El Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó la terminación de un contrato tecnológico suscrito en 2024, luego de identificar dificultades en su ejecución que impidieron el cumplimiento total de las obligaciones que se pactaron. Esta aclaración se da en medio de cuestionamientos de la Contraloría hacia el modelo de pasaportes que comenzaría a implementarse el 1 de abril de este año. El órgano de control advirtió riesgos, incumplimientos y posibles retrasos.Este contrato del que habla la Cancillería fue firmado el 15 de octubre de 2025 entre el Fondo Rotatorio del Ministerio y la Alianza Pública para el Desarrollo Integral (Aldesarrollo). El objeto era la actualización y mejoramiento de los sistemas de información para optimizar procesos internos y externos de la Cancillería.La entidad señaló que no tiene relación directa con la expedición de pasaportes y explicó que durante la ejecución se presentaron problemas que impidieron que el contratista cumpliera con la totalidad de las obligaciones acordadas. Ante esta situación, en agosto de 2025 el ministerio decidió iniciar un proceso sancionatorio contractual y exigió el cumplimiento.Además, puso en conocimiento de la Contraloría las posibles irregularidades relacionadas con la planeación del contrato, para que el organismo de control adelante sus investigaciones.El plazo de ejecución del contrato venció el 31 de agosto de 2024, fecha en la que la Cancillería decidió no aceptar las solicitudes de prórroga presentadas por el contratista. En su lugar, ordenó una revisión para evaluar la posibilidad de hacer efectiva la cláusula penal, un proceso que actualmente continúa en curso. Por ahora solo se ha desembolsado el 3 % del valor total del contrato, lo que significa que la mayor parte de los recursos no fue girada.Finalmente, la Cancillería aseguró que, pese a los inconvenientes registrados, la atención a la ciudadanía y los trámites del ministerio no se han visto afectados.
La Aeronáutica Civil informó a la comunidad aeronáutica del país sobre la emisión de un NOTAM por parte de la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos (FAA), que se refiere a posibles afectaciones a los sistemas de navegación satelital advirtiendo a los operadores aéreos sobre la necesidad de mantener precauciones durante las distintas fases del vuelo en espacios aéreos sobre el Pacífico colombiano y centroamericano.Ante este escenario, la Autoridad Aeronáutica de Colombia señaló que las aerolíneas nacionales ya fueron debidamente informadas sobre el contenido del aviso, especialmente aquellas que realizan operaciones internacionales o que transitan por las zonas mencionadas en la comunicación.El comunicado también precisa que las empresas aéreas son plenamente conscientes de la situación y que, en la actualidad, se encuentran analizando la información técnica disponible con el fin de adoptar, si así se requiere, medidas preventivas y de mitigación operacional que garanticen la seguridad de las operaciones.Asimismo, la Aerocivil aclaró que, hasta el momento, no se han evidenciado afectaciones visibles a la navegación aérea ni se registran condiciones que impidan o limiten el normal desarrollo de las operaciones aéreas y tampoco se prevé en este momento una situación que conduzca a la suspensión o restricción de los vuelos.Según la información oficial, el NOTAM emitido por la FAA se advierte a los operadores aéreos estadounidenses de una "situación potencialmente peligrosa" en espacios aéreos sobre el Pacífico colombiano y centroamericano "debido a actividades militares" y a posibles interferencias en los sistemas de navegación.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dejó en firme la absolución del defensor de derechos humanos David Rabelo Crespo, al confirmar que fue condenado injustamente. En fallo de segunda instancia, la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz ratificó la decisión que lo declaró inocente del homicidio de David Núñez Cala, ocurrido el 5 de abril de 1991 en Barrancabermeja. Núñez Cala era entonces secretario de Obras Públicas del municipio y aspiraba a la Alcaldía cuando fue asesinado.Al estudiar el recurso presentado por la representación de las víctimas, el Tribunal concluyó que no era procedente y decidió mantener la sentencia emitida en 2025 por la Sección de Revisión. Según la JEP, ese fallo se apoyó en hechos y pruebas nuevas que no habían sido analizadas por la justicia cuando Rabelo Crespo fue condenado en 2012.La decisión también señaló que el proceso penal contra el defensor de derechos humanos se dio en un contexto de persecución relacionada con su trabajo social, en una región afectada por la presencia de estructuras armadas ilegales. Varios de los testimonios que sustentaron la condena fueron posteriormente desacreditados o incluso sancionados por falso testimonio.El Tribunal reiteró, además, que no existe ninguna prueba que vincule a Rabelo Crespo con las extintas Farc y que esa afirmación, incluida en la sentencia de la justicia ordinaria, fue desvirtuada con decisiones judiciales posteriores.Frente a los cuestionamientos de las víctimas, la JEP explicó que no se puede exigir a una persona declarada inocente que reconozca hechos de los que no es responsable ni tiene conocimiento. En su análisis final, la Sección de Apelación concluyó que Rabelo Crespo no tuvo motivo ni oportunidad para participar en el crimen y que nunca existió el acuerdo para cometer el homicidio.El Tribunal aclaró que la decisión contribuye a la verdad al descartar de manera definitiva la responsabilidad de Rabelo Crespo. Por eso, señaló que ahora le corresponde a la Fiscalía avanzar en la identificación de los verdaderos responsables del asesinato de David Núñez Cala.
