El Gobierno expresó su “profunda preocupación” por la represión y la censura en Irán, a través de un pronunciamiento hecho ante la ONU por la embajadora de Colombia, Leonor Zalabata.Durante su intervención, la diplomática cuestionó las acciones del régimen iraní en medio de la intensidad de las protestas y de la represión que, según organizaciones de derechos humanos, ha dejado miles de muertos y detenidos.“En este contexto vemos con profunda preocupación los hechos que están teniendo lugar en Irán, incluido el uso de la pena de muerte y otras formas de represión como respuesta a manifestaciones pacíficas. También nos alarma la aplicación de procesos judiciales acelerados que no garantizan el debido proceso, en abierta contradicción con las obligaciones internacionales. Nos preocupa asimismo la censura y las restricciones a la información, por lo que consideramos que el acceso seguro de la prensa internacional y la restauración de internet deben garantizarse de inmediato”, afirmó Zalabata.Las protestas comenzaron el 28 de diciembre en Teherán, inicialmente por el aumento de la inflación, pero rápidamente se extendieron a otras ciudades con reclamos contra el sistema clerical que gobierna el país. Las autoridades iraníes ordenaron cortes de internet que, según organizaciones defensoras de derechos humanos, buscan ocultar la magnitud de la represión. Actualmente, las cifras de muertos y detenidos en el marco de las manifestaciones ascienden a miles.
La más reciente encuesta de AtlasIntel sobre intención de voto de cara a las elecciones presidenciales en Colombia reavivó el debate público por sus resultados y por el uso de metodologías digitales. El estudio, financiado y publicado por la revista Semana, ubica a Abelardo de la Espriella como líder con 28 %, seguido de Iván Cepeda con 26,5 % y Sergio Fajardo con 9,4 %.Ante las dudas sobre el registro de la firma en Colombia, Andrei Román, CEO de AtlasIntel, aseguró en Mañanas Blu que la empresa cumple con los requisitos legales. “Atlas está debidamente registrada frente al CNE”, afirmó, y explicó que la demora obedeció a la implementación de la nueva ley electoral y a la conformación de una comisión técnica que retrasó el trámite más de cuatro meses.Román sostuvo que, más allá de los procesos administrativos, el foco debe estar en la calidad de los resultados. Según dijo, “(la) metodología fue comprobada, funciona, eso es más importante que cualquier trámite burocrático”, y recordó que en Europa y Estados Unidos la mayoría de encuestas presidenciales ya se realizan de manera digital.Sobre el funcionamiento del muestreo, el directivo explicó que las personas son invitadas a participar mientras navegan normalmente por internet. “Cada persona puede responder solo una vez y no puede compartir el enlace con otras personas”, indicó, al tiempo que señaló que existen múltiples filtros de control para evitar distorsiones en los datos.En esa misma línea, Román negó cualquier tipo de manipulación de los resultados y afirmó que el sistema cuenta con mecanismos de verificación interna. “Tenemos varios tipos de verificación en la encuesta, no tenemos manipulación de los resultados”, enfatizó durante la entrevista.El CEO de AtlasIntel también defendió la cobertura territorial de las encuestas digitales frente a las presenciales. A su juicio, este método permite llegar a más municipios y zonas de difícil acceso, ya que las encuestas tradicionales “limitan el número de locales por cuestiones logísticas”, lo que reduce su alcance.Como respaldo a su metodología, recordó antecedentes electorales en Colombia. Román aseguró que hace cuatro años Atlas logró ser la firma más precisa, destacando sus aciertos en Cali y en la elección de gobernador de Antioquia, donde —según dijo— fue la única encuesta que anticipó correctamente al actual mandatario departamental. "No es posible garantizar que las personas no mientas, cada empresa construye su trayectoria a partir de evidencias, siempre estamos disponibles para explicar", añadió el CEO de la encuestadora.Finalmente, explicó que el costo de este tipo de estudios varía según el tamaño de la muestra y las condiciones comerciales. De acuerdo con Román, una encuesta como la recientemente publicada puede costar “entre 40 y 90 mil dólares”, dependiendo del alcance y los acuerdos con los clientes.
Diez soldados del Ejército tuvieron que ser evacuados de urgencia en las últimas horas luego de resultar heridos en un ataque con artefactos explosivos en zona rural del municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó. La extracción del personal se realizó mediante una operación aérea especializada, ante las dificultades de acceso terrestre y la gravedad de las lesiones sufridas por algunos de los uniformados.Tras conocerse el ataque, se activaron los protocolos de emergencia y se dispuso de inmediato el alistamiento de aeronaves y tripulaciones para ingresar al área. La operación estuvo marcada desde el inicio por condiciones meteorológicas adversas, lo que obligó a una evaluación constante del clima hasta identificar una ventana operacional que permitiera ejecutar la misión sin comprometer la seguridad de los heridos ni del personal aéreo.La evacuación se desarrolló en horas de la noche, en un sector de alta complejidad geográfica, lo que exigió maniobras precisas y procedimientos especializados. La coordinación entre las tripulaciones aéreas y el personal médico fue clave para lograr el traslado de los soldados, algunos de ellos con lesiones que requerían atención inmediata en centros hospitalarios de mayor complejidad.Dos helicópteros UH-60 Black Hawk despegaron desde Rionegro, Antioquia, y lograron evacuar a los diez militares desde San José del Palmar. Cuatro de los heridos fueron trasladados a Medellín, mientras que los otros seis fueron llevados a la ciudad de Quibdó, donde quedaron bajo observación médica especializada.Debido a la condición crítica de uno de los soldados, se realizó posteriormente un traslado adicional en una aeronave King 350 hasta la ciudad de Bogotá. El uniformado permanece internado en el Hospital Militar, donde recibe atención médica especializada.El ataque y la posterior evacuación evidencian nuevamente los riesgos que enfrentan las tropas en zonas donde persisten acciones violentas con explosivos, así como la complejidad de las operaciones de rescate en regiones apartadas del país, donde el clima y la geografía siguen siendo factores determinantes en la atención de emergencias.
