La investigación por el asesinato de Jaime Esteban Moreno, estudiante de la Universidad de los Andes, continúa concentrando la atención pública. El joven murió el pasado 31 de octubre en Bogotá tras recibir varios golpes mortales, y en las últimas horas se conocieron nuevos detalles que resultan clave para dar con el paradero de una de las personas señaladas como pieza central en el crimen.Se trata de la mujer conocida como “la del vestido azul”, identificada luego de la difusión de videos y testimonios que la ubican en el lugar de los hechos y la señalan como posible incitadora del ataque contra Moreno. Su presunta salida del país llevó a que la búsqueda del caso escalara a un escenario de cooperación internacional, razón por la cual Interpol emitió una circular roja para ubicarla y facilitar su captura.Fiscalía confirma paradero de la mujer del vestido azulLa Fiscalía General de la Nación confirmó que Kleidymar Paola Fernández, señalada como presunta determinadora del homicidio de Jaime Esteban Moreno, estaría actualmente en Venezuela, su país de origen. Con base en esta información, el ente acusador solicitó formalmente a Interpol la emisión de la circular roja, la cual ya se encuentra activa.Este mecanismo permite a los países miembros de Interpol localizar y capturar de manera provisional a una persona requerida por la justicia, mientras se adelantan los trámites legales correspondientes. Según explicó la fiscal Deicy Jaramillo, la medida busca agilizar la ubicación de Fernández y facilitar una eventual judicialización en Colombia.Desde la Fiscalía se insiste en que la cooperación internacional será determinante para que el proceso avance y no quede en la impunidad, teniendo en cuenta la gravedad de los hechos y el impacto que el caso ha tenido en la opinión pública.Qué se sabe del crimen ocurrido en ChapineroEl homicidio de Jaime Esteban Moreno ocurrió la noche del 31 de octubre en la localidad de Chapinero, luego de que el joven saliera de la discoteca Before Club junto a un amigo. De acuerdo con la investigación, Moreno intentó evitar una confrontación, pero fue seguido por varios sujetos y posteriormente atacado.Las pruebas recopiladas por la Fiscalía, entre ellas grabaciones de cámaras de seguridad y declaraciones de testigos, señalan que Juan Carlos Suárez habría sido el autor material del ataque, con apoyo de Ricardo González. En este contexto, Kleidymar Paola Fernández es señalada de haber incitado la agresión, alentando a los atacantes y acusando a la víctima de comportamientos inapropiados dentro del establecimiento.Para el ente acusador, ese rol la ubica como presunta determinadora del homicidio, una figura penal que implica responsabilidad directa por impulsar la comisión del delito.En caso de ser hallada culpable como determinadora de homicidio agravado, Fernández podría enfrentar una condena de entre 30 y 40 años de prisión. Mientras tanto, el proceso judicial avanza en Colombia contra los otros dos implicados.La Fiscalía no descarta la posibilidad de preacuerdos, especialmente con Juan Carlos Suárez, primer capturado por el caso, quien ha sostenido acercamientos con el ente investigador. Frente a este escenario, la familia de Jaime Esteban Moreno ha señalado que estas salidas jurídicas serían aceptables siempre y cuando se garantice verdad, responsabilidad penal y justicia.
Este martes, el Ministerio de Salud definió cuál será el aumento para la Unidad de Pago Por Capitación para 2026 y son varias las reacciones de preocupación entre aseguradores, prestadores y sectores críticos, quienes advierten que los recursos asignados no son suficientes para cubrir la operación del sistema, especialmente tras el reciente ajuste del salario mínimo.Para el 2026, el incremento se definió en un 9% para el régimen contributivo y un 16.5% para el régimen subsidiado, lo que representa un agregado superior al 12% para todo el sistema.Si bien desde gremios como ACEMI se reconoce que el aumento en el régimen subsidiado cumple con la orden de la Corte Constitucional de igualar los regímenes y podría ser un "alivio para más de la mitad de la población", la cifra para el contributivo es vista como un retroceso técnico.Según Ana María Vesga, presidenta ejecutiva de ACEMI, este aumento del 9% representa, en términos reales, sólo un "4-5% sobre la base de la inflación para el año 2025", ignorando que en este régimen se concentra la mayor proporción del gasto en salud.“Estos cálculos que se hicieron para plantear la necesidad de UPC para el 2026 no contenían el incremento del salario mínimo decretado el día de ayer por el Gobierno Nacional. Cuando más del 40% del gasto en salud del sistema está expresado en nóminas y buena parte de esa población trabajadora tiene el salario mínimo o está cerca al salario mínimo, pues desde luego este incremento afecta y va a afectar de manera material el gasto en salud durante el año 2025”, detalló Vesga.El "desfase" con el salario mínimo y la crisis de liquidezUno de los puntos más críticos señalados por Juan Carlos Giraldo, presidente de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, es la desconexión entre el aumento de la UPC y las obligaciones laborales."Existe un desfase importante que hay entre el incremento del salario mínimo y las cifras del incremento de la UPC", señaló Giraldo, añadiendo que esperaban una correlación más estrecha para cubrir sus gastos obligatorios. Esta situación se agrava al considerar que más del 40% del gasto en salud está expresado en nóminas.Ante este panorama, la Asociación solicitó al Gobierno expedir circulares que obliguen a trasladar este incremento a las tarifas con las IPS, buscando mantener un "equilibrio" en un sector que ya sufre por el mal flujo de recursos y la disfunción del sistema, particularmente en las entidades intervenidas.Ignacio Gaitán, presidente de Afidro, indicó que la cifra del 9.03% dista mucho de los análisis técnicos que sugerían la necesidad de un aumento superior a los 15 puntos y por ello lamentó que la cifra se haya "impuesto" tras mesas de concertación fallidas, advirtiendo que los únicos afectados serán los usuarios:"Seguimos aumentando una brecha que seguramente, fundamentalmente, perjudicará la vida de los colombianos”, sentenció.Y uno de los pronunciamientos más fuerte llegó desde Pacientes Colombia, la asociación que reúne a los afiliados del sistema de salud y que en múltiples momentos ha denunciado el deterioro en la atención y entrega de medicamentos.Denis Silva, su vocero, envió un mensaje directo al presidente Gustavo Petro al señalar que estaba priorizando una línea ideológica sobre la financiación debida del sistema incumpliendo todos las órdenes de la Corte Constitucional.“Presidente Petro, ¿cuántos muertos más necesita usted para parar la crisis de la salud? ¿Cuántos muertos más necesita para entender que un sistema de salud hay que financiarlo debidamente? Libere al sistema de salud, presidente Petro, de su línea ideológica. La salud es un derecho fundamental, no un favor”, pidió Silva.Todos los sectores coinciden en que esta decisión del Gobierno agravará el rezago en solucionar los problemas financieros, cerrando la puerta a una solución técnica concertada. Por ello, los aseguradores han anunciado que volverán a la Corte Constitucional para buscar una conclusión técnica que garantice la transparencia y la sostenibilidad del sistema, mientras los prestadores exigen un "plan extraordinario de liquidez" para evitar el colapso de la atención debida a la comunidad.
