El secretario de Gobierno del Huila, Juan Carlos Casallas, confirmó que, de acuerdo a la verificación de cámaras de seguridad y testimonios de algunos habitantes, durante el ataque armado por disidentes del bloque Isaías Pardo de las Farc contra la estación de Policía del municipio de Tesalia, dos presuntos integrantes de ese grupo ilegal murieron en los enfrentamientos con los uniformados.Según registros del Ejército y de la Policía, los cuerpos de los dos disidentes abatidos los subieron en camionetas por los mismos insurgentes cuando huyeron hacia la zona montañosa de la cordillera Central, luego de perpetrar la acción terrorista.“También tenemos un reporte que, a través de un registro de cámaras de videovigilancia, que producto del cruce de disparos se logró neutralizar, al parecer, dos sujetos que hacían parte del grupo armado ilegal, cuyos cuerpos fueron trasladados en tres camionetas y dos motocicletas que huyeron hacia la zona del centro poblado de Pacarní”, expuso el secretario de Gobierno del Huila, Juan Carlos Casallas.Entre tanto, expertos antiexplosivos de la Policía, en coordinación con el Ejército, lograron desactivar de manera controlada un cilindro aparentemente cargado con explosivos que fue dejado abandonado por los insurgentes al interior de una entidad bancaria del municipio.Asimismo, las autoridades y la administración municipal adelantan un censo de los daños materiales causados durante la incursión armada, donde varios vehículos, incluyendo una motocicleta, fueron incinerados por los disidentes de las Farc.
El general retirado del Ejército Jorge Enrique Mora Rangel, excomandante de las Fuerzas Militares de Colombia, que también hizo parte del equipo del Gobierno que negoció la paz con la antigua guerrilla de las FARC, falleció este sábado en Bogotá a los 80 años de edad."La Dirección General del Hospital Militar Central lamenta informar a la opinión pública que, en la mañana de hoy, 06 de diciembre de 2025, falleció en las instalaciones de esta institución el señor General (R) Jorge Enrique Mora Rangel", informó en un comunicado el Hospital Militar Central de Bogotá (Homil), a donde el alto militar ingresó hace algunas semanas por quebrantos de salud.El general retirado nació en 1945 en Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander, fronterizo con Venezuela. Se desempeñó como comandante del Ejército y comandante general de las Fuerzas Militares durante el primer gobierno de Álvaro Uribe (2002-2006).El actual comandante del Ejército, general Luis Emilio Cardozo, lamentó "profundamente" el fallecimiento el general Mora Rangel, "hijo de Cúcuta y soldado de la patria durante más de 42 años"."Su liderazgo firme, su vocación de servicio y su legado marcaron una generación de militares. Acompaño a su familia, compañeros y amigos en este difícil momento", agregó el general Cardozo en su cuenta de X.En la década pasada, estando ya retirado, Mora fue integrante del equipo del Gobierno colombiano que negoció la paz con las Farc junto con el exvicepresidente Humberto de la Calle, el empresario Luis Carlos Villegas y el comisionado de Paz Sergio Jaramillo.Fue también uno de los responsables de implementar el llamado Plan Patriota, la primera ofensiva contra la insurgencia del Gobierno de Uribe, financiada por Estados Unidos con fondos del Plan Colombia. En 2003, tras 42 años al servicio del Ejército, pidió su retiro y fue nombrado embajador en Corea y Filipinas.
Minutos de pánico y terror vivieron los habitantes del municipio de Tesalia, luego de que presuntos integrantes del frente Ismael Ruiz de las disidencias de las Farc atacaran con explosivos y ráfagas de fusil la estación de Policía de esa localidad, en el occidente del Huila.De acuerdo con información oficial, al menos diez uniformados de la estación de Policía, entre ellos una mujer, repelieron por cerca de media hora el ataque de los hombres armados. El hecho de orden público dejó varios vehículos incinerados, daños materiales en algunos locales de comercio y grafitis alusivos a ese grupo armado ilegal.El coronel Carlos Eduardo Téllez, comandante de la Policía Huila, entregó detalles del ataque armado que, por fortuna, no dejó víctimas ni personas lesionadas. “Delincuentes del grupo armado Ismael Ruiz de las disidencias de las Farc atacaron con artefactos explosivos improvisados, con cilindros y con armas de fuego a las instalaciones y a los hombres y mujeres de la estación de Policía de Tesalia. Estos valerosos policías repelieron el ataque y evitaron una afectación mayor. No tenemos policías heridos; todos están sanos y salvos”, aseguró.Asimismo, los disidentes, luego de perpetrar el ataque contra la estación de Policía, dejaron abandonado un cilindro, al parecer con explosivos, al interior de una entidad bancaria de la población, donde, según las autoridades, pretendían hurtar el dinero del establecimiento financiero.Entre tanto, el Ejército Nacional y la Fuerza Aérea hacen presencia en esa zona del departamento, garantizando el orden y la seguridad de sus habitantes. Hay operativos con el fin de dar con la ubicación de los disidentes que incursionaron en el municipio de Tesalia.
Las recientes inspecciones de la Fiscalía a Indumil y al Comando de Personal del Ejército han desatado un nuevo capítulo de cuestionamientos políticos y judiciales sobre el general Juan Miguel Huertas. El operativo, ordenado por un fiscal delegado ante la Corte Suprema, busca recopilar documentos, inventarios, registros de armamento y archivos digitales que permitirían esclarecer los presuntos nexos entre altos mandos de la fuerza pública y las disidencias de alias 'Calarcá'. Todo esto, luego de las revelaciones divulgadas por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, que alertaron sobre posibles infiltraciones y acuerdos clandestinos entre estructuras criminales y funcionarios del Estado.En Recap Blu, la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, planteó dos hipótesis sobre la postura del presidente Gustavo Petro para defender al general Huertas, pese a la suspensión de la Procuraduría aunque el mandatario aún no ha firmado el decreto que oficializa la medida.“Uno tendría que pensar, o que el presidente Petro es de una ingenuidad superior, que no es posible creerlo, o que esto también era un acuerdo de campaña", comentó la senadora.En ese sentido, Valencia recordó episodios como el llamado “Pacto de La Picota” y las declaraciones de Juan Fernando Petro sobre apoyos electorales desde las cárceles, para sostener que la presunta cercanía entre sectores criminales y el proyecto político del actual Gobierno no sería nueva. A su juicio, las decisiones recientes en materia de seguridad y justicia apuntarían a consolidar un “salvoconducto para delinquir” en el marco de la llamada paz total.Investigación y denuncias contra HuertasEsta semana, la senadora expuso las denuncias contra el general en el Congreso. Recordó que toda esta trama comenzó cuando la fuerza pública capturó a siete cabecillas, incluido alias 'Calarcá', en un operativo en Antioquia hace más de un año. Cuatro de estos detenidos fueron liberados y los otros tres nombrados “gestores de paz”, lo que, según Valencia, abrió la puerta a un manto de impunidad. La senadora aseguró que los datos contenidos en esos dispositivos apuntan a un entramado de oficiales “pagados por las disidencias”, dedicados a facilitar sus operaciones y a “limpiar” la fuerza pública sacando a quienes obtenían resultados contra estos grupos. Incluso, afirmó que habría referencias a supuestos apoyos políticos y económicos a la campaña de Gustavo Petro provenientes de estructuras criminales."Finalmente, parece que hay una información relacionada a los presuntos apoyos que había recibido la campaña de Gustavo Petro, no solo económico, sino político, por parte de las estructuras narcoterroristas que esta gente representa", afirmó.Sobre por qué Huertas no terminó siendo comandante del Ejército, Valencia señaló que el Gobierno del expresidente Iván Duque lo retiró tras recibir alertas internacionales sobre sus presuntos vínculos con narcoterroristas. Sin embargo, el oficial reapareció en la campaña presidencial de Petro y estuvo cerca de ser nombrado en el máximo cargo de la institución. Según la senadora, solo la advertencia de agencias de inteligencia detuvo la designación. Las investigaciones avanzan y las inspecciones continúan. Pero mientras la Fiscalía recoge más pruebas, el debate público y político se intensifica.
