Blu Radio conoció en primicia que la canciller Rosa Villavicencio tiene luz verde del Gobierno de Donald Trump para entrar a Estados Unidos y acompañar al presidente Gustavo Petro en el encuentro que tendrán los dos presidentes el próximo 3 de febrero. El narcotráfico, la migración y el comercio serán los temas clave.La noticia se conoce días después de la conversación telefónica que la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia sostuvo con el secretario de Estado, Marco Rubio, para coordinar los detalles de la reunión entre los presidentes Trump y Petro en la Casa Blanca.Durante la llamada, Rubio confirmó que Estados Unidos respetará la inmunidad presidencial de Petro pese a estar incluido en la lista Clinton y no tener visa. Además, tendrá la protección del Servicio Secreto mientras permanezca en suelo norteamericano.Y es que la presencia de la Canciller Villavicencio es clave en un encuentro en el que Colombia busca superar la tensa relación bilateral con el Gobierno Trump que empezó el 26 de enero de 2025 con la decisión de Petro de regresar dos vuelos con colombianos deportados desde Estados Unidos. Crisis que se prolongó durante el año pasado con decisiones como descertificar al país en materia de lucha contra el narcotráfico, incluir en la lista Clinton al presidente, Verónica Alcocer, Nicolás Petro y Armando Benedetti, y dejar sin visa no solo al mandatario sino a la Canciller, Rosa Villavicencio; al Ministro de Minas, Edwin Palma y a la exdirectora del DAPRE, Angie Rodríguez.
En Santa Marta fue puesta en funcionamiento una cámara hiperbárica en las instalaciones de la nueva estación de buceo y salvamento de la Armada, un equipo médico clave que permitirá atender de forma inmediata emergencias derivadas de actividades subacuáticas en el norte del Caribe colombiano. La ubicación del sistema, a pocos metros del mar, representa una ventaja estratégica para responder con rapidez a incidentes que antes obligaban a traslados prolongados.La cámara hiperbárica es un equipo médico especializado en el que los pacientes respiran oxígeno casi al 100 % a una presión entre dos y tres veces superior a la atmosférica. Este tratamiento permite que el oxígeno se disuelva con mayor facilidad en la sangre, facilitando su llegada a tejidos afectados y convirtiéndose en una herramienta fundamental para tratar el mal de descompresión, una de las principales emergencias asociadas al buceo.Además de atender lesiones por inmersión, este tipo de tecnología es utilizada para acelerar la cicatrización de heridas, tratar infecciones graves, lesiones por quemaduras, problemas de circulación y apoyar procesos médicos complejos como injertos, necrosis o pie diabético. Su uso es estrictamente médico y se realiza bajo supervisión especializada, con protocolos que garantizan la seguridad del paciente.Hasta ahora, los casos de emergencia por buceo en el Caribe norte debían ser trasladados hasta Cartagena, donde se encuentra el principal centro de referencia del país. Sin embargo, los tiempos de desplazamiento representaban un riesgo adicional para los pacientes, especialmente en situaciones que requieren atención inmediata.“El problema es que no sería de manera inmediata la atención si un paciente en la parte norte del Caribe llega a tener una emergencia y hay que transportarlo de manera segura y oportuna hasta Cartagena. La red hospitalaria aquí no tiene esa capacidad, y nosotros con esto vamos a suplir la necesidad”, explicó el almirante Juan Ricardo Rozo, comandante de la Armada Nacional.El alto oficial agregó que la instalación de la cámara hiperbárica no solo fortalece la capacidad de respuesta ante emergencias, sino que también impacta de manera positiva el turismo especializado en la región. “Con esto también vamos a ser más atractivos para que los turistas vengan a hacer la actividad del buceo, porque saben que, si se llega a presentar una emergencia, tenemos cómo atenderlos”, señaló.La puesta en servicio de este equipo posiciona a Santa Marta como un punto clave para la seguridad marítima y subacuática en el Caribe colombiano, al tiempo que amplía la capacidad de atención médica especializada para buzos profesionales, pescadores, personal naval y turistas que practican actividades en el mar.
El exministro de Defensa y candidato presidencial, Juan Carlos Pinzón, presentó su propuesta de plan de seguridad. En el evento también se refirió a la reunión que se hará el 3 de febrero entre los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro en Washington y cuestionó al mandatario colombiano por los choques que tuvo con su homólogo estadounidense.“Salió corriendo de rodillas a decir, por favor, recíbanme. Y ahora, ¿a qué va a Estados Unidos? En lugar de ir a trabajar por la tecnología, la educación, el comercio, la inversión, la seguridad, la justicia y la tecnología para los colombianos va a que le den la visa y a que lo saquen de la lista Clinton. No quiero ver al presidente de Colombia como un perrito faldero, incluso al actual, no lo quiero ver, pero así se ve”, señaló el candidato Pinzón.Sobre su plan de seguridad señaló que presentará un proyecto de ley de cadena perpetua para feminicidas y que incrementará el pie de fuerza policial hasta el 80 % del estándar internacional.“El plan contempla la activación de reservistas, la modernización operativa y el bienestar integral de soldados y policías. Habrá un Incremento de 100.000 efectivos en 3 años (70 % FF. MM., 30 % Policía). En los primeros 100 días se hará el llamado a 30.000 reservistas (20.000 militares, 10.000 policías)”, dijo Pinzón.También agregó que creará cuatro megacárceles de seguridad con 20.000 cupos cada una.“Una estrategia de asfixia total contra las finanzas, las comunicaciones y las redes logísticas de las organizaciones criminales. El plan enfrenta de manera directa el narcotráfico, la extorsiónextorsión, la minería ilegal y el contrabando, atacando no solo a los cabecillas, sino a toda su estructura económica”, agregó Pinzón.