El presidente Gustavo Petro publicó un extenso trino en el que se refirió a sus tensiones en las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, pero también al despliegue militar que mantiene la administración de Donald Trump en el Caribe, en Venezuela, en contra de esas organizaciones narcotraficantes y también envió un mensaje al ELN que hoy está incrementando la guerra que tiene con las disidencias causando nuevos desplazamientos en la región del Catatumbo.Incluso, el mandatario colombiano volvió a cuestionar la política antidrogas de la administración de Donald Trump y las operaciones de interdicción marítima, al asegurar que muchas de las lanchas atacadas con misiles en el Caribe no transportaban cocaína sino cannabis.“Sabemos que Trump bombardeó una fábrica, en Maracaibo, tememos que mezclan allí la pasta de coca para hacerla cocaína y aprovecha la ubicación en el mar de Maracaibo es simplemente el ELN. El ELN está permitiendo con su traqueteo y su dogma mental, invadir Venezuela”, señaló Petro mediante su cuenta de X.En su pronunciamiento, el presidente Gustavo Petro también se refirió además a la situación de orden público en el Catatumbo y sostuvo que el ELN y el frente 33 de las disidencias deben decidir si continúan compitiendo por el negocio de la cocaína o si optan por la paz.Según el presidente, solo cerca del 5 % de la cocaína producida en Colombia pasa por esa región hacia Estados Unidos.
El Ministerio de Salud dio a conocer la Resolución 2764, mediante la cual se oficializa el aumento de los recursos destinados a financiar la atención en salud de los afiliados al sistema durante 2026. Estos recursos corresponden a la Unidad de Pago por Capitación (UPC), es decir, el dinero que el Estado reconoce por cada persona afiliada para cubrir sus servicios de salud.De acuerdo con la entidad, y siguiendo la recomendación de la Comisión Asesora, el incremento será diferenciado, según el régimen. Para el régimen contributivo, el aumento será del 9,03 %, mientras que, para el régimen subsidiado, el ajuste alcanzará el 16,49 %. Le puede interesar: MinSalud descarta reajustes de la UPC de 2024 y años anteriores pese a orden de la CorteHay que recordar que Acemi y la Andi pedían un incremento para el régimen contributivo un aumento por encima del 15%.Así las cosas, Con este ajuste, el total de recursos destinados al aseguramiento en salud en 2026 aumentará en 11,6 billones de pesos. De esta manera, el presupuesto pasará de 89,8 billones de pesos en 2025 a más de 101,3 billones de pesos el próximo año, lo que representa un incremento global del 12,94 % en la UPC.
El aumento del salario mínimo en Colombia en un 23,7 %, decretado por el Gobierno nacional, ha generado reacciones encontradas entre gremios empresariales y especialistas en economía, quienes coinciden en que, aunque representa un alivio para los trabajadores formales, también plantea riesgos para el empleo, la informalidad y la sostenibilidad de las empresas, especialmente las micro y pequeñas.Para Juan Pablo Remolina, director ejecutivo de ProSantander, la principal preocupación radica en el impacto que esta decisión puede tener sobre el empleo formal. Señaló que cerca del 95 % de las empresas en Colombia son micro y pequeñas, lo que limita su capacidad para asumir un incremento de esta magnitud. En su concepto, el aumento podría incentivar la reducción de personal o el paso a la informalidad, afectando especialmente a los desempleados y trabajadores informales, quienes ya enfrentan mayores barreras para acceder a un empleo formal.Desde el análisis académico, Isabel Cristina Rincón, doctora en Administración y Ciencias Económicas, indicó que el incremento ha suscitado un fuerte debate técnico al ubicarse muy por encima de la inflación y la productividad laboral. Aunque la medida busca mejorar los ingresos de los trabajadores más vulnerables y reducir brechas salariales, advirtió que entidades como Fedesarrollo y diferentes gremios han alertado sobre posibles presiones inflacionarias y efectos negativos en el mercado laboral.La experta recalcó la necesidad de un trabajo articulado entre empresarios, trabajadores y el Estado para evitar un retroceso en la formalización, en un país donde la informalidad supera el 50 %.Una visión más favorable fue expuesta por el economista Carlos Andrés Ortiz Navas, quien calificó el aumento como significativo y positivo para los trabajadores formales, al considerar que históricamente este tipo de incrementos se traduce en mayor consumo, circulación de dinero y bienestar general. Aunque reconoció el temor de algunos sectores empresariales por el impacto en sus costos, afirmó que la experiencia reciente en Colombia demuestra que los aumentos del salario mínimo no necesariamente han generado un incremento desmedido de la inflación ni una reducción significativa del empleo formal.Ortiz también se refirió a la realidad empresarial en Santander, donde predominan los micro y medianos empresarios, quienes enfrentan el reto de ajustar sus modelos de negocio para asumir el aumento salarial.
Autoridades rescataron a un hombre que había sido secuestrado con fines extorsivos en zona rural de Bello, antigua vía a Guarne, a la altura de la vereda Manantiales. En la acción, además, fueron capturados tres hombres.La intervención se dio durante labores de patrullaje en el sector, donde los uniformados notaron dos vehículos detenidos en la vía pública, uno de servicio público y otro particular, ambos encendidos y con las puertas abiertas, situación que encendió las alertas de las autoridades.Al verificar lo ocurrido, los policías encontraron al conductor de uno de los automotores, quien relató que había sido abordado por varios hombres armados, despojado de su vehículo y posteriormente trasladado en otro carro, mientras sus captores contactaban a un familiar para exigir 30 millones de pesos a cambio de no atentar contra su vida.Con la información entregada por la víctima y la rápida reacción de las patrullas, la Policía logró rescatar al hombre sano y salvo, según relató el brigadier general William Castaño Ramos, comandante de la Policía Metropolitana del Valle Aburrá.“Con base en esta información, se activó de manera inmediata el componente operativo, lo que permitió cerrar el área, ubicar a los responsables y materializar la captura de tres hombres cuyas edades oscilan entre los 20 y los 33 años, por los delitos de secuestro extorsivo y hurto calificado y agravado”, aseveró el general Castaño.En el procedimiento también fueron incautados cuatro teléfonos celulares y se inmovilizó un vehículo utilizado para cometer el delito.Los capturados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que asumirá el proceso judicial correspondiente. Las autoridades confirmaron además que el vehículo particular fue recuperado y devuelto a su propietario.La Policía reiteró el pedido a la comunidad de reportar de inmediato cualquier situación sospechosa, recordando además que la denuncia oportuna es clave para prevenir y combatir el delito.
