El secretario de Gobierno del Huila, Juan Carlos Casallas, confirmó que, de acuerdo a la verificación de cámaras de seguridad y testimonios de algunos habitantes, durante el ataque armado por disidentes del bloque Isaías Pardo de las Farc contra la estación de Policía del municipio de Tesalia, dos presuntos integrantes de ese grupo ilegal murieron en los enfrentamientos con los uniformados.Según registros del Ejército y de la Policía, los cuerpos de los dos disidentes abatidos los subieron en camionetas por los mismos insurgentes cuando huyeron hacia la zona montañosa de la cordillera Central, luego de perpetrar la acción terrorista.“También tenemos un reporte que, a través de un registro de cámaras de videovigilancia, que producto del cruce de disparos se logró neutralizar, al parecer, dos sujetos que hacían parte del grupo armado ilegal, cuyos cuerpos fueron trasladados en tres camionetas y dos motocicletas que huyeron hacia la zona del centro poblado de Pacarní”, expuso el secretario de Gobierno del Huila, Juan Carlos Casallas.Entre tanto, expertos antiexplosivos de la Policía, en coordinación con el Ejército, lograron desactivar de manera controlada un cilindro aparentemente cargado con explosivos que fue dejado abandonado por los insurgentes al interior de una entidad bancaria del municipio.Asimismo, las autoridades y la administración municipal adelantan un censo de los daños materiales causados durante la incursión armada, donde varios vehículos, incluyendo una motocicleta, fueron incinerados por los disidentes de las Farc.
El general retirado del Ejército Jorge Enrique Mora Rangel, excomandante de las Fuerzas Militares de Colombia, que también hizo parte del equipo del Gobierno que negoció la paz con la antigua guerrilla de las FARC, falleció este sábado en Bogotá a los 80 años de edad."La Dirección General del Hospital Militar Central lamenta informar a la opinión pública que, en la mañana de hoy, 06 de diciembre de 2025, falleció en las instalaciones de esta institución el señor General (R) Jorge Enrique Mora Rangel", informó en un comunicado el Hospital Militar Central de Bogotá (Homil), a donde el alto militar ingresó hace algunas semanas por quebrantos de salud.El general retirado nació en 1945 en Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander, fronterizo con Venezuela. Se desempeñó como comandante del Ejército y comandante general de las Fuerzas Militares durante el primer gobierno de Álvaro Uribe (2002-2006).El actual comandante del Ejército, general Luis Emilio Cardozo, lamentó "profundamente" el fallecimiento el general Mora Rangel, "hijo de Cúcuta y soldado de la patria durante más de 42 años"."Su liderazgo firme, su vocación de servicio y su legado marcaron una generación de militares. Acompaño a su familia, compañeros y amigos en este difícil momento", agregó el general Cardozo en su cuenta de X.En la década pasada, estando ya retirado, Mora fue integrante del equipo del Gobierno colombiano que negoció la paz con las Farc junto con el exvicepresidente Humberto de la Calle, el empresario Luis Carlos Villegas y el comisionado de Paz Sergio Jaramillo.Fue también uno de los responsables de implementar el llamado Plan Patriota, la primera ofensiva contra la insurgencia del Gobierno de Uribe, financiada por Estados Unidos con fondos del Plan Colombia. En 2003, tras 42 años al servicio del Ejército, pidió su retiro y fue nombrado embajador en Corea y Filipinas.
Minutos de pánico y terror vivieron los habitantes del municipio de Tesalia, luego de que presuntos integrantes del frente Ismael Ruiz de las disidencias de las Farc atacaran con explosivos y ráfagas de fusil la estación de Policía de esa localidad, en el occidente del Huila.De acuerdo con información oficial, al menos diez uniformados de la estación de Policía, entre ellos una mujer, repelieron por cerca de media hora el ataque de los hombres armados. El hecho de orden público dejó varios vehículos incinerados, daños materiales en algunos locales de comercio y grafitis alusivos a ese grupo armado ilegal.El coronel Carlos Eduardo Téllez, comandante de la Policía Huila, entregó detalles del ataque armado que, por fortuna, no dejó víctimas ni personas lesionadas. “Delincuentes del grupo armado Ismael Ruiz de las disidencias de las Farc atacaron con artefactos explosivos improvisados, con cilindros y con armas de fuego a las instalaciones y a los hombres y mujeres de la estación de Policía de Tesalia. Estos valerosos policías repelieron el ataque y evitaron una afectación mayor. No tenemos policías heridos; todos están sanos y salvos”, aseguró.Asimismo, los disidentes, luego de perpetrar el ataque contra la estación de Policía, dejaron abandonado un cilindro, al parecer con explosivos, al interior de una entidad bancaria de la población, donde, según las autoridades, pretendían hurtar el dinero del establecimiento financiero.Entre tanto, el Ejército Nacional y la Fuerza Aérea hacen presencia en esa zona del departamento, garantizando el orden y la seguridad de sus habitantes. Hay operativos con el fin de dar con la ubicación de los disidentes que incursionaron en el municipio de Tesalia.