Al cumplirse un año del inicio de la Operación Catatumbo, el balance operativo deja en evidencia el impacto de la presencia permanente de las FFMM en una de las regiones más golpeadas por la violencia y el narcotráfico en el nororiente del país.Durante doce meses continuos, la ofensiva militar se concentró en debilitar a los grupos armados ilegales, reducir su capacidad criminal y disminuir los riesgos para la población civil.La operación se desarrolló con un despliegue sostenido de más de 11.200 soldados en distintos puntos del departamento de Norte de Santander, apoyados por unidades especiales, aviación, movilidad terrestre y acciones conjuntas con otras fuerzas del Estado.Esta presión constante permitió afectar estructuras armadas que disputan el control de las economías ilícitas, especialmente el narcotráfico, una de las principales fuentes de violencia en la región del Catatumbo.En el componente humano, las autoridades reportaron la evacuación de 3.633 personas que se encontraban en zonas de alto riesgo, entre ellas 57 firmantes del acuerdo de paz. Además, se logró la recuperación de 42 menores de edad que habían sido vinculados a grupos armados ilegales y la desmovilización de 161 integrantes de estas estructuras. A esto se suman 167 capturas de personas señaladas de participar en acciones que afectaron directamente a comunidades rurales.El resultado operacional también se refleja en la incautación de un amplio arsenal y material de guerra. Durante el año de operación fueron decomisadas 178 armas cortas y 161 armas largas, además de la neutralización de 2.514 artefactos explosivos improvisados.En total, se destruyeron o incautaron más de 3.200 kilogramos de explosivos, 392 granadas artesanales, 737 minas antipersona, 62.544 municiones y seis drones utilizados con fines criminales.Uno de los golpes más contundentes se dio contra el narcotráfico. La operación permitió afectar más de 39 toneladas de clorhidrato de cocaína, lo que representa un impacto económico superior a los 208.000 millones de pesos para las organizaciones ilegales.Según las autoridades, esta afectación redujo de manera directa los riesgos para las comunidades rurales, los corredores viales y las zonas de producción.Tras un año de ejecución, la Operación Catatumbo continúa activa en el territorio, con la intención de mantener la presión militar y evitar la recomposición de las estructuras armadas ilegales.El objetivo, según el balance oficial, sigue siendo debilitar las economías ilícitas y generar condiciones de seguridad que permitan una mayor presencia institucional en una de las regiones históricamente más complejas del país.
Luego del anuncio del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, de acudir a la excepción por inconstitucionalidad para no aplicar en el departamento el decreto 1474 de 2025 que establece medidas tributarias y nuevos impuestos en el marco de la emergencia económica expedida por el gobierno, la mayoría de gobernadores del país se sumaron a esta ‘rebelión’.Una reunión convocada en la sede de la Federación Nacional de Departamentos, los mandatario regionales rechazaron el impacto negativo que tienen las medidas adoptadas por el gobierno, entre las que está un aumento del impuesto de IVA e impoconsumo a diferentes tipos de licores, los cuales generan buena parte del recaudo tributario en estas regiones con destino, temas sociales claves como educación, salud y deporte.Entre las acciones que adoptarán estos gobernadores, y en el que espera, se sumen los 32 departamentos están la presentación de varias tutelas en contra del decreto, la presentación de un oficio ante la Corte Constitucional, pidiendo ser escuchados en medio del estudio que realiza del estado de excepción, así como la nueva aplicación del aumento en el impuesto de consumo a los licores.“La Federación nos va a dar un documento jurídico para nosotros no aplicar el decreto en cada una de nuestras regiones, de acuerdo a nuestras particularidades en cada uno de los departamentos, cada uno de nosotros lo hará pero hemos tomado la decisión que lo vamos a hacer todos”, sostuvo la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro.Los mandatarios regionales invitaron al Gobierno nacional a dialogar frente a estas medidas, y a que tenga en cuenta que un aumento desproporcionado en los precios de los licores, podrían llevar a un fortalecimiento del contrabando y de las rentas de grupos criminales que viven de esta práctica o de la adulteración de los productos.
La adrenalina volvió a tomarse las calles de la capital caldense con la realización de la versión 19 del Manizales Down Town 2026, la tradicional competencia de downhill urbano que se consolida como uno de los eventos deportivos más importantes en el marco de la Feria de Manizales.El evento, que tuvo lugar el pasado 10 de enero, congregó a más de 10.000 espectadores, entre turistas y habitantes locales, quienes acompañaron a 40 deportistas nacionales e internacionales que descendieron a alta velocidad por un exigente circuito urbano de 1.250 metros, trazado a través de tres barrios de la ciudad.El recorrido puso a prueba la técnica, el control y la resistencia de los competidores, quienes enfrentaron más de 300 escalas, pendientes pronunciadas y distintos obstáculos urbanos. Durante el descenso, los riders alcanzaron velocidades estimadas entre 40 y 60 kilómetros por hora, en un trazado que exigió precisión y alto nivel de concentración.La nómina de participantes incluyó representantes de Valle del Cauca, Risaralda, Quindío, Cundinamarca, Caldas y Antioquia, además de corredores internacionales provenientes de Chile, México y Ecuador, reafirmando el carácter internacional del evento y su proyección dentro del calendario del downhill urbano en la región.Un manizaleño se lleva el premio del Manizales Down TownEl triunfo quedó en casa. El manizaleño Camilo Sánchez Salazar se consagró campeón del Manizales Down Town 2026 tras registrar un tiempo de 1 minuto y 25 segundos, resultado que fue celebrado por el público local. El podio lo completaron los chilenos Felipe Agurto, en la segunda posición, y Bruno Lavagnino, quien ocupó el tercer lugar, ratificando el nivel internacional de la competencia.“Ganar en casa es una sensación inigualable. Veníamos buscando este triunfo desde hace varios años y hoy logramos el objetivo frente a deportistas internacionales de gran nivel”, afirmó Sánchez tras su victoria.La competencia contó con el apoyo de la Alcaldía de Manizales y fue liderada por Jorge Mario Jaramillo, referente del deporte extremo en Colombia, quien ha impulsado eventos internacionales que fortalecen la proyección deportiva de la ciudad.“Culminamos una vez más un evento icónico de la Feria de Manizales, apostándole a los deportes extremos. Los deportistas destacaron la pista, la organización y el triunfo quedó en casa”, señaló Jorge Mario Jaramillo, productor deportivo de la competencia.
El Junior de Barranquilla recibió un duro golpe horas antes del partido de ida de la Superliga BetPlay frente a Independiente Santa Fe. Blog Deportivo conoció que el tiburón no podrá contar con dos de sus recientes refuerzos, Juan David Ríos y Jean Pestaña, debido a problemas administrativos relacionados con sus transferencias, una situación que no estaba en los planes del técnico Alfredo Arias en lo que son los primeros 90 minutos para intentar conseguir el primer título del 2026.Ambos futbolistas, que pertenecían al Deportivo Pereira, se encontraban concentrados desde el día anterior con el plantel del Junior y todo apuntaba a que harían parte de la nómina convocada para el duelo ante Santa Fe. Incluso, según se reveló el periodista Fabio Poveda en Blog Deportivo, el técnico Alfredo Arias tenía contemplado a Juan David Ríos como titular. Sin embargo, al conocerse la lista oficial de convocados, los nombres de Ríos y Pestaña brillaron por su ausencia, encendiendo las alarmas en el entorno del club barranquillero.¿Por qué no están Ríos ni Pestaña?La razón de esta baja de última hora estaría en que no han llegado los documentos de transferencia. Aunque se trata de jugadores que venían actuando en el fútbol colombiano, los trámites se habrían visto frenados por los líos administrativos y legales que atraviesa el Deportivo Pereira. En el caso de Juan David Ríos, el mediocampista habría quedado en libertad debido a incumplimientos salariales, lo que motivó su salida del club matecaña y su llegada al Junior.No obstante, desde Pereira no se habría facilitado el traslado de los derechos deportivos, en medio de litigios y recursos legales que mantiene el club. Vale recordar que el equipo risaraldense no cuenta actualmente con reconocimiento deportivo pleno y se encuentra en procesos de reposición y apelación, lo que impediría a la Dimayor autorizar, por ahora, las transferencias de jugadores que quedaron en libertad y que ya habían alcanzado acuerdos con otros equipos, como el Junior.Este escenario no solo afecta al conjunto barranquillero en un partido clave como la Superliga, sino que también vuelve a poner en el centro del debate la situación institucional del Deportivo Pereira.Mientras se espera una respuesta oficial por parte de la Dimayor o del Ministerio del Deporte que aclare el panorama, el Junior deberá afrontar el compromiso ante Santa Fe sin dos piezas que estaban llamadas a reforzar su plantel.¿Cuándo será la Superliga?El partido de ida se disputará este jueves, 15 de enero, desde las 7:30 de la noche en el estadio Metropolitano de Barranquilla. Mientras que la final de vuelta será el miércoles 21 de enero en El Campín de Bogotá.
La reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, concluyó este jueves tras más de dos horas de encuentro.Trump y Machado compartieron un almuerzo a puerta cerrada, sin acceso a la prensa, y posteriormente la dirigente opositora se trasladó al Congreso de Estados Unidos, donde sostendrá una reunión con senadores.A la salida de la Casa Blanca, Machado declaró brevemente a la prensa que la reunión fue "muy bien", pero no reveló si entregó la medalla del Nobel a Trump, como se ha especulado.La líder opositora saludó a algunos venezolanos que estaban concentrados frente a la residencia presidencial antes de abordar un vehículo de camino al Congreso.La líder opositora tiene previsto dar una rueda de prensa a las 16.00 hora local (21.00 GMT) en las escaleras del Capitolio tras el encuentro con senadores republicanos y demócratas.El encuentro es el primero entre Trump y la opositora y se produce menos de dos semanas después de que EE.UU. detuviera al presidente venezolano, Nicolás Maduro, durante una operación sorpresa en Venezuela, en la que también fue capturada su esposa, Cilia Flores, y ambos fueron trasladados posteriormente a Nueva York para enfrentar cargos por narcotráfico.Hasta ahora, el mandatario y su Administración han descartado a Machado y su movimiento opositor para la primera etapa de transición en Venezuela bajo el argumento de que la líder no "tiene los apoyos" necesarios dentro del país.En su lugar, han apostado por la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, que asumió el poder como presidenta encargada bajo el aval de Trump, que asegura que la nación venezolana se encuentra bajo la tutela de Washington.
Una vez más, el oriente de Cali fue escenario de un enfrentamiento violento entre jóvenes de distintos barrios de la ciudad. La riña, que se prolongó durante varios minutos, se presentó en las afueras de la estación del MIO de Aguablanca.De acuerdo con la información preliminar, en el hecho habrían participado pandillas juveniles de los barrios Mojica y Bonilla Aragón. En videos difundidos en redes sociales quedaron registrados los momentos de tensión y la magnitud del enfrentamiento, que se desarrolló en plena vía pública.La situación generó preocupación entre los habitantes del sector, quienes denunciaron afectaciones a viviendas y riesgos para personas ajenas al conflicto. David Moreno, residente de la zona, expresó su rechazo a estos hechos y pidió una intervención urgente por parte de las autoridades.“Es muy triste porque se dañan las casas, los vidrios, y también se afecta a personas que no tienen nada que ver con esto. De todo corazón, le pedimos a las autoridades que hagan presencia, que nos den soluciones y que nos brinden seguridad a la comunidad”, señaló Moreno.Ante la situación, unidades de la Policía Metropolitana de Cali llegaron hasta el lugar, lograron dispersar a los involucrados, y restablecer el orden en el sector.Por su parte, desde la Secretaría de Seguridad y Justicia manifestaron que este tipo de enfrentamientos, conocidos como ‘Guireo’ o ‘Chacaleo’, están asociados a conflictos por fronteras invisibles entre barrios. La entidad aseguró que se adelantan acciones de prevención e intervención para evitar que estos hechos se sigan presentando en la ciudad.
July Alejandra Alarcón y su novio, Maycol Nivia, viajaron el pasado 28 de octubre de 2025 hacia Cancún, México, con el propósito de disfrutar unas vacaciones. Según familiares, la pareja contaba con todos los documentos en regla: tiquetes de ida y regreso, reservas de hotel, actividades turísticas y traslados incluidos. Todo el plan fue gestionado por la agencia Kayrosgo S.A.S., en alianza con la empresa Rua Club. Su hospedaje estaba programado en el hotel Ocean View.Sin embargo, al aterrizar en el aeropuerto de Cancún, ambos fueron retenidos por autoridades migratorias luego de que, presuntamente, no fuera posible confirmar la reserva hotelera, pese a que la agencia aseguró posteriormente que esta sí se encontraba vigente. Según la familia, no se les dio una explicación clara sobre la retención.Blu Radio contactó al hotel Ocean View, donde confirmaron que la reserva figura a nombre de July Alejandra Alarcón, pero señalaron que no aparece registrado el pago de la estadía, lo cual habría generado inconsistencias para autorizar su ingreso al país.Ante esta situación, la madre de July, Bertilda Vásquez, manifestó su preocupación, afirmando que no sabe nada de su hija desde las 11:00 p. m. del pasado lunes. “Como madre, me encuentro profundamente angustiada, sin poder dormir ni tener paz, temiendo por su seguridad y por el trato que lamentablemente muchos colombianos han recibido en aeropuertos de México”, expresó.La señora Vásquez también aseguró que su hija ya ha salido del país en ocasiones anteriores a destinos como Australia y Brasil, siempre cumpliendo con los requisitos migratorios, por lo que le resulta extraña la situación que ahora enfrenta en México.La agencia Kayrosgo informó el caso al Consulado de Colombia en Cancún, desde donde indicaron haber contactado al Instituto Nacional de Migración. Sin embargo, hasta el momento no se ha entregado información oficial sobre el paradero de la pareja.Entre tanto, Bertilda permanece desde las 10:00 a. m. en las oficinas de la agencia, esperando una respuesta que brinde tranquilidad frente al retorno de su hija y de su pareja.
La Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) ha elegido a Bogotá como sede de su 42º congreso trienal, un encuentro que reunirá del 27 al 31 de octubre de 2025 a más de 200 defensores y defensoras de derechos humanos provenientes de todos los continentes. Durante cinco días, la capital colombiana se convertirá en un espacio de reflexión y acción frente a los profundos desafíos que enfrenta la humanidad en materia de justicia, democracia y sostenibilidad.La cita llega en un contexto internacional alarmante. Las guerras en Ucrania y Sudán, el genocidio en Gaza y el resurgimiento de un nuevo bloque autoritario han puesto en jaque las libertades más básicas. Derechos como la libertad de manifestación, la igualdad, el acceso a la justicia y la protección del medio ambiente sufren un preocupante deterioro en distintas regiones del planeta. Frente a este panorama, la FIDH y sus 188 organizaciones de 116 países hacen un llamado a fortalecer la cooperación global en defensa de los valores democráticos.Para la organización, “la defensa de los derechos humanos comienza sobre el terreno, lo más cerca posible de las víctimas, documentando las violaciones y exigiendo la rendición de cuentas a los Estados, actores no estatales, empresas e individuos”. Esta filosofía guiará las discusiones del congreso, que buscará diseñar estrategias conjuntas frente a la impunidad y las nuevas formas de represión política y social.Colombia, elegida por su papel en la construcción de pazLa decisión de realizar el congreso en Colombia tiene un profundo valor simbólico. Cada edición se celebra en una región distinta, reflejando la diversidad del movimiento por los derechos humanos. En esta ocasión, la FIDH destaca que el país “representa tanto los desafíos como las oportunidades de los procesos de paz, la justicia climática, la migración, los derechos de los más vulnerables y la justicia transicional”.Aunque Colombia ha avanzado en su camino hacia la reconciliación, los altos niveles de violencia, las amenazas a líderes sociales y los conflictos territoriales siguen siendo un recordatorio de que la paz es un proceso en construcción. Por ello, Bogotá se proyecta como un símbolo de resiliencia y un punto de encuentro ideal para fortalecer los lazos entre organizaciones locales e internacionales comprometidas con la reparación y la no repetición.Un foro para repensar la justicia globalEl congreso incluirá el foro público “Actuar para un mundo sostenible, derechos universales y sociedades justas”, que se llevará a cabo los días 27 y 28 de octubre. Este espacio abordará temas centrales como la defensa de la democracia y la paz, la lucha contra el populismo y la violencia de género, la desinformación y el impacto de las nuevas tecnologías, así como la justicia climática, las economías alternativas, la corrupción y el crimen organizado.Entre los participantes se esperan relatores especiales de la ONU, expertos en justicia transicional y académicos reconocidos internacionalmente, quienes debatirán sobre cómo revitalizar la defensa de los derechos humanos en un escenario global marcado por la polarización y la desigualdad.Con este encuentro, la FIDH busca reafirmar su compromiso con un principio esencial: la construcción de un orden internacional basado en la dignidad, la justicia y la igualdad, pilares fundamentales para garantizar sociedades más libres, justas y sostenibles.
La senadora María José Pizarro renunció a su intención de encabezar la lista al Senado por el Pacto Histórico para las elecciones del 2026.Pizarro anunció su decisión tras una polémica que se generó con Carolina Corcho, pues tras los resultados de la consulta del Pacto Histórico, la exministra de Salud había dicho que ella debía ser la cabeza de lista al Senado.Sin embargo, Pizarro manifestó que la cabeza de lista la debía ocupar ella ya que eso hacía parte de un acuerdo político que se logró cuando renunció a su aspiración a la Presidencia.“Hasta el próximo 20 de julio seguiré trabajando con un pie en el Congreso y un pie en las calles, como lo he hecho siempre. Le deseo lo mejor a Carolina Corcho en el compromiso que asume para los próximos cuatro años desde el Senado de la República, liderando la nueva bancada del pacto histórico”, señaló Pizarro.En el mismo sentido, la senadora dijo que trabajará por el Frente Amplio y la constituyente.“Cuando los pueblos hacen historia, la política no puede malbaratar ese esfuerzo. No tengo compromisos por una curul, sino con Colombia y con el proyecto de cambio que lidera el presidente Petro. Me pongo a disposición del presidente, el Frente Amplio y de la constituyente popular”, agregó Pizarro.
En medio de una riña ocurrida pasada la medianoche anterior, en el sector del Cable, en Manizales, a escasos 500 metros de un CAI, fue asesinado a puñaladas un hombre de 25 años y otro de 24 resultó herido. Con este hecho, la ciudad igualó la cifra de homicidios del año pasado.Según los reportes de las autoridades, en el sector conocido como el muro del tanque de Juan Valdez se originó una discusión entre varios jóvenes que estaban consumiendo licor, y de inmediato se desencadenó la agresión con armas blancas.El diario La Patria publicó que la víctima fue identificada como Mauricio Valencia Aristizábal.La Policía de Manizales reportó que capturó a un hombre como presunto responsable del homicidio del joven de 25 años y de la tentativa contra la persona herida. También indicó esa autoridad que el hombre huyó hacia el sector de La Galería a bordo de un taxi y detalló que tiene antecedentes por hurto.Sobre los móviles que habrían desencadenado el altercado, la Policía trabaja en la hipótesis de que el agresor les pidió una candela para encender un cigarrillo, pero, como no se la prestaron, los atacó con el arma blanca.
En medio del aumento de amenazas al sector productivo por extorsiones, ciberataques y redes criminales que usan el transporte legal para sus fines, la Policía reunió a cientos de empresarios en Bogotá para discutir un desafío que hoy es global: la seguridad en la cadena de suministro.El encuentro, realizado en la Escuela de Cadetes General Santander, congregó a más de 2.700 empresas nacionales e internacionales, 315 de forma presencial y más de 2.400 conectadas virtualmente.El espacio hizo parte del XXI Encuentro Anual del Frente de Seguridad Empresarial (FESEM), un programa que desde hace más de dos décadas busca fortalecer la cooperación entre las autoridades y el sector privado frente a la criminalidad.El tema central de este año, 'Seguridad en la cadena de suministro: un desafío global', puso sobre la mesa los riesgos que enfrentan las compañías ante el robo de carga, el contrabando, la falsificación de productos y la infiltración de economías ilícitas en el comercio formal.Expertos nacionales e internacionales coincidieron en que las mafias ya no operan solo en zonas rurales: ahora se camuflan entre los contenedores, las plataformas digitales y los corredores logísticos del país.Durante la jornada se escucharon intervenciones de especialistas en seguridad, logística y tecnología, entre ellos el coronel Elver Vicente Alfonso, director de la Dijin, quien habló sobre los siete ejes estratégicos para blindar al sector productivo frente a las finanzas criminales y el cibercrimen. También participaron Julia Rosa Romero Benites, de la Universidad de los Andes, y el brigadier general (r) José Luis Ramírez Hinestroza, quienes compartieron experiencias sobre seguridad en infraestructura crítica y sostenibilidad empresarial.Además del intercambio académico, el evento sirvió para presentar la octava edición del libro 'Herramienta de Seguridad para los Actores de la Cadena de Suministro', una publicación que recopila casos de éxito y buenas prácticas desarrolladas por empresas colombianas en alianza con la Policía.El Frente de Seguridad Empresarial, creado hace 23 años, ha crecido hasta vincular más de 5.000 compañías y hoy impulsa proyectos de prevención, análisis criminal y educación en seguridad corporativa. Solo este año ha realizado casi 2.000 jornadas de sensibilización y más de 3.000 visitas técnicas a empresas de distintos sectores.