Con el aumento del salario mínimo para 2026, decretado por el presidente Gustavo Petro con un incremento del 23 %, el ingreso mensual quedó fijado en $1.750.905. Al sumarse el auxilio de transporte, el total para quienes tienen derecho a este beneficio asciende a $2.000.000. Este anuncio, aunque esperado, abrió de inmediato una inquietud recurrente entre los colombianos: qué bienes y servicios subirán de precio el próximo año.Durante varios años, buena parte de los costos cotidianos estuvieron atados directamente al Salario Mínimo Legal Mensual Vigente (SMLMV). Sin embargo, en la actualidad, varios servicios clave dejaron de depender de este indicador y ahora se ajustan con base en otros mecanismos, principalmente la inflación. Esto significa que el aumento salarial no se traduce, de forma automática, en un alza generalizada de todos los gastos.Servicios que no subirán con el salario mínimo en 2026De acuerdo con la información oficial, algunos de los gastos más frecuentes de los hogares ya no están conectados al salario mínimo. Un caso claro es el de los arriendos de vivienda. Por ley, los cánones solo pueden incrementarse con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), una medida que busca evitar aumentos desproporcionados y dar mayor estabilidad a los arrendatarios.Algo similar ocurre con los peajes en vías nacionales y concesionadas. Estos valores se ajustan según la inflación o lo establecido en los contratos de concesión, sin una relación directa con el SMLMV. Por esta razón, el alza del salario mínimo no impactará de manera inmediata los costos de viajar por carretera.Multas, servicios públicos y educación no dependen del SMLMVOtro punto que suele generar preocupación son las sanciones de tránsito. Aunque afectan el bolsillo de millones de conductores, estas multas se calculan en Unidades de Valor Básico (UVB), que se actualizan con base en la inflación y no en el salario mínimo.En cuanto a los servicios públicos domiciliarios, como agua, energía, gas y aseo, las tarifas se determinan mediante esquemas técnicos. Estos tienen en cuenta costos de operación, regulación sectorial e inflación. Si bien pueden presentar incrementos, no lo hacen de manera automática por el aumento del SMLMV.La educación privada también se rige por criterios distintos. Matrículas y pensiones se fijan con base en presupuestos internos y ajustes inflacionarios. Aunque cada institución define sus incrementos, estos deben mantenerse dentro de los límites legales y no dependen directamente del salario mínimo.Qué sí podría subir tras el aumento del salario mínimoAunque muchos servicios no están atados al SMLMV, el impacto del aumento salarial puede sentirse de forma indirecta. Sectores intensivos en mano de obra, como la vigilancia y el aseo en conjuntos residenciales, podrían ajustar sus tarifas si los mayores costos laborales se trasladan a los usuarios.De igual forma, algunos servicios privados, como consultas médicas particulares o trabajos profesionales independientes, podrían encarecerse por ajustes generales de costos, aun cuando no exista una obligación legal de ligarlos al salario mínimo.
El Gobierno nacional anunció la prórroga de las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT), creadas originalmente mediante la Resolución Ejecutiva 161 de 2025, firmada por el presidente Gustavo Petro el 23 de mayo. Estas zonas fueron concebidas como espacios transitorios de concentración y diálogo con el Frente 33 de las disidencias de las Farc-Ep, en el marco de la política de paz total.Según el documento, la primera ZUT se estableció en la zona rural del municipio de Tibú, Norte de Santander, en pleno Catatumbo, con una vigencia inicial de siete meses y un plazo de 45 días para el traslado de los miembros acreditados. La resolución incluyó la suspensión temporal de las órdenes de captura y extradición contra los integrantes reconocidos oficialmente como parte del proceso, con el fin de facilitar su participación en los mecanismos de negociación y verificación.La ampliación anunciada por el Ejecutivo busca replicar el modelo en otras regiones donde las disidencias mantienen presencia activa y extender la vigencia de las zonas actuales mientras se evalúan los avances de los diálogos. Sin embargo, el Gobierno no ha ofrecido información clara sobre el número de integrantes concentrados, los mecanismos de control ni las garantías de seguridad para las comunidades que habitan cerca de las áreas delimitadas.El anuncio ocurre en un contexto especialmente delicado. En las últimas semanas, los enfrentamientos entre el Frente 33 y el ELN se han intensificado en los municipios de Tibú, El Tarra y Sardinata, dejando nuevos desplazamientos masivos y una creciente crisis humanitaria. La Defensoría del Pueblo ha advertido que miles de personas se encuentran en riesgo por el fuego cruzado y la ausencia de una respuesta institucional efectiva.Mientras el Gobierno insiste en que las ZUT son una herramienta de transición hacia la paz y el desarme, en el terreno predomina la incertidumbre. Las comunidades del Catatumbo reclaman transparencia y resultados tangibles, mientras la violencia, los confinamientos y el desplazamiento forzado siguen marcando el día a día de una región que continúa esperando que la paz deje de ser solo una promesa.
Triste Navidad para profesores del Chocó: por embargo a cuentas de la Secretaría de Educación Departamental docentes no han recibido salarios en el mes de diciembre. Procesos judiciales contra la dependencia suman casi 15 mil millones de pesos.Un amargo final del 2025 tendrán la mayoría de docentes en el departamento de Chocó por cuenta de retrasos en el pago de sus nóminas de diciembre.La Secretaría de Educación Departamental anunció que no cuenta con los fondos suficientes para cubrir el total de la nómina de los educadores. Advertencias previas de varios sectores sobre nóminas paralelas, pero sobre todo cerca de ocho procesos jurídicos contra la entidad tienen embargadas sus cuentas.Por esta razón, la secretaria de Educación de Chocó, Yina Reales, indicó que avanzan en gestiones con entidades del orden nacional para tramitar procesos que suman cerca de 15 mil millones de pesos y dificultan el desembolso de recursos al personal.“Hemos solicitado a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado que nos apoye en la solicitud de los recursos de nulidad ante los juzgados que tienen actualmente las cuentas embargadas. Sabemos que los juzgados también actúan desde la responsabilidad que tiene y desde las acciones que le presenten los ciudadanos”, dijo.Con esta realidad financiera ahora lo que está en juego es el inicio normal del calendario escolar, al menos en el sector público del departamento, pues la secretaría Reales también anticipó que el giro correspondiente al último mes de 2025 podría producirse apenas a mediados de enero.
Diversos videos difundidos en redes sociales muestran el impacto del uso desmedido de las pistolas de hidrogel en el país. En Colombia, estos artículos se venden como juguetes y su uso es libre; es decir, aún no existe una reglamentación específica sobre su uso, por lo que cualquier persona puede adquirirlos, lo que incrementa el riesgo de sufrir lesiones asociadas a estos elementos.Hasta el momento, se desconoce la cifra exacta de los lesionados por el uso de estas pistolas y varias personas han denunciado el uso, principalmente, en menores de edad. En los registros audiovisuales que circulan en redes sociales se observa a niños, adolescentes y adultos utilizándolas en espacios públicos como calles, parques y zonas comerciales, sin medidas de protección ni supervisión adecuada.Aunque las pistolas de hidrogel disparan pequeñas esferas blandas y biodegradables, su uso irresponsable puede generar afectaciones físicas, especialmente lesiones en los ojos, el rostro y la piel.Crecen las denuncias por el uso desmedido de pistolas con hidrogelEn zona rural del municipio de Tenjo, en Cundinamarca, un hombre sufrió graves afectaciones en su ojo izquierdo tras recibir el impacto, a corta distancia, de una bola de hidrogel disparada por una de estas pistolas.Según relató el denunciante —quien solicitó mantener su identidad en el anonimato— a Blu Radio, se encontraba compartiendo una actividad recreativa con varias personas, quienes —según afirmó— estaban manipulando estos dispositivos de manera responsable. Instantes posteriores, uno de sus conocidos accionó la pistola de forma inesperada a menos de dos metros de distancia, apuntándole directamente al rostro.El proyectil impactó en uno de sus ojos, lo que le provocó una pérdida parcial de la visión durante un periodo prolongado. Aunque con el paso de los días su condición presentó una leve mejoría, el afectado asegura que aún enfrenta dificultades para desempeñar sus labores cotidianas.Además, denunció la aparición de fuertes dolores de cabeza que se manifestaron semanas después del incidente, los cuales atribuye directamente a la lesión sufrida. Este caso se expone como un ejemplo de los riesgos asociados al uso inadecuado de este tipo de juguetes, especialmente cuando no se respetan medidas básicas de seguridad.No obstante, este no es el único caso registrado. Diversas denuncias en redes sociales donde denuncian personas afectadas por el uso irresponsable de estos artículos. Recientemente, se conoció el caso de un menor de seis años que estuvo a punto de perder uno de sus ojos tras ser víctima de un ataque con una bolita de hidrogel.Luego de ser llevado al servicio de urgencias, los especialistas confirmaron lesiones severas en uno de sus ojos y, por la gravedad de las heridas, su pronóstico se mantiene reservado.Denuncian falta de regulación para el uso de pistolas de hidrogelLa utilización de estas pistolas en lugares concurridos puede provocar situaciones de riesgo, como sobresaltos, discusiones entre ciudadanos o accidentes de tránsito, especialmente cuando son accionadas desde vehículos en movimiento o en vías públicas.Aunque no existe una prohibición nacional sobre la venta o el uso de estos juguetes, distintas administraciones locales y ciudadanos han hecho llamados a la prudencia y al uso responsable, especialmente cuando se trata de menores de edad.Además, la ausencia de una regulación clara ha impedido que se pueda hacer un uso responsable de estos artículos y aumenta el riesgo, especialmente, para menores de edad, según las múltiples denuncias.