Las recientes inspecciones de la Fiscalía a Indumil y al Comando de Personal del Ejército han desatado un nuevo capítulo de cuestionamientos políticos y judiciales sobre el general Juan Miguel Huertas. El operativo, ordenado por un fiscal delegado ante la Corte Suprema, busca recopilar documentos, inventarios, registros de armamento y archivos digitales que permitirían esclarecer los presuntos nexos entre altos mandos de la fuerza pública y las disidencias de alias 'Calarcá'. Todo esto, luego de las revelaciones divulgadas por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, que alertaron sobre posibles infiltraciones y acuerdos clandestinos entre estructuras criminales y funcionarios del Estado.En Recap Blu, la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, planteó dos hipótesis sobre la postura del presidente Gustavo Petro para defender al general Huertas, pese a la suspensión de la Procuraduría aunque el mandatario aún no ha firmado el decreto que oficializa la medida.“Uno tendría que pensar, o que el presidente Petro es de una ingenuidad superior, que no es posible creerlo, o que esto también era un acuerdo de campaña", comentó la senadora.En ese sentido, Valencia recordó episodios como el llamado “Pacto de La Picota” y las declaraciones de Juan Fernando Petro sobre apoyos electorales desde las cárceles, para sostener que la presunta cercanía entre sectores criminales y el proyecto político del actual Gobierno no sería nueva. A su juicio, las decisiones recientes en materia de seguridad y justicia apuntarían a consolidar un “salvoconducto para delinquir” en el marco de la llamada paz total.Investigación y denuncias contra HuertasEsta semana, la senadora expuso las denuncias contra el general en el Congreso. Recordó que toda esta trama comenzó cuando la fuerza pública capturó a siete cabecillas, incluido alias 'Calarcá', en un operativo en Antioquia hace más de un año. Cuatro de estos detenidos fueron liberados y los otros tres nombrados “gestores de paz”, lo que, según Valencia, abrió la puerta a un manto de impunidad. La senadora aseguró que los datos contenidos en esos dispositivos apuntan a un entramado de oficiales “pagados por las disidencias”, dedicados a facilitar sus operaciones y a “limpiar” la fuerza pública sacando a quienes obtenían resultados contra estos grupos. Incluso, afirmó que habría referencias a supuestos apoyos políticos y económicos a la campaña de Gustavo Petro provenientes de estructuras criminales."Finalmente, parece que hay una información relacionada a los presuntos apoyos que había recibido la campaña de Gustavo Petro, no solo económico, sino político, por parte de las estructuras narcoterroristas que esta gente representa", afirmó.Sobre por qué Huertas no terminó siendo comandante del Ejército, Valencia señaló que el Gobierno del expresidente Iván Duque lo retiró tras recibir alertas internacionales sobre sus presuntos vínculos con narcoterroristas. Sin embargo, el oficial reapareció en la campaña presidencial de Petro y estuvo cerca de ser nombrado en el máximo cargo de la institución. Según la senadora, solo la advertencia de agencias de inteligencia detuvo la designación. Las investigaciones avanzan y las inspecciones continúan. Pero mientras la Fiscalía recoge más pruebas, el debate público y político se intensifica.
Este importante pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia se da tras la condena en segunda instancia a una empresa por la muerte de un operario, quien recibió un disparo de francotirador mientras realizaba labores de reparación en el oleoducto- Caño Limón Coveñas, región donde operan grupos armados ilegales. Para el alto tribunal, la infraestructura petrolera situada en zonas de conflicto representa un escenario de algo riesgo para los bienes y para las personas que hacen algún tipo de labor allí."Si bien el Ejército Nacional indicó que no hubo alarmas de seguridad en la zona, no pasó por alto que la empleadora tenía conocimiento de las advertencias a la comunidad por el grupo ilegal, lo que ponía en riesgo a sus trabajadores, máxime cuando en agosto de 2014 el mismo oleoducto había sido objeto de ataque terrorista", se lee en el fallo.En ese sentido la Sala Laboral con una óptica de derechos humanos y sobre todo la responsabilidad empresarial, aseguró que las compañías deben adoptar medidas efectivas y seguras más aún cuando tienen información de primera mano que indica que el orden público en la zona donde se llevan a cabo las labores es riesgoso.La omisión según el fallo proferido por la Corte Suprema de Justicia, puede dar lugar a responsabilidad por los daños sufridos a los trabajadores, allí también señalan que, si bien el mantenimiento del orden público es de resorte del Estado y de las fuerzas militares, ello no exime la responsabilidad de cada empresa.Finalmente, la Corte señaló que en estos casos el empleador está obligado a cumplir con estricta rigurosidad los protocolos de seguridad y a atender todas las alertas existentes, descartando cualquier conducta imprudente o exceso de confianza.
Este viernes 5 de diciembre, miles de usuarios alrededor del mundo reportaron fallas en el funcionamiento de WhatsApp, especialmente al intentar enviar fotos, videos, audios y stickers. La situación se hizo evidente en redes sociales, donde el nombre de la aplicación se convirtió rápidamente en tendencia.De acuerdo con la plataforma Downdetector, el pico de reportes se registró en horas de la tarde, cuando los usuarios comenzaron a alertar sobre errores en el envío de mensajes y dificultades tanto en la aplicación móvil como en la versión web. Entre los problemas más mencionados se encontraron la imposibilidad de cargar archivos multimedia, retrasos en la entrega de mensajes y desconexiones repentinas. Las redes sociales, como suele ocurrir en este tipo de interrupciones, se llenaron de reacciones y memes que ironizaban sobre la caída temporal del servicio. Muchos internautas aprovecharon para expresar su frustración, mientras otros tomaron el hecho con humor.Hasta el momento, la compañía no ha emitido un comunicado oficial sobre la causa de la falla ni el tiempo estimado de restablecimiento total del servicio.