Capturan a mujer que tenía en su poder 46 animales en mal estado en el corregimiento de San Antonio de Prado, en Medellín. Uno de los caninos debió ser hospitalizado por su estado de gravedad, mientras que los demás fueron llevados al Centro de Bienestar animal la Perla, de la AlcaldíaMaltrato animal no son solo los golpes, es lo que demuestran varios casos recientes registrados en Antioquia, que han generado una investigación por parte de las autoridades. Uno de los ejemplos se registró en las últimas horas, cuando la Policía Nacional, el grupo Gelma de la Fiscalía General de la Nación y la Alcaldía de Medellín, adelantaron una intervención en el corregimiento de San Antonio de Prado.Al llegar los uniformados encontraron un grave panorama: había olor a amoniaco, el lugar no tenía ventilación, las cucarachas, material fecal y orina rondaban por el piso, además de que las cobijas estaban mojadas y estaban hacinados 30 caninos y 16 felinos en malas condiciones, algunos de ellos con dificultades de movilidad, signos de desnutrición, deterioro en su pelaje y parásitos.Durante la diligencia de allanamiento fue capturada una mujer de 64 años, señalada por el delito de maltrato animal. El brigadier general William Castaño, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá: "Estos animales se encontraban en condiciones físicas y sanitarias bastante preocupantes, varios de ellos postrados, con afectaciones en su tren posterior, pelaje deteriorado, baja condición corporal e inadecuadas condiciones de higiene. La mujer fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación.", señaló el oficial.Los animales que allí residían presentaban comportamientos nerviosos y sumisos propios de un entorno de maltrato animal, además de que hallaron medicamentos vencidos, recipientes en mal estado y guacales deteriorados, por lo que estos fueron trasladados al Centro de Bienestar Animal La Perla, donde recibieron valoración médica, registro, desparasitación, vacunación y toda la atención, mientras que uno de los caninos debió ser hospitalizado por su estado de gravedad.La secretaria de Medio Ambiente de la ciudad, Marcela Ruiz, destacó que la acumulación irregular es un fenómeno relevante dentro de la construcción de la Política Pública de Protección y Bienestar Animal: "La protección y el bienestar de nuestros animales es una prioridad. La acumulación es también una de las problemáticas que estamos enfrentando. Estamos construyendo la política de protección y bienestar animal con la que también buscamos visibilizar estas problemáticas que se presentan y la mejor manera para que podamos concurrir todas las entidades", indicó la funcionaria.Medellín suma cerca de 3.900 rescates y más de 500 atenciones por denuncias de maltrato animal en 2025.
El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) informó que en noviembre de 2025 la inflación anual en Colombia alcanzó 5.30 %, una desaceleración respecto al cálculo anual de octubre de este año que se ubicó en 5.51 %. Hablando de la variación del año corrido, se presentó un leve aumento frente al 5,20 % registrado en el mismo mes de 2024. Este comportamiento refleja que, aunque la inflación continúa moderándose frente a los picos de años anteriores, aún persisten presiones importantes en varios sectores del gasto de los hogares. El dato de inflación junto con el índice de productividad que se ubicó en 0.91 % marcan el piso para determinar el aumento del salario mínimo de 2026.Las mayores contribuciones al incremento anual provienen de los sectores de restaurantes y hoteles, con una variación de 7.65 %; educación, con 7.36 %; salud, con 6.88 %; y bebidas alcohólicas y tabaco, con 6.46 %. También se destaca la división de alimentos y bebidas no alcohólicas, que creció 5.74 %, impulsada por productos como la carne de res y el café, este último con un aumento extraordinario del 54.15 % en el último año.En términos de subcategorías, los mayores aportes al crecimiento anual fueron el arriendo imputado (5.01 %), las comidas en establecimientos de servicio a la mesa (7.76 %), el arriendo efectivo (5.24 %), el transporte urbano (9.30 %) y, los servicios de alimentación fuera del hogar (7.49 %). Estos rubros muestran que el costo de la vivienda y el de las actividades cotidianas siguen siendo los principales motores de la inflación. Por otro lado, algunos productos agrícolas registraron comportamientos a la baja, lo que ayudó a contener el crecimiento del IPC: las papas (-28.00 %), el arroz (-6.15 %), los equipos de telefonía móvil (-23.77 %), el azúcar (-4.84 %) y los huevos (-1.89 %) fueron los de mayor caída en su variación anual.Respecto al comportamiento mensual, el IPC de noviembre presentó una variación de 0.07 % frente a octubre, evidenciando estabilidad en los precios. Según el Dane, este resultado estuvo determinado principalmente por el aumento de precios en alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, división que aportó 0,09 % y que continúa siendo clave por su peso dentro del gasto de los hogares. También aportaron sectores como restaurantes y hoteles, transporte y salud, esta última con la variación mensual más alta del mes (0.71 %) debido a incrementos en productos farmacéuticos, servicios de atención médica y procedimientos de diagnóstico.Entre las subclases con mayores incrementos mensuales se encuentran el suministro de agua (1.26 %), las comidas preparadas y consumidas fuera del hogar, el arriendo imputado, el arriendo efectivo, la carne de res y los combustibles para vehículos. Estos rubros siguen mostrando que los servicios públicos, los alimentos consumidos fuera del hogar y los costos de vivienda continúan ajustándose al alza. En contraste, la mayor caída del mes volvió a registrarse en los alimentos frescos: la zanahoria (-21.04 %), el tomate (-16.93 %), la cebolla (-9.83 %) y otras hortalizas presentaron fuertes reducciones de precio que compensan parcialmente las presiones de otras divisiones.En lo corrido del año (enero–noviembre), la inflación acumulada alcanzó 4.82 %, ligeramente por encima del 4.72 % registrado en el mismo periodo de 2024. Estos resultados muestran un panorama mixto: aunque la inflación mensual se mantiene controlada, las presiones acumuladas en vivienda, alimentos fuera del hogar, transporte y educación siguen impulsando la inflación anual por encima del 5%. Con el cierre del año próximo, el comportamiento de estos sectores será determinante para el costo de vida de los hogares colombianos y para las decisiones económicas del comienzo de 2026 como el aumento del salario mínimo.