Un reciente estudio sectorial de la Contraloría General de la República ha encendido las alarmas sobre la viabilidad financiera de la educación superior en el país. De las 34 universidades públicas nacionales, solo una logra ser autosostenible, así lo confirmó Andrey Rodríguez, contralor delegado para asuntos educativos."De las 34 universidades públicas nacionales, una sola de ellas logra ser autosostenible. Las otras 33 dependen exclusivamente de los recursos que se les gira del Gobierno nacional. De lo contrario no podrían funcionar", indicó Rodríguez en Mañanas Blu.El origen del déficitRodríguez explicó que la raíz del problema está en cómo se calculaban los incrementos presupuestales desde 1992."Veníamos con una fórmula que actualiza los índices de educación superior por IPC. Esa fórmula llevó a que cerca de 18 billones de pesos no llegaran a las universidades públicas", explicó Rodríguez.Con la nueva ley, se busca usar un índice del DANE que refleje la realidad."Se llama básicamente así, índice de incremento de costos de educación superior, que permite reflejar en mayor realidad cómo crecen los costos", explicó. Disparidad de costos por estudianteEl estudio revela cifras "absolutamente disímiles" entre lo que recibe una universidad por alumno y lo que realmente le cuesta formarlo."'A la Universidad Nacional sacar ese estudiante a nivel de egresos le cuesta casi el triple de lo que recibe. En el caso de La Universidad de Antioquia le cuesta un estudiante cerca de 29 millones de pesos, pero solo recibe cerca de 7 millones y medio", explicó. Esta brecha financiera limita severamente la capacidad de las instituciones para invertir en infraestructura e investigación, así como para ampliar la cobertura educativa.Una nueva esperanza legislativaPara mitigar esta situación, se espera la sanción presidencial de una ley que modifica los artículos 86 y 87 de la Ley 30.1. Los costos ahora se ajustarán mediante el Índice de Incremento de Costos de Educación Superior manejado por el DANE, reflejando mejor la realidad del sector.2."El proyecto de ley busca llegar más o menos a 0.5% del PIB", indicó Rodríguez.Escuche la entrevista aquí:
Tropas del Ejército y agentes del CTI intervinieron seis unidades de minería ilegal en el sector conocido como Los Aguacates, en el municipio de El Bagre, Antioquia, las cuales según información de inteligencia militar pertenecerían al Clan del Golfo.La operación fue realizada por el Batallón de Selva N.° 57, en coordinación con la Brigada contra la Minería Ilegal y el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía. Durante el procedimiento, las autoridades hallaron maquinaria y material usados para la explotación ilícita de yacimientos mineros.En el lugar fueron ubicadas cinco dragas tipo buzo, una excavadora, cinco motores industriales, cinco motobombas, cinco clasificadoras y 400 galones de ACPM. Todo el material fue destruido de manera controlada en la zona.Con estos equipos se extraían más de 10.000 gramos de oro al mes, cuyo valor en el mercado superaría los 5.000 millones de pesos. Sobre la afectación a este grupo ilegal se refirió el teniente coronel, Sergio Andrés Navas Serrano, comandante del Batallón de Selva N.º 57."Con este resultado, afectamos a las economías ilícitas del Grupo Armado Organizado Clan del Golfo, su estructura Uldar Cardona Rueda. Igualmente, combatimos todo lo que afecte a los delitos ambientales", destacó el uniformado.Este operativo se suma a otra acción esta misma semana, desarrollada en el Chocó, contra el Clan del Golfo. Allí tropas del Ejército, junto con la Policía y la Armada Nacional, en los municipios de Río Quito, en el corregimiento de San Isidro, y en Quibdó, sector Cabí, intervinieron 61 unidades de producción minera dedicadas a la explotación ilícita de yacimientos, lo que dejó pérdidas cercanas a los 17.000 millones de pesos en maquinaria para este grupo.Durante esas operaciones fueron destruidos una excavadora, siete dragones tipo brasilero, diez motobombas, 20 dragas tipo buzo y 23 motores. Además, se logró la captura de una persona a la que le fue incautado un revólver y cinco cartuchos calibre 38. Con estas acciones, las autoridades evitaron la extracción ilegal de cerca de 30.000 gramos de oro mensuales, avaluados en más de 16.000 millones de pesos dentro del comercio ilegal.
Tras varios días de la renuncia de María del Pilar Duque a la gerencia del Hospital General de Medellín, el alcalde Federico Gutiérrez nombró como nuevo directivo al odontólogo Juan David Arteaga, quien venía ocupando el cargo de gerente de Metrosalud desde marzo del 2024.Arteaga, quien también fue gerente de Savia Salud, llega en medio de un panorama financiero complejo para la entidad, a la que las EPS le adeudan 208.000 millones de pesos, mientras los sindicatos están inconformes por el incremento del pago de este año, pues un acuerdo que tenían anteriormente estipulaba que fuera dos puntos por encima del salario mínimo, pero la crisis de la salud en el país ocasionaría que fuera solo 7.6% (IPC más dos puntos y medio).Por lo pronto y ante este nombramiento, Adriana Velásquez fue designada como encargada de Metrosalud.Pero hace un año, cuando la exsecretaria de Salud Claudia Arenas renunció a este mismo cargo, Arteaga ya había estado sobre la mesa como posible candidato a encabezar la gerencia, lo que generó inconformidad por parte de los sindicatos.Para esta vez, la designación de Arteaga como gerente del Hospital General de Medellín generó reacciones opuestas entre los sindicatos de la institución. SINTRAHGM expresó su preocupación por lo que considera una posible gerencia de carácter político y advirtió sobre decisiones administrativas que, según indicó, “contradicen compromisos asumidos ante la Junta Directiva y las organizaciones sindicales, afectando el diálogo social y los acuerdos laborales vigentes”.En contraste, SINPROGEN dio la bienvenida al nuevo gerente y manifestó su disposición para trabajar de manera conjunta con la administración, destacando la importancia “del diálogo, el respeto por los acuerdos laborales y el fortalecimiento institucional, con el objetivo de mejorar la atención a los pacientes y garantizar la sostenibilidad del hospital”.
