El administrador de la DEA, Terrance Cole, y la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, sostuvieron un encuentro estratégico en Bogotá para robustecer la cooperación binacional en la lucha contra el crimen organizado. La visita de alto nivel, que contó con el respaldo del embajador encargado de Estados Unidos, John McNamara, y el director de la Policía Nacional, general William Rincón, busca blindar la seguridad pública y optimizar la persecución judicial de las mafias trasnacionales.El encuentro centró sus esfuerzos en una hoja de ruta que trasciende el control de estupefacientes. Según confirmó la Fiscalía General, el propósito central fue "fortalecer la cooperación bilateral en materia de seguridad y justicia", abordando delitos críticos como el tráfico ilegal de armas y la falsificación de moneda, factores que han dinamizado la violencia en diversas regiones de Colombia."Se abordaron temas de interés para enfrentar de manera conjunta la criminalidad trasnacional", informó el ente acusador.Por su parte, la Embajada de Estados Unidos en Colombia agregó en su cuenta de X: "El administrador de la DEA, Terrence Cole, visitó Bogotá, donde se reunió con la fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo, el Encargado de Negocios de la Embajada, John McNamara y el director general de la Policía Nacional, general William Rincón, para discutir el fortalecimiento de la cooperación bilateral para combatir el narcotráfico y crear comunidades más seguras tanto en los EE. UU. como en Colombia".
Durante la inauguración de un radar en el aeropuerto Internacional Alfredo Vásquez Cobo, en Leticia, el presidente Gustavo Petro respondió a su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa, tras el anuncio de imponer un arancel del 30 % a productos colombianos, argumentando que Colombia no estaba cooperando en la lucha contra el crimen organizado en la frontera.“Les vendimos energía cuando la necesitaban, pero ahora, como no la necesitan, entonces están viendo quiénes se hacen más amigos del que más grita, pero a mí no me gusta gritar”, dijo el mandatario.El mandatario insistió en que la violencia en Ecuador es el doble que la de Colombia y sugirió que la culpa por la situación en la frontera con ese país es de las autoridades de ambas partes. También defendió el trabajo de Colombia en la lucha contra organizaciones criminales, diciendo que si estos grupos estaban pasando hacia otros países es porque no querían estar en territorio nacional.El presidente Gustavo Petro ordenó a las Fuerzas Militares frenar la entrada de insumos para fabricar fentanilo en Colombia. “Necesitamos control absoluto en la frontera con Ecuador para impedir que entren insumos del fentanilo que vienen en contenedores de buques mercantes. Colombia tiene que ser completamente libre, por todos sus puntos cardinales, de cualquier ingreso de esa droga”.Cabe mencionar que Colombia y Ecuador están en medio de una crisis diplomática tras el anuncio del presidente de ese país sobre aranceles. El gobierno colombiano respondió con la misma medida y suspendiendo la venta de energía; sin embargo, insistió en buscar una salida a esto a través del diálogo, planteando un encuentro el próximo 25 de enero en Ipiales, de los ministerios de defensa, energía y comercio de ambos países.
En la mañana de este jueves, 22 de enero, en el Consejo Nacional Electoral (CNE) se presentó al país la plataforma ‘Actores Electorales 2026’: una apuesta por tecnificar el proceso de acreditación, capacitación y seguimiento de los testigos electorales y auditores que ponen los partidos y movimientos políticos para cuidar sus votos en los puestos de votación. La meta es lograr la acreditación y capacitación de seis millones de testigos.“La importancia del testigo electoral es que una vez se realiza el escrutinio por parte de los jurados, los testigos podrán hacer las reclamaciones, que deben hacerse ahí en la mesa y ante los jurados de votación. Si no se hacen ahí por parte de los partidos y movimientos políticos, es muy difícil que después llegue una reclamación. Por eso es tan importante que ellos estén capacitados”, aseguró el magistrado Cristian Quiroz, presidente del CNE.Con esta aplicación, los partidos podrán acreditar a sus testigos, verificar si estas personas cumplen su papel, hacer un seguimiento en todo el país de en qué puestos de votación tendrán presencia e incluso hacer verificación en tiempo real de los formularios E-14 de conteo de los votos para hacer las reclamaciones en el momento adecuado.A cada uno de estos actores electorales se le entregará una credencial digital la cual se verificará por la fuerza pública mediante un código QR que generará la plataforma y mediante la cual se verificará que esa persona sí fue postulada.Además, una vez se verifiquen los datos en la fase de postulación, se expedirá el acto administrativo que detallará el puesto de votación y la mesa asignada. Esta resolución de acreditación estará debidamente firmada digitalmente por el presidente de la corporación. De igual manera, habrá un proceso permanente de capacitación para que las agrupaciones políticas postulen a sus testigos electorales y que estos cuenten con las herramientas necesarias para el ejercicio de sus funciones.“Garantizamos la tranquilidad y la reserva de datos que es tan importante para las personas que se van a postular como testigos. La plataforma es tan robusta que puede repeler cualquier ataque. Ya se hicieron pruebas de estrés, pruebas de carga masiva de testigos. Y el componente de seguridad y de tranquilidad para los datos personales está totalmente garantizado”, concluyó Quiroz.Cabe recordar que estos actores de las elecciones se volvieron claves para que el Pacto Histórico recuperara cuatro curules en las elecciones de Senado de 2022, pero también fueron tan importantes que desataron polémica por los millonarios recursos que destinaron para ellos y con el que terminaron saltándose los topes en la campaña Petro Presidente 2022, sancionada por el CNE.
