El general Ricardo Roque, comandante de la Cuarta División del Ejército Nacional, confirmó que los 26 cuerpos recuperados en el municipio de El Retorno (Guaviare) corresponden a integrantes de las disidencias del Estado Mayor Central, estructura que responde al mando de ‘Iván Mordisco’.Los enfrentamientos, ocurridos el pasado viernes, se dieron entre miembros de esa facción y del grupo Estado Mayor de Bloques y Frentes, bajo el mando de ‘Calarcá’, ambos antiguos integrantes de las FARC que hoy luchan por controlar rutas y economías ilegales de narcotráfico en el suroriente del país.“El viernes se presentaron enfrentamientos entre las dos facciones: la de Calarcá y la de Mordisco, en el municipio de El Retorno. Se recuperaron 26 cadáveres y se activó el Consejo de Seguridad para retomar el control del área”, afirmó el general Roque en entrevista con Mañanas Blu.El control del narcotráfico, el eje del conflictoSegún el alto oficial, los combates hacen parte de una disputa abierta por las rentas del narcotráfico en una zona dominada por cultivos de uso ilícito. “Es una guerra por el control de las economías ilícitas”, precisó el general.El Guaviare, con más de 5.000 hectáreas de cultivos de coca, se ha convertido en un punto estratégico dentro de las rutas del narcotráfico hacia las fronteras con Brasil y Perú. Las facciones en pugna buscan controlar no solo la producción, sino también la salida de la droga a través de los corredores selváticos de la Amazonía.“Esta parte de la Amazonía tiene dos rutas de salida, hacia Perú y Brasil. En conjunto con la Policía, la Fuerza Aeroespacial y la Armada Nacional estamos aplicando estrategias para cerrar esas rutas y estrangular las finanzas de los grupos ilegales”, explicó Roque, quien también destacó la articulación interinstitucional con la Defensoría del Pueblo y la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP-OEA).Acciones de control y presencia del EstadoEl general Roque señaló que la Brigada 22 del Ejército, con jurisdicción en Guaviare, lidera las operaciones en la zona afectada para garantizar la seguridad de la población civil y restablecer la presencia estatal.Desde el estallido de la confrontación, el Ejército ha desplegado unidades en terreno, y las autoridades locales mantienen activo un Puesto de Mando Unificado para coordinar las labores humanitarias y judiciales. “Las tropas están en el terreno retomando el control de la situación, protegiendo a la población civil”, sostuvo el comandante.Sobre la identificación de los cuerpos, el oficial indicó que los procedimientos judiciales avanzan con apoyo de Medicina Legal, aunque hasta el momento no se ha confirmado si entre las víctimas hay menores de edad. “No se tiene aún esa información. Es parte del trabajo que adelantan las autoridades forenses”, puntualizó.Impacto humanitario y respuestas institucionalesLa violencia entre disidencias de las FARC ha tenido graves consecuencias humanitarias en Guaviare y departamentos vecinos. Habitantes de El Retorno y zonas rurales cercanas han reportado desplazamientos, confinamientos y temor por posibles represalias. Según alertas anteriores de la Defensoría del Pueblo, la región enfrenta un incremento sostenido de los enfrentamientos armados desde 2024.El alto mando militar reconoció la complejidad del escenario, impulsado por el poder económico de las economías ilícitas. “Mientras existan estas economías, la situación seguirá siendo complicada porque las facciones manejan muchos recursos. Por eso nuestro objetivo para 2026 es atacar con mayor eficacia las estructuras narcotraficantes”, enfatizó Roque.El general añadió que el Ministerio de Defensa adelanta un plan de planeamiento estratégico conjunto para optimizar el uso de recursos y fortalecer la coordinación entre Ejército, Policía y demás fuerzas. “Buscamos fortalecer las relaciones de mando y apoyo para responder con mayor eficiencia a estas amenazas dinámicas”, dijo.Aunque evitó declarar un “ganador” entre los bandos en disputa, Roque dejó claro que las principales víctimas siguen siendo las comunidades locales. “Los más afectados son nuestros habitantes del Guaviare. Por eso estamos comprometidos en recuperar la presencia del Estado con acción unificada, no solo militar sino también institucional”, concluyó el comandante de la Cuarta División.
El Sindicato de Trabajadores de la Seguridad y la Protección por la Paz denunció que el ministro del Interior, Armando Benedetti, derogó el decreto 301 de 2017 sin consentimiento de la Alta Parte Contratante de los exintegrantes de la guerrilla de las Farc que firmaron el Acuerdo de Paz en 2016, ni de los miembros del ahora partido Comunes.Desde el sindicato consideran esa decisión como “un grave precedente para la implementación de la paz”, que viene del gobierno, cuyos integrantes apoyaron las entonces negociaciones y lo pactado en Cuba; además utilizaron esa bandera como campaña.La derogación se dio a través de otro decreto, el 0020 del 15 de enero de 2026, el cual, dicen desde Sintrasepaz, “no tuvo en cuenta el espíritu de lo pactado en el artículo 88 del Acuerdo Sindical - Resolución 1498 de 2024”. Explican que, además de derogar un decreto, creado conforme al Acuerdo de La Habana, la Subdirección Especializada de la Unidad Nacional de Protección no tendrá formalización. Esa es la instancia encargada de diseñar y ejecutar medidas de seguridad para grupos específicos con riesgos extraordinarios o extremos, como excombatientes de las Farc en reincorporación, líderes sociales y firmantes de paz.En el sindicato coinciden con el Observatorio de Paz (PazEs) en que “desconectar a firmantes como alta parte contratante de las decisiones desconoce la función consultiva de instancias como alta parte contratante de los firmantes del Acuerdo, en disposiciones vitales para la población del Decreto 299/2017, y sienta un mal precedente que abre puertas a modificaciones del acuerdo”.“Le recordamos a Armando Benedetti que las medidas de implementación del Acuerdo Final no pueden ser desmanteladas sin una alternativa equivalente o superior. Le invitamos a generar un diálogo "transparente" con la población afectada directamente por sus decisiones”, expresaron desde el observatorio.Añaden que recibieron la decisión con sorpresa los decretos 019 y 020, porque “pone en inminente riesgo la seguridad de la población firmante del acuerdo”, aunque reconocen que dignifica el empleo en la UNP.