La decisión del presidente ecuatoriano Daniel Noboa de imponer un arancel del 30 % a productos colombianos tomó por sorpresa tanto a analistas como a la opinión pública en Ecuador. Así lo afirmó María Cecilia Largacha, periodista de Ecuavisa, durante una entrevista en Sala de Prensa Blu, en la que explicó que el anuncio se conoció de manera informal y sin mayores explicaciones oficiales.“Cuando eso se supo, el presidente estaba en Davos, en Suiza, y simplemente lo que pasó fue que en la red social X apareció una publicación del presidente”, relató Largacha, al señalar que no hubo una rueda de prensa ni un pronunciamiento institucional previo. Según explicó, incluso en Ecuador “nos preguntamos exactamente lo mismo” sobre el origen y el trasfondo de la medida.Dudas políticas y preocupación económicaEn el ámbito político, la periodista describió un ambiente marcado por la incertidumbre. “Hay muchas preguntas más que respuestas”, afirmó, al referirse a los análisis que intentan explicar la decisión. Aunque mencionó que algunos analistas han vinculado el anuncio con la reciente caída en la popularidad del presidente Noboa, Largacha subrayó que el debate se ha trasladado rápidamente al terreno económico.“Más allá del por qué, nos preguntamos todos: ‘¿y ahora qué va a pasar?’”, dijo, destacando que la principal inquietud gira en torno a las consecuencias prácticas de una eventual guerra arancelaria entre Ecuador y Colombia.Largacha advirtió que la balanza comercial no favorece a Ecuador y que la medida podría afectar de forma directa a productores y comerciantes. “Los gremios empresariales han reaccionado todos básicamente pidiendo diálogo, pidiendo revisión de la medida y que se sienten a conversar”, explicó. Según indicó, existe preocupación entre quienes dependen del mercado colombiano y temen perder competitividad si los costos aumentan.Energía y dependencia regionalOtro de los puntos sensibles es la energía. La periodista reconoció que Ecuador sí depende del suministro colombiano en determinados contextos. “Cuando estamos en época de estiaje… tenemos un déficit de unos 800 megavatios, pero sin Colombia llegaría por encima de los 1.100”, señaló. Aunque aclaró que actualmente los embalses están llenos, advirtió que esta situación podría cambiar en pocas semanas.Seguridad fronteriza y falta de explicacionesSobre el argumento de la seguridad en la frontera, Largacha fue enfática: “No ha habido ningún hecho especial o específico que desate esta decisión”. Añadió que varios analistas cuestionan que se responda a un problema de seguridad con un castigo económico.Finalmente, recordó que la única certeza hasta ahora es la fecha anunciada para la entrada en vigor del arancel. “Tenemos confirmación de que este asunto del 30 % en Ecuador comenzaría a partir del 1 de febrero. Es lo único que sabemos”, concluyó.Escuche la entrevista completa acá:
Cientos fanáticos de Bad Bunny se vieron perjudicados con la cancelación de reservas que comenzaron a hacer los dueños de apartamentos de Airbnb y Booking, y aunque la situación parecía haberse superado Blu Radio conoció una historia insólita.Es el caso de Ariana Miranda, una ciudadana ecuatoriana que hace un poco más de 72 horas se encontró con la sorpresa que ya no tenía un lugar a donde llegar, pues su reserva había sido cancelada de manera inesperada. La angustia empezó a crecer con el paso de las horas al verse sin donde dormir y en una ciudad desconocida para ella.Miranda le contó a Blu Radio que el primer alquiler lo había hecho hace algunos meses por cerca de 400.000 pesos y que iba a compartir espacio con un amiga, pero que al enterarse de la cancelación empezó a buscar ayuda en otros de sus compatriotas que, incluso, le llegaron a cobrar hasta 1.400.000 pesos para que ella y su amiga durmieran con su apartamento.Ante la negativa de la mujer de tener que pagar tanto dinero, más de tres veces de lo que originalmente tenía presupuestado, encontró la solución más económica: dormir en un sofá cama con su amiga por casi 700.000 pesos."Otra amiga, que es la con la que me pude salvar, que es en un sofá cama, ni siquiera es en una cama, es en un sofá cama que voy a compartir con mi otra amiga, nos va a cobrar noventa y cinco dólares cada una. En total son como ciento noventa dólares. Entonces sí, o sea, subió de precio, y bueno, por la misma cantidad. O sea, pero bueno, es que no podía, era iba a ser lo más barato que iba a conseguir", expresó.Miranda contó que antes de conseguir el sofá cama se cansó de buscar opciones que le quedaran cerca al Estadio Atanasio Girardot pero que lo más barato que encontraba eran apartamentos que por tres noches estaban cobrando más de 2'000.000 pesos, lo que para ella representaba tener que gastarse más de cinco veces lo presupuestado para su viaje a Medellín.
En un operativo realizado por la Policía Metropolitana de Bucaramanga, fueron capturadas seis personas vinculadas con el hurto de infraestructura del sistema Metrolínea, logrando recuperar varillas, andamios y otros elementos sustraídos.Según las autoridades, los operativos se realizaron en distintos puntos estratégicos de Bucaramanga y su área metropolitana, incluyendo autopistas, lotes y parques de obras de Metrolínea. Durante las acciones, se logró detener a los responsables en flagrancia y recuperar la totalidad de los materiales, que ya fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su judicialización.El hecho pone en evidencia las condiciones precarias de las instalaciones del sistema Metrolínea, según reportes recientes, solo unas 10 de las 34 estaciones del Metrolínea siguen funcionando, mientras que el resto se encuentra en abandono, con vidrios rotos, robos de componentes y sin vigilancia. Uno de los casos se registró en la autopista Floridablanca–Piedecuesta, donde uniformados interceptaron a tres personas que se movilizaban en una motocicleta y que presuntamente estaban sustrayendo 30 varillas de acero y dos tubos de andamio de un lote vinculado a obras del sistema. El material fue recuperado y los implicados quedaron a disposición de la Fiscalía.En un segundo procedimiento, durante patrullajes de control, fue detenida una persona que conducía una camioneta tipo platón en la que se transportaban 16 andamios tubulares y 40 varillas de acero. De acuerdo con el reporte, el conductor no presentó documentación que acreditara la procedencia legal del material, por lo que fue capturado en flagrancia.Un tercer operativo permitió la captura de dos personas que se desplazaban en motocicleta y que habrían sustraído 17 varillas de hierro de un parqueadero relacionado con obras de Metrolínea. En este caso también se logró la recuperación de los elementos.Usuarios han señalado que la falta de infraestructura operativa ha afectado la movilidad diaria y genera preocupación por la seguridad en las estaciones. Pese a la llegada de nuevos buses, la recuperación integral del sistema requiere inversiones importantes para rehabilitar las estaciones y garantizar su funcionamiento.Las autoridades hicieron un llamado a la comunidad para que denuncie cualquier intento de hurto o vandalismo, recordando que la participación ciudadana es clave para la seguridad de los proyectos de movilidad del área metropolitana.
