El conflicto armado sigue dejando miles de víctimas en Colombia. Entre enero y noviembre de 2025, la Defensoría del Pueblo registró 116 eventos de desplazamiento forzado masivo que afectaron a más de 101.000 personas en distintas regiones del país. A la par, 93 eventos de confinamiento mantuvieron bajo amenaza a 110.000 habitantes, atrapados en sus territorios por la presencia de grupos armados ilegales y las constantes confrontaciones.Solo en noviembre se presentaron 12 nuevos desplazamientos masivos, que obligaron a 3.437 personas a abandonar sus hogares. Los departamentos más golpeados fueron Cauca, Nariño, Antioquia, Norte de Santander y Valle del Cauca. En el Cauca, uno de los epicentros de la violencia, se registraron cuatro eventos en Argelia, además de casos en Santander de Quilichao, Suárez y Timbiquí, que dejaron 2.219 personas desplazadas. En El Charco (Nariño), la cifra ascendió a 800 personas, mientras que en Tibú (Norte de Santander) se desplazaron 172 habitantes, producto de los choques entre el ELN y las disidencias de las Farc.A la tragedia del desplazamiento se suma el drama del confinamiento, una práctica que mantiene a comunidades enteras encerradas en sus territorios sin poder acceder a alimentos, salud o educación. Entre enero y noviembre, 93 eventos de confinamiento afectaron a 110.375 personas, principalmente en Chocó, Cauca, Guaviare, Caquetá y Bolívar, departamentos donde el control territorial lo ejercen estructuras armadas y narcotraficantes. Solo en noviembre se reportaron 6 eventos de este tipo que dejaron 4.805 personas confinadas, la mayoría en Urrao (Antioquia), con 4.057 afectados.Estas cifras reflejan una tendencia preocupante: la persistencia del conflicto armado y el recrudecimiento de la violencia en zonas rurales, donde las comunidades afrodescendientes, indígenas y campesinas son las más vulnerables. La Defensoría del Pueblo ha advertido que el desplazamiento y el confinamiento son hoy las principales expresiones de la crisis humanitaria en Colombia.A este panorama interno se suman los movimientos migratorios mixtos, que evidencian la presión humanitaria en las fronteras. Según Migración Colombia, entre enero y mediados de noviembre de 2025, 141.128 personas transitaron de manera irregular por el país, principalmente de nacionalidad venezolana (136.950 personas). De esa población, 40 % son mujeres, 38 % hombres y más del 21 % son niños, niñas y adolescentes, lo que refleja la complejidad del fenómeno migratorio en un contexto de conflictividad y desplazamiento interno.Colombia cierra 2025 con un mapa humanitario fragmentado, donde miles de familias siguen huyendo o sobreviviendo bajo el miedo, a la espera de una respuesta efectiva del Estado y de soluciones duraderas para el retorno digno a sus territorios.
Ante la Registraduría Nacional del Estado Civil fue radicada la solicitud de inscripción del comité de recolección de firmas que busca impulsar la convocatoria de una Asamblea Constituyente, iniciativa que es promovida por el Gobierno.Según el cronograma establecido por la ley, la Registraduría dispone de ocho días hábiles para verificar el cumplimiento de los requisitos legales. Posteriormente, contará con 15 días hábiles más para hacer entrega de los formularios oficiales con los cuales se iniciará la recolección de apoyos ciudadanos.Una vez entregados los formularios, el comité tendrá un plazo de seis meses para recolectar las firmas exigidas y presentar los correspondientes estados contables del proceso. La Ley 1757 establece que deben reunirse apoyos equivalentes al 5 % del censo electoral nacional al momento del inicio de la recolección, es decir, aproximadamente 2.5 millones de firmas.Tras la verificación de las firmas, la Registraduría expedirá una certificación oficial, documento que deberá ser presentado ante el Congreso de la República para que continúe el trámite institucional de la iniciativa ciudadana.El comité promotor está conformado por nueve integrantes, entre quienes se destacan Carlos Alfonso Rosero, exministro de la Igualdad; Armando Custodio, líder indígena; Javier Eduardo García, comunicador y periodista; y Lee Angeli Herrera, lideresa del Valle del Cauca, junto a otros representantes de diversos sectores sociales.Sobre el alcance de esta propuesta, el ministro Antonio Sanguino afirmó que sus integrantes “representan a los más importantes sectores sociales del país, a los movimientos sociales y populares, que consideran necesario completar la obra reformista de 1991 y desbloquear institucionalmente la posibilidad de las reformas sociales, la reforma política y la reforma a la justicia”.Sanguino destacó que el Gobierno nacional y el presidente Gustavo Petro consideran que esta iniciativa ciudadana merece todo el respaldo institucional y del nuevo congreso.Señaló que debe contar con un apoyo masivo de la ciudadanía, que supere los tres millones de firmas, e incluso, como ha expresado el mandatario, alcanzar el respaldo de hasta 10 millones de colombianos.
La entidad del Gobierno que se encarga de recaudar los impuestos de los colombianos es la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), la cual también administra y controla aduanas y el comercio exterior, con el fin de garantizar la seguridad fiscal del Estado.Asimismo, allí los ciudadanos pueden gestionar trámites relacionados con el Registro Único Tributario (RUT), recaudo de tributos como el IVA, renta, entre otros.Desde hace unos días ha estado circulando una información sobre un supuesto decreto que permite a la Dian embargar cuantas bancarias y tarjetas de crédito de las personas que cuentan con una deuda activa, por ello la entidad aclaró algunos puntos.Dian aclara información sobre supuesto decreto para embargar cuentas bancariasFrente a lo anterior, la Dian aclaró que "no existe ningún decreto para embargar masivamente cuentas bancarias o tarjetas de crédito".El pronunciamiento se debe a que en los últimos días ha estado circulando información relacionada con el tema. Por ello, la entidad indicó que: “no hace embargos automáticos ni generales”.Si bien es cierto que la Dian cuenta con procesos para cobrar lo que adeudan los colombianos, esto debe hacerse bajo un procedimiento estipulado por la ley.De cuerdo con la página web de la entidad, los procesos de recaudación y cobro se centran en el Procedimiento Administrativo de Cobro Coactivo, “una vía extrajudicial para forzar el pago de deudas tributarias mediante embargo, secuestro y remate de bienes”.No obstante, primero deben cumplirse unos pasos iniciando con “un mandamiento de pago notificado al contribuyente, ofreciendo etapas persuasivas (acuerdos de pago) y, si no hay respuesta, ejecutando las medidas cautelares, incluyendo remates virtuales, para satisfacer la obligación fiscal”.Por medio de una publicación en X la entidad explicó que las actuaciones de cobro se ejecutan así:Son individuales.Siguen el debido proceso.Solo se activan tras múltiples llamados previos y falta de acción del contribuyente.Estas notificaciones pueden ser entregadas personalmente, por correo certificado o mediante publicación en el boletín oficial de la entidad, por ello, es importante que las personas tengan su información actualizada.¿Qué sucede si no se paga la deuda a la Dian?Si el deudor no cumple con el pago de su obligación, la entidad estatal puede proceder conforme a lo establecido en el Artículo 837-1 del Estatuto Tributario, el cual señala que el tope de inembargabilidad corresponde a 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes depositados en la cuenta de ahorros más antigua del contribuyente.En consecuencia, cuando una persona natural posee una cuenta de ahorros cuyo saldo no supera ese límite, dicha cuenta no es susceptible de embargo por parte de la Dian. Sin embargo, los recursos que excedan ese monto sí pueden ser objeto de esta medida.Luego de validar lo anterior, la entidad puede ejecutar las siguientes acciones:Embargo de bienes: la entidad está facultada para retener cuentas bancarias, inmuebles y demás bienes pertenecientes al deudor.Secuestro de bienes: de manera complementaria al embargo, la Dian puede ordenar el secuestro de los activos retenidos, lo que restringe su uso o libre disposición por parte del obligado.Remate de bienes: en caso de que la obligación continúe sin ser cancelada, los bienes embargados y secuestrados podrán ser subastados con el fin de cubrir la deuda.Acciones penales: cuando se presentan situaciones de evasión relevante o fraude, la Dian está en capacidad de presentar denuncias penales contra el deudor.