Una fuerte advertencia lanzó la Fábrica de Licores de Antioquia frente a los efectos que traería el nuevo decreto del Gobierno nacional sobre el sector licorero y las finanzas regionales. La empresa aseguró que la medida pone en riesgo recursos que hoy sostienen programas clave en los departamentos y que provienen del impuesto al consumo y de las utilidades de la industria legal.De acuerdo con la FLA, durante 2025 fueron transferidos más de 800 mil millones de pesos al departamento de Antioquia y cerca de 500 mil millones adicionales a otras regiones del país. Para el próximo año, la licorera proyecta un crecimiento del 5 %, lo que permitiría incrementar esos aportes. No obstante, el decreto habilitaría al Gobierno nacional para apropiarse de los excedentes del impuesto al consumo, una bolsa que supera los 720 mil millones de pesos y que dejaría de llegar directamente a los territorios.El cambio ya tendría un impacto inmediato para los ciudadanos. En el caso del Aguardiente Antioqueño de 750 mililitros, los impuestos pasarán de 17.500 a 33.000 pesos, lo que representa un incremento cercano al 50 % en el precio final. Para el Ron Medellín, el alza sería del 48 %. A esto se suma el aumento del IVA por botella, que subiría de 900 a 3.700 pesos, encareciendo aún más el producto legal.Desde la Fábrica de Licores de Antioquia también alertan por las consecuencias en materia de salud pública. Actualmente, entre el 30 % y el 35 % del licor que se consume en Colombia es adulterado, y el aumento de precios podría disparar aún más esta problemática, fortaleciendo las redes ilegales y la delincuencia organizada en el país.La Fábrica de Licores de Antioquia señaló que el decreto de emergencia económica expedido por el Gobierno nacional podría afectar de manera directa los recursos destinados a la salud y la educación de los colombianos, al impactar la autonomía fiscal de los departamentos y sus finanzas.
La Procuraduría General de la Nación pidió acciones urgentes de protección para los habitantes de la vereda Kuwait, en zona rural del municipio de El Retorno, Guaviare, tras conocerse el reporte de múltiples muertes producto de enfrentamientos armados en el sector.Ante el riesgo que enfrentan las comunidades, la Procuraduría solicitó al Gobierno nacional y a las autoridades territoriales activar de manera inmediata los mecanismos de atención humanitaria, con el fin de responder oportunamente ante posibles desplazamientos forzados o escenarios de confinamiento de la población civil.De acuerdo con información preliminar, al menos 30 personas habrían muerto en choques violentos entre estructuras disidentes de las Farc que se disputan el control territorial en esta región estratégica. Los enfrentamientos estarían relacionados con una confrontación directa entre los grupos ilegales comandados por alias Iván Mordisco y alias Calarcá.El Ejército Nacional indicó que las víctimas serían presuntos integrantes de la subestructura Martín Villa, perteneciente al Bloque Amazonas. Desde la noche del viernes, tropas de la Brigada 22 se desplazaron al área para verificar la situación, con apoyo aéreo de la Fuerza Aérea Colombiana y labores de inteligencia militar, ante la complejidad del terreno y la persistencia de la amenaza armada.Mientras avanzan las operaciones militares para esclarecer lo ocurrido y recuperar el control de la zona, las Fuerzas Armadas mantienen vigilancia permanente por la posible presencia de artefactos explosivos cerca de los caseríos, una situación que incrementa el riesgo para los habitantes de El Retorno.Las autoridades continúan evaluando el impacto humanitario de estos hechos, mientras el Guaviare vuelve a quedar en el centro de la disputa armada entre grupos ilegales que buscan imponer su control en el sur del país.
En zona rural del municipio de El Cerrito, centro del Valle de Cauca, en inmediaciones de un ingenio azucarero, dos hombres armado interceptaron a cuatro trabajadores de este lugar, cuando finalizaban su jornada de trabajo.Los sujetos les indicaron que lo que pretendían era llevarse la camioneta en la que se movilizaban, la cual es propiedad del ingenio. En el asalto, los hombres se identificaron como integrantes del frente Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc y dejaron a dos de los trabajadores abandonados en medio de la nada, a los otros dos, los obligaron a ir con ellos, cubriéndoles las cabezas, iniciando así la huida.Las víctimas que quedaron en el sitio rápidamente dieron aviso a las autoridades, quienes de inmediato desplegaron la búsqueda, logrando interceptar el vehículo en los la vía que del municipio de Florida conduce a Miranda, Cauca."El carro es identificado por cámaras de seguridad cuando pasa por el municipio de Palmira, y es detenido en un puesto de control articulado con el Ejército, en el corredor seguro en la entrada al departamento del Cauca, donde se capturan dos personas y se recupera el vehículo que al parecer iba a ser utilizado por las disidencias de las Farc en el Cauca", señaló el coronel Pedro Pablo Astaiza, subcomandante de la Policía Valle.Las autoridades indican que este tipo de asaltos es la nueva modalidad que están utilizando los grupos armados en la región para hurtar vehículos. Donde intimidan a los conductores con armas de largo alcance. Esta sería la misma modalidad que utilizaron hace dos días, en el hurto a dos camiones tipo niñera, en la vía Panamericana, donde disidentes se llevaron 17 vehículos de alta gama nuevos, hacia el sector del Naya.