Una grave situación de emergencia se registró este martes al interior del túnel Buenavista I, en la vía a Villavicencio, una de las infraestructuras clave en el ingreso a la capital del Meta. El incidente, que fue captado en un video, generó alarma entre los conductores y las autoridades viales que operan en la zona. En el siniestro vial resultaron dos personas heridas. La gravedad del impacto no solo afectó a los ocupantes de la moto, sino que produjo un incendio que terminó por dejar una motocicleta completamente incinerada dentro de la estructura.Le puede interesar: Impresionante video de conductor que circuló en contravía dentro del túnel de GualandayEste suceso provocó una respuesta inmediata de los organismos de socorro, debido a la emergencia generada al interior del túnel, donde la acumulación de humo y el fuego representaban un riesgo para los usuarios de la vía. El accidente quedó captado en un video que muestra el momento exacto en el que se produjo el siniestro vial. Por ahora, las autoridades trabajan para determinar las causas exactas del accidente que interrumpió la normalidad en el acceso a Villavicencio. Vea el video aquí:
El Ministerio de Salud confirmó que no realizará reajustes a la Unidad de Pago por Capitación (UPC) correspondientes al año 2024 ni a vigencias anteriores, pese a la orden emitida por la Corte Constitucional. La decisión, según explicó el viceministro de protección social, Luis Alberto Martínez, se fundamenta en la imposibilidad de alcanzar un acuerdo con los actores del sistema durante las mesas técnicas convocadas para este fin.De acuerdo con el viceministro, el Ministerio dio cumplimiento textual a la orden judicial, que establecía la necesidad de concertar una cifra de UPC. Sin embargo, afirmó que dicho consenso no se logró y que, por el contrario, en el análisis de la información presentada se identificaron presuntos hallazgos de cobros que, en principio, serían irregulares.Señaló además que, tras revisar indicadores como la siniestralidad médica, relación entre costos médicos e ingresos, se concluyó que entre 2019 y 2023, así como en avances de 2024, existió un margen superavitario, por lo que no habría lugar a reconocer rezagos financieros.El viceministro agregó que las inconsistencias detectadas en la información podrían inducir a error tanto al Ejecutivo como al orden judicial, razón por la cual el Ministerio mantuvo su postura de no ajustar la UPC de los años analizados.Tras el anuncio, la presidenta de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), Ana María Vesga, reaccionó señalando que la decisión del Ministerio desconoce lo indicado por la Corte Constitucional. Afirmó que el ejercicio no fue de consenso y que no se tuvieron en cuenta los datos aportados por todos los participantes.Según Acemi, persiste un rezago en la UPC de años anteriores que impactó los cálculos de 2024 y 2025, y genera preocupación frente a la definición de la UPC para 2026, especialmente por el efecto del incremento del salario mínimo.La dirigente gremial sostuvo que el rezago financiero del sistema podría estar cercano a los 25 billones de pesos, considerando la facturación de los prestadores y la disminución de los patrimonios de las EPS. Indicó que la asociación notificará a la Corte Constitucional y espera que se convoque a la audiencia pública anunciada recientemente, mientras el Gobierno avanza en la expedición del decreto para la UPC de 2026.Por su parte, desde el Observatorio de Enfermedades Huérfanas, la doctora Salazar señaló que la reunión confirmó que no habrá aumento de la UPC de años anteriores y calificó el encuentro como una instancia sin cambios frente a la situación previa. Indicó que, aunque el Ministerio cumplió el procedimiento ordenado por la Corte, los resultados ya estaban definidos y se mantuvo la postura de que la UPC de 2024 fue suficiente según los cálculos oficiales.
En los últimos días, diversas organizaciones sociales, líderes comunitarios y entidades del Estado colombiano han venido reportando una nueva escalada de violencia en el corregimiento de Filogringo, jurisdicción de El Tarra (Norte de Santander), como resultado de enfrentamientos entre las disidencias de las Farc y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Según los reportes de habitantes locales y personeros de la región, los combates se han intensificado desde mediados de diciembre, con hechos que incluyen uso de drones armados, ataques con artefactos explosivos y enfrentamientos directos entre los grupos armados ilegales. Estos incidentes han ocurrido tanto en zonas rurales como en las cercanías del casco urbano de Filogringo, lo cual ha puesto en alerta máxima a las comunidades. Los habitantes han compartido en redes sociales y medios locales grabaciones donde se muestra la llegada de grupos armados al área y el intercambio de disparos que se prolongan durante horas. Los reportes coinciden en que estos hechos han generado pánico, con detonaciones escuchadas de noche y presencia de artefactos aéreos no tripulados sobre zonas pobladas, lo que impide que muchas familias se desplacen libremente o busquen refugio seguro. Organizaciones comunitarias han señalado que más de 300 personas están siendo desplazadas o confinadas como consecuencia de estos combates. Además, el uso de drones ha sido descrito como especialmente preocupante, ya que estos ataques indiscriminados elevan el riesgo de víctimas civiles y daños a infraestructura habitacional. La Defensoría del Pueblo y personeros del Catatumbo han publicado comunicados oficiales en los que instan a las partes armadas a cesar las acciones violentas y respetar el Derecho Internacional Humanitario, enfatizando que la población civil no forma parte del conflicto y no debe ser expuesta a estas hostilidades. Estas entidades también han pedido al gobierno nacional fortalecer la presencia institucional para proteger a las comunidades afectadas. Los reportes coinciden con alertas humanitarias emitidas previamente este año, en donde se advirtió sobre el riesgo de nuevos enfrentamientos en diciembre debido al histórico de tensiones entre el ELN y las disidencias de las Farc, especialmente en áreas como El Tarra y Tibú. La continuidad de estos combates en Filogringo ha evidenciado cómo las advertencias generadas por organismos de derechos humanos se han cumplido, resultando en un aumento de desplazamientos forzados y deterioro de las condiciones de seguridad en la región. Estos reportes se suman a la grave crisis humanitaria que atraviesa el Catatumbo, donde se han documentado más de 78.000 desplazados como consecuencia de la violencia sostenida durante 2025, con Tibú y El Tarra entre los municipios más afectados. Las organizaciones sociales han resaltado que la situación no solo implica combates armados, sino también restricciones de movilidad, bloqueos a servicios básicos y afectaciones directas al acceso a alimentos y atención médica para la población civil. En síntesis, los reportes sobre la llegada y escalada de violencia en Filogringo coinciden en que se trata de una dinámica compleja y peligrosa, con impactos directos en la seguridad y los derechos humanos de las comunidades locales, que ahora enfrentan no solo la confrontación armada entre grupos ilegales, sino también las consecuencias humanitarias de un conflicto prolongado y en constante evolución.