En desarrollo de una operación militar, tropas del Batallón de Fuerzas Urbanas N.° 3 del Ejército, adscritas a la Tercera División, en coordinación con la Policía y la Fiscalía, lograron la captura de Jean Pool Sánchez Gómez, sicario señalado del homicidio del teniente coronel Rafael Granados, ocurrido en Popayán, Cauca.La acción se llevó a cabo, destaca el Ejército, tras un trabajo articulado de inteligencia y contrainteligencia que permitió ubicar al peligroso criminal y materializar su captura, como parte de las investigaciones adelantadas por las autoridades judiciales para esclarecer este crimen que conmocionó a la fuerza pública y a la ciudadanía.De acuerdo con la información del Ejército, la operación contó con el apoyo de tropas de la Tercera Brigada, lo que permitió cerrar el cerco sobre el sospechoso y dejarlo a disposición de la justicia para que responda por su presunta participación en el asesinato del oficial, ocurrido el pasado 27 de noviembre de 2025.El general William Rincón, director de la Policía, confirmó que la captura de alias ‘Jean Pol’ se llevó a cabo en Jamundí, Valle del Cauca. Durante el operativo fue incautada un arma de fuego, posiblemente utilizada en el hecho, y dos teléfonos celulares, que serán fundamentales en el avance de la investigación. “Reiteramos nuestro compromiso con la justicia, la vida y la seguridad de los colombianos. La lucha contra el crimen no se detiene”, mencionó el general.
El escalamiento del conflicto armado en la región del Catatumbo, en el nororiente de Colombia, provocó el desplazamiento de cerca de 250 personas en las últimas 24 horas, quienes se han visto obligadas a huir de sus hogares para proteger sus vidas en plena temporada de fin de año.Según información del Consejo Noruego para Refugiados (NRC) y de autoridades locales, las familias desplazadas provienen principalmente de los municipios de Tibú y El Tarra, y han llegado a las ciudades de Cúcuta y Ocaña. En Cúcuta se reportó la llegada de 54 núcleos familiares, cerca de 200 personas, mientras que en Ocaña arribaron 11 familias, unas 50 personas.La situación es especialmente crítica en Tibú, donde comunidades han alertado sobre el riesgo de confinamiento y desplazamiento de más de 6.000 personas en el corregimiento de Pachelly, como consecuencia de la presencia y acciones de grupos armados organizados.Ante este panorama, el NRC activó su respuesta humanitaria de emergencia, a pesar de contar con recursos limitados, y pidió al Estado colombiano garantizar atención inmediata a la población afectada, así como el respeto de la población civil por parte de los grupos armados.“Cientos de personas están huyendo para salvar sus vidas y necesitan asistencia humanitaria urgente: un techo seguro, alimentos, agua potable y protección”, advirtió Giovanni Rizzo, director de país del NRC en Colombia.De acuerdo con datos de OCHA, durante 2025 al menos 200.000 personas habrían sido afectadas por el escalamiento del conflicto en varios municipios del Catatumbo, lo que representa el 53 % de la población de esta subregión.Las organizaciones humanitarias reiteraron el llamado a la solidaridad nacional e internacional, para acompañar a las familias que hoy enfrentan el desplazamiento forzado y la violencia, justo en una de las épocas más sensibles del año.
Desde este 25 de diciembre, entró en vigencia una de las modificaciones más esperadas del Código Sustantivo del Trabajo. La nueva normativa establece que el recargo nocturno, que anteriormente iniciaba a las 9:00 p. m., ahora se comprende entre las 7:00 p. m. y las 6:00 a. m. del día siguiente. Este ajuste implica que quienes cumplan sus funciones después de las siete de la noche tienen derecho a recibir un pago adicional por cada hora laborada bajo esta denominación.El cálculo del recargo nocturno es una de las dudas más frecuentes en las oficinas de recursos humanos y entre los trabajadores. Para entender cuánto debe recibir, primero es necesario identificar el valor de la hora ordinaria. Este rubro se determina dividiendo el salario mensual del trabajador entre el número de horas que labora al mes.Ejemplo práctico para el cálculo del recargo nocturnoPara efectos ilustrativos, si un empleado tiene un valor de hora ordinaria de $10.000, el cálculo del recargo se realiza aplicando un 35 % sobre ese monto:Hora ordinaria: $10.000Recargo del 35 %: $3.500Valor total de la hora: $13.500Sin embargo, existe una precisión legal importante sobre este resultado. Tratándose de la jornada laboral ordinaria, no es procedente sumar ambos valores para el pago final. Esto se debe a que la hora ordinaria ya está remunerada dentro del sueldo básico mensual del trabajador.En consecuencia, si el empleado cumple sus 8 horas diarias reglamentarias y estas coinciden con el horario nocturno, el empleador solo debe pagar el valor del recargo, es decir, los $3.500 adicionales por cada hora. Los $10.000 base ya están cubiertos en el contrato por el cual se le paga su salario mensual.Este reajuste impacta directamente el bolsillo de quienes laboran en sectores de servicios, seguridad y salud. Con la actualización de la ley, el valor de la hora nocturna en días hábiles pasó a promediar los $8.355, frente a los $6.189 que se pagaban anteriormente bajo el esquema que iniciaba a las 9:00 p. m.El cambio también se extiende a los domingos y festivos. En estos días, el recargo también empieza a aplicar desde las 7:00 p. m., elevando el costo de la hora de $12.997 a $13.925. Este incremento de $1.547 por hora busca compensar el desgaste del trabajador en horarios no convencionales, alineándose con los estándares internacionales de trabajo decente.