El pastor César Castellanos invita a hacer un “alto en el camino” y examinar nuestras decisiones a la luz de Dios, recordando las palabras del profeta Ageo: “Meditad bien sobre vuestros caminos” (Ageo 1:5). Según su reflexión, muchas crisis financieras, familiares o emocionales no se originan solo en factores externos, sino en un desorden espiritual que nos aleja del centro de la voluntad de Dios. El mensaje resalta que la prosperidad verdadera no depende únicamente del esfuerzo humano, sino de la bendición divina: “La prosperidad no depende del trabajo, depende de la bendición de Dios”. Así como Abraham subió al monte y confió plenamente en Dios, hoy somos llamados a llevar nuestras cargas a la cruz, entendiendo que allí Jesús canceló toda deuda, maldición y opresión: “Todo fue conquistado en la cruz del Calvario”. Esta revelación transforma no solo la economía, sino también el corazón y las relaciones.Finalmente, el pastor exhorta a “reedificar la casa”, no como estructuras físicas, sino como vidas restauradas que honran a Dios con fidelidad y obediencia. Su llamado es claro: “Reconózcale a Dios como la única fuente de su provisión”, porque cuando Él ocupa el primer lugar, todo lo demás encuentra su orden. Este mensaje invita a la reflexión, al arrepentimiento sincero y a una renovación profunda de la fe.Escuche la reflexión completa aquí:
Una nueva ola de violencia sacudió a Santander, donde cuatro personas tres hombres y una mujer fueron asesinadas en menos de dos horas en hechos ocurridos en Bucaramanga, Floridablanca y Barrancabermeja, generando preocupación entre las autoridades y la ciudadanía.Uno de los casos se registró en la vía Bucaramanga–Girón, en el sector conocido como Paso Malo, donde fue asesinado Jefferson Alexander Carrillo Estévez, de 34 años.Según información preliminar, la víctima se movilizaba en una motocicleta cuando fue atacada con arma de fuego por desconocidos que huyeron del lugar. Carrillo quedó tendido sobre la vía nacional y falleció en el sitio debido a la gravedad de las heridas.Otro hecho violento se presentó en el barrio La Cumbre de Floridablanca, donde fue asesinada Liceth Valeria Bohórquez Herrera, de 18 años.De acuerdo con las autoridades, la joven se desplazaba junto a su pareja sentimental hacia su residencia cuando fueron interceptados por dos hombres en motocicleta. El parrillero descendió y disparó en repetidas ocasiones contra la pareja.Liceth Valeria falleció en el lugar, mientras que su compañero, Dimar Alexis Garay Guerrero, de 28 años, resultó herido en una pierna y fue trasladado a un centro asistencial, donde los médicos descartaron lesiones óseas graves.De manera preliminar, se conoció que el ataque habría estado dirigido contra el hombre, conocido con el alias de 'Cofla', y que los hechos estarían relacionados con disputas por el control territorial del microtráfico en el sector, versión que es materia de investigación.En Bucaramanga, específicamente en el barrio Campo Hermoso, fue asesinado Cristian Stiven Pedro Gómez, de 25 años.Según el reporte policial, la víctima se dirigía a su vivienda cuando sostuvo una discusión con un sujeto conocido como Maicol, quien presuntamente lo atacó con un arma cortopunzante. El joven falleció en el lugar.De acuerdo con versiones familiares, entre víctima y agresor existían antecedentes de agresiones mutuas y amenazas, hechos que ahora son analizados por las autoridades judiciales.El cuarto hecho ocurrió hacia las 7:00 de la noche en la vía Barrancabermeja–Bucaramanga, a la altura del sector cercano al Hotel Olga Lucía, donde fue hallado sin vida Maicol Quintero Flórez, quien se desempeñaba como cobradiario en Barrancabermeja.En el mismo hecho resultó herida otra persona, quien fue trasladada a un centro asistencial. Según la Policía, las víctimas se movilizaban desde Sabana de Torres cuando fueron interceptadas por hombres armados que les dispararon. El sobreviviente es, por ahora, el principal testigo del caso.La Sijín y la Fiscalía avanzan en las investigaciones para esclarecer los móviles y dar con los responsables de estos hechos violentos y no se descartan ajustes de cuentas por el control del microtráfico, la situación eleva la alerta por la seguridad en el departamento.
El pastor Andrés Corson enseña que Dios no solo confronta nuestros pecados, sino también nuestras inseguridades, porque detrás de muchas caídas espirituales hay heridas emocionales no sanadas. Basado en Isaías 61:1, recuerda que “el Espíritu del Señor… me ha ungido a sanar a los corazones heridos”, y explica cómo Jesús permitió que Pedro fuera confrontado para restaurar su identidad y prepararlo para liderar con humildad, libertad y amor, sin celos ni temor.Corson identifica inseguridades comunes como el miedo al rechazo, la timidez, los celos, la baja autoestima y los complejos físicos, afirmando que “Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y dominio propio” (2 Timoteo 1:7). Estas luchas, lejos de ser obstáculos, son oportunidades divinas para sanar heridas del pasado, romper mentiras interiores y vivir con una identidad firme en Cristo, aprendiendo a aceptarnos como creación admirable de Dios (Salmo 139:14).Finalmente, el pastor exhorta a no huir de la confrontación, sino a verla como una herramienta de formación espiritual: “Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas” (Santiago 1:12). La sanidad interior, afirma, llega por medio de la Palabra, el perdón y la renovación de la mente, porque “para sanar un corazón herido, la única solución es el perdón”, permitiendo así una vida emocionalmente sana y espiritualmente libre.Escuche la reflexión completa aquí:
Fueron por lo menos tres explosiones las que estremecieron a la comunidad de Cajibío, en el departamento del Cauca en la madrugada del domingo, las cuales dejaron múltiples daños en el casco urbano del municipio.Lo que se conoce hasta el momento es que se trató de un ataque que iba dirigido contra la estación de Policía. Se utilizaron drones para lanzar varios artefactos explosivos, los cuales no alcanzaron a afectar la estación, pero sí varias viviendas del municipio y otras edificaciones.Entre lo lugares afectados se encuentra el hospital San Juan Bautista, que resultó con varios vidrios quebrados, y daños en su fachada y en el cielo raso. También se reportó la afectación a una torre de energía cercana al centro asistencial. Hasta el momento no hay reporte de personas heridas o fallecidas."Tengo el reporte del ataque que fue cerca al hospital y algunas redes eléctricas se afectaron. Fueron explosiones muy grandes pues afectaron varias viviendas y el estruendo fue tan ruidoso que se alcanzó a escuchar en otros municipios como Piendamó y Morales. Se habla de daños materiales solamente", aseguró la personera de Cajibío, Amanda Nubia Elvira Méndez.En el transcurso del día las autoridades se trasladarán hasta los lugares donde cayeron los explosivos para evaluar el nivel de daños provocados por el ataque. Mientras tanto la fuerza pública se ha desplegado en el municipio para prevenir alguna otra alteración.Si bien no se ha establecido aún que grupo armado estaría detrás de estas explosiones, en ese territorio hay presencia de las disidencias de las FARC, al mando de alias ‘Iván Mordisco’.