Este viernes en la Registraduría Especial de Barranquilla, el partido Cambio Radical realizó la inscripción de candidatos al senado de la república. El acto estuvo precedido por el líder de esta casa política Fuad Char, quién llegó acompañado de su hijo Arturo.El exsenador respondió a la decisión de la Corte Suprema de Justicia de llamarlo a juicio por los presuntos delitos de concierto para delinquir y corrupción agravada de su fragante. Afirmó que se siente tranquilo pues “jamás ha comprado votos” y que lleva ocho años en el proceso, con la tranquilidad de que podrá demostrar su inocencia.“Yo jamás he comprado un voto, gracias a Dios nunca he necesitado de ese tipo de de comportamiento, la verdad casi siempre hago mi campaña, siempre la hice aquí en el departamento del Atlántico porque nunca necesité ir fuera de El Atlántico, que es donde la gente me quiere y la gente me conoce”, enfatizó.Aunque a lo largo del proceso judicial que se le sigue en su contra se le ha señalado de haber realizado un acuerdo con la excongresista Aida Merlano para comprar votos en el Atlántico en la carrera para llegar al congreso de la República, Arturo Char negó que tuviera algún vínculo con la hoy condenada por el escándalo conocido como Casa Blanca: “Es una señora con la que nunca tuve relación de ningún tipo. La conocía porque era congresista, pero nunca tuve relación con ella”, puntualizó.Si bien se hablaba de una alta posibilidad de que Arturo Char decidiera lanzarse de nuevo al Senado, este viernes la expectativa culminó luego de que confirmara que no inscribió su candidatura.
La Selección Colombia ya afina detalles para su participación en el Mundial de 2026, donde compartirá el Grupo K con la poderosa Portugal de Cristiano Ronaldo, la debutante Uzbekistán y un tercer rival que aún está por definirse. Aunque el sorteo ya entregó la mayor parte del panorama, el último cupo depende de la repesca internacional que se jugará en los próximos meses y que involucra a tres selecciones: Nueva Caledonia, Jamaica y República Democrática del Congo.¿Cuándo se conocerá el rival de Colombia?La repesca, que se jugará en territorio mexicano, definirá finalmente al cuarto integrante del Grupo K. Por eso, la tricolor de Néstor Lorenzo deberá esperar hasta el otro año para conocer su viral, exactamente, en el mes de marzo.Vale recordar que el formato contempla dos fases: primero, Jamaica enfrentará a Nueva Caledonia. El ganador de esa llave se medirá luego a la República Democrática del Congo en marzo, instancia de la cual saldrá el clasificado al Mundial.Mientras tanto, la tricolor de Néstor Lorenzo mantiene la tranquilidad. Respaldada por una Eliminatoria brillante en la que terminó tercera con 28 puntos y por una Copa América 2024 en la que alcanzó el subcampeonato, Colombia llega como una de las selecciones con mejor presente futbolístico. Con Luis Díaz como figura y James Rodríguez como cerebro del equipo, la ilusión mundialista está más viva que nunca.El partido ante Portugal genera especial expectativa. Será un duelo inédito, marcado por el reencuentro entre dos ídolos: James Rodríguez, hoy con 34 años, y Cristiano Ronaldo, quien a los 40 afrontará probablemente su última Copa del Mundo. El equipo luso, sexto del ránking Fifa y con ocho participaciones mundialistas, llega como uno de los grandes candidatos del torneo bajo la dirección del español Roberto Martínez.Colombia podría disputar sus partidos del Grupo K en Houston, Atlanta y Miami (Estados Unidos), además de Ciudad de México y Guadalajara (México). Y aunque aún falta por conocer al tercer rival, las cuentas están claras: en marzo quedará definido el camino completo para la tricolor en el 2026.
En Colombia existen varios subsidios que benefician a los ciudadanos como Renta Ciudadana, Renta joven, Colombia Mayor y Devolución del IVA. No obstante, hay otras ayudas monetarias que se brindan por medio de entidades privadas como el subsidio familiar.Esta subvención está regulada por la Ley 21 de 1982 y se creó con el fin de aliviar las cargas en el hogar para aquellos que son cabeza de familia o tienen pocos ingresos mensuales. Para muchos, el dinero llega en el momento adecuado, pues sirve como dinero extra para la temporada navideña.¿Quiénes pueden reclamar el subsidio familiar en Colombia?De acuerdo con el Ministerio del Trabajo, el subsidio familiar en Colombia es “una prestación social pagadera en dinero, especie y servicios, a través de las cajas de compensación familiar, las cuales obran como operadoras y administradoras de estos recursos”.Al subsidio acceden:Los hijos legítimos, naturales, adoptivos o hijastros no mayores de 18 años.Hermanos huérfanos de padres que convivan y dependan económicamente del trabajador afiliado no mayores de 18 años.Los padres mayores de 60 años, siempre y cuando ninguno de los dos reciba renta, pensión, ni salario.El o la cónyuge o compañero permanente del trabajador que no cuente con vinculación laboral o ingreso alguno y realice actividades de cuidado de una persona con discapacidad debidamente certificada por la EPS, deberán acreditar los requisitos mencionados según la Ley 2225 artículo 8.Además, hay que tener en cuenta que si los hijos o beneficiarios se encuentran entre los 12 y los 18 años con 11 meses de edad, se debe actualizar el certificado escolar para disfrutar de este beneficio. Pero antes, hay que registrar a los beneficiaros en el grupo familiar del titular.Asimismo, el beneficio se otorga de manera mensual y el monto depende del número de integrantes en la familia y si son menores de edad.Los valores por hijo o beneficiario estipulados para 2025 son:$65.100 por cada hijo(a) o persona beneficiaria.$130.200 por cada hijo(a) o persona beneficiaria en condición de discapacidad.$74.865 por cada hijo(a) o persona beneficiaria de trabajadores en empresas del sector agropecuario.$149. 730 por cada hijo(a) o persona beneficiaria de trabajadores en empresas del sector agropecuario, con personas beneficiarias en condición de discapacidad.Requisitos para acceder al subsidio familiarLos interesados en acceder al subsidio deben cumplir con los siguientes requisitos:Estar afiliado a una caja de compensación y acreditar la condición de las personas a cargo (de no estar afiliado, el titular debe afiliarse e inscribir a los beneficiarios).Recibir una remuneración mensual fija o variable que no sobrepase cuatro veces el salario mínimo mensual legal vigente. Haber laborado un mínimo de 96 horas durante el respectivo mes.¿Dónde y cuándo cobrar el subsidio familiar?El subsidio llega de manera mensual y está disponible el último día de cada mes. Para cobrarlo, los beneficiarios deben acudir a las plataformas habilitadas por la caja de compensación o en los siguientes puntos:Tiendas Ara autorizadasPaga Todo autorizados