El Ministerio de Transporte comenzó la actualización del SICE-TAC, que es el sistema con el que se calculan los costos mínimos de operación del transporte de carga. Según lo informado por esta cartera, desde este fin de semana comenzarán a reflejarse dos variables: el aumento del salario mínimo y el de los precios de la gasolina.Desde el ministerio también aseguran que la actualización se está realizando de manera progresiva para no tener contratiempos. El 16 de enero comenzarán con la publicación de los datos referentes a los peajes y esperan que quede completamente actualizada para la próxima semana.Desde Fedetranscarga están a la espera de que todos los datos referentes al aumento de la gasolina, de los peajes y del salario mínimo queden actualizados, ya que la última actualización del SICE-TAC tiene fecha del 25 de diciembre de 2025, donde no están incluidos esos aumentos.“No hay forma de exigirle al generador de carga que pague una mayor tarifa porque la norma, hoy vigente, no ha incrementado esos valores dentro de la misma”, afirmó Arnulfo Cuervo, presidente de Fedetranscarga.Antes de finalizar el mes, el Ministerio de Transporte espera tener actualizados todos los datos fijos. Asimismo, esperan tener una reunión con los transportadores para socializar los avances del proceso, esto con el fin de terminar la fase 1 y comenzar así la fase 2, la cual incluirá un análisis integral del funcionamiento de la herramienta.
La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, entregó este jueves al presidente de EE.UU., Donald Trump, la medalla del Premio Nobel de la Paz, enmarcada con un mensaje de "gratitud" del pueblo venezolano por sus acciones para lograr "su libertad".Machado utilizó un marco con detalles dorados para colocar la medalla del Nobel que obsequió al presidente y en la parte superior escribió: "en gratitud por su extraordinario liderazgo para promover la paz" y agregó que es un detalle del pueblo venezolano por sus acciones para encaminar "su libertad", de acuerdo con fotos de la entrega en la Casa Blanca, difundidas por el New York Post.Trump y Machado habían adelantado por separado sobre la entrega de la medalla, que ocurrió durante el almuerzo que el republicano ofreció a la líder venezolana en privado y sin detalles ofrecidos sobre los temas discutidos.Posterior a la reunión, que es el primer encuentro tras 12 días de la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en Caracas por parte de las fuerzas armadas estadounidenses, Machado aseguró que Trump estaba comprometido con la libertad de los presos políticos y de todos los venezolanos.El republicano calificó en Truth Social a Machado como "una mujer maravillosa" y agradeció el obsequio de la medalla del Nobel por ser una "muestra de respeto mutuo".La medalla del Nobel, acuñada en oro y de menos de siete centímetros de diámetro, lleva un retrato de Alfred Nobel, un diseño que se ha mantenido prácticamente inalterado durante más de 120 años.Este mismo jueves, antes de la reunión entre Trump y Machado, el Centro Nobel de la Paz subrayó en redes sociales que el galardón "no puede revocarse, compartirse ni transferirse a otros", y precisó que "una medalla puede cambiar de dueño, pero el título de Premio Nobel de la Paz, no".
Cada año se crean miles de empresas en Colombia impulsadas por ideas innovadoras, necesidades del mercado y el empuje de emprendedores. Sin embargo, muy pocas logran consolidarse en el largo plazo. Según cifras de Confecámaras, apenas el 33,5 % de las unidades productivas creadas en un año típico sigue activa cinco años después, un dato que revela la alta fragilidad del tejido empresarial en el país.La cifra resulta aún más preocupante si se tiene en cuenta el peso de las micro, pequeñas y medianas empresas en la economía nacional. Estudios de BBVA Research y ANIF muestran que las pymes representan el 99,5 % de las empresas formales, generan cerca del 79 % del empleo y aportan hasta el 40 % del PIB. Cuando una de estas compañías desaparece, no solo se pierde un negocio: se destruyen empleos, se rompen cadenas productivas y se frenan oportunidades de desarrollo en regiones y ciudades.Los factores que llevan a cerrarMás allá de los factores macroeconómicos o de los cambios regulatorios, en el fracaso de muchas pymes se repiten patrones internos. La falta de una estrategia clara, la debilidad en el control de gestión y la toma de decisiones sin datos son constantes. Muchos negocios nacen alrededor de un buen producto o servicio, pero no definen una hoja de ruta de crecimiento ni indicadores básicos que permitan anticipar problemas y medir si realmente están avanzando.Otro punto crítico es la fragilidad financiera. En numerosas empresas se mezclan las cuentas personales con las del negocio, no existen proyecciones de flujo de caja y el crédito se usa como un salvavidas de último momento. En un entorno de tasas de interés altas, esta falta de disciplina financiera deja a muchas pymes expuestas ante cualquier retraso en pagos o caída en las ventas, llevándolas rápidamente a situaciones de ahogo.A esto se suma la dificultad para incorporar de forma estratégica la inteligencia artificial y la automatización. Aunque el tema está en la conversación diaria, en la práctica muchas pymes usan la IA de manera superficial, sin rediseñar procesos comerciales, operativos o de servicio. También enfrentan problemas para consolidar equipos de alto rendimiento: alta rotación, roles poco claros y una dependencia excesiva del fundador, que termina resolviendo lo urgente y sin tiempo para pensar en el crecimiento.Desde la experiencia de acompañar a emprendedores y directivos, Andrés Bilbao, cofundador de Rappi y cocreador de 30X, señala que estos síntomas se repiten en ciudades como Bogotá, Medellín y Cali. En un entorno donde los mercados, la tecnología y los clientes cambian a gran velocidad, gestionar una empresa con lógicas del pasado explica, en buena medida, por qué solo un tercio de las empresas en Colombia logra sobrevivir más allá de sus primeros cinco años.
