El número de personas lesionadas por el uso de pólvora en Colombia continúa en aumento durante la actual temporada decembrina y ya supera, antes de que termine el año, el total de casos registrados en 2024. De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud (INS), hasta el viernes 26 de diciembre, a las 2:00 de la tarde, se reportaron 904 personas lesionadas en el país, una cifra que supera los 801 casos contabilizados durante toda la temporada del año pasado.Del total de casos reportados en Colombia, 283 corresponden a menores de edad, lo que representa casi un tercio de los lesionados, mientras que 264 adultos resultaron heridos bajo los efectos del alcohol, una combinación que las autoridades consideran especialmente peligrosa durante las celebraciones de fin de año.Los departamentos y ciudades con mayor número de casos son Antioquia, que encabeza la lista con 132 personas lesionadas; seguido por Bogotá, con 81 casos; Norte de Santander, con 58; Cundinamarca, con 49, y Atlántico y Cauca con 47 casos cada uno. En el listado también aparecen Barranquilla, con 37 lesionados; Santander y Valle del Cauca, con 32 cada uno, y Nariño registra 31 casos.Las autoridades han reiterado que ningún tipo de pólvora es segura y que, incluso, los elementos considerados “pequeños” o “tradicionales” pueden provocar quemaduras severas, amputaciones y daños oculares irreversibles.Quemados en BogotáEn el caso de la capital del país, la Secretaría Distrital de Salud informó que, con corte a las 2:00 de la tarde del viernes 26 de diciembre, la cifra de personas lesionadas por pólvora en esta temporada decembrina ascendió a 81 casos. Aunque este número representa una reducción frente a la temporada anterior, las autoridades advierten que la cifra sigue siendo preocupante, especialmente por la afectación a niños y adolescentes.Del total de casos registrados en Bogotá, 20 corresponden a menores de edad. En varios de estos casos, los menores resultaron lesionados mientras observaban la manipulación de pólvora por parte de adultos o en contextos donde no existía la supervisión adecuada.En Bogotá, las lesiones más frecuentes continúan siendo quemaduras en manos, rostro y ojos, así como laceraciones y contusiones que, en algunos casos, requieren procedimientos quirúrgicos y largos procesos de recuperación.Ante este panorama, tanto el Instituto Nacional de Salud como las secretarías de salud departamentales y municipales reiteraron el llamado a no manipular pólvora, a denunciar su venta ilegal y a priorizar celebraciones seguras durante los últimos días del año.
A través de un plan candado coordinado entre el Ejército y la Policía, lograron recuperar 22 toneladas de café seco que horas antes habían hurtado varios delincuentes a la altura del puente conocido como Paso del Colegio, en la vía principal que comunica a Neiva con el municipio de La Plata, en el departamento del Huila.De acuerdo con la información de las autoridades, los asaltantes interceptaron el vehículo en el que se transportaba el café, amenazaron al conductor y luego huyeron con la carga hacia un paraje rural del municipio de Gigante, donde inicialmente hallaron el automotor sin la mercancía y, posteriormente, en una bodega encontraron los 506 bultos de café pergamino seco.El coronel Carlos Eduardo Téllez, comandante de la Policía del Huila, confirmó que los presuntos asaltantes fueron capturados custodiando las 22 toneladas de café al interior de una bodega. “En un trabajo coordinado con el Ejército logramos recuperar 22 toneladas de café que habían sido hurtadas por delincuentes en la vía La Plata–Neiva. Una vez fuimos alertados, implementamos el plan candado y, gracias al uso de la tecnología GPS, ubicamos el camión y luego, a siete kilómetros, en una bodega, encontramos el cargamento de café robado. En el operativo se capturaron dos personas”, señaló el oficial.Entre tanto, el café recuperado, que había salido del municipio de La Plata y está avaluado en más de 800 millones de pesos, será entregado a su propietario, mientras que los capturados quedaron a disposición de la autoridad judicial por el delito de receptación.
Los alcaldes de las ciudades puertorriqueñas de Arecibo, Carlos Ramírez, y de Ponce, Marlese Sifre Rodríguez, junto al de la ciudad colombiana de Cali, Alejandro Eder, acordaron este viernes presentar una iniciativa ante la Unesco para que la música salsa sea declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.Así lo informaron los mandatarios tras reunirse en Cali, ciudad en la que el miércoles pasado comenzó la Feria de Cali, que abrió la tradicional festividad de fin de año con la presentación de más de 2.200 artistas en el Salsódromo.El ritmo latino de trompetas, pianos, percusión, congas, timbales y maracas ha hecho que Cali sea considerada la 'Capital Mundial de la Salsa', por lo que ahora busca que este género sea reconocido oficialmente por la Unesco."La salsa es mucho más que un género musical: es un marcador esencial de identidad, un legado compartido que ha acompañado la vida cotidiana, las celebraciones y las expresiones culturales de nuestras comunidades", afirmó hoy el alcalde de Arecibo.En ese contexto, los alcaldes también oficializaron que en 2026 se realizará en Cali la 'Ruta Americana de la Salsa' para integrar expresiones representativas de la identidad afrocaribeña y latinoamericana."Esta apuesta cultural no solo busca fortalecer nuestra identidad, sino dinamizar el turismo y generar oportunidades reales de empleo y desarrollo para todos los caleños", indicó el alcalde Eder.La primera Cumbre de Ciudades de la Ruta Americana de la Salsa será en septiembre del 2026, justo en el marco del Festival Mundial de Salsa, y se esperarán delegaciones de 20 ciudades del continente.La Ruta Americana de la Salsa impulsa la circulación de artistas, bailadores, investigadores y emprendedores culturales, al tiempo que fortalece la economía cultural de Cali, con una red que conecta ciudades de Estados Unidos, el Caribe, Latinoamérica y Colombia."Es un honor contar con el respaldo de dos ciudades emblemáticas de Puerto Rico en esta iniciativa, reafirmando que Cali es el epicentro de este género en la región", añadió Eder.Trabajo mancomunadoEn el marco de la alianza, se acordó realizar la postulación ante la Unesco y, de manera conjunta, elevarán su solicitud para que tenga resonancia internacional."Con esta transformación social y económica que tiene Cali, desde Ponce nos vamos a unir. Esta es una oportunidad única de crear esta alianza tan maravillosa que nos une como pueblo a nivel mundial", argumentó Sifre, alcaldesa de Ponce.En el marco de esta articulación continental, se enfatizó la colaboración coordinada con ciudades clave de Estados Unidos como Nueva York, Miami y Los Ángeles; del Caribe, entre ellas La Habana, Santiago de Cuba, San Juan, Ponce, Arecibo y Santiago de los Caballeros.También se sumarán, en América Latina, Ciudad de México, Veracruz, Panamá, Caracas, Lima, Callao, Guayaquil y Santiago de Chile, además de ciudades colombianas como Barranquilla, Bogotá, Cartagena y Medellín."Desde Arecibo nos unimos a Cali. Gracias por esa oportunidad que nos dan de trabajar en conjunto para elevar la salsa a nuevos niveles", manifestó el alcalde Ramírez.Lo anterior se suma a la firma de un acuerdo enfocado en la protección del ecosistema de la salsa, realizado en noviembre pasado en Arecibo durante el Festival Mundial de Culturas, en el que Cali fue reconocida como ciudad homenajeada."Cali tiene la mirada en el mundo y el mundo tiene la mirada puesta en Cali. Seguiremos sumando esfuerzos para demostrar que somos una capital reconciliada, salsera, pujante y rumbera", concluyó Eder.