El sistema de salud en Colombia atraviesa una de sus coyunturas más complejas, marcada por un profundo desbalance financiero y por efectos visibles en la atención a los pacientes. Así lo advirtió el exministro de Salud y fundador del centro de pensamiento Así Vamos en Salud, Augusto Galán, durante una entrevista en Sala de Prensa Blu, en la que expuso cifras y reflexiones basadas en diagnósticos recientes del sector.Galán explicó que el sistema presenta un déficit patrimonial de $15,8 billones y pérdidas operacionales acumuladas que superan los 73 billones, lo que evidencia un deterioro progresivo. “Las EPS son la puerta de entrada de la financiación del sistema de salud. Si a la EPS le está yendo mal financieramente, al sistema de salud le está yendo mal y eso es lo que estamos viendo”, afirmó.Según el exministro, la raíz del problema está en la insuficiencia de recursos para financiar el actual plan de beneficios. “Por cada $100 que reciben, en promedio se están teniendo que gastar $108,6”, precisó, al explicar que ese desfase genera el hueco financiero que hoy afecta a hospitales, clínicas y pacientes.Insuficiencia de recursos y efectos en la atenciónGalán advirtió que, además de ser insuficientes, los recursos no están llegando de manera adecuada a los prestadores. Esto se traduce en retrasos en pagos, dificultades para cubrir nóminas y suspensión de servicios. “Es muy doloroso, porque el deterioro es lento y progresivo y se paga en vida, en sufrimiento y en enfermedad”, señaló, al referirse a los testimonios de directivos hospitalarios y usuarios.Intervenciones a EPS y el caso de la Nueva EPSSobre la situación de la Nueva EPS, Galán fue enfático en que las intervenciones no han sido una solución. “Las intervenciones en materia de salud no han funcionado nunca y eso estaba advertido”, aseguró. A su juicio, concentrar la administración en una sola persona, sin controles, ha agravado los problemas: “Manejar $2,4 billones anuales con una sola persona que no tiene experiencia en aseguramiento es una visión errada”.Aumento del gasto de bolsillo y llamado al diálogoOtro de los efectos señalados es el incremento del gasto de bolsillo de los colombianos. Galán recordó que este indicador había bajado al 14 % del gasto total en salud, pero ahora “se está incrementando y se está aproximando más al 20 %”, lo que impacta con mayor fuerza a los sectores más vulnerables.Pese al panorama, el exministro expresó un moderado optimismo y llamó a un cambio de rumbo. “Se requiere un liderazgo claro, compasivo, que respete la evidencia y promueva el diálogo”, concluyó, al insistir en que aún es posible corregir el rumbo del sistema de salud en Colombia.Escuche la entrevista completa acá:
Sneyder Pinilla, exsubdirector de la UNGRD, habló por primera vez en Noticias Caracol sobre el entramado de corrupción, principal escándalo del Gobierno de Gustavo Petro.Frente al caso, Pinilla dijo que “es por la ambición, por las ganas de crecer; muchas personas escogen el camino corto, yo escogí el camino corto y por eso hoy en día estoy pagando cárcel. Por eso le pido perdón a mi familia, porque lo termina pagando la familia”, indicó, pidindo perdón a cada miembro de su hogar y asegurando que quiere decir la verdad.Sneyder afirmó que la forma más fácil para los demás involucrados era echarle la culpa al más “huevón” y aseguró estar “completamente arrepentido” por todos los acuerdos para aprobar la entrega de dinero. Expresó que si no hubiera decidido cooperar, muchos salpicados estarían libres.“Aquí cayó gente muy poderosa: Olmedo. Cayó el presidente del Senado, de la Cámara, altos exfuncionarios del Gobierno, ministros, que hoy en día están en este proceso porque yo armé una estructura que le di a la Fiscalía y le dije cuál fue el actuar de cada una de las personas”, contó a Noticias Caracol.Funcionarios del Gobierno Petro implicados en escándalo de la UNGRDPinilla se refirió al exministro Luis Fernando Velasco; el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla; Sandra Ortiz, exconsejera para las Regiones, todos capturados y vinculados; y al exdirector del Dapre, Carlos Ramón González, hoy prófugo.El exsubdirector de la UNGRD dijo que “nos equivocamos” sobre el cambio en el Gobierno actual. Añadió que si estuviera diciendo mentiras, Velasco y Bonilla no lo hubieran presuntamente sobornado con más de 13.000 millones de pesos.“Solo hay una persona que los puede juzgar y es Dios. Pero ellos saben lo que hicieron”. Sobre Carlos Ramón González, quien permanece en Nicaragua asilado y quien hace días fue visto en videos en una fiesta bailando, Pinilla afirmó que le indigna porque “acá siempre vamos a aplastar a los más pequeños”.Además, habló sobre César Manrique, segundo alto exfuncionario prófugo de la justicia colombiana: "Debe estar asustado porque muchas personas lo salpican a él como determinador”."Les estoy llevando una plata que es de un torcido": confesión de Sneyder PinillaTambién reveló que lo más indignante que le tocó vivir en el transporte de los 400 millones de pesos para los presidentes de la Cámara y Senado fue “que Sandra Ortiz dijera que se molestaron porque no llevé los tres mil millones, sino 1.500 un día y 1.500 el otro. Hombre, tienen huevo, les estoy llevando una plata que es de un torcido y cómo se van a molestar porque me demoré dos días”.Sneyder mandó un mensaje a Sandra Ortiz asegurando que “espero que recapacite y colabore con la justicia, porque ella sabe que fui con ella a llevar la plata al apartamento del señor Name”.Actualmente, hay cinco congresistas de la Comisión Parlamentaria de Crédito Público que están salpicados en este escándalo y algunos incluso se están lanzando nuevamente al Congreso. Sobre ellos, Pinilla dijo que “la Corte tiene que actuar”.Añadió que “las personas cercanas al presidente están inmersas en esta estructura criminal. Así lo dicen los diferentes hechos”. Sobre si Gustavo Petro sabía o no lo que pasaba, indicó que no puede asegurarlo, pero que sí puede afirmar que toda la gente cercana a él está untada.Hablando de los carrotanques de La Guajira, Pinilla le pidió perdón a la comunidad afectada y señaló: “Se me cae la cara de la vergüenza porque sabía que estábamos haciendo actos de corrupción. Solo les puedo decir que me perdonen, no me siento orgulloso porque los más afectados fueron ellos. Les fallé”.