Ante de su sufrir el trágico accidente que le costó la vida en Paipa, Boyacá, Yeison Jiménez tuvo su último concierto en video en Málaga, Santander, en donde tuvo un repertorio acompañado de sus más grandes éxitos como "MLP", "Vete", "Por qué la envidia", "Ni tengo ni necesito", "Se acabó", entre otros.Su partido dejó un dolo gigante entre sus seguidores que, hasta ahora, no han podido olvidar esos momentos que el artista dejó todo de sí tanto dentro como por fuera de los escenarios a través de su música. Pero los últimos que lo escucharon -seguidores en Santander-, atesoran ese último concierto y en especial las palabras que para muchos han sido de despedida.Primero dejó unas sentidas palabras al momento de interpretar "El Mejor Caballo" en donde le agradeció y dejó un mensaje a todos sus seguidores: "Esta canción es muy especial para mí. La escribí cuando soñaba y quería tener un caballo. Si Dios me ha permitido es hacer éxitos, pegar éxitos en este país y en otros más. Me siento feliz de iniciar este 2026 lleno de salud, amor y bendiciones con toda mi familia y mis seres queridos vivos. Pero en especial por todo el amor de ustedes, de poder contar con el cariño de un público como ustedes en Colombia, los quiero".Ahí interpretó este éxito -uno de los más famosos del 'Aventurero'-. No obstante, el punto en donde dio el punto final a sus palabras en su presentación en Málaga fueron al final ante de cantar "MLP", pues los invitaba a su concierto el 28 de marzo en Bogotá en El Campín."Gracias, nos vemos en El Campín para repetir el mejor concierto. Les dedico esta canción para que nunca dejen de soñar", dijo el oriundo de Manzanares y cantar "MLP", siendo la última canción que pudo dar en vivo sin saber lo que sucedería 24 horas después cuando se disponía a repetir otra noche histórica en Marinilla, Antioquia.
De cara al inicio de las actividades académicas de este 2026, la Alcaldía de Bogotá y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) anunció una convocatoria para el primer semestre de 5.000 cupos de cursos gratis en áreas como salud, gastronomía, logística, audiovisual y animación digital.Esto a través del programa ‘Experta’ en donde se busca dar una “palanca” a los jóvenes de la capital para que potencien sus habilidades y esto les permita tener mayores posibilidades en el mundo laboral a partir de la mejora del conocimiento.“Con el programa 'Experta' seguimos apostándole a una formación gratuita, pertinente y de calidad, que responda a las necesidades del mercado laboral y permita a las personas fortalecer sus conocimientos y capacidades para acceder a oportunidades de empleo y crecimiento económico”, afirmó Bibiana Quiroga, subdirectora de Empleo y Formación de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE).¿Cómo inscribirse en estos cursos gratis en Bogotá?La convocatoria se encuentra habilitada desde el 15 de enero hasta el 20 de marzo a través de la página: https://desarrolloeconomico.gov.co/experta/, allí se habilitará toda la sección de los cursos disponibles los cuales tendrán sus certificados hasta el cumplimiento de las 60 horas. Habrá diversas modalidades y buscará que se acomoden a la necesidad de cada estudiante.Allí, tendrá que seguir los siguientes pasos:Dar click en la página web.Dar click en la sección ‘Inscríbete aquí’.Llene el formulario (nombre, documento, fecha de nacimiento).Elija las opciones que más se acomoden a usted.Elija el curso.“La convocatoria contempla cursos certificados de 60 horas, desarrollados en modalidad híbrida, que combina formación presencial y virtual. Esta modalidad facilita el acceso a personas con diferentes disponibilidades de tiempo y está dirigida a quienes buscan mejorar sus competencias laborales, acceder a nuevas oportunidades de empleo y fortalecer su perfil profesional”, explicaron sobre estos cursos.
El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró este jueces que la líder de oposición venezolana, María Corina Machado, le "obsequió" la medalla que representa su Premio Nobel de la Paz en el transcurso de su reunión privada en la Casa Blanca.Trump, en una publicación de su cuenta oficial de Truth Social, dijo que fue "un gran honor" conocer a Machado y que le "obsequió" la insignia de del premio debido al "trabajo" que ha realizado durante su gestión.El mandatario agregó que Machado es "una mujer maravillosa que ha pasado por muchísimo" y que la entrega del Nobel es un "gesto maravilloso de respeto mutuo".Machado había adelantado que ofreció a Trump la medalla del Nobel de la Paz durante su primer encuentro en Washington, 12 días después de que las fuerzas militares estadounidenses ejecutaran una misión en Caracas para capturar al presidente, Nicolás Maduro, quien se encuentra en una cárcel en Nueva York acusado de narcotráfico.Previo a que el mandatario se reuniera con Machado, la organización del Nobel había publicado en su cuenta de X que el premio no es transferible.Pese al encuentro entre la líder opositora y Trump, la Administración republicana insistió este jueves en que el ejecutivo venezolano dirigido actualmente por Delcy Rodríguez está haciendo un buen trabajo cumpliendo con las exigencias de Washington, destacando el tema petrolero.
El exalcalde de Medellín Daniel Quintero interpuso una tutela contra la Registraduría, con el Consejo Nacional Electoral como tercero interesado. En el documento señala que la entidad vulneró sus derechos a elegir y ser elegido, a la participación política, al debido proceso, a la igualdad, a la confianza legítima y a la seguridad jurídica, por negar la inscripción de su comité para recolectar firmas y aspirar a la Presidencia por el movimiento “Reset total contra el narco y los corruptos”.Quintero explicó el contexto de este lío jurídico. En primer lugar, recordó que el Pacto Histórico solicitó al CNE su personería jurídica, reconocida de forma condicionada mediante la Resolución 9673 de 2025. Luego, el Tribunal de Bogotá otorgó una medida provisional que permitió inscribir precandidatos del Pacto Histórico mientras se resolvía de fondo la personería. Daniel Quintero se inscribió en la consulta; sin embargo, posteriormente la tutela fue declarada improcedente y la medida quedó sin efectos, lo que, según él, implicaba el decaimiento jurídico de su inscripción.El exalcalde de Medellín renunció, pero lo hizo fuera de tiempo y sin que ningún partido confirmara esa dimisión. Su nombre apareció en la consulta del 26 de octubre de 2025 junto a Carolina Corcho e Iván Cepeda, y recibió más de 150.000 votos. Por esa razón, la Registraduría considera que sí participó en dicha elección y, en consecuencia, pidió al CNE decidir si podía o no recolectar firmas y participar en la carrera presidencial.El equipo jurídico de Quintero considera esta decisión una maniobra dilatoria sin sustento legal y, por ello, solicita a un juez que declare que la Registraduría vulneró sus derechos fundamentales, que se ordene el registro inmediato del comité promotor y que se habilite el sistema de recolección de apoyos ciudadanos.En el documento se solicita, además, que mientras se resuelve de fondo la tutela, se ordene inscribir provisionalmente su comité promotor para no perder tiempo en la recolección de firmas, dado que restan 50 días para reunir más de 630.000 válidas.