La decisión del Gobierno nacional de eliminar el financiamiento estatal a Colfuturo abrió un nuevo debate sobre las prioridades del gasto público en educación superior y formación de talento en Colombia. En entrevista con Mañanas Blu 10:30, Isabel Londoño, fundadora de la entidad, aseguró que no fue informada previamente y conoció la medida a través de un mensaje publicado por el presidente Gustavo Petro en la red social X.“Nadie me llamó, ni tampoco de Colfuturo. Yo solamente vi el comunicado que salió en la red social X y me enteré de lo que estaba pasando”, afirmó Londoño, quien subrayó que la discusión debe darse en un escenario de diálogo institucional. A su juicio, el país necesita sentarse a revisar cómo se distribuyen los recursos en educación. “Tenemos que redefinir cuáles son las prioridades del gasto público en educación (…) porque competimos por una canasta de recursos que es limitada”, señaló.Prioridades del Estado y cambio de contextoLa fundadora de Colfuturo explicó que el contexto nacional es muy distinto al de 1990, cuando se creó la entidad, en un ambiente de articulación entre el sector público y privado tras la Constitución de 1991. “Ese pensamiento que existía en 1990 es muy diferente al pensamiento que existe hoy. Las prioridades del gobierno han cambiado y la sociedad también ha cambiado”, sostuvo.No obstante, insistió en que cualquier conversación debe darse con respeto. “Esa conversación no puede empezar con agresiones ni con palabras ofensivas (…) tiene que ser una conversación de gente que quiere al país”, enfatizó.Impacto en empresas, Estado y jóvenesSobre los posibles efectos de la reducción de recursos, Londoño advirtió que los principales afectados serían las empresas y el propio Estado. “Las primeras perjudicadas van a ser las empresas y el gobierno colombiano porque necesitamos talento para desarrollar proyectos de infraestructura, tecnología, salud y educación”, afirmó.También destacó el papel de Colfuturo como incentivo para los jóvenes. “Colfuturo se volvió como una zanahoria al final del camino que permitía que la gente joven se esforzara y soñara con estudiar afuera”, dijo, recordando que la fundación fue creada originalmente para otorgar entre 300 y 500 apoyos anuales.Debate sobre equidad y becas en el exteriorFrente a las críticas por la composición socioeconómica de los beneficiarios, Londoño fue enfática en que los programas de posgrado en el exterior no están diseñados para redistribuir ingresos. “Pensar que con becas de posgrado en el exterior se puede hacer redistribución del ingreso es una demagogia”, aseguró, al explicar las barreras previas de acceso a la educación superior.Finalmente, expresó dudas sobre la capacidad del Gobierno para reemplazar el programa en el corto plazo. “Administrar un proceso de selección para un posgrado en el exterior es extremadamente complejo (…) es prácticamente imposible hacerlo en ocho meses”, concluyó.Escuche acá la entrevista completa:
Las autoridades en Antioquia no bajan la guardia ante la amenaza de los ataques con drones y por ello, la Gobernación anunció que se encuentra en el proceso de adquirir equipos especiales para emplear en contra de estos artefactos tecnológicos.Según reveló el secretario de Seguridad Luis Martínez, si bien es el Ejército el que debe determinar en qué zonas del departamento se emplearán, a su juicio para iniciar las prioridades son las subregiones del Nordeste, Bajo Cauca y Norte, donde ya se han presentado algunos hechos.Mientras tanto, el ente departamental está a la espera del aval de las fuerzas militares para proceder con la compra, que será con recursos de la tasa de seguridad e implicarán una inversión de 4.000 millones de pesos."Ya estamos en la adquisición de los mismos, estamos haciendo todas las coordinaciones pues con Ejército porque son ellos los usuarios finales y deben aprobar algunas situaciones que consideran deben cumplir estos aparatos. Son cinco antidrones que estamos adquiriendo para darle a nuestro Ejército", aseguró Luis Martínez, secretario de Seguridad de Antioquia.Cabe recordar que la Fuerza Pública ya viene adoptando una serie de medidas con el fin de contrarrestar estas amenazas ya conocidas en otras zonas del país, así lo indicó recientemente el coronel Óscar Mauricio Rico, comandante de la Policía en el departamento, quien aseguró que las experiencias en la lucha contra este tipo de dispositivos en zonas como Cauca y El Catatumbo han brindado mayores herramientas para prevenir atentados.Entre las disposiciones, Rico indicó que se encuentra, tanto el aumento en la recolección de información, como la instalación de inhibidores de señal para evitar el rango de maniobra de los drones, aunque reconoció que los grupos armados están adquiriéndolos equipados especialmente para estas acciones terroristas.Otra de las estrategias que reveló Rico se está implementando consiste en el seguimiento a la trazabilidad de la comercialización de estos elementos. Si bien explicó que su compra o venta no tiene ninguna restricción legal, destacó que avanzan en la investigación de la cadena de importación de aquellos que han quedado en poder de la fuerza pública para así poder identificar de manera precisa cómo están llegando hasta estas estructuras al margen de la ley.
El mundo del teatro musical amaneció de luto tras conocerse la muerte violenta de Imani Dia Smith, actriz estadounidense de 26 años que alcanzó reconocimiento internacional por su participación en el musical 'El Rey León' en Broadway. El caso, que ha generado indignación y tristeza entre colegas y seguidores, tiene como principal acusado a su propio novio, quien fue capturado por las autoridades y ahora enfrenta cargos por asesinato.La información preliminar entregada por la Oficina administrativa del condado de Middlesex, en Nueva Jersey, señala que los hechos ocurrieron en la mañana del 21 de diciembre de 2025. Minutos después de las 9:00 a. m., una llamada al número de emergencias alertó sobre un posible ataque con arma blanca en una vivienda. Al llegar al lugar, los uniformados encontraron a la joven actriz gravemente herida.Smith fue trasladada de inmediato a un hospital cercano, donde el personal médico intentó salvarle la vida. Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, fue declarada muerta poco tiempo después. El caso encendió las alarmas de las autoridades, quienes iniciaron una investigación que rápidamente condujo a la captura de Jordan D. Jackson-Small, de 35 años.Según el reporte oficial, el hombre tenía una relación previa con la víctima, lo que descartó desde el inicio que se tratara de un hecho fortuito o de violencia al azar. El sospechoso fue detenido sin que se presentaran incidentes adicionales y, mientras se define su situación judicial, enfrenta cargos por asesinato en primer grado, poner en peligro el bienestar de un menor, así como varios delitos relacionados con la posesión ilegal de armas.La noticia fue confirmada por la familia de la actriz, que además lanzó una campaña en la plataforma GoFundMe para cubrir los gastos derivados de esta tragedia. En la publicación, los allegados revelaron que Imani deja un hijo de apenas tres años, además de sus padres, dos hermanos menores y una extensa comunidad que hoy lamenta profundamente su pérdida.Más allá del impacto judicial, la muerte de Smith ha golpeado con fuerza al ámbito artístico. Su papel más recordado fue el de la joven Nala en El Rey León, producción en la que participó en Broadway entre 2011 y 2012. Su talento sobre el escenario y su disciplina profesional le valieron el cariño del público y de sus compañeros.La campaña solidaria busca reunir 75.000 dólares, recursos que serán destinados no solo a los servicios funerarios, sino también a la atención psicológica del menor y de la familia, gastos legales, limpieza del lugar de los hechos y el cuidado continuo del hijo de la actriz.