El documento de precio y disponibilidad conocido por Blu Radio, identificado como CO-D-025, responde a una Carta de Solicitud de la Fuerza Aérea Colombiana con fecha de noviembre de 2022. La propuesta abarca la posible adquisición de veinte (20) aeronaves F-16C de un solo asiento y cuatro (4) F-16D de doble asiento, todos de la nueva producción Block 70.Los términos de venta estipulan un compromiso dependiente y pago en antes de la entrega. Es crucial señalar que el documento tenía como fin la planificación y revisión y no representaba una oferta formal.El corazón de la propuesta, la Línea de Ítem 001, cubre el costo "Flyaway" de las 24 aeronaves, incluyendo sus motores y aviónica, por un total de $2.595 millones de dólares. Cada aeronave estaría equipada con el motor F110-GE-129D y el radar AN/APG-83 Advanced Electronically Scanned Array (AESA) SABR. También se incluiría el sistema de Guerra Electrónica (EW) Viper Shield AN/ALQ-254 y la integración de la capacidad para el sistema de advertencia de misiles Passive Airborne Warning System 2 (PAWS-2).Sin embargo, el hardware PAWS-2 debía ser adquirido directamente por Colombia como Equipo Suministrado por el Comprador (BFE) bajo una Venta Comercial Directa (DCS).Soporte integral y capacidades de armamentoEl paquete presentado por Estados Unidos incluía un soporte logístico integral de tres años, conforme a la política de Enfoque de Paquete Total (TPA). La Línea de Ítem 003, con un costo de $235.522 dólares, incluía soporte técnico, membresías en programas de gestión internacional de motores (IEMP, CIP) y, crucialmente, dispositivos de entrenamiento:Un Full Mission Trainer (FMT).Un Weapons Tactics Trainer (WTT).Un Mission Observation Center (MOC).El paquete también incluía repuestos, como tres (3) motores de repuesto y tres (3) LRUs de repuesto para componentes críticos, incluyendo el radar AESA, la computadora de misión y el sistema EW.En cuanto al armamento, el avión incluía también la capacidad para una amplia gama de armas, aunque no se incluye el hardware táctico de armas en la línea de la aeronave.Entre las capacidades que estaban sobre la mesa se encontraba el misil AIM-120C-5/C-7/C-8 AMRAAM, las bombas guiadas GBU-31/38 JDAM, y las bombas GBU-54/56 LJDAM. A solicitud de Colombia, la aeronave integraría la capacidad para el misil Python V, lo que implicó la exclusión del misil AIM-9X Block II del Programa de Vuelo Operacional (OFP). El hardware del Python V también debería ser adquirido por el comprador como BFE.Proyección de entregasEl cronograma de entregas proyectado en el documento estaba sujeto a cambios si otro comprador presentaba interés primero por los aviones. Sin embargo, se esperaba que las 24 aeronaves fueran entregadas por EE.UU. entre 2028 y 2030; pero, para avanzar con la potencial compra, el Gobierno de Colombia debía formalmente solicitar una Carta de Oferta y Aceptación.2028: 3 aeronaves (Cuarto Trimestre).2029: 17 aeronaves (5, 4, 4, 4 por trimestre).2030: 4 aeronaves (Primer Trimestre).
La embajada de China en Colombia se pronunció tras las revelaciones de Noticias Caracol en las que aparece un ciudadano chino en fotos con jefes de las disidencias de las Farc.Detrás de esta relación, según los hallazgos, existirían negocios vinculados a la compra de armas, el tráfico ilegal de oro y la inversión en empresas fachada controladas por estas estructuras.La embajada China reveló que el ciudadano de ese país se contactó con el equipo consular chino en Colombia, alegando su inocencia.“Dicho ciudadano chino viajó a Colombia y a algunos otros países latinoamericanos en 2024, en representación de una empresa minera china legítima en búsqueda de oportunidad de invertir en negocios de minas de oro y de aceite de palma. Debido a las Barreras lingüistas pidió ayuda a ‘algunos amigos colombianos’, quienes lo llevaron a visitar una ‘zona minera’, le presentaron a unos ‘líderes locales’ y le hicieron tomar fotos con ellos. Discutió negocios de minas de oro con ellos y pensaba que tal vez llevanan armas para protegerse”, señaló la embajada.El gobierno chino también aclaró que no interviene en asuntos internos en otros países y que defienden la paz, la seguridad y la estabilidad en las diferentes regiones. Sobre el ciudadano en mención aseguran que volvió a China y que su empresa decidió no invertir en Colombia, por lo que no ha vuelto al país.“El ciudadano chino declaró que, sin saberlo, fue víctima de un increíble engaño al ingresar a las instalaciones de un grupo de guerrilla ilegal y que los informes falsos y ataques mediáticos le han causado grave daño a su reputación”, agregó la embajada.Para la embajada China esta situación daña la reputación de un “honesto ciudadano chino” y la imagen de Colombia como destino de inversiones.“La Embajada de China en Colombia recuerda una vez más a los ciudadanos chinos y las empresas chinas en Colombia a reforzar las medidas de seguridad, concienciarse de que son los primeros responsables de su seguridad en Colombia, tener la máxima cautela para no caer en engaños de todo tipo, abstenerse a ir a lugares peligrosos e invertir en negocios irregulares, a fin de garantizar la seguridad personal y patrimonial”, dice el comunicado.Es importante recordar que en las fotos el ciudadano chino posa junto a alias ‘Richard Catatumbo’, un jefes de peso dentro del grupo, quien ejerce influencia en la frontera entre el Catatumbo y Venezuela.Además, en los chats recuperados ‘Calarcá’ y ‘Richard’ cabecillas mencionan reiteradamente al visitante extranjero y comparten una tarjeta de presentación donde se identifica como Jixing Zhang. En ella figuran tres cargos: subgerente de Henan Dongshan, gerente del departamento de comercio e inversiones internacionales del Grupo Dongshan y gerente de Lianyungang Wance Comercio Internacional, una firma ubicada en la provincia china de Henan.Las conversaciones entre alias ‘Calarcá’ y ‘Richard Catatumbo’ dejan ver pistas contundentes. En los mensajes hablan de armas como morteros y explosivos, e incluso uno de ellos comparte una fotografía del arsenal. También, discuten sobre un taller de armas y un laboratorio de cocaína que habrían sido destruidos en el estado Zulia, en Venezuela, durante una operación militar.Pese al golpe, ‘Richard Catatumbo’ le aseguró a ‘Calarcá’ que ya contaban con un taller de reemplazo. Para su montaje, envió la imagen de un torno industrial de última tecnología fabricado en China. Durante ese periodo, el empresario extranjero permaneció en las zonas bajo control de las disidencias, ofreciendo millonarias inversiones en proyectos agrícolas. También habría visitado el sur de Bolívar, Antioquia y Caquetá.