El general Óscar Zuluaga, presidente de Satena, afirma que los vuelos a Venezuela por parte de la aerolínea estatal seguirán suspendidos hasta que, por lo menos, haya garantías de que no hay riesgo en la operación.Indicó que a los pasajeros se les ha dado la opción de “devolverles el dinero inmediatamente”, por lo que son los usuarios quienes ahora están revisando sus opciones para saber qué hacer con sus planes de viaje.“Ante la situación y la evidencia formal que se ha presentado de novedades e interferencias tanto en comunicaciones como en navegación, es un punto de no retorno en el aspecto de la seguridad”, indicó Zuluaga. El general agregó que "una vez se superen estas condiciones y tengamos información de los entes internacionales que nos garanticen la continuidad de la operación, pues lo seguiremos haciendo desde que garanticemos que no vamos a tener ningún riesgo".El oficial agregó que, pese a estas cancelaciones, Satena espera cerrar este año con buenas cifras, pues al finalizar el 2025 contará con 200 rutas habilitadas, un crecimiento exponencial que ha permitido hacer presencia en 30 departamentos del país y llegar a zonas donde carecían de conectividad aérea.
Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este viernes, 5 de diciembre de 2025:Daniel Gallo, presidente del Sindicato de los Trabajadores del Transporte Aéreo Colombiano (Sintratac), se pronunció sobre la ola de suspensiones de vuelos en Venezuela.Faustino Asprilla, exfutbolista colombiano, habló de la primera gran cita en la antesala del Mundial 2026: el sorteo oficial de la competencia este 5 de diciembre.Además, en Mañanas Blu 10:30 se analizó la situación que atraviesa Venezuela por la suspensión de vuelos desde y hacia ese país, luego de que se confirmara que la medida continuará vigente.Escuche el programa completo aquí:
Por primera vez, un buque construido en astilleros colombianos fue adaptado para cumplir con las exigentes condiciones de navegación polar y de investigación. Gracias a estas modificaciones, logró atravesar con éxito uno de los tramos marítimos más complejos del planeta: el paso Drake, punto que conecta a América del Sur con la Antártica.Durante 79 días, un equipo periodístico de Caracol Televisión acompañó la décima expedición de la Armada Nacional de Colombia y del Programa Antártico Colombiano, con el propósito de llevar a la audiencia imágenes inéditas de la riqueza en fauna y de las singulares condiciones oceánicas del continente blanco, que hoy representa la reserva de agua dulce más grande del planeta.La Antártica es actualmente el laboratorio natural más extenso del mundo, un escenario al que apuestan miles de científicos alojados en más de cien bases polares para generar conocimiento.Su trabajo es clave para entender cómo las actividades humanas desde otros continentes influyen en esta reserva natural, la cual regula la temperatura de los océanos y conecta dinámicas ambientales, como el tránsito de ballenas jorobadas que viajan desde Colombia hasta el polo sur.Colombia, como nación, busca integrarse al grupo de 54 países que conforman el Tratado Antártico, un acuerdo que mantiene al continente dedicado exclusivamente a la paz y a la investigación científica.En este propósito, el país se prepara para una nueva expedición, en la que el buque ARC Simón Bolívar, de la Armada Nacional, transportará nuevos proyectos de investigación hacia el fin del mundo.El documental podrá disfrutarse el próximo lunes, 8 de diciembre, después de la emisión de Noticias Caracol de las 7:00 de la noche.
La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (Aerocivil) anunció este viernes una medida preventiva y obligatoria que impactará temporalmente las operaciones aéreas en el país, tras una alerta global emitida por el fabricante Airbus. Según informó la autoridad aeronáutica, la compañía notificó esta mañana la necesidad de realizar una actualización urgente de software en una parte significativa de las aeronaves de la familia A320, una de las más utilizadas por aerolíneas nacionales e internacionales.La Aerocivil explicó que, a partir del 29 de noviembre de 2025 a las 19:00, los aviones involucrados deberán permanecer inmovilizados en sus bases de mantenimiento hasta que se ejecuten los trabajos técnicos mandatorios exigidos por el fabricante. La entidad recalcó que esta decisión, tomada bajo estrictos criterios de seguridad operacional, busca garantizar el cumplimiento de los más altos estándares a nivel mundial.“La seguridad de los pasajeros y de la aviación es la prioridad institucional”, señaló la entidad, al tiempo que aseguró que trabaja para minimizar las afectaciones a la programación de vuelos.La Aerocivil también informó que está realizando un monitoreo permanente de los trabajos técnicos y acompañando a las compañías aéreas para que cada aeronave de la flota A320 cuente con la actualización requerida en el menor tiempo posible. Asimismo, reiteró su compromiso con la pronta normalización de las operaciones y la protección de los derechos de los usuarios.Finalmente, la autoridad recomendó a los pasajeros mantenerse en contacto directo con sus aerolíneas para conocer los posibles ajustes en sus itinerarios y recibir información actualizada sobre eventuales cambios en sus vuelos programados.
