algún corredor humanitario”, señaló.Finalmente, hizo un llamado al grupo armado ilegal a frenar la violencia y priorizar a la población civil. “Cualquier tensión bélica no trae buenos resultados, siempre empeora las situaciones. Por eso, el llamado que hacemos desde la Iglesia colombiana es que pedimos a los actores armados que mitiguen esos conflictos, que cesen esas confrontaciones, porque vamos a tener una mayor afectación de carácter no solamente físico, de movilidad, de alimentación, sino también de carácter psicológico, que no nos va a permitir tener unas relaciones fraternas en las comunidades”, concluyó.
De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, el paro armado indefinido anunciado por el ELN ha generado graves afectaciones a la población civil, que enfrenta restricciones en su movilidad y en el acceso a bienes básicos.“En particular, afecta a 16 comunidades afrocolombianas, equivalentes a 530 familias (1.933 personas), y a nueve comunidades indígenas pertenecientes a los pueblos Unión Pitalito, Puerto Piña, Puerto Chinchillano, Bajo Grande, Santa Rosa, Playa Linda, Puerto Gálvez, Bella Vista y Puerto Ismarek, integradas por 886 familias (4.114 personas)”, aseguró la Defensoría.La entidad alerta que las comunidades no pueden movilizarse por los ríos, que son su principal vía de transporte, lo que ha limitado el abastecimiento de alimentos y ha impedido el desarrollo de jornadas de atención en salud en los territorios.Además, aseguran que niñas, niños y jóvenes han visto interrumpida su asistencia a clases, en medio de un contexto que agrava las condiciones de vulnerabilidad en la zona.La Defensoría también advirtió que las misiones humanitarias enfrentan dificultades para ingresar a las áreas afectadas. “Las misiones humanitarias enfrentan restricciones para desplazarse hacia las zonas donde hay condiciones de confinamiento”, señaló la entidad.“La Defensoría del Pueblo hace un llamado urgente a las autoridades competentes y a los organismos de seguridad para que adopten medidas inmediatas, coordinadas y con enfoque diferencial que permitan proteger de manera efectiva a las poblaciones del Bajo Baudó y de los territorios aledaños”.Finalmente, la Defensoría instó al grupo armado ilegal a “cesar de manera inmediata el paro armado y a respetar estrictamente las normas del DIH, en particular el principio de distinción y la obligación de garantizar la protección de la población civil. Ninguna acción en el marco del conflicto armado puede poner en riesgo la vida, la dignidad y los derechos de las comunidades”.
La Iglesia católica alertó sobre la situación que atraviesan las comunidades en la frontera entre Colombia y Ecuador, al advertir un deterioro creciente en las condiciones sociales, económicas, políticas y ambientales en esta región.A través de un comunicado conjunto, los obispos de las diócesis de Ipiales, monseñor José Saúl Grisales, y de Tulcán, monseñor Carlos Washington Yépez, expresaron su “profunda preocupación” frente a las dificultades que afectan a las poblaciones fronterizas, donde, según señalaron, se ha configurado un escenario cada vez más complejo.De acuerdo con el pronunciamiento, la crisis está marcada por la expansión de economías ilícitas como el narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando, así como por otras manifestaciones de inseguridad que impactan directamente la convivencia social y el medio ambiente.“Diversos factores han contribuido a esta situación, entre ellos la presencia de economías ilícitas como narcotráfico, minería ilegal, contrabando y otras manifestaciones de inseguridad que afectan la convivencia social, el cuidado del ambiente y la tranquilidad de nuestras comunidades”, advirtieron.A esta problemática se suman las tensiones comerciales entre ambos países, que han reducido de manera significativa el flujo de mercancías y el tránsito de carga por el puente internacional de Rumichaca, principal conexión terrestre entre Colombia y Ecuador.“El flujo comercial y el tránsito de carga en el paso del puente internacional de Rumichaka, principal conexión terrestre entre ambos países, se ha reducido de manera significativa, afectando a comerciantes, transportistas y trabajadores que dependen de esta actividad para el sustento de sus familias”, señalaron.Según la Iglesia, esta disminución en la actividad comercial está golpeando directamente a comerciantes, transportadores, cambistas, agricultores y otros trabajadores que dependen de la dinámica fronteriza para el sustento diario de sus familias.“Muchos trabajadores dependen directamente de la dinámica fronteriza, por lo que las dificultades actuales generan inquietud en numerosas familias”, señalaron los obispos.El comunicado también advierte sobre los efectos ambientales de las actividades ilegales, al señalar que estas prácticas “contaminan ríos, degradan ecosistemas y ponen en riesgo la salud y el futuro de quienes habitan estos territorios”.Frente a este panorama, la Iglesia insistió en que no es aceptable que las comunidades más vulnerables continúen expuestas a estas condiciones, y elevó un llamado directo a los gobiernos de Colombia y Ecuador.“Es necesario fortalecer los espacios de diálogo y cooperación que permitan atender las preocupaciones existentes y buscar soluciones que favorezcan el bien común”, señalaron.Finalmente, pidieron adoptar medidas urgentes que mitiguen los impactos sociales y económicos en la región, especialmente en los sectores más vulnerables.“Invitamos a todos los actores sociales, económicos y políticos a mantener la serenidad, fortalecer el respeto mutuo y contribuir a la construcción de caminos de diálogo y entendimiento que permitan superar las dificultades actuales”, concluyeron.