En una operación conjunta realizada por tropas del Ejército y unidades de la Policía en zona rural de La Plata, Huila, las autoridades lograron el rescate de nueve personas que permanecían secuestradas desde el pasado 17 de octubre. El operativo, desarrollado tras semanas de seguimiento, permitió ubicar el punto donde los retenidos estaban custodiados por integrantes de las disidencias de las Farc bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’.Según fuentes oficiales, las víctimas fueron encontradas en condiciones de cautiverio extremo: permanecían amarradas con cadenas en el cuello y vigiladas permanentemente por hombres armados del grupo criminal. Los secuestradores exigían una suma de $5.000 millones por permitir su liberación. De acuerdo con la información recopilada por las autoridades, se trataba de un grupo de empresarios del departamento de Antioquia, por quienes incluso ya se había pagado parte de una millonaria exigencia.Durante el operativo fueron capturados dos miembros de las disidencias, uno de ellos señalado de participar en un atentado contra una estación de Policía en una zona cercana. Asimismo, fue recuperado un menor de edad que permanecía en manos del mismo grupo armado y que estaba siendo utilizado para labores de apoyo dentro del campamento.Las autoridades indicaron que la ubicación del sitio de cautiverio fue posible gracias a labores de inteligencia y al despliegue de unidades especializadas que lograron cerrar el cerco sobre los responsables. Tras el rescate, las víctimas fueron trasladadas a un lugar seguro, donde recibieron atención médica y acompañamiento psicológico.
El director de la Policía, general William Rincón, se pronunció en Noticias Caracol frente a los cuestionamientos de la fiscal general, Luz Adriana Camargo, quien lamentó que la Dijín no hubiera actuado con urgencia ni solicitado apoyo oportuno en la revisión de los elementos incautados a la caravana de camionetas en la que se movilizaba alias ‘Calarca’, jefe de las disidencias, junto a otros hombres armados y con dinero en efectivo, donde, además, se alojaba información que daría evidencia de una supuesta infiltración de las disidencias en las Fuerzas Militares.El general Rincón aseguró que, según la información que recibió, todos los equipos decomisados, computadores, celulares y memorias, fueron puestos en custodia siguiendo los protocolos establecidos.El general Rincón explicó que las evidencias estuvieron bajo reserva, con la trazabilidad correspondiente y el debido cuidado, como exigen los procedimientos internos. De acuerdo con lo que le informó la unidad investigativa, entre octubre de 2024 y junio de 2025 fueron entregados seis informes al despacho de la fiscal especializada que había emitido la orden de policía judicial. Cada uno de estos documentos, dijo, fue remitido de manera exclusiva a la funcionaria a cargo del caso.Le puede interesar: Detalles de suspensión de Procuraduría a Huertas y Mejía por escándalo de alias ‘Calarcá’Ante la pregunta sobre si la responsabilidad señalada por la Fiscalía hacia la Dijín era injusta, el director de la Policía evitó confrontaciones directas y sostuvo que no atribuía culpas a ninguna de las dos instituciones. “No se puede culpar hasta no tener certeza”, afirmó, insistiendo en que lo fundamental es revisar con detalle las pruebas y establecer qué ocurrió con la información después de su entrega al ente investigador.El general Rincón también respondió a la inquietud sobre la aparente contradicción entre lo dicho por la Fiscalía y la existencia de seis informes técnicos entregados meses atrás. Sin referirse de manera directa a la jefa del ente acusador, reiteró que no entrará “jamás en controversia” con la institución, a la que calificó como “el mejor aliado” de la Policía. Subrayó que los uniformados son auxiliares de las investigaciones y que mantener una relación articulada con la Fiscalía es esencial tanto para el funcionamiento institucional como para el país.“Hay unos informes, esos informes se entregaron en forma exclusiva y están en manos de una fiscal; queremos observar qué pasó después de eso”, concluyó. Mientras avanza la revisión detallada de los documentos y la actuación de cada entidad, el caso sigue generando tensiones institucionales alrededor de la información hallada en los dispositivos que acompañaban al jefe disidente en la carretera de Antioquia.
La revista británica The Economist publicó un análisis detallado sobre la rápida expansión del uso de drones por parte de grupos armados en Colombia, en un fenómeno que describe como la más reciente transformación de la guerra criminal en América Latina. El medio señala que esta tecnología —hasta hace poco limitada a tareas de vigilancia o contrabando— ha entrado de lleno en la ofensiva armada y ha cambiado la manera en que las organizaciones ilegales ejercen presión territorial y militar.Según The Economist, la presencia de esta tecnología marca un punto de inflexión: “Drone warfare has come to Colombia”. El artículo explica que, en cuestión de meses, las fuerzas de seguridad han sido blanco de múltiples ataques con drones por parte de al menos media docena de bandas narcotraficantes y grupos insurgentes que continúan activos tras más de seis décadas de conflicto interno.Primera fase: contrabando y vigilanciaEl uso de drones no es completamente nuevo dentro del conflicto colombiano. Conforme al análisis del diario británico, "Las facciones armadas en Colombia llevan casi una década utilizando drones. El Clan del Golfo, por ejemplo, habría empezado a emplearlos para operaciones de contrabando en 2016. Dos años después, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) habría adoptado estos equipos principalmente para vigilancia.No obstante, The Economist advierte que el punto de quiebre llegó en 2023, cuando las organizaciones criminales empezaron a utilizar drones con capacidad ofensiva. En ese año se registró la primera víctima mortal en Colombia causada por un artefacto explosivo lanzado desde un dron, un niño de diez años que se encontraba en un campo de fútbol.La expansión de los ataquesEl reporte del medio incluye cifras de ACLED, una organización internacional dedicada al análisis de conflictos. De acuerdo con esos datos, “Más de 80 ataques con drones en Colombia por parte de grupos no estatales” se han registrado solo en 2025, una cifra muy superior a los ataques documentados durante 2024. El crecimiento es tan acelerado que, según la publicación, los bombardeos tradicionales realizados por las fuerzas militares ahora son superados ampliamente por los ataques con drones perpetrados por bandas y milicias ilegales.Drones como herramienta ofensivaEntre los casos documentados por The Economist, se menciona un ataque ocurrido en julio, cuando una facción disidente de las FARC impactó un bote patrullero de la Armada con un dron FPV, un dispositivo manejado en primera persona que se dirige directamente contra el objetivo. Según la publicación, fue “one of the first uses of an FPV drone in Colombia”.El artículo también detalla ofensivas del ELN en regiones como Catatumbo y Cauca, donde se han registrado ataques con explosivos lanzados desde el aire. En uno de ellos, un video citado por el medio muestra a soldados dispersándose al detectar la caída de un proyectil.La influencia de la guerra en UcraniaUno de los elementos más relevantes destacados por The Economist es la relación entre este fenómeno y la guerra en Ucrania. El diario señala que “La aparición de videos de ese conflicto marcó un hito”, al mostrar a grupos latinoamericanos lo que podía lograrse con drones modificados.Además, el análisis indica que miles de combatientes colombianos se han desplazado a Ucrania como mercenarios, algunos de ellos integrándose a la legión extranjera para recibir entrenamiento especializado en manejo de drones. Según el medio, varios regresan al país con conocimientos avanzados que luego son aprovechados por organizaciones criminales.Respuesta del EstadoAnte este panorama, el Gobierno colombiano ha comenzado a implementar medidas para contrarrestar la amenaza. The Economist reporta que el país invirtió 25 millones de dólares en equipos inhibidores de señal y que una empresa estatal desarrolló el primer dron ofensivo de fabricación nacional, llamado Dragom. Asimismo, la Fuerza Aérea creó su propia unidad de drones.Sin embargo, el diario advierte que estas estrategias tienen limitaciones. En un territorio tan fragmentado como el colombiano, el uso de inhibidores podría afectar las comunicaciones de civiles, lo que dificulta una implementación amplia y efectiva.El riesgo regionalPor último, The Economist destaca que este fenómeno ya no es exclusivo de Colombia. El medio afirma que “Los drones armados se están extendiendo más allá de Colombia”, con incidentes recientes reportados en Ecuador y Brasil.