Como el presidente Gustavo Petro lo había anunciado en plaza pública, se conoció el Decreto 1400 de 2025, que ordena la desclasificación y el levantamiento gradual de la reserva de los archivos, documentos y datos de inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), hoy bajo custodia del Archivo General de la Nación.Este documento establece que la apertura de los archivos no será inmediata ni total, sino progresiva y condicionada a procesos técnicos de intervención archivística, digitalización y anonimización, para proteger datos personales y evitar riesgos para la seguridad nacional. El decreto asigna roles claros: El AGN será responsable de la custodia, administración, preservación y generación de la versión digital de consulta pública. La Dirección Nacional de Inteligencia, liderada por Jorge Lemus (DNI), adelantará los procesos de anonimización y entregará los archivos tratados al AGN, y la Procuraduría vigilará el proceso como órgano de control preventivo.Por último, en el documento firmado por los ministros de Cultura y Hacienda y el presidente Petro, se ordena la elaboración de un plan de trabajo conjunto entre la DNI y el AGN, que deberá incluir cronograma, protocolos, presupuesto y etapas del proceso, y que además garantizará la participación de la sociedad civil. Finalmente, se establece que la financiación del proceso se hará con recursos del Presupuesto General de la Nación.
El mayor (r) César Augusto Ortiz Ortiz, hoy integrante de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), aparece mencionado en dos investigaciones que avanzan en organismos de control y justicia, una relacionada con narcotráfico en La Guajira y otra que involucra al denominado “zar del contrabando”, Diego Marín, alias Papá Pitufo. La información fue revelada por la revista Cambio y ha generado preocupación dentro de la Fuerza Pública.Ortiz, oficial retirado de la Policía, estaría mencionado en un expediente derivado de un megaoperativo ejecutado en julio de 2023 contra el narcotráfico en Maicao, Riohacha y Uribia, en La Guajira, así como en Bogotá. En esa operación, adelantada con apoyo de la DEA, fueron capturadas 23 personas pertenecientes a dos estructuras que enviaban droga hacia Estados Unidos y otros países. Durante la investigación, los agentes detectaron que un grupo de 12 policías de La Guajira sería pieza clave para el tráfico ilegal, pues presuntamente facilitaban el paso de los cargamentos de estupefacientes.Los investigadores identificaron, al parecer, dos patrones de actuación dentro del grupo de uniformados sospechosos: algunos extorsionaban a las redes de narcotráfico para permitirles mover la droga, mientras que otros incautaban los cargamentos de organizaciones que no cooperaban y posteriormente negociaban con ellos. El expediente contiene testimonios de personas extraditadas, agentes encubiertos e interceptaciones. Uno de los 12 policías mencionados en esta estructura sería el mayor (r) César Augusto Ortiz Ortiz.Por estos hechos, la Procuraduría General adelanta actualmente una indagación previa. Dentro de esta actuación se solicitaron informes a la Seccional de Investigación Criminal de La Guajira, a la Fiscalía General y a la DIJIN, con el propósito de avanzar en la recolección de pruebas sobre presuntos hechos de corrupción relacionados con tráfico de estupefacientes, irregularidades en allanamientos, pérdidas de mercancía, hurto y modificación de vehículos de alta gama. Con este material, el Ministerio Público determinará si cita o no al mayor (r) Ortiz a un proceso disciplinario formal.El segundo proceso en el que aparece mencionado Ortiz corresponde a la investigación por contrabando que involucra a Diego Marín, alias Papá Pitufo. De acuerdo con testigos del caso, el exoficial habría alertado a Marín en octubre de 2023 sobre las pesquisas en su contra, lo que habría permitido su salida del país para evadir a las autoridades.Estas revelaciones generan inquietud dentro de la Policía Nacional, tras cuestionamientos sobre cómo, supuestamente, en la DNI estaría influyendo en la revisión de hojas de vida para definir traslados y ascensos. En ese contexto, hay rechazo por la presencia de un oficial con indagaciones en la entidad encargada de funciones estratégicas de inteligencia y contrainteligencia del Estado.
El exministro de Defensa Diego Molano se refirió al reintegro del general Juan Miguel Huertas, decisión tomada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro y que, según él, representa un riesgo para la estructura, la meritocracia y la estabilidad de la carrera militar en Colombia. En entrevista con Mañanas Blu, el exministro expuso los antecedentes de la salida de Huertas en 2022, las razones que motivaron su retiro, las implicaciones del llamado a calificar servicios y los efectos que la llamada “puerta giratoria” estaría generando dentro de las Fuerzas Militares.La salida de Huertas en 2022: razones reservadas y discreción presidencialMolano recordó que la desvinculación del general Huertas en 2022 se dio dentro del procedimiento regular de evaluación de altos oficiales. Explica que la Junta de Generales presenta información al Ministerio de Defensa, que a su vez la eleva al presidente de la República, para que éste tome decisiones sobre llamados a calificar servicios.Según el exministro, la salida del oficial respondió a una valoración integral que incluía desempeño, inteligencia y contrainteligencia. Aunque evitó revelar detalles por la demanda vigente contra el Ministerio, señaló que la determinación se tomó dentro del marco legal y con información relevante recibida en ese momento.“Con información que fue conocida y la valoración por discreción del presidente se tomó la decisión de llamarlo a calificar servicios”, afirmó Molano. El exministro insistió en que la discrecionalidad presidencial es un elemento central en estos procesos:Investigaciones y el operativo frustrado: lo que se sabía y lo que noFrente a las declaraciones del presidente Petro sobre una presunta vinculación del general Huertas con el ELN en Arauca, Molano fue cauteloso. Aseguró que esa información es materia de investigación y que, por la demanda en curso, no puede referirse a detalles específicos.En cuanto al operativo que Petro aseguró fue saboteado por presencia de un helicóptero, el exministro aclaró que este se desarrolló en 2023, ya dentro de la actual administración, y no durante su gestión.“No, el operativo se presentó el año pasado… fue una operación contra alias 'Calarcá', señaló, subrayando que su retiro del cargo ocurrió antes de esos hechos.Aunque reconoció que esa información fue considerada posteriormente, insistió en que la decisión de retiro de Huertas en 2022 no se basó únicamente en ese episodio.¿Qué implica un llamado a calificar servicios?Molano explicó que esta figura, aunque frecuentemente interpretada como sanción, es un procedimiento habitual dentro de la Fuerza Pública. Puede obedecer a motivos administrativos, falta de funciones disponibles o información relevante para la continuidad en el servicio.“Un llamado a calificar servicios implica que él pasa a la vía civil… y no sigue ejerciendo ningún mando ni control”, detalló el exministro. Agregó que estas decisiones se toman para garantizar el cumplimiento de los propósitos del mando militar y la integridad institucional. Por ello, llamó la atención sobre los riesgos que implica revertirlas sin una valoración sólida.Puerta giratoria en las Fuerzas Militares: un riesgo para el mérito y la seguridadUno de los puntos más críticos de la entrevista se centró en el reintegro de oficiales retirados que participaron en campañas políticas. Molano advirtió que esta práctica puede socavar los principios de la carrera militar y generar incentivos negativos dentro de la institución.“Es un procedimiento muy grave… porque desvía el proceso de la carrera militar”, afirmó. En sus palabras, permitir que oficiales retirados, involucrados en política o investigados por posibles delitos, regresen al servicio activo, impacta la objetividad en los ascensos y erosiona la tradición militar basada en honor, preparación y mérito.Además, planteó un impacto directo en la seguridad nacional, especialmente si existen investigaciones por sabotaje de operaciones o vínculos con grupos ilegales:El alcance de la discrecionalidad presidencial y los límites institucionalesMolano reconoció que el presidente tiene la facultad legal para reintegrar oficiales, incluso si existen advertencias de inteligencia. Sin embargo, señala que la decisión debe mantenerse alineada con el honor militar y la protección de las Fuerzas Armadas.“La decisión del Comandante Supremo debería ser siempre tener en las Fuerzas aquellas personas que mantienen el honor militar”, sostuvo. Advirtió que mezclar política y carrera militar constituye un riesgo institucional y podría afectar la moral y la operatividad de la fuerza pública.La reacción del presidente Petro y la necesidad de esclarecer los hechosFinalmente, Molano cuestionó la respuesta del mandatario en redes sociales frente al caso. Considera que el Gobierno intenta trasladar responsabilidades hacia administraciones anteriores, cuando lo pertinente sería avanzar en la investigación sobre el operativo bloqueado y las presuntas irregularidades asociadas.“Hoy es fundamental que se profundice en una investigación… allí es donde debería acelerarse para que el país conozca la realidad”, concluyó.