La Defensoría del Pueblo emitió una Alerta Temprana para los municipios de Algeciras y Campoalegre, en Huila, ante el riesgo de una disputa armada entre disidencias de las Farc que buscan consolidar su dominio territorial en la zona.“El escenario de riesgo se define por la convergencia de tres estructuras con pretensiones de dominio: el Frente Iván Díaz (del Bloque Jorge Suárez Briceño, del autodenominado y disidente Estado Mayor de Bloques y Frente, EMBF), que mantenía un control consolidado; la compañía Árlex Vargas (del Bloque Central Isaías Pardo, del autodenominado y disidente Estado Mayor Central, EMC), que ingresó en 2025, y la incursión de la Segunda Marquetalia, que busca retomar el control histórico de la zona”, asegura la Defensoría.La advertencia señala que esta disputa podría desencadenar enfrentamientos armados con graves efectos humanitarios tanto en las cabeceras municipales como en zonas rurales, donde comunidades ya enfrentan restricciones a la movilidad, imposición de normas de comportamiento y el cobro sistemático de extorsiones.Además, la Defensoría alertó sobre la posible repetición de patrones de violencia observados en el norte del Caquetá, como combates abiertos, uso de drones y artefactos explosivos improvisados, lo que incrementa el riesgo para la población civil.Según la Defensoría, la violencia en la zona ya muestra señales de recrudecimiento. “En Algeciras hubo 29 homicidios en 2025, situación que coincide con las tensiones entre facciones disidentes. La entidad, a través de su Sistema de Alertas Tempranas (SAT), ha documentado eventos como el homicidio del vicepresidente de la junta de acción comunal (JAC) de la vereda Santuario, ocurrido en enero del 2026, y ataques con explosivos a establecimientos comerciales y estaciones de servicio”.En este contexto, señalan que los grupos armados estarían ejerciendo una gobernanza ilegal basada en el control social violento, mediante amenazas, citaciones obligadas y la cooptación de liderazgos comunitarios. Comerciantes, transportadores y sectores productivos como el arrocero estarían siendo objeto de extorsión.La Defensoría también advirtió sobre posibles instalaciones de minas antipersonal y el uso de la población civil como escudo en medio de la confrontación.La entidad advirtió que el riesgo es especialmente alto para firmantes del Acuerdo de Paz y sus familias, quienes enfrentan amenazas, estigmatización y presiones para vincularse a los grupos armados. Asimismo, niñas, niños y adolescentes están expuestos a reclutamiento forzado, especialmente en zonas rurales.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó responsabilidad a ocho integrantes del Ejército Nacional por crímenes cometidos contra pueblos étnicos, comunidades campesinas y sus territorios en los municipios de Tumaco, Ricaurte y Barbacoas, en Nariño, entre los años 2001 y 2012.La Sala de Reconocimiento de Verdad concluyó que las conductas investigadas afectaron principalmente al Pueblo Negro Afrocolombiano, a los pueblos indígenas Awá y Eperara Siapidaara, y a comunidades campesinas de la región. En esta decisión, la Sala llamó a reconocer responsabilidad a ocho comparecientes del Ejército Nacional.Entre ellos se encuentra Luis Felipe Montoya Sánchez, entonces comandante del Grupo de Caballería Mecanizado No. 3 General José María Cabal, quien posteriormente llegó al grado de mayor general y se desempeñó como jefe de Estado Mayor Operacional del Ejército. También fueron imputados José David Vázquez Acevedo, jefe de la Sección de Operaciones; Juan Carlos Dueñas Mejía, comandante de escuadrón; y el capitán Carlos Alfredo Castro Pinzón, quien fue jefe de la Sección de Operaciones y ejecutivo y segundo comandante de esa unidad.A la lista se suman Carlos Alberto Gutiérrez González, jefe de inteligencia del Grupo Cabal; José Gregorio Betancur Rodríguez, coordinador de la red de inteligencia; Alexander Guerrero Castellanos, comandante de pelotón y coordinador de la red de cooperantes; y Adolfo Díaz Masmela, comandante de compañía del Batallón de Contraguerrilla No. 93 “Ramiro Rueda Mendoza”.