El alcalde de Sutamarchán, Miguel Andrés Rodríguez, pidió al Gobierno nacional que se revoquen las licencias ambientales o se abra una investigación a Ecopetrol y su filial CENIT por lo que está pasando en la planta de Sutamarchán, en Boyacá.Según el alcalde, hay riesgo para el ecosistema y las personas en medio de la reducción drástica de personal operativo, la ausencia de brigadas locales de emergencia y los reiterados casos de robo de combustible que han sido noticia nacional.“Estas condiciones —advierte el oficio— multiplican el riesgo de fugas, incendios y explosiones con consecuencias catastróficas para la población y el medio ambiente”, señaló el funcionario.De acuerdo con la alcaldía, solo hay un operador por turno e, incluso, hay periodos en los que no existe ninguna vigilancia.La alcaldía pidió a la UNGRD que realice una verificación técnica y suspenda cualquier esquema de operación en el que solo exista un operador. También solicitó al Ministerio del Trabajo que investigue posibles vulneraciones en seguridad y salud en el trabajo y ordene la restitución de brigadas permanentes y al Ministerio de Ambiente y la ANLA que revisen la licencia ambiental y, de encontrarse incumplimientos graves, consideren su suspensión o revocatoria.
La transición energética del país continúa ganando impulso con la puesta en marcha de proyectos solares y la modernización de la infraestructura eléctrica en distintas regiones. Durante los primeros nueve meses del año se destinaron más de 1,9 billones de pesos a obras que fortalecen la red, amplían la capacidad de generación limpia y apoyan la movilidad sostenible.Enel Colombia reportó avances en su plan de transición energética con la construcción de 400 megavatios solares y la ejecución de proyectos clave de infraestructura eléctrica en distintas regiones del país. Durante los primeros nueve meses del año, la compañía destinó más de 1,9 billones de pesos a inversiones que fortalecen la red, promueven la movilidad eléctrica y aumentan la capacidad de generación con fuentes renovables.En infraestructura eléctrica, Enel inauguró la Subestación Tren de Occidente en Facatativá, que garantizará el suministro para el RegioTram de Occidente, el primer sistema de transporte masivo 100 % eléctrico del país. También avanzan las subestaciones Porvenir y Montevideo, que serán fundamentales para la Primera Línea del Metro de Bogotá y para mejorar la calidad del servicio en localidades como Bosa, Puente Aranda y Teusaquillo.El Parque Solar Guayepo III, ubicado en el Atlántico, inyectó su primer kilovatio hora al Sistema Interconectado Nacional, dando inicio a su fase de pruebas. El proyecto, con un avance del 76 % y una inversión superior a 920.000 millones de pesos, tendrá una capacidad de 180 MWac y ha generado más de 1.600 empleos. A la par, el Parque Solar Atlántico, también en construcción, alcanza un 68 % de ejecución y una inversión estimada de 832.000 millones de pesos.En el tercer trimestre de 2025, la compañía consolidó su posición como el principal operador de distribución eléctrica de Colombia, con más de cuatro millones de clientes y, como el segundo mayor generador del país, con una participación del 19,3 % en capacidad instalada. A nivel financiero, Enel registró un EBITDA de 5,7 billones de pesos y una utilidad neta de 2,56 billones, además de una reducción del 14,4% en su deuda financiera neta frente a diciembre de 2024.En el ámbito internacional, la empresa entregó en Panamá Certificados Internacionales de Energía Renovable (I-REC) por más de 144.000 MWh a nueve compañías, como parte de su estrategia para promover la trazabilidad y el consumo de energía limpia.Con estos resultados, Enel Colombia continúa fortaleciendo su papel en la transformación energética del país, apostando por la generación renovable, la modernización de la infraestructura eléctrica y la sostenibilidad a largo plazo.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) resolvió de manera definitiva la situación jurídica de 133 integrantes del Ejército Nacional, involucrados en casos de ‘falsos positivos’ ocurridos en el Catatumbo (Norte de Santander) entre 1999 y 2008. Los uniformados pertenecían a los batallones de contraguerrilla 95 y 98 de la Brigada Móvil 15, al Batallón de Infantería No. 15 General Francisco de Paula Santander y al Batallón de Combate Terrestre No. 46 Héroes de Saraguro.Según la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, los comparecientes cumplieron con los requisitos del régimen de condicionalidad al aportar verdad plena, reconocer su responsabilidad, asumir compromisos de no repetición y concertar medidas de reparación con las víctimas. Por ello, la JEP les concedió el beneficio de renuncia a la persecución penal, que elimina los antecedentes judiciales y ordena archivar los procesos en su contra.Los casos abarcan 31 hechos que dejaron 49 víctimas asesinadas y presentadas falsamente como guerrilleros muertos en combate. La jurisdicción determinó que esas conductas constituyen crímenes de guerra y de lesa humanidad, y destacó que el proceso permitió superar lo conocido por la justicia ordinaria, al revelar detalles sobre la planificación y encubrimiento de los crímenes, así como sobre la participación de mandos superiores.En audiencias realizadas en Cúcuta, San Calixto y Bogotá, los comparecientes pidieron perdón públicamente y se comprometieron a desarrollar acciones de reparación simbólica. En ese marco, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) impulsa el proyecto “Catatumbo herido: desde el dolor hacia la reconciliación”, enfocado en promover memoria y reconciliación con las comunidades afectadas.A la fecha, la JEP ha resuelto 417 situaciones jurídicas de miembros de la fuerza pública, de los cuales 415 estuvieron involucrados en crímenes no amnistiables. Con esta decisión, el tribunal reafirma su compromiso con el derecho de las víctimas a la verdad, la reparación y la no repetición, mientras continúa el esclarecimiento de los crímenes cometidos en el Catatumbo y otros territorios del país.