La Unión Europea (UE) enviará observadores a Colombia a partir de enero para que acompañen las elecciones legislativas de marzo y las presidenciales de mayo, confirmó este lunes el registrador nacional (autoridad electoral), Hernán Penagos."La Unión Europea nos acaba de confirmar que estará desde el mes de enero con un despliegue muy grande de observadores internacionales que acompañarán no solamente el proceso preelectoral sino el proceso electoral", expresó el registrador en una conferencia de prensa en Bogotá.Penagos, que lidera la institución que organiza las elecciones en Colombia, resaltó el hecho de que "la Unión Europea, que tiene uno de los despliegues más altos de observación en el mundo" certifique "el acompañamiento desde enero va a ser de la mayor utilidad"."No solamente vamos a revisar algunas recomendaciones que nos han dado desde las elecciones pasadas, sino las que se presenten para el próximo año. Así que esta reunión de observación internacional nos es muy útil porque asegura que esas importantes organizaciones en el mundo van a acompañar no solamente (en las elecciones) de Congreso sino de Presidencia en primera y segunda vuelta", explicó Penagos.Para el funcionario, esto significa que hay una "posibilidad de que no solamente ellos (la UE) sino muchas otras observaciones del mundo vengan a participar"."Con el cuerpo diplomático radicado en Colombia también nos reunimos la semana pasada, a instancias del Nuncio Apostólico, presentándoles todo nuestro esquema de acciones para la integridad electoral, de manera que esas misiones diplomáticas también conozcan de manera muy detallada cómo y de qué manera vamos a desplegar acciones que permitan absoluta transparencia e integridad", añadió.Colombia celebrará elecciones legislativas el 8 de marzo de 2026 y el 31 de mayo será la primera vuelta de las presidenciales, con una segunda ronda el 21 de junio en caso de que sea necesaria.
La revelación periodística de que las disidencias de las antiguas Farc han infiltrado organismos de seguridad colombianos, entre ellos el Ejército, provocó este lunes una condena generalizada en el país, mientras que el presidente Gustavo Petro minimizó las denuncias, que atribuyó a la CIA y tachó de "falsos informes".Petro se desmarcó así de un informe de Noticias Caracol, según el cual el jefe del Comando de Personal del Ejército, general Juan Miguel Huertas, cercano al presidente, y Wilmar Mejía, un licenciado en educación física convertido en funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), tienen vínculos con el Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), una de las disidencias de las Farc.Pese a que se trata de una investigación periodística basada en comunicaciones entre el jefe del EMBF, Alexander Díaz, alias Calarcá, y otros guerrilleros, que estaban en computadores, teléfonos celulares y memorias USB incautados a jefes de las disidencias, el presidente, que guardó silencio durante todo el día, dijo en su cuenta de X que lo publicado son "versiones de supuestos informes de inteligencia" que tachó de "falsos".La CIA en ColombiaPetro sostuvo que Noticias Caracol ha cometido varios "errores" al publicar esa información y deslizó que "la fuente del periodista es la CIA, que tiene la costumbre de tender redes para afectar a la opinión pública de acuerdo con los intereses del gobierno de su país en todo el mundo".Según la denuncia del canal de televisión, Huertas supuestamente ofreció protección a los disidentes y les propuso crear una empresa de seguridad de fachada para facilitarles movilidad en vehículos blindados y el porte de armas legales.Huertas fue retirado del Ejército en 2021 y al año siguiente se unió a la campaña presidencial de Petro, que este año lo reintegró al servicio activo.Al defenderlo, el presidente insistió en que existen "bandas delincuenciales en el Ejército dirigidas por oficiales de alto rango" que manipulan informes para "sacar del camino" a quienes representan un riesgo para sus intereses, y aseguró que la CIA "también cae en esos errores" porque "no sabe que el gran narcotráfico penetra el poder político de la nación"."Y tal como temíamos, Petro salió con la peor respuesta posible: negarlo todo. En lugar de ponerse del lado de las denuncias y las pruebas. En lugar de decir 'haré todo para determinar a los responsables y sancionarlos' nos dice 'es falso, nos persiguen porque somos buenos'", criticó la representante a la Cámara Cathy Juvinao, del partido Alianza Verde.La Fiscalía promete investigarLa Fiscalía General, criticada también por no investigar, pese a que las comunicaciones publicadas por Noticias Caracol están en poder de las autoridades desde que fueron incautadas a jefes de las disidencias, el 23 de julio de 2024, prometió tomar cartas en el asunto.En un comunicado divulgado esta noche, esa entidad señaló que ni el despacho de la fiscal general, Luz Adriana Camargo, "ni ninguna otra dependencia de la entidad (...) recibió durante el transcurso de estos 16 meses, reportes o copias de la información recaudada, posibles hechos, actuaciones o conductas punibles de su competencia".Por eso, Camargo "dispuso la intervención inmediata" para investigar "posible cooptación de agentes de inteligencia e integrantes del Ejército Nacional por parte de las disidencias de las Farc, amenazas a la seguridad nacional, financiación de la campaña a la Presidencia, alianzas entre distintos actores ilegales y creación de empresas de vigilancia al servicio de estructuras criminales".La financiación de la campaña de PetroEn sus mensajes en X, Petro no se refirió a otra revelación de Noticias Caracol, sobre el presunto apoyo de jefes de las disidencias de las Farc a su campaña presidencial de 2022.Ese apoyo supuestamente se dio por medio de la hoy vicepresidenta colombiana, Francia Márquez, indica un chat entre alias Iván Mordisco, el criminal más buscado en Colombia y jefe del Estado Mayor Central (EMC), y otros guerrilleros.Márquez negó hoy "categóricamente" esa versión y aseguró que "no existe ninguna prueba fehaciente" de ese supuesto apoyo.Clase política pide claridadDesde diferentes vertientes políticas se hicieron este lunes llamados a que se esclarezca el supuesto entramado de connivencia de un general del Ejército y un funcionario de inteligencia con la guerrilla.El exjefe negociador de paz del Gobierno con las Farc, Humberto de la Calle, pidió "toda la claridad y transparencia y la toma de decisiones eficaces para extirpar esa situación".Entretanto, el exministro de Defensa, exembajador en Estados Unidos y precandidato presidencial Juan Carlos Pinzón aseguró que la relación entre Petro, las disidencias de las Farc y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) "es evidente"."Todo el que reciba dineros del narcotráfico es cómplice de sus crímenes y como tal debe ser tratado", sostuvo por su parte el candidato presidencial y exembajador de Colombia en el Reino Unido Roy Barreras.