En medio de las montañas del Catatumbo, donde grupos armados ilegales siembran minas y trampas explosivas para frenar el avance de la Fuerza Pública, un pequeño equipo se encarga de lo que muchos evitarían: caminar hacia el peligro para desactivarlo. El capitán Benítez, comandante del Grupo de Manejo de Artefactos Explosivos de la Segunda División del Ejército, lo resume sin rodeos: “Nosotros ubicamos, localizamos, neutralizamos o desactivamos artefactos explosivos que representen una amenaza para las operaciones o para la población civil”.La rutina de estos hombres inicia cada día con una certeza: cualquier operación puede convertirse en una carrera contra el tiempo. Aun así, el capitán Benítez explica de dónde nace esa fuerza. “Se siente, primero, un orgullo. Es un honor poder prestar un servicio a la población civil, para que no estén presentando ninguna dificultad en su cotidianidad”, dijo el capitán, quien agregó que el miedo existe, pero se enfrenta con preparación y camaradería.Una de sus operaciones más complejas ocurrió recientemente, al inicio del año, en el corazón del Catatumbo. Allí, dice el oficial, lograron desactivar “dos mil cuatrocientos sesenta y cinco artefactos explosivos, entre los cuales estaban minas antipersonales, municiones de fabricación improvisada y artefactos explosivos improvisados”, cifra que ilustra la magnitud del peligro que enfrentan y también el impacto directo de su labor en la seguridad de miles de campesinos.El equipo está compuesto por diez integrantes: suboficiales, soldados profesionales, guías caninos y técnicos especializados. Pero para el capitán, más allá de los rangos, son hermanos de causa. “Más que todo, somos unos compañeros y amigos”. La estructura del grupo es precisa: un supervisor táctico —el sargento viceprimero Martínez—; el técnico principal —el sargento segundo Cadena, quien se pone el traje y se acerca al explosivo—; además de guías, enfermeros y operadores de equipos como robots e inhibidores.La amenaza no surge en abstracto. A diario chocan con estructuras del ELN y del frente 33 de las disidencias de las Farc. Aun así, el capitán envía un mensaje a la ciudadanía: “La población civil cuenta con un grupo entrenado, capacitado y con la pericia para desactivar cualquier artefacto explosivo que esté representando una amenaza en su región”.Entre sus compañeros también hay un integrante de cuatro patas: Jackson, un pastor belga malinois con cinco años de servicio. “Él está entrenado para detectar sustancias explosivas en cualquier área, en cualquier momento”, explica el capitán. Es uno de los primeros en llegar al terreno y, muchas veces, el que permite identificar la amenaza antes de que alguien dé un paso en falso.El procedimiento para neutralizar un artefacto nunca es igual. “No siempre es el mismo, todas las veces es totalmente diferente”, dice el oficial. Robots de reconocimiento, inhibidores que bloquean señales, un cañón para intervenir cargas y un dron para explorar el terreno son algunas de las herramientas que los acompañan. Pero nada reemplaza el valor del técnico que, protegido por un traje blindado con sistema de refrigeración, avanza hacia el dispositivo que alguien más sembró para matar.Cuando se le pregunta qué tan valiente hay que ser para asumir esa tarea, el capitán Benítez responde con serenidad: “Tiene que ser muy valiente, pero aparte tiene que tener clara cuál es su misión, su intención y por qué estamos aquí: la población civil”.Este año, su grupo será protagonista en la Décimo Tercera Noche de Honor, un reconocimiento a quienes enfrentan riesgos extremos y cuya ceremonia tendrá lugar en el Parque del Café, ubicado en Armenia, Quindío. Para el capitán Benítez, ese homenaje tiene un significado profundo: “Es un orgullo pertenecer a las Fuerzas Militares y al glorioso Grupo de Manejo de Artefactos Explosivos. Siempre vamos a estar listos, capacitándonos y desarrollando la pericia necesaria para nuestras operaciones”.Mientras en muchas zonas del país la guerra se siente distante, en el Catatumbo estos hombres avanzan en silencio, paso a paso, abriendo caminos para que otros puedan transitar sin miedo. Su misión es peligrosa, técnica y casi siempre invisible. Pero ahí, en la línea del frente, su trabajo salva vidas todos los días.
El Tribunal Superior de Bogotá declaró improcedente el recurso que presentó el presidente de Ecopetrol contra el CNE, en el que alegó una vulneración a su derecho al debido proceso dentro de la investigación por presuntas irregularidades en los ingresos y gastos de la campaña presidencial del Pacto Histórico.La tutela que presentó Ricardo Roa fue radicada antes de que el organismo electoral adoptara la reciente decisión de sancionar a la campaña Petro Presidente 2022. Su argumento principal era que la entidad cerró el traslado para alegatos sin practicar pruebas previamente ordenadas y consideradas esenciales para evaluar los estados contables de la campaña en primera y segunda vuelta.Sin embargo, el Tribunal, tras estudiar este recurso, aseguró que la tutela no es el mecanismo idóneo para controvertir este tipo de actuaciones administrativas, pues la normativa electoral permite que las decisiones del Consejo Nacional Electoral sean demandadas ante el Consejo de Estado. Además, señaló que las pruebas cuya falta alegó Roa no fueron solicitadas directamente por él, sino por otros investigados, y que el accionante no explicó de qué manera concreta su ausencia afectaba su defensa individual.“No está probado que la decisión del 27 de noviembre del año en curso (sanción del CNE) haya afectado la reputación de Ricardo Roa Barragán y que, por esto, haya perdido su empleo, su mínimo vital se haya visto afectado o le haya impedido obtener un trabajo. Lo anterior para poner de presente que no se acreditó el daño y menos aún cómo afecta otros intereses de rango constitucional que hagan procedente el amparo, al menos de forma transitoria”, aseveró el Tribunal.Todo este embrollo jurídico se da luego de que el Consejo Nacional Electoral sancionara a la campaña Petro Presidente 2022 por haber violado los topes de financiación en cerca de 6.000 millones de pesos y haber recibido financiación prohibida de personas jurídicas como la USO y Fecode. Es la primera vez que el CNE emite una sanción en contra de una campaña presidencial. En esta decisión fueron multados Ricardo Roa, exgerente de la campaña y actual presidente de Ecopetrol; la tesorera; los auditores, y los partidos políticos Colombia Humana y Unión Patriótica. La ponencia y la investigación fueron elaboradas por los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada.La votación de la ponencia en la sala plena fue de 6-3. A favor de la ponencia votaron Altus Baquero, Alfonso Campo, Maritza Martínez, Benjamín Ortiz, Álvaro Prada y el conjuez Majer Abushihab; y en contra, Cristian Quiroz, Fabiola Márquez y el conjuez Jorge I. Acuña.