Desde el Congreso de Comunicaciones Estratégicas de la Policía Nacional, que se realiza en el Hotel Tequendama en Medellín, el director general, brigadier general William Oswaldo Rincón Zambrano, anunció que se evalúan más de 130 solicitudes de reintegro de coroneles y generales, las cuales se resolverían a través de un comité que evalúa los rangos, los exámenes y todo el procedimiento que debe cumplirse para su proceso.El oficial explicó que “hay muchas personas en todos los grados que han enviado solicitudes. Tan pronto recojamos en el primer mes la primera cantidad de los diferentes grados y cargos, la llevaremos a una junta que pasará por el Ministerio de Defensa. Se analizan cada uno de los casos y los que queden listos harán todo un proceso como si fuera incorporación”.Agregó que este procedimiento incluye exámenes médicos, revisión de actitudes y comportamiento, además de la verificación de tiempos y grados. Según Rincón Zambrano, han llegado solicitudes de diferentes departamentos y ciudadanos, como Medellín, Bogotá y Tolima, y el proceso podría resolverse “en menos de un mes, porque necesitamos fortalecer nuestra Policía con un músculo operativo fuerte que pueda responder a las amenazas y riesgos que se viven día a día”.En cuanto a los retos de su cargo, el director señaló que “uno de ellos es fortalecer la seguridad y la convivencia. Por eso, la primera línea es seguridad, con excelentes procesos de policía judicial, contra la extorsión, el secuestro y el terrorismo, además de la aplicación de la convivencia y la seguridad en calle”.El nuevo director también hizo un llamado a la ciudadanía: “Le pido a todos los colombianos que rodeen a sus policías, les den dignidad, gobernabilidad y legitimidad. El policía representa la autoridad y defiende la democracia. Si usted no respeta a un uniformado, está generando daños a la autoridad y a la democracia. Hay que creerle al policía y guiarlo hacia donde está el delito”.Sobre el panorama de riesgo electoral y el acompañamiento de uniformados, el director general explicó que desde antes de su llegada ya existía un plan que se ejecutará para defender la democracia y destacó que “la institución tiene la preparación y la coordinación necesaria con la Fiscalía, las Fuerzas Militares y las demás autoridades para garantizar la tranquilidad ciudadana durante el proceso electoral”.
El pronunciamiento de la Corte Constitucional se dio tras revisar el caso de ‘Rosa’, de 10 años, y ‘José’, de 8, compañeros de curso en un colegio de Bogotá.Durante un recreo, el niño le dijo a la niña una frase de connotación sexual en medio de un juego. El hecho generó malestar emocional en la niña, quien dejó de asistir al colegio por varios días, mientras que ‘José’ fue cambiado temporalmente de salón.Luego de esto, las directivas autorizaron su regreso al aula y remitieron el caso a la Secretaría de Educación, al considerar que se trataba de una conducta tipo C.Los magistrados que estudiaron la tutela decidieron amparar los derechos fundamentales de ambos menores: el derecho de la niña a la educación en un entorno libre de violencias; el derecho de el niño a una educación integral; así como el interés superior del niño, su desarrollo integral y el debido proceso.Según la misma Corte, el uso de categorías sancionatorias o basadas en la culpa resulta inadecuado para niños menores de 12 años.Lo interesante de este fallo de tutela es que la Corte señaló que que ‘Rosa’ tenía derecho a ser escuchada y protegida frente al impacto emocional vivido y que ‘José’ no debía ser etiquetado como agresor sexual, pues su conducta debía analizarse a la luz de su edad y etapa de desarrollo y que el colegio, aunque actuó dentro del marco normativo, no implementó un enfoque restaurativo adecuado.
El Gobierno expresó su “profunda preocupación” por la represión y la censura en Irán, a través de un pronunciamiento hecho ante la ONU por la embajadora de Colombia, Leonor Zalabata.Durante su intervención, la diplomática cuestionó las acciones del régimen iraní en medio de la intensidad de las protestas y de la represión que, según organizaciones de derechos humanos, ha dejado miles de muertos y detenidos.“En este contexto vemos con profunda preocupación los hechos que están teniendo lugar en Irán, incluido el uso de la pena de muerte y otras formas de represión como respuesta a manifestaciones pacíficas. También nos alarma la aplicación de procesos judiciales acelerados que no garantizan el debido proceso, en abierta contradicción con las obligaciones internacionales. Nos preocupa asimismo la censura y las restricciones a la información, por lo que consideramos que el acceso seguro de la prensa internacional y la restauración de internet deben garantizarse de inmediato”, afirmó Zalabata.Las protestas comenzaron el 28 de diciembre en Teherán, inicialmente por el aumento de la inflación, pero rápidamente se extendieron a otras ciudades con reclamos contra el sistema clerical que gobierna el país. Las autoridades iraníes ordenaron cortes de internet que, según organizaciones defensoras de derechos humanos, buscan ocultar la magnitud de la represión. Actualmente, las cifras de muertos y detenidos en el marco de las manifestaciones ascienden a miles.