En Isla Grande, en la zona insular de Cartagena, donde hoy funciona una de las granjas agrovoltaicas más grandes del país, el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas (IPSE) escogió a la comunidad para presentar su balance de gestión 2025.De acuerdo con la entidad del Gobierno Nacional, con corte al 10 de diciembre de 2025, más de 17.500 usuarios de zonas apartadas del país han logrado acceder a servicios de energía mediante la implementación de proyectos que incluyen soluciones solares, sistemas híbridos y el mejoramiento de redes eléctricas.Las zonas más impactadas han sido Valle del Cauca, Antioquia, Cesar, Magdalena, Cauca, Bolívar, Atlántico, Chocó, La Guajira, Guaviare, Vichada, Vaupés y Casanare.Danny Ramírez, director del IPSE, señaló que estos resultados hacen parte del compromiso del Gobierno Nacional de garantizar que el acceso a la energía sea un derecho y no un privilegio, y que se convierta en una herramienta de transformación social, oportunidad y desarrollo.“La Navidad es tiempo de familia y de esperanza. Para miles de colombianos, este año también llega con algo que nunca habían tenido: la energía”, afirmó.Ramírez también destacó la implementación de la granja agrovoltaica de Isla Grande, la cual, según señaló, es un referente nacional de la política de transición energética y permitió que cientos de familias accedieran por primera vez al servicio de energía eléctrica.
El exministro de Defensa y precandidato presidencial, Juan Carlos Pinzón, radica una solicitud ante la Procuraduría para que se investigue a algunos ministros del gobierno Petro por presunta participación en política, al promover la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente.“La promoción de una Constituyente desde el Gobierno, en este momento político, puede alterar de forma grave la equidad de la contienda democrática y la pureza del sufragio”, señaló Pinzón. En el mismo sentido le pidió a la Procuraduría que investigue si la conducta de los funcionarios configura participación indebida en política, que se pronuncie sobre los límites de la actuación de los servidores públicos frente a reformas constitucionales en periodos preelectorales y que ejerza vigilancia para evitar el uso de recursos del Estado con fines políticos.“El artículo 127 de la Constitución prohíbe expresamente a los servidores públicos utilizar el cargo para presionar a los ciudadanos a respaldar una causa o campaña de carácter político y participar en las controversias políticas antes de la elección”, agregó Pinzón.
El reciente decreto del presidente Gustavo Petro, con el que se confirmó el aumento del 23 % en el salario mínimo, ya empezó a sentirse en el bolsillo de millones de colombianos. Más allá de la expectativa que generó entre buena parte del gremio laboral, una de las preguntas más frecuentes es cuánto dinero llegará realmente a la quincena y cómo se reflejará ese ajuste en los pagos mensuales.Con el incremento definido por el Gobierno Nacional, el salario mínimo mensual para 2026 quedó en $1.750.900, sin incluir el auxilio de transporte. Este ajuste marca el segundo año consecutivo en el que el aumento se fija por decreto, luego de que en el alza de 2025 fuera del 9,54 %.A este valor se suma el auxilio de transporte, que también tuvo un incremento y para 2026 quedó en $249.100 mensuales. Este subsidio está dirigido a los trabajadores que devengan hasta dos salarios mínimos y deben asumir gastos de desplazamiento hacia su lugar de trabajo.Cuánto recibe un trabajador en la quincena con el salario mínimoCon las nuevas cifras sobre la mesa, el pago quincenal cambia de manera clara para quienes ganan el mínimo. El ingreso se distribuye así:Salario quincenal: $875.450, sin incluir auxilio de transporte.Auxilio de transporte quincenal: $124.550.Total quincenal con subsidio, antes de descuentos: $1.000.000.Sin embargo, hay un punto clave que muchos pasan por alto: los descuentos obligatorios por salud y pensión. En el caso de la salud, la ley establece un aporte total del 12,5 % del salario. De ese porcentaje, el empleador asume el 8,5 %, mientras que el trabajador aporta el 4 %, que se descuenta directamente de la nómina. Para 2026, ese descuento mensual será de $70.036.En cuanto a la pensión, el aporte total es del 16 %, distribuido entre un 12 % a cargo del empleador y un 4 % del trabajador. Esto implica otro descuento mensual de $70.036. Sumando ambos conceptos, el total descontado al trabajador será de $140.072.Así quedarían las quincenas con auxilio y descuentosEn la mayoría de empresas colombianas, el auxilio de transporte se paga en la segunda quincena del mes, al igual que los descuentos de salud y pensión. En ese escenario, los pagos se verían así:Quincena del 15: $875.450, sin auxilio de transporte.Quincena del 30: $984.478, con auxilio de transporte y con los descuentos aplicados.En qué casos no se paga el auxilio de transporteLa normativa establece que este subsidio no aplica cuando se presentan las siguientes situaciones:El salario supera los dos salarios mínimos mensuales vigentes.El empleador suministra transporte directamente.El trabajador vive cerca del lugar de trabajo y no incurre en gastos de movilización.El contrato está suspendido o la persona se encuentra en incapacidad o licencia.Este aumento del salario mínimo también impacta otros rubros como primas, cesantías y aportes al sistema de seguridad social, por lo que su efecto va más allá del ingreso mensual. En perspectiva, el salario mínimo en Colombia ha tenido una escalada significativa en la última década, pasando de $644.350 en 2015 a superar los $1,7 millones en 2026.