La muerte de una menor de tan solo dos años ha generado profunda consternación y reavivó las alertas sobre los peligros que representan los cuerpos de agua sin medidas de protección, especialmente en zonas donde habita fauna considerada riesgosa. El caso, que involucra un ataque de pirañas, ha causado impacto por la corta edad de la víctima y por las condiciones en las que ocurrió el accidente.El hecho se registró en la ciudad de Coari, ubicada en el estado de Amazonas, Brasil. Allí, la pequeña, identificada como Clara Vitória, perdió la vida luego de caer accidentalmente a un río cercano a su vivienda. De acuerdo con la información preliminar, la niña se encontraba caminando sola en una estructura flotante situada a la orilla del afluente, un lugar que no contaba con ningún tipo de barrera de seguridad para prevenir caídas.Según las autoridades, la menor cayó al agua a través de un orificio que hacía parte de una adecuación en curso, ya que en ese punto se planeaba construir un baño. El espacio no tenía protección alguna, lo que facilitó el accidente. Sus padres notaron que la niña no estaba en casa y, tras una rápida búsqueda, decidieron lanzarse al río al sospechar lo ocurrido.Minutos después lograron hallarla y sacarla del agua, pero Clara ya presentaba múltiples heridas provocadas por pirañas. Las lesiones más graves estaban concentradas en el cuello, lo que habría causado un desenlace fatal en cuestión de minutos, pese a los intentos por auxiliarla.El cuerpo de la menor fue trasladado al Instituto Médico Legal para la respectiva necropsia, mientras que el caso quedó oficialmente registrado ante la policía local. Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer si existió negligencia relacionada con la falta de seguridad en la estructura donde ocurrió el accidente.Este tipo de hechos no es aislado en Brasil. En meses recientes, otro caso similar encendió las alarmas sobre los riesgos en zonas de recreación sin control. En esa ocasión, una niña de nueve años resultó gravemente herida tras ser atacada por pirañas mientras compartía un picnic con su madre a la orilla de un lago.
La Secretaría Distrital de Salud entregó un nuevo balance sobre las lesiones causadas por el uso de pólvora en Bogotá durante la temporada decembrina. Con corte a las 2:00 de la tarde de este jueves 25 de diciembre, 70 personas han resultado lesionadas en la capital, de las cuales 19 son menores de edad.De acuerdo con el informe oficial, durante la noche de Navidad y la madrugada del 25 de diciembre se registraron 16 nuevos casos. Este incremento rompe la estabilidad que se había mantenido entre el fin de semana y el martes, cuando el número de lesionados se sostuvo en 54 personas.Según el monitoreo realizado por la Secretaría de Salud a través de la plataforma Salud Data, la mayoría de los casos se concentraron en fechas clave de las celebraciones. En la noche de velitas, el 7 y 8 de diciembre, se reportaron 43 lesionados, mientras que durante la noche de Navidad se registraron los 16 nuevos casos que elevaron la cifra total a 70.El reporte detalla que 51 de las personas afectadas son adultos y 19 menores de edad. Además, las autoridades señalaron que 21 de los lesionados se encontraban bajo los efectos del alcohol al momento del accidente, un factor que continúa siendo recurrente en este tipo de emergencias.Por localidades, Engativá encabeza la lista con 12 casos, seguida de Bosa y Suba, cada una con ocho personas lesionadas. Usme regista seis casos, mientras que San Cristóbal y Kennedy reportan cinco casos cada una; Ciudad Bolívar, Santa Fe y Usaquén, cuatro; Fontibón y Los Mártires, tres; Chapinero, Tunjuelito y Puente Aranda, dos; y Teusaquillo y Antonio Nariño, un caso respectivamente.Aunque la cifra actual es considerablemente menor a la registrada el año pasado, cuando para esta misma fecha Bogotá reportaba 111 personas lesionadas por pólvora, las autoridades insisten en que cualquier caso es evitable y representa un riesgo grave para la salud pública.Desde la Secretaría Distrital de Salud reiteraron el llamado a la ciudadanía para que quienes hayan sufrido algún tipo de lesión acudan de inmediato a los centros de salud, especialmente si se trata de menores de edad. La entidad recordó que la pólvora, en todas sus presentaciones, puede causar daños graves, mutilaciones y secuelas de por vida.En el mismo sentido, la Policía Metropolitana de Bogotá respaldó el balance entregado por las autoridades distritales y volvió a insistir en la necesidad de evitar la manipulación de material pirotécnico durante las celebraciones de fin de año. Asimismo, hizo un llamado a denunciar la venta ilegal y el uso indebido de pólvora a través de los canales oficiales o en el CAI más cercano.
En Colombia, la tradición de que el apellido del padre preceda al de la madre dejó de ser una obligación legal. Con la entrada en vigencia de la Ley 2129 de 2021, los padres tienen la libertad de decidir de común acuerdo el orden de los apellidos de sus hijos al momento de inscribirlos en el Registro Civil de Nacimiento. Sin embargo, surge una duda frecuente: ¿qué sucede si los progenitores no se ponen de acuerdo?La normativa es clara al respecto. Según el artículo 2 de dicha ley, que modifica el Decreto 1260 de 1970, si no existe un consenso entre el padre y la madre, el funcionario encargado de llevar el registro civil, ya sea un registrador o un notario, deberá resolver la disputa mediante un sorteo. Este mecanismo garantiza que la decisión sea imparcial y no beneficie automáticamente a ninguna de las partes.El procedimiento del sorteo y excepciones para definir orden de los apellidosLa Registraduría Nacional del Estado Civil es la entidad encargada de reglamentar este sorteo. El proceso se realiza en el mismo sitio de la inscripción, evitando que el trámite del registro se dilate por falta de entendimiento familiar. Es importante destacar que esta regla aplica para hijos matrimoniales, extramatrimoniales, adoptivos y de parejas del mismo sexo.No obstante, existen escenarios específicos donde el orden se determina de otra manera:Hijos no reconocidos: si solo uno de los padres asiste a registrar al menor, el niño llevará los apellidos de ese progenitor.Decisión judicial: en casos donde la paternidad o maternidad es declarada por un juez, si no hay acuerdo, el apellido que irá primero será el de quien reconoció al menor inicialmente, seguido por el de la persona que perdió el proceso judicial.La ley también contempla beneficios para quienes ya están registrados. El parágrafo 2 establece que cualquier ciudadano, al cumplir la mayoría de edad, puede acudir a una notaría para modificar su nombre por una sola vez mediante escritura pública. Esto permite que el joven fije su identidad personal según su preferencia, pudiendo invertir el orden de sus apellidos si así lo desea.