La Contraloría General de la República archivó los procesos de responsabilidad fiscal adelantados contra el actual gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, por la construcción de los Comandos de Atención Inmediata (CAI) de San Antonio de Pereira y Cuatro Esquinas, obras ejecutadas durante su gestión como alcalde de Rionegro entre los años 2016 y 2019, al concluir que no existió daño patrimonial ni perjuicio alguno para los recursos públicos.De acuerdo con el organismo de control, la decisión se fundamenta en la inexistencia de detrimento fiscal, ya que las obras sí fueron ejecutadas, recibidas formalmente y destinadas al fin para el cual fueron contratadas.La Contraloría determinó que los recursos invertidos no se perdieron y que los bienes existen, están habilitados administrativamente y prestan servicio a la comunidad, lo que descarta cualquier menoscabo definitivo del patrimonio público.En su análisis, el Despacho estableció que la inversión pública cumplió su finalidad y que no se produjo perjuicio al erario. Por esta razón, y al no demostrarse daño fiscal, no es posible declarar responsabilidad fiscal en contra del mandatario. “Sin daño probado, no puede declararse responsabilidad fiscal”, señala la decisión.El fallo precisa que la infraestructura del CAI de San Antonio de Pereira fue entregada y recibida por la Policía Nacional, y que su destinación al servicio de seguridad ciudadana quedó acreditada mediante contrato de comodato, actas de entrega y las órdenes de servicio correspondientes. Similar situación se describe con el CAI de Cuatro esquinas.En el proceso se concluyó que los recursos se orientaron a satisfacer una necesidad pública, se articularon con la política de seguridad ciudadana y se ajustaron a los parámetros de planeación institucional y metodológica adoptados por la Policía Nacional.Tras la práctica de una visita técnica y la elaboración de un informe especializado, mencionado en la decisión como sustento, se comprobó que las obras se encuentran en funcionamiento conforme a los lineamientos establecidos y cumpliendo la función para la cual fueron contratadas.
En operaciones recientes, tropas del Ejército Nacional desmantelaron y destruyeron dos laboratorios para el procesamiento de pasta base de coca, utilizados por el Clan del Golfo, y confiscaron toneladas de insumos empleados en la producción de estupefacientes en el departamento de Chocó.Estas acciones fueron desarrolladas por unidades adscritas a la Brigada 15, con participación directa del Batallón de Selva número 54 Bajo Atrato, en una zona estratégica para el tráfico de drogas y el abastecimiento logístico de estructuras ilegales.De manera simultánea, el Batallón de Ingenieros Primero de Línea número 12 adelantó labores de control que permitieron la incautación de grandes cantidades de insumos sólidos y líquidos, fundamentales para el funcionamiento de los laboratorios clandestinos.De acuerdo con la información compartida por el Ejército, durante las operaciones se destruyó droga en proceso, equipos artesanales utilizados para la transformación de la hoja de coca y combustibles empleados para el procesamiento y transporte del alcaloide.Además, las tropas lograron confiscar 17,5 toneladas de cemento y 1.200 galones de ACPM, que eran movilizados de manera ilegal para abastecer la infraestructura criminal del Clan del Golfo. El cemento y el combustible son elementos clave para la construcción y funcionamiento de laboratorios, pistas clandestinas y campamentos, por lo que su incautación limita la continuidad de las actividades ilícitas, de acuerdo con las autoridades.
La disminución en el precio de la gasolina en Colombia generó preocupación en el sector transportador de carga, que advierte un posible efecto contrario sobre el precio del diésel. Desde Fedetranscarga señalan que el Gobierno había mantenido estable el valor del ACPM porque los altos precios de la gasolina estaban compensando el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC). Por lo que, alertan que, si la gasolina continúa bajando, el Gobierno podría optar por incrementar el precio del diésel para cubrir ese desbalance.El gremio advirtió que un aumento del diésel tendría consecuencias graves no solo para el transporte de carga y de pasajeros intermunicipales, sino también para la industria agrícola, el sector productivo en general y para los municipios que no cuentan con interconexión eléctrica, los cuales dependen de plantas diésel para su funcionamiento. Recordaron que la maquinaria pesada, los camiones y gran parte del transporte nacional operan con este combustible.Actualmente, el precio promedio del combustible en Estados Unidos se ubica en 2,83 dólares por galón, lo que al cambio representaría cerca de 10.500 pesos colombianos, por debajo de los más de 16.000 pesos que se pagan en Colombia.Según la federación, esto implica que en el país el combustible es cerca de un 60 % más costoso que en Estados Unidos, pese a que el salario mínimo en ese país supera los seis millones de pesos, mientras que en Colombia ronda los dos millones. Fedetranscarga recordó además que cuando inició el actual Gobierno, el precio de la gasolina estaba alrededor de 10.160 pesos, y que hoy supera los 16.400 pesos, lo que representa un incremento cercano al 62 %, un dato que, aseguran, no puede pasarse por alto ahora que se anuncia una reducciónFedetranscarga también puso sobre la mesa el peso que tiene el combustible en los costos del sector. Según cálculos del Dane realizados en 2015, el diésel representaba el 41,6 % del costo total de operación de un vehículo de carga. Sin embargo, el gremio señaló que estos indicadores no se han actualizado en más de 10 años y que, con los incrementos recientes y la política de fijar precios con referencia internacional, ese porcentaje podría estar hoy por encima del 45 % del costo total de operación de un camión en cualquier ruta del país.Ante este panorama, el gremio reiteró su llamado al Gobierno nacional para que se instalen las mesas técnicas prometidas desde septiembre de 2024, tras el paro transportador, con el fin de definir una fórmula de precios acorde con la realidad del país como productor y refinador de combustibles. Señalan que esta promesa sigue sin cumplirse y que es necesario ser transparentes con los costos reales de extracción, refinación y comercialización del ACPM y la gasolina.“Colombia necesita una claridad total sobre las condiciones bajo las cuales se fijan los precios de combustibles en el país. Las decisiones de los precios de los combustibles gasolina y ACPM no pueden continuar siendo decisiones estrictamente políticas. Esas decisiones tienen que acomodarse a la técnica y a estudios muy serios de productividad y obviamente la industria petrolera” señaló Pedro Cuervo, presidente de Fedetranscarga.La organización pidió mayor inversión en las refinerías nacionales para reducir la dependencia de importaciones y de los precios internacionales. Para el gremio, el país necesita reglas claras y coherentes que garanticen combustibles a precios justos, teniendo en cuenta que el transporte y la economía colombiana se mueven, en gran medida, sobre ruedas y con diésel.