Nhora Mondragón fue designada como nueva directora del DAPRE en reemplazo de Angie Rodríguez, quien renunció a su cargo para asumir la gerencia del Fondo de Adaptación. Su llegada habría sido producto de gestiones de ministro del Interior, Armando Benedetti.Mondragón es directora de seguridad, convivencia ciudadana y Gobierno del Ministerio del Interior. Fue exsecretaria de Gobierno de Cali y exdirectora del Departamento Administrativo de contratación pública en la capital del Valle. De profesión es administradora de empresas de la Universidad Autónoma de Colombia y especialista en Administración en Salud y Gestión Pública de la Universidad Javeriana.Ahora, llegará a la Casa de Nariño para manejar la agenda del presidente, coordinar los consejos de ministros y ser el enlace entre el gabinete y el mandatario. Esta designación se da luego de que Angie Rodríguez, quien asumió ese cargo desde febrero de 2025, renunciará para asumir en propiedad la gerencia del Fondo de Adaptación. Esto en medio de tensiones con el director de la UNGRD Carlos Carrillo, por presuntas irregularidades en el Fondo relacionadas con contratos para soluciones en La Mojana.De hecho, el presidente Petro le había pedido la renuncia hace un mes; sin embargo, en ese momento la decisión no se materializó.
Este miércoles en Voz Populi hablamos de los diferentes temas políticos, nacionales e internacionales más importantes, acompañados del humor característico de cada uno de nuestros personajes en el programa.
La directora de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), Gloria Esperanza Narváez Tafur, aclaró que el régimen transitorio aprobado para el servicio de aseo en Bogotá no implica cambios en las tarifas que pagan los usuarios ni en la metodología tarifaria vigente.“El marco tarifario no se modifica con la expedición del régimen transitorio. Actualmente sigue vigente para Bogotá la Resolución 720 de 2015”, explicó Narváez, al referirse a la Resolución CRA 1027 de 2026, aprobada en cumplimiento de una orden de la Corte Constitucional.La Resolución CRA 1027 de 2026 fue expedida en cumplimiento del Auto 2059 de 2025 de la Corte Constitucional, que alertó sobre un “riesgo grave e inminente” para los derechos de la población recicladora de oficio ante el vencimiento de los contratos de aseo vigentes en Bogotá, previsto para el 11 de febrero de 2026. Según el alto tribunal, un paso automático a un esquema de libre competencia, sin salvaguardas obligatorias, podría afectar el acceso al material reciclable, la remuneración de la actividad de aprovechamiento y la continuidad de las acciones afirmativas que se han consolidado durante más de una década.Según la directora, la norma permite ampliar por más de ocho años las Áreas de Servicio Exclusivo (ASE), pero sin trasladar sobrecostos a los usuarios. “La ampliación del término no modifica el marco tarifario, pero sí busca proteger los derechos de los usuarios y asegurar que las tarifas reflejen costos reales y eficientes, como lo ordena la Ley 142 de 1994”, señaló.Narváez indicó que, durante el periodo de transición, la CRA exhorta a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) a ejercer un control más estricto sobre las tarifas, que revise los costos de referencia, evite cobros duplicados y adopte las acciones necesarias para que los usuarios se beneficien de las eficiencias del esquema.La directora también se refirió a la remuneración de los recicladores de oficio y aclaró que esta ya está contemplada en la regulación vigente. “La actividad de aprovechamiento hace parte del servicio de aseo y su remuneración está reconocida vía tarifa. La resolución 1027 no modifica ningún componente tarifario”, afirmó.El régimen transitorio fue adoptado tras la advertencia de la Corte Constitucional sobre los riesgos que implicaba el paso inmediato a un esquema de libre competencia en Bogotá. Según Narváez, la Corte concluyó que ese tránsito generaba un riesgo cierto, grave e inminente para los derechos fundamentales de la población recicladora de oficio, al señalar que una transición abrupta habría afectado la estabilidad del servicio.El régimen transitorio busca evitar una regresión en los derechos alcanzados y garantizar estabilidad mientras se define el nuevo esquema regulatorio y contractual del servicio de aseo en la capital. Entre otras medidas, habilita de manera excepcional al Distrito para ampliar las Áreas de Servicio Exclusivo por más de ocho años, exhorta a la UAESP a revisar tarifas y prohíbe cobros duplicados por inversiones ya pagadas por los usuarios. La norma tendrá carácter temporal y estará vigente hasta que se expida el nuevo marco tarifario y Bogotá implemente un esquema definitivo que garantice la protección de los recicladores y tarifas justas para los usuarios.En cuanto a la vigilancia, la directora recordó que la CRA define la fórmula tarifaria, pero no fija los valores finales. “La comisión establece la fórmula, la tarifa la fija el ente territorial y la supervisión corresponde a la Superintendencia de Servicios Públicos”, indicó.La Resolución CRA 1027 de 2026 fue aprobada por la comisión en pleno y remitida a la Corte Constitucional para su conocimiento. El Ministerio de Vivienda, Agua y Saneamiento también avaló la resolución y, ésta entrará en vigencia una vez sea publicada oficialmente.Por su parte, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) anunció que analizará la decisión y adelantará las actuaciones administrativas y contractuales necesarias para dar cumplimiento a las órdenes judiciales, en beneficio de los recicladores y de los usuarios del servicio público de aseo en la capital.