En un extenso mensaje en su cuenta personal de X, el presidente Gustavo Petro abordó de nuevo la crisis venezolana reiterando su propuesta de una salida negociada buscando un “gobierno de transición compartido” para convocar a elecciones libres en un ambiente democrático y “sin presiones indebidas”El mandatario colombiano no comparte la idea de “un desmantelamiento violento del estado venezolano” porque, según él, podría incrementar la violencia y fortalecer grupos criminales que hoy sostienen su poder territorial con base en las economías ilícitas.Por eso él defiende una salida negociada buscando que la oposición y el oficialismo puedan alternar en el gobierno hasta que exista un ambiente de confianza que contribuya a la estabilidad política y social de los venezolanos.El mensaje del presidente podría interpretarse como respaldo a su canciller Rosa Villavicencio quien afirmó haber sido malinterpretada cuando aseguró a Bloomberg que Nicolás Maduro estaría considerando una salida negociada del poder a cambio del levantamiento de sanciones en su contra hacia un gobierno de transición.El mensaje de Petro en X también viene cargado con un sentido crítico de los últimos dos años y medio, desde cuando él promovió una conferencia internacional sobre el proceso político en Venezuela que se desarrolló en Bogotá el 25 de abril de 2023.Para el jefe de Estado, los esfuerzos para encontrar una salida a la encrucijada política de los venezolanos, que desde hace más de 26 años viven bajo el régimen chavista, ha fracasado por razones que él atribuye al “sectarismo reinante y el afán de (Joe) Biden” que, según el, “no permitieron alcanzar una salida negociada de ningún tipo”.El 22 de abril de 2023 hubo una reunión entre Gustavo Petro y algunos representantes de la oposición venezolana en Bogotá, con apoyo de Estados Unidos en la agenda de diálogo. En ese encuentro, el presidente colombiano propuso el “desmonte de sanciones a Venezuela y a (Nicolás) Maduro, abrir un clima de desescalamiento del conflicto político rápido y lograr elecciones libres cuánto antes”“No se presentó el desbloqueo de Venezuela, ni dejaron participar a Corina, ni le quitaron el precio a la cabeza de Maduro y las elecciones no fueron libres. Dije públicamente: no son libres las elecciones bajo un país bloqueado”A esa reunión que fue antes de la conferencia internacional asistieron, en Hato Grande, el coordinador de la delegación de la Plataforma Unitaria, Gerardo Blyde; junto con Claudia Nikken, Tomás Guanipa, Stalin González, Luis Aquiles Moreno, Luis Emilio Rondón, Alejandro Mora y Roberto Enríquez.Quien encabezó la delegación de la Casa Blanca envió a la conferencia fue el entonces asesor del Gobierno estadounidense para Latinoamérica, Juan González; quien fue acompañado por el asesor presidencial especial para las Américas Chris Dodd; y el principal asesor adjunto de Seguridad Nacional, Jon Finer.
En un operativo desarrollado por unidades del GAULA de la Policía Nacional fue rescatado sano y salvo el alcalde de Chimichagua (Cesar), José David Rocha Quintero, quien había sido secuestrado en la mañana del 20 de noviembre en Soacha, Cundinamarca. La liberación se llevó a cabo en un parqueadero ubicado en el barrio La Unión.Según informó la Policía, el mandatario municipal había viajado a Bogotá para concretar una supuesta negociación de maquinaria a bajo costo. La cita lo llevó a un parqueadero en Soacha, donde fue intimidado y posteriormente privado de su libertad.Horas después, familiares y colaboradores recibieron llamadas en las que el propio alcalde les solicitaba 100 millones de pesos. El requerimiento, sin justificación clara, generó sospechas entre sus allegados, quienes dieron aviso inmediato al GAULA. Tras la denuncia, la institución activó un plan de búsqueda e investigación para establecer el paradero del funcionario.Las labores de inteligencia, verificación y seguimiento técnico permitieron ubicar con precisión el sitio donde se encontraba retenido. Un equipo operativo ingresó al lugar de manera controlada y efectuó el rescate, sin que el alcalde resultara lesionado.En el punto fueron capturados inicialmente dos hombres, encargados de su custodia. Sin embargo, durante el procedimiento, habitantes del sector alertaron sobre la presencia de otras personas que habían escapado por el techo del establecimiento. Las patrullas desplegaron una búsqueda adicional que permitió la captura de tres personas más y la aprehensión de un menor de edad.En el operativo se incautó un arma de fuego, cinco cartuchos calibre 38, cinco celulares y 18 cartuchos de fusil calibre 5.56. La Policía destacó que la coordinación operativa, las labores de inteligencia y la colaboración ciudadana fueron determinantes para la liberación del mandatario local.
El registrador nacional, Hernán Penagos, presentó ante el nuncio apostólico y más de 30 representantes del cuerpo diplomático acreditado en Colombia los principales lineamientos y retos de cara a las elecciones presidenciales y legislativas de 2026.Durante el encuentro, explicó el funcionamiento del proceso electoral colombiano y las estrategias diseñadas para garantizar la transparencia, como lo es por ejemplo, la publicación de todas las actas E-14, auditorías especializadas, misiones de observación y sistemas de autenticación biométrica facial y dactilar.Para Penagos, este tipo de encuentro es vital para que el proceso electoral se adelante de la mejor manera contando con todas las entidades y organizaciones del país, en especial cuando se siguen enfrentando al impacto negativo de las narrativas desinformativas en redes sociales, que, a su juicio, afectan la percepción sobre las instituciones electorales.“A veces, la opinión pierde de vista que un proceso electoral se tramita bien en la medida en que todas las entidades del Estado participen, incluyendo al gobierno, que es determinante en Colombia. (...) En Colombia constitucionalmente se acepta que algunos ministerios participen para lograr mejor democracia, para gestionar el proceso bien, para lograr, digamos, que transita”, agregó.Penagos destacó que el momento más decisivo del proceso electoral continúa siendo el cierre de urnas a las 4:00 de la tarde, cuando 700.000 jurados de votación realizan el conteo manual de votos y diligencian las actas, una labor que, según dijo, es fundamental para garantizar la confianza en los resultados.Finalmente, el registrador insistió en la necesidad de que todas las entidades del Estado trabajen de forma articulada para garantizar no solo el derecho al voto, sino el derecho a votar libremente en todo el territorio nacional.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo en un evento con trabajadores de su país que la primera exportación de gas hacia Colombia “ya está lista” y que solo faltan “algunos elementos técnicos” para que comiencen los envíos a través del Gasoducto Transcaribeño Antonio Ricaurte."Ya está el gas en la frontera para pasar a Colombia. Faltan algunos elementos técnicos económicos y listo, pasa el gas, primer envío de gas y de ahí no vamos a parar porque Colombia y Venezuela tenemos que estar unidos", dijo el mandatario.Este sería el primer paso de una integración económica más profunda entre ambos países. Maduro aseguró que Venezuela y Colombia deben estar cada vez más unidas en una economía integrada con un comercio e inversiones binacionales crecientes.En septiembre el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, anunció que el Gobierno trabaja para traer la primera molécula de gas desde Venezuela antes de que finalice el 2025 y restablecer la interconexión eléctrica binacional, buscando la seguridad energética para Colombia y garantizar mejores tarifas para la población.Palma asegura que las empresas privadas no se ponen de acuerdo sobre los proyectos que se necesitan, insiste en traer gas desde Venezuela y reconoce que le preocupan los tiempos de ejecución de los proyectos de importación de Ecopetrol.Maduro también expresó su confianza en que Venezuela logre la meta de producir un millón 200 mil barriles diarios de crudo, que es la meta de su plan económico.