La escalada de violencia que golpea al Catatumbo tiene detrás a tres criminales clave del ELN, señalados de liderar las confrontaciones armadas contra el frente 33 de las disidencias de las Farc, en una guerra territorial que ya provoca confinamiento masivo, desplazamientos forzados y un grave impacto sobre la población civil en esta zona del nororiente del país. Las acciones se concentran principalmente en Tibú, pero también se extienden hacia Ocaña, Ábrego y otros municipios estratégicos del departamento.En el centro de esta ofensiva está el frente Juan Fernando Porras Martínez, una de las estructuras más fuertes del Frente de Guerra Nororiental del ELN y, según información de inteligencia, la encargada de entrenar a los pilotos de drones que hoy participan en los ataques armados. Este frente, además, estaría preparando a sus delincuentes tanto en territorio colombiano como en Venezuela, fortaleciendo sus capacidades militares y tecnológicas para sostener la confrontación con las disidencias y enfrentar a la fuerza pública.Al mando de esta estructura aparece alias ‘Julián’, ‘Manuel Guevara’ o 'Parmenio’, un cabecilla histórico del ELN con más de tres décadas de trayectoria criminal. Su nombre está ligado a la planeación y orden de emboscadas, campos minados, ataques con francotiradores, hostigamientos armados y secuestros en Norte de Santander y Cesar, acciones que dejaron militares y policías muertos y heridos. Dentro de la organización es considerado una pieza clave por su experiencia en el manejo financiero, político y militar, así como por su papel en el direccionamiento estratégico del frente que hoy lidera la guerra en el Catatumbo.El segundo hombre es Diego Fernando Coronel, alias ‘Caballo de Guerra’, señalado como segundo cabecilla del frente Juan Fernando Porras Martínez. Las comisiones que dirige son, según las autoridades, las que están directamente comprometidas en los enfrentamientos contra el frente 33 de las disidencias de las Farc en el municipio de Tibú.Su rol, destaca el informe de inteligencia, ha sido determinante en la implementación de ataques con drones y en acciones armadas tanto contra estructuras rivales como contra la Fuerza Pública. Alias ‘Caballo de Guerra’ tiene un historial criminal que incluye su paso como cabecilla de comisión y tercer cabecilla del frente Camilo Torres Restrepo, con influencia en zonas rurales de El Carmen, Convención y el sur del Cesar, y figura en investigaciones formales de la Fiscalía por delitos asociados al terrorismo.El tercer actor en esta confrontación es alias ‘Chuky’, cabecilla principal de la compañía Caribe del ELN. Esta estructura también cuenta con capacidad de ataque mediante drones, aunque su radio de acción se concentra especialmente en el occidente de Norte de Santander, en municipios como Ocaña y Ábrego. Allí, la compañía Caribe mantiene enfrentamientos no solo con las disidencias de las Farc, sino también con estructuras del Clan del Golfo, en una disputa múltiple por el control territorial y las rutas estratégicas.Alias ‘Chuky’ tiene una trayectoria marcada por emboscadas, atentados contra estaciones de Policía, asesinatos de uniformados, instalación de campos minados y hostigamientos armados en zonas rurales del Catatumbo y del Cesar. Antes de llegar a la jefatura de la compañía Caribe, fue seguridad de mandos del Frente de Guerra Nororiental y segundo cabecilla de esa misma estructura, consolidando un perfil violento y de alto impacto operacional.De acuerdo con la información de inteligencia, el frente Juan Fernando Porras Martínez, la compañía Caribe y el frente Camilo Torres Restrepo conforman hoy el núcleo de las estructuras del ELN en el Catatumbo con mayor capacidad ofensiva, particularmente en el uso de drones armados.Estas tres organizaciones serían las responsables de la mayoría de acciones recientes contra la fuerza pública, la población civil y de la confrontación directa con el frente 33 de las disidencias de las Farc, una guerra que sigue profundizando la crisis humanitaria en la región y mantiene a por lo menos 500 de familias atrapadas en medio del fuego cruzado y deja más de 250 desplazados.
Este viernes fue aprobada una proposición del senador de Cambio Radical, Carlos Fernando Motoa, para que sean citados todos los ministros del Gobierno Petro, con el fin de que expongan las explicaciones sobre la declaratoria de la emergencia económica.A la iniciativa se unieron el Partido Conservador y el Centro Democrático e, incluso, la senadora del Pacto Histórico, Isabel Cristina Zuleta, quien señaló que gracias a este debate el país podrá conocer la situación fiscal que enfrenta el Gobierno.“Así que sí, bienvenido el debate, bienvenido el debate, porque tiene que ver precisamente con el cumplimiento de esas decisiones de la Corte, que no solamente consisten en aumentar el gasto y cumplir esas sentencias, sino también en lo que la Corte dijo: no se podía recaudar. Y no recaudar tiene consecuencias, tiene consecuencias sobre las finanzas del Estado. Así que, por supuesto, bienvenido; estaré muy pendiente”, dijo la senadora Isabel Cristina Zuleta.El presidente del Senado, Lidio García, también se refirió a las declaraciones del ministro del Interior, Armando Benedetti, quien aseguró que el Congreso no podría adelantar el debate de control político hasta que el Gobierno envíe el informe sobre la declaratoria y sus medidas.“Yo no quiero estar poniendo piedras en el camino, sino dar la oportunidad de que el país conozca qué piensa el Senado y cuál es el control que estamos haciendo a cada una de las iniciativas del Gobierno nacional”, afirmó el senador Lidio García.Además, otros congresistas señalaron que el Gobierno no tiene razones para declarar la emergencia económica.“No están dadas las condiciones para este decreto de emergencia porque no se trata de un hecho sobreviniente y porque el hundimiento de estas dos reformas tributarias no fue más que la crónica de una muerte anunciada, advertida profusamente por un buen número de senadores. Decir, presidente, tal como usted lo ha venido reclamando, que el Congreso es una rama del poder público independiente, y también se ha expresado hasta la saciedad que no es notario del Ejecutivo”, añadió el senador Efraín Cepeda.