Durante la inauguración del tercer centro del país para la reintegración de personas que recuperaron su libertad, en Cali, el ministro de Justicia y del Derecho (e), Andrés Idárraga Franco, se refirió al caso Pegasus y señaló que el Gobierno Nacional está a la espera de un informe detallado por parte de la Policía sobre el avance de las investigaciones.El funcionario aseguró que detrás de las interceptaciones ilegales a altos funcionarios del Gobierno existiría una conspiración política desde algunos sectores, con el objetivo de desprestigiar a la administración nacional, incluso en un contexto electoral.“Yo creo que de fondo hay una conspiración que se ha iniciado por parte de algunos sectores al interior de entidades del sector defensa, que es precisamente el centro de esta discusión. Aquí el problema no es Andrés Idárraga ni el ministro de Justicia, aquí el problema es cómo al parecer algunos sectores han querido conspirar contra el propio Gobierno en época electoral, tal vez para buscar mecanismos de desprestigio”, afirmó.Idárraga también reveló que, en su caso, el micrófono de su teléfono celular fue activado de manera remota, lo que permitió la obtención de información confidencial.“Fueron 134 ocasiones, con más de 8.700 intervenciones ilegales comprobadas, en las que se extrajeron más de 2,3 gigas de información sensible del Gobierno Nacional, incluyendo datos de denunciantes de corrupción y conversaciones de alto nivel”, explicó.De igual manera, el ministro negó cualquier injerencia en la solicitud de imputación de cargos contra Augusto Rodríguez, luego de que el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP) lo señalara de presuntos intereses políticos.“Creo que lo han mal informado personas que han querido sembrar cizaña. Vamos a resolverlo internamente y somos respetuosos de la independencia judicial”, puntualizó, al asegurar que buscará un diálogo directo con Rodríguez.
Luego del pitazo final que confirmó el nuevo título de Santa Fe ante el Junior en la Superliga del 2026, las redes sociales no perdonaron los habituales memes para sacar un poco de humor ante el equipo que perdió, en este caso, el tiburón.Memes Superliga Junior ante Santa FeEntre las imágenes más jocosas se destacan los tres goles que anotó el león al Junior con Ewil Murillo, Hugo Rodallega y Nahuel Bustos en El Campín.Otros expresaron que se podría ver durante el semestre a un Junior cargado de lesiones por los futbolistas que tuvieron que abandonar la cancha por molestias.Por su puesto, no podía faltar el nivel de Rodallega y su talento, sumado con su técnica, mostrado a lo largo de la final.El equipo bogotano es el máximo ganador de este trofeo en Colombia con cinco conquistas; nunca ha perdido las finales que ha disputado en la Superliga. Vale recordar que Santa Fe ha ganado la Superliga ante Millonarios, Atlético Nacional, Medellín, Junior y América.
El anuncio del arancel del 30 % a las exportaciones colombianas por parte del Gobierno de Ecuador genera preocupación en el sector empresarial del Valle del Cauca, uno de los departamentos más afectados por esta medida debido a su estrecha relación comercial con ese país.Ecuador es el segundo mercado de exportación del Valle del Cauca y un destino clave tanto para la industria regional como para las empresas que inician su proceso de internacionalización. La posible aplicación del arancel representaría un golpe directo al empleo y a la inversión.“Ecuador recibe cerca del 30 % de nuestras exportaciones y solo en 2025 compró alrededor de 350 millones de dólares, con un crecimiento del 6 % frente al año anterior, concentrado en sectores formales como azúcar, medicamentos, conductores eléctricos, confitería y productos de cuidado personal”, señaló Juan Manuel Sanclemente, director ejecutivo del Comité Intergremial y Empresarial del Valle del Cauca.Por su parte, la directora de Competitividad e Internacionalización de la Cámara de Comercio de Cali, Ana María Castillo, explicó que la medida afectaría no solo a las grandes compañías, sino especialmente a las más de 400 empresas del departamento que actualmente exportan a Ecuador.“Estamos hablando también de empresas que están empezando su trayectoria exportadora; Ecuador suele ser el primer destino para quienes comienzan a tocar mercados internacionales. Aquí no solo pierden las empresas y el territorio del Valle del Cauca, también pierden los consumidores ecuatorianos que demandan nuestros productos; por eso seguimos acompañando a las empresas a diversificar mercados, mirando oportunidades en Centroamérica y Panamá”, explicó Castillo.El Valle del Cauca se ha consolidado además como una plataforma exportadora para multinacionales, gracias a una canasta amplia y diversificada de productos que incluye desde cableado eléctrico, confitería, moda y belleza.