El abogado penalista Mauricio Pava presentó una demanda de nulidad ante el Consejo de Estado contra la resolución que establece zonas de ubicación temporal para miembros del Clan del Golfo, medida incluida dentro de la estrategia de Paz Total del gobierno nacional. Según dijo Pava en entrevista con Mañanas Blu 10:30 AM, la resolución vulnera los límites constitucionales en la negociación con estructuras criminales.La acción legal se fundamenta en la protección del Estado de Derecho, argumentando que la administración ha sobrepasado sus facultades al otorgar beneficios territoriales y jurídicos a grupos sin carácter político, sin un marco legal aprobado por el Congreso de la República.El núcleo de la demanda se basa en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en particular la sentencia 525 de 2023, que establece criterios sobre quiénes pueden acceder a zonas especiales y beneficios procesales.Pava explicó que existe una diferencia clara entre grupos con "pedigrí político" y bandas criminales: "Con estructuras criminales de alto impacto. Usted no puede tener zonas especiales de ubicación si no tiene un marco jurídico, una ley de sometimiento".El abogado señaló que la resolución del 22 de diciembre vulnera este principio, ya que el proyecto de ley de sometimiento todavía está “diluido” en el Congreso. Sobre la negociación con carteles de narcotráfico y minería ilegal, Pava agregó: "En el mundo de esta resolución... ese mundo es con bandas criminales, pandillas, estructuras de crimen organizado... con esos grupos es el sometimiento a la justicia".La demanda alerta sobre la entrada en vigor de la resolución, programada para el 1 de marzo de 2026, coincidiendo con los periodos electorales. Pava expresó preocupación por la transparencia y la libertad del voto en los municipios designados en Chocó y Córdoba."¿Quién va a garantizar que en esas zonas haya voto libre, que la población con tranquilidad pueda acudir a las jornadas electorales?", cuestionó, señalando que entregar territorios a grupos que los dominaron “a sangre y fuego” podría interpretarse como una legalización de facto de su control.La demanda también cuestiona la potestad del presidente de la República para suspender órdenes de captura y procesos de extradición en estas zonas. Según Pava, estas acciones solo serían legales si existiera una ley ordinaria de sometimiento, actualmente inexistente."Una cosa es la negociación con grupos que tengan un pedigrí político y otra cosa es la negociación con bandas criminales", subrayó, recordando que la falta de marco jurídico impide que estas medidas tengan respaldo legal legítimo.Escuche la entrevista completa aquí:
El Gobierno nacional volvió a poner en entredicho la metodología con la que se están midiendo las cifras de cultivos y producción de cocaína en el país.El Ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, aseguró que Colombia cuenta con argumentos técnicos y estadísticos para demostrar que los reportes de Naciones Unidas no reflejan la realidad actual, especialmente frente a las políticas implementadas desde 2022.Idárraga explicó que el sistema de monitoreo continuará, tal como lo ha ordenado el presidente Gustavo Petro, pero articulado con los mecanismos de seguimiento de la Policía Nacional.Sin embargo, el Gobierno adoptará una postura prudente a la espera de los resultados de la reunión entre el presidente Petro y su homólogo estadounidense, Donald Trump, encuentro en el que este tema será uno de los puntos centrales de discusión.“La negación de continuar con ese tipo de sistemas porque si Naciones Unidas no quiere tener en cuenta las observaciones técnicas a propósito de la metodología, pues no nos queda otro camino que simplemente abandonarlo y arrancar otro camino que será liderado desde Viena, pero también con el diálogo con EE. UU., quien sería el verificador en Europa. Estamos en las conversaciones para ver quiénes del Parlamento Europeo podrían, por ejemplo, entrar a asumir esa verificación”, dijo Andrés Idárraga.Con esto, el jefe de la cartera de Justicia encargado confirmó que ya se adelantan conversaciones para que Estados Unidos asuma un rol como verificador y que incluso se evalúa la posibilidad de que miembros del Parlamento Europeo participen en el proceso de validación de las cifras.
El Ejército abrió un nuevo proceso de incorporación para formar suboficiales, una convocatoria dirigida a jóvenes colombianos que buscan iniciar una carrera con formación militar, estabilidad laboral y proyección profesional.Las inscripciones se realizan a través de la Escuela Militar de Suboficiales y constituyen el primer paso para acceder al Curso de Suboficiales. El proceso estará habilitado hasta marzo de 2026 y toda la información oficial está disponible en la página web institucional, donde los aspirantes pueden consultar requisitos, etapas de selección, costos aproximados y contactos regionales.Entre los requisitos básicos se encuentra tener entre 17 y 23 años, ser bachiller académico, contar con los resultados de las Pruebas Saber 11, no registrar antecedentes penales, disciplinarios o fiscales, y acreditar conocimientos básicos de natación.Quienes se postulen deberán superar varias fases del proceso, que incluyen pruebas psicométricas y psicológicas, exámenes médicos, evaluaciones físicas en tierra y agua, así como entrevistas, visitas domiciliarias y pruebas de poligrafía.Durante la etapa de formación, los alumnos reciben una bonificación mensual y cuentan con alojamiento, alimentación, dotación y acceso a movilidad académica. Además, el programa contempla la obtención de una doble titulación académica. Una vez finalizado el curso, los nuevos suboficiales acceden a ocupación laboral inmediata dentro de la institución.Las autoridades recordaron que el proceso de incorporación no tiene intermediarios y advirtieron sobre posibles estafas, recomendando no realizar pagos a personas o cuentas no oficiales. Para ampliar la información, los interesados pueden acudir a las zonas de reclutamiento, distritos militares o consultar directamente los canales oficiales de la Escuela Militar de Suboficiales.
En las 1.440 sedes educativas de los 35 municipios no certificados del Huila, que son competencia del gobierno departamental, arrancó este lunes el calendario escolar 2026 con más de 112.000 estudiantes matriculados tanto en las zonas urbanas como en las áreas rurales.En el caso de Neiva, también iniciaron clases 32.500 niños y jóvenes en las 169 sedes educativas del municipio y con el suministro del programa de alimentación escolar PAE que tuvo una inversión inicial por encima de los 20.000 millones de pesos. “El proceso de negociación a través de la Bolsa Mercantil de Colombia se cerró exitosamente por un valor de 20 mil millones de pesos y hemos verificado todas las condiciones técnicas, sanitarias y operativas del operador. Además, la entrega de los alimentos coincide con la fecha de la apertura oficial del calendario escolar” así lo confirmó Olga Lucía Castaño, secretaria de educación municipal.En el Huila la secretaría de educación, confirmó que el programa PAE inició a media marcha en algunas instituciones y se espera que para la próxima semana este cubierto en un cien por ciento la alimentación escolar en todos los municipios del departamento.Desde la oficina del PAE Huila, informaron que la semana inmediatamente anterior quedó adjudicado el contrato para que se inicie a operar el programa de alimentación escolar a partir de la primera semana de febrero.
