Desde el pasado 22 de diciembre de 2025, el municipio de Mitú, capital del departamento del Vaupés, enfrenta una grave crisis por los racionamientos prolongados de energía eléctrica, una situación que, según la Defensoría del Pueblo, no cuenta con una solución estructural clara por parte de las empresas responsables del servicio.La entidad advirtió que la falta de suministro eléctrico está afectando de manera severa a la población y comprometiendo derechos fundamentales como la salud y la vida.A través de un pronunciamiento publicado en su cuenta oficial de X, la Defensoría alertó que los cortes de energía impactan con especial gravedad a niños, niñas, adultos mayores y personas que requieren atención médica permanente, sectores de la población que dependen de manera crítica de la continuidad del servicio eléctrico.Uno de los puntos más críticos de la emergencia es la afectación directa al Hospital San Antonio de Mitú, principal centro de atención médica del municipio. De acuerdo con la Defensoría, los racionamientos ponen en riesgo el derecho a la salud, al comprometer el funcionamiento normal del hospital, la conservación de medicamentos y vacunas, y la atención oportuna de pacientes que requieren servicios constantes y especializados.Además del ámbito sanitario, la crisis energética también ha impactado otros sectores como el comercio, las actividades productivas y la prestación de servicios esenciales como la educación, la seguridad y el acceso al agua potable.La entidad recordó que desde el 26 de diciembre de 2025 ha elevado requerimientos formales, junto con la Procuraduría General de la Nación, a las entidades responsables del suministro eléctrico para que adopten medidas urgentes. Sin embargo, pese a estos llamados y a una reunión interinstitucional realizada el pasado 9 de enero, en la que se evaluó la situación, no se han presentado planes de contingencia claros que permitan garantizar la continuidad del servicio.Según la información divulgada, las entidades responsables indicaron que los racionamientos continuarán debido a un desabastecimiento de combustible, una explicación que no ha venido acompañada de soluciones de fondo ni de un cronograma que permita prever cuándo se normalizará el suministro.La crisis ya ha derivado en manifestaciones comunitarias en el municipio, las cuales han afectado la movilidad y reflejan el creciente malestar de los habitantes frente a la situación.
Cada 10 de enero, el mundo conmemora el Día Mundial de las Aves, una fecha que pone sobre la mesa la importancia de estas especies para el equilibrio de los ecosistemas, la seguridad alimentaria y la sostenibilidad ambiental. En Colombia, uno de los países con mayor diversidad de aves del planeta, la protección de este patrimonio natural sigue siendo un reto permanente frente al avance del tráfico y la comercialización ilegal de fauna silvestre.En ese contexto, la Policía Nacional, a través de la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental, desplegó una estrategia preventiva y operativa a nivel nacional para enfrentar estos delitos ambientales. Los controles se reforzaron en terminales de transporte, aeropuertos, carreteras nacionales y corredores estratégicos, puntos donde con mayor frecuencia se detecta el traslado ilegal de aves con fines de venta, tenencia como mascotas o envío a mercados nacionales e internacionales.Como resultado de estas acciones, durante la jornada conmemorativa se logró la incautación de 96 aves silvestres, entre ellas dos búhos, un halcón peregrino y cuatro tinguas azules. De acuerdo con las autoridades, estas especies tendrían un valor cercano a los 135 millones de pesos en el mercado ilegal, una cifra que refleja la rentabilidad de este negocio criminal y el impacto que genera sobre la biodiversidad.Uno de los componentes clave de la estrategia ha sido el uso de caninos ecodetectores, entrenados específicamente para la búsqueda de fauna silvestre. Tres de estos perros han sido aliados estratégicos en operativos realizados en aeropuertos, terminales y vías nacionales, permitiendo detectar aves ocultas y evitar que sean comercializadas de forma ilegal.Las cifras acumuladas evidencian la magnitud del problema. Durante 2025, la Policía Nacional incautó 14.460 aves silvestres y logró la recuperación de otras 5.355, las cuales fueron entregadas a las autoridades ambientales para su rehabilitación y posterior reintegración a su hábitat natural. Estas acciones, según la institución, han contribuido a debilitar las redes de tráfico de fauna y a reducir la presión sobre especies vulnerables.Además de los operativos, la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental adelantó jornadas de sensibilización y educación ambiental. Solo en esta fecha, cerca de 2.043 personas fueron impactadas con mensajes orientados a promover la denuncia del tráfico ilegal de fauna y a reforzar la idea de que la protección de las aves es una responsabilidad compartida entre ciudadanos y autoridades.“El tráfico ilegal de aves no solo afecta las economías criminales, también pone en riesgo el equilibrio de los ecosistemas”, señaló el brigadier general Carlos Germán Oviedo Lamprea, director de Carabineros y Protección Ambiental, quien reiteró que la Policía continuará fortaleciendo sus capacidades operativas para proteger la biodiversidad del país y garantizar la preservación del capital natural para las futuras generaciones.
La trágica muerte de Yeison Jiménez generó un fuerte luto en Colombia. Miles de personas han lamentado la noticia y han elevado una cadena de buenas energías hacía la familia del artista tras este triste suceso en Paipa, Boyacá, cuando se disponía a movilizarse al departamento de Antioquia.Ahora, Manzanares, Caldas, el lugar que lo vio nacer en 26 de julio de 1991 rinde un sentido homenaje a su memoria y el orgullo que causó llevando la bandera de este municipio a todas partes donde iba, al igual que Jefferson Osorio, manager y amigo del artista.“A lo largo de su trayectoria artística se consolidó como una de las figuras más representativas de la música popular colombiana, alcanzando reconocimiento a nivel nacional e internacional llevando con orgullo el nombre de Manzanares y del departamento de Caldas a múltiples escenarios y convirtiéndose en un referente cultural para las nuevas generaciones”, expresaron desde la Alcaldía a través de un comunicado.Explicaron que tomarán tres días de lutos, ya decretados, en honor a la memoria y orgullo de dos personas que supieron llevar con orgullo los símbolos del municipio desde el arte y el trabajo duro.“El fallecimiento de ambos ciudadanos ha generado un profundo sentimiento de dolor, consternación y solidaridad en la comunidad manzanareña, que hoy reconoce su legado humano, cultural y artístico. Corresponde a la administración municipal exaltar la memoria de sus ciudadanos ilustres y expresar, mediante actos simbólicos e institucionales, el sentimiento colectivo de duelo y respeto”, añadieron.El artista perdió la vida en la tarde de este sábado, 10 de enero, cuando se movilizaba en su avión hacía el municipio de Marinilla, en donde tenía presentación en la noche. Pero, por desgracia, la aeronave no logró salir del departamento de Boyacá. Este suceso dejó un fuerte vacío en la música colombiana y toda una comunidad de seguidores.
Una familia del Caquetá salió con el sueño de llegar hasta Medellín, pero terminó siendo víctima de uno de los actos más violentos registrados en el país en lo que va de este 2026. El viaje, que transcurría con normalidad, se transformó en una pesadilla cuando hombres armados interceptaron el vehículo en el que se movilizaban, dejando como resultado tres personas muertas y dos menores que difícilmente podrán borrar de su mente la escena vivida.La tragedia ocurrió en la noche del martes 6 de enero, cerca del viaducto de la represa El Quimbo. Allí, integrantes de grupos armados desviaron el vehículo para ejecutar a los adultos que viajaban en su interior. De hecho, una de las víctimas fue hallada en el embalse luego de operativos de rescate que se extendieron durante varias horas.Revelan detalles de la masacre de la familiaLas víctimas fueron identificadas como Ovier Martínez Vargas, de 51 años; Yineth Soto Sánchez, de 40; y Juan José Canizales, de 48 años. Este último, al intentar escapar del ataque armado, se lanzó desde el viaducto hacia la represa El Quimbo, desde una altura superior a los 30 metros.Sin embargo, tras cerca de 15 horas, el cuerpo fue encontrado flotando a unos 50 metros del lugar desde donde se lanzó. La Defensa Civil estuvo a cargo del rescate de la víctima, con apoyo de pescadores de la zona y lanchas especializadas, debido a la gran extensión del embalse. De acuerdo con las autoridades, el hombre no presentaba impactos de bala, por lo que se investiga si murió a causa del golpe contra el agua o por ahogamiento.Menor de edad vio toda la escena de violenciaUno de los detalles más dolorosos del caso tiene que ver con la presencia de un menor de 14 años, hijo de las víctimas, quien presenció todo lo ocurrido. El adolescente viajaba en la camioneta junto a sus padres y logró huir para esconderse entre los matorrales cercanos al viaducto, desde donde observó cómo asesinaban a su madre y a otro familiar cercano, así como el momento en el que su padre se arrojó al embalse.Adicionalmente, en el vehículo también viajaba una niña de 9 años, quien sobrevivió al ataque armado. Según testigos, el adolescente fue visto con la ropa y los brazos ensangrentados, aparentemente por encontrarse sentado cerca de su madre durante el ataque.Hasta el momento no se han reportado capturas. La Policía del Huila adelanta labores de verificación de cámaras, recolección de testimonios y análisis de información para esclarecer lo ocurrido. Entre las hipótesis que se manejan están el robo del vehículo o un intento de secuestro.Desde la Alcaldía de Cartagena del Chairá expresaron su rechazo frente a este crimen y enviaron un mensaje de condolencias a los familiares de las víctimas.
La forma en que los conductores interactúan con los sistemas a bordo de los vehículos continúa evolucionando. Lo que comenzó con tableros analógicos y alertas básicas ha dado paso a pantallas digitales, asistentes por voz y funciones conectadas. Ahora, la industria automotriz avanza hacia una etapa en la que la inteligencia artificial no solo muestra información, sino que interpreta el entorno y se comunica con el conductor en tiempo real.Ese es el enfoque de la nueva Plataforma de Cabina de IA que LG Electronics presentó durante el CES 2026, que se realizó en Las Vegas del 6 al 9 de enero. La compañía dio a conocer esta solución en una exhibición privada, donde mostraron una cabina digital construida sobre esta tecnología y su visión del vehículo definido por inteligencia artificial (AIDV).¿Cómo se puede aplicar la IA en la cabina?La plataforma desarrollada por LG es un dispositivo de computación de alto rendimiento diseñado para el entorno automotriz y basado en inteligencia artificial generativa. Funciona sobre la plataforma Snapdragon Cockpit Elite de Qualcomm Technologies y se integra al sistema de infoentretenimiento a bordo (IVI).Según informó la compañía, esta solución incorpora distintos modelos de IA, como grandes modelos de lenguaje (LLM), modelos de lenguaje visual (VLM) y sistemas de generación de imágenes. Con ello, el sistema no se limita a ejecutar comandos, sino que analiza información del entorno y del conductor para generar respuestas contextualizadas durante la conducción.Procesamiento en tiempo real y sin conexión a la nubeUno de los elementos destacados de la Plataforma de Cabina de IA es que todo el procesamiento se realiza dentro del propio vehículo. Gracias a las capacidades de la plataforma de Qualcomm Technologies, la inteligencia artificial funciona de manera local, sin necesidad de conectarse a servidores externos.De acuerdo con LG, este enfoque permite una operación más estable y en tiempo real, además de fortalecer la privacidad y la seguridad de los datos, al reducir los riesgos asociados al uso de servicios en la nube.Alertas y mensajes basados en el contextoLa plataforma utiliza información captada por cámaras internas y externas del vehículo para analizar tanto el entorno de conducción como el estado del conductor. A partir de ese análisis, el sistema puede generar mensajes de asistencia en tiempo real.Por ejemplo, si detecta que otro vehículo realiza una maniobra de incorporación y el conductor no ha reaccionado, la inteligencia artificial puede emitir una alerta verbal contextual para advertir sobre la situación y recomendar mayor atención en la vía.Este tipo de comunicación busca transformar las alertas tradicionales en mensajes más comprensibles, ajustados a lo que ocurre en ese momento específico del trayecto.Interfaces que se adaptan al entornoAdemás de las advertencias, la inteligencia artificial aplicada a la cabina puede modificar la interfaz visual del sistema de infoentretenimiento. LG explicó que el sistema es capaz de generar fondos gráficos acordes a las condiciones externas y sugerir contenidos relacionados con el contexto de conducción.En escenarios específicos, como la conducción nocturna bajo condiciones climáticas particulares, la plataforma puede adaptar el entorno visual del sistema y proponer contenidos que se ajusten a esa situación.LG enmarca esta tecnología dentro del concepto de vehículo definido por inteligencia artificial (AIDV), que plantea una evolución frente al vehículo definido por software (SDV). En este enfoque, la IA no solo ejecuta funciones preprogramadas, sino que interpreta datos y responde de manera dinámica a distintas condiciones de manejo.
El Radar del sábado 10 de enero de 2026 abordó temas de gran relevancia política y económica para Colombia, con invitados que ofrecieron análisis sobre el panorama actual y los retos que enfrenta el país.Gonzalo Himiob, vicepresidente de la ONG Foro Penal Venezolano, habló sobre la liberación de presos políticos en Venezuela.Ronald Rodríguez, politólogo e internacionalista, enfatizó sobre Venezuela tras la detención de Nicolás Maduro.Ricardo Hausmann, economista y exministro de Planificación de Venezuela, sobre el petróleo venezolano.Escuche el programa completo aquí:
Las recientes excarcelaciones de presos políticos anunciadas por el Gobierno venezolano han abierto expectativas dentro y fuera del país, pero también han generado profundas dudas sobre su alcance real, sus criterios y su sostenibilidad en el tiempo, advirtió Gonzalo Himiob, vicepresidente de la ONG Foro Penal Venezolano, en entrevista con El Radar de Blu Radio.Aunque el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunció la liberación de un número significativo de detenidos por razones políticas, Himiob aseguró que, hasta el momento de la entrevista, esas excarcelaciones “no se han concretado ni materializado en la extensión que fue anunciada”. Además, subrayó que no está claro si se trata de liberaciones plenas o simplemente de excarcelaciones bajo condiciones restrictivas.“Todavía no está claro si estas personas quedan libres de todas las investigaciones en su contra o si, como ha ocurrido antes, salen de la cárcel pero siguen sometidas a procesos penales, medidas restrictivas de su libertad o incluso decisiones irregulares como la deportación”, explicó el vicepresidente del Foro Penal.Himiob también precisó que este proceso no comenzó tras los hechos más recientes del fin de semana ni por la coyuntura internacional. Recordó que ya hubo tandas de excarcelaciones el 25 de diciembre de 2025 y el 1 de enero de 2026, cuando aún no se había producido la situación posterior relacionada con la intervención de Estados Unidos. Sin embargo, reconoció que ahora podría haberse abierto “una ventana de oportunidad más contundente” para nuevas liberaciones.Uno de los puntos que más preocupa a la organización es la falta de transparencia. Según Himiob, el poder Ejecutivo venezolano conoce perfectamente quiénes son los presos políticos, pues maneja los datos sistematizados por el Foro Penal. “Tienen todos y cada uno de sus datos, saben quiénes son y dónde están. Pero al final del día, los que tienen la llave de la cárcel son ellos”, afirmó, insistiendo en que no existe claridad sobre los criterios usados para decidir quién sale y quién permanece detenido.Como ejemplo de esa opacidad, mencionó el caso del ciudadano español Miguel Moreno, tripulante de un buque de investigación arqueológica detenido por la Armada venezolana en junio del año pasado. Moreno fue excarcelado y trasladado a España, mientras que los otros ocho miembros de la tripulación, también extranjeros, continúan privados de la libertad. “No sabemos por qué se excarcela a uno y no a los demás”, señaló.Escuche la entrevista completa en el audio adjunto:
La Policía y el Ejército de Ecuador detuvieron a dos supuestos integrantes del grupo delictivo Los Chechenos, vinculados con el Frente Iván Ríos, una disidencia de la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), durante una operación ejecutada en la provincia fronteriza de Esmeraldas, informaron este sábado ambas instituciones.Uno de los dos capturados fue identificado como Deret Argel A. Q., alias Dere, presunto líder de Los Chechenos en la zona, mientras que el otro es Manto Bryan M. B.Según la Policía, ambos serían los presuntos responsables de cometer delitos como secuestro extorsivo, tráfico de drogas, desapariciones, sicariatos (asesinatos por encargo), minería ilegal, tráfico de armas y municiones, y tráfico ilícito de hidrocarburos.Las fuerzas de seguridad realizaron allanamientos en el municipio de Eloy Alfaro, en la provincia de Esmeraldas, en medio de los cuales se produjo un enfrentamiento armado. Sin embargo, los hombres fueron "neutralizados" y detenidos.El Ejército añadió que se decomisaron dos armas de fuego, entre ellas un fusil; municiones, una granada de mano, un cuchillo, dos dispositivos móviles y otros indicios.Ecuador vive desde 2024 bajo un "conflicto armado interno" declarado por el presidente Daniel Noboa para intensificar la lucha contra las bandas delictivas nacionales, que fueron denominadas como "terroristas", y que son consideradas como las causantes de la violencia sin precedentes que se registra en el país andino.Algunas de estas organizaciones criminales se han aliado con disidencias de las FARC en actividades como la minería ilegal, lo que llevó a Noboa a incluir a varios grupos extranjeros en su "guerra" contra el crimen organizado.
El asesinato de Natalia Santo Domingo Rodríguez, una mujer trans, mantiene la conmoción por la violencia con la que fue cometido el crimen. Los hechos ocurrieron el pasado 9 de enero de 2025 en un apartamento donde residía la víctima, y hoy avanzan en un proceso judicial que busca esclarecer las responsabilidades y el móvil del homicidio.Natalia había crecido en el municipio de Pacho, Cundinamarca y, con el paso de los años, se trasladó a Chía y Cajicá en busca de un entorno que le permitiera vivir su proceso de transición con mayor tranquilidad. En entrevista con Conducta Delictiva Podcast su hermana menor la describió como una mujer cercana, solidaria y comprometida con el bienestar de los suyos, a quienes apoyaba económicamente de forma constante.Diana Quintero recordó que desde la niñez la identidad de Natalia era evidente dentro del hogar. “Algo en mí siempre me decía que Natalia era diferente. Un día nos llamó y nos dijo que él ya no quería ser él, que quería ser ella”, relató.El día anterior a su muerte, Natalia compartió con su familia. Según el relato de su hermana, las últimas comunicaciones se registraron entre las 6:22 y las 6:30 de la mañana, cuando llamó a su madre y a una tía. Luego, sus teléfonos quedaron apagados.Ante la falta de respuesta durante varias horas, su pareja y su hermana decidieron ingresar al apartamento en la tarde de ese mismo día. Fue Diana quien entró primero a la vivienda. “Yo fui la que entré a ese lugar y encontré a Natalia en esas condiciones. Vi muchísima sangre por todo lado y una escena de terror en esa habitación”, contó.Las autoridades establecieron que la víctima intentó defenderse durante el ataque. Inicialmente, la pareja sentimental de Natalia fue objeto de verificación, pero quedó descartada tras el análisis de cámaras de seguridad y otros elementos probatorios. La Fiscalía determinó que el presunto responsable sería un hombre de 30 años, identificado como un vínculo sentimental paralelo de la víctima. De acuerdo con la investigación, el sospechoso habría ingresado al apartamento alrededor de las 6:00 de la mañana, aprovechando la confianza que Natalia tenía en él. El informe de Medicina Legal confirmó que la víctima recibió múltiples heridas con arma blanca, lo que evidenció un alto grado de violencia. Tras el homicidio, el atacante habría robado dinero en efectivo, los teléfonos celulares de la víctima y otros objetos, en un intento por eliminar rastros del crimen.Luego de diez meses de seguimiento, que incluyó el rastreo de llamadas, movimientos y uso de los dispositivos móviles de Natalia, las autoridades capturaron al sospechoso en octubre de 2025, en el municipio de Chía.Aunque el hombre no aceptó los cargos por homicidio agravado, la Fiscalía asegura contar con pruebas técnicas que lo ubican en la escena y lo vinculan directamente con los hechos. Actualmente permanece recluido en un centro carcelario, al considerar que representa un peligro para la sociedad.Para la familia, la captura no cierra el caso. Diana Quintero insiste en que aún falta conocer el trasfondo del crimen. “Lo único que nosotros queremos como familia es saber la verdad de lo que pasó con Natalia. ¿Qué fue eso tan malo que Natalia les hizo para que le quitaran la vida de esa manera tan atroz?”, expresó.
La IV cumbre de la Celac-UE no solo será un espacio para la búsqueda de acuerdos birregionales, sino también para la discusión de propuestas que involucra a los países de América Latina y el Caribe.Por esto, el presidente Gustavo Petro afirmó que el lunes 10 de noviembre presentará como propuesta la creación de una comisión del Caribe para tratar problemas de violencia, especialmente ligados a bandas narcotraficantes.Se trataría de una “organización de coordinacion de inteligencia del Caribe” que asumiría una función transnacional, especialmente para actuar contra mafias internacionales. Para lo que dijo que también está teniendo conversaciones con el gobierno francés, en el mismo sentido, teniendo en cuenta que la salida de droga hacia Europa está en aumento.“Está creciendo y es una mafia multinacional que no está bajo control de mafias colombianas, sino internacionales que hay que combatir”, explicó el mandatario.Entre otros temas, señaló que el encuentro entre América Latina y la Unión Europea se avanzó en diálogos que conduzcan a acuerdos sobre inteligencia artificial e inversiones en energías limpias, especialmente, a través de la descarbonización de la economía.El evento también estuvo marcado por la rápida visita del presidente de Brasil, Lula Da Silva, quien solo estuvo cuatro horas en la cumbre, debido a que tuvo que salir para regresar a continuar con la agenda de la COP 30. En su lugar quedó el vicepresidente Geraldo Alckmin.
A cuarenta años de la tragedia de Armero, las historias de quienes lograron sobrevivir siguen estremeciendo a Colombia. En Sala de Prensa Blu, una familia recordó cómo un simple error en la dirección de su camioneta cambió el rumbo de su destino aquella noche del 13 de noviembre de 1985, cuando una avalancha sepultó el municipio tolimense y dejó más de 25 mil muertos.Entre lágrimas y silencios, los sobrevivientes revivieron los minutos más largos de su vida. El padre de familia relató que, cuando intentó huir hacia Guayabal, la dirección del vehículo estaba invertida. “Yo salía para el norte, pero la camioneta me salió fue al sur. Ya no había tiempo de hacer nada, estaba llena de gente. Arranqué como fuera”, contó. Ese error mecánico, que días antes había parecido una molestia menor, terminó llevándolos lejos del epicentro del desastre. “Mi papá amarró a todos con una cuerda”: recuerda sobreviviente de ArmeroMientras la avalancha arrasaba con todo a su paso, el hombre recuerda haber visto el lodo “subiendo como una montaña viva”. Con voz quebrada, su hijo, que entonces tenía solo siete años, recordó la escena que lo marcaría para siempre: “Mi papá tenía una manila, y mi mamá le preguntó para qué. Él respondió: ‘Amarre a los pelados, amárrese usted y me amarro yo, que nos encuentren a todos’”.La familia logró refugiarse tras una casa de concreto, aferrándose a la esperanza y a la fe. “Mi papá dijo ‘Virgen Santísima, sálvenos’, y un poste de luz detuvo el barro justo frente al carro. No nos tocó. Yo siempre digo que fue un milagro”, relató la hija, aún conmovida.Aunque sobrevivieron, la huella emocional fue profunda. “Dejé de ir a la iglesia por un tiempo, dejé de creer. Era difícil entender por qué unos se salvaron y otros no”, confesó uno de los hermanos. Con el tiempo, dicen, comprendieron que “la misericordia de Dios fue infinita”.Armero: cuna de deportistas que resistenLa tragedia también interrumpió el legado deportivo de Armero, conocido por su destacada escuela de pesas. Hoy, jóvenes atletas entrenan entre goteras y barras oxidadas, pero con la misma pasión de sus antecesores. “Si ellos pudieron en peores condiciones, nosotros también”, dice Emily, una adolescente que sueña con ser medallista olímpica.Elí, entrenador veterano y sobreviviente, lo resume con orgullo: “A mí me desperdiciaron, no aprovecharon mi sabiduría, pero verlos levantar pesas es mi recompensa”.Cuarenta años después, el barro se secó, pero las historias como la de esta familia y los deportistas de Armero siguen recordándole al país que, incluso en la tragedia, la vida insiste en abrirse camino.
Menos de un día duró instalada en Santa Marta una valla con un mensaje que exigía la libertad de los presos políticos en Cuba, Nicaragua y Venezuela. El anuncio, ubicado a las afueras del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, fue retirado por orden de la Alcaldía Distrital, en el marco de la Cumbre CELAC–Unión Europea (UE) que se realiza en la ciudad del 7 al 10 de noviembre.La denuncia fue hecha por la organización Raza e Igualdad, que calificó el hecho como un acto de censura. Según el comunicado, la pieza tenía el mensaje: “cada persona encarcelada por defender los derechos humanos en Cuba, Nicaragua y Venezuela representa una promesa incumplida de la democracia. ¿Hasta cuándo?”El cartel estaba acompañado por las banderas de los tres países y la imagen de un hombre tras las rejas, con el objetivo de llamar la atención de los líderes latinoamericanos y europeos reunidos en Santa Marta sobre las violaciones de derechos humanos en esos regímenes.Sin embargo, la administración local habría ordenado su retiro argumentando que, durante el desarrollo del evento internacional, no se permitirían mensajes con contenido político en los espacios públicos cercanos a las zonas de seguridad diplomática.“Esta decisión vulnera nuestro derecho a la libertad de expresión y limita la posibilidad de denunciar violaciones a los derechos humanos precisamente en un foro que promueve el diálogo democrático”, expresó la ONG, que recordó que en 2023 ocurrió un hecho similar en Buenos Aires, previo a otra Cumbre CELAC.De acuerdo con organizaciones de derechos humanos, hasta octubre de 2025 se contabilizan 749 presos políticos en Cuba, 77 en Nicaragua y 875 en Venezuela, cifras que —según Raza e Igualdad— reflejan la persistencia de regímenes autoritarios en la región.Mientras la Cumbre CELAC–UE aborda temas como transición energética, equidad de género y cooperación birregional, la ONG insistió en que la defensa de la democracia y los derechos humanos debe ser parte central del debate.“Seguiremos denunciando la represión en estos países y llamando a la comunidad internacional a no guardar silencio frente a las violaciones que siguen ocurriendo en el Caribe y América Latina”, concluyó la organización.
A menos de 24 horas del atentado registrado en Tunja, donde fue dejado un cargamento explosivo en una volqueta, los cuales tenían temporizador para detonar, y que dejó al menos tres policías heridos y daños en el batallón Bolívar, el ministro de Defensa Pedro Sánchez confirmó que ya hay recompensa para dar con los responsables.Se trata de un paquete hasta por $900 millones que dispuso el Gobierno nacional, para obtener información que permita capturar a tres presuntos miembros del ELN que estarían vinculados con este hecho.Uno de ellos es alias ‘Saúl’, ‘Manuel’ o ‘Poeta’, cuyo nombre corresponde a Juseff Morales Betancourt. Este sería uno de los tres autores intelectuales del atentado, por quien se ofrece hasta $500 millones. Los otros dos serían alias ‘Eliecer’ y alias ‘Rastrillo’, quienes operarían entre los departamentos de Boyacá, Aruca y Casanare; por cada uno de ellos ofrece hasta $200 millones de recompensa.Con esto, el ministro reconoce que el ELN estaría detrás de este atentado, “lo que demuestra su ADN como grupo terrorista”.Este recurso dispuesto por el Gobierno nacional, se suma a los $100 millones de recompensa que dispuso la Alcaldía de Tunja, lo que da para un total de $1.000 millones.Además, el ministro aseguró que el presidente Gustavo Petro ordenó disponer de todas las capacidades para dar con los responsables del atentado y que ha estado al tanto de la situación.
La foto oficial de la IV Cumbre CELAC - Unión Europea, realizada en Santa Marta, tuvo un detalle que llamó la atención de los asistentes y medios internacionales: los mandatarios posaron luciendo mochilas tejidas por mujeres indígenas wiwa y arhuacas, un símbolo ancestral de los pueblos que habitan la Sierra Nevada de Santa Marta.El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, fueron algunos de los líderes que aceptaron el obsequio y lo llevaron cruzado sobre el hombro durante la fotografía oficial. Las mochilas fueron entregadas por una comitiva indígena que ingresó a la sala principal donde se desarrollaba la agenda de la cumbre desde las 8:30 de la mañana.El gesto, aunque contrastó con los trajes formales de los jefes de Estado, reflejó la conexión entre la cultura ancestral y los temas centrales del encuentro, entre ellos la protección ambiental y la sostenibilidad.Las tejedoras explicaron que cada mochila fue elaborada con materiales naturales como lana de oveja, algodón, alpaca y fique, y que cada puntada lleva un sentido espiritual. “Las hicimos con buenas intenciones, con pensamiento de amor y conexión con la nieve, el río y el mar”, contó María Luisa Mojica, una de las artesanas.Sandra Heredia, otra tejedora, relató que trabajaron durante tres meses para cumplir el encargo. “Ha sido un esfuerzo largo, pero es nuestra forma de mostrar el territorio y compartir nuestra cultura con el mundo”, dijo.Los diseños representan elementos de la naturaleza como el vuelo de las aves, las hojas de la Sierra, el rayo, el mar y el camino de la tortuga, reafirmando el mensaje que las comunidades indígenas llevaron a la cumbre: cuidar la tierra es también cuidar la vida.
Una tragedia enluta al barrio Flor del Campo, en el sur de Cartagena. Un menor de cuatro años murió en medio del incendio de una vivienda que se registró durante la tarde de este sábado 10 de enero.De acuerdo al reporte de las unidades de Bomberos que atendieron la emergencia en la manzana 1B de este popular sector de la ciudad, el cuerpo del menor fue encontrado en una de las habitaciones de la vivienda una vez fueron controladas las llamas.“Al llegar al lugar, se evidenció que la comunidad había logrado sofocar las llamas utilizando arena. Durante la inspección de la vivienda, lamentablemente, se encontró en una de las habitaciones el cuerpo sin vida de un menor, de 4 años de edad, en circunstancias que son materia de investigación por parte de las autoridades judiciales”, explicó Ahizar Fuentes Lizcano, comandante del Cuerpo de Bomberos de Cartagena.Las autoridades investigan si el menor se encontraba solo en la vivienda y quién estaba a su cargo. Entretanto, las autoridades distritales reiteraron las recomendaciones a la comunidad, especialmente en esta temporada en la que se presentan altas temperaturas.No dejar niños solos dentro de las viviendas.Evitar el uso inadecuado de velas, velones, mecheros o elementos con llama abierta.Desconectar electrodomésticos que no estén en uso y revisar las instalaciones eléctricas.Mantener fósforos, encendedores y materiales inflamables fuera del alcance de los menores.En caso de incendio, dar aviso inmediato a la línea 119 y no exponerse al riesgo.
Luego de que en horas de la tarde de este sábado 10 de enero se conociera el accidente de una avioneta vinculada al cantante de música popular Yeison Jiménez, en zona rural del municipio de Paipa, en el departamento de Boyacá, continúan saliendo a la luz nuevos detalles sobre el siniestro.La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil confirmó que “se ha verificado el siniestro de una aeronave con matrícula N325FA en el sector comprendido entre los municipios de Paipa y Duitama”, por lo que se activaron de inmediato los protocolos de atención y verificación en el lugar.De acuerdo con la información oficial, las muertes registradas fueron producto de un accidente aéreo. La Aeronáutica Civil informó además que la aeronave transportaba seis ocupantes, entre ellos el piloto, el copiloto y cuatro pasajeros, y que había presentado un plan de vuelo con destino a la ciudad de Medellín. Las autoridades continúan adelantando las investigaciones para establecer las causas exactas del siniestro. Además, recordaron que en la avioneta se movilizaba: Yeisson JimenezJuan Manuel RodriguezOscar MarinJefferson OsorioWeisman MoraYeison Jiménez era uno de los cantantes más representativos de la música popular colombiana en la actualidad. Nacido en Manzanares, Caldas, el artista construyó una carrera marcada por la constancia y el contacto directo con su público, lo que le permitió posicionarse como una de las figuras más influyentes del género regional.
El cantante Yeison Jiménez, de 34 años, nacido el 26 de julio de 1991 en Manzanares, murió luego de un siniestro aéreo en zona rural del municipio de Paipa, en el departamento de Boyacá este sábado 10 de enero.Yeison Jiménez era uno de los cantantes más representativos de la música popular colombiana en la actualidad. Nacido en Caldas, el artista construyó una carrera marcada por la constancia y el contacto directo con su público, lo que le permitió posicionarse como una de las figuras más influyentes del género regional. Jiménez logró ampliar su impacto más allá de la música, desarrollando proyectos comerciales y experiencias para sus seguidores que fortalecieron su marca personal. Su ascenso alcanzó un punto histórico el 26 de julio de 2025, cuando se convirtió en el primer cantante de música popular en llenar en solitario el Estadio El Campín de Bogotá. El evento reunió a más de 45.000 asistentes y contó con una producción de gran formato, artistas invitados y el uso de nuevas tecnologías, como inteligencia artificial y pirotecnia, marcando un precedente para el género en escenarios tradicionalmente ocupados por otros estilos musicales.El éxito de ese concierto hizo parte de su gira ‘Mi Promesa Tour’, con la que recorrió varias ciudades del país y del exterior. Tras la masiva respuesta del público y la presión de sus seguidores en redes sociales, Jiménez anunció una segunda presentación en El Campín, que estaba programada para el 28 de marzo de 2026.
En horas de la tarde de este sábado 10 de enero se registró un accidente aéreo en zona rural del municipio de Paipa, en el departamento de Boyacá. De acuerdo con información preliminar, el siniestro ocurrió en la vereda Romita, información preliminar indica que a bordo iba el cantante de música popular, Yeison Jiménez, quien falleció a causa del accidente.Medios locales indicaron que el accidente aéreo dejó a seis personas sin vida.La Administración Municipal de Paipa informó que pasadas las 4:00 p. m. de este sábado, recibieron un reporte de un accidente aéreo, lo cual llevo a activar acciones para brindar la debida atención y respuesta en el lugar de la emergencia."La emergencia fue atendida de forma oportuna, priorizando la verificación de las condiciones del área y la seguridad de la comunidad, mientras se brinda el acompañamiento necesario", indicó la alcaldía del municipio.El cantante de música popular venía de la Feria de Manizales, y tenía planeada entre sus próximas presentaciones una nueva fecha en el estadio El Campín de Bogotá, donde se iba a presentar el 28 de marzo de 2026.La Aeronáutica Civil señaló que la aeronave siniestrada estaba registrada con la matrícula N325FA y había tramitado un plan de vuelo con destino a Medellín. En el avión se desplazaban seis personas: el piloto, el copiloto y cuatro pasajeros, entre ellos el artista, cuya presencia a bordo fue confirmada oficialmente por las autoridades.De igual forma, la entidad confirmó las entidades de los ocupantes:Piloto: Capitán Hernando Torres.Pasajeros: Yeison Jiménez, Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio y Weisman Mora.El Centro de Coordinación de Búsqueda y Rescate (SAR) de la Aerocivil activó los protocolos tras recibir la señal de localización de emergencia (ELT). En el punto del accidente se encuentran actualmente trabajando de manera coordinada la Policía Nacional, el equipo de Salvamento y Extinción de Incendios (SEI) de Paipa y diversos organismos de emergencia locales.La Dirección Técnica de Investigación de Accidentes ha sido activada y su personal especializado ya se desplaza hacia la zona para iniciar las labores de recolección de evidencia que permitan determinar las causas exactas del lamentable suceso.
En horas de la tarde de este sábado 10 de enero de 2025 se registró un accidente aéreo en zona rural del municipio de Paipa, en el departamento de Boyacá. De acuerdo con información preliminar, el siniestro ocurrió en la vereda Romita.Se trató del accidente de una avioneta, que por ahora se encuentra determinando si dejó victimas mortales. Hasta el momento, las autoridades se encuentran en el lugar adelantando las labores de inspección y las investigaciones correspondientes para establecer las causas que provocaron el siniestro.Según confirmó la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, "se ha confirmado el siniestro de una aeronave con matrícula N325FA en el sector comprendido entre Paipa y Duitama".En este accidente, según confirmaron las autoridades, murió el artista de música popular Yeison Jiménez. Además viajaban el capitán Hernando Torres, Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio, Weisman Mora."La aeronave, que transportaba un total de seis ocupantes, conformados por el piloto, el copiloto y cuatro pasajeros, había presentado un plan de vuelo con destino a Medellín", afirmaron."La Dirección Técnica de Investigación de Accidentes activa el protocolo de investigación. Además, la AEROCIVIL proporcionará actualizaciones a medida que se disponga de información confirmada por parte de las autoridades competentes", concluyeron.
En operativo de cooperación internacional, la Policía Nacional capturó en Bogotá a un ciudadano colombiano solicitado por la justicia de Estados Unidos por el delito de hurto calificado y agravado. El requerimiento está relacionado con el robo a mano armada de al menos USD 100.000 en joyas, en el estado de Florida, en el cual el capturado, identificado como Fandiño Bonilla, habría estado involucrado.La detención fue realizada por la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijin), en coordinación con la agencia estadounidense U.S. Marshals, como parte de la lucha contra el crimen trasnacional. El implicado es solicitado por la Corte del Circuito Décimo Quinto del Condado de Palm Beach, donde es investigado por los hechos registrados en 2023.De acuerdo con las autoridades, el detenido habría participado en un asalto armado de joyas valoradas aproximadamente en $374 millones. Según la información oficial, permaneció prófugo de la justicia durante dos años, periodo en el que habría utilizado diversas estrategias para evadir a las autoridades en Colombia, entre esas cambiar de residencia y de líneas telefónicas, no registrar bienes a su nombre y mantenerse alejado de las redes sociales.La orden de captura con fines de extradición fue emitida el 25 de noviembre de 2025, y su consecución se logró tras labores de inteligencia y seguimiento adelantadas en Colombia. Según la Policía Nacional, esta operación hace parte del fortalecimiento de la cooperación judicial con Estados Unidos y del compromiso institucional de ubicar y capturar personas solicitadas por cortes internacionales que intentan ocultarse en el país.El capturado quedó a disposición de la autoridad competente, mientras avanzan los trámites legales correspondientes para definir su eventual extradición, conforme a la normatividad vigente.
El Estado colombiano fue declarado responsable por los graves perjuicios sufridos al soldado Rubén Leonardo Bolaños y su familia tras la toma criminal de la base militar de Las Delicias, ocurrida el 30 de agosto de 1996 en zona rural de La Tagua, Putumayo, uno de los episodios más violentos del conflicto armado en el sur del país.Según la decisión, la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional deberá pagar una indemnización por perjuicios morales a las víctimas del caso. Al soldado Rubén Leonardo Bolaños, víctima directa de los hechos, se le reconocerán 125,61 salarios mínimos legales mensuales vigentes; a su madre, 80 salarios mínimos; y a cada uno de sus tres hermanos, 40 salarios mínimos. Adicionalmente, el Estado deberá pagarle 80 salarios mínimos por daño a la salud y otros 80 salarios mínimos por concepto de reparación pecuniaria.¿Cómo ocurrió la toma de Las Delicias?Los hechos se remontan a la noche del 30 de agosto de 1996, cuando hacia las siete de la noche, en plena formación de tropa, la base militar de Las Delicias fue atacada por el Bloque Sur de las entonces Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). El asalto dejó 27 militares muertos, 17 heridos y 60 soldados secuestrados, entre ellos Rubén Leonardo Bolaños, quien permaneció en cautiverio durante 288 días y fue liberado el 15 de junio de 1997.El fallo establece que el soldado sufrió un daño desmedido como consecuencia de los hechos, con secuelas que no se limitaron en términos morales o materiales, sino que se extendieron al ámbito fisiológico y psicológico, por lo que el soldado desarrolló una grave crisis mental que ha ido empeorando de manera progresiva desde su liberación.¿Cuál fue el resultado del fallo?La investigación concluyó que la toma de las FARC fue posible por una cadena de fallas graves en el batallón. Entre ellas se destacan las deficientes condiciones del armamento, la falta de equipos adecuados y las irregularidades en la conducta de quienes estaban al mando. Los oficiales no aplicaron los procedimientos de comando exigidos para una base ubicada en una zona de alto riesgo y, al momento del ataque, se encontraban dentro y fuera de las instalaciones, lugar en el que no adoptaron medidas básicas de seguridad.La sentencia también señala que la base carecía de elementos básicos como barricadas, trincheras o zanjas de arrastre, lo que afectó que la tropa pudiera maniobrar frente al ataque armado. A ello se sumó la falta de experiencia y entrenamiento de los soldados, quienes llevaban apenas cuatro meses de servicio, solo cuatro días en la base de Las Delicias y no habían realizado simulacros o ensayos de defensa frente a un ataque como el que se presentó en 1996.Otro elemento determinante fue la ausencia de control en el ingreso y salida de personas a las instalaciones militares, así como la omisión de alertar e instruir oportunamente a la tropa sobre el riesgo de un ataque, frente a que existían informaciones previas y confiables sobre una posible toma, que incluso fueron comentadas entre la población civil que permanecía en la zona.Respecto al secuestro, se estableció que los 60 soldados sobrevivientes fueron retenidos bajo amenaza de armas en las selvas del Putumayo y Caquetá, hasta su liberación en junio de 1997. La entrega se produjo en el municipio de Cartagena del Chairá, con acompañamiento de la Cruz Roja Internacional.El fallo reconoce que las omisiones, negligencias y fallas en la planeación y ejecución de las medidas de seguridad constituyeron una violación al deber de protección del Estado hacia sus propios soldados, lo que derivó en una de las tragedias más recordadas del conflicto armado colombiano.
La inseguridad se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los colombianos. Los robos y la violencia dominan hoy el debate político del país. Hurtos, extorsiones, estafas y delitos digitales hacen parte del día a día en varias ciudades y municipios de Colombia. A esto se suma el reconocimiento de las autoridades sobre una capacidad de respuesta insuficiente frente al alto volumen de denuncias.En ese contexto, desde el Congreso avanza una iniciativa que busca darle un giro al papel de la ciudadanía en la prevención del delito.Se trata de un proyecto de ley que ya superó su primer debate en la Cámara de Representantes y que promete convertirse en una de las apuestas más relevantes en materia de seguridad comunitaria, justo cuando la agenda electoral empieza a ocupar el centro de la discusión nacional.Ley de seguridad ciudadana busca frenar la delincuencia en ColombiaLa Comisión Segunda Constitucional Permanente de la Cámara aprobó en primer debate el proyecto de Ley 161 de 2025, una iniciativa que recibió 10 votos a favor y solo 2 en contra. La propuesta busca crear un marco normativo para los llamados Frentes de Seguridad Ciudadana, figuras que ya existen en el país, pero que hasta ahora no cuentan con reglas claras ni un respaldo estructural del Estado.Según cifras de la Cámara, actualmente existen más de 1.900 frentes de seguridad en Colombia, integrados por alrededor de 46.000 ciudadanos. El objetivo del proyecto es fortalecer estas organizaciones para que tengan un mayor impacto en la prevención del delito y en la articulación con las autoridades.Ciudadanos y autoridades, una estrategia conjunta contra el delitoUno de los puntos centrales de la iniciativa es que no contempla la creación de grupos armados ni promueve la justicia por mano propia. Desde el Congreso se ha reiterado que la ley apunta a una articulación directa entre comunidad y autoridades, con acciones coordinadas, responsables y bajo supervisión institucional.Entre los principales objetivos del proyecto se destacan:Garantizar financiación pública para los frentes de seguridad.Fortalecer su estructura operativa a nivel local.Promover una participación comunitaria activa y organizada.Mejorar la prevención y atención de problemáticas de seguridad.La intención es que los ciudadanos cuenten con herramientas para organizarse, alertar y colaborar con las autoridades, sin exponerse a riesgos innecesarios ni asumir funciones que no les corresponden.Proyecto de Ley 161 de 2025 sigue su trámite en el CongresoEn las próximas semanas, la iniciativa continuará su discusión en la plenaria de la Cámara de Representantes. Allí se analizarán aspectos clave como los controles, los alcances reales del proyecto y las salvaguardas institucionales para evitar abusos o situaciones que pongan en riesgo a la comunidad.El proyecto fue presentado por los representantes Óscar Leonardo Villamizar, Christian Munir Garcés, Jhon Jairo Berrío, Juan Fernando Espinel, Edinson Olaya, Juan Felipe Corzo y Hugo Lozano, todos del partido Centro Democrático.