Las tiendas de barrio representan para muchos una solución inmediata cuando en el hogar falta algo. La gente suele comprar en estos pequeños comercios por la cercanía, horarios amplios, atención personalizada y la opción de fiado.Algunos de estos establecimientos también venden alcohol y en su interior cuentan con mesas y sillas para la comodidad de los clientes. Una práctica, que es muy común en las tiendas de barrios, está en la mira de las autoridades y de descubrirla causaría el sellamiento del local.Autoridades pueden sellar tiendas por esta práctica comúnEn medio de una megatoma hecha por la Policía Metropolitana de Bogotá, en la localidad de Engativá, sector Las Ferias, uniformados llegaron a un establecimiento y se encontraron con una situación que generó preocupación.Un niño de 9 años de edad estaba sentado al lado de su padre, mientras varios adultos, incluido su padre, consumían cerveza.El hecho fue descubierto en medio de las acostumbradas rondas de las autoridades a los comercios abiertos al público. Funcionarios de la Secretaría de Seguridad que acompañaban los registros identificaron que "el menor estaba sentado junto a su padre, quien compartía bebidas alcohólicas con otros amigos”.Los policías interrumpieron al grupo de hombres y verificaron el estado del niño. Además, solicitaron la presencia de la madre para que se llevara al menor.Luego de ello, los padres tuvieron que hacer un compromiso formal en el que prometieron no volver a exponer a su hijo a este tipo de situaciones.Sin embargo, el dueño del local se llevó la peor parte, pues la permanencia de niños en locales expendedores de licor no está permitido, según la Ley 124 de 1994.Por lo cual, la tienda “fue suspendida temporalmente por permitir el ingreso y permanencia del menor mientras los adultos consumían alcohol”, manifestó la Secretaría de Seguridad.
Tristeza y dolor causó en el sur del Huila la muerte de los jóvenes Camilo Andrés Figueroa Quisaboni y Stiven Orlando Cardozo Quisaboni, quienes fallecieron en un accidente de tránsito que se registró en el casco urbano del municipio de Pitalito.Según versiones oficiales, los dos jóvenes se movilizaban en una motocicleta y, en el sector conocido como La Bombonera, fueron arrollados por un vehículo tipo camioneta marca Toyota, de placa JBT-302 y color blanco. Debido al fuerte impacto, murieron en el lugar de los hechos.De acuerdo con las hipótesis de las autoridades, el conductor de la camioneta, quien resultó ileso del accidente, al parecer se encontraba en estado de embriaguez y habría omitido el semáforo en rojo.“De lo que se ha indagado hasta el momento, al parecer uno de los vehículos involucrados omitió la señal del semáforo en rojo y tanto el conductor de la camioneta como las dos víctimas de la motocicleta manejaban bajo los efectos del alcohol”, relató la directora de Tránsito y Transporte de Pitalito, Jessica Porras.Entre tanto, los agentes de movilidad continúan recolectando evidencias que les permitan esclarecer las causas que originaron el siniestro vial que terminó en tragedia, donde perdieron la vida los primos Camilo Andrés y Stiven Orlando, de 23 y 24 años, respectivamente.No obstante, en otro accidente de tránsito ocurrido en el centro de Neiva, perdió la vida un hombre que laboraba como domiciliario, quien al parecer fue arrollado por un vehículo particular tipo camioneta. Las autoridades recomiendan conducir con responsabilidad en esta temporada de Navidad, cuando aumenta el flujo vehicular.
La Superintendencia de Vigilancia de Seguridad Privada y la Aeronáutica Civil emitieron una circular que establece las reglas para el uso de drones en actividades de vigilancia privada. La medida busca unificar criterios y fijar un marco claro para la operación de estas aeronaves no tripuladas, cuyo uso ha crecido de forma acelerada en el sector.De acuerdo con la circular, las empresas solo podrán operar drones si cuentan con una licencia de funcionamiento vigente y con la autorización de medio tecnológico otorgada por la Supervigilancia. Además, deberán certificarse como explotadores UAS (Sistema de Aeronave no Tripulada) ante la Aerocivil y garantizar que tanto los equipos como los pilotos cumplan con los requisitos técnicos y de formación exigidos por la autoridad aeronáutica. Cada dron deberá ser registrado ante la Supervigilancia antes de entrar en operación.“Los drones sólo podrán emplearse para actividades de vigilancia y seguridad privada orientadas a la captura de imágenes o datos. Queda prohibido su uso para transporte de artículos, traslado de armas, manejo de mercancías peligrosas o cualquier actividad que no esté contemplada en la normativa aeronáutica”, explicó Miguel De la Hoz García, jefe de la Oficina Jurídica de la Supervigilancia.La circular también incluye un régimen de transición para facilitar la implementación, es decir que la norma vigente seguirá aplicándose según lo disponga la Aerocivil. Las empresas que no cuenten con certificación deberán iniciar los trámites, mientras que quienes ya la tengan deberán registrar formalmente sus equipos ante la Supervigilancia para continuar operando dentro del marco legal.Las entidades reiteraron la importancia de que todas las empresas del sector revisen la circular, verifiquen el cumplimiento de los requisitos y realicen los trámites necesarios para garantizar un uso seguro y responsable de esta tecnología.