Un tripulante de la motonave Cetus Narwhal falleció luego de sufrir un grave accidente mientras la embarcación navegaba frente a Buenaventura, en el Pacífico colombiano. El hombre, quien se desempeñaba como bosun o contramaestre, cayó al interior de una de las bodegas de carga del buque, lo que desencadenó una operación de emergencia en alta mar.El reporte del incidente fue recibido por la Dirección General Marítima cuando la nave se encontraba a unas 30 millas náuticas al este de la boya de mar de Buenaventura. Tras la alerta, se activaron los protocolos de atención y se coordinó una operación de búsqueda y rescate para evacuar al tripulante herido.Inicialmente, se dispuso una unidad de Guardacostas para atender la emergencia, pero las condiciones del mar impidieron la evacuación por vía marítima. Ante este escenario, se solicitó apoyo aéreo y un helicóptero del Grupo Aeronaval del Pacífico realizó la extracción del tripulante a unas 15 millas náuticas del puerto.El hombre fue trasladado por vía aeromédica hasta instalaciones militares en Buenaventura y posteriormente remitido a un centro asistencial de la ciudad. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, se confirmó su fallecimiento horas después.Tras el incidente, la motonave fue retornada y fondeada en el puerto de Buenaventura para adelantar las actuaciones correspondientes. Las autoridades marítimas iniciaron una investigación para establecer las circunstancias exactas del accidente y determinar posibles responsabilidades.“La Dirección General Marítima iniciará el proceso jurisdiccional respectivo, con el fin de determinar las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrió el incidente, así como las posibles responsabilidades a que haya lugar”, indicó la autoridad marítima colombiana.
En medio del enredo por la inscripción del comité de recolección de firmas para aspirar a ser candidato a la Presidencia, Daniel Quintero se desmarcó del Gobierno del mandatario Gustavo Petro y aseguró que ha sido una administración floja.“Creo que es un presidente de una visión tremenda, que ha tenido un Gobierno, también lo he dicho públicamente, muy flojo, que no ha estado a la altura de esa visión (...) Ha tenido malos cálculos en los tiempos para impulsar los cambios y ministros que no estuvieron a la altura, en seguridad, por ejemplo”, sostuvo en los micrófonos de Recap Blu. Además, afirmó que el país necesita un “reseteo profundo” que abarque la política, la justicia y las instituciones, pues considera que “el sistema es corrupto en sí mismo y tiene incentivos para la corrupción”.“Soy amigo del presidente, pero hemos sido gobiernos distintos. A los dos nos persiguieron, pero él ha estado mal rodeado. Lo ha dicho incluso él mismo, que sus ministros no han estado a la altura. Me pidió que entrara al Gobierno, pero yo estaba en otras cosas. Lo que el país necesita no es reelegir al mismo Gobierno ni a los mismos ministros, sino un cambio real”, puntualizó.Frente a los señalamientos que lo ubican como el candidato del presidente Gustavo Petro, Quintero fue tajante al decir que eso "es una mentira"."El presidente no tiene candidatos, y si tiene uno, es Iván Cepeda. Yo quiero ser el candidato de la gente, sin partidos ni jefes políticos”,añadió. ¿Qué pasará con su candidatura?El exalcalde de Medellín cuestionó la decisión de la Registraduría Nacional de negar la inscripción de su comité de firmas, calificándola como un golpe contra la democracia. “Esto no es un golpe contra un hombre, sino contra la democracia. No quieren que transformemos la Constitución, no quieren que entreguemos computadores a millones de niños, ni que acabemos con las notarías y las fotomultas. Vamos a seguir dando la batalla”, expresó Quintero, quien anunció que interpondrá varios recursos y buscará alternativas para mantenerse en la contienda presidencial.Finalizó recalcando que busca ser independiente y por eso su primera opción para su candidatura a la Presidencia será a través de las firmas.
Durante su intervención en el Primer Congreso Internacional de Derecho Electoral y Democracia, realizado en la Universidad Libre de Barranquilla, el procurador general, Gregorio Eljach, hizo un llamado al presidente Gustavo Petro, a los partidos y a los aspirantes a los comicios de 2026 para “desescalar el lenguaje” y promover una contienda electoral respetuosa y responsable."En desarrollo de nuestra estrategia, diálogo para construir consensos y de nuestra misionalidad de prevención, convocamos a todos los líderes, partidos, candidatos, precandidatos, movimientos significativos y en especial al señor presidente de la República, Gustavo Petro, a desescalar el lenguaje, a fomentar una contienda discursiva responsable y que sea también amable y respetuosa por el contradictor", señaló.El jefe del Ministerio Público resaltó la importancia de construir un consenso nacional por la “paz electoral”, con el fin de garantizar que las elecciones presidenciales y legislativas de 2026 se desarrollen en un ambiente de legitimidad y confianza ciudadana.Eljach enfatizó que “todos los colombianos estamos obligados a respetar los resultados que emerjan de las urnas”.Frente a versiones sobre posibles riesgos en el proceso electoral, el procurador aseguró que la entidad asumirá el rol de “protector de las urnas, de las instituciones y de la democracia”.“Puedo decirle que los colombianos tendremos elecciones libres, transparentes y legítimas en el 2026”, precisó.Expresó que las recientes elecciones de los consejos de juventudes y la consulta del Pacto Histórico sirvieron de laboratorios de prueba para demostrar que se pueden hacer elecciones en paz.
El bullicio habitual del centro de Ibagué se vio interrumpido por una escena de angustia. Entre vendedores, transeúntes y el sonido constante del tráfico, una mujer indígena lanzó un grito desesperado, su bebé de apenas cuatro meses había desaparecido.El reloj marcaba las 6:30 de la tarde cuando varias personas, con el desconcierto aún en el rostro, llegaron corriendo hasta el CAI Estación para alertar a la Policía sobre el presunto rapto.Según los testigos, una mujer desconocida se había acercado a la madre con gestos amables y palabras de confianza. En cuestión de segundos, y aprovechando un descuido, tomó a la niña en brazos y se perdió entre la multitud.“Llegan unas personas al CAI Estación donde dan a conocer del posible rapto de una menor de edad a una mujer indígena en la zona céntrica de la ciudad. De acuerdo a ellos, esto habría sido mediante la modalidad de engaño donde una mujer toma a la menor y huye del lugar. De inmediato las patrullas de vigilancia ubican a la madre de esta, así como en de labores de vecindario en el lugar de los hechos, logran identificar que la mujer toma un taxi y sale de este sitio", relató el coronel Diego Edixón Mora Muñoz, comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué. Las patrullas de vigilancia comenzaron una búsqueda contrarreloj, revisando parques, calles y cámaras de seguridad.Las labores de vecindario dieron pronto sus frutos. Una llamada anónima advirtió que una mujer con un bebé había abordado un taxi rumbo al sector del parque El Mohán. Minutos después, una patrulla logró interceptar el vehículo. En su interior, una mujer de 37 años sostenía a la pequeña en brazos.La tensión dio paso al alivio. La menor, ilesa, fue entregada a funcionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y a la Comisaría de Familia, encargados de verificar su estado y garantizar el restablecimiento de sus derechos.Mientras tanto, la capturada intentó justificar lo ocurrido con una versión desconcertante: aseguró que había “tomado prestada” a la bebé para mostrársela a unos familiares. Sin embargo, las autoridades avanzan en la investigación para esclarecer sus verdaderas intenciones.El coronel Mora Muñoz no dudó en resaltar el papel decisivo de la comunidad. "Gracias a la rápida reacción ciudadana y a la coordinación de nuestros uniformados, se evitó una tragedia mayor”, afirmó.El episodio, aunque breve en tiempo, dejó una huella profunda en el corazón de la capital tolimense. En apenas unos minutos, Ibagué fue testigo de cómo la solidaridad y la acción conjunta lograron revertir una historia que pudo terminar en desastre.