La Procuraduría 137 Judicial II para Asuntos Administrativos citó a audiencia de conciliación a la Alcaldía Mayor de Bogotá y a la Secretaría Distrital de Planeación, con el fin de resolver las diferencias surgidas en el trámite del Plan Parcial “Ciudad Bolívar 75 – Azoteas”. El proceso busca determinar si se produjo un posible daño patrimonial al Distrito por presuntos errores administrativos durante la formulación de dicho plan.La actuación se originó a raíz de una solicitud presentada por el Grupo Malkenu, promotor del proyecto habitacional Tierra de Gracia, que proyectaba la construcción de más de 70.000 viviendas de interés social en el sur de la ciudad, una zona con alto déficit habitacional.El conflicto jurídico se remonta a diciembre de 2021, cuando la empresa radicó la solicitud de formulación del Plan Parcial ante la Secretaría Distrital de Planeación. Según la normativa vigente, la entidad tenía 60 días hábiles para emitir una respuesta. Al no recibir comunicación dentro del plazo, los solicitantes entendieron que operaba el silencio administrativo positivo, lo que implicaba la aprobación automática del trámite.Sin embargo, la Secretaría sostuvo que sí había respondido oportunamente, aunque más tarde se comprobó que la notificación fue enviada a una dirección electrónica incorrecta. Este error impidió que los solicitantes conocieran la decisión y ejercieran su derecho a apelación, dejando el proceso en un limbo jurídico.Con la entrada en vigencia del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial (POT), el terreno perdió su clasificación como suelo urbanizable, lo que afectó la viabilidad del proyecto y redujo significativamente su valor comercial. Según los promotores, esta situación representó una pérdida superior al 80 % del valor del terreno y frenó una iniciativa que buscaba ofrecer soluciones de vivienda en una de las zonas más necesitadas de la capital.“No reconocen el error de notificación, y eso priva a la ciudad de una alternativa habitacional viable”, aseguró Eduardo Romano, representante legal del Grupo Malkenu.Por su parte, el abogado Rodolfo Correa, especialista en responsabilidad del Estado, interpuso una demanda de reparación directa por más de 2 billones de pesos, actualmente en etapa de conciliación como paso previo a un eventual proceso judicial.La audiencia de conciliación se llevará a cabo en enero de 2026. Se espera que la Secretaría Distrital de Planeación, bajo la dirección de Úrsula Ablanque Mejía, logre una salida concertada que evite la judicialización del caso. De no alcanzarse un acuerdo, el proceso podría derivar en consecuencias fiscales y disciplinarias para la administración distrital, dado que la Personería de Bogotá ya confirmó la existencia del error y evalúa la apertura de una investigación.
La Presidencia de la República firmó un contrato por cerca de 10.000 millones de pesos con la firma de abogados Amadeus Consultancy Limited para la defensa jurídica internacional de Gustavo Petro frente a las sanciones financieras de Estados Unidos, luego de su inclusión en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), conocida como la Lista Clinton.El mandatario defendió el uso de recursos públicos y lanzó duros señalamientos contra sectores de la oposición, mientras la Procuraduría General de la Nación abrió una indagación para establecer la legalidad del proceso.A través de su cuenta en X, Petro afirmó que el contrato es consecuencia de gestiones de la oposición en el exterior, es decir, él señala que las sanciones fueron por diligencias de críticos en Estados Unidos que llevaron a su inclusión en la lista.“Eso nos costó las consecuencias de las visitas de la oposición a Washington y a Miami buscando invasiones y muertos y cárceles. Ufff. Querían hasta invasión y extracción y no sé cuántas cosas más, apátridas”, escribió Petro.El pronunciamiento se dio en medio de cuestionamientos por la contratación y tras responder a críticas de la periodista Salud Hernández Mora sobre el contrato y el monto.El contrato fue suscrito a inicios de enero por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) bajo la modalidad de contratación directa, con cargo al Presupuesto General de la Nación. El objeto del acuerdo es “prestar servicios profesionales de asesoría altamente especializada en defensa jurídica internacional, orientada al análisis normativo, doctrinal y procedimental del régimen de sanciones financieras internacionales aplicado por autoridades extranjeras”. La ejecución del contrato está prevista entre el 9 de enero y el 30 de abril de 2026.La oposición ha advertido que los servicios contratados corresponden a una defensa personal del presidente y su núcleo familiar, lo que, a su juicio, no debería financiarse con recursos públicos.En respuesta a las quejas, la Procuraduría General abrió una indagación previa contra el Dapre para verificar si en la celebración del contrato se cumplieron los principios y requisitos de la contratación estatal. El Ministerio Público solicitó copias del contrato y de los estudios previos, y busca establecer si hubo o no irregularidades o un eventual detrimento patrimonial.La actuación disciplinaria se activó tras una denuncia presentada por la representante a la Cámara Katherine Miranda, quien cuestionó que un servicio que, según versiones previas, habría sido ofrecido de manera gratuita por el abogado Daniel Kovalik, terminara convertido en un contrato multimillonario financiado con recursos del Estado.“Se suscribió un contrato por $10.000 millones sin una explicación clara sobre su necesidad, su cuantía ni el procedimiento de contratación”, sostuvo la congresista.El Gobierno insiste en que la contratación responde a un asunto de interés institucional frente a sanciones internacionales, mientras la oposición mantiene que se trata de una defensa personal pagada con recursos públicos.
Hombres armados le salieron al paso a varios vehículos cargados con combustible artesanal tipo 'pategrillo' y, después de obligar a los conductores a descender, los incineraron en un paraje de la vía que comunica al corregimiento de Ayacucho en La Gloria, en el Cesar, con el corregimiento de Guamalito en el Carmen Norte de Santander.Algunos videos que fueron grabados por habitantes de la zona muestran la magnitud de la emergencia que ocurrió muy cerca de unas viviendas y en una vía transitada para la comunicación terrestre entre el Cesar y el Catatumbo.La quema de estos vehículos la protagonizan hombres armados en medio de la disputa territorial que existe entre las guerrillas del ELN y las disidencias de las Farc. Además, porque este combustible artesanal que se produce en refinerías ilegales después de hurtar el crudo del oleoducto, es vital para la producción de clorhidrato de cocaína.