“La Sala concluyó que los hechos determinados en el Caso 02 configuran crímenes de sistemas cometidos contra sujetos de especial protección constitucional e internacional, como los pueblos y los territorios étnicos y las comunidades campesinas. Estas conductas fueron calificadas como crímenes de lesa humanidad de asesinato, desaparición forzada, exterminio, traslado forzoso de población, tortura y persecución. Asimismo, se configuraron los crímenes de guerra, de homicidio y de tortura”, aseguró Belkis Izquierdo, magistrada relatora del caso 02.Según la investigación, el proceso de contrastación judicial permitió establecer que la forma en que se implementó la política estatal de consolidación territorial en la zona derivó en una militarización intensiva del territorio y de la vida cotidiana de sus habitantes, sin considerar que se trataba de un territorio mayoritariamente étnico ni coordinar con sus autoridades y sistemas de gobierno propio.“Este escenario generó condiciones que facilitaron la comisión de crímenes por parte de integrantes de la Fuerza Pública”, señaló la magistrada Belkis Izquierdo, al explicar que el contexto estuvo marcado por factores como la estigmatización sistemática de pueblos indígenas, comunidades negras y campesinas, la presión por resultados operacionales, la ausencia de enfoque étnico-racial en las políticas estatales, la connivencia con estructuras paramilitares y la relación entre la lucha antidrogas y la estrategia contrainsurgente.A partir del análisis de la información recolectada, la Sala identificó tres patrones macrocriminales. El primero corresponde a la estigmatización y violencia selectiva contra líderes y procesos organizativos étnicos y comunitarios, mediante señalamientos, amenazas, detenciones arbitrarias, torturas y homicidios selectivos. El segundo patrón incluye asesinatos de civiles presentados ilegítimamente como bajas en combate. El tercero se relaciona con el control militar del territorio, que se tradujo en desplazamientos forzados, confinamientos y restricciones a la movilidad, así como en la ocupación de espacios comunitarios y territorios colectivos.“La JEP determinó que en Tumaco, Ricaurte y Barbacoas se ejecutó una política militar en la que el territorio fue tratado como un recurso estratégico para el despliegue de operaciones contra insurgentes y de erradicación de cultivos de uso ilícito, lo que afectó a los derechos territoriales de los pueblos negros afrocolombianos, indígenas y comunidades campesinas de la zona”, aseguró la magistrada relatora del caso 02.Según explicó, “los hechos no se limitaron a la agresión contra personas, sino que se extendieron al territorio, la naturaleza y los lugares sagrados”, afectando de manera directa la vida comunitaria y espiritual de los pueblos étnicos.Con esta decisión, la Sala de Reconocimiento de Verdad da por concluida la etapa de investigación del macrocaso, que ahora avanza hacia las fases de reconocimiento de verdad y responsabilidad, juicio y eventual sanción.Los ocho comparecientes tendrán 30 días hábiles para reconocer o rechazar las responsabilidades atribuidas. Si aceptan los cargos, el proceso seguirá la ruta restaurativa; si los niegan, el caso pasará a la Unidad de Investigación y Acusación, que podría llevarlos a un juicio ante el Tribunal para la Paz.