Seis centros de pensamiento del país pusieron a andar una alianza con la que esperan entregarle al próximo Gobierno un arsenal de leyes, decretos, resoluciones y políticas públicas que le permitan resolver los problemas más urgentes que tiene el país en áreas como la energía, la inclusión financiera, la seguridad y la competitividad de las empresas y la crisis de la salud.Colombia Progresa 2630 será liderado por Anif, pero tiene entre sus miembros al Consejo Privado de Competitividad, al Centro Regional de Estudios en Energía, a la Fundación para el Estado del Derecho, al Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC) y al centro de pensamiento Así Vamos en Salud. Cada uno liderará un capítulo diferente dentro del informe.Al cierre de este año, la alianza podría entregar un diagnóstico inicial de los problemas más graves y sus soluciones, pero la idea es que en el primer trimestre de 2026 (con un nuevo Congreso elegido y unas opciones de Gobierno más acotadas) esas ideas se transformen en propuestas regulatorias y jurídicas concretas que se puedan usar incluso desde el primer día en el poder.Las iniciativas no serán entregadas solamente a los candidatos, sino también a congresistas y medios de comunicación."En realidad lo que estamos buscando es no solamente un cambio, una limpieza regulatoria, sino un cambio cultural que nos involucre a todos. Entre otras cosas, para que como nosotros lo hemos bautizado, dejemos de pedir tanto permiso y quizás pasemos un poco más a pedir perdón. Somos una estructura regulatoria en la que hay muchísimas licencias ex ante. Siempre tenemos que pedir permiso para que la empresa pueda operar, para que el producto pueda salir y esos niveles de exigencia muchas veces hacen que no logremos salir con mínimos productos viables", dijo la presidenta del Consejo Privado de Competitividad, Ana Fernanda Maiguashca.Colombia Progresa 2630 promete ser una alianza que dará insumos útiles a cualquier Gobierno que sea elegido, independientemente de su orientación ideológica y política.
En diálogo con Mañanas Blu, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, reveló los detalles de una de las apuestas más estratégicas para la seguridad nacional: la creación del Escudo Nacional Antidrones. Este proyecto surge como respuesta a la creciente amenaza de grupos criminales que utilizan drones cargados con explosivos en diversas regiones del país.Un proyecto de vanguardia tecnológicaEl sistema, calificado por el ministro como una iniciativa de vanguardia, tiene una valoración total de 6.2 billones de pesos, de los cuales se espera invertir un billón de pesos durante el presente año. El escudo no consiste en un único dispositivo, sino en un sistema de múltiples capas diseñado para proteger a la tropa en movimiento, buques, vehículos e instalaciones fijas. Según el jefe de la cartera de Defensa, la tecnología debe permitir que estos sistemas interactúen de forma automática y en segundos, dada la rapidez con la que se desarrollan los ataques aéreos.Preferencia por tecnología occidental y autonomía nacionalRespecto a la procedencia de la tecnología, el ministro Sánchez fue enfático en que la orientación de Colombia es hacia la tecnología de tipo occidental. Esta decisión se fundamenta en la necesidad de interoperabilidad con aliados estratégicos como Estados Unidos y países de Europa, permitiendo que los sistemas "hablen el mismo idioma" en la lucha contra el crimen transnacional.A pesar de que empresas chinas han presentado ofertas, el gobierno colombiano prioriza estándares que sean compatibles con sus tácticas, procedimientos y economía de escala. El ministro aclaró que, aunque se ha discutido el tema con Estados Unidos, no existe un condicionamiento o veto por parte de Washington para adquirir exclusivamente tecnología estadounidense; la decisión sigue siendo una muestra de la autonomía colombiana basada en sus propios intereses de seguridad.Cooperación fronteriza y resultados operativosTambién abordó la tensión con Ecuador. Sánchez desestimó las quejas del presidente Daniel Noboa sobre la falta de cooperación en la frontera, calificándolas como opuestas a la realidad. Destacó que, bajo la administración actual, la incautación de cocaína ha aumentado en un 321%, sumando 286 toneladas, y se han desplegado 10,700 hombres en la zona fronteriza de Nariño y Putumayo, logrando reducciones significativas en las tasas de homicidio.Conflictos internos y derechos humanosFinalmente, el ministro se refirió a la situación de orden público en el Meta, donde se mantienen enfrentamientos contra las disidencias de 'Calarcá', específicamente contra la estructura de alias "Patepalo". Sánchez expresó su preocupación por la muerte de personas en circunstancias extrañas que sugieren ejecuciones, incluyendo a cuatro menores de edad que habían sido reclutados ilícitamente. El caso está bajo investigación de la Fiscalía para esclarecer si las víctimas fueron sedadas antes de recibir tiros de gracia por parte de otros grupos disidentes.Escuche aquí la entrevista:
La madrugada del sábado pasado, Nicolás Alcocer —hijo adoptivo del presidente de Colombia, Gustavo Petro— fue víctima de un robo mientras se encontraba en la céntrica Gran Vía de Madrid. Según confirmó la Policía Nacional de España, el joven fue abordado por un individuo que le arrebató una cadena de oro cuando se disponía a subir a un taxi.Carlos Quero, subinspector de la Policía Nacional y portavoz de la Unión Federal de Policía (UFP), explicó los pormenores del caso en entrevista con Mañanas Blu. “Se encontraba por la noche, de madrugada, en una calle céntrica de Madrid, como es la Gran Vía, y cuando se estaba montando en un taxi, llegó un individuo por la espalda y le dio un tirón de una cadena que portaba, que parecía ser de oro”, relató el funcionario.De acuerdo con Quero, el propio Nicolás Alcocer pidió auxilio de inmediato y su reacción permitió que una patrulla cercana iniciara la persecución del delincuente. “Había una patrulla que emprendió la persecución a pie por las calles del centro de la capital y finalmente lo terminó apresando unas calles posteriores”, añadió.La rápida intervención policial permitió recuperar el objetoEl portavoz confirmó que la cadena fue recuperada en el lugar del arresto y devuelta a su propietario esa misma noche. “Cuando se recuperan, se le hace un acta de entrega a la persona portadora, para no privarle de su objeto”, explicó Quero, detallando que no fue necesario poner la joya a disposición judicial, dada su pronta recuperación.Alcocer presentó una denuncia formal y, además, “firmó el libro de felicitaciones por la rápida intervención policial”, según informó el subinspector. El valor de la cadena fue estimado en unos 6.000 euros, equivalentes a unos 25 millones de pesos colombianos.El presunto ladrón y situación judicialEl detenido fue identificado como un joven de nacionalidad marroquí de aproximadamente 23 años. De acuerdo con la Policía Nacional, el individuo tenía antecedentes por robo. “Por lo que ha trascendido, sí, es reincidente”, señaló Quero.El presunto delincuente fue puesto a disposición judicial dentro del plazo establecido por la legislación española —máximo de 72 horas bajo custodia policial— y, según el vocero, lo más probable es que haya quedado en libertad con cargos mientras avanza el proceso judicial. “A menos que se haya