Con el traslado de 270 personas privadas de la libertad, la Alcaldía de Neiva puso en funcionamiento el nuevo Centro de Detención Transitoria CDT, una infraestructura con la que busca disminuir el hacinamiento y garantizar mejores condiciones de salubridad para los detenidos en la capital del Huila.El hacinamiento donde funcionaba el anterior CDT alcanzó niveles críticos, lo que evidenciaba que la infraestructura no ofrecía las condiciones mínimas de seguridad para los detenidos.“La necesidad de contar con una infraestructura adecuada para albergar a los detenidos era urgente. Nosotros teníamos un espacio que no cumplía ni con lo mínimo. Estaba diseñado para un máximo de 90 personas y llegó a tener más de 250. Ya estaba completamente colapsado, al punto de que la Policía nos advirtió que, de continuar realizando detenciones, no habría dónde llevar a los capturados”, señaló German Casagua Bonilla, alcalde de Neiva.De acuerdo con las especificaciones técnicas la nueva infraestructura cuenta con siete celdas y capacidad para albergar hasta 500 detenidos. Además, cumple con lo dispuesto en la Ley 1709 de 2014 y en la sentencia SU 122 de 2022 de la Corte Constitucional.“Estamos entregando un centro con altos estándares de seguridad y condiciones técnicas adecuadas. Cuenta con siete celdas para 300 internos, además de espacios de entretenimiento, salas de audiencia, áreas administrativas y zonas para el encuentro de los detenidos con sus familias”, destacó José Ferney Ducuara, secretario de Gobierno de Neiva.El funcionario, además, confirmó que se contempla, a corto plazo, aumentar el número de celdas de siete a diez. Para ello, se anunció la realización de obras complementarias en los próximos meses.El CDT de Neiva, bajo la custodia de la Policía, recibe detenidos no solo de la capital huilense, sino también de 16 municipios del departamento. “Con más de 50 efectivos asignados a este centro, reforzaremos la seguridad tanto de los internos como de la comunidad vecina de este sector”, afirmó el comandante (e) de la Policía Metropolitana de Neiva, teniente coronel Alex Andrés Muñoz Ausecha.La nueva infraestructura cuenta con celdas individuales con paredes reforzadas, un sistema de cámaras internas y externas, sala de audiencias para agilizar los procesos judiciales, y mejoras integrales en salubridad, ventilación, higiene y seguridad. Además, incluye un área administrativa, inexistente en la antigua instalación, y un patio de sol, fundamental para garantizar los estándares de derechos humanos.
Este viernes fue aprobada una proposición del senador de Cambio Radical, Carlos Fernando Motoa, para que sean citados todos los ministros del Gobierno Petro, con el fin de que expongan las explicaciones sobre la declaratoria de la emergencia económica.A la iniciativa se unieron el Partido Conservador y el Centro Democrático e, incluso, la senadora del Pacto Histórico, Isabel Cristina Zuleta, quien señaló que gracias a este debate el país podrá conocer la situación fiscal que enfrenta el Gobierno.“Así que sí, bienvenido el debate, bienvenido el debate, porque tiene que ver precisamente con el cumplimiento de esas decisiones de la Corte, que no solamente consisten en aumentar el gasto y cumplir esas sentencias, sino también en lo que la Corte dijo: no se podía recaudar. Y no recaudar tiene consecuencias, tiene consecuencias sobre las finanzas del Estado. Así que, por supuesto, bienvenido; estaré muy pendiente”, dijo la senadora Isabel Cristina Zuleta.El presidente del Senado, Lidio García, también se refirió a las declaraciones del ministro del Interior, Armando Benedetti, quien aseguró que el Congreso no podría adelantar el debate de control político hasta que el Gobierno envíe el informe sobre la declaratoria y sus medidas.“Yo no quiero estar poniendo piedras en el camino, sino dar la oportunidad de que el país conozca qué piensa el Senado y cuál es el control que estamos haciendo a cada una de las iniciativas del Gobierno nacional”, afirmó el senador Lidio García.Además, otros congresistas señalaron que el Gobierno no tiene razones para declarar la emergencia económica.“No están dadas las condiciones para este decreto de emergencia porque no se trata de un hecho sobreviniente y porque el hundimiento de estas dos reformas tributarias no fue más que la crónica de una muerte anunciada, advertida profusamente por un buen número de senadores. Decir, presidente, tal como usted lo ha venido reclamando, que el Congreso es una rama del poder público independiente, y también se ha expresado hasta la saciedad que no es notario del Ejecutivo”, añadió el senador Efraín Cepeda.