El Ministerio de Educación manifestó su preocupación por la persistencia de la confrontación armada entre grupos al margen de la ley en la región del Catatumbo, situación que continúa generando afectaciones sobre la población civil, en especial sobre niñas, niños, adolescentes y las comunidades educativas del territorio.De acuerdo con la cartera educativa, las alteraciones al orden público registradas en municipios como Tibú y El Tarra, en el departamento de Norte de Santander, se presentan a pocas semanas del inicio del calendario escolar 2026, lo que ha generado temor en la comunidad educativa frente a los riesgos que implica el desarrollo de actividades académicas en medio de enfrentamientos armados. Esta situación podría impactar de manera directa la garantía del derecho a la educación y su normal desarrollo.El Ministerio recordó que las niñas, niños, adolescentes y jóvenes son sujetos de especial protección constitucional, así como de protección reforzada en el marco del Derecho Internacional. Según lo establecido en el Derecho Internacional Humanitario, el artículo 3 común a los Convenios de Ginebra, el Protocolo II adicional y las normas consuetudinarias obligan a las partes en conflicto a proteger a la población civil frente a los efectos de las hostilidades, con énfasis en la niñez.Así mismo, el Ministerio señaló que los establecimientos educativos son bienes de carácter civil y, por tanto, no pueden ser objeto de ataques, ocupación, utilización con fines militares ni de ningún tipo de instrumentalización en el marco del conflicto armado.Desde el enfoque del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño consagra el derecho de todas las niñas y niños a la educación, lo que implica obligaciones tanto para los Estados como para los actores armados, incluso en contextos de conflicto. Adicionalmente, Colombia acoge los compromisos de la Declaración sobre Escuelas Seguras, orientados a la protección de estudiantes, docentes, directivos docentes y de las instituciones educativas como espacios de aprendizaje y cuidado.En este contexto, el Ministerio de Educación Nacional hizo un llamado a los grupos armados con presencia en el Catatumbo para que respeten la vida, la integridad y los derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, y se abstengan de realizar acciones que pongan en riesgo a la comunidad educativa o afecten el derecho a la educación. El Gobierno Nacional reiteró que la escuela no debe ser escenario de confrontación armada.
Un año después de que la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) iniciara una guerra contra el Frente 33 de las disidencias de las FARC por el control del Catatumbo, que deja cerca de un centenar de muertos y más de 100.000 personas desplazadas, la crisis sigue sin solución, mientras el Ejército asegura que ha reforzado su presencia en esa zona.Así lo advirtió este viernes, 16 de enero, la relatora especial de Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los desplazados internos, Paula Gaviria, quien señaló que la región atraviesa un "drama prolongado"."Es necesario reflexionar y actuar, cuando se cumple un año de los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias del Frente 33", señaló la funcionaria.Gaviria recordó en un mensaje a través de su cuenta de X que, en marzo de 2025, junto con otros relatores de la ONU, envió una comunicación al Gobierno, al ELN y a las disidencias de las FARC por la situación en el Catatumbo, y señaló que, un año después, "miles de familias siguen atrapadas entre la inseguridad y el miedo".En ese sentido, instó a "reforzar las medidas de prevención, priorizar la protección de las víctimas y brindar soluciones duraderas a la población desplazada, como acciones mínimas para atender la crisis en esta región fronteriza".Disputa territorial y por economías ilícitasEl 16 de enero de 2025, el ELN comenzó una guerra contra sus rivales del Frente 33 de las disidencias, motivada por el control territorial y de las economías ilícitas en una zona estratégica por su ubicación fronteriza con Venezuela.El Ejército, por su parte, aseguró hoy que ha desplegado más de 11.200 soldados como parte de la 'Operación Catatumbo' en "respuesta a la disputa del ELN y las disidencias por el control territorial y de las economías ilícitas, especialmente el narcotráfico".Según la institución, durante los últimos doce meses mantuvo una presencia permanente en la zona, con unidades de fuerzas especiales, aviación y despliegue rápido, lo que permitió acompañar a comunidades rurales afectadas por la violencia y ejecutar evacuaciones humanitarias en medio de los enfrentamientos.En materia de seguridad, el balance incluyó la desmovilización de 161 integrantes de organizaciones armadas ilegales y la captura de 167 personas señaladas de cometer ataques contra la población civil en esa región.El Catatumbo, formado por los municipios de Ábrego, Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, La Playa, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú, es una región que, a pesar de ser rica en recursos naturales, tiene altos índices de pobreza y bajos niveles de desarrollo.En el último año, la violencia en esta región dejó más de 100.000 personas desplazadas, denunció el jueves la ONG Consejo Noruego para Refugiados (NRC, por sus siglas en inglés).Según esa organización, la población de esta zona de Colombia, donde viven unas 200.000 personas, vive bajo el temor constante del reclutamiento forzado, el uso de explosivos, homicidios selectivos y amenazas de muerte.
La Contraloría General lanzó una advertencia por los riesgos que rodean la implementación del nuevo modelo de producción de pasaportes, tras revisar los contratos vigentes y el Convenio de Cooperación Internacional 010 de 2025 que entraría en marcha el 1 de abril de este año.El principal problema identificado es la falta de una planeación financiera clara: no existe una proyección completa de costos por vigencia que permita saber cuánto costará realmente el servicio ni si el Fondo Rotatorio de la Cancillería cuenta con los recursos suficientes para sostenerlo. Esta ausencia de un modelo financiero integral, según el ente de control, abre la puerta a sobrecostos que terminarían afectando el patrimonio público.Otro de los puntos críticos tiene que ver con cambios estructurales en la forma de producir los pasaportes. El nuevo esquema pasa de un sistema basado en la demanda real a uno con cantidades mínimas anuales, sin que esté garantizado el suministro adicional si se requiere.Además, varios costos que antes estaban incluidos ahora quedan por fuera, como el transporte de las libretas importadas, impuestos, tasas e incluso intereses que no se cobraban en el modelo anterior. A esto se suma que los valores del servicio están fijados en euros, lo que traslada al Estado colombiano el riesgo cambiario sin que exista un estudio que evalúe cómo cubrirlo.Finalmente, la Contraloría advierte que los retrasos y la falta de definiciones claras ponen en riesgo la entrada en operación del nuevo modelo dentro de los plazos previstos. El incumplimiento de las fechas podría derivar no solo en sanciones económicas, sino también en afectaciones directas al servicio de expedición de pasaportes.Por eso, el ente de control instó a la Cancillería y a la Imprenta Nacional a revisar el esquema y tomar correctivos antes de que estos riesgos se materialicen y generen un impacto fiscal y operativo mayor
La Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) lanzó una fuerte alerta por la decisión del Gobierno nacional de recortar recursos destinados a dos obras consideradas estratégicas para el desarrollo del país. Según el gremio, la reducción de las llamadas vigencias futuras afecta directamente los proyectos Mulaló–Loboguerrero, en el Valle del Cauca, y la restauración del Canal del Dique, en la región Caribe, comprometiendo inversiones por cerca de un billón de pesos.De acuerdo con el comunicado de la CCI, el ajuste presupuestal implica un recorte aproximado de $340.000 millones para la construcción, operación y mantenimiento de la vía Mulaló–Loboguerrero, y de $636.000 millones para el proyecto ambiental y de infraestructura del Canal del Dique. Ambas iniciativas están priorizadas en el Plan Nacional de Desarrollo y son consideradas fundamentales para la competitividad, la integración regional y el crecimiento económico.El gremio también cuestionó la forma en que se tomó la decisión. Recordó que, mediante un decreto expedido el 29 de diciembre del año pasado, el propio Gobierno había establecido que cualquier modificación a las vigencias futuras debía contar con el acuerdo entre las partes. Sin embargo, dos días después, el Ejecutivo procedió a reducir los recursos de manera unilateral, desconociendo las reglas que él mismo había fijado.Para la CCI, esta actuación no solo afecta la ejecución de las obras, sino que genera un grave precedente de inseguridad jurídica y desconfianza en los contratos de infraestructura. Además, advierte que la medida podría derivar en riesgos legales y financieros para la Nación, al alterar compromisos ya adquiridos con los concesionarios encargados de los proyectos.Ante este panorama, la Cámara Colombiana de la Infraestructura exhortó al Gobierno a restablecer de inmediato las vigencias futuras previstas para 2025 y a cumplir con los compromisos contractuales. Finalmente, el gremio fue enfático en señalar que, de no honrarse estos pagos, los funcionarios responsables podrían enfrentar sanciones disciplinarias y fiscales por poner en peligro obras esenciales para el país.