Un incremento inusual de casos de influenza H3N2 ha comenzado a encender las alertas sanitarias en varios países del hemisferio norte y, recientemente, también en Colombia. Al respecto se refirió el médico epidemiólogo Leonardo León en entrevista en Mañanas Blu 10:30, quien señaló que este repunte estaría asociado a cambios genéticos del virus que han favorecido su circulación anticipada.Según el especialista, la variante actualmente predominante corresponde a un nuevo subclado, conocido como subclado K, que “regularmente está en todas las partes del planeta”, pero que ha presentado mutaciones que alteraron su comportamiento habitual. El fenómeno no es ajeno a América. En Estados Unidos, al menos cuatro estados ya han reportado aumentos significativos de casos, una situación que, según León, “es esperable dadas las características del virus”. En Colombia, aunque el aumento aún está en seguimiento, las autoridades sanitarias mantienen la vigilancia activa.La importancia de la vacunación contra la influenzaUno de los puntos clave abordados durante la entrevista fue la vacunación. León recordó que actualmente la vacuna contra la influenza es gratuita en todo el país y recalcó la importancia de que los grupos de mayor riesgo completen su esquema. Entre ellos se encuentran los adultos mayores de 60 años, personas con enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes u obesidad, pacientes inmunosuprimidos —como quienes viven con VIH o reciben quimioterapia—, niños menores de cinco años y mujeres embarazadas. “Estas poblaciones son de especial cuidado, porque pueden presentar síntomas más graves”, enfatizó.No obstante, el epidemiólogo fue claro en advertir que la vacuna no ofrece protección inmediata ni absoluta. “La respuesta inmunológica se da entre la segunda y tercera semana después de aplicarse la vacuna”, explicó, y añadió que este nuevo subclado podría generar cierto “escape inmunológico”, lo que hace indispensable mantener otras medidas de prevención.Ojo con las medidas de prevención Entre ellas, el uso del tapabocas vuelve a cobrar relevancia. León recomendó utilizarlo en espacios cerrados y en lugares con aglomeraciones, acompañado de una adecuada ventilación. “Aprendimos esto durante la pandemia: debe haber un lugar por donde entra el aire y otro por donde sale”, recordó. También insistió en hábitos básicos como el lavado de manos y la forma correcta de toser o estornudar, usando el pliegue interno del codo para evitar la dispersión de partículas.Finalmente, frente a la preocupación ciudadana por este pico de contagios, León señaló que podría presentarse un aumento por encima del promedio histórico. Por ello, hizo un llamado al autocuidado y a la responsabilidad colectiva: “La salud es de todos, tanto de los Estados como de las personas”. Ante síntomas graves o antecedentes de viaje a zonas con alta circulación del virus, recomendó el aislamiento preventivo y la consulta médica oportuna.
El conflicto armado sigue dejando miles de víctimas en Colombia. Entre enero y noviembre de 2025, la Defensoría del Pueblo registró 116 eventos de desplazamiento forzado masivo que afectaron a más de 101.000 personas en distintas regiones del país. A la par, 93 eventos de confinamiento mantuvieron bajo amenaza a 110.000 habitantes, atrapados en sus territorios por la presencia de grupos armados ilegales y las constantes confrontaciones.Solo en noviembre se presentaron 12 nuevos desplazamientos masivos, que obligaron a 3.437 personas a abandonar sus hogares. Los departamentos más golpeados fueron Cauca, Nariño, Antioquia, Norte de Santander y Valle del Cauca. En el Cauca, uno de los epicentros de la violencia, se registraron cuatro eventos en Argelia, además de casos en Santander de Quilichao, Suárez y Timbiquí, que dejaron 2.219 personas desplazadas. En El Charco (Nariño), la cifra ascendió a 800 personas, mientras que en Tibú (Norte de Santander) se desplazaron 172 habitantes, producto de los choques entre el ELN y las disidencias de las Farc.A la tragedia del desplazamiento se suma el drama del confinamiento, una práctica que mantiene a comunidades enteras encerradas en sus territorios sin poder acceder a alimentos, salud o educación. Entre enero y noviembre, 93 eventos de confinamiento afectaron a 110.375 personas, principalmente en Chocó, Cauca, Guaviare, Caquetá y Bolívar, departamentos donde el control territorial lo ejercen estructuras armadas y narcotraficantes. Solo en noviembre se reportaron 6 eventos de este tipo que dejaron 4.805 personas confinadas, la mayoría en Urrao (Antioquia), con 4.057 afectados.Estas cifras reflejan una tendencia preocupante: la persistencia del conflicto armado y el recrudecimiento de la violencia en zonas rurales, donde las comunidades afrodescendientes, indígenas y campesinas son las más vulnerables. La Defensoría del Pueblo ha advertido que el desplazamiento y el confinamiento son hoy las principales expresiones de la crisis humanitaria en Colombia.A este panorama interno se suman los movimientos migratorios mixtos, que evidencian la presión humanitaria en las fronteras. Según Migración Colombia, entre enero y mediados de noviembre de 2025, 141.128 personas transitaron de manera irregular por el país, principalmente de nacionalidad venezolana (136.950 personas). De esa población, 40 % son mujeres, 38 % hombres y más del 21 % son niños, niñas y adolescentes, lo que refleja la complejidad del fenómeno migratorio en un contexto de conflictividad y desplazamiento interno.Colombia cierra 2025 con un mapa humanitario fragmentado, donde miles de familias siguen huyendo o sobreviviendo bajo el miedo, a la espera de una respuesta efectiva del Estado y de soluciones duraderas para el retorno digno a sus territorios.
Ante la Registraduría Nacional del Estado Civil fue radicada la solicitud de inscripción del comité de recolección de firmas que busca impulsar la convocatoria de una Asamblea Constituyente, iniciativa que es promovida por el Gobierno.Según el cronograma establecido por la ley, la Registraduría dispone de ocho días hábiles para verificar el cumplimiento de los requisitos legales. Posteriormente, contará con 15 días hábiles más para hacer entrega de los formularios oficiales con los cuales se iniciará la recolección de apoyos ciudadanos.Una vez entregados los formularios, el comité tendrá un plazo de seis meses para recolectar las firmas exigidas y presentar los correspondientes estados contables del proceso. La Ley 1757 establece que deben reunirse apoyos equivalentes al 5 % del censo electoral nacional al momento del inicio de la recolección, es decir, aproximadamente 2.5 millones de firmas.Tras la verificación de las firmas, la Registraduría expedirá una certificación oficial, documento que deberá ser presentado ante el Congreso de la República para que continúe el trámite institucional de la iniciativa ciudadana.El comité promotor está conformado por nueve integrantes, entre quienes se destacan Carlos Alfonso Rosero, exministro de la Igualdad; Armando Custodio, líder indígena; Javier Eduardo García, comunicador y periodista; y Lee Angeli Herrera, lideresa del Valle del Cauca, junto a otros representantes de diversos sectores sociales.Sobre el alcance de esta propuesta, el ministro Antonio Sanguino afirmó que sus integrantes “representan a los más importantes sectores sociales del país, a los movimientos sociales y populares, que consideran necesario completar la obra reformista de 1991 y desbloquear institucionalmente la posibilidad de las reformas sociales, la reforma política y la reforma a la justicia”.Sanguino destacó que el Gobierno nacional y el presidente Gustavo Petro consideran que esta iniciativa ciudadana merece todo el respaldo institucional y del nuevo congreso.Señaló que debe contar con un apoyo masivo de la ciudadanía, que supere los tres millones de firmas, e incluso, como ha expresado el mandatario, alcanzar el respaldo de hasta 10 millones de colombianos.