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció la puesta en marcha del proyecto Escudo Nacional Antidrones, una estrategia liderada por esa cartera que busca proteger a la población civil, a los integrantes de la Fuerza Pública y a las instalaciones estratégicas del país frente al uso de drones con fines criminales.La iniciativa, cuyo valor total supera los 6,3 billones de pesos, responde, según el ministro, al creciente desafío que representan los sistemas de drones utilizados por estructuras criminales y organizaciones narcoterroristas para realizar ataques, espionaje, transporte de explosivos o actividades de vigilancia ilegal. De acuerdo con el Gobierno, el objetivo central del proyecto es fortalecer el control del espacio aéreo y prevenir la pérdida de vidas.Para poner en marcha el Escudo Nacional Antidrones, el presidente Gustavo Petro ordenó asignar cerca de un billón de pesos para la primera fase del proyecto, que comenzará a desarrollarse durante 2026.Según el Ministerio de Defensa, esta decisión obedece a la importancia estratégica de la iniciativa y a la necesidad de actuar con rapidez frente a un fenómeno que ha evolucionado de manera acelerada en los últimos años.Uno de los pilares del proyecto es la conformación de un equipo multidisciplinario integrado por hombres y mujeres de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, que aportará su conocimiento para definir, desarrollar y validar las especificaciones de los sistemas que se adquirirán.La idea, según explicó el ministro, es que la solución se ajuste a las necesidades reales del terreno y a las particularidades geográficas y operacionales del país.El proyecto también contará con el acompañamiento del Grupo de Transparencia del Ministerio de Defensa. Como parte del proceso, el próximo viernes 16 de enero se realizará una reunión en las instalaciones del Ministerio de Defensa, a la que están invitadas empresas y países interesados en participar en el desarrollo del proyecto, para conocer los alcances técnicos, operativos y contractuales del Escudo Nacional Antidrones.MinDefensa explicó que uno de los criterios centrales del proyecto es que la contratación se realizará de manera directa entre el Gobierno colombiano y los fabricantes de la tecnología, o sus representantes legales, con el acompañamiento del Estado al que pertenezcan dichas compañías. No se aceptarán ofertas de empresas intermediarias o comercializadoras, y el proceso contará con el respaldo de las embajadas de los países involucrados.Además, quienes resulten seleccionados deberán garantizar la actualización permanente de los sistemas, así como el entrenamiento y la capacitación de instructores para la operación y el mantenimiento de los equipos.Con la adquisición de esta herramienta, el Gobierno busca reforzar la seguridad de la población civil, proteger a los miembros de la Fuerza Pública y blindar las instalaciones militares y policiales ubicadas en puntos estratégicos del territorio nacional.
Un amplio remezón en la estructura de mando del Ejército comenzará a ejecutarse en los próximos días, tras la notificación de un decreto que ordena traslados de generales, redefine jefaturas estratégicas y confirma la salida definitiva de por lo menos cinco altos mandos de la institución. Las decisiones marcan uno de los movimientos más profundos de los últimos meses en la cúpula militar.Entre las salidas confirmadas y las notificadas está la del mayor general José Enrique Gualteros Gómez, quien dejará la institución en los próximos días como parte del mismo paquete de decisiones que busca renovar el alto mando y cerrar ciclos en áreas estratégicas de planeación.También está la del mayor general Olveiro Pérez Mahecha, actual inspector del Ejército Nacional, quien ya fue notificado de su desvinculación. Su salida se produce en medio de una investigación interna por presunto maltrato y abuso de autoridad contra hombres bajo su mando, quienes denunciaron ser obligados a realizar oficios domésticos personales.En el marco del reordenamiento, la Inspección General del Ejército pasa a ser asumida por el mayor general Giovanni Rodríguez León, quien llega desde el Comando de Educación y Doctrina (CEDOC).Otro de los retiros confirmados es el del mayor general Juan Diego Sepúlveda Palacio, quien pasa de la Jefatura del Estado Mayor Generador de Fuerza a la condición de Personal Agregado al Comando del Ejército (PACE). Este tipo de traslado administrativo, sin mando operativo ni estratégico, es interpretado dentro de la Fuerza como antesala del retiro, el cual ya le fue oficialmente notificado.En la misma situación se encuentra el brigadier general Jhon Ricardo Guzmán Guzmán, hasta ahora comandante de la Trigésima Primera Brigada, quien fue trasladado a Personal Agregado al Comando del Ejército (PACE). Su salida de la institución también ya fue comunicada, cerrando así su ciclo en el mando operativo.Otro general que sale de la institución es el brigadier general Juan Miguel Huertas Herrera, quien pasa del Comando de Personal (COPER) a PACE. El general Huertas ha estado en el centro de un escándalo mediático y de investigaciones oficiales por presuntos vínculos con disidencias de las Farc, específicamente con el grupo armado liderado por alias ‘Calarcá’, lo que ha generado investigaciones de la Fiscalía y decisiones disciplinarias de la Procuraduría.El decreto, sin embargo, no se limita a las salidas. También redefine de manera amplia el mapa de mandos del Ejército. El mayor general Raúl Fernando Vargas Idárraga pasa del Despacho del Ministerio de Defensa a la Jefatura de Estado Mayor de Planeación y Políticas como jefe, mientras que el mayor general Ricardo Heriberto Roque Salcedo sigue como comandante de la Cuarta División. A su vez, el mayor general Carlos Enrique Carrasquilla Gómez sigue como comandante de la Primera División.Otro movimiento clave es el del mayor general José Bertulfo Soto Sánchez, quien deja la Quinta División para asumir la Jefatura del Estado Mayor Generador de Fuerza, mientras que Carlos Ernesto Marmolejo Cumbe asciende desde la Fuerza de Tarea Omega para comandar la Quinta División. El general Néstor Nieto, por su parte, pasa de subdirector de la Escuela Superior de Guerra a recibir el Comando de la Brigada 30.El reordenamiento continúa con el traslado a la Octava División del brigadier general Gerardo Ortiz Ramírez, desde el Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales, que pasará a la comandancia del general Alex Mena; del brigadier general Yor William Cotua Muñoz, de la Vigésima Séptima Brigada a la Fuerza de Tarea Omega; y del brigadier general Eduardo Alberto Arias Rojas, de la Décima Primera Brigada a la Séptima División.También se registran cambios administrativos y de formación, como el del brigadier general Mario Geovanni Contreras Guinemé, quien deja la Trigésima Brigada para asumir el Comando de Personal; el brigadier general Óscar del Cristo Díaz Montiel, que pasa de la FUDRA 1 a comandar la Décima Primera Brigada; y el brigadier general Milton César Escobar Gallego, quien sale de la Escuela Militar de Cadetes para asumir la Décima Sexta Brigada.El paquete se completa con el nombramiento del brigadier general Raúl Perilla Monroy como comandante de la División de Fuerzas Especiales. El general Walther Giraldo, quien comanda el Comando Conjunto de Operaciones Especiales (CCOES), pasa a recibir la Jefatura de Operaciones del Ejército, mientras que el CCOES queda al mando del general Omar Yesid Moreno. El brigadier general Edgar Rodríguez Pérez comandará la Fuerza de Despliegue Rápido No. 1.