El excomandante guerrillero Juvenal Ovidio Ricardo Palmera Pineda, conocido como Simón Trinidad, presentó el 5 de diciembre de 2025 una solicitud formal ante la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). En el documento, su abogada Sara María Triana Lesmes pidió su acreditación como víctima dentro del macrocaso 06, que investiga los crímenes cometidos contra los miembros y simpatizantes de la Unión Patriótica (UP), en lo que se ha descrito como un exterminio político.Según la solicitud, Trinidad sostiene que antes de su vinculación a las FARC-EP fue un académico y dirigente cívico en Valledupar. En la década de 1980, explica, trabajaba como economista, fue docente en la Universidad Popular del Cesar y participó en la creación del Movimiento Cívico Popular “Causa Común”, que luego se articuló con la Unión Patriótica tras los acuerdos de tregua entre el Gobierno de Belisario Betancur y las Farc.El documento relata que, entre 1985 y 1987, se intensificaron las amenazas, asesinatos y actos de persecución contra los militantes de izquierda y los líderes sociales del Cesar, en un contexto de creciente estigmatización política. Trinidad afirma haber recibido mensajes de amenaza contra él y su familia, lo que lo obligó a exiliarse en México. Señala como presuntos responsables al Batallón La Popa, autoridades locales y al extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), a quienes atribuye acciones y omisiones que propiciaron la violencia contra los integrantes de la UP.La defensa argumenta que estos hechos constituyeron una violación a sus derechos a la vida, la libertad de expresión, la participación política y la asociación, lo que derivó en un exilio forzado y, posteriormente, en su decisión de ingresar a las FARC-EP como una forma de resistencia ante la persecución estatal. En el documento, Trinidad plantea que el exterminio de la Unión Patriótica no solo aniquiló un proyecto político, sino que también forzó a muchos de sus miembros a abandonar el país o integrarse a la insurgencia.El reconocimiento que solicita ante la JEP no implica beneficios judiciales ni económicos, sino un acto de verdad, memoria y reparación simbólica, en el marco del macrocaso 06, abierto en 2022 para esclarecer la responsabilidad del Estado, de actores armados y de particulares en los crímenes cometidos contra la UP. Este caso es considerado uno de los más importantes de la justicia transicional, pues documenta más de 6.000 asesinatos, desapariciones y desplazamientos de militantes, familiares y simpatizantes del movimiento.Actualmente, Simón Trinidad cumple una condena de 60 años de prisión en Estados Unidos, en la penitenciaría federal de máxima seguridad ADX Florence, en el estado de Colorado. Fue capturado en Ecuador en 2004, extraditado a territorio estadounidense en 2005 y posteriormente condenado por el secuestro de tres contratistas norteamericanos. Desde entonces, diversos sectores sociales y de derechos humanos han solicitado que pueda participar, aunque sea de manera virtual, en los procesos de verdad y reconocimiento de la JEP, argumentando que su testimonio sería fundamental para reconstruir la historia de la violencia política en Colombia y las causas del conflicto armado.
“Nosotros creamos eso”, fueron las palabras con las que se refirió desde Barranquilla el expresidente Álvaro Uribe Vélez acerca de la reducción de la jornada laboral que se dio en el país, remarcando que esta surgió mucho antes que la reforma laboral adelantada por el presente gobierno de Gustavo Petro.Uribe se refirió exactamente a la Ley 2101 del 2021, aprobada durante el gobierno de Iván Duque cuando la impulsó siendo senador del Centro Democrático, y en la que se pasó de 46 a 44 horas. Por lo tanto, para él es incorrecto que ahora eso sea catalogado como la “Hora Petro”.“¿Cómo le parece la Hora Petro? A la que le tengo miedo es a la de los domingos, cuando se despierta y empieza a insultarme. Esa sí es queridos amigos”, dijo inicialmente.“Mire este problemita, el partido tiene que hacer un esfuerzo muy grande. Ahora se le dio por decir embustes, que la Hora Petro, cuando nosotros creamos eso. Hay que hacer una gran publicidad para recordar que la Hora Petro es cuando se despierta los domingos, y no sé con qué diablos se despierta, que se le da por insultarme”, agregóEl exjefe de Estado, contrario a lo que dice Gustavo Petro, afirmó que Colombia sí tenía recargos dominicales y nocturnos cuando culminó su vigencia. Asimismo, apunta que los cambios aprobados no generan un gran beneficio, sino un “daño a las empresas”."Aquí había recargos el domingo y el día de fiesta del 75%, él lo subió al 100%”, remarcó insistiendo en que hay que apuntarle a bajar los impuestos.Estas palabras del expresidente Álvaro Uribe Vélez fueron dichas en la capital del Atlántico desde la presentación de la lista de la coalición de los partidos Centro Democrático, Nuevo Liberalismo y Mira, hacia la cámara de representantes por el Atlántico.Allí el exmandatario también envió críticas a la reforma de Salud que intenta mantener viva en Gobierno en el Congreso, argumentando que que las medidas de Gustavo Petro quebraron el sistema.Que durante su mandato se iniciaron con 10 millones de ciudadanos en el régimen subsidiado, los cuales terminaron siendo según él más de 21 millones. En el contributivo también habló de un crecimiento de ocho millones de personas.
El gobierno de Colombia realizó un llamado urgente a Estados Unidos para que cese cualquier operación militar extraterritorial que afecte a países de la región, entre ellos Colombia y Venezuela. La canciller Rosa Yolanda Villavicencio Mapy rechazó de manera contundente cualquier insinuación de emplear la fuerza militar dentro del territorio colombiano o de otros Estados soberanos, en respuesta a la reciente escalada de acciones y declaraciones provenientes de Washington.Este llamado se da luego de que el pasado martes 2 de diciembre, el presidente Donald Trump anunciara que su ofensiva antidrogas podría ampliarse a operaciones terrestres en países como Venezuela y Colombia.El mandatario aseguró que naciones que produzcan o envíen drogas hacia EE. UU. estarán expuestas a ataques y mencionó directamente a Colombia al afirmar que posee “fábricas enteras de cocaína”.La canciller recordó que ningún Estado puede realizar operaciones armadas en el territorio de otro sin su consentimiento expreso, señalando que tales actos violan directamente la Carta de las Naciones Unidas y los principios que sostienen la paz internacional.La funcionaria advirtió que la normalización de intervenciones extraterritoriales, como los bombardeos realizados recientemente en el Caribe, ha dejado decenas de víctimas y constituye un precedente peligroso en una región que históricamente se ha reconocido como zona de paz.A pesar de que Washington ha defendido sus acciones argumentando que buscan “eliminar amenazas” ligadas al narcotráfico, las cifras divulgadas por el Departamento de Guerra han sido calificadas por Venezuela como “ejecuciones extrajudiciales”.La canciller Villavicencio reiteró que Colombia ha enfrentado el narcotráfico con rigor, sacrificio y cooperación internacional, por lo que ninguna acción unilateral puede justificarse bajo este pretexto.“Nada de ello puede ser utilizado para justificar amenazas, injerencias o acciones que contravienen el derecho internacional”, sostuvo.El gobierno colombiano insistió en que la estabilidad regional depende del respeto pleno a la soberanía, la resolución pacífica de controversias y el cumplimiento estricto de las normas internacionales, principios que, advierte, no pueden ser vulnerados por ningún Estado.
