Blu Radio conoció en primicia que la canciller Rosa Villavicencio tiene luz verde del Gobierno de Donald Trump para entrar a Estados Unidos y acompañar al presidente Gustavo Petro en el encuentro que tendrán los dos presidentes el próximo 3 de febrero. El narcotráfico, la migración y el comercio serán los temas clave.La noticia se conoce días después de la conversación telefónica que la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia sostuvo con el secretario de Estado, Marco Rubio, para coordinar los detalles de la reunión entre los presidentes Trump y Petro en la Casa Blanca.Durante la llamada, Rubio confirmó que Estados Unidos respetará la inmunidad presidencial de Petro pese a estar incluido en la lista Clinton y no tener visa. Además, tendrá la protección del Servicio Secreto mientras permanezca en suelo norteamericano.Y es que la presencia de la Canciller Villavicencio es clave en un encuentro en el que Colombia busca superar la tensa relación bilateral con el Gobierno Trump que empezó el 26 de enero de 2025 con la decisión de Petro de regresar dos vuelos con colombianos deportados desde Estados Unidos. Crisis que se prolongó durante el año pasado con decisiones como descertificar al país en materia de lucha contra el narcotráfico, incluir en la lista Clinton al presidente, Verónica Alcocer, Nicolás Petro y Armando Benedetti, y dejar sin visa no solo al mandatario sino a la Canciller, Rosa Villavicencio; al Ministro de Minas, Edwin Palma y a la exdirectora del DAPRE, Angie Rodríguez.
En Santa Marta fue puesta en funcionamiento una cámara hiperbárica en las instalaciones de la nueva estación de buceo y salvamento de la Armada, un equipo médico clave que permitirá atender de forma inmediata emergencias derivadas de actividades subacuáticas en el norte del Caribe colombiano. La ubicación del sistema, a pocos metros del mar, representa una ventaja estratégica para responder con rapidez a incidentes que antes obligaban a traslados prolongados.La cámara hiperbárica es un equipo médico especializado en el que los pacientes respiran oxígeno casi al 100 % a una presión entre dos y tres veces superior a la atmosférica. Este tratamiento permite que el oxígeno se disuelva con mayor facilidad en la sangre, facilitando su llegada a tejidos afectados y convirtiéndose en una herramienta fundamental para tratar el mal de descompresión, una de las principales emergencias asociadas al buceo.Además de atender lesiones por inmersión, este tipo de tecnología es utilizada para acelerar la cicatrización de heridas, tratar infecciones graves, lesiones por quemaduras, problemas de circulación y apoyar procesos médicos complejos como injertos, necrosis o pie diabético. Su uso es estrictamente médico y se realiza bajo supervisión especializada, con protocolos que garantizan la seguridad del paciente.Hasta ahora, los casos de emergencia por buceo en el Caribe norte debían ser trasladados hasta Cartagena, donde se encuentra el principal centro de referencia del país. Sin embargo, los tiempos de desplazamiento representaban un riesgo adicional para los pacientes, especialmente en situaciones que requieren atención inmediata.“El problema es que no sería de manera inmediata la atención si un paciente en la parte norte del Caribe llega a tener una emergencia y hay que transportarlo de manera segura y oportuna hasta Cartagena. La red hospitalaria aquí no tiene esa capacidad, y nosotros con esto vamos a suplir la necesidad”, explicó el almirante Juan Ricardo Rozo, comandante de la Armada Nacional.El alto oficial agregó que la instalación de la cámara hiperbárica no solo fortalece la capacidad de respuesta ante emergencias, sino que también impacta de manera positiva el turismo especializado en la región. “Con esto también vamos a ser más atractivos para que los turistas vengan a hacer la actividad del buceo, porque saben que, si se llega a presentar una emergencia, tenemos cómo atenderlos”, señaló.La puesta en servicio de este equipo posiciona a Santa Marta como un punto clave para la seguridad marítima y subacuática en el Caribe colombiano, al tiempo que amplía la capacidad de atención médica especializada para buzos profesionales, pescadores, personal naval y turistas que practican actividades en el mar.
El exministro de Defensa y candidato presidencial, Juan Carlos Pinzón, presentó su propuesta de plan de seguridad. En el evento también se refirió a la reunión que se hará el 3 de febrero entre los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro en Washington y cuestionó al mandatario colombiano por los choques que tuvo con su homólogo estadounidense.“Salió corriendo de rodillas a decir, por favor, recíbanme. Y ahora, ¿a qué va a Estados Unidos? En lugar de ir a trabajar por la tecnología, la educación, el comercio, la inversión, la seguridad, la justicia y la tecnología para los colombianos va a que le den la visa y a que lo saquen de la lista Clinton. No quiero ver al presidente de Colombia como un perrito faldero, incluso al actual, no lo quiero ver, pero así se ve”, señaló el candidato Pinzón.Sobre su plan de seguridad señaló que presentará un proyecto de ley de cadena perpetua para feminicidas y que incrementará el pie de fuerza policial hasta el 80 % del estándar internacional.“El plan contempla la activación de reservistas, la modernización operativa y el bienestar integral de soldados y policías. Habrá un Incremento de 100.000 efectivos en 3 años (70 % FF. MM., 30 % Policía). En los primeros 100 días se hará el llamado a 30.000 reservistas (20.000 militares, 10.000 policías)”, dijo Pinzón.También agregó que creará cuatro megacárceles de seguridad con 20.000 cupos cada una.“Una estrategia de asfixia total contra las finanzas, las comunicaciones y las redes logísticas de las organizaciones criminales. El plan enfrenta de manera directa el narcotráfico, la extorsiónextorsión, la minería ilegal y el contrabando, atacando no solo a los cabecillas, sino a toda su estructura económica”, agregó Pinzón.
Un reciente estudio sectorial de la Contraloría General de la República ha encendido las alarmas sobre la viabilidad financiera de la educación superior en el país. De las 34 universidades públicas nacionales, solo una logra ser autosostenible, así lo confirmó Andrey Rodríguez, contralor delegado para asuntos educativos."De las 34 universidades públicas nacionales, una sola de ellas logra ser autosostenible. Las otras 33 dependen exclusivamente de los recursos que se les gira del Gobierno nacional. De lo contrario no podrían funcionar", indicó Rodríguez en Mañanas Blu.El origen del déficitRodríguez explicó que la raíz del problema está en cómo se calculaban los incrementos presupuestales desde 1992."Veníamos con una fórmula que actualiza los índices de educación superior por IPC. Esa fórmula llevó a que cerca de 18 billones de pesos no llegaran a las universidades públicas", explicó Rodríguez.Con la nueva ley, se busca usar un índice del DANE que refleje la realidad."Se llama básicamente así, índice de incremento de costos de educación superior, que permite reflejar en mayor realidad cómo crecen los costos", explicó. Disparidad de costos por estudianteEl estudio revela cifras "absolutamente disímiles" entre lo que recibe una universidad por alumno y lo que realmente le cuesta formarlo."'A la Universidad Nacional sacar ese estudiante a nivel de egresos le cuesta casi el triple de lo que recibe. En el caso de La Universidad de Antioquia le cuesta un estudiante cerca de 29 millones de pesos, pero solo recibe cerca de 7 millones y medio", explicó. Esta brecha financiera limita severamente la capacidad de las instituciones para invertir en infraestructura e investigación, así como para ampliar la cobertura educativa.Una nueva esperanza legislativaPara mitigar esta situación, se espera la sanción presidencial de una ley que modifica los artículos 86 y 87 de la Ley 30.1. Los costos ahora se ajustarán mediante el Índice de Incremento de Costos de Educación Superior manejado por el DANE, reflejando mejor la realidad del sector.2."El proyecto de ley busca llegar más o menos a 0.5% del PIB", indicó Rodríguez.Escuche la entrevista aquí:
Tropas del Ejército y agentes del CTI intervinieron seis unidades de minería ilegal en el sector conocido como Los Aguacates, en el municipio de El Bagre, Antioquia, las cuales según información de inteligencia militar pertenecerían al Clan del Golfo.La operación fue realizada por el Batallón de Selva N.° 57, en coordinación con la Brigada contra la Minería Ilegal y el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía. Durante el procedimiento, las autoridades hallaron maquinaria y material usados para la explotación ilícita de yacimientos mineros.En el lugar fueron ubicadas cinco dragas tipo buzo, una excavadora, cinco motores industriales, cinco motobombas, cinco clasificadoras y 400 galones de ACPM. Todo el material fue destruido de manera controlada en la zona.Con estos equipos se extraían más de 10.000 gramos de oro al mes, cuyo valor en el mercado superaría los 5.000 millones de pesos. Sobre la afectación a este grupo ilegal se refirió el teniente coronel, Sergio Andrés Navas Serrano, comandante del Batallón de Selva N.º 57."Con este resultado, afectamos a las economías ilícitas del Grupo Armado Organizado Clan del Golfo, su estructura Uldar Cardona Rueda. Igualmente, combatimos todo lo que afecte a los delitos ambientales", destacó el uniformado.Este operativo se suma a otra acción esta misma semana, desarrollada en el Chocó, contra el Clan del Golfo. Allí tropas del Ejército, junto con la Policía y la Armada Nacional, en los municipios de Río Quito, en el corregimiento de San Isidro, y en Quibdó, sector Cabí, intervinieron 61 unidades de producción minera dedicadas a la explotación ilícita de yacimientos, lo que dejó pérdidas cercanas a los 17.000 millones de pesos en maquinaria para este grupo.Durante esas operaciones fueron destruidos una excavadora, siete dragones tipo brasilero, diez motobombas, 20 dragas tipo buzo y 23 motores. Además, se logró la captura de una persona a la que le fue incautado un revólver y cinco cartuchos calibre 38. Con estas acciones, las autoridades evitaron la extracción ilegal de cerca de 30.000 gramos de oro mensuales, avaluados en más de 16.000 millones de pesos dentro del comercio ilegal.
Tras varios días de la renuncia de María del Pilar Duque a la gerencia del Hospital General de Medellín, el alcalde Federico Gutiérrez nombró como nuevo directivo al odontólogo Juan David Arteaga, quien venía ocupando el cargo de gerente de Metrosalud desde marzo del 2024.Arteaga, quien también fue gerente de Savia Salud, llega en medio de un panorama financiero complejo para la entidad, a la que las EPS le adeudan 208.000 millones de pesos, mientras los sindicatos están inconformes por el incremento del pago de este año, pues un acuerdo que tenían anteriormente estipulaba que fuera dos puntos por encima del salario mínimo, pero la crisis de la salud en el país ocasionaría que fuera solo 7.6% (IPC más dos puntos y medio).Por lo pronto y ante este nombramiento, Adriana Velásquez fue designada como encargada de Metrosalud.Pero hace un año, cuando la exsecretaria de Salud Claudia Arenas renunció a este mismo cargo, Arteaga ya había estado sobre la mesa como posible candidato a encabezar la gerencia, lo que generó inconformidad por parte de los sindicatos.Para esta vez, la designación de Arteaga como gerente del Hospital General de Medellín generó reacciones opuestas entre los sindicatos de la institución. SINTRAHGM expresó su preocupación por lo que considera una posible gerencia de carácter político y advirtió sobre decisiones administrativas que, según indicó, “contradicen compromisos asumidos ante la Junta Directiva y las organizaciones sindicales, afectando el diálogo social y los acuerdos laborales vigentes”.En contraste, SINPROGEN dio la bienvenida al nuevo gerente y manifestó su disposición para trabajar de manera conjunta con la administración, destacando la importancia “del diálogo, el respeto por los acuerdos laborales y el fortalecimiento institucional, con el objetivo de mejorar la atención a los pacientes y garantizar la sostenibilidad del hospital”.
La decisión del presidente ecuatoriano Daniel Noboa de imponer un arancel del 30 % a productos colombianos tomó por sorpresa tanto a analistas como a la opinión pública en Ecuador. Así lo afirmó María Cecilia Largacha, periodista de Ecuavisa, durante una entrevista en Sala de Prensa Blu, en la que explicó que el anuncio se conoció de manera informal y sin mayores explicaciones oficiales.“Cuando eso se supo, el presidente estaba en Davos, en Suiza, y simplemente lo que pasó fue que en la red social X apareció una publicación del presidente”, relató Largacha, al señalar que no hubo una rueda de prensa ni un pronunciamiento institucional previo. Según explicó, incluso en Ecuador “nos preguntamos exactamente lo mismo” sobre el origen y el trasfondo de la medida.Dudas políticas y preocupación económicaEn el ámbito político, la periodista describió un ambiente marcado por la incertidumbre. “Hay muchas preguntas más que respuestas”, afirmó, al referirse a los análisis que intentan explicar la decisión. Aunque mencionó que algunos analistas han vinculado el anuncio con la reciente caída en la popularidad del presidente Noboa, Largacha subrayó que el debate se ha trasladado rápidamente al terreno económico.“Más allá del por qué, nos preguntamos todos: ‘¿y ahora qué va a pasar?’”, dijo, destacando que la principal inquietud gira en torno a las consecuencias prácticas de una eventual guerra arancelaria entre Ecuador y Colombia.Largacha advirtió que la balanza comercial no favorece a Ecuador y que la medida podría afectar de forma directa a productores y comerciantes. “Los gremios empresariales han reaccionado todos básicamente pidiendo diálogo, pidiendo revisión de la medida y que se sienten a conversar”, explicó. Según indicó, existe preocupación entre quienes dependen del mercado colombiano y temen perder competitividad si los costos aumentan.Energía y dependencia regionalOtro de los puntos sensibles es la energía. La periodista reconoció que Ecuador sí depende del suministro colombiano en determinados contextos. “Cuando estamos en época de estiaje… tenemos un déficit de unos 800 megavatios, pero sin Colombia llegaría por encima de los 1.100”, señaló. Aunque aclaró que actualmente los embalses están llenos, advirtió que esta situación podría cambiar en pocas semanas.Seguridad fronteriza y falta de explicacionesSobre el argumento de la seguridad en la frontera, Largacha fue enfática: “No ha habido ningún hecho especial o específico que desate esta decisión”. Añadió que varios analistas cuestionan que se responda a un problema de seguridad con un castigo económico.Finalmente, recordó que la única certeza hasta ahora es la fecha anunciada para la entrada en vigor del arancel. “Tenemos confirmación de que este asunto del 30 % en Ecuador comenzaría a partir del 1 de febrero. Es lo único que sabemos”, concluyó.Escuche la entrevista completa acá:
Cientos fanáticos de Bad Bunny se vieron perjudicados con la cancelación de reservas que comenzaron a hacer los dueños de apartamentos de Airbnb y Booking, y aunque la situación parecía haberse superado Blu Radio conoció una historia insólita.Es el caso de Ariana Miranda, una ciudadana ecuatoriana que hace un poco más de 72 horas se encontró con la sorpresa que ya no tenía un lugar a donde llegar, pues su reserva había sido cancelada de manera inesperada. La angustia empezó a crecer con el paso de las horas al verse sin donde dormir y en una ciudad desconocida para ella.Miranda le contó a Blu Radio que el primer alquiler lo había hecho hace algunos meses por cerca de 400.000 pesos y que iba a compartir espacio con un amiga, pero que al enterarse de la cancelación empezó a buscar ayuda en otros de sus compatriotas que, incluso, le llegaron a cobrar hasta 1.400.000 pesos para que ella y su amiga durmieran con su apartamento.Ante la negativa de la mujer de tener que pagar tanto dinero, más de tres veces de lo que originalmente tenía presupuestado, encontró la solución más económica: dormir en un sofá cama con su amiga por casi 700.000 pesos."Otra amiga, que es la con la que me pude salvar, que es en un sofá cama, ni siquiera es en una cama, es en un sofá cama que voy a compartir con mi otra amiga, nos va a cobrar noventa y cinco dólares cada una. En total son como ciento noventa dólares. Entonces sí, o sea, subió de precio, y bueno, por la misma cantidad. O sea, pero bueno, es que no podía, era iba a ser lo más barato que iba a conseguir", expresó.Miranda contó que antes de conseguir el sofá cama se cansó de buscar opciones que le quedaran cerca al Estadio Atanasio Girardot pero que lo más barato que encontraba eran apartamentos que por tres noches estaban cobrando más de 2'000.000 pesos, lo que para ella representaba tener que gastarse más de cinco veces lo presupuestado para su viaje a Medellín.
En un operativo realizado por la Policía Metropolitana de Bucaramanga, fueron capturadas seis personas vinculadas con el hurto de infraestructura del sistema Metrolínea, logrando recuperar varillas, andamios y otros elementos sustraídos.Según las autoridades, los operativos se realizaron en distintos puntos estratégicos de Bucaramanga y su área metropolitana, incluyendo autopistas, lotes y parques de obras de Metrolínea. Durante las acciones, se logró detener a los responsables en flagrancia y recuperar la totalidad de los materiales, que ya fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su judicialización.El hecho pone en evidencia las condiciones precarias de las instalaciones del sistema Metrolínea, según reportes recientes, solo unas 10 de las 34 estaciones del Metrolínea siguen funcionando, mientras que el resto se encuentra en abandono, con vidrios rotos, robos de componentes y sin vigilancia. Uno de los casos se registró en la autopista Floridablanca–Piedecuesta, donde uniformados interceptaron a tres personas que se movilizaban en una motocicleta y que presuntamente estaban sustrayendo 30 varillas de acero y dos tubos de andamio de un lote vinculado a obras del sistema. El material fue recuperado y los implicados quedaron a disposición de la Fiscalía.En un segundo procedimiento, durante patrullajes de control, fue detenida una persona que conducía una camioneta tipo platón en la que se transportaban 16 andamios tubulares y 40 varillas de acero. De acuerdo con el reporte, el conductor no presentó documentación que acreditara la procedencia legal del material, por lo que fue capturado en flagrancia.Un tercer operativo permitió la captura de dos personas que se desplazaban en motocicleta y que habrían sustraído 17 varillas de hierro de un parqueadero relacionado con obras de Metrolínea. En este caso también se logró la recuperación de los elementos.Usuarios han señalado que la falta de infraestructura operativa ha afectado la movilidad diaria y genera preocupación por la seguridad en las estaciones. Pese a la llegada de nuevos buses, la recuperación integral del sistema requiere inversiones importantes para rehabilitar las estaciones y garantizar su funcionamiento.Las autoridades hicieron un llamado a la comunidad para que denuncie cualquier intento de hurto o vandalismo, recordando que la participación ciudadana es clave para la seguridad de los proyectos de movilidad del área metropolitana.
El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) desplegó en la mañana de este jueves un megaoperativo simultáneo en 123 cárceles del país, como parte de las acciones orientadas a reforzar la seguridad y el control en los establecimientos penitenciarios, tras los recientes hechos de violencia que han afectado a la institución.Entre las 5:00 y las 10:00 de la mañana, el cuerpo de custodia intervino 134 pabellones, donde fueron requisadas 21.000 personas privadas de la libertad. En el operativo participaron 3.591 funcionarios del Cuerpo de Custodia y Vigilancia y del Comando de Reacción Inmediata (CRI), quienes realizaron procedimientos de registro y control de manera simultánea en todo el territorio nacional.Durante las diligencias, las autoridades incautaron 828 celulares, 2.528 accesorios de telefonía móvil, 11.026 gramos de estupefacientes, 1.790 litros de licor artesanal, $4.233.200 en efectivo y 839 armas cortopunzantes.El director general del Inpec, teniente coronel Daniel Fernando Gutiérrez Rojas, supervisó personalmente las operaciones en Cali, una de las regiones más afectadas por los últimos ataques contra funcionarios del Instituto: “Hoy reiteramos que en el Inpec seguimos trabajando con disciplina y compromiso por la seguridad de todos los actores que conforman el Sistema Penitenciario”.La entidad subrayó que el operativo es parte de una estrategia sostenida que busca garantizar la integridad del personal penitenciario y salvaguardar la seguridad en los establecimientos de reclusión, en articulación con las autoridades de seguridad del Estado.En paralelo, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, afirmó que la clave es prevenir cualquier atentado, por lo cual es fundamental la información, destacando que actualmente se está ofreciendo hasta 50 millones de pesos por datos que permitan conocer quiénes están involucrados en estos hechos.
Nuevamente, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) está convocando a protestas para el próximo martes, 14 de octubre, que se realizarán con el fin de exigirle a la Corte Constitucional la aprobación de la reforma pensional, al Senado la aprobación de la reforma a la salud y al Gobierno nacional le están exigiendo presentar lo más pronto posible el proyecto de ley orgánica del Sistema General de Participaciones.“La Central Unitaria de Trabajadores, convoca a todas las subdirectivas CUT y a todos los sindicatos nacionales a participar activamente en los plantones programados para el día martes, 14 de octubre, a las 10:00 de la mañana frente a la Corte Constitucional en Bogotá, y en el resto del país frente a los palacios de justicia en los horarios que cada subdirectiva estime más convenientes”, se lee en el comunicado de la CUT.Cabe recordar que en distintas ocasiones el presidente Gustavo Petro ha atacado al presidente de la Corte Constitucional, calificándolo de fascista y aliado de la oposición al no querer aprobar las reformas de su Gobierno.A esto se le suma la convocatoria de la CUT, que es aliada del Gobierno nacional y que busca generar presión a la aprobación de los proyectos de reforma.Lo que preocupa es que, en la convocatoria, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, Fabio Arias, invitó a que la manifestación sea masiva, disciplinada y combativa, con el fin de, según él, “enviar un mensaje de respaldo popular a las reformas”.
Una de las decisiones más importantes que tiene en sus manos la Corte Constitucional es determinar la constitucionalidad de esta ley, una de las iniciativas bandera del Gobierno del presidente Gustavo Petro.Blu Radio conoció que, en las últimas horas, el magistrado Ibáñez presidente de la Corte radicó su ponencia de fallo. Además, el debate se realizará el próximo martes al interior del alto tribunal.Esta reforma, sin duda, ha marcado el pulso entre la Corte y el Gobierno. Incluso, le ha costado varias críticas y señalamientos al magistrado Ibáñez por las pruebas que ha solicitado durante el estudio de la ley.Todo comenzó en agosto de 2024, cuando fue admitida la demanda interpuesta por la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia, quien pidió tumbar la reforma argumentando que hubo vicios de trámite durante su paso por el Congreso.Durante más de un año ocurrieron varios hechos, pero fue en junio de 2025 cuando la Corte tomó una decisión clave: devolver la reforma a la Cámara de Representantes al encontrar un vicio en su aprobación.A partir de ese momento, el Gobierno, mediante decreto, convocó a sesiones extras para que la Cámara subsanara el error. La polémica surgió luego con las actas de esas sesiones, pues varios congresistas denunciaron irregularidades en su elaboración.El despacho del magistrado Ibáñez tuvo que solicitar en varias ocasiones esas actas, e incluso dio un ultimátum a la Cámara, que pidió prórrogas para enviar la documentación necesaria y así continuar con el estudio del caso.En las últimas semanas, con los cambios en la Corte tras la posesión de nuevos magistrados, el recién llegado Carlos Camargo presentó un impedimento para no participar en el debate, argumentando un posible conflicto de interés. Sin embargo, el pasado 1 de octubre, la Sala Plena declaró infundado el impedimento, por lo que Camargo podrá participar en la discusión de la reforma.Aún están pendientes dos recusaciones contra el magistrado Héctor Carvajal, ternado por el presidente Gustavo Petro y quien fue su abogado personal durante varios años.La primera recusación fue presentada por el concejal Daniel Briceño, quien argumenta que Carvajal firmó contratos con Colpensiones, lo que le impediría participar en el estudio de la ley.La segunda, radicada por la senadora Paloma Valencia, plantea argumentos similares y también busca que Carvajal sea apartado del debate.Lo cierto es que ya hay ponencia de fallo, y el martes 14 de octubre la Sala Plena de la Corte Constitucional se reunirá para debatir el futuro de esta reforma.Además, la senadora Paloma Valencia le pidió al magistrado Ibáñez que requiera a Colpensiones los conceptos jurídicos que el magistrado Carvajal habría emitido sobre la constitucionalidad de la reforma cuando tenía un contrato con esa entidad.Esta solicitud llega a la Corte pocos días después de que Valencia recusara al magistrado Carvajal, argumentando que esos documentos son fundamentales para sustentar su petición de apartarlo del debate.Según la congresista, los contratos de prestación de servicios firmados entre Carvajal y Colpensiones en 2024 y 2025 incluyen informes de supervisión en los que se certifica que el hoy magistrado rindió los conceptos jurídicos cuestionados.“De tal forma que la corporación cuente con la totalidad del soporte probatorio necesario para apartar al magistrado Carvajal del proceso”, se lee en la solicitud enviada por Paloma Valencia.
El contralor General, Carlos Hernán Rodríguez, anunció que el organismo evaluará declarar la alerta de "impacto nacional" sobre la posible pérdida de recursos en contrato de mantenimiento de helicópteros MI-17 entre el Ministerio de Defensa y la empresa Vertol Systems, por un valor de 32 millones de dólares, debido a que se realizó el desembolso anticipado del 50 % del valor del contrato, pero el avance físico llega al 8 % aproximadamente.El contralor agregó que el caso no solo representa un riesgo financiero, sino también operativo para la fuerza pública: “Este es un tema de impacto, no solamente por el monto de los recursos, sino también por lo que lleva implícito para el tema de seguridad”.El contralor confirmó, además, que en su reunión con representantes de Vertol Systems reconocieron “serias dificultades financieras” para cumplir con el cronograma de mantenimiento pactado.Por este motivo, el ente de control evaluará la situación el próximo 15 de noviembre, fecha en la que termina el contrato, y esperan se tomen medidas para que no haya detrimento patrimonial, considerándolo complicado, o que, eventualmente, el detrimento no sea mayor.Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó que en las próxima semanas recibirán bienes y servicios por 5.4 millones: “Han recibido ya bienes y servicios por 2.6 millones de dólares. Nos han informado que se espera que en los próximos días o semanas se reciban 5.4 millones de dólares más (…) Eso completaría aproximadamente unos 8 millones de dólares de los 16 millones de dólares de los que ya se hizo un pago anticipado”.Sánchez afirmó que en caso de un incumplimiento definitivo, tendrían que emplear capacidades de otros helicópteros y otras modalidades de transporte logístico para garantizar la operatividad y el ritmo operacional de la Fuerza Pública, junto a otras investigaciones.“Otros procedimientos que se están adelantando, que son investigaciones con la Procuraduría, con la Contraloría, pero también al interior del sector defensa para tomar las decisiones a que haya lugar”, concluyó el ministro.
La discusión sobre las alocuciones presidenciales vuele sobre la mesa, el Consejo de Estado protegió el derecho fundamental a la información de varios ciudadanos que denunciaron un uso “indebido y desproporcionado” de las alocuciones presidenciales por parte del presidente Gustavo Petro.El alto tribunal consideró que las transmisiones reiteradas por canales públicos y privados vulneraron el pluralismo informativo y excedieron los límites constitucionales de esta figura.En el fallo, con ponencia del magistrado Alberto Montaña Plata, advierte el Consejo de Estado que la figura de la alocución presidencial “solo puede ser utilizada en circunstancias excepcionales y urgentes”, como desastres naturales o alteraciones graves del orden público.Sin embargo, el presidente la habría empleado de manera permanente e ilimitada, afectando la libre elección de contenidos por parte de los televidentes.El Consejo de Estado amparó los derechos de los demandantes Nelson Martínez , Miguel Uribe Turbay, Mauricio Aragón, Mauricio Trujillo Riascos, Samuel Ortiz Mancipe y Sandra Mancipe Mesa, quienes alegaron que las frecuentes transmisiones interrumpían la programación regular de los canales y restringían su acceso a información diversa.Entre las órdenes que profirió el Consejo de Estado es, primero, ponerle la lupa al uso de las alocuciones presidenciales únicamente a hechos de urgente y manifiesta trascendencia pública.Además, evitar transmisiones prolongadas o reiteradas que interfieran con la programación habitual de los medios y ordenar a la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) adoptar antes del 31 de diciembre de 2025 un marco regulatorio para garantizar el pluralismo informativo en los canales públicos y privados.“La alocución debe responder a una justificación o razón suficiente, lo que implica que la solicitud debe corresponder a circunstancias urgentes […] La alocución presidencial no puede ser recurrente, por ejemplo, en el mismo intervalo semanal. […] La situación alocución debe ser limitada temática y temporalmente”, se lee en el fallo del Consejo de Estado.
El abogado penalista Mauricio Pava presentó una demanda de nulidad ante el Consejo de Estado contra la resolución que establece zonas de ubicación temporal para miembros del Clan del Golfo, medida incluida dentro de la estrategia de Paz Total del gobierno nacional. Según dijo Pava en entrevista con Mañanas Blu 10:30 AM, la resolución vulnera los límites constitucionales en la negociación con estructuras criminales.La acción legal se fundamenta en la protección del Estado de Derecho, argumentando que la administración ha sobrepasado sus facultades al otorgar beneficios territoriales y jurídicos a grupos sin carácter político, sin un marco legal aprobado por el Congreso de la República.El núcleo de la demanda se basa en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en particular la sentencia 525 de 2023, que establece criterios sobre quiénes pueden acceder a zonas especiales y beneficios procesales.Pava explicó que existe una diferencia clara entre grupos con "pedigrí político" y bandas criminales: "Con estructuras criminales de alto impacto. Usted no puede tener zonas especiales de ubicación si no tiene un marco jurídico, una ley de sometimiento".El abogado señaló que la resolución del 22 de diciembre vulnera este principio, ya que el proyecto de ley de sometimiento todavía está “diluido” en el Congreso. Sobre la negociación con carteles de narcotráfico y minería ilegal, Pava agregó: "En el mundo de esta resolución... ese mundo es con bandas criminales, pandillas, estructuras de crimen organizado... con esos grupos es el sometimiento a la justicia".La demanda alerta sobre la entrada en vigor de la resolución, programada para el 1 de marzo de 2026, coincidiendo con los periodos electorales. Pava expresó preocupación por la transparencia y la libertad del voto en los municipios designados en Chocó y Córdoba."¿Quién va a garantizar que en esas zonas haya voto libre, que la población con tranquilidad pueda acudir a las jornadas electorales?", cuestionó, señalando que entregar territorios a grupos que los dominaron “a sangre y fuego” podría interpretarse como una legalización de facto de su control.La demanda también cuestiona la potestad del presidente de la República para suspender órdenes de captura y procesos de extradición en estas zonas. Según Pava, estas acciones solo serían legales si existiera una ley ordinaria de sometimiento, actualmente inexistente."Una cosa es la negociación con grupos que tengan un pedigrí político y otra cosa es la negociación con bandas criminales", subrayó, recordando que la falta de marco jurídico impide que estas medidas tengan respaldo legal legítimo.Escuche la entrevista completa aquí:
El Gobierno nacional volvió a poner en entredicho la metodología con la que se están midiendo las cifras de cultivos y producción de cocaína en el país.El Ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, aseguró que Colombia cuenta con argumentos técnicos y estadísticos para demostrar que los reportes de Naciones Unidas no reflejan la realidad actual, especialmente frente a las políticas implementadas desde 2022.Idárraga explicó que el sistema de monitoreo continuará, tal como lo ha ordenado el presidente Gustavo Petro, pero articulado con los mecanismos de seguimiento de la Policía Nacional.Sin embargo, el Gobierno adoptará una postura prudente a la espera de los resultados de la reunión entre el presidente Petro y su homólogo estadounidense, Donald Trump, encuentro en el que este tema será uno de los puntos centrales de discusión.“La negación de continuar con ese tipo de sistemas porque si Naciones Unidas no quiere tener en cuenta las observaciones técnicas a propósito de la metodología, pues no nos queda otro camino que simplemente abandonarlo y arrancar otro camino que será liderado desde Viena, pero también con el diálogo con EE. UU., quien sería el verificador en Europa. Estamos en las conversaciones para ver quiénes del Parlamento Europeo podrían, por ejemplo, entrar a asumir esa verificación”, dijo Andrés Idárraga.Con esto, el jefe de la cartera de Justicia encargado confirmó que ya se adelantan conversaciones para que Estados Unidos asuma un rol como verificador y que incluso se evalúa la posibilidad de que miembros del Parlamento Europeo participen en el proceso de validación de las cifras.
El Ejército abrió un nuevo proceso de incorporación para formar suboficiales, una convocatoria dirigida a jóvenes colombianos que buscan iniciar una carrera con formación militar, estabilidad laboral y proyección profesional.Las inscripciones se realizan a través de la Escuela Militar de Suboficiales y constituyen el primer paso para acceder al Curso de Suboficiales. El proceso estará habilitado hasta marzo de 2026 y toda la información oficial está disponible en la página web institucional, donde los aspirantes pueden consultar requisitos, etapas de selección, costos aproximados y contactos regionales.Entre los requisitos básicos se encuentra tener entre 17 y 23 años, ser bachiller académico, contar con los resultados de las Pruebas Saber 11, no registrar antecedentes penales, disciplinarios o fiscales, y acreditar conocimientos básicos de natación.Quienes se postulen deberán superar varias fases del proceso, que incluyen pruebas psicométricas y psicológicas, exámenes médicos, evaluaciones físicas en tierra y agua, así como entrevistas, visitas domiciliarias y pruebas de poligrafía.Durante la etapa de formación, los alumnos reciben una bonificación mensual y cuentan con alojamiento, alimentación, dotación y acceso a movilidad académica. Además, el programa contempla la obtención de una doble titulación académica. Una vez finalizado el curso, los nuevos suboficiales acceden a ocupación laboral inmediata dentro de la institución.Las autoridades recordaron que el proceso de incorporación no tiene intermediarios y advirtieron sobre posibles estafas, recomendando no realizar pagos a personas o cuentas no oficiales. Para ampliar la información, los interesados pueden acudir a las zonas de reclutamiento, distritos militares o consultar directamente los canales oficiales de la Escuela Militar de Suboficiales.
En las 1.440 sedes educativas de los 35 municipios no certificados del Huila, que son competencia del gobierno departamental, arrancó este lunes el calendario escolar 2026 con más de 112.000 estudiantes matriculados tanto en las zonas urbanas como en las áreas rurales.En el caso de Neiva, también iniciaron clases 32.500 niños y jóvenes en las 169 sedes educativas del municipio y con el suministro del programa de alimentación escolar PAE que tuvo una inversión inicial por encima de los 20.000 millones de pesos. “El proceso de negociación a través de la Bolsa Mercantil de Colombia se cerró exitosamente por un valor de 20 mil millones de pesos y hemos verificado todas las condiciones técnicas, sanitarias y operativas del operador. Además, la entrega de los alimentos coincide con la fecha de la apertura oficial del calendario escolar” así lo confirmó Olga Lucía Castaño, secretaria de educación municipal.En el Huila la secretaría de educación, confirmó que el programa PAE inició a media marcha en algunas instituciones y se espera que para la próxima semana este cubierto en un cien por ciento la alimentación escolar en todos los municipios del departamento.Desde la oficina del PAE Huila, informaron que la semana inmediatamente anterior quedó adjudicado el contrato para que se inicie a operar el programa de alimentación escolar a partir de la primera semana de febrero.
Un tripulante de la motonave Cetus Narwhal falleció luego de sufrir un grave accidente mientras la embarcación navegaba frente a Buenaventura, en el Pacífico colombiano. El hombre, quien se desempeñaba como bosun o contramaestre, cayó al interior de una de las bodegas de carga del buque, lo que desencadenó una operación de emergencia en alta mar.El reporte del incidente fue recibido por la Dirección General Marítima cuando la nave se encontraba a unas 30 millas náuticas al este de la boya de mar de Buenaventura. Tras la alerta, se activaron los protocolos de atención y se coordinó una operación de búsqueda y rescate para evacuar al tripulante herido.Inicialmente, se dispuso una unidad de Guardacostas para atender la emergencia, pero las condiciones del mar impidieron la evacuación por vía marítima. Ante este escenario, se solicitó apoyo aéreo y un helicóptero del Grupo Aeronaval del Pacífico realizó la extracción del tripulante a unas 15 millas náuticas del puerto.El hombre fue trasladado por vía aeromédica hasta instalaciones militares en Buenaventura y posteriormente remitido a un centro asistencial de la ciudad. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, se confirmó su fallecimiento horas después.Tras el incidente, la motonave fue retornada y fondeada en el puerto de Buenaventura para adelantar las actuaciones correspondientes. Las autoridades marítimas iniciaron una investigación para establecer las circunstancias exactas del accidente y determinar posibles responsabilidades.“La Dirección General Marítima iniciará el proceso jurisdiccional respectivo, con el fin de determinar las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrió el incidente, así como las posibles responsabilidades a que haya lugar”, indicó la autoridad marítima colombiana.
En diálogo con Mañanas Blu, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, reveló los detalles de una de las apuestas más estratégicas para la seguridad nacional: la creación del Escudo Nacional Antidrones. Este proyecto surge como respuesta a la creciente amenaza de grupos criminales que utilizan drones cargados con explosivos en diversas regiones del país.Un proyecto de vanguardia tecnológicaEl sistema, calificado por el ministro como una iniciativa de vanguardia, tiene una valoración total de 6.2 billones de pesos, de los cuales se espera invertir un billón de pesos durante el presente año. El escudo no consiste en un único dispositivo, sino en un sistema de múltiples capas diseñado para proteger a la tropa en movimiento, buques, vehículos e instalaciones fijas. Según el jefe de la cartera de Defensa, la tecnología debe permitir que estos sistemas interactúen de forma automática y en segundos, dada la rapidez con la que se desarrollan los ataques aéreos.Preferencia por tecnología occidental y autonomía nacionalRespecto a la procedencia de la tecnología, el ministro Sánchez fue enfático en que la orientación de Colombia es hacia la tecnología de tipo occidental. Esta decisión se fundamenta en la necesidad de interoperabilidad con aliados estratégicos como Estados Unidos y países de Europa, permitiendo que los sistemas "hablen el mismo idioma" en la lucha contra el crimen transnacional.A pesar de que empresas chinas han presentado ofertas, el gobierno colombiano prioriza estándares que sean compatibles con sus tácticas, procedimientos y economía de escala. El ministro aclaró que, aunque se ha discutido el tema con Estados Unidos, no existe un condicionamiento o veto por parte de Washington para adquirir exclusivamente tecnología estadounidense; la decisión sigue siendo una muestra de la autonomía colombiana basada en sus propios intereses de seguridad.Cooperación fronteriza y resultados operativosTambién abordó la tensión con Ecuador. Sánchez desestimó las quejas del presidente Daniel Noboa sobre la falta de cooperación en la frontera, calificándolas como opuestas a la realidad. Destacó que, bajo la administración actual, la incautación de cocaína ha aumentado en un 321%, sumando 286 toneladas, y se han desplegado 10,700 hombres en la zona fronteriza de Nariño y Putumayo, logrando reducciones significativas en las tasas de homicidio.Conflictos internos y derechos humanosFinalmente, el ministro se refirió a la situación de orden público en el Meta, donde se mantienen enfrentamientos contra las disidencias de 'Calarcá', específicamente contra la estructura de alias "Patepalo". Sánchez expresó su preocupación por la muerte de personas en circunstancias extrañas que sugieren ejecuciones, incluyendo a cuatro menores de edad que habían sido reclutados ilícitamente. El caso está bajo investigación de la Fiscalía para esclarecer si las víctimas fueron sedadas antes de recibir tiros de gracia por parte de otros grupos disidentes.Escuche aquí la entrevista:
La madrugada del sábado pasado, Nicolás Alcocer —hijo adoptivo del presidente de Colombia, Gustavo Petro— fue víctima de un robo mientras se encontraba en la céntrica Gran Vía de Madrid. Según confirmó la Policía Nacional de España, el joven fue abordado por un individuo que le arrebató una cadena de oro cuando se disponía a subir a un taxi.Carlos Quero, subinspector de la Policía Nacional y portavoz de la Unión Federal de Policía (UFP), explicó los pormenores del caso en entrevista con Mañanas Blu. “Se encontraba por la noche, de madrugada, en una calle céntrica de Madrid, como es la Gran Vía, y cuando se estaba montando en un taxi, llegó un individuo por la espalda y le dio un tirón de una cadena que portaba, que parecía ser de oro”, relató el funcionario.De acuerdo con Quero, el propio Nicolás Alcocer pidió auxilio de inmediato y su reacción permitió que una patrulla cercana iniciara la persecución del delincuente. “Había una patrulla que emprendió la persecución a pie por las calles del centro de la capital y finalmente lo terminó apresando unas calles posteriores”, añadió.La rápida intervención policial permitió recuperar el objetoEl portavoz confirmó que la cadena fue recuperada en el lugar del arresto y devuelta a su propietario esa misma noche. “Cuando se recuperan, se le hace un acta de entrega a la persona portadora, para no privarle de su objeto”, explicó Quero, detallando que no fue necesario poner la joya a disposición judicial, dada su pronta recuperación.Alcocer presentó una denuncia formal y, además, “firmó el libro de felicitaciones por la rápida intervención policial”, según informó el subinspector. El valor de la cadena fue estimado en unos 6.000 euros, equivalentes a unos 25 millones de pesos colombianos.El presunto ladrón y situación judicialEl detenido fue identificado como un joven de nacionalidad marroquí de aproximadamente 23 años. De acuerdo con la Policía Nacional, el individuo tenía antecedentes por robo. “Por lo que ha trascendido, sí, es reincidente”, señaló Quero.El presunto delincuente fue puesto a disposición judicial dentro del plazo establecido por la legislación española —máximo de 72 horas bajo custodia policial— y, según el vocero, lo más probable es que haya quedado en libertad con cargos mientras avanza el proceso judicial. “A menos que se haya empleado una violencia inusual, no se suele meter en la cárcel a este tipo de personas”, explicó.Sin escolta ni protección oficialSobre si el hijo del presidente contaba con algún tipo de seguridad o acompañamiento en el momento del robo, el portavoz fue enfático: “No, que nosotros sepamos”, aseguró. De hecho, Quero confirmó que Nicolás Alcocer reside en España y que suele movilizarse sin escolta.El funcionario también aclaró que Alcocer se identificó formalmente en la comisaría, una vez se informó sobre su relación familiar con el mandatario colombiano. “Es conveniente decir este hecho, puesto que se trata del hijo de un mandatario extranjero”, comentó.El incidente ha generado atención tanto en España como en Colombia por tratarse de un familiar directo del presidente Gustavo Petro. Medios locales subrayan que el robo ocurrió en una de las zonas más transitadas y seguras de Madrid, donde hay fuerte presencia policial y vigilancia nocturna. La rápida reacción de los agentes permitió evitar mayores consecuencias.Nicolás Alcocer, quien adoptó el apellido Petro tras su proceso de adopción hace algunos años, reside en territorio español donde realiza actividades privadas. Aunque el hecho no dejó heridos ni mayores daños, el caso ha reavivado el debate sobre la seguridad de figuras públicas y sus familiares en el extranjero.El procedimiento judicial contra el presunto autor del robo continuará en las próximas semanas ante un juez de primera instancia madrileño, mientras la Policía Nacional cierra el informe oficial del caso.
En zona rural del municipio de Tibú, Norte de Santander, tropas del Ejército destruyeron un complejo cocalero compuesto por tres laboratorios dedicados a la producción de pasta base de coca, una estructura que, según información de inteligencia, sostenía parte de las finanzas ilegales del frente ‘Luis Enrique León’ Guevara del ELN.La operación se desarrolló en la vereda La India, sector de Alto San Miguel, donde fueron ubicadas las infraestructuras clandestinas utilizadas para el procesamiento de droga. En el lugar, las autoridades hallaron 660 galones de pasta base de coca en suspensión, además de grandes cantidades de insumos químicos y combustible empleados en la producción del estupefaciente.Durante la intervención fueron incautados 385 galones de ACPM, 180 galones de gasolina, 110 galones de ácido sulfúrico y cerca de 375 kilogramos de insumos sólidos. También se inutilizaron equipos y maquinaria clave para la elaboración de la droga, dejando fuera de operación el complejo.De acuerdo con las autoridades, este centro de producción tenía una capacidad mensual cercana a los 600 kilogramos de pasta base de coca. La droga, una vez procesada, era movilizada por rutas que atravesaban territorio venezolano, con destino final en mercados de Estados Unidos y Europa.El valor de la infraestructura y del material destruido fue estimado en cerca de 295 millones de pesos, lo que representa un nuevo golpe a las economías ilegales del ELN en el Catatumbo, apenas días después de otras afectaciones millonarias registradas en la región.La zona de Alto San Miguel es considerada estratégica para el narcotráfico por su ubicación y las dificultades de acceso, condiciones que han sido aprovechadas históricamente por los grupos armados para instalar laboratorios y asegurar corredores de movilidad ilegal.
Mediante una carta publicada en la mañana de este lunes, el expresidente y director del Partido Liberal, César Gaviria, le hizo varias recomendaciones al presidente Gustavo Petro de cara al encuentro bilateral que sostendrá con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el próximo martes 3 de febrero en la ciudad de Washington.“Usted representará a la nación en su conjunto en su reunión con el presidente Trump, y tiene claro que en la actual coyuntura no se trata de desarrollar una narrativa ideológica ni una competencia o confrontación personal con él. Más bien se trata de dejar atrás esa actitud que generó hondas diferencias con la política exterior del presidente Trump en una época en la cual sus distancias con los Estados Unidos y su política eran deliberadamente antinorteamericanas”, sostiene Gaviria.El documento subraya la necesidad urgente de restaurar la confianza bilateral y abandonar posturas ideológicas o retóricas que han debilitado la alianza histórica con Estados Unidos.En el ámbito económico, la misiva cuestiona la validez de los argumentos de Petro sobre el déficit comercial con China, señalando que tales afirmaciones carecen de fundamento técnico y son contraproducentes. Gaviria subraya que Estados Unidos sigue siendo el mayor socio comercial de Colombia, con un intercambio cercano a los 36.700 millones de dólares, y advierte que plantear a China como una alternativa estratégica es un error que socava la voluntad de mejorar la relación con la administración estadounidense. Asimismo, insta a que la política exterior sea pragmática y no se base en discursos ideológicos que alejen al país de sus verdaderos intereses, como ha ocurrido con las tensiones generadas respecto a Israel.“Debemos garantizar la tesis de que Colombia no está girando en la órbita de los rivales geopolíticos de EE. UU. La diversificación comercial es deseable, pero no puede construirse sobre discursos de un origen ideológico que nos alejan de nuestros verdaderos intereses, como tantas veces ocurrió a lo largo de su gobierno, invitando a países a romper sus relaciones con Israel y no encontrando ni siquiera una respuesta favorable a sus demandas, y que eso no le haya dado el mínimo beneficio a Colombia”, agrega el exmandatario.Respecto a la seguridad y la lucha contra el narcotráfico, el documento alerta sobre el máximo histórico de 263.000 hectáreas de cultivos de coca y la duplicación de la productividad por hectárea. Gaviria critica la caída en la tasa de incautación y la disminución del 93 % en la erradicación manual, hechos que han deteriorado la cooperación en inteligencia y equipo militar con Washington. Ante esta situación, el expresidente hace un llamado directo a abandonar la política de paz total, por considerarla incompatible con los intereses nacionales y responsable de permitir que bandas criminales llenen vacíos territoriales.“Llegó la hora de que usted tome la decisión de abandonar esa política de paz total por ser totalmente incompatible con los intereses nacionales y por la escasez de resultados. La reunión en la Casa Blanca debe servir para presentar una estrategia integral, verificable y cooperativa contra el narcotráfico, reconociendo que el apoyo estadounidense ha sido históricamente esencial para enfrentar este fenómeno y es el área donde hay un mayor potencial de cooperación”, se puede leer en la carta.Finalmente, Gaviria hace una advertencia sobre la situación con Venezuela, instando al presidente Petro a subordinar lo ideológico a la reconstrucción de la relación con Estados Unidos y a la seguridad nacional. Gaviria denuncia que el gobierno de Maduro es cómplice de grupos terroristas como el ELN y las disidencias de las Farc, y critica la “solidaridad e identificación” que el gobierno colombiano ha mostrado hacia dicho régimen. El texto concluye exhortando a adoptar una postura pragmática que apoye la visión de una “Venezuela libre y democrática”, basando la diplomacia en el respeto, las certezas y los resultados reales.
Una demanda presentada ante el Consejo de Estado puso en entredicho la legalidad de las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) creadas por el Gobierno Nacional en el marco de las negociaciones con el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia, Clan del Golfo. La acción judicial fue interpuesta por los abogados Mauricio Pava , actual defensor del exministro Ricardo Bonilla y Nicolás Dupont Bernal, quienes solicitaron la nulidad de la resolución presidencial que dio origen a estas zonas y la suspensión provisional de sus efectos mientras se adopta una decisión de fondo.La demanda cuestiona la Resolución expedida por el presidente de la República, mediante la cual se establecieron tres Zonas de Ubicación Temporal en áreas rurales de los municipios de Belén de Bajirá y Unguía, en el Chocó, y Tierralta, en Córdoba, con el propósito de facilitar la ubicación gradual y progresiva de integrantes de este grupo armado ilegal a partir del 1 de marzo de 2026.Según el documento radicado, estas zonas fueron acordadas el 5 de diciembre de 2025 en Doha, Catar, durante las conversaciones entre delegados del Gobierno Nacional y representantes del Clan del Golfo, en el marco del documento denominado “Compromisos de Paz en Doha”. Allí se pactó la creación de las ZUT como parte del proceso de conversación sociojurídico orientado al sometimiento a la justicia de esta estructura criminal.No obstante, los demandantes sostienen que, aunque la paz es un objetivo constitucional, no puede construirse al margen del orden jurídico. En el texto de la demanda se advierte que “la paz es un fin constitucional irrenunciable, pero no puede construirse al margen del orden constitucional. Cuando el Ejecutivo actúa sin sujeción a la ley, incluso con fines legítimos, se compromete el propio Estado de Derecho”. Con base en ese argumento, solicitan que se declare la nulidad de la Resolución por infracción de las normas en que debía fundarse y por falta de competencia.Uno de los ejes centrales de la acción judicial es que la creación de las ZUT y los beneficios asociados , como la suspensión de órdenes de captura para integrantes, no estaría respaldada por el andamiaje jurídico de la política de “paz total”, aprobada por el Congreso y avalada de manera parcial por la Corte Constitucional. A juicio de los demandantes, sin una ley de sometimiento en firme, el Ejecutivo no puede disponer de territorios donde se garantice un trato preferencial a estructuras armadas ilegales.La demanda recuerda que, para darle sustento jurídico a este tipo de negociaciones, el entonces ministro de Justicia radicó un proyecto de Ley de Sometimiento, que no ha sido aprobado. En ese contexto, los abogados advierten que no existiría una ley habilitante vigente que permita la creación de Zonas de Ubicación Temporal como las pactadas en Doha, menos aún en regiones como Chocó y Córdoba, que han sido históricamente epicentro de la acción criminal y del control armado del Clan del Golfo.“El Congreso de la República, y no el Ejecutivo, es el llamado a definir el marco normativo del sometimiento a la justicia y las condiciones bajo las cuales pueden establecerse Zonas de Ubicación Temporal”, señala el escrito. Y agrega que, al expedir la resolución sin ese respaldo legal, el presidente habría invadido una competencia exclusiva del legislador, actuando “en ausencia total de la ley habilitante requerida”.Ahora será el Consejo de Estado el encargado de analizar los argumentos de la demanda y decidir si decreta la suspensión provisional de la resolución mientras se resuelve de fondo la legalidad de las ZUT.