El personal del Batallón de Infantería N.º 15 General Francisco de Paula Santander, ubicado en Ocaña, Norte de Santander, completó ya dos días sin acceso al servicio de agua potable. La situación, confirmada por fuentes del Ejército, afecta a más de mil hombres que permanecen en esta unidad militar ubicada en una de las regiones más complejas y sensibles en materia de seguridad.El corte del servicio no obedece a fallas técnicas, sino a un problema administrativo. Según la información conocida por Blu Radio, el suministro de agua fue suspendido porque no se ha pagado a la Empresa de Servicios Públicos de Ocaña (ESPO) un monto cercano a los 230 millones de pesos. Además, no se ha realizado la gestión necesaria para restablecer el servicio mientras se resuelve la deuda, lo que ha prolongado la crisis dentro del batallón.La falta de agua ha puesto en alerta a la unidad militar, no solo por el número de uniformados afectados, sino por las condiciones básicas que se han visto comprometidas. Al no contar con agua potable, el personal tampoco tiene acceso al servicio de baños ni duchas, lo que agrava la situación sanitaria y logística para quienes viven y operan dentro del batallón.En un departamento marcado por la presencia de grupos armados ilegales y por operaciones permanentes, la interrupción de un servicio esencial como el agua representa un riesgo adicional. La tropa continúa a la espera de que se adopten medidas urgentes para superar el problema y restablecer un servicio fundamental para la vida y el funcionamiento de la unidad.
Tras el anuncio de Avianca de cerrar su venta de vuelos hasta el 8 de diciembre, miles de viajeros mostraron preocupación si también sus aerolíneas tomarían decisiones parecidas o cancelarían sus vuelos, entre esas, JetSmart, una de las más utilizada por cientos de personas en Colombia. A través de un comunicado, la empresa informó que solo un número reducido de la foto deberá ser actualizado como solicitó Airbus, por ende, hasta el momento, sus vuelos seguirán en normalidad y la operación continuará como se tenía planeada desde un inicio. "JetSMART Airlines informa que, con base en el análisis y evaluación de la información comunicada por Airbus y la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA) hasta la fecha, solo un número reducido de aeronaves se encontraría alcanzado por la condición descrita en la Directiva de Aeronavegabilidad emitida por dicha entidad. Estas aeronaves serán atendidas esta misma noche conforme a las directrices técnicas establecidas", informaron.De igual forma, le pidieron a los viajeros mantenerse alertas a los canales oficiales de la aerolínea en caso de que esta situación escale y se vean obligados a escalar la situación a otro tipo de medidos, que, por ahora, se encuentran descartadas."A la fecha, no existe afectación en la operación de los vuelos de JetSMART Airlines, los cuales continúan desarrollándose según lo programado. En caso de que algún itinerario requiera ajustes, las personas afectadas serán contactadas directamente para recibir de manera oportuna alternativas de viaje", puntualizaron.El anuncio de Avianca llevó a otras aerolíneas a reunirse y verificar la situación, y, hasta ahora, solo ha sido esta la que ha anunciado un cierre de venta por la situación.
Las tiendas de barrio representan para muchos una solución inmediata cuando en el hogar falta algo. La gente suele comprar en estos pequeños comercios por la cercanía, horarios amplios, atención personalizada y la opción de fiado.Algunos de estos establecimientos también venden alcohol y en su interior cuentan con mesas y sillas para la comodidad de los clientes. Una práctica, que es muy común en las tiendas de barrios, está en la mira de las autoridades y de descubrirla causaría el sellamiento del local.Autoridades pueden sellar tiendas por esta práctica comúnEn medio de una megatoma hecha por la Policía Metropolitana de Bogotá, en la localidad de Engativá, sector Las Ferias, uniformados llegaron a un establecimiento y se encontraron con una situación que generó preocupación.Un niño de 9 años de edad estaba sentado al lado de su padre, mientras varios adultos, incluido su padre, consumían cerveza.El hecho fue descubierto en medio de las acostumbradas rondas de las autoridades a los comercios abiertos al público. Funcionarios de la Secretaría de Seguridad que acompañaban los registros identificaron que "el menor estaba sentado junto a su padre, quien compartía bebidas alcohólicas con otros amigos”.Los policías interrumpieron al grupo de hombres y verificaron el estado del niño. Además, solicitaron la presencia de la madre para que se llevara al menor.Luego de ello, los padres tuvieron que hacer un compromiso formal en el que prometieron no volver a exponer a su hijo a este tipo de situaciones.Sin embargo, el dueño del local se llevó la peor parte, pues la permanencia de niños en locales expendedores de licor no está permitido, según la Ley 124 de 1994.Por lo cual, la tienda “fue suspendida temporalmente por permitir el ingreso y permanencia del menor mientras los adultos consumían alcohol”, manifestó la Secretaría de Seguridad.
Tristeza y dolor causó en el sur del Huila la muerte de los jóvenes Camilo Andrés Figueroa Quisaboni y Stiven Orlando Cardozo Quisaboni, quienes fallecieron en un accidente de tránsito que se registró en el casco urbano del municipio de Pitalito.Según versiones oficiales, los dos jóvenes se movilizaban en una motocicleta y, en el sector conocido como La Bombonera, fueron arrollados por un vehículo tipo camioneta marca Toyota, de placa JBT-302 y color blanco. Debido al fuerte impacto, murieron en el lugar de los hechos.De acuerdo con las hipótesis de las autoridades, el conductor de la camioneta, quien resultó ileso del accidente, al parecer se encontraba en estado de embriaguez y habría omitido el semáforo en rojo.“De lo que se ha indagado hasta el momento, al parecer uno de los vehículos involucrados omitió la señal del semáforo en rojo y tanto el conductor de la camioneta como las dos víctimas de la motocicleta manejaban bajo los efectos del alcohol”, relató la directora de Tránsito y Transporte de Pitalito, Jessica Porras.Entre tanto, los agentes de movilidad continúan recolectando evidencias que les permitan esclarecer las causas que originaron el siniestro vial que terminó en tragedia, donde perdieron la vida los primos Camilo Andrés y Stiven Orlando, de 23 y 24 años, respectivamente.No obstante, en otro accidente de tránsito ocurrido en el centro de Neiva, perdió la vida un hombre que laboraba como domiciliario, quien al parecer fue arrollado por un vehículo particular tipo camioneta. Las autoridades recomiendan conducir con responsabilidad en esta temporada de Navidad, cuando aumenta el flujo vehicular.