La entidad del Gobierno que se encarga de recaudar los impuestos de los colombianos es la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), la cual también administra y controla aduanas y el comercio exterior, con el fin de garantizar la seguridad fiscal del Estado.Asimismo, allí los ciudadanos pueden gestionar trámites relacionados con el Registro Único Tributario (RUT), recaudo de tributos como el IVA, renta, entre otros.Desde hace unos días ha estado circulando una información sobre un supuesto decreto que permite a la Dian embargar cuantas bancarias y tarjetas de crédito de las personas que cuentan con una deuda activa, por ello la entidad aclaró algunos puntos.Dian aclara información sobre supuesto decreto para embargar cuentas bancariasFrente a lo anterior, la Dian aclaró que "no existe ningún decreto para embargar masivamente cuentas bancarias o tarjetas de crédito".El pronunciamiento se debe a que en los últimos días ha estado circulando información relacionada con el tema. Por ello, la entidad indicó que: “no hace embargos automáticos ni generales”.Si bien es cierto que la Dian cuenta con procesos para cobrar lo que adeudan los colombianos, esto debe hacerse bajo un procedimiento estipulado por la ley.De cuerdo con la página web de la entidad, los procesos de recaudación y cobro se centran en el Procedimiento Administrativo de Cobro Coactivo, “una vía extrajudicial para forzar el pago de deudas tributarias mediante embargo, secuestro y remate de bienes”.No obstante, primero deben cumplirse unos pasos iniciando con “un mandamiento de pago notificado al contribuyente, ofreciendo etapas persuasivas (acuerdos de pago) y, si no hay respuesta, ejecutando las medidas cautelares, incluyendo remates virtuales, para satisfacer la obligación fiscal”.Por medio de una publicación en X la entidad explicó que las actuaciones de cobro se ejecutan así:Son individuales.Siguen el debido proceso.Solo se activan tras múltiples llamados previos y falta de acción del contribuyente.Estas notificaciones pueden ser entregadas personalmente, por correo certificado o mediante publicación en el boletín oficial de la entidad, por ello, es importante que las personas tengan su información actualizada.¿Qué sucede si no se paga la deuda a la Dian?Si el deudor no cumple con el pago de su obligación, la entidad estatal puede proceder conforme a lo establecido en el Artículo 837-1 del Estatuto Tributario, el cual señala que el tope de inembargabilidad corresponde a 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes depositados en la cuenta de ahorros más antigua del contribuyente.En consecuencia, cuando una persona natural posee una cuenta de ahorros cuyo saldo no supera ese límite, dicha cuenta no es susceptible de embargo por parte de la Dian. Sin embargo, los recursos que excedan ese monto sí pueden ser objeto de esta medida.Luego de validar lo anterior, la entidad puede ejecutar las siguientes acciones:Embargo de bienes: la entidad está facultada para retener cuentas bancarias, inmuebles y demás bienes pertenecientes al deudor.Secuestro de bienes: de manera complementaria al embargo, la Dian puede ordenar el secuestro de los activos retenidos, lo que restringe su uso o libre disposición por parte del obligado.Remate de bienes: en caso de que la obligación continúe sin ser cancelada, los bienes embargados y secuestrados podrán ser subastados con el fin de cubrir la deuda.Acciones penales: cuando se presentan situaciones de evasión relevante o fraude, la Dian está en capacidad de presentar denuncias penales contra el deudor.
En desarrollo de una operación militar, tropas del Batallón de Fuerzas Urbanas N.° 3 del Ejército, adscritas a la Tercera División, en coordinación con la Policía y la Fiscalía, lograron la captura de Jean Pool Sánchez Gómez, sicario señalado del homicidio del teniente coronel Rafael Granados, ocurrido en Popayán, Cauca.La acción se llevó a cabo, destaca el Ejército, tras un trabajo articulado de inteligencia y contrainteligencia que permitió ubicar al peligroso criminal y materializar su captura, como parte de las investigaciones adelantadas por las autoridades judiciales para esclarecer este crimen que conmocionó a la fuerza pública y a la ciudadanía.De acuerdo con la información del Ejército, la operación contó con el apoyo de tropas de la Tercera Brigada, lo que permitió cerrar el cerco sobre el sospechoso y dejarlo a disposición de la justicia para que responda por su presunta participación en el asesinato del oficial, ocurrido el pasado 27 de noviembre de 2025.El general William Rincón, director de la Policía, confirmó que la captura de alias ‘Jean Pol’ se llevó a cabo en Jamundí, Valle del Cauca. Durante el operativo fue incautada un arma de fuego, posiblemente utilizada en el hecho, y dos teléfonos celulares, que serán fundamentales en el avance de la investigación. “Reiteramos nuestro compromiso con la justicia, la vida y la seguridad de los colombianos. La lucha contra el crimen no se detiene”, mencionó el general.
Tres presuntos integrantes del GAO-r Frente Gerónimo Galeano fueron capturados en San Antonio. Las autoridades los señalan de participar en el ataque armado contra la estación de Policía de El Limón, en Chaparral, y de recaudar ilegalmente cerca de $400 millones mediante extorsiones.En un contundente operativo adelantado por el Gaula Militar Tolima, adscrito a la Sexta Brigada del Ejército Nacional, fueron capturados tres presuntos integrantes de las disidencias de las Farc, estructura Gerónimo Galeano, señalados de graves acciones criminales en el sur del departamento del Tolima.Las detenciones se realizaron en la vereda Legía Alta, del municipio de San Antonio, en desarrollo de diligencias de allanamiento y registro ejecutadas de manera articulada con la Fuerza Aeroespacial Colombiana, la Sijín de la Policía Nacional y el CTI de la Fiscalía General de la Nación.Entre los capturados se encuentra Libardo Rojas, conocido con los alias de 'Libardo' o 'Alexander', identificado como cabecilla de la comisión de finanzas y tercer cabecilla de esta estructura armada ilegal. Junto a él fueron detenidos su hermano Afranio Rojas y Iván David Vera.Según las investigaciones preliminares, los capturados estarían vinculados con el hostigamiento armado contra la estación de Policía del corregimiento El Limón, en el municipio de Chaparral, ocurrido el pasado 7 de diciembre de 2025, durante la noche de velitas.Además, las autoridades establecieron que esta estructura venía adelantando actividades extorsivas sistemáticas contra diversos gremios productivos, entre ellos caficultores, compradores de café, transportadores, comerciantes y finqueros de los municipios de Chaparral, San Antonio, Roncesvalles y Rioblanco, logrando recaudar de manera ilícita cerca de 400 millones de pesos.“Entre los capturados se encuentra el cabecilla de la comisión de finanzas, responsable de coordinar extorsiones y acciones armadas contra la Fuerza Pública”, señaló a Blu Radio el coronel Arnold Esneider Pérez Linares, comandante de la Sexta Brigada del Ejército Nacional.Las autoridades también establecieron que esta estructura criminal ejercía intimidación a la población civil mediante proselitismo armado, instalación de carteles, grafitis, vallas y la realización de reuniones forzadas, con el fin de imponer normas de conducta, constreñir a las comunidades rurales e impedir la acción de la Fuerza Pública. Incluso, se reportaron invasiones a predios rurales en contra de la voluntad de sus propietarios.Estas acciones criminales se habrían desarrollado durante los últimos cinco meses, en articulación con integrantes del GAO-r Frente Ismael Ruiz, entre ellos alias 'Cortico' o 'Felipe Troche' y alias 'Risas', quienes ya fueron capturados en meses anteriores.Durante el procedimiento, las autoridades incautaron armas de fuego, municiones, proveedores, panfletos extorsivos del Frente Gerónimo Galeano, un computador portátil, teléfonos celulares y una agenda, elementos que eran utilizados para la planeación y ejecución de las actividades delictivas.Los tres capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía 263 de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales (Gaula), donde deberán responder por los delitos de concierto para delinquir con fines de extorsión, en concurso con extorsión agravada.De acuerdo con el Ejército Nacional, este resultado representa un golpe directo a las economías ilícitas de esta estructura armada ilegal y contribuye al restablecimiento de la seguridad y la confianza institucional en el sur del Tolima, como parte de los esfuerzos sostenidos de la Fuerza Pública para proteger a la población civil y fortalecer la presencia del Estado en la región.