empleado una violencia inusual, no se suele meter en la cárcel a este tipo de personas”, explicó.Sin escolta ni protección oficialSobre si el hijo del presidente contaba con algún tipo de seguridad o acompañamiento en el momento del robo, el portavoz fue enfático: “No, que nosotros sepamos”, aseguró. De hecho, Quero confirmó que Nicolás Alcocer reside en España y que suele movilizarse sin escolta.El funcionario también aclaró que Alcocer se identificó formalmente en la comisaría, una vez se informó sobre su relación familiar con el mandatario colombiano. “Es conveniente decir este hecho, puesto que se trata del hijo de un mandatario extranjero”, comentó.El incidente ha generado atención tanto en España como en Colombia por tratarse de un familiar directo del presidente Gustavo Petro. Medios locales subrayan que el robo ocurrió en una de las zonas más transitadas y seguras de Madrid, donde hay fuerte presencia policial y vigilancia nocturna. La rápida reacción de los agentes permitió evitar mayores consecuencias.Nicolás Alcocer, quien adoptó el apellido Petro tras su proceso de adopción hace algunos años, reside en territorio español donde realiza actividades privadas. Aunque el hecho no dejó heridos ni mayores daños, el caso ha reavivado el debate sobre la seguridad de figuras públicas y sus familiares en el extranjero.El procedimiento judicial contra el presunto autor del robo continuará en las próximas semanas ante un juez de primera instancia madrileño, mientras la Policía Nacional cierra el informe oficial del caso.
En zona rural del municipio de Tibú, Norte de Santander, tropas del Ejército destruyeron un complejo cocalero compuesto por tres laboratorios dedicados a la producción de pasta base de coca, una estructura que, según información de inteligencia, sostenía parte de las finanzas ilegales del frente ‘Luis Enrique León’ Guevara del ELN.La operación se desarrolló en la vereda La India, sector de Alto San Miguel, donde fueron ubicadas las infraestructuras clandestinas utilizadas para el procesamiento de droga. En el lugar, las autoridades hallaron 660 galones de pasta base de coca en suspensión, además de grandes cantidades de insumos químicos y combustible empleados en la producción del estupefaciente.Durante la intervención fueron incautados 385 galones de ACPM, 180 galones de gasolina, 110 galones de ácido sulfúrico y cerca de 375 kilogramos de insumos sólidos. También se inutilizaron equipos y maquinaria clave para la elaboración de la droga, dejando fuera de operación el complejo.De acuerdo con las autoridades, este centro de producción tenía una capacidad mensual cercana a los 600 kilogramos de pasta base de coca. La droga, una vez procesada, era movilizada por rutas que atravesaban territorio venezolano, con destino final en mercados de Estados Unidos y Europa.El valor de la infraestructura y del material destruido fue estimado en cerca de 295 millones de pesos, lo que representa un nuevo golpe a las economías ilegales del ELN en el Catatumbo, apenas días después de otras afectaciones millonarias registradas en la región.La zona de Alto San Miguel es considerada estratégica para el narcotráfico por su ubicación y las dificultades de acceso, condiciones que han sido aprovechadas históricamente por los grupos armados para instalar laboratorios y asegurar corredores de movilidad ilegal.
Mediante una carta publicada en la mañana de este lunes, el expresidente y director del Partido Liberal, César Gaviria, le hizo varias recomendaciones al presidente Gustavo Petro de cara al encuentro bilateral que sostendrá con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el próximo martes 3 de febrero en la ciudad de Washington.“Usted representará a la nación en su conjunto en su reunión con el presidente Trump, y tiene claro que en la actual coyuntura no se trata de desarrollar una narrativa ideológica ni una competencia o confrontación personal con él. Más bien se trata de dejar atrás esa actitud que generó hondas diferencias con la política exterior del presidente Trump en una época en la cual sus distancias con los Estados Unidos y su política eran deliberadamente antinorteamericanas”, sostiene Gaviria.El documento subraya la necesidad urgente de restaurar la confianza bilateral y abandonar posturas ideológicas o retóricas que han debilitado la alianza histórica con Estados Unidos.En el ámbito económico, la misiva cuestiona la validez de los argumentos de Petro sobre el déficit comercial con China, señalando que tales afirmaciones carecen de fundamento técnico y son contraproducentes. Gaviria subraya que Estados Unidos sigue siendo el mayor socio comercial de Colombia, con un intercambio cercano a los 36.700 millones de dólares, y advierte que plantear a China como una alternativa estratégica es un error que socava la voluntad de mejorar la relación con la administración estadounidense. Asimismo, insta a que la política exterior sea pragmática y no se base en discursos ideológicos que alejen al país de sus verdaderos intereses, como ha ocurrido con las tensiones generadas respecto a Israel.“Debemos garantizar la tesis de que Colombia no está girando en la órbita de los rivales geopolíticos de EE. UU. La diversificación comercial es deseable, pero no puede construirse sobre discursos de un origen ideológico que nos alejan de nuestros verdaderos intereses, como tantas veces ocurrió a lo largo de su gobierno, invitando a países a romper sus relaciones con Israel y no encontrando ni siquiera una respuesta favorable a sus demandas, y que eso no le haya dado el mínimo beneficio a Colombia”, agrega el exmandatario.Respecto a la seguridad y la lucha contra el narcotráfico, el documento alerta sobre el máximo histórico de 263.000 hectáreas de cultivos de coca y la duplicación de la productividad por hectárea. Gaviria critica la caída en la tasa de incautación y la disminución del 93 % en la erradicación manual, hechos que han deteriorado la cooperación en inteligencia y equipo militar con Washington. Ante esta situación, el expresidente hace un llamado directo a abandonar la política de paz total, por considerarla incompatible con los intereses nacionales y responsable de permitir que bandas criminales llenen vacíos territoriales.“Llegó la hora de que usted tome la decisión de abandonar esa política de paz total por ser totalmente incompatible con los intereses nacionales y por la escasez de resultados. La reunión en la Casa Blanca debe servir para presentar una estrategia integral, verificable y cooperativa contra el narcotráfico, reconociendo que el apoyo estadounidense ha sido históricamente esencial para enfrentar este fenómeno y es el área donde hay un mayor potencial de cooperación”, se puede leer en la carta.Finalmente, Gaviria hace una advertencia sobre la situación con Venezuela, instando al presidente Petro a subordinar lo ideológico a la reconstrucción de la relación con Estados Unidos y a la seguridad nacional. Gaviria denuncia que el gobierno de Maduro es cómplice de grupos terroristas como el ELN y las disidencias de las Farc, y critica la “solidaridad e identificación” que el gobierno colombiano ha mostrado hacia dicho régimen. El texto concluye exhortando a adoptar una postura pragmática que apoye la visión de una “Venezuela libre y democrática”, basando la diplomacia en el respeto, las certezas y los resultados reales.