De acuerdo con el Foro Interétnico de Solidaridad Chocó, las comunidades de Unión Pitalito, Puerto Piña, Puerto Chichiliano, Bajo Grande, Santa Rosa, Playa Linda, Puerto Galve y Playa Bonita permanecen actualmente confinadas por la presencia y las acciones de grupos armados ilegales, entre ellos el ELN y el Clan del Golfo.La organización advirtió que 518 familias, equivalentes a cerca de 2.305 personas, están siendo afectadas por esta situación, que ha generado temor entre la población y ha alterado de manera significativa la vida cotidiana en estos territorios.Según denunciaron las comunidades, el confinamiento dificulta el acceso a alimentos, servicios de salud y educación para niñas, niños y jóvenes, lo que agrava las condiciones humanitarias en la zona.Además, señalaron que la imposibilidad de desplazarse impide que muchas familias puedan realizar sus actividades productivas o trabajar, lo que impacta directamente en sus medios de subsistencia y en las condiciones de vida de la población.Finalmente, las organizaciones y comunidades afectadas advirtieron que existen necesidades humanitarias en el territorio. Entre las principales solicitudes están el envío de asistencia alimentaria, brigadas de salud, presencia institucional que garantice protección para la población civil y atención psicosocial para las familias que permanecen en medio de los enfrentamientos y el confinamiento.
La Defensoría del Pueblo acompañó a autoridades tradicionales arhuacas en una misión humanitaria realizada en inmediaciones de la comunidad Gunmaku, en la Sierra Nevada de Santa Marta, con el objetivo de verificar la situación de derechos humanos de las comunidades afectadas por los combates entre el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.Durante la misión, la entidad constató que la acción de la fuerza pública permitió la evacuación de nueve personas heridas, entre ellas dos menores de edad, que permanecían confinadas en zonas donde se registraban enfrentamientos armados.“En consecuencia, la Defensoría del Pueblo ha solicitado de manera inmediata la convocatoria a una sesión extraordinaria de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat), a fin de que permita coordinar las acciones necesarias en materia de protección y atención humanitaria tendientes a garantizar los derechos a la vida, libertad e integridad, así como los derechos civiles y políticos de los habitantes del sector Serankua, parte alta de la Sierra Nevada de Santa Marta y la vereda Palestina, de Aracataca, Magdalena”.En el recorrido también evidenciaron una compleja situación humanitaria. Aseguran que varias comunidades permanecen con dificultades para acceder a agua potable, atención médica, insumos básicos y asistencia humanitaria, por lo que se advirtió la necesidad de reforzar la atención en salud y el suministro de ayuda para la población.Ante este panorama, la Defensoría reiteró su llamado al Clan del Golfo y a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada para que detengan los combates y respeten a la población civil, especialmente a las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta.“Asimismo, solicitamos que, en el marco de los espacios de conversación sociojurídicos existentes, estos grupos armados asuman compromisos expresos con las comunidades indígenas de no dirigir acciones en su contra, no involucrarlas en las confrontaciones y respetar su integridad, su autonomía y su derecho a permanecer en el territorio. Este llamado responde a la legítima preocupación manifestada por las propias comunidades, quienes advierten sobre el riesgo de que se repitan graves infracciones contra la población civil como las registradas con anterioridad en la Sierra Nevada de Santa Marta, entre ellas desplazamientos forzados masivos y confinamientos”.Finalmente, exhortaron a la fuerza pública para que continúe adoptando las medidas necesarias para proteger a la población civil y respetar las normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH).
La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana de Inminencia 006 de 2026 ante el grave escenario de riesgo para las comunidades de Ocaña y Ábrego, en Norte de Santander, y Río de Oro y González, en el Cesar, donde se intensifica la confrontación entre grupos armados ilegales, se registran posibles alianzas criminales y avanza la expansión de estructuras que buscan el control territorial y de economías ilícitas.La advertencia se basa en tres dinámicas principales que están agravando la situación de seguridad en esta zona del nororiente del país.La primera está relacionada con la reconfiguración de alianzas entre actores armados ilegales en medio del recrudecimiento de la confrontación entre el ELN y las disidencias del Frente 33, vinculadas al Estado Mayor de Bloques y Frente. Según la Defensoría, existe la posibilidad de una alianza entre el Frente 33 y la estructura criminal conocida como ‘Los Pelusos’.La segunda corresponde a la expansión de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada hacia el sur del Cesar y su avance hacia municipios como Ocaña y Río de Oro, además de posibles confrontaciones con el ELN. Este movimiento estaría orientado a disputar el control de corredores estratégicos de movilidad, como la Ruta del Sol, y de economías ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal.El tercer factor identificado es la posible urbanización de la violencia, con enfrentamientos entre las ACSN y el Clan del Golfo en zonas entre Ocaña y Río de Oro, particularmente en el corregimiento Agua de la Virgen.La Defensoría advirtió que estas disputas territoriales han derivado en un mayor control armado sobre la población, con la instalación de retenes ilegales en vías secundarias, requisas, restricciones a la movilidad y la imposición de normas de conducta por parte de los grupos armados.El organismo también documentó el uso de drones cargados con explosivos en sectores rurales como Cerro de las Flores y Quebrada La Esperanza, en Ocaña. Asimismo, se han reportado artefactos explosivos en vías nacionales que conectan a Ocaña con Ábrego y Cúcuta, y el uso de vehículos cargados con explosivos, como el atentado registrado contra el Batallón de Infantería número 15 en ese municipio.La Defensoría señala que durante 2025, “Ocaña registró un incremento significativo de homicidios en un contexto donde Norte de Santander cerró el año con 774 muertes violentas. El impacto masivo se evidencia también en el desplazamiento forzado: solo en los primeros meses de 2025, Ocaña atendió a 18.538 personas desplazadas (4.851 familias) provenientes de varios lugares de la subregión del Catatumbo”.La alerta también advierte sobre riesgos para niñas, niños y adolescentes, quienes enfrentan un alto riesgo de reclutamiento forzado, utilización en actividades ilícitas y violencia sexual. Mujeres y lideresas sociales también han sido víctimas de amenazas y estigmatización en redes sociales.Además, señalan que comerciantes, ganaderos y transportadores enfrentan amenazas permanentes de extorsión y secuestro para financiar las estructuras armadas, mientras que personas firmantes del Acuerdo de Paz han sufrido afectaciones reiteradas en medio de la intensificación de la confrontación.
El Ministerio de Defensa Nacional precisó que el bombardeo realizado el pasado lunes 7 de julio de 2025 se llevó a cabo en zona rural de Briceño, al norte del departamento de Antioquia y no en Valdivia; sin embargo, sí fue en un área limítrofe entre los dos municipios.Según el comunicado oficial del Ministerio de Defensa, la intervención fue planeada como una acción de precisión dirigida contra integrantes del Clan del Golfo, organización criminal armada con presencia en esa región y con injerencia criminal también en municipios vecinos a Briceño, como Valdivia.De acuerdo con las autoridades, la operación hace parte de un conjunto de acciones focalizadas contra estructuras ilegales que operan en el norte del departamento. Como complemento a la intervención, el Ministerio indicó que se ha fortalecido el dispositivo de control territorial en el área, con presencia permanente de unidades militares y operativas, en coordinación con otras fuerzas del Estado.El Ministerio no entregó detalles sobre capturas, incautaciones u otros resultados derivados de la operación, de la que aún no se conocen resultados concretos, pero señaló que estas acciones hacen parte de los esfuerzos institucionales por mantener la seguridad en zonas rurales donde delinquen grupos armados organizados. “En lo corrido del año, se han neutralizado 1.170 integrantes del Clan del Golfo, lo que representa un incremento del 7 % en comparación con el mismo periodo del año 2024.”.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), a través de su Sala de Reconocimiento de Verdad, asumió competencia sobre siete homicidios reconocidos por antiguos integrantes del Secretariado de las Farc-EP en el marco del proceso de Aporte Temprano a la Verdad.Los hechos fueron vinculados a los macrocasos 05 y 10, que abordan crímenes cometidos por esa guerrilla en el conflicto armado colombiano y su accionar en el norte del Cauca y sur del Valle del Cauca.La decisión se tomó después de más de cuatro años de diligencias, recopilación de pruebas y participación de víctimas y comparecientes, el documento de la JEP reconoce que los homicidios fueron cometidos con ocasión del conflicto armado, por lo cual corresponden a la competencia de esa jurisdicción.Los siete casos reconocidosPablo Emilio Guarín (15 de noviembre de 1987)Hernando Pizarro Leongómez (25 de febrero de 1995)Álvaro Gómez Hurtado y José del Cristo Huertas Hastamorir (2 de noviembre de 1995)General (r) Fernando Landazábal Reyes (12 de mayo de 1998)Jesús Antonio Bejarano (15 de septiembre de 1999)José Fedor Rey, alias 'Javier Delgado' (30 de junio de 2002)Los comparecientes, entre ellos Rodrigo Londoño (Timoleón Jiménez), Carlos Antonio Lozada, quien actualmente funge como senador de la República, Pablo Catatumbo y Pastor Alape, reconocieron su responsabilidad en estos crímenes y ofrecieron sus testimonios en diligencias realizadas entre 2020 y 2023.El proceso se inició formalmente el 3 de octubre de 2020 con un comunicado público de los exintegrantes del Secretariado, desde entonces la Sala de Reconocimiento adelantó una compleja y prolongada fase probatoria, en donde se practicaron inspecciones judiciales, se solicitaron expedientes a la Fiscalía, se incorporaron entrevistas y documentos.
Eduardo Montealegre aseguró que el próximo 20 de julio, serán presentados los estatutos de la 'paz total' del Gobierno del presidente Gustavo Petro, todo esto en medio del acto de posesión del viceministro de Promoción de la Justicia, Yefferson Mauricio Dueñas Gómez, y de la viceministra de Política Criminal, Olga Lucía Claros.Allí, Montealegre les señaló a los nuevos funcionarios de la cartera de Justicia que la prioridad de ahora en adelante sería la paz total.“Nuestra misión principal es darle desarrollo a la política del Gobierno de paz total, eso implicará señores viceministros que la prioridad de nuestra agenda está cifrada el 20 de julio en presentar los estatutos que desarrolle la Paz Total del presidente Gustavo Petro […] No habrá impunidad para ningún grupo, no se equivoquen”, dijo el ministro de Justicia.Además, el jefe de la cartera se justicia que ha respaldado al presidente en la idea de una Asamblea Nacional Constituyente por iniciativa popular, aseguró que esto no significa impunidad."Un marco para el sometimiento de organizaciones criminales, con colaboración efectiva con la justicia y un marco jurídico para la desmovilización de grupos insurgentes, sin que esto implique impunidad", dijo.El ministro Montealegre también habló de una agenda a la reforma a la justicia, que será coordinada con distintos sindicatos, jueces y fiscales.“No será una reforma que se haga desde la cúspide de la justicia hacia abajo, sino por el contrario, desde las bases hacia las cúspides”.Llama la atención que Yefferson Dueñas, el nuevo viceministro que hará parte del Ministerio de Justicia, fue el abogado del excanciller Álvaro Leyva en la Procuraduría en el juicio disciplinario por la polémica con Thomas Greg & Sons y el lío de los pasaportes.
Los 16 representantes a la Cámara de las curules de paz publicaron un comunicado en el que advierten por la intensificación del conflicto en las regiones, además, señalan que el Gobierno ha fallado al tomar acciones para superar o aliviar la crisis humanitaria en los territorios.“La retórica oficial ha reemplazado la acción concreta. El alto comisionado para la Paz y las entidades responsables de la implementación del acuerdo de paz de 2016 han fallado en brindar respuestas efectivas a las crisis humanitarias registradas. La centralidad de las víctimas, piedra angular del Acuerdo, ha sido desdibujada por una desconexión institucional profunda y una incapacidad estructural para garantizar seguridad, justicia, reparación y no repetición”, señala el comunicado.Advirtieron, además, que los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) están desfinanciados y que hay dificultades para acceder a la salud, educación, internet, entre otros en los territorios.Para las curules de paz, las comunidades en los territorios se están viendo afectadas por lo que llamaron una “improvisación” del Gobierno, sumado al abandono estatal.“Desde las curules de paz solicitamos la intervención y protección inmediata de los derechos de la población civil, y exigimos que cese ya la vulneración a nuestras comunidades. Pedimos respuestas estructurales, inmediatas y contundentes. La paz no puede seguir siendo un eslogan mientras nuestros territorios sufren. ¡Exigimos efectividad e inversión YA! No estamos dispuestos a seguir acompañando al Gobierno nacional si no cambia pasividad frente a la implementación del Acuerdo de Paz de 2016, la nueva política de drogas y la consecución real de la paz en nuestro país”, señalan los representantes a la Cámara.