En diálogo con Mañanas Blu, el general Herbert Luguiy Benavidez, Jefe nacional del servicio de Policía, entregó detalles sobre el balance que deja la celebración de Navidad en el territorio Nacional. Hay preocupación por cuenta de los quemados con pólvora, las riñas y asesinatos y la incautación de licor adulterado. Durante el periodo comprendido entre el 24 de diciembre y la madrugada del 25, se registraron 48 homicidios en todo el territorio nacional. Aunque la cifra representa una reducción del 20% en comparación con los 60 casos reportados el año anterior, el dato sigue siendo superior al promedio diario de 37 casos que maneja el país en días normales.Lo más alarmante para las autoridades es que el 54% de estas muertes estuvieron relacionadas directamente con riñas y temas de intolerancia. Si se analiza exclusivamente la franja de mayor celebración (de 6:00 p. m. del 24 a 6:00 a. m. del 25), el porcentaje de víctimas por riñas asciende al 61%, concentrándose principalmente en ciudades como Bogotá, Barranquilla y Cartagena.Cifras críticas de quemados y el peligro de la pólvoraEn cuanto al uso de pirotecnia, el panorama es desalentador. El Instituto Nacional de Salud ha reportado 825 personas quemadas en lo corrido de diciembre, lo que representa un incremento del 5% respecto al año pasado. De este total, 267 son menores de edad, y se han registrado cinco casos de intoxicación por fósforo blanco tras el contacto de niños con estos elementos.El general Benavides enfatizó que 235 adultos resultaron lesionados bajo los efectos del alcohol, vinculando directamente el consumo desmedido de licor con la falta de precaución. A pesar de que la Policía ha logrado la incautación de 10 toneladas de pólvora, la persistencia ciudadana en su uso irresponsable ha llevado a advertencias sobre la posible pérdida de la patria potestad para los padres de menores afectados.Convivencia ciudadana y control de licor ilegalLa línea de emergencia 123 recibió más de 30,000 llamadas durante las festividades, de las cuales 16,000 requirieron intervención policial. Los motivos principales fueron la perturbación de la tranquilidad por exceso de ruido (más de 2,200 quejas) y riñas en curso (casi 2,000 reportes). Debido a la agresividad en los encuentros, la imposición de comparendos aumentó un 29% tras fallar los procesos de mediación.Finalmente, en la lucha contra el mercado ilegal, las autoridades han ejecutado más de 13,000 planes operativos, logrando la incautación de 9,793 botellas de licor adulterado y de contrabando, además del desmantelamiento de dos alambiques clandestinos. La recomendación de la Policía es adquirir estas bebidas únicamente en sitios reconocidos para evitar tragedias adicionales por intoxicación.Escuche aquí la entrevista:
Luego de las evidencias recolectadas por la Procuraduría General de la Nación, el exalcalde de Neiva, Gorky Muñoz Calderón, enfrenta cargos disciplinarios por presuntas irregularidades en la ejecución del programa de alimentación escolar PAE durante la vigencia del 2021.Según el ministerio público, el entonces mandatario local omitió garantizar la prestación continua y efectiva del servicio PAE para la entrega de los kits de alimentación que debían ser suministrados a los estudiantes beneficiarios del programa de las instituciones educativas de la ciudad.El ente de control indicó que durante el proceso contractual se habrían evidenciado deficiencias en los períodos comprendidos entre el 11 de enero al 7 de febrero, del 23 de febrero al 10 de marzo, del 30 de marzo al 13 de junio, y, para el segundo semestre académico, del 2 de septiembre al 18 de noviembre de 2021.Le puede interesar: Cafeteros proponen que el café colombiano haga parte del PAEPara la Procuraduría, el incumplimiento del PAE por parte del exmandatario, afectó la atención de los estudiantes, al no recibir las raciones correspondientes que esperaban en tiempos de emergencia declarada por el Covid-19, conducta calificada como falta disciplinaria cometida a título de culpa grave.
Cuando varios uniformados atendían un posible caso de violencia intrafamiliar en plena vía pública en el barrio La Pradera, del municipio de Pitalito sur del Huila, una persona involucrada en la riña intentó despojar del arma de dotación a uno de los policías, quien de manera inmediata reaccionó con el fin de proteger su integridad.Como resultado de este hecho, un hombre identificado como Marcos Vacca Bulla resultó herido en medio de la asonada y falleció cuando era atendido en un centro hospitalario, mientras que el uniformado herido se encuentra fuera de peligro, según confirmaron las autoridades.“En un procedimiento policial por una riña de violencia intrafamiliar que nos reportó la comunidad en el barrio La Pradera de Pitalito, la patrulla que atendió el caso fue objeto de una presunta asonada por parte de un grupo de personas que intentó agredir a los uniformados. En medio de la situación una persona habría intentado despojar del arma de dotación a uno de los policías, el uniformado accionó su arma y disparó contra esta persona que posteriormente falleció cuando era atendido en un hospital” dijo el teniente coronel Hedel García Medina, comandante del Quinto Distrito de Policía en el Huila.Le puede interesar: Frustran atentado terrorista en pleno casco urbano de Facatativá: más 15 kilos de explosivosEn el procedimiento policial otra persona implicada en la gresca fue capturada y dejada a disposición de la Fiscalía Local de Pitalito para el debido proceso de judicialización por los delitos de violencia intrafamiliar y asonada.Las autoridades le hacen un llamado a la ciudadanía de permitir que la policía cuando sea alertada del cualquier circunstancia que altere la tranquilidad de los ciudadanos, abstenerse de atacar a los uniformados para que la situación no pase a mayores y no termine con resultados lamentables.