Una demanda presentada ante el Consejo de Estado puso en entredicho la legalidad de las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) creadas por el Gobierno Nacional en el marco de las negociaciones con el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia, Clan del Golfo. La acción judicial fue interpuesta por los abogados Mauricio Pava , actual defensor del exministro Ricardo Bonilla y Nicolás Dupont Bernal, quienes solicitaron la nulidad de la resolución presidencial que dio origen a estas zonas y la suspensión provisional de sus efectos mientras se adopta una decisión de fondo.La demanda cuestiona la Resolución expedida por el presidente de la República, mediante la cual se establecieron tres Zonas de Ubicación Temporal en áreas rurales de los municipios de Belén de Bajirá y Unguía, en el Chocó, y Tierralta, en Córdoba, con el propósito de facilitar la ubicación gradual y progresiva de integrantes de este grupo armado ilegal a partir del 1 de marzo de 2026.Según el documento radicado, estas zonas fueron acordadas el 5 de diciembre de 2025 en Doha, Catar, durante las conversaciones entre delegados del Gobierno Nacional y representantes del Clan del Golfo, en el marco del documento denominado “Compromisos de Paz en Doha”. Allí se pactó la creación de las ZUT como parte del proceso de conversación sociojurídico orientado al sometimiento a la justicia de esta estructura criminal.No obstante, los demandantes sostienen que, aunque la paz es un objetivo constitucional, no puede construirse al margen del orden jurídico. En el texto de la demanda se advierte que “la paz es un fin constitucional irrenunciable, pero no puede construirse al margen del orden constitucional. Cuando el Ejecutivo actúa sin sujeción a la ley, incluso con fines legítimos, se compromete el propio Estado de Derecho”. Con base en ese argumento, solicitan que se declare la nulidad de la Resolución por infracción de las normas en que debía fundarse y por falta de competencia.Uno de los ejes centrales de la acción judicial es que la creación de las ZUT y los beneficios asociados , como la suspensión de órdenes de captura para integrantes, no estaría respaldada por el andamiaje jurídico de la política de “paz total”, aprobada por el Congreso y avalada de manera parcial por la Corte Constitucional. A juicio de los demandantes, sin una ley de sometimiento en firme, el Ejecutivo no puede disponer de territorios donde se garantice un trato preferencial a estructuras armadas ilegales.La demanda recuerda que, para darle sustento jurídico a este tipo de negociaciones, el entonces ministro de Justicia radicó un proyecto de Ley de Sometimiento, que no ha sido aprobado. En ese contexto, los abogados advierten que no existiría una ley habilitante vigente que permita la creación de Zonas de Ubicación Temporal como las pactadas en Doha, menos aún en regiones como Chocó y Córdoba, que han sido históricamente epicentro de la acción criminal y del control armado del Clan del Golfo.“El Congreso de la República, y no el Ejecutivo, es el llamado a definir el marco normativo del sometimiento a la justicia y las condiciones bajo las cuales pueden establecerse Zonas de Ubicación Temporal”, señala el escrito. Y agrega que, al expedir la resolución sin ese respaldo legal, el presidente habría invadido una competencia exclusiva del legislador, actuando “en ausencia total de la ley habilitante requerida”.Ahora será el Consejo de Estado el encargado de analizar los argumentos de la demanda y decidir si decreta la suspensión provisional de la resolución mientras se resuelve de fondo la legalidad de las ZUT.
En menos de 24 horas, unidades del Ejército Nacional lograron la ubicación y destrucción controlada de ocho artefactos explosivos de alto poder en varias zonas estratégicas del Catatumbo, una de las regiones más afectadas por la presencia de grupos armados ilegales y el uso de explosivos improvisados.Las operaciones se desarrollaron en áreas rurales de los municipios de El Tarra, Tibú y Teorama, donde tropas especializadas en explosivos y desminado adelantaron maniobras para neutralizar los artefactos que habían sido instalados en corredores utilizados por la población civil y por las FF. MM.En Teorama, mientras se adelantaban las labores de verificación y destrucción, las tropas fueron hostigadas por integrantes del ELN, lo que derivó en un combate que se prolongó por cerca de una hora. De acuerdo con el reporte oficial, no se registraron afectaciones ni bajas en las filas del Ejército, y las operaciones continuaron una vez se aseguró el área.Según las autoridades, los artefactos destruidos corresponden a explosivos de fabricación artesanal y alto poder destructivo, diseñados para ser activados al paso de personas o vehículos, una práctica recurrente de los grupos armados ilegales que operan en la región.Las Fuerzas Militares indicaron que las maniobras de control territorial y desminado continúan en el Catatumbo, con el objetivo de ubicar y destruir de forma controlada otros artefactos que habrían sido instalados recientemente, ante el riesgo permanente que representan para la población civil.Estas operaciones se intensificaron tras el reciente caso ocurrido en área rural de Tibú, donde un menor de edad resultó gravemente herido al pisar un campo minado, perdiendo sus extremidades, un hecho que volvió a encender las alertas sobre el impacto humanitario del uso indiscriminado de explosivos en esta zona del país.