La directora ejecutiva de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), Claudia Bustamante, respondió a las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien denunció un presunto “sabotaje” por parte de la entidad frente al nombramiento de Javier Gutiérrez Afanador como comisionado experto.El mandatario aseguró que desde hace tres años su administración ha enfrentado obstáculos para designar a un representante en la CRC. Sin embargo, Bustamante desmintió categóricamente esa versión. “En ningún momento eso es lo que ha pasado”, afirmó en entrevista en Mañanas 10:30. La directora explicó que el cargo de comisionado presidencial en la CRC —uno de los cinco miembros de la sesión de comunicaciones— exige cumplir con los criterios establecidos en la Ley 1341 de 2009: ser profesional en ingeniería electrónica, telecomunicaciones, derecho o economía, contar con maestría o doctorado y tener al menos ocho años de experiencia técnica específica en telecomunicaciones.“El señor Gutiérrez tiene menos de cuatro años de experiencia, por lo tanto, no cumple con la ley”, aclaró Bustamante, señalando que esa verificación es una obligación de todas las entidades públicas bajo el Decreto 1083, que exige comprobar los requisitos antes de cualquier posesión.Bustamante también precisó que no se trata de un veto político, sino de una cuestión de cumplimiento normativo. “No son requisitos que se haya inventado la CRC. Son normas de obligatorio cumplimiento para todos los cargos públicos”, reiteró.Además, la funcionaria reveló que desde el inicio del actual Gobierno, en agosto de 2022, la Presidencia no había presentado ninguna hoja de vida para el cargo hasta enero de 2025. “Durante más de dos años no recibimos ningún candidato. Solo este año llegó el primer nombre, y ahora otros dos más posteriormente”, detalló.Pese a la vacante, la CRC ha seguido funcionando con normalidad. “La ley permite que las decisiones se tomen por mayoría simple, así que con cuatro de los cinco miembros podemos actuar”, explicó.Finalmente, Bustamante insistió en la independencia técnica de la entidad. “Debemos ser extremadamente cuidadosos y cumplir con todos los procedimientos, porque el Consejo de Estado ya nos advirtió en 2021 sobre la importancia de los nombramientos correctos”, concluyó.
Según el estudio, basado en datos oficiales de la Fiscalía, el Consejo Superior de la Judicatura y el INPEC, solo el año pasado ingresaron 1,87 millones de noticias criminales al sistema. De esas, más de la mitad fueron presentadas por denuncia ciudadana (55,6%) y otro 26,6% por querella. Pero la mayoría se estancó en los primeros pasos del proceso penal.Allí, uno de los puntos críticos es la capacidad institucional: el país cuenta con solo 8,9 fiscales por cada 100 mil habitantes, y casi el 80% están en condición de provisionalidad, lo que limita la respuesta frente al volumen de casos, la Corporación Excelencia a la Justicia advierte que el sistema “recibe millones de casos por una boca ancha, pero se atasca en un cuello angosto”.Los datos confirman que en 2024, el 81,9% de los procesos cerrados terminó archivado, mientras que solo el 3,7% fue resuelto por un juez en primera instancia.Hablando de las ciudades principales, en Bogotá la situación es aún más crítica porque, según el estudio, nueve de cada diez casos se archivan sin responsables ni decisiones de fondo.Las razones detrás de estos archivos también son preocupantes. El 53% se cerró por imposibilidad de identificar a los autores o víctimas, y el 42,8% porque el hecho no existió o no constituía delito, para la CEJ, esto refleja las limitaciones investigativas del Estado y una práctica en la que el archivo, pensado como una medida excepcional, se volvió la regla general.Lo cierto es que de los pocos procesos que logran llegar a juicio tampoco garantizan resultados, por ejemplo, en 2024 la tasa de absolución en juicio oral fue del 56,6%, y en delitos como violencia intrafamiliar superó el 80%. La mayoría de las condenas provienen de preacuerdos (35,6%) y aceptaciones de cargos (13,8%), no de juicios completos."Las cifras revelan un círculo vicioso: millones de denuncias que no avanzan, una utilización masiva del archivo como herramienta de gestión y una justicia de fondo que se aplica en un porcentaje relativamente menor de los casos" dice el informe.
El presidente Gustavo Petro encabezó el acto de reconocimiento de responsabilidad del Estado colombiano ante los “Integrantes de la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo”, en cumplimiento de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La ceremonia, realizada como parte de las medidas de reparación ordenadas por el tribunal internacional, buscaba reconocer las violaciones a los derechos humanos que afectaron a los miembros del colectivo durante años de persecución y hostigamiento.Durante el evento, se presentó un momento de tensión cuando uno de los asistentes interrumpió al mandatario con un reclamo directo: “Deje de burlarse de nosotros, estamos en un acto de reconocimiento. Usted quiere burlarse de nosotros”, expresó este hombre, quien se molestó por la intervención del presidente, quien se había desviado de la temática principal para hacer comentarios personales.Petro respondió señalando que su intervención reflejaba su manera de hablar y su experiencia personal. “Tengo que hablar de mi propia realidad porque hablo con mi corazón, nunca con la mentira”, afirmó el mandatario, antes de retomar su discurso, en el que también hizo referencia a la situación en Palestina y a la política internacional.