Con el banco de maquinaria amarilla la Gobernación del Huila viene adelantando labores de mantenimiento vial y la recuperación de sectores críticos de vías terciarias que han sido obstruidas por deslizamientos de tierras a raíz de las fuertes lluvias de las últimas dos semanas en 10 municipios del departamento.El secretario de Vías e Infraestructura del Huila el ingeniero Andrés Camilo Cabrera, explicó en Blu Radio que los trabajos de remoción de tierra y lodo se han priorizado en los municipios donde cientos de familias campesinas y zonas cafeteras han resultado afectadas por las emergencias.“Por orden del gobernador Rodrigo Villalba, se activó todo el banco de maquinaria amarilla y en estos momentos nos encontramos trabajando de manera simultánea en diez municipios del departamento. Hoy la maquinaria está atendiendo emergencias y removiendo derrumbes para recuperar las vías en Acevedo, Pitalito, Baraya, Colombia, Yaguará, La Plata, Gigante, Isnos y Suaza, estamos recuperando puntos críticos donde las comunidades campesinas más lo necesitan” explicó el funcionario de la gobernación del Huila.Agregó el secretario de Vías que por ejemplo en el municipio de Acevedo, la maquinaria interviene los corredores San Adolfo, La Esperanza, San Marcos, La Victoria y La Tocora, mejorando la movilidad y el acceso a zonas rurales estratégicas, teniendo en cuenta que esta zona es de alta producción cafetera.Asimismo, en el municipio de La Plata, los trabajos se desarrollan en el centro poblado San Andrés y en la vereda San Isidro, fortaleciendo la conectividad y el transporte de productos agrícolas. De igual manera en Pitalito, se atiende los sectores de Bruselas, La Primavera, El Carmen, El Pénsil y La Esperanza, con labores de mantenimiento vial y atención de emergencias.Cabe recordar, que en diciembre del año anterior con una inversión de 20.000 millones de pesos la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, hizo entrega de 13 unidades de maquinaria amarilla entre retroexcavadoras y volquetas para atender emergencias viales y demás necesidades de las comunidades rurales en el Huila.
Cuando adelantaban una brigada de salud en el sector conocido como La Amistad del barrio Oro Negro en el oriente de Neiva, 20 funcionarios de una misión médica que pertenecen a una IPS privada, entre enfermeras y personal auxiliar, fueron atracados por tres delincuentes; dos de ellos portaban armas de fuego.Según información de las autoridades, los asaltantes les hurtaron a las víctimas teléfonos celulares, documentos personales y dinero en efectivo. Uno de los funcionarios resultó lesionado con un golpe en la cabeza al oponer resistencia al atraco.“Fuimos informados de un hecho de hurto en el sector de La Amistad; de inmediato se envió una patrulla. En el sitio, las personas afectadas por el hurto manifestaron que se encontraban realizando una brigada de salud cuando fueron abordadas por dos sujetos y las intimidaron con armas de fuego despojándolas de sus pertenencias, celulares y dinero en efectivo; uno de los funcionarios resultó herido en la cabeza”, dijo el teniente coronel Alex Andrés Muñoz, comandante encargado de la Policía Metropolitana de Neiva.Por su parte, la secretaria de salud municipal, la médica Lilibeth Galván, dijo que, de acuerdo con el relato de las víctimas del atraco, los delincuentes al parecer habrían manoseado a varias de las auxiliares de enfermería mientras las despojaban de sus pertenencias.Este grave hecho de inseguridad ya fue reportado ante las secretarías de salud municipal y departamental, mientras que la Policía adelanta operativos por varios sectores de la ciudad para dar con la ubicación de los delincuentes y los elementos hurtados.
El aumento del salario mínimo a dos millones de pesos, incluyendo el auxilio de transporte, ha despertado preocupación en gran parte de la población colombiana frente al incremento en los valores de la canasta familiar, el arriendo e incluso los servicios públicos. En ese escenario, el costo de la factura de la luz es uno de los que más presión genera sobre el presupuesto mensual.Por ello, el Gobierno nacional aplicó un recargo temporal en la tarifa eléctrica que dejó un mensaje claro: no todos los usuarios deberán asumir este cobro adicional.La medida, liderada por el Ministerio de Minas y Energía, busca atender una delicada situación financiera de la empresa Air-e, que actualmente se encuentra bajo intervención del Estado, sin trasladar el impacto a los sectores más vulnerables. Ante este panorama, hay un grupo de personas que podrá estar más tranquilo.Facturas de la luz serán más costosas para algunosEl Gobierno reveló que el ajuste corresponde a un cobro aproximado de ocho pesos por cada kilovatio hora consumido. Este recargo tiene carácter transitorio y responde a la necesidad de generar recursos para cubrir obligaciones acumuladas de Air-e, cuya situación financiera representa un riesgo para la estabilidad del sistema eléctrico.De no adoptarse medidas urgentes, el problema podría escalar y afectar la continuidad y confiabilidad del servicio en varias regiones del país. El objetivo, insistieron desde el Gobierno, no es encarecer el servicio de forma permanente, sino evitar un escenario más grave que termine impactando a todos los usuarios.Estratos 1 y 2 quedan exentos del nuevo cobro en el servicio de la luzUno de los puntos más relevantes del anuncio es que el recargo no será generalizado. Según lo definido, únicamente los estratos 3, 4, 5 y 6 deberán asumir este cobro adicional en sus facturas.Por su parte, los hogares pertenecientes a los estratos 1 y 2 quedarán exentos. La decisión busca proteger el bolsillo de las familias con menores ingresos y evitar que una medida coyuntural se traduzca en una carga económica difícil de asumir. La exclusión se sustenta en la normativa vigente y en los esquemas diferenciales establecidos para garantizar el acceso equitativo a los servicios públicos.Gobierno busca proteger el sistema eléctrico nacionalLa Superintendencia respaldó la resolución que prepara el Ministerio de Minas y Energía para solicitar a la Comisión de Regulación de Energía y Gas un instrumento que refuerce la confiabilidad del sistema.Desde el Gobierno recalcaron que la prioridad es evitar un colapso que termine afectando a millones de colombianos y, al mismo tiempo, garantizar que las decisiones adoptadas mantengan un equilibrio entre sostenibilidad financiera y justicia social.
El partido Comunes respondió a la denuncia de violencia de género por parte de un dirigente de esa colectividad y excontratista de la Unidad Nacional de Protección, quien es señalado de un grave caso de acoso sexual en contra de una de sus ahora excompañeras de trabajo.La víctima denunció ser tocada en varias ocasiones sin su consentimiento, hasta sobrepasarse manoseando su zona íntima, reveló la revista Semana.La organización política rechazó los hechos de violencia basada en género atribuidos al militante Nicolás Sarmiento, quien se desempeñaba en la Subdirección Especializada de Protección de la UNP.Ante esta situación, el partido informó que activó de forma inmediata la ruta interna de prevención, atención y sanción de violencias basadas en género, en concordancia con la normatividad vigente.Nicolás Sarmiento, reconocido líder del partido Comunes, es cercano al representante a la Cámara por Bogotá de la colectividad de excombatientes, Sergio Marín, resalta Semana. Además, ha liderado diferentes reuniones con la comunidad en barrios de la ciudad.Aseguran que su prioridad es la protección integral de la víctima, garantizando la confidencialidad del caso y el acompañamiento necesario para la activación de las rutas institucionales correspondientes, cuando así se requiera.También dicen estar en línea con que ninguna conducta que vulnere los derechos de las personas es justificable ni tolerable, sin importar quién la cometa o su trayectoria política, y subrayó que a los responsables se les deben atribuir las sanciones y responsabilidades que correspondan.El partido también dice tener compromiso de fortalecer los mecanismos de prevención, formación política, cuidado colectivo y sanción, como parte de una política interna orientada a erradicar la violencia basada en género.