El acuerdo establece que estas zonas se ubicarán en los municipios de Belén de Bajirá y Unguía (Chocó), y Tierralta (Córdoba). Su puesta en marcha será gradual y progresiva a partir del 1 de marzo de 2026, bajo la supervisión de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz (MAPP/OEA), que acompañará las tareas de verificación y apoyo técnico, logístico y financiero.Las partes acordaron además respetar el proceso electoral en curso y ampliar a 15 municipios el plan piloto de consolidación de acciones para la paz, la transformación territorial y el desescalamiento de las violencias.Antes del 3 de febrero de 2026 deberán definirse los protocolos de funcionamiento de las zonas, que incluirán los mecanismos de seguridad, tránsito, verificación, control de material de guerra y gestión de controversias. De igual manera, el acuerdo contempla la suspensión temporal de las órdenes de captura y extradición contra los miembros del grupo armado que ingresen a las zonas de ubicación conforme a los términos establecidos.El documento fue firmado como parte de los avances del proceso que se desarrolla en el marco de la política de “Paz Total” del gobierno colombiano, cuyo objetivo es abrir espacios de diálogo con los diferentes actores armados y avanzar hacia la transformación de los territorios más afectados por la violencia.Los grupos de trabajo municipales que han venido operando en las zonas priorizadas desde noviembre de 2025 serán los encargados de preparar las condiciones administrativas y logísticas para la instalación de las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT). Además, podrán presentar propuestas de nuevas zonas de ubicación, bajo criterios de gradualidad y progresividad acordados entre las partes.Este nuevo paso en las conversaciones entre el Gobierno y el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), conocido como Clan del Golfo, representa un avance en el propósito de desescalar el conflicto armado, generar condiciones de confianza y abrir el camino hacia una eventual dejación de armas y la reintegración de los combatientes.
En una de las incautaciones más grandes del año, tropas del Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales, en coordinación con la Policía Nacional, decomisaron 5.680 kilogramos de clorhidrato de cocaína en zona rural de Nariño. El hallazgo se produjo en dos laboratorios ubicados en áreas selváticas, conformados por 10 subestructuras que operaban como centros de producción de alto rendimiento.La primera operación se adelantó en la vereda Tres Bocas, en El Charco, donde fue ubicado un complejo cocalero con seis subestructuras capaces de producir hasta tres toneladas mensuales. Según la inteligencia militar, estas instalaciones pertenecían a la Estructura 30 ‘Rafael Aguilera’, facción bajo el mando de alias Iván Mordisco. Allí se hallaron 2.846 kilogramos de clorhidrato de cocaína, además de 8.746 galones de insumos líquidos, 136 galones de droga en suspensión y maquinaria utilizada para el procesamiento del alcaloide.Horas después, en la vereda Cordillera del municipio de Córdoba, las tropas localizaron otro laboratorio compuesto por cuatro estructuras adicionales. En este punto fueron incautados 2.834 kilogramos de cocaína y 385 galones de insumos líquidos, completando el total de más de cinco toneladas y media del estupefaciente.De acuerdo con información de inteligencia, este brazo de las disidencias enviaba la droga hacia Centroamérica y Europa, lo que representa un golpe a sus finanzas ilegales estimado en 28.873 millones de pesos. En términos operativos, la incautación evitó la circulación de aproximadamente 5.680.000 dosis.
El Gobierno, a través de la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, calificó como un sabotaje tecnológico las recientes alteraciones registradas en el espacio aéreo venezolano por parte de Estados Unidos."Se están emitiendo señales engañosas, ciberataques, señales que pretenden engañar a los equipos de posicionamiento, a los GPS. Eso ya creo que sobrepasa cualquier límite. Y creo que aquí debe haber un pronunciamiento, ojalá el día de hoy, de la OACI y de instancias internacionales, porque hacer un saboteo, hoy en día, tecnológico, a una operación aérea en cualquier lugar del mundo es un crimen".Rojas añadió que este tipo de acciones no solo comprometen la operación en Venezuela, sino que podrían afectar en cualquier momento a Colombia u otro país, razón por la cual afirmó que el tema será tratado directamente con el presidente de la República, Gustavo Petro.Por su parte, el director encargado de la Aeronáutica Civil, Luis Alfonso Martínez, rechazó "las manifestaciones de incertidumbre de los cielos de la soberanía venezolana" y afirmó que ha estado en constante diálogo con aerolíneas venezolanas que estarian dispuestas a operar luego de la suspensión de vuelos de Satena y Wingo."Nos ofrecieron, inclusive, unas aseguradoras importantísimas, de mucho reconocimiento, en el cual ellos dicen que si, de pronto, Wingo, Satena y las demás aerolíneas quieren que no se les dé un tema con base a lo de las aseguradoras, ellos hacen el contacto directo con la misma aseguradora para que ellos puedan hacer la tarea".Martínez agregó que la Aerocivil mantiene comunicación directa con las autoridades venezolanas y con las compañías afectadas. Además, dijo que se está verificando la situación de pasajeros para garantizar transbordos inmediatos en caso de requerirse.
En una decisión calificada como histórica, la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP anunció la acreditación del territorio de los Montes de María como víctima del conflicto armado. La providencia responde a la solicitud del colectivo Organizaciones de Población Desplazada Étnicas y Campesinas (OPDs), conformado por más de 25 comunidades campesinas, negras, afrodescendientes e indígenas que habitan esta región del Caribe colombiano.El reconocimiento permitirá al territorio, a través de sus representantes, participar en todas las etapas del proceso, aportar pruebas, intervenir en las audiencias y acceder a medidas restaurativas. La JEP determinó que los daños sufridos por los Montes de María trascienden la dimensión humana, afectando también los ecosistemas, los vínculos espirituales y culturales que sostienen la vida colectiva.Según la magistrada María del Pilar Valencia, relatora del subcaso, existen pruebas suficientes de la victimización derivada de hechos ocurridos con ocasión del conflicto. La violencia provocó desplazamientos, despojo y abandono forzado de tierras, además de la destrucción del bosque seco tropical, uno de los ecosistemas más amenazados del país.El alto tribunal destacó que los Montes de María comparten afectaciones con el Canal del Dique y el río Magdalena, ambos ya reconocidos como víctimas, y que la reparación debe incluir la restauración ambiental y espiritual del territorio. Esta visión, según la JEP, materializa un ejercicio de pluralismo jurídico y descolonización del derecho, al integrar las cosmovisiones indígenas, afrodescendientes y campesinas.La decisión resalta la resistencia y las acciones de cuidado ambiental desarrolladas por las comunidades, consideradas actores fundamentales en la conservación de la naturaleza. En la región se han restituido más de 16.000 hectáreas, se registran 230.565 víctimas y 85 sujetos de reparación colectiva.Durante el acto de notificación realizado en Ovejas (Sucre), los representantes de las comunidades celebraron el fallo como un triunfo colectivo. “Este auto es una victoria para la región y para el país; nos convoca a fortalecer la acción colectiva y a seguir defendiendo nuestro territorio montemariano”, expresó uno de los voceros.