Por primera vez, Colombia conmemorará el Día Nacional de Reconocimiento a las Mujeres Buscadoras de Víctimas de Desaparición Forzada, establecido por la Ley 2364 de 2024. La fecha, que se celebrará cada 23 de octubre, busca rendir homenaje a las mujeres que han enfrentado años de incertidumbre y dolor, pero también de resistencia, en su lucha por encontrar a los desaparecidos y mantener viva la memoria de sus seres queridos.“Esta conmemoración es un homenaje por la contribución sustancial y continua que las mujeres buscadoras han realizado al esclarecimiento de la verdad, la justicia, la defensa de los derechos humanos, la memoria histórica y la garantía de no repetición”, dice la Ley 2364 de 2024 en su artículo 5.El Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas liderará una campaña nacional que busca amplificar las voces de estas mujeres y visibilizar su papel en la construcción de paz. Este año, además, se rendirá un homenaje póstumo a Yanette Bautista, reconocida por su incansable trabajo en favor del reconocimiento de la búsqueda como un derecho y de la protección de las mujeres que dedican su vida a esta labor.Como parte de la conmemoración, el Sistema de Búsqueda invitó a los medios de comunicación a sumarse a la iniciativa #UnaBuscadoraEnMiLugar, en la que columnistas y periodistas cederán sus espacios de opinión a mujeres buscadoras para que ellas mismas cuenten sus historias, sus luchas y sus esperanzas. También se promoverá el uso de la etiqueta #HonramosALasBuscadoras en redes sociales y la difusión de contenidos que dignifique su labor.En distintas regiones del país se realizarán actos simbólicos, foros y encuentros organizados por colectivos de mujeres y entidades públicas, con el propósito de reconocer el legado de quienes, desde hace décadas, han convertido el amor y la persistencia en un camino hacia la verdad y la justicia.
El presidente Gustavo Petro realizó un acto de reconocimiento por parte del Estado a los integrantes del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo. Lo anterior, en cumplimiento de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.Petro durante su discurso hizo referencia a Gaza y a las operaciones de Estados Unidos en el Caribe, cerca a Venezuela, en ese momento mencionó a Nicolás Maduro.“No vamos a defender a Maduro, que ustedes mismos han dicho, viola los Derechos Humanos. Allá hay colombianos presos que no puedo decir sobre su condición en los actos en los que haya estado, pero esos colombianos presos hemos pedido que estén aquí”, dijo Petro.En el mismo sentido aseguró que el Gobierno ha realizado gestiones para que los colombianos vuelvan al país, en ese punto, volvió a hacer referencia a las operaciones en el Caribe.“Pero esto no es por la defensa de Maduro, esto es por la defensa de la dignidad latinoamericana, esto es por la defensa de la orden y del espíritu que Simón Bolívar le insufló a la fundación de estas repúblicas”, agregó Petro.
En una ceremonia militar se llevó a cabo la transmisión de mando del Comando Conjunto de Operaciones Especiales (CCOES), unidad clave de las Fuerzas Militares encargada de coordinar operaciones de alto valor estratégico en todo el territorio nacional. En el acto, el brigadier general Omar Yesid Moreno Sandoval asumió oficialmente la jefatura de este comando élite.La ceremonia contó con la presencia del comandante general de las Fuerzas Militares, así como de autoridades civiles y delegados del Ejército Nacional, la Armada de Colombia y la Fuerza Aeroespacial Colombiana. El relevo de mando marca una nueva etapa para una unidad reconocida por liderar operaciones complejas y de alto riesgo, orientadas a la protección de la población civil y la defensa del territorio.El CCOES cumple un papel central en la planeación, coordinación y ejecución de operaciones conjuntas, integrando las capacidades de las tres Fuerzas para enfrentar estructuras armadas ilegales, reducir la violencia y fortalecer la seguridad ciudadana. Su accionar ha sido determinante en misiones especiales que impactan de manera directa las principales amenazas contra el Estado.Al asumir el mando, el general Moreno Sandoval manifestó su compromiso de fortalecer el trabajo conjunto, mejorar la capacidad de respuesta operacional y liderar la unidad bajo principios de profesionalismo, disciplina y visión estratégica, en un contexto marcado por desafíos persistentes en materia de seguridad.Durante el acto también se destacó el papel de los soldados, marinos y aviadores que integran el Comando Conjunto de Operaciones Especiales, considerados una de las unidades más especializadas de las Fuerzas Militares. Su labor, desarrollada en escenarios de alta complejidad, continúa siendo clave para la estabilidad y la seguridad del país.Con este relevo, el CCOES mantiene su rol como una de las principales herramientas operacionales del Estado en la lucha contra las amenazas que afectan la seguridad nacional.
En medio de la participación de Colombia en el Consejo de Seguridad de la ONU, uno de los temas que llamó la atención fue la ausencia de la canciller Rosa Villavicencio en la delegación oficial a Nueva York y las preguntas sobre su situación migratoria frente a Estados Unidos. El viceministro de Asuntos Multilaterales, Mauricio Jaramillo Jacir, aclaró que su no asistencia no está relacionada con restricciones diplomáticas, sino con prioridades de agenda y con la coyuntura bilateral entre Bogotá y Washington.Jaramillo explicó que la canciller se encuentra concentrada en la preparación de la próxima reunión entre los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro, prevista para febrero. “La Canciller está preparando la reunión… es un encuentro que requiere de un esfuerzo importantísimo de parte de Cancillería”, afirmó, al señalar que la cartera está dividida entre dos grandes frentes: el multilateral, que él lidera, y el bilateral, que actualmente está volcado a la agenda con Estados Unidos.Sin embargo, la conversación derivó inevitablemente hacia el tema de la visa, luego de que en septiembre pasado el Departamento de Estado anunciara medidas unilaterales que afectaron al presidente Petro y, posteriormente, la canciller Villavicencio renunciara a su visa estadounidense como gesto político. Frente a ese punto, Jaramillo fue enfático en diferenciar los escenarios: “Son dos temas distintos. Yo estoy acá para responder al informe de la Misión de Verificación sobre la implementación del Acuerdo de Paz de 2016. Lo que ha ocurrido con las medidas unilaterales es un tema bilateral que maneja otro despacho”, dijo.El viceministro recordó que tanto el presidente como la canciller tienen derecho a participar en escenarios multilaterales como Naciones Unidas, independientemente de controversias bilaterales. “La ministra y el presidente tienen derecho a asistir a los espacios de Naciones Unidas porque así está contemplado dentro del derecho internacional y las garantías de la multilateralidad”, subrayó.Aunque evitó pronunciarse sobre si la canciller ya cuenta o no con un nuevo visado, Jaramillo confirmó que el tema se está abordando en canales diplomáticos formales. “Es un tema que se está hablando con Estados Unidos, pero no hace parte de mi despacho”, insistió, marcando distancia entre su rol en la agenda multilateral y los asuntos migratorios o políticos con Washington.La ausencia de Villavicencio, por tanto, no refleja un repliegue de Colombia en la diplomacia internacional, sino una redistribución de esfuerzos ante una coyuntura compleja. Mientras el viceministro representa al país en el Consejo de Seguridad, la canciller concentra su gestión en recomponer y fortalecer la relación bilateral con Estados Unidos, una de las más sensibles para la política exterior colombiana en el actual escenario global.
Un nuevo golpe contra la minería ilegal se registró en los departamentos de Cesar y Chocó, tras una serie de operaciones adelantadas en los primeros días de 2026 por unidades de la Brigada de Infantería de Marina No. 1 de la Armada, con apoyo del Ejército, la Policía y autoridades ambientales.Las acciones se desarrollaron en áreas estratégicas cercanas a los ríos Atrato, Magdalena y Quito, corredores fluviales utilizados por grupos armados organizados para la explotación ilícita de yacimientos mineros, actividad que ha generado graves afectaciones ambientales y sociales en estas regiones.De acuerdo con el balance operacional, fueron neutralizadas 38 unidades de producción minera ilegal y inmovilizadas 32 dragas, además de 30 motobombas, 36 motores y dos retroexcavadoras, maquinaria que era utilizada sin cumplir la normatividad vigente ni los permisos ambientales exigidos por la ley.Durante los procedimientos, una persona fue capturada y puesta a disposición de las autoridades judiciales junto con los equipos incautados, para avanzar en los procesos legales correspondientes. Según estimaciones preliminares, la afectación económica a las estructuras criminales dedicadas a esta actividad supera los 1.000 millones de pesos.Las autoridades destacaron que estas operaciones no solo impactan las finanzas ilegales, sino que también reducen el daño ambiental, especialmente por el uso de mercurio y otros químicos tóxicos que terminan vertidos en los ríos, poniendo en riesgo la salud de las comunidades ribereñas y los ecosistemas.Las acciones contra la minería ilegal continúan siendo una prioridad en estas zonas del país, donde la explotación ilícita de recursos naturales se ha convertido en una de las principales fuentes de financiación de organizaciones criminales.
Durante este fin de semana, las alcaldías municipales, juntas comunales, padres de familia y rectores de instituciones educativas adelantarán la brigada denominada ‘Camino al Aprendizaje’, que consiste en buscar al menos 9.800 niños y jóvenes que aún faltan por matricularse en los 35 municipios de competencia departamental donde a la fecha solo se han matriculado 110.400 estudiantes.El secretario de Educación, Edgar Martín Lara, explicó que en las 1.440 sedes educativas hay una cubertura para 120.200 estudiantes y les hace un llamado a los padres de familia a no permitir que sus hijos se queden sin asistir a las aulas de clases a pocos días de iniciar oficialmente el calendario escolar.“Estamos convocando a esta brigada a todos los que tenemos la misión de coadyuvar para que nuestros menores se matriculen. Avanzamos en nuestro compromiso para avanzar con la meta de cobertura educativa que tiene el Huila. Recordar que los estudiantes se pueden matricular y deben ser matriculados por sus padres, en la institución educativa más cercana a su lugar de residencia en cada uno de los 35 municipios no certificados en educación que atendemos como gobierno departamental”, señaló el secretario.Por su parte, la líder de cobertura educativa del Huila, Leidy Gómez Benítez, dijo que también se viene trabajando en otras estrategias de acceso para que antes de iniciar el calendario escolar 2026, se hagan todos los esfuerzos para que se cumpla con el registro del 100% de estudiantes matriculados en el Simat.Dijo finalmente el secretario de educación Edgar Martín Lara, que, con recursos aprobados por la Asamblea del Huila, se han intervenido varias instituciones educativas que se encontraban con dificultades y deterioro en sus estructuras físicas para garantizar una mejor calidad de educación a niños y jóvenes del departamento.
Durante 2025, 187 líderes sociales y defensores de derechos humanos fueron asesinados en Colombia, según cifras de Indepaz. Esto refleja un incremento de 14 casos frente a 2024, cuando se registraron 173 homicidios.Según Leonardo González Perafán, director de Indepaz, el departamento del Cauca fue el más afectado, con 40 líderes asesinados, seguido por Antioquia, con 30, y el Valle del Cauca, donde se registraron 17 casos. Estas regiones coinciden con territorios atravesados por disputas armadas, economías ilegales y conflictos por el control social y territorial.González asegura que el contexto actual se ve agravado por la cercanía del periodo electoral, una etapa en la que históricamente se incrementan los riesgos para las comunidades.“En épocas electorales, se magnifican los riesgos y las violaciones contra las poblaciones civiles”, advirtió el director, al señalar que esta situación ya ha sido alertada por la Defensoría del Pueblo mediante alertas tempranas.Además, explicó que los líderes sociales no están siendo asesinados por el simple hecho de ejercer liderazgo, sino por representar y defender causas colectivas en sus territorios.“Las causas pueden ser la ampliación de un resguardo, el fortalecimiento de un consejo comunitario, o la defensa de los derechos de las mujeres, de las comunidades LGBTI, de las víctimas, la implementación de un acuerdo de paz”, aseguró el director.Otro de los factores que ha incrementado el riesgo, según Indepaz, es que a diferencia de lo ocurrido en 2023 y 2024, durante 2025 se terminaron varios ceses al fuego con grupos armados, entre ellos con el ELN, lo que “incrementa el riesgo en la población y las comunidades”.“Los principales grupos son el Estado Mayor Central, que es una disidencia de las Farc liderada por Mordisco, el ejército Gaitianista o Clan del Golfo, el ELN. (…), todos los grupos que intentan pretender ejercer un control social o una gobernanza armada ilegal, es decir, que intentan imponer normas contra las comunidades”, afirmó.Finalmente, las alertas se mantienen encendidas, ya que en lo que va de 2026, se han registrado cuatro líderes sociales asesinados.
A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro aseguró que la suspensión de venta de energía a Ecuador es temporal y le atribuyó unas razones distintas a una respuesta recíproca frente a los aranceles del 30 % a productos colombianos anunciados por el jefe del gobierno de Ecuador Daniel Noboa.“No lo queremos por el pueblo ecuatoriano, pueblo hermano; apenas sepamos que nuestra oferta eléctrica es plenamente suficiente en el mediano plazo se restituirá nuestro servicio”, escribió.Cabe mencionar que el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, anunció esta mañana que Colombia iniciará este jueves a las 6 p. m. la suspensión de venta de energía a Ecuador.Palma señaló que Colombia ha sido históricamente solidaria con el pueblo ecuatoriano, "incluso en momentos de estrechez energética y condiciones climáticas adversas", pero advirtió que las recientes decisiones del Gobierno de Noboa "desconocen acuerdos vigentes y afectan de manera directa los intereses del pueblo colombiano, lo que obligó al Estado a actuar en defensa de su soberanía energética".El Gobierno colombiano respondió también imponiendo el mismo arancel para una lista de 20 productos que todavía no se ha dado a conocer. Sin embargo, Analdex, el gremio de los exportadores en Colombia, publicó una lista de los que podrían verse afectados. Entre ellos están aceites, cacaos en polvo, arroces, atunes y otros.
El presidente Gustavo Petro se reunió este jueves con el alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galan en la Casa de Nariño. El encuentro estaba programado para las 10:00 de la mañana, empezó a las 11 y se extendió hasta la 1:30 de la tarde, hasta que el mandatario salió del Palacio Presidencial para acudir a dos eventos que tiene programados en Leticia, Amazonas.Al término de la reunión el alcalde Galán entregó declaraciones: “Esperamos llegar a acuerdos pronto que permitan garantizar que Bogotá tenga los recursos para recuperar el complejo San Juan de Dios pero hay un avance importante a partir de la discusión de hoy”.El segundo tema de la conversación tuvo que ver con los Multicampus educativos en Suba y Kennedy. “Ya la nación avanzó con el Conpes que va a permitir avance en los Confis y vivencias futuras para financiar esos multicampus. Y estamos trabajando para autorizar una intervención inicial previa en los predios habilitados por el distrito”, agregó.Esta reunión se da luego de las tensiones generadas entre el Distrito y el Gobierno nacional por cuenta del incremento de la tarifa de Transmilenio para 2026. El presidente Gustavo Petro aseguró en su cuenta de X que tenía los recursos para evitar el alza; sin embargo, esto nunca se concretó y la administración de Galan subió los precios. Durante el encuentro de hoy no se habló al respecto, según el mandatario local.
De acuerdo con cifras oficiales de la Defensoría del Pueblo, durante 2025 se registraron 257 casos de reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes en Colombia, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre.Del total de casos reportados, el 62% corresponde a niños y adolescentes hombres, lo que equivale a 159 víctimas, mientras que el 38% son niñas y adolescentes, es decir, 98 casos.La Defensoría advierte que el grupo con mayor número de reclutamientos es el Estado Mayor Central, estructura liderada por alias ‘Iván Mordisco’, con el 47,1% de los casos, es decir, 121 reclutamientos. Le siguen las disidencias sin especificar, con 40 casos; el ELN, con 30 casos; y el Ejército Gaitanista de Colombia, con 21 casos.Otros grupos señalados son el Estado Mayor de los Bloques y Frentes, la Segunda Marquetalia, otros grupos sin identificar y estructuras de crimen organizado.El departamento del Cauca concentra el mayor número de reclutamientos, con 93 casos reportados, le siguen Antioquia, con 25 casos, y Chocó, con 22.También se registran 15 hechos en Huila, 14 en Nariño, 10 en Valle del Cauca, 10 en Norte de Santander, además de reportes en Arauca, Guaviare, Caquetá, Putumayo, Amazonas, Vaupés, Meta, Risaralda, Santander, Bolívar, Cesar, Magdalena, La Guajira, Tolima, Bogotá y Vichada.Por meses, la Defensoría identificó que los picos más altos de reclutamiento en 2025 se registraron en junio, con el 13% de los casos, seguido de febrero y marzo, cada uno con el 11%, y enero, abril y septiembre, con el 10% respectivamente. Los meses con menor número de hechos fueron noviembre y diciembre.La Defensoría del Pueblo señaló que cada menor reclutado reclutado que se aleja de su entorno para ir a la guerra, es un proyecto de vida truncado que la sociedad no debe normalizar.
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) lanzó una advertencia a los prestadores de alojamiento turístico en Medellín ante las cancelaciones unilaterales de reservas, detectadas previo a los conciertos del artista internacional Bad Bunny en la capital antioqueña este fin de semana.Según la entidad, a partir de denuncias ciudadanas y reportes en redes sociales, algunos establecimientos estarían cancelando reservas ya pactadas para ofrecer nuevamente los inmuebles a precios más altos, aprovechando la alta demanda turística.La SIC recordó que los prestadores de servicios turísticos, incluidas las viviendas turísticas, están obligados a respetar las condiciones acordadas con los consumidores, so pena de incurrir en infracciones sancionables.Estas conductas podrían, advirtieron desde la Superintendencia, derivar en multas de hasta dos mil salarios mínimos legales mensuales vigentes, al constituir una vulneración grave de los derechos de los turistas y de las normas que regulan las relaciones de consumo.La entidad explicó que, en caso de incumplimiento de una reserva, el turista tiene derecho a elegir entre la prestación de un servicio de igual calidad o el reembolso o compensación del valor pagado, conforme al artículo 63 de la Ley 300 de 1996.Además, la Superintendencia invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier irregularidad ante la SIC a través del formulario de PQRSF en su sede electrónica, aportando pruebas que respalden los hechos.La autoridad confirmó que también iniciará investigaciones de oficio frente a los casos denunciados públicamente, con el fin de proteger a los consumidores y garantizar la transparencia en el sector turístico. Finalmente, la SIC reiteró que la libertad económica no es absoluta y debe ejercerse en armonía con la función social de la empresa y el interés general, especialmente en eventos de alta demanda y exposición internacional como este.
Asopostal defendió el decreto que el Ministerio de las TIC sacó a comentarios y con el que se busca ampliar las capacidades del sector de servicios postales en Colombia. Para el gremio, la iniciativa representa una oportunidad para fortalecer la inclusión financiera en regiones donde la banca tradicional tiene baja cobertura.Juan Andrés Carreño, presidente de Asopostal, explicó en Mañanas Blu 10:30 AM de Blu Radio que el origen del debate está en un marco legal vigente desde hace más de una década. “Esto tiene origen en una ley suscrita por Colombia”, afirmó, al recordar que en 2009 se expidió la Ley 1369, que creó un capítulo especial para los servicios postales de pago.De acuerdo con Carreño, dicha norma establece figuras como el giro de efectivo, el depósito postal y las transferencias postales, por lo que el sector viene solicitando que se reglamente un derecho ya existente. En ese sentido, sostuvo que “lo que hemos pedido es que se reglamente ese derecho que tenemos consagrado en un tratado internacional, ratificado por una ley”.El dirigente gremial señaló que el decreto del MinTIC apunta a dar cumplimiento al tratado de Ginebra, lo que permitiría ofrecer el servicio de depósito postal a poblaciones tradicionalmente excluidas del sistema financiero. “Vamos a permitir que colombianos de estrato 1, 2 y 3 puedan tener el servicio”, indicó.Frente a las preocupaciones por los controles, Carreño aseguró que el sector postal cuenta con mecanismos de supervisión y operación suficientes. “Tenemos control de la Contraloría, nosotros tenemos un sistema muy robusto”, dijo, al tiempo que resaltó que la red postal podría hacer un trabajo complementario con las entidades financieras.Uno de los principales argumentos de Asopostal es la cobertura territorial. Según Carreño, las cifras muestran que el sector financiero cada vez tiene menor presencia en algunas zonas del país, mientras que la red postal cuenta con cerca de 52.000 puntos. “Tenemos una red complementaria que le ha servido al sector financiero”, afirmó.Finalmente, el presidente de Asopostal señaló que el Gobierno nacional tendrá la última palabra sobre el decreto. Confió en que se haga el estudio pertinente y se analicen las observaciones, con el objetivo de fortalecer el acceso a servicios financieros a través del sector postal.