La escalada de violencia que golpea al Catatumbo tiene detrás a tres criminales clave del ELN, señalados de liderar las confrontaciones armadas contra el frente 33 de las disidencias de las Farc, en una guerra territorial que ya provoca confinamiento masivo, desplazamientos forzados y un grave impacto sobre la población civil en esta zona del nororiente del país. Las acciones se concentran principalmente en Tibú, pero también se extienden hacia Ocaña, Ábrego y otros municipios estratégicos del departamento.En el centro de esta ofensiva está el frente Juan Fernando Porras Martínez, una de las estructuras más fuertes del Frente de Guerra Nororiental del ELN y, según información de inteligencia, la encargada de entrenar a los pilotos de drones que hoy participan en los ataques armados. Este frente, además, estaría preparando a sus delincuentes tanto en territorio colombiano como en Venezuela, fortaleciendo sus capacidades militares y tecnológicas para sostener la confrontación con las disidencias y enfrentar a la fuerza pública.Al mando de esta estructura aparece alias ‘Julián’, ‘Manuel Guevara’ o 'Parmenio’, un cabecilla histórico del ELN con más de tres décadas de trayectoria criminal. Su nombre está ligado a la planeación y orden de emboscadas, campos minados, ataques con francotiradores, hostigamientos armados y secuestros en Norte de Santander y Cesar, acciones que dejaron militares y policías muertos y heridos. Dentro de la organización es considerado una pieza clave por su experiencia en el manejo financiero, político y militar, así como por su papel en el direccionamiento estratégico del frente que hoy lidera la guerra en el Catatumbo.El segundo hombre es Diego Fernando Coronel, alias ‘Caballo de Guerra’, señalado como segundo cabecilla del frente Juan Fernando Porras Martínez. Las comisiones que dirige son, según las autoridades, las que están directamente comprometidas en los enfrentamientos contra el frente 33 de las disidencias de las Farc en el municipio de Tibú.Su rol, destaca el informe de inteligencia, ha sido determinante en la implementación de ataques con drones y en acciones armadas tanto contra estructuras rivales como contra la Fuerza Pública. Alias ‘Caballo de Guerra’ tiene un historial criminal que incluye su paso como cabecilla de comisión y tercer cabecilla del frente Camilo Torres Restrepo, con influencia en zonas rurales de El Carmen, Convención y el sur del Cesar, y figura en investigaciones formales de la Fiscalía por delitos asociados al terrorismo.El tercer actor en esta confrontación es alias ‘Chuky’, cabecilla principal de la compañía Caribe del ELN. Esta estructura también cuenta con capacidad de ataque mediante drones, aunque su radio de acción se concentra especialmente en el occidente de Norte de Santander, en municipios como Ocaña y Ábrego. Allí, la compañía Caribe mantiene enfrentamientos no solo con las disidencias de las Farc, sino también con estructuras del Clan del Golfo, en una disputa múltiple por el control territorial y las rutas estratégicas.Alias ‘Chuky’ tiene una trayectoria marcada por emboscadas, atentados contra estaciones de Policía, asesinatos de uniformados, instalación de campos minados y hostigamientos armados en zonas rurales del Catatumbo y del Cesar. Antes de llegar a la jefatura de la compañía Caribe, fue seguridad de mandos del Frente de Guerra Nororiental y segundo cabecilla de esa misma estructura, consolidando un perfil violento y de alto impacto operacional.De acuerdo con la información de inteligencia, el frente Juan Fernando Porras Martínez, la compañía Caribe y el frente Camilo Torres Restrepo conforman hoy el núcleo de las estructuras del ELN en el Catatumbo con mayor capacidad ofensiva, particularmente en el uso de drones armados.Estas tres organizaciones serían las responsables de la mayoría de acciones recientes contra la fuerza pública, la población civil y de la confrontación directa con el frente 33 de las disidencias de las Farc, una guerra que sigue profundizando la crisis humanitaria en la región y mantiene a por lo menos 500 de familias atrapadas en medio del fuego cruzado y deja más de 250 desplazados.
Tres presuntos integrantes del GAO-r Frente Gerónimo Galeano fueron capturados en San Antonio. Las autoridades los señalan de participar en el ataque armado contra la estación de Policía de El Limón, en Chaparral, y de recaudar ilegalmente cerca de $400 millones mediante extorsiones.En un contundente operativo adelantado por el Gaula Militar Tolima, adscrito a la Sexta Brigada del Ejército Nacional, fueron capturados tres presuntos integrantes de las disidencias de las Farc, estructura Gerónimo Galeano, señalados de graves acciones criminales en el sur del departamento del Tolima.Las detenciones se realizaron en la vereda Legía Alta, del municipio de San Antonio, en desarrollo de diligencias de allanamiento y registro ejecutadas de manera articulada con la Fuerza Aeroespacial Colombiana, la Sijín de la Policía Nacional y el CTI de la Fiscalía General de la Nación.Entre los capturados se encuentra Libardo Rojas, conocido con los alias de 'Libardo' o 'Alexander', identificado como cabecilla de la comisión de finanzas y tercer cabecilla de esta estructura armada ilegal. Junto a él fueron detenidos su hermano Afranio Rojas y Iván David Vera.Según las investigaciones preliminares, los capturados estarían vinculados con el hostigamiento armado contra la estación de Policía del corregimiento El Limón, en el municipio de Chaparral, ocurrido el pasado 7 de diciembre de 2025, durante la noche de velitas.Además, las autoridades establecieron que esta estructura venía adelantando actividades extorsivas sistemáticas contra diversos gremios productivos, entre ellos caficultores, compradores de café, transportadores, comerciantes y finqueros de los municipios de Chaparral, San Antonio, Roncesvalles y Rioblanco, logrando recaudar de manera ilícita cerca de 400 millones de pesos.“Entre los capturados se encuentra el cabecilla de la comisión de finanzas, responsable de coordinar extorsiones y acciones armadas contra la Fuerza Pública”, señaló a Blu Radio el coronel Arnold Esneider Pérez Linares, comandante de la Sexta Brigada del Ejército Nacional.Las autoridades también establecieron que esta estructura criminal ejercía intimidación a la población civil mediante proselitismo armado, instalación de carteles, grafitis, vallas y la realización de reuniones forzadas, con el fin de imponer normas de conducta, constreñir a las comunidades rurales e impedir la acción de la Fuerza Pública. Incluso, se reportaron invasiones a predios rurales en contra de la voluntad de sus propietarios.Estas acciones criminales se habrían desarrollado durante los últimos cinco meses, en articulación con integrantes del GAO-r Frente Ismael Ruiz, entre ellos alias 'Cortico' o 'Felipe Troche' y alias 'Risas', quienes ya fueron capturados en meses anteriores.Durante el procedimiento, las autoridades incautaron armas de fuego, municiones, proveedores, panfletos extorsivos del Frente Gerónimo Galeano, un computador portátil, teléfonos celulares y una agenda, elementos que eran utilizados para la planeación y ejecución de las actividades delictivas.Los tres capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía 263 de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales (Gaula), donde deberán responder por los delitos de concierto para delinquir con fines de extorsión, en concurso con extorsión agravada.De acuerdo con el Ejército Nacional, este resultado representa un golpe directo a las economías ilícitas de esta estructura armada ilegal y contribuye al restablecimiento de la seguridad y la confianza institucional en el sur del Tolima, como parte de los esfuerzos sostenidos de la Fuerza Pública para proteger a la población civil y fortalecer la presencia del Estado en la región.