Una medida cautelar emitida por la JEP permitió la recuperación de 34 cuerpos de personas dadas por desaparecidas durante el conflicto armado en el Cementerio Católico de Saravena (Arauca).La acción hace parte del Plan Regional de Búsqueda del Sarare, impulsado por la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), en coordinación con la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.El camposanto, priorizado como sitio de interés forense por su relación con casos de desaparición forzada, cuenta desde 2023 con una medida cautelar de protección emitida por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad (SARV) de la JEP. Desde entonces, la UBPD ha adelantado cuatro intervenciones humanitarias que han permitido el abordaje de 81 cuerpos y la recuperación de los 34 que son de su competencia.Durante la más reciente intervención, los equipos forenses trabajaron en cuatro áreas priorizadas, donde lograron recuperar seis cuerpos inhumados directamente en suelo. En esta fase se aplicaron técnicas como el uso de georradar, que permitió detectar alteraciones del terreno y orientar la ubicación de los sitios de excavación.Según explicó la antropóloga Daniella Stephanya Caballero, de la UBPD, el trabajo en fosas múltiples y la falta de registros precisos sobre las inhumaciones han hecho que la acción humanitaria sea “más compleja, porque en muchos casos encontramos cuerpo sobre cuerpo en multinivel”.De los cuerpos bajo competencia de la UBPD, 27 fueron trasladados a Medicina Legal para los análisis de identificación y toma de muestras óseas. En siete casos adicionales se confirmó correspondencia con registros ‘post mortem’ ya existentes, lo que permitirá avanzar en su plena identificación.La medida cautelar ordenada por la JEP busca proteger los cuerpos no identificados y los identificados sin reclamar, garantizando su preservación y facilitando los procesos de búsqueda e identificación de las víctimas de desaparición forzada.Estas acciones han sido posibles gracias a la articulación entre la JEP, la UBPD y Medicina Legal, con el apoyo de la Alcaldía de Saravena, la Parroquia Cristo Rey, organizaciones sociales y la comunidad local.Tanto la JEP como la UBPD reiteraron su compromiso con la verdad, la reparación y la dignidad de las víctimas, e invitaron a los habitantes de Arauca y del país a aportar información que contribuya a la búsqueda humanitaria y a la identificación de los cuerpos no reclamados que permanecen en este cementerio.
El Ejército presentó su balance operacional de 2025, un año marcado, según el general Luis Emilio Cardozo, comandante de la institución, por resultados de alto impacto contra los grupos armados ilegales, el narcotráfico y la minería ilegal, así como por el fortalecimiento del control territorial en zonas históricamente afectadas por la violencia.Uno de los principales resultados fue la mayor incautación de armamento de los últimos diez años. Durante 2025, las tropas decomisaron 916 armas largas, 2.320 armas cortas, 63 armas de acompañamiento y más de 738.000 municiones, evitando que este material fuera usado contra la población civil y la Fuerza Pública. A esto se sumó la destrucción de 5.972 minas antipersonal y la incautación de más de 22 toneladas de explosivos.En la lucha contra el narcotráfico, el Ejército incautó 111.593 kilos de cocaína, 14.855 kilos de pasta base y 107.286 kilos de marihuana, además de destruir 182 laboratorios de clorhidrato de cocaína y 2.323 de pasta base, golpeando de manera directa las finanzas de los grupos criminales. Estas acciones representaron incrementos de hasta el 70 % frente a los resultados del año anterior.Las operaciones militares desarrolladas en regiones como Catatumbo, sur del Cauca, Nariño, norte del Cauca, sur del Valle y sur de Bolívar permitieron afectar de forma directa a estructuras del ELN, disidencias y Clan del Golfo. En total, se reportaron 3.409 capturas, 682 sometimientos a la justicia, 261 muertes en desarrollo de operaciones y la recuperación de 402 menores utilizados por estos grupos.En zonas como Catatumbo, además de los combates, se adelantaron acciones humanitarias que permitieron la evacuación de más de 3.600 personas, la atención de 87.000 desplazados y la entrega de más de 350 toneladas de ayudas, mientras se consolidaba la presencia de más de 10.500 soldados en el territorio.Durante 2025 se realizaron 889 capturas, se incautaron 1.068 máquinas de maquinaria pesada, se intervinieron 294 minas ilegales y se inutilizaron 504 dragas, afectando directamente una de las principales fuentes de financiación de los grupos armados.En materia de secuestro y extorsión, los grupos Gaula Militar reportaron 1.020 capturas, la liberación de 105 personas y el rescate de 175 ciudadanos, con un aumento del 230 % en la efectividad operacional frente al año anterior.El balance también destacó el papel de los Ingenieros Militares, que instalaron cuatro puentes militares, avanzaron en obras viales y lograron declarar cuatro municipios libres de minas antipersonal, reduciendo riesgos para miles de habitantes en zonas rurales.
La situación en la zona rural de Tibú, específicamente en los sectores de La Gabarra y Pacheli, ha alcanzado niveles críticos debido a los enfrentamientos armados que se presentan desde el pasado 24 de diciembre. Según reportó la defensora del Pueblo, Iris Marín, la población civil se encuentra atrapada en medio de una violenta disputa territorial entre el Frente 33 de las disidencias y el ELN.Desplazamiento y confinamiento de la poblaciónEl impacto en los habitantes de la región es dramático. Se ha confirmado que más de 60 familias han llegado desplazadas a la alcaldía de Tibú en busca de refugio. No obstante, la situación es aún más incierta para quienes no han podido salir; en el corregimiento de La Gabarra, un número indeterminado de personas se encuentra refugiado y confinado en una escuela. La Defensora enfatizó que no se cuenta con un censo exacto de los afectados debido a que la intensidad de los combates ha impedido el ingreso a la zona.Bloqueo de vías e imposibilidad de asistenciaLa crisis se agrava por el bloqueo de las vías impuesto por los grupos criminales, lo que ha anulado cualquier posibilidad de establecer un corredor humanitario. Esta situación ha impedido que ambulancias y misiones humanitarias, integradas por la Iglesia Católica y Naciones Unidas, ingresen para asistir a los heridos o entregar alimentos. Al respecto, Marín señaló: "En este momento pues los combates son tales que no hay condiciones de seguridad para ingresar". Además, la fuerza pública no ha logrado entrar al área debido a complicaciones climáticas adversas.Incoherencias en los gestos de pazLa Defensoría del Pueblo cuestionó duramente la voluntad de paz de estos grupos, especialmente tras el anuncio de un supuesto cese al fuego que ha resultado ser "inalcanzable" en la práctica. Se denunció una profunda incoherencia entre lo que se firma en las mesas de diálogo y la realidad del territorio. Según las fuentes, el Frente 33, lejos de avanzar hacia un desmonte, ha aprovechado este tiempo para fortalecerse territorialmente, trasladando combatientes de otras regiones para mantener su ofensiva contra el ELN en el Catatumbo.Finalmente, la defensora hizo un llamado urgente a los grupos armados para detener las hostilidades: "Lo principal es pedirle tanto al Frente 33 como al ELN que suspendan los enfrentamientos de inmediato y que permitan que la gente pueda estar un poco tranquila". Mientras tanto, la población civil sigue sufriendo las consecuencias de una guerra que no da tregua ni siquiera en las festividades de fin de año.Escuche aquí la entrevista:
La región del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander, cierra el año sumida en una profunda crisis de orden público. El pasado 26 de diciembre, se registraron violentos enfrentamientos entre el ELN y el Frente 33 de las disidencias de las Farc (bajo el mando de 'Calarcá'), específicamente sobre el kilómetro 16 de la vía que conduce al corregimiento de La Gabarra, en el municipio de Tibú. Según informó el alcalde municipal, Richard Claro, en Mañanas Blu, los combates comenzaron desde la madrugada, obligando a la población civil a resguardarse en una escuela local antes de emprender el camino hacia el casco urbano.Desplazamiento masivoLa situación ha provocado el desplazamiento de, hasta el momento, 187 personas, lo que representa aproximadamente 60 a 64 núcleos familiares que llegaron al casco urbano de Tibú buscando protección. Estos ciudadanos están siendo recibidos inicialmente en la alcaldía y posteriormente trasladados a un albergue de paso administrado en conjunto con la Diócesis de Tibú.El mandatario local expresó su preocupación por el estado emocional de la población, especialmente de los menores de edad. "Es necesaria la atención psicosocial para estos niños y niñas que están en una situación emocional bastante compleja al escuchar enfrentamientos, drones y atentados", afirmó Claro, subrayando que las familias han pasado una Navidad marcada por la intranquilidad.Un clamor por seguridad y recursosEl panorama en Tibú es crítico, pues el municipio asegura no contar con el presupuesto suficiente para atender de manera prolongada a la población desplazada, por lo que han solicitado la subsidiaridad del Gobierno Nacional y departamental, así como de la Unidad para las Víctimas.Escuche aquí la entrevista:
La región del Catatumbo, en la frontera con Venezuela, cierra el año sumida en una delicada situación de orden público debido a intensos combates entre las disidencias de las Farc, lideradas por alias 'Calarcá', y el ELN. Este nuevo ciclo de violencia tiene como epicentro el corregimiento de La Gabarra, en Tibú, una zona que históricamente ha padecido el rigor de la guerra y que hoy vuelve a ser escenario de un fuego cruzado que mantiene en vilo a la población civil.Crisis humanitaria y desplazamientos masivosLa escalada violenta ha provocado el desplazamiento de más de 250 personas, quienes han buscado refugio en el casco urbano de Tibú, concentrándose principalmente en un colegio y en las instalaciones de la alcaldía municipal. El drama se extiende hasta la ciudad de Cúcuta, donde ya se registra la llegada de al menos 40 personas, cifra que las autoridades locales temen podría duplicarse en las próximas horas ante la persistencia de los combates. El impacto emocional en la comunidad es profundo; se han conocido registros donde las familias, en medio del pánico, gritan a los combatientes que se detengan debido a la presencia de niños en las viviendas, muchas de las cuales han resultado impactadas por proyectiles.Un conflicto sin tregua entre grupos armadosA pesar de que el ELN y las disidencias de las Farc han manifestado en días recientes un cese de hostilidades hacia la Fuerza Pública, la realidad en el territorio muestra que entre ellos no existe ningún tipo de acuerdo o tregua. La disputa territorial se ha concentrado en puntos estratégicos como el kilómetro 16 y el sector de Pacheli, áreas históricamente controladas por el ELN donde ahora se reportan patrullajes de las disidencias. Esta falta de entendimiento entre los grupos ilegales ha dejado a la población civil en medio de una guerra que no da tregua, incluso cuando se anunciaban vientos de paz con el Estado.La respuesta institucional parece no ser suficiente ante la magnitud de la crisis. El alcalde de Cúcuta ha señalado que, durante este año de violencia persistente, se han invertido cerca de 20.000 millones de pesos para atender la situación, pero los recursos se han agotado y las capacidades locales están al límite. Además, la situación de seguridad es tan crítica que se reportó una misión médica atrapada en medio del fuego cruzado, mientras que los habitantes que no han logrado salir enfrentan el confinamiento y el desabastecimiento de alimentos.Escuche aquí el informe:
Las autoridades colombianas pidieron este jueves el fin de los enfrentamientos en la región del Catatumbo entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Frente 33 de las disidencias de las FARC, que han forzado el desplazamiento de centenares de campesinos de esa región fronteriza con Venezuela.Al menos 250 personas del Catatumbo —región perteneciente al departamento de Norte de Santander— abandonaron sus viviendas en las últimas horas y cerca de 6.000 están en riesgo de confinamiento y desplazamiento por los choques armados entre guerrillas en una zona rural de Tibú, según alertó el Consejo Noruego para Refugiados (NRC, en inglés).Según Marín, "durante el día se han recrudecido los enfrentamientos" y debido a esa situación un grupo de pobladores, incluidos menores de edad tuvo que buscar refugio "en una escuela de la zona"."Adicionalmente, hemos recibido información de personas que se encuentran heridas y requieren atención médica urgente", agregó la defensora.Por su parte, la vicepresidenta colombiana, Francia Márquez, pidió "respeto a la vida, el territorio y la dignidad de las comunidades en el Catatumbo".Márquez pidió a las autoridades nacionales y a la comunidad internacional brindar apoyo "humanitario inmediato y atención integral a las familias afectadas" y adoptar medidas "reales y efectivas" para prevenir los desplazamientos de campesinos.El Catatumbo, formado por los municipios de Ábrego, Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, La Playa, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú, es una región que, a pesar de ser rica en recursos naturales, tiene altos índices de pobreza y bajos niveles de desarrollo.Desde hace décadas, el territorio es disputado por grupos guerrilleros y paramilitares.La región vive desde mediados de enero una grave crisis humanitaria por la guerra declarada por el ELN contra el Frente 33 de las disidencias de las FARC, motivada por el control territorial y de las economías ilícitas.Esta disputa ha provocado la muerte de cerca de un centenar de personas y el desplazamiento forzado de miles de campesinos, muchos de los cuales no han podido volver a sus tierras porque la violencia persiste.Los nuevos enfrentamientos en el Catatumbo ocurren a pesar de que tanto el ELN como las disidencias anunciaron la semana pasada treguas navideñas, pero solo con las fuerzas de seguridad del Estado.
El escalamiento del conflicto armado en la región del Catatumbo, en el nororiente de Colombia, provocó el desplazamiento de cerca de 250 personas en las últimas 24 horas, quienes se han visto obligadas a huir de sus hogares para proteger sus vidas en plena temporada de fin de año.Según información del Consejo Noruego para Refugiados (NRC) y de autoridades locales, las familias desplazadas provienen principalmente de los municipios de Tibú y El Tarra, y han llegado a las ciudades de Cúcuta y Ocaña. En Cúcuta se reportó la llegada de 54 núcleos familiares, cerca de 200 personas, mientras que en Ocaña arribaron 11 familias, unas 50 personas.La situación es especialmente crítica en Tibú, donde comunidades han alertado sobre el riesgo de confinamiento y desplazamiento de más de 6.000 personas en el corregimiento de Pachelly, como consecuencia de la presencia y acciones de grupos armados organizados.Ante este panorama, el NRC activó su respuesta humanitaria de emergencia, a pesar de contar con recursos limitados, y pidió al Estado colombiano garantizar atención inmediata a la población afectada, así como el respeto de la población civil por parte de los grupos armados.“Cientos de personas están huyendo para salvar sus vidas y necesitan asistencia humanitaria urgente: un techo seguro, alimentos, agua potable y protección”, advirtió Giovanni Rizzo, director de país del NRC en Colombia.De acuerdo con datos de OCHA, durante 2025 al menos 200.000 personas habrían sido afectadas por el escalamiento del conflicto en varios municipios del Catatumbo, lo que representa el 53 % de la población de esta subregión.Las organizaciones humanitarias reiteraron el llamado a la solidaridad nacional e internacional, para acompañar a las familias que hoy enfrentan el desplazamiento forzado y la violencia, justo en una de las épocas más sensibles del año.