La más reciente encuesta de AtlasIntel sobre intención de voto de cara a las elecciones presidenciales en Colombia reavivó el debate público por sus resultados y por el uso de metodologías digitales. El estudio, financiado y publicado por la revista Semana, ubica a Abelardo de la Espriella como líder con 28 %, seguido de Iván Cepeda con 26,5 % y Sergio Fajardo con 9,4 %.Ante las dudas sobre el registro de la firma en Colombia, Andrei Román, CEO de AtlasIntel, aseguró en Mañanas Blu que la empresa cumple con los requisitos legales. “Atlas está debidamente registrada frente al CNE”, afirmó, y explicó que la demora obedeció a la implementación de la nueva ley electoral y a la conformación de una comisión técnica que retrasó el trámite más de cuatro meses.Román sostuvo que, más allá de los procesos administrativos, el foco debe estar en la calidad de los resultados. Según dijo, “(la) metodología fue comprobada, funciona, eso es más importante que cualquier trámite burocrático”, y recordó que en Europa y Estados Unidos la mayoría de encuestas presidenciales ya se realizan de manera digital.Sobre el funcionamiento del muestreo, el directivo explicó que las personas son invitadas a participar mientras navegan normalmente por internet. “Cada persona puede responder solo una vez y no puede compartir el enlace con otras personas”, indicó, al tiempo que señaló que existen múltiples filtros de control para evitar distorsiones en los datos.En esa misma línea, Román negó cualquier tipo de manipulación de los resultados y afirmó que el sistema cuenta con mecanismos de verificación interna. “Tenemos varios tipos de verificación en la encuesta, no tenemos manipulación de los resultados”, enfatizó durante la entrevista.El CEO de AtlasIntel también defendió la cobertura territorial de las encuestas digitales frente a las presenciales. A su juicio, este método permite llegar a más municipios y zonas de difícil acceso, ya que las encuestas tradicionales “limitan el número de locales por cuestiones logísticas”, lo que reduce su alcance.Como respaldo a su metodología, recordó antecedentes electorales en Colombia. Román aseguró que hace cuatro años Atlas logró ser la firma más precisa, destacando sus aciertos en Cali y en la elección de gobernador de Antioquia, donde —según dijo— fue la única encuesta que anticipó correctamente al actual mandatario departamental. "No es posible garantizar que las personas no mientas, cada empresa construye su trayectoria a partir de evidencias, siempre estamos disponibles para explicar", añadió el CEO de la encuestadora.Finalmente, explicó que el costo de este tipo de estudios varía según el tamaño de la muestra y las condiciones comerciales. De acuerdo con Román, una encuesta como la recientemente publicada puede costar “entre 40 y 90 mil dólares”, dependiendo del alcance y los acuerdos con los clientes.
Diez soldados del Ejército tuvieron que ser evacuados de urgencia en las últimas horas luego de resultar heridos en un ataque con artefactos explosivos en zona rural del municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó. La extracción del personal se realizó mediante una operación aérea especializada, ante las dificultades de acceso terrestre y la gravedad de las lesiones sufridas por algunos de los uniformados.Tras conocerse el ataque, se activaron los protocolos de emergencia y se dispuso de inmediato el alistamiento de aeronaves y tripulaciones para ingresar al área. La operación estuvo marcada desde el inicio por condiciones meteorológicas adversas, lo que obligó a una evaluación constante del clima hasta identificar una ventana operacional que permitiera ejecutar la misión sin comprometer la seguridad de los heridos ni del personal aéreo.La evacuación se desarrolló en horas de la noche, en un sector de alta complejidad geográfica, lo que exigió maniobras precisas y procedimientos especializados. La coordinación entre las tripulaciones aéreas y el personal médico fue clave para lograr el traslado de los soldados, algunos de ellos con lesiones que requerían atención inmediata en centros hospitalarios de mayor complejidad.Dos helicópteros UH-60 Black Hawk despegaron desde Rionegro, Antioquia, y lograron evacuar a los diez militares desde San José del Palmar. Cuatro de los heridos fueron trasladados a Medellín, mientras que los otros seis fueron llevados a la ciudad de Quibdó, donde quedaron bajo observación médica especializada.Debido a la condición crítica de uno de los soldados, se realizó posteriormente un traslado adicional en una aeronave King 350 hasta la ciudad de Bogotá. El uniformado permanece internado en el Hospital Militar, donde recibe atención médica especializada.El ataque y la posterior evacuación evidencian nuevamente los riesgos que enfrentan las tropas en zonas donde persisten acciones violentas con explosivos, así como la complejidad de las operaciones de rescate en regiones apartadas del país, donde el clima y la geografía siguen siendo factores determinantes en la atención de emergencias.
Al cumplirse un año del inicio de la Operación Catatumbo, el balance operativo deja en evidencia el impacto de la presencia permanente de las FFMM en una de las regiones más golpeadas por la violencia y el narcotráfico en el nororiente del país.Durante doce meses continuos, la ofensiva militar se concentró en debilitar a los grupos armados ilegales, reducir su capacidad criminal y disminuir los riesgos para la población civil.La operación se desarrolló con un despliegue sostenido de más de 11.200 soldados en distintos puntos del departamento de Norte de Santander, apoyados por unidades especiales, aviación, movilidad terrestre y acciones conjuntas con otras fuerzas del Estado.Esta presión constante permitió afectar estructuras armadas que disputan el control de las economías ilícitas, especialmente el narcotráfico, una de las principales fuentes de violencia en la región del Catatumbo.En el componente humano, las autoridades reportaron la evacuación de 3.633 personas que se encontraban en zonas de alto riesgo, entre ellas 57 firmantes del acuerdo de paz. Además, se logró la recuperación de 42 menores de edad que habían sido vinculados a grupos armados ilegales y la desmovilización de 161 integrantes de estas estructuras. A esto se suman 167 capturas de personas señaladas de participar en acciones que afectaron directamente a comunidades rurales.El resultado operacional también se refleja en la incautación de un amplio arsenal y material de guerra. Durante el año de operación fueron decomisadas 178 armas cortas y 161 armas largas, además de la neutralización de 2.514 artefactos explosivos improvisados.En total, se destruyeron o incautaron más de 3.200 kilogramos de explosivos, 392 granadas artesanales, 737 minas antipersona, 62.544 municiones y seis drones utilizados con fines criminales.Uno de los golpes más contundentes se dio contra el narcotráfico. La operación permitió afectar más de 39 toneladas de clorhidrato de cocaína, lo que representa un impacto económico superior a los 208.000 millones de pesos para las organizaciones ilegales.Según las autoridades, esta afectación redujo de manera directa los riesgos para las comunidades rurales, los corredores viales y las zonas de producción.Tras un año de ejecución, la Operación Catatumbo continúa activa en el territorio, con la intención de mantener la presión militar y evitar la recomposición de las estructuras armadas ilegales.El objetivo, según el balance oficial, sigue siendo debilitar las economías ilícitas y generar condiciones de seguridad que permitan una mayor presencia institucional en una de las regiones históricamente más complejas del país.