En diálogo con Mañanas Blu, el general Herbert Luguiy Benavidez, Jefe nacional del servicio de Policía, entregó detalles sobre el balance que deja la celebración de Navidad en el territorio Nacional. Hay preocupación por cuenta de los quemados con pólvora, las riñas y asesinatos y la incautación de licor adulterado. Durante el periodo comprendido entre el 24 de diciembre y la madrugada del 25, se registraron 48 homicidios en todo el territorio nacional. Aunque la cifra representa una reducción del 20% en comparación con los 60 casos reportados el año anterior, el dato sigue siendo superior al promedio diario de 37 casos que maneja el país en días normales.Lo más alarmante para las autoridades es que el 54% de estas muertes estuvieron relacionadas directamente con riñas y temas de intolerancia. Si se analiza exclusivamente la franja de mayor celebración (de 6:00 p. m. del 24 a 6:00 a. m. del 25), el porcentaje de víctimas por riñas asciende al 61%, concentrándose principalmente en ciudades como Bogotá, Barranquilla y Cartagena.Cifras críticas de quemados y el peligro de la pólvoraEn cuanto al uso de pirotecnia, el panorama es desalentador. El Instituto Nacional de Salud ha reportado 825 personas quemadas en lo corrido de diciembre, lo que representa un incremento del 5% respecto al año pasado. De este total, 267 son menores de edad, y se han registrado cinco casos de intoxicación por fósforo blanco tras el contacto de niños con estos elementos.El general Benavides enfatizó que 235 adultos resultaron lesionados bajo los efectos del alcohol, vinculando directamente el consumo desmedido de licor con la falta de precaución. A pesar de que la Policía ha logrado la incautación de 10 toneladas de pólvora, la persistencia ciudadana en su uso irresponsable ha llevado a advertencias sobre la posible pérdida de la patria potestad para los padres de menores afectados.Convivencia ciudadana y control de licor ilegalLa línea de emergencia 123 recibió más de 30,000 llamadas durante las festividades, de las cuales 16,000 requirieron intervención policial. Los motivos principales fueron la perturbación de la tranquilidad por exceso de ruido (más de 2,200 quejas) y riñas en curso (casi 2,000 reportes). Debido a la agresividad en los encuentros, la imposición de comparendos aumentó un 29% tras fallar los procesos de mediación.Finalmente, en la lucha contra el mercado ilegal, las autoridades han ejecutado más de 13,000 planes operativos, logrando la incautación de 9,793 botellas de licor adulterado y de contrabando, además del desmantelamiento de dos alambiques clandestinos. La recomendación de la Policía es adquirir estas bebidas únicamente en sitios reconocidos para evitar tragedias adicionales por intoxicación.Escuche aquí la entrevista:
Luego de las evidencias recolectadas por la Procuraduría General de la Nación, el exalcalde de Neiva, Gorky Muñoz Calderón, enfrenta cargos disciplinarios por presuntas irregularidades en la ejecución del programa de alimentación escolar PAE durante la vigencia del 2021.Según el ministerio público, el entonces mandatario local omitió garantizar la prestación continua y efectiva del servicio PAE para la entrega de los kits de alimentación que debían ser suministrados a los estudiantes beneficiarios del programa de las instituciones educativas de la ciudad.El ente de control indicó que durante el proceso contractual se habrían evidenciado deficiencias en los períodos comprendidos entre el 11 de enero al 7 de febrero, del 23 de febrero al 10 de marzo, del 30 de marzo al 13 de junio, y, para el segundo semestre académico, del 2 de septiembre al 18 de noviembre de 2021.Le puede interesar: Cafeteros proponen que el café colombiano haga parte del PAEPara la Procuraduría, el incumplimiento del PAE por parte del exmandatario, afectó la atención de los estudiantes, al no recibir las raciones correspondientes que esperaban en tiempos de emergencia declarada por el Covid-19, conducta calificada como falta disciplinaria cometida a título de culpa grave.
Cuando varios uniformados atendían un posible caso de violencia intrafamiliar en plena vía pública en el barrio La Pradera, del municipio de Pitalito sur del Huila, una persona involucrada en la riña intentó despojar del arma de dotación a uno de los policías, quien de manera inmediata reaccionó con el fin de proteger su integridad.Como resultado de este hecho, un hombre identificado como Marcos Vacca Bulla resultó herido en medio de la asonada y falleció cuando era atendido en un centro hospitalario, mientras que el uniformado herido se encuentra fuera de peligro, según confirmaron las autoridades.“En un procedimiento policial por una riña de violencia intrafamiliar que nos reportó la comunidad en el barrio La Pradera de Pitalito, la patrulla que atendió el caso fue objeto de una presunta asonada por parte de un grupo de personas que intentó agredir a los uniformados. En medio de la situación una persona habría intentado despojar del arma de dotación a uno de los policías, el uniformado accionó su arma y disparó contra esta persona que posteriormente falleció cuando era atendido en un hospital” dijo el teniente coronel Hedel García Medina, comandante del Quinto Distrito de Policía en el Huila.Le puede interesar: Frustran atentado terrorista en pleno casco urbano de Facatativá: más 15 kilos de explosivosEn el procedimiento policial otra persona implicada en la gresca fue capturada y dejada a disposición de la Fiscalía Local de Pitalito para el debido proceso de judicialización por los delitos de violencia intrafamiliar y asonada.Las autoridades le hacen un llamado a la ciudadanía de permitir que la policía cuando sea alertada del cualquier circunstancia que altere la tranquilidad de los ciudadanos, abstenerse de atacar a los uniformados para que la situación no pase a mayores y no termine con resultados lamentables.
Una medida cautelar emitida por la JEP permitió la recuperación de 34 cuerpos de personas dadas por desaparecidas durante el conflicto armado en el Cementerio Católico de Saravena (Arauca).La acción hace parte del Plan Regional de Búsqueda del Sarare, impulsado por la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), en coordinación con la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.El camposanto, priorizado como sitio de interés forense por su relación con casos de desaparición forzada, cuenta desde 2023 con una medida cautelar de protección emitida por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad (SARV) de la JEP. Desde entonces, la UBPD ha adelantado cuatro intervenciones humanitarias que han permitido el abordaje de 81 cuerpos y la recuperación de los 34 que son de su competencia.Durante la más reciente intervención, los equipos forenses trabajaron en cuatro áreas priorizadas, donde lograron recuperar seis cuerpos inhumados directamente en suelo. En esta fase se aplicaron técnicas como el uso de georradar, que permitió detectar alteraciones del terreno y orientar la ubicación de los sitios de excavación.Según explicó la antropóloga Daniella Stephanya Caballero, de la UBPD, el trabajo en fosas múltiples y la falta de registros precisos sobre las inhumaciones han hecho que la acción humanitaria sea “más compleja, porque en muchos casos encontramos cuerpo sobre cuerpo en multinivel”.De los cuerpos bajo competencia de la UBPD, 27 fueron trasladados a Medicina Legal para los análisis de identificación y toma de muestras óseas. En siete casos adicionales se confirmó correspondencia con registros ‘post mortem’ ya existentes, lo que permitirá avanzar en su plena identificación.La medida cautelar ordenada por la JEP busca proteger los cuerpos no identificados y los identificados sin reclamar, garantizando su preservación y facilitando los procesos de búsqueda e identificación de las víctimas de desaparición forzada.Estas acciones han sido posibles gracias a la articulación entre la JEP, la UBPD y Medicina Legal, con el apoyo de la Alcaldía de Saravena, la Parroquia Cristo Rey, organizaciones sociales y la comunidad local.Tanto la JEP como la UBPD reiteraron su compromiso con la verdad, la reparación y la dignidad de las víctimas, e invitaron a los habitantes de Arauca y del país a aportar información que contribuya a la búsqueda humanitaria y a la identificación de los cuerpos no reclamados que permanecen en este cementerio.