Un violento asalto se registró en las últimas horas sobre la vía que comunica a Popayán con Cali, a la altura de la variante del puente peatonal, en el departamento del Cauca. En ese punto, dos vehículos tipo niñeras que transportaban un total de 17 automotores fueron interceptados por un grupo armado y despojados de la carga que movilizaban hacia el sur del país.De acuerdo con la Policía, los camiones cubrían la ruta Cartagena–Pasto (Nariño) cuando fueron abordados por cerca de 15 hombres armados, quienes, mediante amenazas con armas de fuego, obligaron a los conductores a detener la marcha. Aunque los delincuentes se llevaron los vehículos transportados, los tractocamiones no fueron hurtados.Horas después del ataque, los dos camiones fueron ubicados en buen estado, al igual que sus conductores, quienes resultaron ilesos y se encuentran fuera de peligro. Tras el hecho, las autoridades les brindaron acompañamiento mientras avanzan las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido.Tras conocerse el robo, se activó un operativo especial en el que participaron unidades de la Policía, las Fuerzas Militares, apoyo aéreo y equipos de investigación e inteligencia. Estas acciones permitieron establecer una posible ubicación de los automotores robados en una zona limítrofe entre los departamentos del Cauca y Valle del Cauca.El caso es materia de investigación y se desarrolla en un corredor donde las autoridades han advertido la presencia e injerencia de estructuras armadas organizadas, entre ellas el frente Jaime Martínez de las disidencias de las Farc. En esta región, la fuerza pública mantiene operaciones sostenidas ante el accionar de estos grupos, señalados de múltiples hechos violentos y delictivos.Mientras avanzan las labores de búsqueda y judicialización, las autoridades reiteraron que continuarán los operativos en el suroccidente del país para enfrentar este tipo de acciones criminales que afectan la seguridad vial y el transporte de carga en uno de los principales corredores del país.
Ante los hechos de amenazas y extorsiones contra comerciantes, ganaderos y funcionarios de las alcaldías por parte de grupos armados ilegales, la Gobernación del Huila, en coordinación con las autoridades, adelantó un consejo de seguridad en el que se definieron medidas para garantizar la tranquilidad de los ciudadanos.El gobernador del Huila, Rodrigo Villalba Mosquera, denunció que presuntas disidencias de las Farc han venido intimidando a la población civil y exigiendo cuotas extorsivas a gremios productivos, campesinos y contratistas de las alcaldías en el norte del departamento.“En estos últimos días se han venido presentando actos extorsivos masivos en la zona norte del departamento contra la población, los comerciantes, los productos del campo y contra los mismos funcionarios que hay en las alcaldías. De estas extorsiones son responsables los grupos armados que operan en la zona”, dijo el gobernador Villalba Mosquera.Por su parte, un habitante de la zona rural de Baraya, quien pidió reserva de su identidad, manifestó su preocupación por las citaciones extorsivas y agregó que también les prohíben a las comunidades transitar en horas de la noche.“Soy de la vereda El Doche. Aquí todos, comerciantes y dueños de fincas, están siendo extorsionados y es imposible vivir así. De noche, después de las seis, no se puede transitar; solo andan ellos y siempre están llamándonos a citas… La extorsión es bastante preocupante. Les hacemos un llamado al señor presidente para que nos ponga cuidado”, narró un campesino de la zona.A su turno, el secretario de Gobierno del Huila, Juan Carlos Casallas, informó que, como parte de los acuerdos establecidos en el consejo de seguridad realizado en el municipio de Baraya, se definieron operativos militares y labores de inteligencia por parte del Gaula Militar y de la Sijín.“Se intensificará la acción de la Fuerza Pública en el territorio con unidades motorizadas que estarán realizando controles, patrullajes y presencia permanente. Vamos a fortalecer la inteligencia con unidades de la SIJÍN, el GAULA, equipos de investigación y, adicionalmente, con capacidades del CEAES, un grupo especial de prevención contra la extorsión, sumado a otras medidas preventivas que ya están en marcha”, concluyó Casallas Rivas.Cabe mencionar que en los municipios del norte del Huila, como Baraya, Tello, Colombia y la zona rural oriental de Neiva, delinque el frente ‘Darío Gutiérrez’ del bloque ‘Jorge Suárez Briceño’ de las disidencias de las Farc, estructura bajo el mando de alias Calarcá.
El próximo lunes 19 de enero llegarán a Manzanares, en el departamento de Caldas, las cenizas del cantante Yeison Jiménez. Para ese día ya se tiene prevista una serie de actividades en el municipio con el fin de rendirle un homenaje.En un comunicado oficial, el equipo de trabajo del artista informó que a las 10:00 de la mañana se realizará una caravana que partirá desde la vereda La Esmeralda, en el sector conocido como ‘Chochalito’, y recorrerá el trayecto hasta el casco urbano de Manzanares.Al mediodía se celebrará una misa en la iglesia del parque principal, en la que estarán presentes las cenizas del artista. Para la tarde se esperan otras actividades conmemorativas en honor al hijo ilustre de este municipio caldense.Las autoridades del municipio y del departamento ya preparan un estricto operativo para garantizar la seguridad durante las actividades de homenaje, pues se prevé que asistan decenas de jimenistas a darle el último adiós a quien fue, tal vez, el máximo exponente de la música popular.De otro lado, el jueves en la noche llegaron los restos de Jéfferson Osorio, mánager de Yeison Jiménez, quien también perdió la vida en el accidente aéreo ocurrido en Paipa, Boyacá.Osorio está siendo velado en la mañana y, posteriormente, al mediodía se oficiará una misa y se llevará a cabo la disposición final de las cenizas.
Hoy se cumple un año desde que estalló la crisis en el Catatumbo tras el recrudecimiento de la confrontación entre el ELN y las disidencias del Frente 33. El informe de la Defensoría del Pueblo reconstruye cómo, en medio de los enfrentamientos, el miedo se instaló en la vida cotidiana: el temor a quedar “en medio de las balas, a perder sus vidas”, o a que reclutaran a sus hijos llevó a familias enteras a salir de manera masiva hacia Ocaña, Cúcuta y Tibú, incluso caminando durante días.De acuerdo con el informe, entre el 16 de enero y el 7 de diciembre de 2025, la Unidad para las Víctimas incluyó en el Registro Único de Víctimas a 105.203 personas, principalmente por desplazamiento forzado, además de amenazas, confinamiento y abandono o despojo forzado de tierras.Un año después, la crisis es una realidad que sigue empujando a la gente a desplazarse, a vivir bajo amenaza y a tomar decisiones sin garantías. La entidad advierte que, pasada la tensión inicial, muchas familias intentaron retornar para recuperar sus tierras y sus animales, pero varias tuvieron que salir otra vez.“Los catatumberos cuentan que los grupos armados ilegales llegan a sus casas y les dicen que mantengan sus maletas listas porque en cualquier momento les toca volver a salir”, aseguran en el informe.El mismo informe subraya que, aproximadamente, un 27% de la población total del Catatumbo tuvo que desplazarse en el marco de estos enfrentamientos, en un escenario que califica como desplazamiento masivo proscrito por el derecho internacional.Además, deja constancia de que no hay certeza sobre la población que pudo desplazarse hacia Venezuela: para el 24 de enero de 2025, la OIM estimaba 5.789 personas, de las cuales 75% serían de nacionalidad venezolana.El informe recoge denuncias sobre reglas impuestas a la vida cotidiana: restricciones de movilidad, retenes con revisión de celulares y la obligación de “informar” salidas y retornos.“Si usted va a ir a una cita médica, debe mostrarles el papel de la cita, o, por ejemplo, si va a ir a mercar, cuando regrese tiene que mostrarles lo que compró para que ellos miren que realmente si estaba haciendo mercado", relató un labriego para el informe.Además se reportan controles sobre rutas y horarios, y prácticas de inspección de teléfonos que, según el documento, se han intensificado, afectando incluso a funcionarios, organizaciones y representantes de la Iglesia que deben mostrar sus celulares para poder continuar.La Defensoría documenta relatos de familias que, al huir, encontraron después sus bienes en manos de los grupos armados, con prohibición de reclamar lo que antes era suyo."Yo me enteré que mi casa ya estaba habitada por personas cercanas al ELN. Además, supe que usaron mis animales de granja como las gallinas y los cerdos para alimentar las tropas, y me dañaron todos los cultivos que tenía. En total, perdí como 12 millones de pesos de un proyecto productivo que tenía. Ahora estoy endeudado y sin con qué trabajar”, subrayó una lideresa para el informe.En esa misma línea, el informe señala que el ELN ha condicionado el retorno a “filtros impuestos por el grupo armado, lo que compromete el principio de retorno seguro y voluntario”. Y en materia de tierras, consigna que a abril de 2025 la Unidad de Restitución de Tierras había recibido 411 solicitudes para proteger predios abandonados por sus propietarios o tenedores.La Defensoría integra datos que muestran la dimensión del daño a la población civil: en el periodo citado se incluyen 12 niños, niñas y adolescentes reclutados, 20 personas víctimas de tortura y 22 víctimas por minas antipersonal, munición sin explotar y artefactos explosivos improvisados.El consolidado reporta 163 homicidios, incluidos 6 firmantes, al menos 3 líderes sociales y 10 menores de 18 años. A esto se suman los impactos sobre mujeres: entre el 16 de enero y el 30 de noviembre de 2025, la Defensoría dice haber conocido 634 casos de violencias basadas en género, con 151 asociados a trata de personas por explotación sexual, matrimonio servil y trabajos forzosos.Los drones y explosivos improvisados aparecen como una amenaza permanente. Con base en datos del Comando General de las Fuerzas Militares, entre abril de 2024 y el 21 de diciembre de 2025 se registraron 394 ataques con drones (275 en 2025), con 2 menores de 18 años y 24 integrantes de la Fuerza Pública muertos, además de 43 civiles heridos y 265 miembros de la Fuerza Pública lesionados.La Defensoría recoge que las comunidades viven con la zozobra de que “en cualquier momento” un dron ataque viviendas o parcelas; incluso relata que, durante una visita humanitaria en septiembre, comunidades dijeron que los drones se escuchaban sobrevolando las aulas o aparecían cerca de las escuelas, al punto de que muchos padres prefieren no enviar a sus hijos por temor a una detonación.En paralelo, el secuestro sigue siendo una práctica de poder y presión. La Comisión Humanitaria informó que participó en 29 liberaciones, desarrolladas en misiones humanitarias, y que en 2025 se logró la libertad de 121 personas; sin embargo, la Defensoría, regional Norte de Santander, reportó que 59 personas permanecían secuestradas. La Unidad para las Víctimas incluyó 108 eventos de secuestro y 162 personas por hechos ocurridos entre el 16 de enero y el 7 de diciembre de 2025; el informe agrega que, según datos de la Defensoría, al menos 180 personas habrían estado secuestradas en el Catatumbo durante 2025.El negocio de la coca, con ganancias “exorbitantes”, es descrito como motor de la confrontación. En el informe se cita que, según fuentes de inteligencia militar, ese negocio puede dejar cerca de 10.000 millones de pesos al año. En esa línea, el personero de Ocaña, Jorge Armando Bohórquez, adviertió que “para acabar la guerra debemos acabar primero que todo con el combustible de la guerra. Y el combustible de la guerra son los cultivos ilícitos”. A esto se suma el dato de UNODC-SIMCI (2025), citado en el informe, según el cual el Catatumbo pasó de 42.043 hectáreas sembradas con coca en 2022 a 43.867 en 2023; y que Tibú concentra el 52% del total regional, con 23.029 hectáreas.En medio de esa economía, la Defensoría registra que las comunidades describen extorsiones a comerciantes, cobros por pasos irregulares y mecanismos de control como “carnetización” o exigencias simbólicas, además de presiones sobre obras comunitarias.Además advierte indicios de llegada de nuevos actores armados a la confrontación, como Autodefensas de la Sierra Nevada y el Ejército Gaitanista de Colombia (Clan del Golfo), en un territorio estratégico por su frontera porosa con Venezuela y los corredores hacia el Magdalena Medio y la Costa Atlántica.Las consecuencias también se han sentido fuera de los límites rurales. El informe señala que Cúcuta, además de recibir desplazados, enfrenta disputas de estructuras armadas y normas impuestas en barrios: fronteras invisibles, restricciones de movilidad y riesgos de reclutamiento, especialmente en el área urbana. Y en el propio Catatumbo, el documento resalta impactos sobre pueblos indígenas como los Barí, cuyo confinamiento y riesgo de enfrentamientos han alterado su vida y su seguridad alimentaria.Sin embargo, el informe es enfático en señalar que, para las comunidades, la respuesta del Estado ha sido insuficiente. Los habitantes del Catatumbo denuncian que, pese a los anuncios y a la declaratoria del estado de conmoción interior a comienzos de 2025, las promesas no se tradujeron en cambios reales en el territorio. Relatan que la presencia institucional fue temporal y que, una vez se retiró la fuerza pública, las condiciones de inseguridad y abandono persistieron.La Defensoría recoge el descontento de líderes y comunidades que aseguran que el problema no fue la declaratoria de la conmoción interior, sino que las medidas anunciadas “se quedaron en promesas” y con el paso del tiempo “se diluyeron, volviendo al estado de abandono estatal en el que han estado sumidos por décadas”.A ello se sumó la decisión de la Corte Constitucional que declaró inexequibles los decretos que permitían la financiación de proyectos estratégicos, lo que, según el informe, anuló las posibilidades materiales del Gobierno para concretar las intervenciones prometidas.El informe también advierte sobre las dificultades estructurales que enfrenta cualquier intento de transformación del territorio. El propio Gobierno nacional reconoció, al establecer medidas para financiar las necesidades de seguridad y sociales durante la conmoción interior, que no existen recursos suficientes para cubrir los proyectos que requiere la región.A esto se suman las condiciones de seguridad, que obstaculizan el desarrollo de obras y programas, pues los actores armados limitan el acceso al territorio o imponen cobros a contratistas para permitir el ingreso.Pese a este panorama, el informe señala que los habitantes del Catatumbo no han renunciado a su deseo de vivir en un territorio en paz. Las comunidades insisten en que los actores armados participen en las negociaciones y le demandan al Estado el cumplimiento efectivo de los acuerdos que se puedan alcanzar en esos escenarios.Otro reclamo recurrente es la necesidad de contar con medios de vida alternativos a la economía de la coca, así como avances reales en la construcción y mantenimiento de vías en condiciones óptimas que les permitan comunicarse entre municipios y con los centros urbanos, y sacar sus productos de manera segura.En materia de derechos, las comunidades insisten en la urgencia de garantizar el acceso a salud, educación, vivienda, seguridad alimentaria y crédito, como condiciones mínimas para permanecer en el territorio.Los afectados reclaman una respuesta estatal imparcial, especialmente por parte de las instituciones encargadas de la protección y la atención a víctimas. Finalmente, demandan atención psicosocial para enfrentar el miedo, la zozobra y el profundo malestar que ha dejado esta crisis.A pocos meses de concluir el mandato del Gobierno nacional, el Catatumbo continúa a la espera de que los proyectos anunciados se materialicen y se implementen conforme a las circunstancias del territorio.