El Ministerio de Educación manifestó su preocupación por la persistencia de la confrontación armada entre grupos al margen de la ley en la región del Catatumbo, situación que continúa generando afectaciones sobre la población civil, en especial sobre niñas, niños, adolescentes y las comunidades educativas del territorio.De acuerdo con la cartera educativa, las alteraciones al orden público registradas en municipios como Tibú y El Tarra, en el departamento de Norte de Santander, se presentan a pocas semanas del inicio del calendario escolar 2026, lo que ha generado temor en la comunidad educativa frente a los riesgos que implica el desarrollo de actividades académicas en medio de enfrentamientos armados. Esta situación podría impactar de manera directa la garantía del derecho a la educación y su normal desarrollo.El Ministerio recordó que las niñas, niños, adolescentes y jóvenes son sujetos de especial protección constitucional, así como de protección reforzada en el marco del Derecho Internacional. Según lo establecido en el Derecho Internacional Humanitario, el artículo 3 común a los Convenios de Ginebra, el Protocolo II adicional y las normas consuetudinarias obligan a las partes en conflicto a proteger a la población civil frente a los efectos de las hostilidades, con énfasis en la niñez.Así mismo, el Ministerio señaló que los establecimientos educativos son bienes de carácter civil y, por tanto, no pueden ser objeto de ataques, ocupación, utilización con fines militares ni de ningún tipo de instrumentalización en el marco del conflicto armado.Desde el enfoque del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño consagra el derecho de todas las niñas y niños a la educación, lo que implica obligaciones tanto para los Estados como para los actores armados, incluso en contextos de conflicto. Adicionalmente, Colombia acoge los compromisos de la Declaración sobre Escuelas Seguras, orientados a la protección de estudiantes, docentes, directivos docentes y de las instituciones educativas como espacios de aprendizaje y cuidado.En este contexto, el Ministerio de Educación Nacional hizo un llamado a los grupos armados con presencia en el Catatumbo para que respeten la vida, la integridad y los derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, y se abstengan de realizar acciones que pongan en riesgo a la comunidad educativa o afecten el derecho a la educación. El Gobierno Nacional reiteró que la escuela no debe ser escenario de confrontación armada.
Un año después de que la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) iniciara una guerra contra el Frente 33 de las disidencias de las FARC por el control del Catatumbo, que deja cerca de un centenar de muertos y más de 100.000 personas desplazadas, la crisis sigue sin solución, mientras el Ejército asegura que ha reforzado su presencia en esa zona.Así lo advirtió este viernes, 16 de enero, la relatora especial de Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los desplazados internos, Paula Gaviria, quien señaló que la región atraviesa un "drama prolongado"."Es necesario reflexionar y actuar, cuando se cumple un año de los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias del Frente 33", señaló la funcionaria.Gaviria recordó en un mensaje a través de su cuenta de X que, en marzo de 2025, junto con otros relatores de la ONU, envió una comunicación al Gobierno, al ELN y a las disidencias de las FARC por la situación en el Catatumbo, y señaló que, un año después, "miles de familias siguen atrapadas entre la inseguridad y el miedo".En ese sentido, instó a "reforzar las medidas de prevención, priorizar la protección de las víctimas y brindar soluciones duraderas a la población desplazada, como acciones mínimas para atender la crisis en esta región fronteriza".Disputa territorial y por economías ilícitasEl 16 de enero de 2025, el ELN comenzó una guerra contra sus rivales del Frente 33 de las disidencias, motivada por el control territorial y de las economías ilícitas en una zona estratégica por su ubicación fronteriza con Venezuela.El Ejército, por su parte, aseguró hoy que ha desplegado más de 11.200 soldados como parte de la 'Operación Catatumbo' en "respuesta a la disputa del ELN y las disidencias por el control territorial y de las economías ilícitas, especialmente el narcotráfico".Según la institución, durante los últimos doce meses mantuvo una presencia permanente en la zona, con unidades de fuerzas especiales, aviación y despliegue rápido, lo que permitió acompañar a comunidades rurales afectadas por la violencia y ejecutar evacuaciones humanitarias en medio de los enfrentamientos.En materia de seguridad, el balance incluyó la desmovilización de 161 integrantes de organizaciones armadas ilegales y la captura de 167 personas señaladas de cometer ataques contra la población civil en esa región.El Catatumbo, formado por los municipios de Ábrego, Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, La Playa, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú, es una región que, a pesar de ser rica en recursos naturales, tiene altos índices de pobreza y bajos niveles de desarrollo.En el último año, la violencia en esta región dejó más de 100.000 personas desplazadas, denunció el jueves la ONG Consejo Noruego para Refugiados (NRC, por sus siglas en inglés).Según esa organización, la población de esta zona de Colombia, donde viven unas 200.000 personas, vive bajo el temor constante del reclutamiento forzado, el uso de explosivos, homicidios selectivos y amenazas de muerte.