El Ejército presentó su balance operacional de 2025, un año marcado, según el general Luis Emilio Cardozo, comandante de la institución, por resultados de alto impacto contra los grupos armados ilegales, el narcotráfico y la minería ilegal, así como por el fortalecimiento del control territorial en zonas históricamente afectadas por la violencia.Uno de los principales resultados fue la mayor incautación de armamento de los últimos diez años. Durante 2025, las tropas decomisaron 916 armas largas, 2.320 armas cortas, 63 armas de acompañamiento y más de 738.000 municiones, evitando que este material fuera usado contra la población civil y la Fuerza Pública. A esto se sumó la destrucción de 5.972 minas antipersonal y la incautación de más de 22 toneladas de explosivos.En la lucha contra el narcotráfico, el Ejército incautó 111.593 kilos de cocaína, 14.855 kilos de pasta base y 107.286 kilos de marihuana, además de destruir 182 laboratorios de clorhidrato de cocaína y 2.323 de pasta base, golpeando de manera directa las finanzas de los grupos criminales. Estas acciones representaron incrementos de hasta el 70 % frente a los resultados del año anterior.Las operaciones militares desarrolladas en regiones como Catatumbo, sur del Cauca, Nariño, norte del Cauca, sur del Valle y sur de Bolívar permitieron afectar de forma directa a estructuras del ELN, disidencias y Clan del Golfo. En total, se reportaron 3.409 capturas, 682 sometimientos a la justicia, 261 muertes en desarrollo de operaciones y la recuperación de 402 menores utilizados por estos grupos.En zonas como Catatumbo, además de los combates, se adelantaron acciones humanitarias que permitieron la evacuación de más de 3.600 personas, la atención de 87.000 desplazados y la entrega de más de 350 toneladas de ayudas, mientras se consolidaba la presencia de más de 10.500 soldados en el territorio.Durante 2025 se realizaron 889 capturas, se incautaron 1.068 máquinas de maquinaria pesada, se intervinieron 294 minas ilegales y se inutilizaron 504 dragas, afectando directamente una de las principales fuentes de financiación de los grupos armados.En materia de secuestro y extorsión, los grupos Gaula Militar reportaron 1.020 capturas, la liberación de 105 personas y el rescate de 175 ciudadanos, con un aumento del 230 % en la efectividad operacional frente al año anterior.El balance también destacó el papel de los Ingenieros Militares, que instalaron cuatro puentes militares, avanzaron en obras viales y lograron declarar cuatro municipios libres de minas antipersonal, reduciendo riesgos para miles de habitantes en zonas rurales.
La situación en la zona rural de Tibú, específicamente en los sectores de La Gabarra y Pacheli, ha alcanzado niveles críticos debido a los enfrentamientos armados que se presentan desde el pasado 24 de diciembre. Según reportó la defensora del Pueblo, Iris Marín, la población civil se encuentra atrapada en medio de una violenta disputa territorial entre el Frente 33 de las disidencias y el ELN.Desplazamiento y confinamiento de la poblaciónEl impacto en los habitantes de la región es dramático. Se ha confirmado que más de 60 familias han llegado desplazadas a la alcaldía de Tibú en busca de refugio. No obstante, la situación es aún más incierta para quienes no han podido salir; en el corregimiento de La Gabarra, un número indeterminado de personas se encuentra refugiado y confinado en una escuela. La Defensora enfatizó que no se cuenta con un censo exacto de los afectados debido a que la intensidad de los combates ha impedido el ingreso a la zona.Bloqueo de vías e imposibilidad de asistenciaLa crisis se agrava por el bloqueo de las vías impuesto por los grupos criminales, lo que ha anulado cualquier posibilidad de establecer un corredor humanitario. Esta situación ha impedido que ambulancias y misiones humanitarias, integradas por la Iglesia Católica y Naciones Unidas, ingresen para asistir a los heridos o entregar alimentos. Al respecto, Marín señaló: "En este momento pues los combates son tales que no hay condiciones de seguridad para ingresar". Además, la fuerza pública no ha logrado entrar al área debido a complicaciones climáticas adversas.Incoherencias en los gestos de pazLa Defensoría del Pueblo cuestionó duramente la voluntad de paz de estos grupos, especialmente tras el anuncio de un supuesto cese al fuego que ha resultado ser "inalcanzable" en la práctica. Se denunció una profunda incoherencia entre lo que se firma en las mesas de diálogo y la realidad del territorio. Según las fuentes, el Frente 33, lejos de avanzar hacia un desmonte, ha aprovechado este tiempo para fortalecerse territorialmente, trasladando combatientes de otras regiones para mantener su ofensiva contra el ELN en el Catatumbo.Finalmente, la defensora hizo un llamado urgente a los grupos armados para detener las hostilidades: "Lo principal es pedirle tanto al Frente 33 como al ELN que suspendan los enfrentamientos de inmediato y que permitan que la gente pueda estar un poco tranquila". Mientras tanto, la población civil sigue sufriendo las consecuencias de una guerra que no da tregua ni siquiera en las festividades de fin de año.Escuche aquí la entrevista:
La región del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander, cierra el año sumida en una profunda crisis de orden público. El pasado 26 de diciembre, se registraron violentos enfrentamientos entre el ELN y el Frente 33 de las disidencias de las Farc (bajo el mando de 'Calarcá'), específicamente sobre el kilómetro 16 de la vía que conduce al corregimiento de La Gabarra, en el municipio de Tibú. Según informó el alcalde municipal, Richard Claro, en Mañanas Blu, los combates comenzaron desde la madrugada, obligando a la población civil a resguardarse en una escuela local antes de emprender el camino hacia el casco urbano.Desplazamiento masivoLa situación ha provocado el desplazamiento de, hasta el momento, 187 personas, lo que representa aproximadamente 60 a 64 núcleos familiares que llegaron al casco urbano de Tibú buscando protección. Estos ciudadanos están siendo recibidos inicialmente en la alcaldía y posteriormente trasladados a un albergue de paso administrado en conjunto con la Diócesis de Tibú.El mandatario local expresó su preocupación por el estado emocional de la población, especialmente de los menores de edad. "Es necesaria la atención psicosocial para estos niños y niñas que están en una situación emocional bastante compleja al escuchar enfrentamientos, drones y atentados", afirmó Claro, subrayando que las familias han pasado una Navidad marcada por la intranquilidad.Un clamor por seguridad y recursosEl panorama en Tibú es crítico, pues el municipio asegura no contar con el presupuesto suficiente para atender de manera prolongada a la población desplazada, por lo que han solicitado la subsidiaridad del Gobierno Nacional y departamental, así como de la Unidad para las Víctimas.Escuche aquí la entrevista: