El sector minero colombiano cierra 2025 como uno de los más afectados de la economía nacional, en medio de un entorno marcado por la incertidumbre regulatoria, la caída de la inversión extranjera y una discusión pública adversa. Así lo afirmó Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), durante una entrevista en El Radar de Blu Radio en la que analizó el balance del año y las perspectivas para 2026.Según Nariño, el año que termina “va a pasar a la historia como uno de los más retadores, si no el más difícil, para la minería y el sector extractivo”. El dirigente gremial aseguró que la conversación pública liderada desde el Gobierno se tradujo en decisiones concretas que impactaron negativamente al sector. “Esa conversación se convirtió en decretos, resoluciones, nuevos impuestos, y eso tiene efectos reales sobre la inversión y el empleo”, señaló.De acuerdo con el presidente de la ACM, la minería fue el sector que más decreció en la economía colombiana durante 2025, con una contracción cercana al 10% en lo corrido del año. “Detrás de esas cifras frías hay empleos, oportunidades perdidas, menos inversión y menos impuestos, justo cuando el país más los necesita”, enfatizó.2026, un año clave para el crecimiento económicoDe cara a 2026, Nariño considera que el próximo gobierno tendrá que tomar decisiones estructurales para enfrentar los principales retos del país, entre ellos el equilibrio fiscal, la seguridad y la sostenibilidad del sistema de salud. En ese contexto, afirmó que la minería puede jugar un papel clave. “Llegó el momento de apalancar el crecimiento económico y la generación de empleo con los recursos minerales que tiene Colombia, produciendo de manera responsable”, sostuvo.Minería ilegal y seguridad, una preocupación crecienteUno de los puntos más críticos abordados fue el avance de la minería ilegal, especialmente del oro. Nariño advirtió que este fenómeno está financiando a grupos armados y agravando la crisis de seguridad. “La extracción ilícita de minerales hoy está volviendo viable la guerra, porque la está financiando”, afirmó.Además, alertó sobre su impacto ambiental. “La minería ilegal es hoy el principal crimen ambiental en Colombia y está degradando ríos, parques naturales y territorios completos”, agregó.Recuperar la confianza del sector mineroSobre la recuperación del sector, Nariño reconoció que tomará tiempo, pero aseguró que existe disposición para invertir. “Se necesitan mensajes claros de que Colombia es un país abierto a la exploración y a la inversión minera”, indicó. Según el dirigente, proyectos en fases avanzadas podrían aportar hasta 13 billones de pesos en nuevas inversiones en los próximos tres años.Finalmente, destacó que, pese a las dificultades, “el sector minero colombiano sigue dispuesto a trabajar por la recuperación económica y social que el país necesita”.Escuche la entrevista completa acá:
El presidente Gustavo Petro anunció una serie de cambios en la cúpula de las Fuerzas Militares en un movimiento que, según explicó, responde a los desafíos que enfrentará el país en 2026. El pronunciamiento fue hecho a través de su cuenta en la red social X, donde detalló la nueva conformación del alto mando militar.En el Comando General de las Fuerzas Militares fue designado el general Hugo Alejandro López Barreto como comandante general, en reemplazo del almirante Francisco Cubides, mientras que el vicealmirante Harry Ernesto Reyna Niño asumirá como jefe de Estado Mayor Conjunto, cargo que desempeñaba el general López.En el Ejército Nacional, el presidente anunció el nombramiento del mayor general Royer Gómez Herrera como comandante, acompañado por el mayor general Jaime Alonso Galindo como segundo comandante, con este cambio salen el general Luis Emilio Cardozo y el general Erick Rodríguez.Para la Armada Nacional se mantiene como comandante al almirante Juan Ricardo Rozo Obregón, con el vicealmirante Orlando Enrique Grisales Franceschi como segundo comandante y jefe de Estado Mayor Naval. En la Fuerza Aeroespacial Colombiana, el mayor general Carlos Fernando Silva Rueda asumirá la comandancia, junto al mayor general Alfonso Lozano Ariza como segundo comandante y jefe de Estado Mayor. Sale de la cúpula el general Luis Carlos Córdoba.En su mensaje, Petro dedicó un apartado especial para agradecer la labor de los comandantes salientes. “Agradezco el trabajo del almirante Francisco Hernando Cubides Granados, del general Luis Carlos Córdoba Avendaño y del general Luis Emilio Cardozo Santamaría”, expresó, al resaltar que estuvieron al frente de “grandes operaciones de las Fuerzas Militares” durante su periodo de mando.Entre los logros destacados, el mandatario subrayó la recuperación del corregimiento de El Plateado, en Argelia, Cauca. Según explicó, allí “se expulsó a más de un centenar de integrantes de la facción de alias Mordisco, sin causar daño colateral a los más de 8.000 campesinos que habitan ese lugar”, un resultado que, dijo, permitió avanzar en la transformación del territorio hacia la legalidad y liberar a las comunidades de la presión del narcotráfico.El balance presentado por el presidente también incluyó cifras históricas en la lucha contra las drogas. De acuerdo con lo expuesto, bajo el liderazgo de la cúpula saliente, en 2025 se alcanzó un récord en incautación de cocaína. “Se calcula que alcancemos las 1.000 toneladas incautadas, lo que equivaldría a más de 12.000 millones de dosis que no llegarán a los países consumidores”, afirmó Petro.En materia operativa, el jefe de Estado indicó que la ofensiva de las Fuerzas Militares se incrementó en un 27 % frente al año anterior y que se logró la neutralización de más de 4.400 integrantes de los carteles del narcotráfico. Asimismo, destacó que en el último año se incautó la mayor cantidad de armamento de la última década, fortaleciendo la capacidad de control territorial.El mandatario también resaltó el crecimiento del pie de fuerza, con un incremento del 6 % en los efectivos de la fuerza pública, en contraste con reducciones registradas en gobiernos anteriores. A esto se sumó la creación de nuevas capacidades operacionales, entre ellas ocho Fuerzas de Despliegue Rápido (FUDRA), un batallón antidrones, un batallón de ingenieros de ferrocarriles, un comando unificado de los Gaula y dos nuevas unidades especializadas contra el secuestro y la extorsión.
Los usuarios de servicios de telecomunicaciones en Colombia podrían pagar mucho menos por la reconexión de telefonía, internet y televisión por suscripción, gracias al avance en la reglamentación de la Ley 2485 de 2025, una iniciativa impulsada por el senador Julio Alberto Elías.La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) presentó una ley regulatoria que establece topes máximos de 275 pesos para la reconexión de servicios móviles y de 1.981 pesos para servicios fijos, valores calculados con base en costos eficientes y muy por debajo de los cobros promedio actuales, que pueden llegar a 10.000 y 40.000 pesos.De acuerdo con el análisis técnico, económico y jurídico de la CRC, más del 90 % de los accesos fijos y de televisión por suscripción utilizan tecnologías que permiten la suspensión y reconexión remota, sin necesidad de desplazamientos físicos. El estudio concluyó que muchos de los cobros aplicados hasta ahora no estaban plenamente justificados en costos reales.La propuesta define con claridad qué actividades pueden incluirse en la tarifa de reconexión y excluye aquellas que no son indispensables para restablecer el servicio, evitando así que los usuarios asuman costos ajenos al proceso.El senador Julio Elías Vidal, autor y ponente de la Ley 2485, celebró el anuncio y aseguró que esta regulación protege a los usuarios frente a cobros desproporcionados.“La reconexión justa es ahora un derecho protegido por ley. Estos valores se aplicarán a partir del 16 de julio de 2026. La socialización del proyecto de resolución estará abierta hasta el 9 de febrero de 2026 para recibir observaciones de la ciudadanía y los operadores. Esta regulación garantiza que no se cobren tarifas desproporcionadas por un proceso que, en muchos casos, se realiza de forma remota en minutos”, afirmó a través de su cuenta de X.El senador destacó que los nuevos valores reflejan la realidad de un proceso que, en muchos casos, se realiza de forma remota en cuestión de minutos, por lo que los cobros son realmente excesivos.La consulta pública del proyecto de resolución estará abierta hasta el 9 de febrero de 2026, y los topes tarifarios entrarían en vigencia a partir del 16 de julio de 2026.
La medida, que tendrá una vigencia inicial de 30 días, recibió el respaldo del Pacto Histórico, que la calificó como una respuesta necesaria ante una crisis que ya no podía atenderse por los mecanismos ordinarios del Estado. Además, la coalición aseguró que la emergencia cumple con los requisitos constitucionales establecidos en el artículo 215 de la Carta Política, la Ley Estatutaria 137 de 1994 y la jurisprudencia de la Corte Constitucional.De acuerdo con el pronunciamiento del partido, la medida responde a una crisis fiscal estructural que se profundizó tras el archivo de la Ley de Financiamiento de 2025 en el Congreso. “Pese a que más del 93 % del presupuesto es inflexible, existen deudas heredadas, obligaciones judiciales y gastos ineludibles en salud, subsidios de energía para los hogares populares, seguridad y atención de desastres”, señaló la coalición en su comunicado.El Pacto Histórico advirtió que la falta de tomar acciones habría puesto en riesgo inmediato la prestación de servicios públicos básicos y esenciales, así como la garantía de derechos fundamentales. Según el comunicado, sectores como la salud, la seguridad social, el acceso a la energía, la atención a víctimas y la seguridad ciudadana habrían enfrentado consecuencias irreparables y riesgos reales.Además, añadió que la medida es temporal y proporcional, no suspende derechos fundamentales y está sujeta al control de la Corte Constitucional, a la que pidió avalar la declaratoria, evaluando su procedencia y necesidad, teniendo en cuenta la rigidez normativa y la insuficiencia de los instrumentos ordinarios para enfrentar la crisis.Por el momento, la Corte Constitucional evaluará la declaratoria de emergencia económica y social hasta el 13 de enero, fecha en la que finaliza la vacancia judicial.
Amaneció custodiado el oriente de Cali por cuenta de las autoridades, luego de un atentado con una granada de fragmentación que se registró en la Transversal 103 con Diagonal 26P del barrio Marroquín I. Allí, sobre un establecimiento de comercio, sujetos lanzaron el artefacto, lo que ocasionó caos y tensión.El general Edwin Urrego, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, confirmó que, como resultado de este hecho, un taxista que se encontraba en el sitio dejando a unos usuarios y tres personas más resultaron lesionadas. Incluso, algunos menores también quedaron afectados por la onda expansiva.“Una patrulla de Policía que se encontraba realizando un plan de búsqueda de antecedentes. Desafortunadamente, esta granada explota cerca de un taxi y allí resultan lesionadas cuatro personas. Tres de estas personas se movilizaban en el taxi y un transeúnte. Al parecer, presentan esquirlas en diferentes partes del cuerpo”, dijo el oficial.Así mismo, manifestó que por este caso hay una millonaria recompensa por información que permita la identificación y captura de los responsables de este hecho.“El Distrito ha manifestado una recompensa de hasta 200 millones de pesos para aquella persona que nos pueda dar información que nos permita individualizar y judicializar a los autores de este hecho criminal. Se ha activado el plan candado en diferentes puntos de la ciudad; además, estamos realizando un chequeo de distintas cámaras y la búsqueda de información adicional que nos permita dar con los responsables de este hecho”.La Personería de Cali, a través de un comunicado, rechazó lo sucedido y expresó su solidaridad con las personas afectadas y sus familias. Además, hizo un llamado a las autoridades para que se esclarezcan los hechos lo más pronto posible.
Bogotá todavía no despide el año y ya encendió una nueva alerta alrededor del uso y la venta ilegal de pólvora. Un hallazgo reciente volvió a poner la lupa sobre un problema que persiste en temporada decembrina y que, en esta ocasión, dejó preocupadas a las autoridades por el escenario en el que fue detectado: el sistema de transporte masivo TransMilenio.Más allá de las cifras de personas lesionadas, la incautación de artefactos pirotécnicos dentro de buses y estaciones evidenció que el uso indebido de pólvora sigue siendo una práctica frecuente en la ciudad. Aunque muchos pensaban que este fenómeno había disminuido, diciembre demuestra año tras año que el riesgo sigue latente y, en algunos casos, va en aumento.De acuerdo con la Secretaría Distrital de Salud, con corte al 25 de diciembre, durante la temporada navideña se registraron 70 personas lesionadas por el uso de pólvora, entre menores de edad y adultos. El pico más alto se presentó en la noche del 24 de diciembre y la madrugada del 25, cuando se reportaron 16 personas quemadas, superando incluso a la tradicional Noche de Velitas como el día con más casos en la capital.Incautación de pólvora en TransMilenio genera alertaEl hecho que más llamó la atención ocurrió en la estación de TransMilenio de la avenida Jiménez. En ese punto, la Policía incautó 1.440 unidades de juegos pirotécnicos que eran transportados de manera artesanal dentro de buses del sistema. Entre los elementos decomisados se encontraron voladores, totes, chispitas y otros productos explosivos.El coronel Norberto Caro, comandante de la guarnición de la Policía Nacional, confirmó que este material estaba siendo movilizado a través del transporte público, una situación que incrementa los riesgos para usuarios y trabajadores del sistema. El hallazgo dejó en evidencia la facilidad con la que estos artefactos pueden circular por la ciudad sin controles previos, lo que representa un peligro latente en espacios de alta concentración de personas.Lesionados por pólvora en Bogotá y zonas más afectadasSegún el informe oficial, los casos de personas quemadas se distribuyeron en varias localidades. Engativá encabezó la lista con 12 lesionados, seguida por Bosa y Suba, con ocho casos cada una. También se reportaron afectados en localidades como Antonio Nariño y Teusaquillo.Un dato que se repite cada año es la relación directa entre el uso de pólvora y el consumo de alcohol. En esta temporada, 21 de los lesionados estaban bajo los efectos de bebidas alcohólicas al momento del accidente, un factor que incrementa la probabilidad de maniobras imprudentes y lesiones de mayor gravedad.En Colombia, la prohibición del uso y la comercialización de pólvora por personas no expertas busca proteger la vida y la integridad física, especialmente de niños y adolescentes. La Ley 2224 de 2022 establece sanciones económicas y posibles consecuencias penales para quienes incumplan la norma. Las autoridades recuerdan que cualquier lesión por pólvora es evitable y representa un riesgo serio para la salud pública, el medioambiente y el bienestar animal.
En la vía Medellín – Urabá ya fue removido el material de por lo menos 10 de los derrumbes que se registraron en las últimas horas, a causa de las fuertes lluvias que cayeron en la zona, y que afectaron buena parte de este tramo.Según confirmó la Gobernación de Antioquia en tres sectores hay paso controlado a un carril, mientras que en el más grande se presenta en el sector de La Llorona, en el tramo entre Dabeiba y Mutatá donde hay cierre total por un deslizamiento de tierra de gran magnitud, motivo por el que la Concesión Autopistas Urabá retomó labores esta mañana para habilitar la vía en el transcurso de este sábado, aunque no hay una hora estimada.Mientras tanto, Juan Pablo Acosta, presidente de la Asociación de Transportadores de Pasajeros de Antioquia, advirtió que hay una afectación grande para quienes vienen o van hacia esa subregión del departamento para fin de año."Creemos que cerca de seis mil personas se están movilizando en estos momentos de de pico. Con el cambio de ruta, pues se van van a mermar la movilización de pasajeros. La esperanza es atender a todos los usuarios, pues que ya les habíamos vendido tiquetes de las diferentes empresas de transporte", indicó.Las labores con maquinaria amarilla se extendieron hasta las 11 de la noche para este corredor vial que está a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI y es administrado por la Concesión Vial Autopistas de Urabá, como lo indicó el gobernador encargado Luis Fernando Begué.Mientras se habilita la vía, los viajeros pueden tomar las vías alternas del Nordeste y Bajo Cauca.De otro lado, el ente departamental confirmó que por ahora no se reportan novedades en ninguna otra vía del Departamento y que hay maquinaria disponible en 20 puntos estratégicos de la red vial a su cargo, para atender cualquier eventualidad que se presente.
El mercado automotor chino cerró 2025 con un crecimiento marcado en varios fabricantes locales, impulsado por la electrificación y la rápida ampliación de redes de venta. En ese contexto, algunas marcas no solo han reportado aumentos sostenidos en producción y entregas, sino que también han comenzado a reflejar esos resultados en incentivos económicos directos para sus socios comerciales.Incentivos millonarios para concesionarios en ChinaDe acuerdo con información publicada por CarNewsChina, Xiaomi distribuyó más de 100 millones de yuanes entre sus concesionarios a nivel nacional como reconocimiento por su desempeño comercial, lo que equivale a unos 12 millones de euros o más de 14 millones de dólares, según las tasas de cambio actuales.Las transferencias se entregaron sin condiciones asociadas al cumplimiento de metas futuras y se materializaron en pagos directos, conocidos localmente como “sobres rojos”, una práctica habitual en China para gratificaciones económicas. Los montos variaron dependiendo del tipo de establecimiento y su fecha de apertura. Por ejemplo, las tiendas construidas en 2024 recibieron 12.100 euros (53 millones de pesos) por punto de venta, mientras que los nuevos concesionarios abiertos antes del 15 de diciembre de 2025 obtuvieron hasta 60.500 euros (260 millones) cada uno.¿Cuál es la presencia de Xiaomi en China?Hasta finales de noviembre, la marca contaba con 441 tiendas distribuidas en 131 ciudades de China, además de 249 centros de servicio que cubren 144 ciudades del país. Solo en los tres meses previos se abrieron 71 nuevos puntos de venta: 32 en septiembre, 22 en octubre y 17 en noviembre. La compañía informó que esperaba sumar otras 36 tiendas adicionales durante diciembre, ampliando su presencia a siete nuevas ciudades.El desempeño industrial también ha sido relevante. El pasado 20 de noviembre, la compañía comunicó que su vehículo número 500.000 había salido de la línea de producción, un hito alcanzado en poco más de un año y siete meses desde el inicio de la fabricación. En paralelo, los ingresos por vehículos eléctricos llegaron a 4.100 millones de dólares durante el tercer trimestre del año.Y es que Xiaomi, conocida globalmente por su negocio tecnológico y que anunció oficialmente su entrada a la industria automotriz en marzo de 2021. Más de cuatro años después, su división de vehículos eléctricos ya cuenta con dos modelos en el mercado: el sedán SU7 y el SUV YU7.¿Cuántos carros ha vendido Xiaomi?Las cifras comerciales respaldan la estrategia. Entre enero y noviembre de 2025, las ventas acumuladas de Xiaomi Auto alcanzaron 361.600 vehículos. De ese total, el SU7 representó 247.000 unidades, mientras que el YU7 sumó 114.600 entregas.El comportamiento mensual también mostró una tendencia ascendente. A lo largo del año, los registros pasaron de rangos superiores a 20.000 unidades mensuales, luego a más de 25.000, y posteriormente superaron las 45.000 unidades entre comienzos de 2025 y noviembre, según los datos reportados.
Al menos dos personas murieron y otras 26 resultaron heridas la noche del viernes, 26 de diciembre, en un accidente múltiple que involucró a más de 50 vehículos en una autopista del centro de Japón, cercanías de la ciudad de Tokio.El siniestro ocurrió alrededor de las 19:30 hora local del viernes (5:30 de la mañana del 26 de diciembre, hora de Colombia) en la autopista Kan-etsu, a la altura de la localidad de Minakami, en la prefectura de Gunma, a unos 160 kilómetros al noroeste de Tokio, según lo informado por la policía local.De acuerdo con lo confirmado por medios locales, el accidente se originó cuando dos camiones chocaron, lo que provocó una reacción en cadena en la que se vieron implicados más de 50 vehículos. Al menos diez de ellos se incendiaron tras la colisión.Tras el accidente, las autoridades confirmaron la muerte de una mujer de 77 años, residente en Tokio, que viajaba en uno de los automóviles involucrados. Además, se encontró otro cadáver en el asiento del conductor de uno de los camiones incendiados, según lo informado por la BBC. Entre los heridos, cinco se encuentran en estado grave y 21 presentan lesiones leves.¿Cuáles fueron las causas del accidente en Japón?En el momento del accidente estaba vigente una alerta por fuertes nevadas en la zona. La policía cree que el hielo en la calzada pudo haber provocado que los camiones derraparan, lo que contribuyó al choque, según la BBC y la cadena pública japonesa NHK.Además, las autoridades indicaron que las labores para extinguir el incendio se prolongaron durante unas siete horas y media. Tras el siniestro, un tramo de la autopista fue cerrado, quedando una larga fila de vehículos calcinados en el carril de salida, mientras se realizan trabajos de remolque.Un hombre de unos 60 años, cuyo vehículo estuvo involucrado en el accidente, declaró al medio NHK que escuchó una fuerte explosión y vio cómo el fuego se propagaba a otros automóviles. Añadió que fue evacuado junto con otras 50 personas a una caseta de peaje cercana, lugar en el que pasó la noche.La empresa Nexco, operadora de la autopista donde ocurrieron los hechos, señaló que es necesario inspeccionar la vía para determinar si el incendio dañó la superficie, y advirtió a los conductores que eviten utilizar ese tramo mientras continúan las labores de limpieza.
El caso de Zulma Guzmán Castro sigue dando de qué hablar y mantiene en alerta a la opinión pública, no solo por la gravedad de los hechos, sino por las implicaciones judiciales que podría enfrentar la empresaria de 54 años. Para muchos, la preocupación gira alrededor de lo que ocurrirá con el futuro legal de quien es señalada como la presunta responsable del envenenamiento de dos menores de edad, un ataque que además dejó a otros dos jóvenes gravemente afectados.La investigación, que hoy tiene en vilo a dos familias, activó una compleja ruta internacional para lograr su extradición desde el Reino Unido. De acuerdo con lo que han revelado las autoridades, en caso de ser hallada culpable, Guzmán Castro podría enfrentar una de las condenas más altas contempladas en la legislación colombiana, lo que marcaría un precedente por la naturaleza del crimen y el uso de una sustancia altamente tóxica.¿Cuántos años de cárcel podría enfrentar Zulma Guzmán?Según documentos oficiales citados por la Fiscalía General de la Nación, la pena que podría enfrentar la empresaria, en caso de ser declarada culpable, oscilaría entre los 40 y 50 años de prisión. Las acusaciones son contundentes: homicidio agravado por la muerte de una menor de 14 años, tentativa de homicidio contra otras dos personas y el uso de talio, un elemento considerado altamente peligroso.En la práctica, una condena de ese calibre equivaldría a una cadena perpetua, teniendo en cuenta la edad de la procesada. La Fiscalía sostiene que el ataque fue premeditado y que se habría ejecutado mediante el envío de frambuesas congeladas contaminadas con talio, las cuales fueron entregadas al apartamento de la familia Bedout, ubicado al norte de Bogotá, el pasado 4 de abril de 2025.Este elemento ha sido clave dentro del proceso, pues refuerza la tesis de una acción planeada y no de un hecho accidental, como inicialmente se intentó plantear en algunas versiones.Extradición desde Reino Unido y avances del proceso judicialLa captura de Guzmán Castro se produjo luego de una orden emitida en octubre por la Fiscalía colombiana, con el respaldo de la Cancillería. El pedido formal de extradición ya fue radicado ante las autoridades británicas y, actualmente, la empresaria permanece bajo custodia en un hospital del sur de Londres, con vigilancia especial.Las autoridades confirmaron que fue rescatada por la Policía Marítima tras un presunto intento de quitarse la vida en el río Támesis. A esto se suma que Interpol emitió alertas sobre sus movimientos previos en distintas ciudades del Reino Unido, lo que incrementa el riesgo de fuga mientras se define su situación judicial.El expediente sigue sumando capítulos. La investigación también revisa la muerte de Alicia Graham Sardi, esposa de Juan de Bedout, ocurrida en 2021 y atribuida inicialmente a un cáncer. Las autoridades no descartan que ese fallecimiento esté relacionado con un posible envenenamiento con talio.El ministro de Justicia (e.), Andrés Idárraga, confirmó que existen comunicaciones avanzadas con Londres para concretar la extradición antes de finalizar el año. Mientras tanto, el caso continúa creciendo en complejidad y mantiene a la ciudadanía atenta a lo que podría convertirse en uno de los procesos judiciales más largos y severos del país.
El número de personas lesionadas por el uso de pólvora en Colombia continúa en aumento durante la actual temporada decembrina y ya supera, antes de que termine el año, el total de casos registrados en 2024. De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud (INS), hasta el viernes 26 de diciembre, a las 2:00 de la tarde, se reportaron 904 personas lesionadas en el país, una cifra que supera los 801 casos contabilizados durante toda la temporada del año pasado.Del total de casos reportados en Colombia, 283 corresponden a menores de edad, lo que representa casi un tercio de los lesionados, mientras que 264 adultos resultaron heridos bajo los efectos del alcohol, una combinación que las autoridades consideran especialmente peligrosa durante las celebraciones de fin de año.Los departamentos y ciudades con mayor número de casos son Antioquia, que encabeza la lista con 132 personas lesionadas; seguido por Bogotá, con 81 casos; Norte de Santander, con 58; Cundinamarca, con 49, y Atlántico y Cauca con 47 casos cada uno. En el listado también aparecen Barranquilla, con 37 lesionados; Santander y Valle del Cauca, con 32 cada uno, y Nariño registra 31 casos.Las autoridades han reiterado que ningún tipo de pólvora es segura y que, incluso, los elementos considerados “pequeños” o “tradicionales” pueden provocar quemaduras severas, amputaciones y daños oculares irreversibles.Quemados en BogotáEn el caso de la capital del país, la Secretaría Distrital de Salud informó que, con corte a las 2:00 de la tarde del viernes 26 de diciembre, la cifra de personas lesionadas por pólvora en esta temporada decembrina ascendió a 81 casos. Aunque este número representa una reducción frente a la temporada anterior, las autoridades advierten que la cifra sigue siendo preocupante, especialmente por la afectación a niños y adolescentes.Del total de casos registrados en Bogotá, 20 corresponden a menores de edad. En varios de estos casos, los menores resultaron lesionados mientras observaban la manipulación de pólvora por parte de adultos o en contextos donde no existía la supervisión adecuada.En Bogotá, las lesiones más frecuentes continúan siendo quemaduras en manos, rostro y ojos, así como laceraciones y contusiones que, en algunos casos, requieren procedimientos quirúrgicos y largos procesos de recuperación.Ante este panorama, tanto el Instituto Nacional de Salud como las secretarías de salud departamentales y municipales reiteraron el llamado a no manipular pólvora, a denunciar su venta ilegal y a priorizar celebraciones seguras durante los últimos días del año.
A través de un plan candado coordinado entre el Ejército y la Policía, lograron recuperar 22 toneladas de café seco que horas antes habían hurtado varios delincuentes a la altura del puente conocido como Paso del Colegio, en la vía principal que comunica a Neiva con el municipio de La Plata, en el departamento del Huila.De acuerdo con la información de las autoridades, los asaltantes interceptaron el vehículo en el que se transportaba el café, amenazaron al conductor y luego huyeron con la carga hacia un paraje rural del municipio de Gigante, donde inicialmente hallaron el automotor sin la mercancía y, posteriormente, en una bodega encontraron los 506 bultos de café pergamino seco.El coronel Carlos Eduardo Téllez, comandante de la Policía del Huila, confirmó que los presuntos asaltantes fueron capturados custodiando las 22 toneladas de café al interior de una bodega. “En un trabajo coordinado con el Ejército logramos recuperar 22 toneladas de café que habían sido hurtadas por delincuentes en la vía La Plata–Neiva. Una vez fuimos alertados, implementamos el plan candado y, gracias al uso de la tecnología GPS, ubicamos el camión y luego, a siete kilómetros, en una bodega, encontramos el cargamento de café robado. En el operativo se capturaron dos personas”, señaló el oficial.Entre tanto, el café recuperado, que había salido del municipio de La Plata y está avaluado en más de 800 millones de pesos, será entregado a su propietario, mientras que los capturados quedaron a disposición de la autoridad judicial por el delito de receptación.
Los alcaldes de las ciudades puertorriqueñas de Arecibo, Carlos Ramírez, y de Ponce, Marlese Sifre Rodríguez, junto al de la ciudad colombiana de Cali, Alejandro Eder, acordaron este viernes presentar una iniciativa ante la Unesco para que la música salsa sea declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.Así lo informaron los mandatarios tras reunirse en Cali, ciudad en la que el miércoles pasado comenzó la Feria de Cali, que abrió la tradicional festividad de fin de año con la presentación de más de 2.200 artistas en el Salsódromo.El ritmo latino de trompetas, pianos, percusión, congas, timbales y maracas ha hecho que Cali sea considerada la 'Capital Mundial de la Salsa', por lo que ahora busca que este género sea reconocido oficialmente por la Unesco."La salsa es mucho más que un género musical: es un marcador esencial de identidad, un legado compartido que ha acompañado la vida cotidiana, las celebraciones y las expresiones culturales de nuestras comunidades", afirmó hoy el alcalde de Arecibo.En ese contexto, los alcaldes también oficializaron que en 2026 se realizará en Cali la 'Ruta Americana de la Salsa' para integrar expresiones representativas de la identidad afrocaribeña y latinoamericana."Esta apuesta cultural no solo busca fortalecer nuestra identidad, sino dinamizar el turismo y generar oportunidades reales de empleo y desarrollo para todos los caleños", indicó el alcalde Eder.La primera Cumbre de Ciudades de la Ruta Americana de la Salsa será en septiembre del 2026, justo en el marco del Festival Mundial de Salsa, y se esperarán delegaciones de 20 ciudades del continente.La Ruta Americana de la Salsa impulsa la circulación de artistas, bailadores, investigadores y emprendedores culturales, al tiempo que fortalece la economía cultural de Cali, con una red que conecta ciudades de Estados Unidos, el Caribe, Latinoamérica y Colombia."Es un honor contar con el respaldo de dos ciudades emblemáticas de Puerto Rico en esta iniciativa, reafirmando que Cali es el epicentro de este género en la región", añadió Eder.Trabajo mancomunadoEn el marco de la alianza, se acordó realizar la postulación ante la Unesco y, de manera conjunta, elevarán su solicitud para que tenga resonancia internacional."Con esta transformación social y económica que tiene Cali, desde Ponce nos vamos a unir. Esta es una oportunidad única de crear esta alianza tan maravillosa que nos une como pueblo a nivel mundial", argumentó Sifre, alcaldesa de Ponce.En el marco de esta articulación continental, se enfatizó la colaboración coordinada con ciudades clave de Estados Unidos como Nueva York, Miami y Los Ángeles; del Caribe, entre ellas La Habana, Santiago de Cuba, San Juan, Ponce, Arecibo y Santiago de los Caballeros.También se sumarán, en América Latina, Ciudad de México, Veracruz, Panamá, Caracas, Lima, Callao, Guayaquil y Santiago de Chile, además de ciudades colombianas como Barranquilla, Bogotá, Cartagena y Medellín."Desde Arecibo nos unimos a Cali. Gracias por esa oportunidad que nos dan de trabajar en conjunto para elevar la salsa a nuevos niveles", manifestó el alcalde Ramírez.Lo anterior se suma a la firma de un acuerdo enfocado en la protección del ecosistema de la salsa, realizado en noviembre pasado en Arecibo durante el Festival Mundial de Culturas, en el que Cali fue reconocida como ciudad homenajeada."Cali tiene la mirada en el mundo y el mundo tiene la mirada puesta en Cali. Seguiremos sumando esfuerzos para demostrar que somos una capital reconciliada, salsera, pujante y rumbera", concluyó Eder.
La decisión del Gobierno nacional de eliminar el financiamiento estatal a Colfuturo abrió un nuevo debate sobre las prioridades del gasto público en educación superior y formación de talento en Colombia. En entrevista con Mañanas Blu 10:30, Isabel Londoño, fundadora de la entidad, aseguró que no fue informada previamente y conoció la medida a través de un mensaje publicado por el presidente Gustavo Petro en la red social X.“Nadie me llamó, ni tampoco de Colfuturo. Yo solamente vi el comunicado que salió en la red social X y me enteré de lo que estaba pasando”, afirmó Londoño, quien subrayó que la discusión debe darse en un escenario de diálogo institucional. A su juicio, el país necesita sentarse a revisar cómo se distribuyen los recursos en educación. “Tenemos que redefinir cuáles son las prioridades del gasto público en educación (…) porque competimos por una canasta de recursos que es limitada”, señaló.Prioridades del Estado y cambio de contextoLa fundadora de Colfuturo explicó que el contexto nacional es muy distinto al de 1990, cuando se creó la entidad, en un ambiente de articulación entre el sector público y privado tras la Constitución de 1991. “Ese pensamiento que existía en 1990 es muy diferente al pensamiento que existe hoy. Las prioridades del gobierno han cambiado y la sociedad también ha cambiado”, sostuvo.No obstante, insistió en que cualquier conversación debe darse con respeto. “Esa conversación no puede empezar con agresiones ni con palabras ofensivas (…) tiene que ser una conversación de gente que quiere al país”, enfatizó.Impacto en empresas, Estado y jóvenesSobre los posibles efectos de la reducción de recursos, Londoño advirtió que los principales afectados serían las empresas y el propio Estado. “Las primeras perjudicadas van a ser las empresas y el gobierno colombiano porque necesitamos talento para desarrollar proyectos de infraestructura, tecnología, salud y educación”, afirmó.También destacó el papel de Colfuturo como incentivo para los jóvenes. “Colfuturo se volvió como una zanahoria al final del camino que permitía que la gente joven se esforzara y soñara con estudiar afuera”, dijo, recordando que la fundación fue creada originalmente para otorgar entre 300 y 500 apoyos anuales.Debate sobre equidad y becas en el exteriorFrente a las críticas por la composición socioeconómica de los beneficiarios, Londoño fue enfática en que los programas de posgrado en el exterior no están diseñados para redistribuir ingresos. “Pensar que con becas de posgrado en el exterior se puede hacer redistribución del ingreso es una demagogia”, aseguró, al explicar las barreras previas de acceso a la educación superior.Finalmente, expresó dudas sobre la capacidad del Gobierno para reemplazar el programa en el corto plazo. “Administrar un proceso de selección para un posgrado en el exterior es extremadamente complejo (…) es prácticamente imposible hacerlo en ocho meses”, concluyó.Escuche acá la entrevista completa:
Avianca anunció la inmovilización temporal de más del 70% de su flota de aviones A320, luego de que Airbus notificara la necesidad de realizar una actualización urgente de software en estos equipos. La instrucción implica que los aviones involucrados deberán permanecer en tierra en cuanto lleguen a sus bases de mantenimiento hasta que la modificación sea realizada.La aerolínea advirtió que la medida generará disrupciones significativas en las operaciones durante los próximos 10 días, razón por la cual decidió cerrar la venta de tiquetes para viajes programados hasta el 8 de diciembre, con el fin de evitar nuevos inconvenientes y reacomodar a los pasajeros afectados. Avianca aseguró que notificará directamente a los viajeros sobre las alternativas disponibles para ajustar sus planes.Ante esto, la Superintendencia de Transporte activó un protocolo urgente para acompañar a los pasajeros afectados por este hecho de fuerza mayor que no está bajo control de la aerolínea.La entidad recomendó a los pasajeros verificar el estado de su vuelo antes de dirigirse al aeropuerto, revisar con frecuencia los canales oficiales de Avianca para recibir información de reacomodaciones y cancelaciones, no presentar PQR si aún no hay afectación confirmada y conservar los soportes de su reserva.La Superintendencia aseguró que mantendrá vigilancia permanente y coordinación con la aerolínea para garantizar que las medidas se ejecuten de forma ordenada y que la operación se restablezca lo antes posible.Por su parte, Álvaro Mujica, Secretario de Autoridad Aeronáutica de la Aerocivil, indicó que adelantan también sus protocolos para garantizar la conectividad del país.“Hemos permanecido en constante comunicación para buscar mecanismos que permitan mitigar la afectación que va a tener la operación y la conectividad aérea en el país, dentro de los cuales están el reagendamiento de vuelos, el endoso de pasajeros, la operación con aerolíneas que no han sido afectadas, el trabajo de mantenimiento desde esta misma noche para poder tener las aeronaves máximas operativas a la mayor brevedad”, detalló
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) citó a rendir versión voluntaria al exalcalde de Bojayá Manuel Joaquín Palacios Asprilla, vinculado al Caso 04 y al Subcaso Región Atrato del Caso 09. Su comparecencia, realizada el lunes ante la Sala de Reconocimiento de Verdad, se dio en calidad de aspirante a compareciente como agente del Estado no integrante de la fuerza pública.De acuerdo con la JEP, su citación responde a su solicitud de sometimiento y a informes de víctimas y organizaciones, que lo señalan de presuntos acuerdos con paramilitares. Estos reportes lo relacionan con acciones que habrían facilitado operaciones de las antiguas AUC en el Atrato, hechos que hoy son materia de investigación y contraste judicial.Palacios Asprilla fue condenado por concierto para delinquir agravado debido a señalamientos del exjefe paramilitar Fredy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’. La justicia ordinaria le impuso una pena de 90 meses de prisión y una multa de 6.500 salarios mínimos, proceso por el cual obtuvo libertad condicional en 2024.Durante la diligencia, convocada por la magistrada Nadiezhda Natazha Henríquez Chacín, la Sala buscó que Palacios Asprilla entregara información nueva, verificable y coherente con su trayectoria política. Fue alcalde de Bojayá entre 1995 y 1997, diputado del Chocó entre 2001 y 2004 —periodo en el que ocurrió la masacre de Bojayá— y nuevamente alcalde entre 2008 y 2010.La JEP indicó que la Sala de Reconocimiento evaluará la utilidad y veracidad de los aportes entregados, antes de remitir el análisis a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas. Esta última determinará si Palacios Asprilla cumple con el compromiso de aportar verdad plena, requisito para avanzar en su proceso de sometimiento.En la audiencia estuvieron presentes víctimas y autoridades de los cuatro pueblos indígenas, así como representantes de consejos comunitarios. La diligencia fue acompañada por traductores y equipos psicosociales en una sala espejo habilitada en Quibdó, garantizando la centralidad de las víctimas y un enfoque restaurativo.La JEP reiteró que quienes buscan someterse a esta Jurisdicción deben hacer aportes efectivos y contrastables que permitan esclarecer patrones de victimización. Además, reafirmó su compromiso con la participación plena de las víctimas y la protección integral de sus derechos en cada etapa del proceso.
Sin que haya comenzado el período formal de vigilancia por Navidad y fin de año, Caldas ya suma siete personas quemadas con pólvora. Así lo confirmó el gobernador Henry Gutiérrez Ángel durante el lanzamiento de la campaña “Brilla tú Primero, Pólvora Cero”, con la que el departamento busca frenar el uso de estos artefactos.De los casos reportados, Manizales y Samaná registran dos lesionados cada uno, mientras que los otros tres pertenecen a diferentes municipios.El gobernador, médico de profesión, advirtió que la situación es preocupante. Recordó que se aproxima una cadena de fechas críticas: el inicio de la temporada navideña, las noches de velitas del 7 y 8 de diciembre, el cierre de año y la Feria de Manizales. “La cifra es alta y apenas estamos comenzando”, señaló.En el mismo período de vigilancia del año pasado —diciembre y enero—, el departamento contabilizó 37 quemados, 16 de ellos en Manizales.Las autoridades anunciaron un plan de seguridad que incluye controles a la venta de pólvora, seguimiento en los municipios y operativos especiales en zonas donde tradicionalmente se comercializan estos productos. El objetivo: evitar que la cifra se dispare cuando ni siquiera ha empezado la temporada alta.
El Consejo Nacional Electoral publicó un comunicado el que rechazan los ataques personas y señalamientos en contra de algunos de sus magistrados y conjueces que decidieron votar a favor de la sanción contra la campaña Petro Presidente la cual, según el CNE, violó los topes electorales y recibió financiación prohibida, por cerca de $6.000 millones.“Es necesario resaltar que todas las actuaciones de la corporación se desarrollan dentro de un proceso estrictamente ceñido a la Constitución, la ley y los reglamentos internos, y que las decisiones se adoptan de manera colegiada, motivada y transparente, sin atender, presiones políticas, mediáticas o particulares”, dice el comunicado del CNE.En el mismo sentido el Consejo Nacional Electoral asegura que es importante salvaguardar a los magistrados y conjueces de la corporación de los ataques que presenten deslegitimar o desacreditar su labor.“Finalmente, debe ser claro que todo acto administrativo es proferido por esta corporación atendiendo los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas, valorando los medios probatorios y con una deliberación rigurosa, garantizando la imparcialidad y lealtad con la administración pública”, dice el comunicado del CNE.
El conflicto armado sigue dejando miles de víctimas en Colombia. Entre enero y noviembre de 2025, la Defensoría del Pueblo registró 116 eventos de desplazamiento forzado masivo que afectaron a más de 101.000 personas en distintas regiones del país. A la par, 93 eventos de confinamiento mantuvieron bajo amenaza a 110.000 habitantes, atrapados en sus territorios por la presencia de grupos armados ilegales y las constantes confrontaciones.Solo en noviembre se presentaron 12 nuevos desplazamientos masivos, que obligaron a 3.437 personas a abandonar sus hogares. Los departamentos más golpeados fueron Cauca, Nariño, Antioquia, Norte de Santander y Valle del Cauca. En el Cauca, uno de los epicentros de la violencia, se registraron cuatro eventos en Argelia, además de casos en Santander de Quilichao, Suárez y Timbiquí, que dejaron 2.219 personas desplazadas. En El Charco (Nariño), la cifra ascendió a 800 personas, mientras que en Tibú (Norte de Santander) se desplazaron 172 habitantes, producto de los choques entre el ELN y las disidencias de las Farc.A la tragedia del desplazamiento se suma el drama del confinamiento, una práctica que mantiene a comunidades enteras encerradas en sus territorios sin poder acceder a alimentos, salud o educación. Entre enero y noviembre, 93 eventos de confinamiento afectaron a 110.375 personas, principalmente en Chocó, Cauca, Guaviare, Caquetá y Bolívar, departamentos donde el control territorial lo ejercen estructuras armadas y narcotraficantes. Solo en noviembre se reportaron 6 eventos de este tipo que dejaron 4.805 personas confinadas, la mayoría en Urrao (Antioquia), con 4.057 afectados.Estas cifras reflejan una tendencia preocupante: la persistencia del conflicto armado y el recrudecimiento de la violencia en zonas rurales, donde las comunidades afrodescendientes, indígenas y campesinas son las más vulnerables. La Defensoría del Pueblo ha advertido que el desplazamiento y el confinamiento son hoy las principales expresiones de la crisis humanitaria en Colombia.A este panorama interno se suman los movimientos migratorios mixtos, que evidencian la presión humanitaria en las fronteras. Según Migración Colombia, entre enero y mediados de noviembre de 2025, 141.128 personas transitaron de manera irregular por el país, principalmente de nacionalidad venezolana (136.950 personas). De esa población, 40 % son mujeres, 38 % hombres y más del 21 % son niños, niñas y adolescentes, lo que refleja la complejidad del fenómeno migratorio en un contexto de conflictividad y desplazamiento interno.Colombia cierra 2025 con un mapa humanitario fragmentado, donde miles de familias siguen huyendo o sobreviviendo bajo el miedo, a la espera de una respuesta efectiva del Estado y de soluciones duraderas para el retorno digno a sus territorios.
Ante la Registraduría Nacional del Estado Civil fue radicada la solicitud de inscripción del comité de recolección de firmas que busca impulsar la convocatoria de una Asamblea Constituyente, iniciativa que es promovida por el Gobierno.Según el cronograma establecido por la ley, la Registraduría dispone de ocho días hábiles para verificar el cumplimiento de los requisitos legales. Posteriormente, contará con 15 días hábiles más para hacer entrega de los formularios oficiales con los cuales se iniciará la recolección de apoyos ciudadanos.Una vez entregados los formularios, el comité tendrá un plazo de seis meses para recolectar las firmas exigidas y presentar los correspondientes estados contables del proceso. La Ley 1757 establece que deben reunirse apoyos equivalentes al 5 % del censo electoral nacional al momento del inicio de la recolección, es decir, aproximadamente 2.5 millones de firmas.Tras la verificación de las firmas, la Registraduría expedirá una certificación oficial, documento que deberá ser presentado ante el Congreso de la República para que continúe el trámite institucional de la iniciativa ciudadana.El comité promotor está conformado por nueve integrantes, entre quienes se destacan Carlos Alfonso Rosero, exministro de la Igualdad; Armando Custodio, líder indígena; Javier Eduardo García, comunicador y periodista; y Lee Angeli Herrera, lideresa del Valle del Cauca, junto a otros representantes de diversos sectores sociales.Sobre el alcance de esta propuesta, el ministro Antonio Sanguino afirmó que sus integrantes “representan a los más importantes sectores sociales del país, a los movimientos sociales y populares, que consideran necesario completar la obra reformista de 1991 y desbloquear institucionalmente la posibilidad de las reformas sociales, la reforma política y la reforma a la justicia”.Sanguino destacó que el Gobierno nacional y el presidente Gustavo Petro consideran que esta iniciativa ciudadana merece todo el respaldo institucional y del nuevo congreso.Señaló que debe contar con un apoyo masivo de la ciudadanía, que supere los tres millones de firmas, e incluso, como ha expresado el mandatario, alcanzar el respaldo de hasta 10 millones de colombianos.
La entidad del Gobierno que se encarga de recaudar los impuestos de los colombianos es la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), la cual también administra y controla aduanas y el comercio exterior, con el fin de garantizar la seguridad fiscal del Estado.Asimismo, allí los ciudadanos pueden gestionar trámites relacionados con el Registro Único Tributario (RUT), recaudo de tributos como el IVA, renta, entre otros.Desde hace unos días ha estado circulando una información sobre un supuesto decreto que permite a la Dian embargar cuantas bancarias y tarjetas de crédito de las personas que cuentan con una deuda activa, por ello la entidad aclaró algunos puntos.Dian aclara información sobre supuesto decreto para embargar cuentas bancariasFrente a lo anterior, la Dian aclaró que "no existe ningún decreto para embargar masivamente cuentas bancarias o tarjetas de crédito".El pronunciamiento se debe a que en los últimos días ha estado circulando información relacionada con el tema. Por ello, la entidad indicó que: “no hace embargos automáticos ni generales”.Si bien es cierto que la Dian cuenta con procesos para cobrar lo que adeudan los colombianos, esto debe hacerse bajo un procedimiento estipulado por la ley.De cuerdo con la página web de la entidad, los procesos de recaudación y cobro se centran en el Procedimiento Administrativo de Cobro Coactivo, “una vía extrajudicial para forzar el pago de deudas tributarias mediante embargo, secuestro y remate de bienes”.No obstante, primero deben cumplirse unos pasos iniciando con “un mandamiento de pago notificado al contribuyente, ofreciendo etapas persuasivas (acuerdos de pago) y, si no hay respuesta, ejecutando las medidas cautelares, incluyendo remates virtuales, para satisfacer la obligación fiscal”.Por medio de una publicación en X la entidad explicó que las actuaciones de cobro se ejecutan así:Son individuales.Siguen el debido proceso.Solo se activan tras múltiples llamados previos y falta de acción del contribuyente.Estas notificaciones pueden ser entregadas personalmente, por correo certificado o mediante publicación en el boletín oficial de la entidad, por ello, es importante que las personas tengan su información actualizada.¿Qué sucede si no se paga la deuda a la Dian?Si el deudor no cumple con el pago de su obligación, la entidad estatal puede proceder conforme a lo establecido en el Artículo 837-1 del Estatuto Tributario, el cual señala que el tope de inembargabilidad corresponde a 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes depositados en la cuenta de ahorros más antigua del contribuyente.En consecuencia, cuando una persona natural posee una cuenta de ahorros cuyo saldo no supera ese límite, dicha cuenta no es susceptible de embargo por parte de la Dian. Sin embargo, los recursos que excedan ese monto sí pueden ser objeto de esta medida.Luego de validar lo anterior, la entidad puede ejecutar las siguientes acciones:Embargo de bienes: la entidad está facultada para retener cuentas bancarias, inmuebles y demás bienes pertenecientes al deudor.Secuestro de bienes: de manera complementaria al embargo, la Dian puede ordenar el secuestro de los activos retenidos, lo que restringe su uso o libre disposición por parte del obligado.Remate de bienes: en caso de que la obligación continúe sin ser cancelada, los bienes embargados y secuestrados podrán ser subastados con el fin de cubrir la deuda.Acciones penales: cuando se presentan situaciones de evasión relevante o fraude, la Dian está en capacidad de presentar denuncias penales contra el deudor.
En desarrollo de una operación militar, tropas del Batallón de Fuerzas Urbanas N.° 3 del Ejército, adscritas a la Tercera División, en coordinación con la Policía y la Fiscalía, lograron la captura de Jean Pool Sánchez Gómez, sicario señalado del homicidio del teniente coronel Rafael Granados, ocurrido en Popayán, Cauca.La acción se llevó a cabo, destaca el Ejército, tras un trabajo articulado de inteligencia y contrainteligencia que permitió ubicar al peligroso criminal y materializar su captura, como parte de las investigaciones adelantadas por las autoridades judiciales para esclarecer este crimen que conmocionó a la fuerza pública y a la ciudadanía.De acuerdo con la información del Ejército, la operación contó con el apoyo de tropas de la Tercera Brigada, lo que permitió cerrar el cerco sobre el sospechoso y dejarlo a disposición de la justicia para que responda por su presunta participación en el asesinato del oficial, ocurrido el pasado 27 de noviembre de 2025.El general William Rincón, director de la Policía, confirmó que la captura de alias ‘Jean Pol’ se llevó a cabo en Jamundí, Valle del Cauca. Durante el operativo fue incautada un arma de fuego, posiblemente utilizada en el hecho, y dos teléfonos celulares, que serán fundamentales en el avance de la investigación. “Reiteramos nuestro compromiso con la justicia, la vida y la seguridad de los colombianos. La lucha contra el crimen no se detiene”, mencionó el general.
Este viernes fue aprobada una proposición del senador de Cambio Radical, Carlos Fernando Motoa, para que sean citados todos los ministros del Gobierno Petro, con el fin de que expongan las explicaciones sobre la declaratoria de la emergencia económica.A la iniciativa se unieron el Partido Conservador y el Centro Democrático e, incluso, la senadora del Pacto Histórico, Isabel Cristina Zuleta, quien señaló que gracias a este debate el país podrá conocer la situación fiscal que enfrenta el Gobierno.“Así que sí, bienvenido el debate, bienvenido el debate, porque tiene que ver precisamente con el cumplimiento de esas decisiones de la Corte, que no solamente consisten en aumentar el gasto y cumplir esas sentencias, sino también en lo que la Corte dijo: no se podía recaudar. Y no recaudar tiene consecuencias, tiene consecuencias sobre las finanzas del Estado. Así que, por supuesto, bienvenido; estaré muy pendiente”, dijo la senadora Isabel Cristina Zuleta.El presidente del Senado, Lidio García, también se refirió a las declaraciones del ministro del Interior, Armando Benedetti, quien aseguró que el Congreso no podría adelantar el debate de control político hasta que el Gobierno envíe el informe sobre la declaratoria y sus medidas.“Yo no quiero estar poniendo piedras en el camino, sino dar la oportunidad de que el país conozca qué piensa el Senado y cuál es el control que estamos haciendo a cada una de las iniciativas del Gobierno nacional”, afirmó el senador Lidio García.Además, otros congresistas señalaron que el Gobierno no tiene razones para declarar la emergencia económica.“No están dadas las condiciones para este decreto de emergencia porque no se trata de un hecho sobreviniente y porque el hundimiento de estas dos reformas tributarias no fue más que la crónica de una muerte anunciada, advertida profusamente por un buen número de senadores. Decir, presidente, tal como usted lo ha venido reclamando, que el Congreso es una rama del poder público independiente, y también se ha expresado hasta la saciedad que no es notario del Ejecutivo”, añadió el senador Efraín Cepeda.
La escalada de violencia que golpea al Catatumbo tiene detrás a tres criminales clave del ELN, señalados de liderar las confrontaciones armadas contra el frente 33 de las disidencias de las Farc, en una guerra territorial que ya provoca confinamiento masivo, desplazamientos forzados y un grave impacto sobre la población civil en esta zona del nororiente del país. Las acciones se concentran principalmente en Tibú, pero también se extienden hacia Ocaña, Ábrego y otros municipios estratégicos del departamento.En el centro de esta ofensiva está el frente Juan Fernando Porras Martínez, una de las estructuras más fuertes del Frente de Guerra Nororiental del ELN y, según información de inteligencia, la encargada de entrenar a los pilotos de drones que hoy participan en los ataques armados. Este frente, además, estaría preparando a sus delincuentes tanto en territorio colombiano como en Venezuela, fortaleciendo sus capacidades militares y tecnológicas para sostener la confrontación con las disidencias y enfrentar a la fuerza pública.Al mando de esta estructura aparece alias ‘Julián’, ‘Manuel Guevara’ o 'Parmenio’, un cabecilla histórico del ELN con más de tres décadas de trayectoria criminal. Su nombre está ligado a la planeación y orden de emboscadas, campos minados, ataques con francotiradores, hostigamientos armados y secuestros en Norte de Santander y Cesar, acciones que dejaron militares y policías muertos y heridos. Dentro de la organización es considerado una pieza clave por su experiencia en el manejo financiero, político y militar, así como por su papel en el direccionamiento estratégico del frente que hoy lidera la guerra en el Catatumbo.El segundo hombre es Diego Fernando Coronel, alias ‘Caballo de Guerra’, señalado como segundo cabecilla del frente Juan Fernando Porras Martínez. Las comisiones que dirige son, según las autoridades, las que están directamente comprometidas en los enfrentamientos contra el frente 33 de las disidencias de las Farc en el municipio de Tibú.Su rol, destaca el informe de inteligencia, ha sido determinante en la implementación de ataques con drones y en acciones armadas tanto contra estructuras rivales como contra la Fuerza Pública. Alias ‘Caballo de Guerra’ tiene un historial criminal que incluye su paso como cabecilla de comisión y tercer cabecilla del frente Camilo Torres Restrepo, con influencia en zonas rurales de El Carmen, Convención y el sur del Cesar, y figura en investigaciones formales de la Fiscalía por delitos asociados al terrorismo.El tercer actor en esta confrontación es alias ‘Chuky’, cabecilla principal de la compañía Caribe del ELN. Esta estructura también cuenta con capacidad de ataque mediante drones, aunque su radio de acción se concentra especialmente en el occidente de Norte de Santander, en municipios como Ocaña y Ábrego. Allí, la compañía Caribe mantiene enfrentamientos no solo con las disidencias de las Farc, sino también con estructuras del Clan del Golfo, en una disputa múltiple por el control territorial y las rutas estratégicas.Alias ‘Chuky’ tiene una trayectoria marcada por emboscadas, atentados contra estaciones de Policía, asesinatos de uniformados, instalación de campos minados y hostigamientos armados en zonas rurales del Catatumbo y del Cesar. Antes de llegar a la jefatura de la compañía Caribe, fue seguridad de mandos del Frente de Guerra Nororiental y segundo cabecilla de esa misma estructura, consolidando un perfil violento y de alto impacto operacional.De acuerdo con la información de inteligencia, el frente Juan Fernando Porras Martínez, la compañía Caribe y el frente Camilo Torres Restrepo conforman hoy el núcleo de las estructuras del ELN en el Catatumbo con mayor capacidad ofensiva, particularmente en el uso de drones armados.Estas tres organizaciones serían las responsables de la mayoría de acciones recientes contra la fuerza pública, la población civil y de la confrontación directa con el frente 33 de las disidencias de las Farc, una guerra que sigue profundizando la crisis humanitaria en la región y mantiene a por lo menos 500 de familias atrapadas en medio del fuego cruzado y deja más de 250 desplazados.