La Superintendencia de Vigilancia de Seguridad Privada y la Aeronáutica Civil emitieron una circular que establece las reglas para el uso de drones en actividades de vigilancia privada. La medida busca unificar criterios y fijar un marco claro para la operación de estas aeronaves no tripuladas, cuyo uso ha crecido de forma acelerada en el sector.De acuerdo con la circular, las empresas solo podrán operar drones si cuentan con una licencia de funcionamiento vigente y con la autorización de medio tecnológico otorgada por la Supervigilancia. Además, deberán certificarse como explotadores UAS (Sistema de Aeronave no Tripulada) ante la Aerocivil y garantizar que tanto los equipos como los pilotos cumplan con los requisitos técnicos y de formación exigidos por la autoridad aeronáutica. Cada dron deberá ser registrado ante la Supervigilancia antes de entrar en operación.“Los drones sólo podrán emplearse para actividades de vigilancia y seguridad privada orientadas a la captura de imágenes o datos. Queda prohibido su uso para transporte de artículos, traslado de armas, manejo de mercancías peligrosas o cualquier actividad que no esté contemplada en la normativa aeronáutica”, explicó Miguel De la Hoz García, jefe de la Oficina Jurídica de la Supervigilancia.La circular también incluye un régimen de transición para facilitar la implementación, es decir que la norma vigente seguirá aplicándose según lo disponga la Aerocivil. Las empresas que no cuenten con certificación deberán iniciar los trámites, mientras que quienes ya la tengan deberán registrar formalmente sus equipos ante la Supervigilancia para continuar operando dentro del marco legal.Las entidades reiteraron la importancia de que todas las empresas del sector revisen la circular, verifiquen el cumplimiento de los requisitos y realicen los trámites necesarios para garantizar un uso seguro y responsable de esta tecnología.
El excomandante guerrillero Juvenal Ovidio Ricardo Palmera Pineda, conocido como Simón Trinidad, presentó el 5 de diciembre de 2025 una solicitud formal ante la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). En el documento, su abogada Sara María Triana Lesmes pidió su acreditación como víctima dentro del macrocaso 06, que investiga los crímenes cometidos contra los miembros y simpatizantes de la Unión Patriótica (UP), en lo que se ha descrito como un exterminio político.Según la solicitud, Trinidad sostiene que antes de su vinculación a las FARC-EP fue un académico y dirigente cívico en Valledupar. En la década de 1980, explica, trabajaba como economista, fue docente en la Universidad Popular del Cesar y participó en la creación del Movimiento Cívico Popular “Causa Común”, que luego se articuló con la Unión Patriótica tras los acuerdos de tregua entre el Gobierno de Belisario Betancur y las Farc.El documento relata que, entre 1985 y 1987, se intensificaron las amenazas, asesinatos y actos de persecución contra los militantes de izquierda y los líderes sociales del Cesar, en un contexto de creciente estigmatización política. Trinidad afirma haber recibido mensajes de amenaza contra él y su familia, lo que lo obligó a exiliarse en México. Señala como presuntos responsables al Batallón La Popa, autoridades locales y al extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), a quienes atribuye acciones y omisiones que propiciaron la violencia contra los integrantes de la UP.La defensa argumenta que estos hechos constituyeron una violación a sus derechos a la vida, la libertad de expresión, la participación política y la asociación, lo que derivó en un exilio forzado y, posteriormente, en su decisión de ingresar a las FARC-EP como una forma de resistencia ante la persecución estatal. En el documento, Trinidad plantea que el exterminio de la Unión Patriótica no solo aniquiló un proyecto político, sino que también forzó a muchos de sus miembros a abandonar el país o integrarse a la insurgencia.El reconocimiento que solicita ante la JEP no implica beneficios judiciales ni económicos, sino un acto de verdad, memoria y reparación simbólica, en el marco del macrocaso 06, abierto en 2022 para esclarecer la responsabilidad del Estado, de actores armados y de particulares en los crímenes cometidos contra la UP. Este caso es considerado uno de los más importantes de la justicia transicional, pues documenta más de 6.000 asesinatos, desapariciones y desplazamientos de militantes, familiares y simpatizantes del movimiento.Actualmente, Simón Trinidad cumple una condena de 60 años de prisión en Estados Unidos, en la penitenciaría federal de máxima seguridad ADX Florence, en el estado de Colorado. Fue capturado en Ecuador en 2004, extraditado a territorio estadounidense en 2005 y posteriormente condenado por el secuestro de tres contratistas norteamericanos. Desde entonces, diversos sectores sociales y de derechos humanos han solicitado que pueda participar, aunque sea de manera virtual, en los procesos de verdad y reconocimiento de la JEP, argumentando que su testimonio sería fundamental para reconstruir la historia de la violencia política en Colombia y las causas del conflicto armado.