Ilesa resultó la subsecretaría de Minas de la Gobernación de Nariño, luego de que desconocidos dispararon contra la camioneta en la que viajaba la funcionaria, minutos después de realizar, junto con el gobernador del departamento, Luis Alfonso Escobar, en el municipio de La Llanada, el lanzamiento del programa de la creación de la promotora minera, que busca organizar la minería en todos los 64 municipios del departamento.Las autoridades investigan si este atentado iba dirigido contra el mandatario seccional, ya que la camioneta impactada es similar a la que utiliza el gobernador Escobar para realizar sus desplazamientos por los municipios del departamento.Voceros de la Gobernación, que pidieron el anonimato, dijeron a Blu Radio que el hecho ocurrió pasadas las 4 de la tarde de este sábado 17 de enero, minutos después de que la caravana de al menos 15 automotores salía del municipio de La Llanada y se dirigía de regreso a Pasto, luego de una larga jornada de trabajo con mineros de la región.Los vehículos en los que viajaba el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, habían tomado una ruta alterna por decisión del equipo de seguridad del mandatario y no se descarta que los atacantes hayan confundido la camioneta, dijo un funcionario de la administración seccional.Fueron minutos de pánico los que se vivieron una vez el automotor en el que viajaba la subsecretaria de Minas fue impactado en uno de los vidrios, sin que en el hecho la funcionaria haya resultado herida.Nadie sabía de dónde estaban disparando, los conductores agilizaron el paso y se desconocen los autores de este atentado, aseguró el funcionario.Otro de los testigos dijo que minutos antes del ataque el gobernador, junto a varios funcionarios y secretarios de su despacho, habían visitado las minas de explotación aurífera del municipio de La Llanada y aseguró que no se descarta que se trate de delincuencia común y organizada quienes hayan cometido el atentado, que por fortuna no dejó heridos ni víctimas humanas que lamentar.Alex González, secretario de Paz y Seguridad Ciudadana, manifestó su preocupación por estos hechos y dijo que se está investigando, ya que a comienzos de año la Fiscalía General de la Nación alertó al mandatario seccional sobre un plan para atentar contra la integridad del gobernador de Nariño, luego de que recibiera esa información mediante fuente humana.El mandatario de los nariñenses hasta el momento no se ha pronunciado sobre estos hechos.Funcionarios de la Gobernación exigieron a la Unidad de Protección fortalecer el esquema de seguridad del jefe de la administración seccional, por considerar que las amenazas podrían estar relacionadas, al parecer, con delincuencia común y organizada que estaría detrás del negocio de la explotación del oro en este departamento frontera.
Al menos 30 personas murieron tras intensos enfrentamientos entre disidencias de las Farc en la vereda Kuwait, zona rural del municipio de El Retorno, en el departamento de Guaviare. La situación de orden público llevó a las autoridades a convocar un consejo de seguridad en la tarde de este sábado 17 de enero de 2026, mientras continúan las acciones para establecer con precisión lo ocurrido en esta región del sur del país.De acuerdo con información preliminar del Ejército Nacional, las víctimas serían presuntos integrantes de la subestructura Martín Villa del Bloque Amazonas. Los choques armados se habrían dado en medio de la disputa por el control territorial entre las disidencias lideradas por alias Iván Mordisco y alias Calarcá. Tropas de la Brigada 22 adelantan labores de verificación en la zona, con apoyo aéreo de la Fuerza Aérea Colombiana y capacidades de inteligencia militar, luego de enfrentamientos que se registran desde la noche del viernes.Frente a estos hechos, la Iglesia Católica expresó su preocupación por la gravedad de la violencia en Guaviare y por la pérdida de vidas, en su mayoría jóvenes, en medio de una confrontación que no cesa. Desde el Episcopado se reiteró el llamado a detener la guerra, a respetar el derecho internacional humanitario y a evitar que continúe el sufrimiento de las comunidades afectadas por el control criminal de estos grupos armados."Estamos consternados ante los hechos que se están desarrollando en el Guaviare y en particular queremos llamar nuevamente la atención sobre la urgencia de parar la guerra, que no haya más enfrentamientos, más ruido de armas, ya ha habido bastante sufrimiento en esta parte del país", señaló monseñor Héctor Fabio Henao en Noticias Caracol.
En este acto los subtenientes fallecidos fueron ascendidos de manera póstuma al grado de tenientes gracias a la Ley 2483 de 2025, en donde también se les reconocieron los derechos prestacionales y pensionales a sus familias, esto como un acto de reparación simbólica y material.La conmemoración inició con una eucaristía en la que participaron el viceministro de Defensa; Javier Andrés Vaquero Maldonado, el director de la Policía Nacional; general William Rincón Zambrano, la secretaria de gabinete del Ministerio de Defensa; Alexandra González, también oficiales y suboficiales, así como las familias de las víctimas.Posteriormente, en el campo de Paradas de la Escuela se llevó a cabo la ceremonia de ascenso póstumo. Las familias recibieron una medalla y una placa conmemorativa en la que resalta el sacrificio y servicio a la patria de los jóvenes cadetes. En la placa decía: El viceministro Baquero agradeció también la labor diaria de los uniformados de la Policía Nacional y se dirigió a los familiares de los nuevos tenientes: "Siéntanse orgullosos de estos héroes de la patria, no solo sus nombres quedan marcados en nuestros corazones, sino en la historia de un país”.Por su parte, el director de la Policía Nacional hizo un llamado contundente a rechazar la violencia hacia la fuerza pública y aseguró que seguirán trabajando por la seguridad y convivencia de los colombianos.También se pronunció Alexandra González, secretaria del gabinete del Ministerio de Defensa refiriéndose al homenaje y a la Ley 2483 de 2025 “no es una formalidad, es un acto de justicia simbólica y material, y ha sido un logro de ustedes como familiares. Hace unos años nos reunimos aquí, asumimos unos compromisos y hoy honramos la palabra”.Por último, se realizó una ofrenda floral con la cual se conmemoró el Día del Estudiante Policial y a quienes hoy, ascendieron a tenientes de la Policía Nacional.