Entre un 10 % y un 13 % incrementaron los precios de los cuatro peajes que administra la concesionaria Pacífico Tres, corredor vial que comunica a Manizales y Pereira con Medellín.El porcentaje de alza varía según la estación de peaje y la categoría vehicular. Por ejemplo, en el peaje de Acapulco, para vehículos livianos (categoría I), la tarifa pasó de $15.800 a $17.600, lo que representa un incremento del 11,4 %.El peaje más costoso de los cuatro es el de Guaico. En 2025 la tarifa para categoría I era de $22.600 y para 2026 quedó en $25.300, es decir, un aumento cercano al 12 %.Estas nuevas tarifas empezaron a regir desde las 6:00 a. m. de hoy viernes 15 de enero.Nuevas tarifas de los peajes de la concesión Pacífico TresPeaje AcapulcoCategoría I: $17.600Categorías II, III y IV: $21.500Categoría V: $51.700Categoría VI: $64.700Categoría VII: $74.700Peaje GuaicoCategoría I: $25.300Categorías II, III y IV: $31.500Categoría V: $74.100Categoría VI: $93.500Categoría VII: $107.600Peaje IrraCategoría I: $17.600Categorías II, III y IV: $21.700Categoría V: $51.600Categoría VI: $64.700Categoría VII: $74.600Peaje SupíaCategoría I: $17.500Categorías II, III y IV: $21.800Categoría V: $51.700Categoría VI: $64.700Categoría VII: $74.700Desde la concesión recuerdan que los usuarios de este corredor vial tienen derecho a servicios como ambulancia, carro taller, grúa, inspección vial, postes SOS, áreas de descanso y zonas de alimentación, disponibles las 24 horas del día, los 365 días del año. Estos servicios cuentan con cobertura incluso si el usuario aún no ha pasado por alguno de los peajes.
La madrugada de este viernes 16 de enero de 2026, los sistemas de monitoreo del Servicio Geológico Colombiano (SGC) registraron un evento sísmico de magnitud considerable que fue sentido en varios departamentos del país, especialmente en el nororiente. El movimiento telúrico, que tuvo lugar a las 02:05 hora local, alcanzó una magnitud de 5.0, según el boletín preliminar emitido por la entidad.El epicentro se localizó en una de las zonas con mayor recurrencia sísmica del mundo: el departamento de Santander. Históricamente, esta región alberga el denominado Nido Sísmico de Bucaramanga, ubicado principalmente bajo el municipio de Los Santos. De acuerdo con el SGC, el temblor se sintió en: Santander, Antioquia, Boyacá, Bogotá D.C., Cundinamarca, Caldas, Tolima, Norte de Santander, Meta, Quindío, Atlántico, Casanare.A pesar de la intensidad del movimiento, que generó alarma en edificios altos y zonas residenciales, las autoridades de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) iniciaron de inmediato el protocolo de verificación en los municipios cercanos al epicentro. Hasta el momento, los reportes de los cuerpos de socorro y bomberos locales no indican daños estructurales graves ni víctimas humanas, aunque se mantiene el monitoreo por posibles réplicas.Temblor en México hoyMientras tanto, en México se sintió otro temblor, bastante fuerte pues su magnitud fue de 5.3, al punto que muchos ciudadanos salieron a las calles. La presidenta Claudia Sheinbaum, minutos después del sismo envió un mensaje de tranquilidad en su cuenta de X: “Hasta el momento no se reportan daños por el sismo de magnitud preliminar 5.2 registrado a las 00:42 con epicentro en San Marcos, Guerrero. La Coordinación Nacional de Protección Civil inicia el protocolo de revisión”.Sismo en HondurasComo un complemento a la actividad tectónica de la jornada, el SGC también informó sobre un evento sísmico internacional ocurrido apenas una hora antes del temblor en Colombia.A las 01:08 hora local (correspondiendo al huso horario de Centroamérica), se registró un fuerte sismo en Cuyamel, Honduras. Este movimiento tuvo una magnitud de 5.2 y, a diferencia del evento colombiano que suele ocurrir a profundidades intermedias en Santander, este fue de carácter superficial (menor a 30 kilómetros).La profundidad superficial del sismo en Honduras implica que la energía liberada se siente con mayor rigor en la zona del epicentro, afectando potencialmente a comunidades en los departamentos de Cortés y Santa Bárbara, así como zonas fronterizas con Guatemala. La fuente de esta información fue el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS), procesada y difundida por el SGC dentro de sus protocolos de vigilancia regional.Contexto geológico y medidas de prevenciónLa coincidencia de estos dos eventos en la misma madrugada subraya la complejidad tectónica de la región. Mientras Colombia se encuentra en el punto de interacción de las placas de Nazca, Sudamericana y del Caribe, Centroamérica es influenciada por la subducción de la placa de Cocos bajo la placa del Caribe.El Servicio Geológico Colombiano recuerda que el país es sísmicamente muy activo, por lo que este tipo de eventos son esperados. La información proporcionada en los boletines iniciales es de carácter automático y está sujeta a cambios tras la revisión técnica definitiva. Se recomienda a la ciudadanía:Mantener la calma: Los sismos no se pueden predecir, pero la preparación reduce el riesgo.Asegurar objetos: Revisar que cuadros, estanterías y lámparas estén bien sujetos para evitar caídas durante movimientos telúricos.Fuentes oficiales: Seguir únicamente los reportes del SGC y de los organismos de respuesta locales para evitar la desinformación.