“Nosotros creamos eso”, fueron las palabras con las que se refirió desde Barranquilla el expresidente Álvaro Uribe Vélez acerca de la reducción de la jornada laboral que se dio en el país, remarcando que esta surgió mucho antes que la reforma laboral adelantada por el presente gobierno de Gustavo Petro.Uribe se refirió exactamente a la Ley 2101 del 2021, aprobada durante el gobierno de Iván Duque cuando la impulsó siendo senador del Centro Democrático, y en la que se pasó de 46 a 44 horas. Por lo tanto, para él es incorrecto que ahora eso sea catalogado como la “Hora Petro”.“¿Cómo le parece la Hora Petro? A la que le tengo miedo es a la de los domingos, cuando se despierta y empieza a insultarme. Esa sí es queridos amigos”, dijo inicialmente.“Mire este problemita, el partido tiene que hacer un esfuerzo muy grande. Ahora se le dio por decir embustes, que la Hora Petro, cuando nosotros creamos eso. Hay que hacer una gran publicidad para recordar que la Hora Petro es cuando se despierta los domingos, y no sé con qué diablos se despierta, que se le da por insultarme”, agregóEl exjefe de Estado, contrario a lo que dice Gustavo Petro, afirmó que Colombia sí tenía recargos dominicales y nocturnos cuando culminó su vigencia. Asimismo, apunta que los cambios aprobados no generan un gran beneficio, sino un “daño a las empresas”."Aquí había recargos el domingo y el día de fiesta del 75%, él lo subió al 100%”, remarcó insistiendo en que hay que apuntarle a bajar los impuestos.Estas palabras del expresidente Álvaro Uribe Vélez fueron dichas en la capital del Atlántico desde la presentación de la lista de la coalición de los partidos Centro Democrático, Nuevo Liberalismo y Mira, hacia la cámara de representantes por el Atlántico.Allí el exmandatario también envió críticas a la reforma de Salud que intenta mantener viva en Gobierno en el Congreso, argumentando que que las medidas de Gustavo Petro quebraron el sistema.Que durante su mandato se iniciaron con 10 millones de ciudadanos en el régimen subsidiado, los cuales terminaron siendo según él más de 21 millones. En el contributivo también habló de un crecimiento de ocho millones de personas.
El gobierno de Colombia realizó un llamado urgente a Estados Unidos para que cese cualquier operación militar extraterritorial que afecte a países de la región, entre ellos Colombia y Venezuela. La canciller Rosa Yolanda Villavicencio Mapy rechazó de manera contundente cualquier insinuación de emplear la fuerza militar dentro del territorio colombiano o de otros Estados soberanos, en respuesta a la reciente escalada de acciones y declaraciones provenientes de Washington.Este llamado se da luego de que el pasado martes 2 de diciembre, el presidente Donald Trump anunciara que su ofensiva antidrogas podría ampliarse a operaciones terrestres en países como Venezuela y Colombia.El mandatario aseguró que naciones que produzcan o envíen drogas hacia EE. UU. estarán expuestas a ataques y mencionó directamente a Colombia al afirmar que posee “fábricas enteras de cocaína”.La canciller recordó que ningún Estado puede realizar operaciones armadas en el territorio de otro sin su consentimiento expreso, señalando que tales actos violan directamente la Carta de las Naciones Unidas y los principios que sostienen la paz internacional.La funcionaria advirtió que la normalización de intervenciones extraterritoriales, como los bombardeos realizados recientemente en el Caribe, ha dejado decenas de víctimas y constituye un precedente peligroso en una región que históricamente se ha reconocido como zona de paz.A pesar de que Washington ha defendido sus acciones argumentando que buscan “eliminar amenazas” ligadas al narcotráfico, las cifras divulgadas por el Departamento de Guerra han sido calificadas por Venezuela como “ejecuciones extrajudiciales”.La canciller Villavicencio reiteró que Colombia ha enfrentado el narcotráfico con rigor, sacrificio y cooperación internacional, por lo que ninguna acción unilateral puede justificarse bajo este pretexto.“Nada de ello puede ser utilizado para justificar amenazas, injerencias o acciones que contravienen el derecho internacional”, sostuvo.El gobierno colombiano insistió en que la estabilidad regional depende del respeto pleno a la soberanía, la resolución pacífica de controversias y el cumplimiento estricto de las normas internacionales, principios que, advierte, no pueden ser vulnerados por ningún Estado.
El acuerdo establece que estas zonas se ubicarán en los municipios de Belén de Bajirá y Unguía (Chocó), y Tierralta (Córdoba). Su puesta en marcha será gradual y progresiva a partir del 1 de marzo de 2026, bajo la supervisión de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz (MAPP/OEA), que acompañará las tareas de verificación y apoyo técnico, logístico y financiero.Las partes acordaron además respetar el proceso electoral en curso y ampliar a 15 municipios el plan piloto de consolidación de acciones para la paz, la transformación territorial y el desescalamiento de las violencias.Antes del 3 de febrero de 2026 deberán definirse los protocolos de funcionamiento de las zonas, que incluirán los mecanismos de seguridad, tránsito, verificación, control de material de guerra y gestión de controversias. De igual manera, el acuerdo contempla la suspensión temporal de las órdenes de captura y extradición contra los miembros del grupo armado que ingresen a las zonas de ubicación conforme a los términos establecidos.El documento fue firmado como parte de los avances del proceso que se desarrolla en el marco de la política de “Paz Total” del gobierno colombiano, cuyo objetivo es abrir espacios de diálogo con los diferentes actores armados y avanzar hacia la transformación de los territorios más afectados por la violencia.Los grupos de trabajo municipales que han venido operando en las zonas priorizadas desde noviembre de 2025 serán los encargados de preparar las condiciones administrativas y logísticas para la instalación de las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT). Además, podrán presentar propuestas de nuevas zonas de ubicación, bajo criterios de gradualidad y progresividad acordados entre las partes.Este nuevo paso en las conversaciones entre el Gobierno y el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), conocido como Clan del Golfo, representa un avance en el propósito de desescalar el conflicto armado, generar condiciones de confianza y abrir el camino hacia una eventual dejación de armas y la reintegración de los combatientes.