La JEP citó al representante a la Cámara por el partido Comunes, Pedro Baracutao, y a otros seis exjefes del Bloque Noroccidental de las extintas Farc a reconocer públicamente su responsabilidad en más de 300 casos de secuestro ocurridos durante el conflicto armado. La audiencia se realizará en Caicedo el 24 de junio, y en Medellín el 27 de junio.“Entre los hechos documentados se encuentran los secuestros y el posterior asesinato del entonces gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria Correa, y de su asesor de paz y exministro de Defensa, Gilberto Echeverri, ocurridos en 2002. La investigación también detalló el caso del cabo José Norberto Pérez, secuestrado en el año 2000. Su hijo, Andrés Felipe Pérez, quien padecía cáncer, pidió en varias ocasiones a las Farc-EP la liberación de su padre para verlo antes de morir. Sin embargo, el niño falleció en diciembre de 2001 sin cumplir su deseo. Dos meses después, el cabo Pérez fue asesinado por hombres del Bloque Noroccidental, cuando intentó escapar, según reconocieron los comparecientes ante la JEP”, explica la jurisdicción en su decisión.Esa estructura de las extintas Farc también es responsable del secuestro del entonces representante a la Cámara, Óscar Tulio Lizcano, ocurrido en agosto de 2000. Además, el Bloque Noroccidental fue la segunda estructura de las extintas Farc que más secuestros cometió. Estos caso se dieron en Antioquia, norte de Chocó, el sur de Córdoba, Caldas y Risaralda.“Por estos y otros 310 secuestros individuales y colectivos documentados, la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP imputó en septiembre de 2024 a estos siete comparecientes como responsables regionales de los crímenes de guerra y de lesa humanidad de toma de rehenes, graves privaciones de la libertad, además de otros crímenes que se cometieron contra los secuestrados como asesinato, violencia sexual, tortura, desaparición forzada, atentados a la dignidad personal y tratos crueles e inhumanos”, señaló la JEP.
La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), lanzó su informe sobre las tendencias globales de desplazamiento forzado. En el documento señalan que Colombia es el quinto país del mundo con mayor número de personas desplazadas, después de Ucrania, Afganistán, Sudán y Siria.“Colombia es el quinto país del mundo con el mayor número de personas desplazadas internamente, con 7 millones de personas. 1.6 millones fueron desplazados después del acuerdo de paz. Además, Colombia es el tercer país en recibir personas refugiadas con 2.8 millones de personas venezolanas”, aseguró la representante de ACNUR en Colombia, Mireille Girard.Además, 11 grupos armados tiene alguna responsabilidad en la situación humanitaria en Colombia y algunas de las zonas más afectadas son el Chocó, Nariño, Cauca, Valle y el norte de Antioquia, entre otras.Más de 118.000 personas fueron confinadas en el país en 2024. Este año una de las situaciones más graves es la del Catatumbo, donde más de 91.000 personas se han visto afectadas por la violencia, 64.000 han sido desplazadas y más de 27.000 han enfrentado confinamientos o restricciones a la movilidad.En lo que va del 2025 se registró una reducción en el tránsito de personas de diferentes nacionalidades que cruzan la peligrosa selva del Darién para llegar a Panamá y posteriormente ir a Estados Unidos.“Lo que hemos visto es que por ejemplo el 2023 fue el año con mayor salidas con medio millón de personas de 123 nacionalidades distintas que cruzaron desde Colombia hacia Panamá. Este año hemos tenido como 3.000 personas cruzando, es una reducción del 98%. Lo que hemos visto es casi 9.000 personas regresando, durante el mismo periodo, desde Centroamérica a Colombia. Regresan en zonas donde hay pocos actores humanitarios entonces la gente que regresa llega con múltiples traumas y han cruzado el Darien dos veces”, agregó Mireille Girard.