El aumento del salario mínimo en un 23,7 % sigue sacudiendo el debate económico y político del país. Esta vez, la crítica llegó desde uno de los exministros de Hacienda con mayor trayectoria reciente: Mauricio Cárdenas, hoy candidato presidencial, quien en entrevista con Blu Radio este 30 de diciembre de 2025 cuestionó con dureza la decisión del Gobierno.Desde el inicio, Cárdenas marcó distancia con el enfoque oficial y aseguró que el decreto no responde a criterios técnicos. “Esto no es economía. Aquí no hay economía. Esto es totalmente político”, afirmó, al advertir que el impacto real se sentirá en los próximos meses, cuando empiecen a verse despidos, mayor informalidad y presiones inflacionarias.Aumento del salario mínimo: efectos sobre el empleoPara el exministro, el incremento genera una sensación pasajera de bienestar, pero no es sostenible. “El remedio resulta peor que la enfermedad”, dijo, al explicar que una economía con bajo crecimiento, poca inversión y sin mejoras en productividad no puede sostener un salario mínimo tan alto.Cárdenas relató recorridos recientes por municipios del país donde, según dijo, la realidad ya contradice el discurso oficial. “La inmensa mayoría de las personas dicen que están ganando menos del salario mínimo porque los empleadores no les pagan el salario mínimo”, señaló. Con el nuevo aumento, advirtió, esa práctica se extenderá aún más.“Petro quiere la foto de hoy”, advierte CárdenasUno de los momentos más punzantes de la entrevista llegó cuando Cárdenas cuestionó la motivación del presidente Gustavo Petro. “Petro quiere esa foto de hoy porque le genera una sensación efímera de bienestar”, afirmó, insistiendo en que el costo real quedará para el próximo gobierno.Según explicó, los microempresarios y dueños de pequeños negocios serán los primeros en sentir el golpe. “El dueño de la pyme va a hacer sus números y va a decir: ahora tengo que despedir gente”, aseguró, anticipando una reducción de empleos formales a partir del primer trimestre de 2026.Cárdenas criticó el respeto a la ley por ajuste del salario mínimoCárdenas también cuestionó el respeto a la ley que regula el ajuste del salario mínimo. “La ley dice inflación más productividad, eso daba cerca del 7 %, y Petro sale con 23 %”, afirmó, señalando que el decreto se aparta de los parámetros legales.Advirtió, además, un efecto en cascada sobre las finanzas públicas: salarios del sector público, congresistas, rama judicial y Fuerza Pública. “Esto es una escalera y una cascada”, explicó, alertando sobre un hueco fiscal adicional de varios billones de pesos en un Estado que ya declaró emergencia económica.En su cierre, Cárdenas fue contundente: “El próximo gobierno va a heredar un país lleno de bombas de tiempo”, y llamó a que el debate se dé con argumentos y pedagogía. Para él, el aumento del salario mínimo no es una solución estructural, sino una decisión política que, según dijo, “va a dejar más pobreza, más informalidad y más líos para Colombia”.
Uno de los alimentos más presentes en la mesa de los colombianos, sin importar la región o la hora del día, es el huevo. Frito, cocinado o revuelto, se ha convertido en un básico de la dieta nacional por su alto aporte de proteína, su versatilidad y su fácil preparación. Por eso, con el reciente aumento del salario mínimo decretado por el Gobierno de Gustavo Petro, muchos hogares empiezan a preguntarse cuánto podría subir su precio en 2026.El incremento del salario mínimo fue fijado en 23 %, lo que deja el ingreso base en $1.750.905, frente a los $1.423.500 que rigieron en 2025. Aunque el ajuste busca mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores, también abre el debate sobre el impacto que tendrá en productos esenciales de la canasta familiar, como el huevo y el pollo.¿Cuánto costaría el huevo en Colombia en 2026?Tras el decreto firmado por el presidente Gustavo Petro, y en medio de la controversia por el alto incremento, expertos del sector agropecuario comenzaron a proyectar posibles variaciones en los precios. Aunque el valor final depende del lugar de compra (tiendas de barrio o grandes superficies), hay factores estructurales que presionan al alza.Según explicó el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), Jorge Enrique Bedoya, en entrevista con Blu Radio, los costos de producción juegan un papel clave. “Si usted mira el caso de la agricultura... el mayor porcentaje o la participación en los costos de producción es el alimento concentrado que se hace con materias primas tan importantes como el maíz amarillo, el frijol y la torta de soya”, señaló.A esto se suma el efecto indirecto del aumento salarial. Bedoya advirtió que el alza del mínimo podría acelerar ajustes en distintos eslabones de la cadena. “Y la gente seguramente va a empezar a subir precios y a subir precios”, afirmó.Actualmente, el precio de la cubeta por 30 de huevos AA en Colombia oscila entre los $13.990 y los $24.500. Con el nuevo escenario económico, para 2026, la canasta familiar aumenta de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor (IPC). Según el Dane, en octubre de 2025, este estuvo en 5,91 %, por lo que los precios estarían entre $14.816 y $25.947.El pollo asado también subiría con el salario mínimoUn panorama similar se proyecta para otro de los alimentos más consumidos en el país: el pollo asado. Su precio varía según el barrio, la ciudad y si se compra solo o en combo con papa, arepa, plátano o gaseosa. Hoy, los valores rondan entre $20.900 y $52.900.Con el aumento del 23 %, los cálculos indican que el pollo asado podría costar en 2026 entre $25.707 y $65.067, aproximadamente. No obstante, el presidente Gustavo Petro aseguró que el Gobierno hará seguimiento a los precios de la canasta familiar.“El Gobierno no permitirá que los empresarios trasladen el aumento salarial al aumento de precios al consumidor, sus ganancias aumentarán no por precios mayores sino por mayores ventas”, escribió el mandatario en su cuenta de X, en un mensaje dirigido a tranquilizar a los consumidores.
El aumento del 23,7 % del salario mínimo, decretado por el Gobierno Nacional, sigue generando reacciones fuertes desde distintos sectores económicos. Una de las más críticas provino del presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), Jorge Enrique Bedoya, quien en entrevista con Blu Radio, este 30 de diciembre de 2025, aseguró que la medida tendrá efectos negativos sobre el empleo formal y sobre millones de trabajadores que ya se encuentran por fuera del sistema laboral.Aunque el incremento beneficia de manera directa a quienes devengan un salario mínimo, Bedoya insistió en que el impacto real va mucho más allá del anuncio. Desde su perspectiva, el decreto no solo fue una decisión unilateral, sino que profundiza uno de los problemas estructurales del mercado laboral colombiano: la informalidad, que actualmente supera el 51 %.Aumento del salario mínimo afectaría a la informalidadUno de los puntos más sensibles de la entrevista fue la advertencia sobre los colombianos que ganan menos del salario mínimo. “Con este decreto el Gobierno nacional está dejando votados a más de 11 millones de colombianos que ganan menos del salario mínimo”, afirmó Bedoya, señalando que esta población queda por fuera de cualquier beneficio real derivado del aumento.El dirigente gremial respaldó su argumento con cifras oficiales. “Entre enero y octubre de 2024, 3,7 millones de colombianos ganaban el salario mínimo. Entre enero y octubre de 2025, 2,4 millones”. En contraste, el número de personas que reciben ingresos inferiores al mínimo pasó de 10,1 a 11,3 millones. Para Bedoya, este comportamiento evidencia que el empleo sí está creciendo, pero de manera precaria. “De esos 977.000 compatriotas que entraron al mercado laboral, 732.000 entraron a la informalidad laboral”, aseguró.Bedoya señala que la OIT dio recomendaciones, no órdenesOtro de los cuestionamientos estuvo dirigido al uso del concepto de salario mínimo vital como sustento del incremento. Bedoya recordó que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) emitió recomendaciones y no mandatos obligatorios. “Estos resultados deben equilibrarse con factores económicos como productividad, empleo y sostenibilidad de las empresas”, señaló, advirtiendo que esos elementos no habrían sido considerados en la decisión final.Según explicó, el Gobierno acogió el argumento promovido por las centrales obreras, pero dejó de lado la aplicación gradual, los ajustes regionales y los análisis técnicos que planteaba la OIT.Inflación, tasas de interés y precios: efectos colateralesEl presidente de la SAC también alertó sobre impactos que irían más allá del mercado laboral. “Las estimaciones son de 9 billones de pesos por el incremento del salario mínimo”, afirmó, advirtiendo presiones fiscales, riesgos inflacionarios y un posible freno en la reducción de las tasas de interés. “El que tenga tarjeta de crédito o crédito hipotecario se va a quedar viendo un chispero”, dijo.Para Bedoya, el riesgo es claro: “Se tomó una decisión populista en época electoral”, mientras, según insistió, “se está dejando tirado a más de 11,3 millones de colombianos”, una advertencia que pone el foco en el costo social que podría traer esta medida durante 2026.