En una de las incautaciones más grandes del año, tropas del Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales, en coordinación con la Policía Nacional, decomisaron 5.680 kilogramos de clorhidrato de cocaína en zona rural de Nariño. El hallazgo se produjo en dos laboratorios ubicados en áreas selváticas, conformados por 10 subestructuras que operaban como centros de producción de alto rendimiento.La primera operación se adelantó en la vereda Tres Bocas, en El Charco, donde fue ubicado un complejo cocalero con seis subestructuras capaces de producir hasta tres toneladas mensuales. Según la inteligencia militar, estas instalaciones pertenecían a la Estructura 30 ‘Rafael Aguilera’, facción bajo el mando de alias Iván Mordisco. Allí se hallaron 2.846 kilogramos de clorhidrato de cocaína, además de 8.746 galones de insumos líquidos, 136 galones de droga en suspensión y maquinaria utilizada para el procesamiento del alcaloide.Horas después, en la vereda Cordillera del municipio de Córdoba, las tropas localizaron otro laboratorio compuesto por cuatro estructuras adicionales. En este punto fueron incautados 2.834 kilogramos de cocaína y 385 galones de insumos líquidos, completando el total de más de cinco toneladas y media del estupefaciente.De acuerdo con información de inteligencia, este brazo de las disidencias enviaba la droga hacia Centroamérica y Europa, lo que representa un golpe a sus finanzas ilegales estimado en 28.873 millones de pesos. En términos operativos, la incautación evitó la circulación de aproximadamente 5.680.000 dosis.
El Gobierno, a través de la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, calificó como un sabotaje tecnológico las recientes alteraciones registradas en el espacio aéreo venezolano por parte de Estados Unidos."Se están emitiendo señales engañosas, ciberataques, señales que pretenden engañar a los equipos de posicionamiento, a los GPS. Eso ya creo que sobrepasa cualquier límite. Y creo que aquí debe haber un pronunciamiento, ojalá el día de hoy, de la OACI y de instancias internacionales, porque hacer un saboteo, hoy en día, tecnológico, a una operación aérea en cualquier lugar del mundo es un crimen".Rojas añadió que este tipo de acciones no solo comprometen la operación en Venezuela, sino que podrían afectar en cualquier momento a Colombia u otro país, razón por la cual afirmó que el tema será tratado directamente con el presidente de la República, Gustavo Petro.Por su parte, el director encargado de la Aeronáutica Civil, Luis Alfonso Martínez, rechazó "las manifestaciones de incertidumbre de los cielos de la soberanía venezolana" y afirmó que ha estado en constante diálogo con aerolíneas venezolanas que estarian dispuestas a operar luego de la suspensión de vuelos de Satena y Wingo."Nos ofrecieron, inclusive, unas aseguradoras importantísimas, de mucho reconocimiento, en el cual ellos dicen que si, de pronto, Wingo, Satena y las demás aerolíneas quieren que no se les dé un tema con base a lo de las aseguradoras, ellos hacen el contacto directo con la misma aseguradora para que ellos puedan hacer la tarea".Martínez agregó que la Aerocivil mantiene comunicación directa con las autoridades venezolanas y con las compañías afectadas. Además, dijo que se está verificando la situación de pasajeros para garantizar transbordos inmediatos en caso de requerirse.
En una decisión calificada como histórica, la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP anunció la acreditación del territorio de los Montes de María como víctima del conflicto armado. La providencia responde a la solicitud del colectivo Organizaciones de Población Desplazada Étnicas y Campesinas (OPDs), conformado por más de 25 comunidades campesinas, negras, afrodescendientes e indígenas que habitan esta región del Caribe colombiano.El reconocimiento permitirá al territorio, a través de sus representantes, participar en todas las etapas del proceso, aportar pruebas, intervenir en las audiencias y acceder a medidas restaurativas. La JEP determinó que los daños sufridos por los Montes de María trascienden la dimensión humana, afectando también los ecosistemas, los vínculos espirituales y culturales que sostienen la vida colectiva.Según la magistrada María del Pilar Valencia, relatora del subcaso, existen pruebas suficientes de la victimización derivada de hechos ocurridos con ocasión del conflicto. La violencia provocó desplazamientos, despojo y abandono forzado de tierras, además de la destrucción del bosque seco tropical, uno de los ecosistemas más amenazados del país.El alto tribunal destacó que los Montes de María comparten afectaciones con el Canal del Dique y el río Magdalena, ambos ya reconocidos como víctimas, y que la reparación debe incluir la restauración ambiental y espiritual del territorio. Esta visión, según la JEP, materializa un ejercicio de pluralismo jurídico y descolonización del derecho, al integrar las cosmovisiones indígenas, afrodescendientes y campesinas.La decisión resalta la resistencia y las acciones de cuidado ambiental desarrolladas por las comunidades, consideradas actores fundamentales en la conservación de la naturaleza. En la región se han restituido más de 16.000 hectáreas, se registran 230.565 víctimas y 85 sujetos de reparación colectiva.Durante el acto de notificación realizado en Ovejas (Sucre), los representantes de las comunidades celebraron el fallo como un triunfo colectivo. “Este auto es una victoria para la región y para el país; nos convoca a fortalecer la acción colectiva y a seguir defendiendo nuestro territorio montemariano”, expresó uno de los voceros.