La Contraloría General lanzó una advertencia por los riesgos que rodean la implementación del nuevo modelo de producción de pasaportes, tras revisar los contratos vigentes y el Convenio de Cooperación Internacional 010 de 2025 que entraría en marcha el 1 de abril de este año.El principal problema identificado es la falta de una planeación financiera clara: no existe una proyección completa de costos por vigencia que permita saber cuánto costará realmente el servicio ni si el Fondo Rotatorio de la Cancillería cuenta con los recursos suficientes para sostenerlo. Esta ausencia de un modelo financiero integral, según el ente de control, abre la puerta a sobrecostos que terminarían afectando el patrimonio público.Otro de los puntos críticos tiene que ver con cambios estructurales en la forma de producir los pasaportes. El nuevo esquema pasa de un sistema basado en la demanda real a uno con cantidades mínimas anuales, sin que esté garantizado el suministro adicional si se requiere.Además, varios costos que antes estaban incluidos ahora quedan por fuera, como el transporte de las libretas importadas, impuestos, tasas e incluso intereses que no se cobraban en el modelo anterior. A esto se suma que los valores del servicio están fijados en euros, lo que traslada al Estado colombiano el riesgo cambiario sin que exista un estudio que evalúe cómo cubrirlo.Finalmente, la Contraloría advierte que los retrasos y la falta de definiciones claras ponen en riesgo la entrada en operación del nuevo modelo dentro de los plazos previstos. El incumplimiento de las fechas podría derivar no solo en sanciones económicas, sino también en afectaciones directas al servicio de expedición de pasaportes.Por eso, el ente de control instó a la Cancillería y a la Imprenta Nacional a revisar el esquema y tomar correctivos antes de que estos riesgos se materialicen y generen un impacto fiscal y operativo mayor
La Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) lanzó una fuerte alerta por la decisión del Gobierno nacional de recortar recursos destinados a dos obras consideradas estratégicas para el desarrollo del país. Según el gremio, la reducción de las llamadas vigencias futuras afecta directamente los proyectos Mulaló–Loboguerrero, en el Valle del Cauca, y la restauración del Canal del Dique, en la región Caribe, comprometiendo inversiones por cerca de un billón de pesos.De acuerdo con el comunicado de la CCI, el ajuste presupuestal implica un recorte aproximado de $340.000 millones para la construcción, operación y mantenimiento de la vía Mulaló–Loboguerrero, y de $636.000 millones para el proyecto ambiental y de infraestructura del Canal del Dique. Ambas iniciativas están priorizadas en el Plan Nacional de Desarrollo y son consideradas fundamentales para la competitividad, la integración regional y el crecimiento económico.El gremio también cuestionó la forma en que se tomó la decisión. Recordó que, mediante un decreto expedido el 29 de diciembre del año pasado, el propio Gobierno había establecido que cualquier modificación a las vigencias futuras debía contar con el acuerdo entre las partes. Sin embargo, dos días después, el Ejecutivo procedió a reducir los recursos de manera unilateral, desconociendo las reglas que él mismo había fijado.Para la CCI, esta actuación no solo afecta la ejecución de las obras, sino que genera un grave precedente de inseguridad jurídica y desconfianza en los contratos de infraestructura. Además, advierte que la medida podría derivar en riesgos legales y financieros para la Nación, al alterar compromisos ya adquiridos con los concesionarios encargados de los proyectos.Ante este panorama, la Cámara Colombiana de la Infraestructura exhortó al Gobierno a restablecer de inmediato las vigencias futuras previstas para 2025 y a cumplir con los compromisos contractuales. Finalmente, el gremio fue enfático en señalar que, de no honrarse estos pagos, los funcionarios responsables podrían enfrentar sanciones disciplinarias y fiscales por poner en peligro obras esenciales para el país.
Un violento asalto se registró en las últimas horas sobre la vía que comunica a Popayán con Cali, a la altura de la variante del puente peatonal, en el departamento del Cauca. En ese punto, dos vehículos tipo niñeras que transportaban un total de 17 automotores fueron interceptados por un grupo armado y despojados de la carga que movilizaban hacia el sur del país.De acuerdo con la Policía, los camiones cubrían la ruta Cartagena–Pasto (Nariño) cuando fueron abordados por cerca de 15 hombres armados, quienes, mediante amenazas con armas de fuego, obligaron a los conductores a detener la marcha. Aunque los delincuentes se llevaron los vehículos transportados, los tractocamiones no fueron hurtados.Horas después del ataque, los dos camiones fueron ubicados en buen estado, al igual que sus conductores, quienes resultaron ilesos y se encuentran fuera de peligro. Tras el hecho, las autoridades les brindaron acompañamiento mientras avanzan las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido.Tras conocerse el robo, se activó un operativo especial en el que participaron unidades de la Policía, las Fuerzas Militares, apoyo aéreo y equipos de investigación e inteligencia. Estas acciones permitieron establecer una posible ubicación de los automotores robados en una zona limítrofe entre los departamentos del Cauca y Valle del Cauca.El caso es materia de investigación y se desarrolla en un corredor donde las autoridades han advertido la presencia e injerencia de estructuras armadas organizadas, entre ellas el frente Jaime Martínez de las disidencias de las Farc. En esta región, la fuerza pública mantiene operaciones sostenidas ante el accionar de estos grupos, señalados de múltiples hechos violentos y delictivos.Mientras avanzan las labores de búsqueda y judicialización, las autoridades reiteraron que continuarán los operativos en el suroccidente del país para enfrentar este tipo de acciones criminales que afectan la seguridad vial y el transporte de carga en uno de los principales corredores del país.